El proyecto contiene los parámetros y criterios mínimos que el Gobierno considera necesarios para reglamentar, a partir de ellos, las evaluaciones que hagan las entidades estatales sobre la calidad de la educación superior. El proyecto extiende esos parámetros y criterios mínimos a todas las evaluaciones externas que realicen las entidades estatales en asuntos de educación mediante la aplicación de exámenes, porque considera necesario que la regulación de todas obedezca, en lo posible, a pautas uniformes. Más aún, estima el proyecto que los mismos criterios deben aplicarse cuando sean entidades privadas, externas a las instituciones educativas, las que diseñan y administran tales exámenes. El proyecto se refiere a las evaluaciones externas, es decir, distintas de las que realizan las mismas instituciones educativas respecto de sus educandos.