La expoliación territorial a la que han sido sometidos, desde sus ancestros, tanto indígenas, negros, mestizos y campesinos, en el departamento del Cauca, tiene sus raíces en las estructuras feudales coloniales, que impusieron el terraje y la esclavitud con la venia del Estado y sus gobiernos, negando y ocultando, por siglos, la diversidad étnica y cultural debido a la riqueza de sus territorios y a las desigualdades sociales, sin embargo, hoy, se visibiliza con fortaleza una sociedad pluriétnica, olvidada por las instituciones oficiales, que avivan unas relaciones conflictivas frente al Estado.

El abandono estatal del Cauca ha propiciado las condiciones para que el conflicto social y armado se agrave por la expansión de los cultivos ilícitos, como salida económica y por ser su territorio un corredor estratégico para la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares.

El conflicto armado se desarrolla en la mayoría de los territorios de los campesinos, de los afrodescendientes y de los indígenas, debido a la ausencia del Estado en todos los sectores sociales, por eso, ellos no ven al Ejército y a la Policía Nacional como garante de la convivencia, sino como un factor generador de violencia que desborda, en muchos ocasiones, sus funciones y viola los derechos humanos.

Los campesinos, los afros y los indígenas ven a la Fuerza Pública como un actor legal que ha perdido legitimidad, porque no ha podido combatir con eficacia a las Farc, a los paramilitares, al narcotráfico y a la delincuencia común, debido a que en sus territorios no hay paz; lo único que abunda es la injusticia social, la falta de oportunidades, la concentración de la riqueza, la pobreza extrema, la minería ilegal, las amenazas, la zozobra, el reclutamiento de menores, las judicializaciones a los líderes sociales, los desplazamientos, los asesinatos, mientras tanto el conflicto armado se intensifica y se torna permanente, siendo los campesinos y los indígenas la población civil más afectada.

La presencia de la Fuerza Pública en Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao, Miranda y Toribio, por citar unos centros urbanos, en vez de proteger a las personas, en su vida, territorio, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, ha expuesto al fuego cruzado, dejando ver que la población civil es la que resguarda a la Fuerza Pública, de ahí su rechazo y empeño para que militares, policías y guerrilla abandonen sus territorios, bajo el convencimiento de que así podrán “vivir en paz”.

Las organizaciones sociales y populares, los dirigentes y autoridades indígenas del Cauca, a través del CRIC y la ACIN, siempre han liderado la resistencia comunitaria, han propuesto iniciativas de diálogo y de paz, soluciones al conflicto agrario, promovido la recomposición de economías campesinas, afros e indígenas, pero los distintos Gobiernos han desoído sus voces y desviado la atención de la opinión pública, hasta propiciar la crisis humanitaria e institucional del Cauca, que hoy muchos colombianos no quieren comprender las causas de la problemática social y acusan a los indígenas y campesinos del norte del Cauca de revoltosos sin causa y de desestabilizar el orden constitucional.

Al Gobierno y a los colombianos nos debe quedar claro, que hasta hoy, la fórmula militar y la represión para derrotar a los violentos ha fracasado, sus acciones han generado más pobreza, más desplazamientos, falsos positivos y un estado inconstitucional de cosas, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en el Auto 04 de 2009, de ahí que el Pueblo Nasa exija la desmilitarización inmediata de sus territorios, porque el Gobierno y la Fuerza Pública no han podido generar gobernabilidad y credibilidad, al contrario, promueven la desconfianza y el alejamiento social al señalar a los campesinos e indígenas como aliados de la guerrilla.

Las FARC, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común, han encontrado en el Cauca el lugar estratégico para desplegar sus acciones, aterrorizando a la población para desafiar al Gobierno y a su Fuerza Pública. Las FARC han asesinado líderes de las comunidades indígenas, reclutado sus jóvenes y a menores de edad y vienen asediando a sus pueblos por varios años, violan los derechos humanos y el DIH y también han tratado de dividirlos. A la guerrilla le debe quedar claro que las armas no son el camino para construir desarrollo y una Colombia en PAZ.

El Gobierno y los colombianos deben comprender que los campesinos y los indígenas del norte del Cauca, y de otros lugares de la Patria, han perdido la confianza por la ineficacia de las instituciones estatales y de la clase política, que están cansados de poner los muertos y los heridos, que están agotados por las consecuencias de la guerra, que esos motivos son suficientes para no querer ver más trincheras y bases militares en las cabeceras municipales, en los centros poblados y caseríos de sus resguardos.

En atención a lo anterior, como Congresista indígena le manifiesto a la opinión pública:

Que la confrontación armada afecta de manera indiscriminada a toda la población colombiana, pero los más perjudicados son los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas, porque los combates se desarrollan dentro de los resguardos, de los territorios colectivos y de sus propiedades privadas individuales.

Que en el Congreso he denunciado públicamente la delicada situación de derechos humanos que viven los campesinos, las comunidades negras y los indígenas del Cauca, sin encontrar eco ni solidaridad en las instituciones del Estado.

Que rechazo rotundamente el conflicto armado y toda forma de violencia, porque deteriora las instituciones del Estado, afecta la inversión social y vulnera los derechos humanos de la población.

Que los resguardos indígenas del norte del Cauca no son repúblicas independientes, los Nasa y los demás pueblos indígenas nos protegemos con la Carta Magna de los colombianos y respetamos las instituciones del Estado, pero del Gobierno exigimos garantía para ejercer los derechos fundamentales, de tal manera que nuestras reivindicaciones no afecten la estabilidad institucional ni la seguridad nacional.

Que la Constitución Política –art. 330- otorgó cierta autonomía a las autoridades indígenas dentro de sus territorios y les señaló funciones, entre ellas, “Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”. El Gobierno no ha desarrollado ni fortalecido este mandato constitucional, por ello los Nasa lo están ejerciendo en defensa de la vida y del territorio, porque allá el orden público está fuera de control del Estado.

Que es una obligación del Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado para garantizar la paz con prontitud y la convivencia pacífica a los campesinos e indígenas del norte del Cauca.

Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en el año 2007, refleja la posición actual de la comunidad internacional sobre la autonomía de las comunidades indígenas; Declaración que reconoce además, el ejercicio de su derecho a la libre determinación, el autogobierno en sus asuntos internos, el derecho a conservar sus propias instituciones y a controlar sus tierras y territorios.

En consecuencia:

Respaldo las profundas reivindicaciones y luchas de los indígenas Nasa del norte del Cauca y solicito al Gobierno Nacional que, la Fuerza Pública se retire de inmediato de los cascos urbanos y centros poblados, para que no involucren en el conflicto armado a la población civil.

Exijo que la Fuerza Pública no ocupe lugares poblados en tierras de campesinos, comunidades negras y resguardos indígenas, ni use bienes de uso público y lugares sagrados de los Nasa, para evitar que la población civil se convierta en escudos humanos.

Hago un llamado a todos los actores del conflicto armado para que acaten las normas del DIH, respeten los derechos humanos, la vida, la cultura; los territorios de los campesinos, mestizos, comunidades negras e indígenas del departamento del Cauca.

Insto al Gobierno para que, dentro del marco constitucional, respete y fortalezca la autonomía de las autoridades indígenas Nasa del norte del Cauca.

Insto al Gobierno a que reconozca, respete y garantice el ejercicio pleno de la Guardia Indígena como institución de control territorial y como una “fuerza de paz”.

Solicito al Gobierno iniciar un diálogo político, como solución a la problemática social, que conduzca a parar la guerra y a establecer consensos para terminar el conflicto armado, que garantice la participación de la sociedad civil, sectores sociales, organizaciones populares, grupos étnicos y religiosos, autoridades y dirigentes indígenas, organismos de control y delegados de la insurgencia, para que en ese escenario se acuerden mecanismos que conduzcan a la construcción de una paz duradera con justicia social.

Insto al Gobierno para que declare la crisis humanitaria en el norte del Cauca, haga presencia con inversión social real, elimine los conflictos por el acceso a la tierra y la explotación minera, genere oportunidades, bienestar general y garantice la pervivencia y un vivir digno a los campesinos, afros, mestizos e indígenas.

HERNANDO HERNÁNDEZ TAPASCO

Representante a la Cámara

Circunscripción Especial Indígena

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Bogotá D. C., julio 19 de 2012