El proyecto pretende elevar a faltas gravísimas en el estatuto disciplinario (Ley 734 de 2002) las conductas, entre otras, reveladoras de los secretos de Estado. Se trata, en comienzo, de impedir que revelaciones tales como las escuchas o rastreo telefónico y de Internet, que dieron origen a debates por su ilegalidad, sean conocidas. El objetivo es amedentrar a los funcionarios para que guarden el secreto del espionaje realizado.