Proyecto de ley que propone colocar los contratos viales dentro del marco general de la ley de contratación estatal, argumentando que la Nación recuperará su capacidad de regular y controlar su adecuada ejecución, garantizando, de una parte, el desarrollo vial que se requiere para los nuevos retos a los que se enfrenta la economía del país, y, de otra, que los costos, condiciones y tiempo de ejecución de los proyectos viales sea el que inicialmente se estipula.