"El último día de sesiones en el congreso aprobamos leyes y considero que la ciudadanía debe conocer aspectos referenciales de algunas de éstas. Quiero referirme, entre otras, al cuestionado papel que cumple Sayco-Acinpro y a su dudoso desempeño en el recaudo y distribución de regalías para autores y compositores", senador Cesar Tulio Delgado Blandón (Partido Conservador)
La aprobación de la Ley de Espectáculos Públicos es un estímulo para que capital privado sea invertido en infraestructura y proyectos de escenarios compensados con el descuento del 100% en el impuesto de renta a particulares.
En esta ley, con la exención de IVA a los servicios artísticos para desarrollar espectáculos y la creación del Registro de Empresarios del Espectáculo Público se abre la puerta jurídica y el camino para la eliminación de Sayco- Acinpro. Personalmente me queda la satisfacción de impulsar y aprobar esta propuesta gubernamental.
Con la disculpa de aprobar con celeridad la ley de regalías, se ignoró la solicitud que hicimos algunos senadores de la presentación de plan de obras y proyectos de desarrollo regional.
En voz baja se comentó que la muy cuestionada Corpomagdalena recibiría $ 500 mil millones de pesos, recursos que se lleva el rio.
Insatisfecho me declaré de otra parte por la conformación de la nueva Junta Nacional de Televisión al quedar con 5 miembros y no ser incluido allí un representante de los canales regionales, ni la liga de usuarios, para llegar a 7 como era mi propuesta.
La televisión pública no puede ser cordón umbilical del gobierno central y debe conservar, por lo tanto, la autonomía de contenidos y de ser expresión democrática, y ser en lo posible un apoyo para la universidad, para la educación, la cultura y soporte para la formación de la familia en sus expresiones cotidianas.
En el avance de la reforma a la justicia, queda el sabor amargo de no haberse podido cumplir con el espíritu inicial del proyecto como era el de buscar la descongestión de los procesos judiciales y responder más a aspectos internos de las cortes y no al beneficio directo del ciudadano.
Queda la tarea pendiente para el Congreso y el Gobierno de la reforma a la educación superior, que garantice la financiación de las universidades públicas y la ampliación de la cobertura educativa universitaria.
