El proyecto tiene por objeto regular la financiación de las campañas electorales. Se propone establecer un término de 60 días para la realización de las campañas electorales. También se definen las fuentes permitidas de financiación de las campañas, los topes de gasto de las mismas, las contribuciones prohibidas en las campañas, los límites de la contribuciones de personas naturales y jurídicas, la financiación por parte del Estado, formas de control de financiación de las campañas y un régimen de investigaciones y sanciones en caso de presentarse irregularidades.