Después de meses de especulación, por parte de todos los sectores del país, fue radicado en el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria. En la primera revisión al texto nos surgieron importantes preocupaciones por el fuerte impacto que podría producir en la clase media colombiana, la aprobación de esta reforma tal como está planteada.
Si bien el país necesita de manera urgente una reforma que ayude a aliviar sus finanzas públicas, a cubrir el déficit fiscal, que en el 2020 alcanzó el 7,8% del PIB, y que permita la destinación de nuevos recursos para financiar los altos costos de la pandemia, esta no debe lesionar a las familias del país.
En la distribución del recaudo de los $23,4 billones que se esperan obtener con la ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, encontramos un desequilibrio en la carga hacia los trabajadores o consumidores. Plantear que se percibirán $17 billones a partir de la contribución de renta de personas naturales y otros $7,3 billones por el IVA, hace que esta propuesta parezca más una agresión estructurada contra el bolsillo de los colombianos, que una reforma solidaria.
Uno de los puntos que más nos preocupa de esta iniciativa es el aumento “escalonado” de la base gravable de renta, que para el 2023 exigiría el pago a colombianos con ingresos mensuales desde $1.694.000. La propuesta de reducir los deducibles del 40% al 25% complementa este cruel atentado contra los trabajadores.
De igual manera, rechazamos la propuesta de imponer IVA a los servicios públicos en hogares de estrato 4. Así como también, que se incluya una sobretasa a la gasolina y al ACPM, un nuevo costo que terminaría encareciendo el transporte de carga, de pasajeros y los precios de los alimentos. El IVA no se puede convertir en un mecanismo legal para atropellar a la clase media.
Aunque en el proyecto de reforma se atendió la solicitud de no gravar la canasta familiar, eliminar la categoría de exentos de IVA para que pasen a excluidos, como propone el Gobierno, termina convirtiéndose en una pirueta con la que finalmente se incrementarían los costos de la producción. Al no recibir la devolución del impuesto que pagan en insumos en la cadena, los productores trasladarían este nuevo cobro a los consumidores, quienes terminarían pagando los platos rotos.
La llegada de esta reforma en medio del tercer pico de la pandemia que se propaga en el país, juega en contra por la incertidumbre de lo que sucederá en esta fase y los nuevos efectos económicos que podría traer. Frente a una coyuntura tan delicada como la actual, lo que menos puede propiciarse desde el legislativo es un nuevo marco tributario que golpee a la clase media, a los trabajadores independientes y en especial a los estratos más vulnerables.
Como lo expresamos desde nuestra colectividad, no estamos de acuerdo con que se generen más impuestos de renta a las personas naturales en Colombia. No desconocemos, ni estamos en contra del alto componente social que tiene la reforma, aplaudimos que se busque garantizar la permanencia de los programas sociales, pero no vamos a permitir que se sepulte a la tan golpeada clase media del país.
En este debate que inicia en el Congreso, que sabemos será intenso y minucioso, vamos a defender a los colombianos y a escuchar a los diferentes estamentos de la sociedad civil para que esta discusión se nutra con sus aportes. También, buscaremos soluciones y consensos para impedir un mal mayor al que ya tenemos.
