La presente ley tiene por objeto crear, suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites a fin de lograr la eficiencia, transparencia y celeridad en la Administración Pública. Esta ley se aplicará a los organismos públicos de cualquier rama y, nivel, así como a los organismos de control y vigilancia. De la misma manera, se aplica a aquellas entidades de naturaleza privada que ejerzan por atribución legal funciones públicas o que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos, en este último caso, sólo en relación con los trámites que deban cumplirse por los usuarios o consumidores de tales servicios.