Este proyecto cambia radicalmente la concepción hasta ahora canonizada por la Ley 5ª de 1992 o Reglamento del Congreso. Con ella se busca independizar totalmente la administración de los recursos del Congreso de cualquier organismo estatal, confiándola a una entidad de derecho privado que cumpla ciertas funciones públicas . Tal entidad tendrá a su cargo las funciones de Gerencia Administrativa del Congreso. Su selección debe estar rodeada de todas las garantías de imparcialidad, mediante licitación pública asistida por entidades académicas y de la sociedad civil.