Sinópsis

Su objetivo es introducir una serie de modificaciones a las actuales formas del procedimiento civil, y en particular, a los términos procesales para lograr una reducción en la duración de las controversias en materia civil, a través de la "fijación del término de doce meses para que el juez profiera sentencia de primera o única instancia, contados desde la ejecutoria del acto que decreta las pruebas, y del término de doce meses para que profiera sentencia de segunda instancia contados desde la remisión del expediente al superior". De igual manera, el proyecto establece que el incumplimiento de estos términos tendrá serias consecuencias disciplinarias para los jueces y magistrados.