Por: Lucero Cortés Méndez*
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Para el nuevo gobierno la minería se ha convertido en la Gran Locomotora de la economía colombiana, llegando incluso a ser el motor que jalona los otros sectores que desea impulsar.
De esta manera, si bien algunos sectores han tratado de bajar las expectativas al respecto, lo cierto es que todas las cifras parecen apuntar a que en realidad estamos frente a boom minero. Según cifras oficiales, para el año 2019 se pretende duplicar la producción minera pasando de 72 millones de toneladas de carbón al año, a 145 millones de toneladas, situación similar a la del oro donde las exportaciones pasarán de 40 toneladas anuales a 80 toneladas.
Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es si el país está preparado para enfrentar una bonanza de este tipo y para, a la vez, evitar convertirse en un país completamente dependiente de la explotación de recursos naturales, donde las afectaciones sociales y ambientales desborden los beneficios de la explotación minera y donde se destruya el sector productivo nacional.
Por ello, considero necesario que el país reforme completamente su institucionalidad minera y la acerque un poco más a la experiencia exitosa que se ha tenido en el tema de hidrocarburos. Lo anterior, debe tener como objetivo primordial evitar los posibles casos de corrupción que llevan a malgastar los ingresos, intensificar el control sobre la explotación minera, no solo para evitar extracciones ilegales, sino también para evitar los accidentes que causan la muerte de mineros. Así mismo, se debe obligar a que se cumplan todos los planes de mitigación ambiental y de compensación social establecidos de forma legal y contractual.
Si Colombia desea embarcarse en esta gran aventura minera, debe contar con la institucionalidad y con la capacidad necesaria para evitar que el negocio se le salga de las manos.
Sobre este tema realizaré un debate el próximo miércoles 8 de septiembre en la Plenaria de la Cámara con el fin de ampliar estas inquietudes, revisar la realidad de los contratos mineros en el país y establecer la necesidad de armonizar el boom minero con el adecuado desarrollo social y ambiental de las comunidades, sin que esto implique, por ejemplo, el avasallamiento de comunidades indígenas o afrocolombianas que cuentan con grandes recursos en sus territorios ancestrales.
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Coletilla: Debemos condenar con firmeza las inhumanas acciones de los terroristas de las FARC que incineraron a 14 miembros de nuestra Fuerza Pública. ¿Donde están los “defensores de las víctimas” frente a las atrocidades de estos bárbaros?
*Representante a la Cámara por Bogotá
