Esta ley crea los mecanismos para que las autoridades les den a las comunidades afrocolombianas e indígenas adecuada y efectiva participación en todos los niveles de las ramas y demás órganos del Poder Público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución, y para que promueva esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil.