La utilización de las potestades estatales con el fin de obtener un provecho económico ilícito por parte del funcionario o funcionarios que toman las decisiones en el campo de la contratación estatal, le está costando enormes cantidades de dinero al país y deslegitima permanentemente el Estado. La pérdida de estos recursos y de legitimidad se refleja en empobrecimiento de la sociedad, en deterioro del nivel de vida, en pérdida de oportunidades para el pueblo, en degradación de la democracia y, en fin, en pérdidas humanas este proyecto de ley, que hace parte de un paquete de medidas para combatir la corrupción administrativa.