Un contundente llamado al gobierno nacional para que retire el Proyecto de Ley 210 de 2013 de reforma a la salud, hizo la Representante a la Cámara Alba Luz Pinilla, por encontrarlo completamente nocivo para los colombianos.
Como está planteado el proyecto, el Estado limitará su función de garantizar, proteger y respetar el derecho a la salud para subordinarlo al enriquecimiento de la empresa privada.
En Colombia existen 10 camas por 10 mil habitantes adultos y 6 camas por 10 mil niños, niñas y adolescentes; 1.5 médicos por cada mil habitantes, con un déficit de 14 mil médicos en un panorama optimista y 25 mil médicos en el más desalentador.
La Defensoría del Pueblo reveló que el 67,41% de las tutelas que interponen los colombianos las realizan para acceder a derechos que están contemplados dentro del Plan Obligatorio de Salud. Pacientes que deberían estar en cuidados intensivos, agonizan en los pasillos de urgencias. Esto, sin contar con las cifras de la Sociedad Colombiana de Pediatría, quien reveló recientemente que de 127 niños que fallecen, son muertes prevenibles. Es decir, los niños, niñas y adolescentes se mueren de enfermedades sencillas, porque sus enfermedades no son rentables para el sistema.
Así las cosas, una reforma a la salud está obligada a reestructurar totalmente y de raíz las actuales maniobras amparadas por la Ley 100 de 1993, la primera desfalcadora del sistema, quien ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital financiero dedicado a la intermediación, a costa del detrimento de la salud de los colombianos.
Lo anterior, fue revelado por Alba Luz Pinilla, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en el marco del Foro de discusión del proyecto, realizado el jueves 7 de noviembre, en el auditorio Gustavo Mendieta Castelblanco de Comfaboy, en Tunja.
Los argumentos
De acuerdo con la Representante, son múltiples las razones por las que hoy, en unanimidad con la bancada del Polo Democrático Alternativo, pide al gobierno retirar el Proyecto de Ley. “Para iniciar, encontramos que las EPS y las ARS pelechan a través de la administración del presupuesto público, destinando gota a gota los recursos para la salud de los colombianos. Los hospitales públicos, por ejemplo, son sometidos al lleno de múltiples y perversos requisitos para la transferencia manteniéndolos en permanente sobregiro e iliquidez”, argumentó la Congresista.
Igualmente el Proyecto limita el acceso universal a la salud, autorizando en el artículo 31 a las EPS a continuar con el cobro de copagos y cuotas moderadoras, pese a que ya han recaudado por cotizaciones e impuestos, donde no deberían existirán clasificaciones (contributivo y subsidiado) definidos por la capacidad de pago de los usuarios, incumpliendo además el mandato legal de la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, sobre igualar los regímenes, para garantizar la misma calidad y oportunidad del servicio.
En cuanto al Órgano de dirección y administración, de los 15 integrantes sólo habrá un representante de los usuarios, designados por las asociaciones de usuarios legalmente constituidas, lo que se convertirá en un ente eminentemente Estatal. Es necesario abrir la participación en su junta directiva a la sociedad civil, para garantizar una amplia participación ciudadana, en las decisiones del sistema.No obstante, el artículo 78 del Proyecto, reza que el Fondo de Garantías protegerá la confianza de los agentes del Sistema y asegurará la continuidad en la prestación del servicio de salud, preservando el equilibrio y la equidad económica de dicho Sistema, lo cual deja ver claramente que las EPS, ahora llamadas EGSS (Entidades Gestoras de Servicios de Salud), lejos de desaparecer pasarán a mejor vida, blindadas por el mismo sistema.
Finalmente, le otorga facultades de academia a los hospitales universitarios, para que formen especialistas en salud. La gran duda radica en si tiene la misma jerarquía y calidad una facultad de medicina de vocación formativa y académica que un hospital universitario de vocación de atención médica. Con este artículo se corre el riesgo de una drástica caída en la calidad académica de la formación de especialistas y por ende un detrimento en la veracidad y eficacia de los servicios. Según German Fernández, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la federación médica colombiana: “las universidades son las que deben tener la capacidad de titulaciones y los hospitales deben atender enfermos”.
“Entre otros, estos son los argumentos que luego de un trabajo juicioso y dedicado, se han encontrado para concluir que el proyecto de Ley no ofrece garantías para otorgar el derecho fundamental a la salud, como tampoco hay cambios estructurales de fondo que realmente beneficien a la población y cambien el panorama desolador que hoy se vive entre los colombianos”, concluyó Alba Luz Pinilla.
