El término rendición de cuentas hace referencia a la capacidad  que tiene una comunidad para hacer que los funcionarios públicos respondan por sus acciones, es decir, que informen acerca de sus decisiones y que eventualmente sean sancionadas por ellas, bien porque no corresponden a las propuestas electorales, o porque no se ajustan a la ley.

La rendición de cuentas implica que los ciudadanos podemos exigirle a los funcionarios públicos información acerca de sus labores. Es nuestro derecho hacerle seguimiento a su trabajo, bien sea para identificar los logros conseguidos o para detectar irregularidades, omisiones o decisiones desacertadas.

Sin embargo, la rendición de cuentas no es responsabilidad exclusiva de los ciudadanos. Los funcionarios públicos también pueden recurrir a este mecanismo para hacer transparente su gestión, dar a conocer sus acciones, o determinar la posición de la ciudadanía frente a cierta decisión.

Si bien es cierto que las elecciones son una ventana para que los votantes evalúen la tarea de sus elegidos, es deseable que la rendición de cuentas ocurra también en periodos no electorales. Igualmente, la rendición de cuentas no debe limitarse a la evaluación de las acciones realizadas, una vez éstas hayan sido culminadas. Estas dinámicas deben darse también en las fases de planeación, desarrollo y ejecución de los proyectos adelantados por el Estado. El seguimiento por parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general, también presiona a las instituciones estatales a tener en cuenta las demandas de la ciudadanía, ya que no hacerlo puede generarles altísimos costos políticos.