Al colocar los contratos viales dentro del marco general de la Ley de Contratación Estatal, la Nación recuperará su capacidad de regular y controlar su adecuada ejecución, garantizando, de una parte, el desarrollo vial que se requiere para los nuevos retos a los que se enfrenta la economía del país, y de otra, que los costos, condiciones y tiempo de ejecución de los proyectos viales sean los que inicialmente se estipulan.