El objetivo principal del proyecto de ley es regular la publicidad institucional en el ámbito nacional y local con el fin de evitar los gastos elevados y los contenidos publicitarios innecesarios que incumplen la finalidad esencial de este medio de comunicación. Es decir se busca que las campañas institucionales sean realmente eficaces para los ciudadanos destinatarios legítimos, a través del respeto de principios como el interés general, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia, moralidad administrativa y austeridad de gasto.