Tiene como propósito conferirle al poder ejecutivo en cabeza del Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, el marco normativo en el que se establezcan las herramientas jurídicas, políticas y económicas para contrarrestar factores que alteren la seguridad y convivencia pacífica en todo el territorio nacional, sin lo cual el Gobierno carecería de lineamientos legales para hacer frente a estos grupos al margen de la ley y a los fenómenos que inciden sobre la convivencia ciudadana, la armonía en las relaciones institucionales y que perturban el orden público interno, factores que crearon zozobra en el territorio nacional por más de 4 décadas, antes de la consolidación de la política de seguridad democrática en el territorio nacional, que hoy por hoy debe hacers e sostenible mediante instrumentos de política pública como la presente ley como componente de la política de seguridad democrática, la cual consiste en no solo atacar a estas organizaciones con las armas de la república sino también con el uso de instrumentos que faciliten la búsqueda pacífica de la paz y la convivencia ciudadana, razón por la cual se hace necesario que todas las ramas del poder se unan en el propósito de alcanzar la paz en nuestro país.