El proyecto tiene por objeto suprimir, reformar regulaciones, procedimiento y trámites innecesarios para que la Gestión Pública sea más dinámica, más flexible y para que el ciudadano tenga más confianza en el Estado. Este proyecto se aplicará a los organismos públicos de cualquier nivel, así como aquellos que teniendo naturaleza privada, ejerzan por atribución legal, funciones públicas de carácter administrativo. Se busca elevar al rango de ley las disposiciones que, por fallas en el tecnicismo, fueron retiradas del ordenamiento jurídico según lo ordenado por sentencias de la honorable Corte Constitucional, más por falencias de forma y de procedimiento que por su esencia y contenido.