Permitiría que los Magistrados del Consejo Nacional continuaran ejerciendo sus funciones en la manera que lo venían haciendo, sin un aumento descomunal en los honorarios, lo cual estaría de acuerdo con la realidad que vive el país, con la política del Estado y con las necesidades de los colombianos que necesitan que el gasto público se destine a la inversión social para cubrir un gran número de necesidades in satisfechas.