Ratificar la Convención Internacional refuerza el sustento constitucional de las múltiples herramientas con las que ya cuenta el Estado colombiano para combatir este flagelo, es uno de los principales compromisos voluntarios adquiridos por el Estado colombiano en el Examen Periódico Universal (EPU), no implica obligaciones adicionales para el Estado y se constituiría en un positivo indicador de cumplimiento en Derechos Humanos para el Estado.