El paro agrario ha puesto en evidencia problemas fundamentales de la democracia colombiana, más allá de los puramente coyunturales. Una sociedad con una sociedad civil fuerte logra procesar los conflictos de una forma institucionalizada, características de lo que se ha llamado la Tercera Ola de la Democracia. En esta los procesos de movilización, que arrasaron con la democracia, léase la República de Weimar y la subida de Hitler, deben encontrar una arquitectura institucional que permita una movilización más ordenada y rutinaria. Sin embargo, a partir de esos hechos en Alemania, se impuso que la voluntad popular terminaba con el voto. En la Constituyente del 91 se introdujo la Democracia Participativa como un objetivo para mejorar la calidad de la democracia, recogiendo estas nuevas corrientes de pensamiento.

Evidentemente el paro agrario no es el modelo de lo que la sociedad debería tener. Pero se explica por el modelo de gobernabilidad que la clase política  ofrece a cambio. Este modelo, vigente desde la constitución del 91 y repetida en el gobierno Santos con la Unidad Nacional, consiste en que la gobernabilidad  se logra repartiendo pedazos del Estado a los diferentes aliados del gobierno, a cambio de su lealtad. Estos son teóricamente partidos políticos pero son de facto individuos con cuotas burocráticas personales a menudo regionales. Esto creó una irracionalidad mayor pues las lealtades no son al gobierno sino a las personas y, como estas no representan colectivamente a nadie sino a su clientela personal, le crean al gobierno enormes dificultades para IMPLEMENTAR  sus políticas, especialmente si son colectivas. Las alternativas paralelas de articulación de intereses, que debían ser los gremios, se encuentran enormemente debilitadas (membrecía total 7%, 1997; 3% 2011), especialmente a partir de los Consejos Comunitarios de Uribe: para qué gremios si vamos a un Consejo y Uribe nos concede lo que queremos.

Nada representa más patéticamente la inoperancia del modelo de gobernabilidad que, por ejemplo, la reacción del Partido Conservador, que ha manejado el Ministerio de Agricultura inmemorablemente, con los resultados que se hicieron evidentes en el Paro Agrario. El presidente le pide a las cabezas institucionales del ministerio su renuncia e inmediatamente se barajan nombres y de quien son cuota política; que tiene tres ministerios pero que no son escogidos por los congresistas, que le den un billón de pesos más al sector para que la bancada siga administrando: más de lo mismo. No me cansaré en insistir que mientras los congresistas no representen colectivamente a los habitantes de un territorio y les tengan que rendir cuentas, nada habrá cambiado. Y la propuesta electoral de las Farc lo único que promete es que ellos sí van a responder a los intereses de los campesinos, como si el problema fuera de la muy cacareada voluntad política y no del sistema electoral.