Bogotá D.C., marzo 10 de 2016. El Senado aprobó la reforma de la Ley de Orden Público (proyecto de Ley 146 de 2016), otorgándole al Presidente de la República las potestades para determinar las zonas de concentración para la entrega de armas y el levantamiento de ordenes de captura.

Durante el debate en plenaria, el senador Bustamante expresó su preocupación respecto al funcionamiento de la justicia en las zonas donde las FARC harán presencia de manera temporal, ya que con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la paz, se le estaría entregando el poder de ser una jurisdicción por encima de todas las jurisdicciones (competencia absorbente y exclusiva).

El senador Bustamante argumentó la necesidad de aclarar puntos esenciales del funcionamiento de la justicia. Lo anterior, pues a la Jurisdicción Especial de Paz se le entrega el poder de ser una competencia exclusiva. Esto implica que un delito cometido en esa zona del territorio nacional, no será de conocimiento de la autoridad prevista en la constitución y la ley, pues será asumido de manera exclusiva y absorbente. En este sentido, no es claro qué pasaría con el tema del territorio y la justicia, un ejemplo es el caso de la camioneta que le robaron en días pasados a un ciudadano colombiano y que apareció en la zona donde las FARC están desarrollando sus pedagogías de paz. En este caso, ¿sería la fiscalía que investiga a estos responsables? o ¿van a ser beneficiarios de la Jurisdicción Especial de Paz?.

El congresista finalizó su intervención, solicitando la anulación del último párrafo del artículo puesto en consideración, ya que por medio del mismo, las FARC tienen la posibilidad de operar los recursos del narcotráfico y del delito.