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Bogotá, 4 de junio de 2015 (CD). El Representante a la Cámara y ponente Álvaro Hernán Prada, intervino en la plenaria de la Cámara de Representantes con una ponencia negativa durante el octavo debate de equilibrio de poderes.
El Representante hizo un recuento sobre las propuesta incumplidas del gobierno e hizo énfasis en cada uno de los puntos que evidencian que lo que buscan es un desequilibrio de poderes para dar al gobierno unas facultades que lo fortalezcan, aun debilitando al Congreso.
Dijo que el proyecto no se aprovechó para plantear cambios importantes que contemplen un régimen de partidos y un régimen de oposición, con el fin de reconstruir la democracia. Sin embargo se anunció el voto obligatorio, la lista cerrada y eliminación de la lista abierta, la lista paritaria o cremallera, ligada a la cerrada y la representación regional para darle representación a los departamentos sin aumentar las curules.
Este equilibrio de poderes se planteó con el fin de aumentar el control del Presidente y reducir el del Congreso de la República.
El Gobierno Santos desapareció la seguridad y la confianza inversionista no se deja ver de la comunidad y ayuda a eludir la responsabilidad penal a corruptos y narcoterroristas.
Resaltó que el gobierno Santos presentó este proyecto con dos objetivos:
- Prohibir la reelección y amortiguar la crítica sin tener en cuenta “el abuso que tuvo el gobierno en la campaña política”, sacando provecho de esta en las pasadas elecciones.
- Crear una cortina de humo para generar expectativa en la comunidad y engañar a los colombianos, como hemos podido ver.
Dijo el Representante Prada que: “en realidad este acto legislativo aumenta el poder presidencial y aumenta el desequilibrio, porque le quita poder al Congreso y no corrige los errores en la justicia, por el contrario le da impunidad a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es totalmente inconveniente.”
También dijo que de acuerdo con el artículo 3o de la Constitución Política, el poder público es uno solo, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.
A su vez existen ramas de Poder Público, tal como lo establece el artículo 113 de la Constitución Política, “son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial”. Conforme a las precisiones anteriores dijo que, se puede concluir que el título de este Proyecto de Acto Legislativo, está mal concebido, debido a que se incurre en imprecisiones conceptuales que dan lugar a confusión, porque solo existe un poder y este radica en el pueblo y lo que se pretende equilibrar son las ramas del poder público.
Frente al eje temático de Justicia, manifestó que se tienen algunas consideraciones frente a la función electoral de las altas cortes, la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, la creación del Colegio de Abogados y la creación de la Comisión de Aforados.
Dijo que respecto a la función electoral de las altas cortes, la impunidad y falta de celeridad son algunas problemáticas de la justicia, las cuales no se abordaron en el llamado “equilibrio de poderes”. La facultad que se le da a las altas cortes de tener una función electoral, implica hacer entrevistas a quienes se postulan, entre otros trámites que se deben surtir en razón a su función electoral, lo cual les quita tiempo valioso para poder fallar y contribuir a la celeridad de los procesos.
También expresó que es preocupante como en este proyecto de acto legislativo, donde se pretendía transformar el Consejo Superior de la Judicatura, se haya complejizado su estructura orgánica y funcional, haciendo de éste, un sistema que no responde a las problemáticas actuales de impunidad, congestión, falta de celeridad y corrupción, y que es alarmante que no se haya tenido en cuenta las denuncias hechas por el Magistrado Hermes Lara, quien advirtió sobre la inconveniencia de acoger este sistema en nuestro país, por ser copia del modelo venezolano, que hoy en día tiene en vela a este país.
El Representante Prada manifestó que a pesar de haber presentado una propuesta propia, en la cual se buscaba una reforma integral al Consejo Superior de la Judicatura, esta no fue acogida y por el contrario en el séptimo debate, se pudo evidenciar la improvisación en el abordaje de la estructura y funcionamiento del Consejo de Gobierno Judicial.
Frente a la creación de la comisión de aforados, dijo que se vislumbra inoperancia frente al deber de investigar y acusar, debido a la forma como está constituido y porque con un antejuicio político, traerá como consecuencia la impunidad.
Dijo que tampoco es operante que la comisión de aforados, no tenga la facultad de juzgar y se traslade esa competencia a la Corte Suprema de Justicia, porque será un culto a la impunidad, especialmente para los miembros de dicha corporación.
En cuanto a los temas electorales, se tienen consideraciones frente a la reelección, el voto preferente, lista cremallera y el concurso de méritos por oposición como una opción diferente y equitativa de elección.
Reelección: Sobre la reelección, es preciso señalar que el Gobierno lo considera como el peor de los males, porque concentra el poder en la rama ejecutiva, se cooptan las instituciones y se pone en ventaja absoluta al presidente candidato sobre los demás aspirantes. Si a manera de discusión aceptáramos el anterior postulado, entonces este se corregiría volviendo a la figura anterior que traía la Constitución Política de 1886, en la cual se permite la reelección no inmediata y con esta figura se caerían todos los argumentos que se tienen en contra de la reelección.
La doble moral, hace que los argumentos se caigan de su propio peso, debido a que una de nuestras propuestas (no acogida), estuvo encaminada a que si se optaba por la no reelección, fuera para todos incluyendo a los parlamentarios, pero claramente dicha proposición no fue bien recibida durante los debates.
Para el Gobierno, la reelección presidencial pretende ser prohibida después de haberla utilizado. Hay que destacar que la reelección per se, no trae consecuencias negativas para la democracia y el buen funcionamiento del Estado, la reelección es mala si hay abuso del poder, si se dilapida el presupuesto nacional para hacerse reelegir y utilizarla en beneficios propios. La ceguera del Gobierno para reconocer esto, demuestra que se trata de una forma de revancha en contra el hoy Senador Álvaro Uribe Vélez y no de la búsqueda del bien común para la nación.
Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno Nacional y su bancada en el congreso para justificar el proyecto de acto legislativo, consistía en mejorar los procesos de selección de las altas magistraturas de forma tal que “los mejores y más aptos” pudieran servir la república desde sus altas magistraturas.
Por otro lado, dijo que es lamentable que se haya excluido la iniciativa que pretendía eliminar inmediatamente el voto preferente e instaurar el voto cerrado y bloqueado. “El voto preferente ha generado la fragmentación al interior de los partidos y las microempresas electorales, las cuales han acrecentado el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos”. En efecto, la implementación de las listas abiertas o el llamado “voto preferente” ha generado corrupción entre micro empresas electorales y ha terminado quebrantando la actividad electoral. En el mejor de los casos, esta situación lleva a que los ciudadanos voten por personas en vez de partidos, lo cual ha propendido por el debilitamiento institucional de los mismos, haciendo que compitan entre sí, rompiendo la unidad ideológica y generando fragmentos al interior de los partidos políticos.
El Representante expresó que hay temas que no deberían ser eliminados de la agenda que pretende un “equilibrio” como la paridad y la llamada “lista cremallera”, deberían estar ligadas a la lista cerrada, porque la lista paritaria sin lista cerrada, no tiene razón de ser. Estos aspectos no fueron tenidos en cuenta, lo cual es penoso, debido a que esta medida de discriminación positiva, reivindica y fomenta la participación política de las mujeres y obliga a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos a incentivar líderes femeninos.
Manifestó que la Contraloría General de la República debería estar alejada de la influencia del gobierno y ser dirigida bajo un criterio técnico que le permita tener autonomía para ejercer la función pública del control fiscal de nuestro país. Para ello es necesario que desde su elección, sea la Junta Directiva del Banco de la República la que elabore la terna y a partir de esta, sea el Congreso en Pleno el que elija al Contralor General de la República.
Agregó que es preocupante que no se haya tenido en cuenta la propuesta de eliminar las Contralorías municipales y departamentales, las cuales se han convertido en socios de la corrupción, que atienden a intereses políticos, ajenos las funciones propias de la naturaleza de este órgano. En su lugar, únicamente deberían continuar en funcionamiento las respectivas gerencias departamentales, distritales y municipales, como entidades técnicas.
El Representante dijo que es un peligro para nuestra democracia que quede abierta la posibilidad de aplicar la silla vacía a los partidos políticos que en caso de abrirse un proceso judicial en exterior, en contra de algún miembro de su bancada, puedan llegar a perder la curul.
Como un “grave peligro para la democracia”, denominó el Representante Álvaro Hernán Prada, el no retirar del artículo 134 de la Constitución Política, la expresión “o en el exterior”, debido a que esta frase abre la puerta para se les aplique la silla vacía a los partidos políticos que se les abra procesos penales por la comisión de los delitos que se mencionan en dicho artículo y las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos.
Esta posibilidad, implica quedar a la merced de países como Venezuela, donde se evidencia una politización de la justicia y donde miembros de partidos políticos como el Centro Democrático, pueden resultar afectados por los procesos que se les pueda abrir.
También dijo que sumado a las consideraciones anteriormente expuestas, este Proyecto de Acto Legislativo, que fue anunciado por el Gobierno como una reforma integral, no es nada más que un engaño disfrazado de buenas intenciones para equilibrar las tensiones existentes entre las ramas del poder público.
Agregó que así las cosas, este Proyecto de Acto Legislativo aumenta el desequilibrio, se incrementa el poder presidencial, no soluciona ni de forma ni de fondo los problemas de la justicia y genera impunidad.
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