Columna de opinión de la senadora Paloma Valencia.
Por uno de los tantos grupos de chat que tengo con ciudadanos de todo el país conocí la noticia de que perforarían pozos petroleros en La Macarena, Meta. Con los amigos del Centro Democrático pudimos entrar en contacto con el recién elegido alcalde del Municipio y otras autoridades locales que de tiempo atrás han venido defendiendo el territorio de la explotación petrolera. Logramos que el Alcalde se dirigiera a la plenaria, y la reacción fue inmediata, se conformó una comisión para redactar una proposición del Senado en pleno para pedir la revocatoria de la licencia.
Sin embargo, el Congreso es de limitada incidencia en la país. Acompañe, entonces al Alcalde a hablar con cada uno de los medios que cubren las noticias del congreso, y pudimos publicitar la denuncia. Inmediatamente se encendieron las redes sociales, y la defensa de ese valioso ecosistema de Caño Cristales se volvió tendencia. El Gobierno –mediático como es- no tardó en anunciar la suspensión creyendo, tal vez, que con ellos apaciguaría los ánimos, que siguieron encendidos. La presión política iba en aumento; varios debates de control político se programaron en el Congreso. Anunciaron, entonces, la revocatoria de la licencia ambiental.
El movimiento, donde hubo una buena sincronización de las autoridades locales, el Congreso, los medios y la ciudadanía mostró varios asuntos que debemos registrar.
El Anla está tomando decisiones que no respetan el triangulo del desarrollo sostenible según el cual un buen proyecto es aquel que mantiene el equilibrio entre los beneficios económicos, los impactos ambientales y los impactos sociales. Es evidente que en este caso, como en muchos otros, se privilegia la apetencia de recursos del nivel central, sin consideraciones a los impactos regionales. El diseño del sistema tiene una falencia evidente, el gobierno central –en medio de su crisis fiscal- lo único que quiere son más recursos, y los impactos no los recibe Bogotá, sino comunidades con las que jamás tendrá contacto los funcionarios del Anla.
Otra vez fracasó la CAR. Cormacarena presentó un concepto técnico en el que rechazaba la exploración y explotación petrolera en el área, pero lo hizo de manera extemporánea. Lo curioso es que todos conocían el concepto, y el Anla lo recibió aún antes de decidir; y convenientemente no lo consideraron. Así que las observaciones sobre la zona de amortiguación del Parque Tinigua, que sea zona de recuperación para la protección sur, la existencia de un Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero fueron olímpicamente ignoradas por el Anla, excusándose en la ausencia de concepto.
El que el Distrito de manejo no tuviera plan de manejo, sirvió de excusa para decir que se podía hacer de todo. Por principio de protección, el Anla debió haberle exigido a Cormacarena la expedición de ese plan de manejo, antes de dar la licencia. No lo hizo. Lo grave, es que el plan ya existía y restringe esas actividades, pero demoraron su publicación varios meses –¿mientras se expedía la licencia?. Maniobras todas poco claras.
Urge una da reforma a las instituciones ambientales; los procesos de licenciamiento. Colombia debe defender su patrimonio ambiental, y articular el desarrollo económico y el bienestar social con responsabilidad hacia el futuro.
