“La sociedad debe tener el gesto generoso de perdonar”.
“El sector financiero se lucra del pueblo”.
Por LUIS FERNANDO GARCÍA FORERO
El senador Jesús Ignacio García Valencia es oriundo de Popayán y abogado de la Universidad del Cauca con especializaciones en Derecho Penal y Criminalística, también en Derecho Constitucional. Está en el Congreso por el Partido Liberal desde 1986, donde se ha destacado como uno de los parlamentarios más versados en el derecho penal y política criminal. Sobre el tema dice que en Colombia aún no hay una verdadera política en esa materia, que es lo que tiene a la justicia en crisis.
Forma parte de la Comisión I del Senado, donde representa a su colectividad en las decisiones que en materia de reformas constitucionales, legales y proyectos de ley estatutarias se han tramitado y discuten actualmente en el Congreso.
Ha sido fiel a su Partido Liberal, al que defiende y le augura los mejores resultados en el próximo proceso electoral. Defensor y conocedor a ultranza de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual está con el ojo puesto en las decisiones que se toman en el proceso de paz que se adelanta en La Habana, el cual defiende.
Un congresista que no traga entero:
OP: Una intensa actividad tuvo esta semana que concluye la Comisión I a la que usted pertenece. ¿Qué aprobaron?
JIG: Primero la ley estatutaria que regula el Fuero Penal Militar, en segundo lugar un proyecto de facultades extraordinarias para la restructuración de la Fiscalía General de la Nación, y otro de facultades extraordinarias al presidente para reestructurar la Defensoría del Pueblo. Faltan los debates de plenaria para que puedan ser ley de la república.
OP: Sobre el Fuero Penal Militar usted hizo críticas. ¿No quedó contento como se aprobó?
JIG: No. Hay muchos reparos al articulado. Nos preocupa la definición de “blanco legítimo”: la persona que no goza de la protección del DIH. Está bien que se considere blanco legítimo a quien integre un grupo armado que hostiliza a la Fuerza Pública, pero en este concepto se incluyen a civiles que participen en forma directa en las hostilidades. La definición como quedó considera que el civil que cause cualquier daño a la Fuerza Pública o a una entidad del Estado puede ser considerado blanco legítimo. Ocurre que de acuerdo con las definiciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, no se considera blanco legítimo a la persona que cause cualquier daño, sino un daño que tenga entidad suficiente para mermar la capacidad de combate del adversario o que impida el desarrollo de operaciones militares. Entonces, la forma tan amplia como queda definido el blanco legítimo puede dar lugar a que muchos civiles injustamente puedan ser atacados por la Fuerza Pública y por esa vía pueden peligrar los derechos humanos de muchos civiles en Colombia.
OP: ¿Qué otras inquietudes?
JIG: Que para garantizar la total independencia de los funcionarios de la Justicia Penal Militar, su conducta siempre la defina la Procuraduría General de la Nación. El representante Germán Navas está proponiendo que en defecto de la Procuraduría, si se trata de administradores de justicia, que lo lleve a cabo el Consejo Superior de la Judicatura, que es el encargado de investigar y sancionar a los jueces de Colombia por las infracciones que cometan en su ejercicio.
OP: ¿De las dos cuál cree que debe ser?
JIG: Cualquiera de las dos opciones es válida. Lo que no debe suceder es que ellos puedan ser sometidos a la disciplina interna por sus superiores, puesto que se puede llegar en virtud de la solidaridad de cuerpo, a que se les presione con las investigaciones disciplinarias para que fallen en uno u otro sentido en los procesos que tengan a su conocimiento.
OP: ¿Pero es una iniciativa que se necesita?
JIG: Sí, claro. Los militares están reclamando garantías adicionales para su seguridad jurídica y entre ellas se le está creando un Tribunal de Garantías dentro del proceso penal, de muy alto nivel, que en el proyecto está integrado por juristas de renombre que tienen que tener las mismas calidades para magistrados de la Corte Suprema, el mismo régimen de inhabilidades y sometidos a las mismas autoridades penales y disciplinarias. Pero no estamos de acuerdo con que a ese tribunal se le dé categoría prácticamente de Corte. Primero porque su control lo va a hacer la Comisión de Acusación, donde no pasa nada, y por consiguiente serían unas autoridades que quedarían sin ningún control práctico. Y en segundo lugar porque si un proceso de estos va a la Corte Suprema, supongamos por vía de casación esta encuentra una nulidad por incompetencia y esa competencia ha sido definida por este organismo especial, va a presentarse allí un choque de trenes. Entonces, estamos creando un organismo adicional dentro de la justicia que puede llegar a generarnos enfrentamientos con las Cortes. Me parece que es inconveniente.
OP: ¿Cuál sería su propuesta?
JIG: Que los magistrados de ese Tribunal Especial de Garantías tengan rango de magistrado de tribunal, para que sean investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia y sometidos al poder disciplinario de la Procuraduría. Presenté la proposición y el gobierno se opuso. Vamos a insistir en la Plenaria y esperamos que ojalá con sensatez se acoja, porque son disposiciones que tienden a legitimar el funcionamiento de esas nuevas instituciones.
OP: ¿El proyecto rodea a las Fuerza Pública y le da garantías en su lucha contra la subversión y a grupos al margen de la ley?
JIG: Estamos de acuerdo en que la Fuerza Pública para adelantar su lucha contra la subversión debe estar rodeada con todas las garantías para evitar injusticias, pero ocurre que con el diseño de la ley estamos yendo a un extremo tal que, por ayudar a la Fuerza Pública, vamos a dejar desprotegida a la población civil.
OP: ¿Cómo protegerla entonces?
JIG: Que los organismos internacionales, en caso de que suceda lo que nosotros estamos previendo (que ojalá no llegue a acontecer), tendrían que exigirle a Colombia los compromisos que ha adquirido en el concierto internacional.
OP: Hablemos del proceso de paz en La Habana y lo que se inicia ahora, la participación política de las Farc.
JIG: De acuerdo con los estándares internacionales, la justicia transicional, que es lo que hay que entrar a aplicar en esos casos, no puede generar impunidad. El Procurador General de la Nación está en lo cierto: si se han cometido crímenes de lesa humanidad en el sentido de que se haya atacado inmisericordemente a la población civil, como sucedió con el carro bomba en Toribío, Cauca, esos son crímenes que bajo ningún aspecto pueden quedar impunes. Por consiguiente, serán aquellos los que hay que priorizar y seleccionar para que recaiga sobre ellos el peso de la justicia. Y los responsables de esos crímenes de acuerdo con nuestra Constitución, si son condenados no podría hacer política. Entonces ahí hay un gran escollo.
OP: ¿Entonces qué hacer?
JIG: Cuando se está buscando la paz hay que hacer sacrificios en materia de justicia. La sociedad tiene que entrar a decidir hasta dónde está dispuesta a sacrificar la justicia para que pueda reinar la paz. Casos como el que le menciono en Toribio tienen una sanción, así sea mínima, pero que las víctimas sientan resarcido su derecho a la justicia, así sea una justicia disminuida. De igual modo, las víctimas tienen que encontrar satisfecho su derecho a la verdad, saber quién ordenó la acción, por qué se produjo. Y esas víctimas tienen que ser reconocidas, reparadas.
OP: Sobre las penas, se aplicaron condenas en Colonias Agrícolas en el Araracuara, sur de Colombia, a la guerrilla liberal. ¿Estaría de acuerdo en que ocurriese lo mismo ahora, con las Farc?
JIG: La justicia transicional consiste precisamente en buscar penas alternativas, que la sociedad sienta satisfecha su sentimiento de justicia. Si estas personas son confinadas en una colonia agrícola, uno o dos años, qué sé yo, con ese sentimiento de justicia la sociedad colombiana quedaría satisfecha. Lo que sí no dejaría satisfecha de sentimiento de justicia a la sociedad colombiana es que los autores de esos crímenes atroces pasen de La Habana al Congreso o del Caguán al Congreso de la República.
OP: ¿Es optimista con el proceso de paz?
JIG: Va avanzando, no a la velocidad que quisiéramos, pero al menos se vislumbra un primer resultado, que no nos puede llevar a cantar victoria, pero todo parece indicar, por el comportamiento de los negociadores, que en esta oportunidad la guerrilla está dispuesta a hacer un acuerdo con el gobierno y dar el paso tan anhelado hacia la paz.
OP: Usted fue compañero de Iván Márquez cuando este fue representante a la Cámara por el Caquetá. ¿Qué mensaje le envía?
JIG: Que apliquen todos sus esfuerzos a lograr la paz y que se reincorporen a la vida civil. Obviamente, la justicia transicional tendrá que buscar los instrumentos para que ellos en el futuro puedan hacer política, porque no los podemos marginar totalmente de la vida política nacional. Y que en el seno de las instituciones democráticas nos ayuden a seguir construyendo el Estado Social de Derecho, que es el que vela por la equidad social.
OP: Pero también que no vaya a ocurrir un extermino, como ocurrió con la Unión Patriótica.
JIG: Eso se disipa en la medida en que los derechos de las víctimas se satisfagan. Porque para la víctima, fuera de la ofensa que ha recibido por la causa del delito, viene otra ofensa mayor, que es ver que el Estado no reacciona y que sus victimarios son acreedores de impunidad.
OP: ¿Debe haber perdón y olvido y que no se vuelva a repetir lo que ha pasado?
JIG: Ese es el ideal. Pero para que haya perdón y olvido, las víctimas tienen que ser reconocidas. La justicia tiene que haberse expresado y esas víctimas tienen que ser reparadas, no solo económicamente sino de manera integral. La sociedad debe tener el gesto generoso de perdonar, para que se pueda reconstituir el tejido social y los colombianos restablezcamos el pleno de la convivencia.
OP: ¿Y sobre los críticos del proceso?
JIG: La crítica hay que admitirla, aceptarla, si es constructiva. En la posición del Procurador veo el ánimo de colaborar, de coadyuvar para que ese proceso salga bien; que no venga a ser que firmemos el acuerdo y sobrevengan acontecimientos como los que usted ha mencionado de la UP. Lo que queremos es que precisamente alcanzada la justicia, la reparación y el perdón, no se vuelvan a repetir los hechos de violencia. Que las víctimas, en la medida en que se satisfaga la reparación, no vayan a hacer el ejercicio de la venganza.
OP: ¿Qué piensa de las inmensas sumas que gana el sistema financiero en Colombia?
JIG: La mayor fuente de inequidad en Colombia es el capitalismo financiero, porque ahí tenemos un parásito de la economía. Obtiene jugosas ganancias del trabajo y del esfuerzo de todos los colombianos porque nunca pierden, porque cuando tienen dificultades, el Estado sale a darles la mano. En cambio los demás sectores de la vida nacional por lo regular tienen que superar sus dificultades por sí mismos. Hay que reconocer que el gobierno del presidente Santos les dio la mano a los cafeteros, un sector importante de la economía, pero los cafeteros producen y dan empleo. En cambio el sector financiero se lucra del pueblo.
OP: De los montos que gana el sector financiero, ¿debe salir algo para la paz?
JIG: Indudablemente. Para generar desarrollo, se necesita capital. El inversionista tiene que tener una utilidad, pero debe ser una utilidad razonable. Aquí en Colombia, sobre todo en el sector financiero, son unas utilidades irracionales. Que un sector financiero en un año esté liquidando utilidades por 38 billones de pesos, cuando estamos viviendo en un país donde más del 50 por ciento de la población vive en la línea de pobreza, eso es injusto e inequitativo. Está bien que de esos 38 billones de pesos obtengan una ganancia razonable, pero el resto debe invertirse en hacer igualdad y equidad social.
OP: Hablemos de política pura. ¿Cómo va el Partido Liberal?
JIG: Está en un proceso de fortalecimiento porque el trabajo que ha desarrollado a nivel nacional ha tenido una orientación y un norte ideológico. Entró a respaldar la Unidad Nacional, porque el presidente Santos señaló como el gran fin de su política luchar contra la pobreza. Esa ha sido la lucha histórica del Partido Liberal. De la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo nacieron los derechos de los trabajadores. Si examinamos el gobierno de Lleras Camargo y Lleras Restrepo, allí se comenzó a implementar la reforma agraria en Colombia, un punto que ahora se retoma en las negociaciones de paz. Si miramos el MRL, era un movimiento que luchaba por garantizar los derechos a la oposición como una manera de fortalecer a las minorías, para que pudieran ser opción de poder. Y si miramos el de Ernesto Samper, allí nació la vivienda de interés social y nació el Sisben, programas que han tenido un gran impacto social.
OP: Es parte de la historia de la colectividad. ¿Y ahora?
JIG: Nuestro partido, siguiendo ese hilo ideológico, ha acompañado al presidente Santos: ley de Víctimas, que es iniciativa de la colectividad, del primer empleo. Todo eso ha sido asimilado en la sociedad colombiana, se ha dado cuenta de que este es un partido serio, organizado, coherente ideológicamente. Eso es lo que explica que este partido esté creciendo en la opinión pública colombiana.
OP: ¿Van a “reelegir las políticas” de Juan Manuel Santos?
El Partido está de acuerdo con las políticas sociales del actual gobierno y obviamente que está interesado en que esas políticas se reelijan. Si el que se presenta para reelegir esas políticas es el presidente Santos lo estaremos acompañando. Ahora, si el Presidente decide no presentarse pero hay otro candidato que encarna esas políticas, que las pone en marcha y que continúa con ellas, lo estaremos acompañando también.
OP: ¿Por ejemplo, que fuese Vargas Lleras y que regresara al Partido liberal?
JIG: Germán Vargas abanderó uno de los programas sociales de mayor éxito en este gobierno. La vivienda de interés social nace con el Partido Liberal, renace con este gobierno, porque era una política que fue prácticamente olvidada por los tres gobiernos anteriores. Germán Vargas es una persona con una gran trayectoria en la vida política, con las credenciales suficientes para aspirar a esa posición. Hay que esperar a que se llegue el momento en que el presidente tenga que definir si se presenta a la reelección, y ya entonces podremos mirar si vamos a va a buscar la reelección de esas políticas, las cuales concuerdan el Partido Liberal.
OP: Rondan nombres que aspiran al proceso electoral para el Congreso. Expresidente, excandidatos presidenciales... ¿Qué piensa?
JIG: En relación con el doctor Horacio Serpa, me gustaría verlo nuevamente en la actividad política, porque sé que su presencia fortalecería mucho al Partido Liberal a lo largo y ancho de Colombia. El expresidente Uribe es un hombre luchador, coherente ideológicamente, y creo que a la democracia colombiana le hace muy bien la circunstancia de que haya confrontación de ideas. Sería muy bueno un Congreso de la República con una bancada siguiendo los lineamientos ideológicos del presidente Uribe, y una bancada liberal muy fuerte siguiendo los postulados social demócratas del Partido Liberal, y unas minorías que entren en un momento dado a optar por la oposición.
OP: ¿Ve a su colectividad celebrando el próximo resultado electoral?
JIG: La circunstancia de haber estado el Partido Liberal doce años en la oposición le sirvió, porque volvió a reencontrarse con sus ideales ideológicos de cambio. Se volvió a identificar y se depuró. También le sirvió para fortalecer su organización. Eso es lo que está reconociendo la sociedad y está presentando al partido como la fuerza política mayoritaria a nivel nacional. Fui uno de los pocos que estuve en esos doce años al frente de la oposición, porque algunos entraron a ser parte del gobierno Pastrana, otros con el presidente Uribe. He estado con el Partido Liberal desde que aspiré por primera vez al concejo de Coconuco que es la tierra de mis orígenes.
