La finalidad de esta Ley es fortalecer la capacidad institucional del Estado para la formulación e implementación de la política migratoria, en la que participen en su elaboración y veeduría los migrantes y sus familias, así como los actores sociales, económicos, académicos y políticos involucrados en el tema, con el ánimo de garantizar el goce efectivo de los Derechos Humanos, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el bienestar de los colombianos en el exterior y sus familias, así como de los extranjeros en Colombia y los retornados y deportados al país.