En la tarde del miércoles 9 de noviembre se dio continuación al debate citado por senadores del Centro Democrático sobre la situación de servicios públicos en el país y especialmente el caso de Electricaribe.
Ante la Plenaria, la senadora Paloma Valencia presentó las numerosas problemáticas en la regulación de los entes gubernamentales encargados de electricidad, gas, acueducto y alcantarillado.
Las quejas son numerosas y las sanciones pocas. Tenemos que para energía eléctrica "de las 203.706 quejas recibidas entre 2011 y 2016, hubo 13 sanciones en el periodo por un valor de $3.080.476.386. Entre las razones mas comunes de estas sanciones se tiene: falla en prestación del servicio y calidad de la potencia", sostuvo la Senadora.
Para Acueducto y Alcantarillado de las 127 empresas sancionadas 18 son reincidentes. La oficina de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el Huila ha reincidido 3 veces. Cada sanción no supera el monto de 20 millones de pesos.
Por otro lado, desde hace 20 años se han destinados subsidios al consumo de los servicios públicos domiciliarios: electricidad, agua, saneamiento y gas. El gas propano elemento básico para las poblaciones rurales y mas pobres del país recibe subsidio solo en Nariño, Putumayo, Caquetá y San Andrés. "Mientras al gas natural le han dado por año $376.000 millones para estratos 1 y 2, en el año 2015 aprobaron $50.000 millones para propano", indicó la Senadora.
La baja calidad sumada a los altos precios son una constante en diferentes ciudades del país. Sorprendentemente las empresas con mas baja calidad de servicios tienen mayores tarifas. La Senadora explicó el caso de la Empresa de energía de Casanare que presenta la tarifa más alta de las reportadas por la CREG.
Valencia señaló que: "En 2014 esta empresa presentó desconexiones por más de 84.820 minutos, (1.400 horas) y la causa mas recurrente fue por fallos en la línea". Además tuvo utilidades netas por mas de 1.000 millones y no realizaron inversiones según hallazgos de la superintendencia para este mismo año.
Es el usuario final en quien recaen las consecuencias de la excesiva permisividad en la regulación y poca supervisión, pues sufren de una mala calidad en el servicio, unos altos costos y una gran dificultad para que sus quejas sean atendidas y las empresas sancionadas de manera ejemplar.