"Urge la revisión de la Ley 142 hecha a la medida de las ESPD, a ver si la tortura para el pago de los servicios públicos por lo menos es más digna", senador Cesar Tulio Delgado (Conservador).
La Constitución Política, expresa para el caso de los servicios públicos, frases como "El Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios" art 365. "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado", art 366. "La ley fijara las tarifas... teniendo en cuenta la solidaridad, y la redistribución de ingresos" art 367.
Pero una cosa es lo que dicta la Constitución y otra la que practican los agentes del Estado, en este caso la CREG y La Superservicios, amparadas en la Ley 142 de 1994 emitieron la Resolución 008 de 2006 obligando a los usuarios a permitir revisiones técnicas so pena de suspender el servicio, afirmando que las revisiones y cambios de medidores son a cargo de los usuarios. Como consecuencia de esa resolución las empresas de gas domiciliario recibieron billonarios rentas vía factura, a costa de los usuarios.
Una empresa que en el 2006 realizo 74.589 inspecciones facturo a usuarios $2.204 millones a un costo de $29.540 por visita, otra empresa recibió en el 2011 excedentes por $8.544 millones facturando en "otros cobros" a $55.000 por usuario.
Las ESPD han tercerizado esa labor por la que pagan 12.000 pesitos, mientras que cobran vía factura $60.000 aproximadamente. Las visitas se programan inconsultamente, creando monopolio, sin libre competencia y la tarifa por "ese cobro" no esta estratificada, pagando idéntica suma el estrato 6 o el estrato 1.
¿Es esto una política de Estado con justicia social?, ¿Se esta legislando para la anhelada paz que deseamos todos los colombianos?
La tortura y afujías que muchos colombianos sufren para pagar sus facturas son el resultado de un Estado insensible presa de la corrupción. Los agentes del Estado con sus actos administrativos favorecen aquellas empresas en contra de los usuarios.
En el debate al que cite al Superintendente de Servicios Públicos, Financiero y de Comercio quedo planteado el compromiso de revisar esta política de gobierno abusiva, inclemente, y sin compasión, en la próxima reunión de la CREG.
