El Proyecto busca extender el derecho de réplica de la oposición al ámbito de las políticas públicas, de modo que no siga circunscrito al campo de los agravios y los ataques personales. Así, el partido o movimiento político mayoritario, distinto al del Presidente de la República, que no participe en el Gobierno, tendrá derecho de réplica en los medios de comunicación del Estado, frente a pronunciamientos de interés público o ataques públicos expresados por el Presidente de la República, los Ministros, o los Directores del Departamento Administrativos cuando haya sido con utilización de los mismos medios.