Bogotá, agosto 25 de 2017

Así lo denunciaron desde el Congreso de la República los representantes a
la Cámara Ángela María Robledo (Partido Alianza Verde) y Alirio Uribe
Muñoz (Polo Democrático Alternativo) durante la audiencia pública “Rol
de Colombia en la negociación del acuerdo regional sobre derecho a la
información, participación y justicia ambiental” - Principio 10
Declaración de Río-, citada por los congresistas en coordinación con el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CENSAT Agua Viva, Universidad
de Medellín - Clínica Jurídica de Interés Público y CELEAM.

Según los legisladores la cifra corresponde al informe de Global Witness
(2017) que incluye a Colombia como el segundo país más peligroso en el
mundo para el ejercicio de la defensa de derechos ambientales. La cifra es
preocupante frente a la cada vez mayor conflictividad que se presenta en
los territorios por la defensa del ambiente y contra la exploración y
explotación de recursos minero energéticos en contra de la vida, la salud
y el ambiente de las comunidades.

108 líderes y activistas de todo el mundo suscribieron en 1992 la
Declaración de Rio con el fin de establecer una alianza mundial a favor
del desarrollo sostenible y promover los derechos de acceso a la
información, participación y justicia en asuntos ambientales. En el 2012,
países de Latinoamérica y el Caribe firmaron la Declaración de la
Aplicación del Principio 10, como compromiso para negociar un Acuerdo
Regional vinculante que establecerá las normas mínimas para garantizar el
derecho de acceso a la información, a la participación y el acceso a la
justicia, todos en materia ambiental.

Actualmente 24 países se han sumado a la negociación de este acuerdo con
el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

De acuerdo con la representante Ángela María Robledo: “El Estado
colombiano ha demostrado su falta de interés en garantizar un pleno
ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y
la justicia en materia ambiental. Tenemos que estar vigilantes de lo pasa
con la extracción en los territorios en proceso de pos acuerdo. Aquí
tenemos que hacer reformas en minga desde abajo, por la izquierda y con la
tierra”, aseguró.

Por su parte el representante Alirio Uribe afirmó que: “El gobierno
colombiano ha evadido sistemáticamente estos compromisos y se ha empeñado
en introducir al texto lenguaje regresivo que margina al Estado de su rol
de garante, a la vez que condiciona la realización de derechos humanos a
la existencia de recursos económicos”.

Durante la audiencia se llamó la atención en la necesidad de incorporar
el reconocimiento a la legitimidad de la labor de los defensores y
defensoras del ambiente y el territorio, la prevención de agresiones en su
contra, la investigación, judicialización y sanción de las violaciones
que contra ellos se cometan y las garantías necesarias para el desarrollo
de su labor incluyendo el acceso a la información y la participación.

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO