El proyecto busca dotar de herramientas económicas y legales al Gobierno Nacional, a las entidades territoriales y a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para enfrentar la problemática que se ha venido observando en varios asentamientos informales. Se introduce la definición del "suscriptor especial" con el propósito de que la empresa prestadora de servicios públicos, pueda suscribir sin temor contratos especiales de prestación del servicio sin estar obligada a proporcionar todas las condiciones y exigencias de calidad que le presta a los usuarios ordinarios. Igualmente, se introduce la figura del paz y salvo en materia de servicios públicos para que las entidades territoriales puedan tramitar solicitudes de recursos de inversión del Presupuesto Nacional o del Fondo Nacional de Regalías.