El Gobierno se propone plantear las siguientes reformas, relativas a la estructura, organización y funcionamiento de la administración de justicia: restablecimiento de la cooptación; modificaciones de requisitos para ser Magistrado de Altas Cortes, extensión del período, fijación de edad de retiro forzoso; y el fortalecimiento de la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para dictar reglamentos, entre otros.