El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó este miércoles a consideración del Congreso un proyecto de ley que criminilizaría la protesta social, advirtió el Senador Camilo Romero.

El objetivo del Gobierno es reformar el artículo 353A del Código Penal para sancionar a quien “incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte…”

Ante esto se pronunció el Senador Camilo Romero, quien asegura que lo que busca el Gobierno es criminalizar la protesta social generada por las malas políticas del Gobierno Nacional.

“El Gobierno promueve leyes que perjudican a la población, que condenan a la quiebra y el hambre a millones de compatriotas, y cuando se agota la paciencia y la población campesina e indígena, por ejemplo, se toma las calles y las vías, el Gobierno reprime y engaña para levantar la protesta, no se compromete a fondo a construir soluciones a los males que ellos mismos generan”, dijo Romero.

Además resaltó que se trata de un ‘mico’ en el proyecto de ley presentado por el Ministro de Defensa.

“Ahora con una ley pretenden que no podamos protestar, quieren ilegalizar nuestro derecho a gritar que no soportamos más este tipo de gobiernos enemigos de la población.

Este es un gobierno tramposo, dice que va a solucionar los problemas y prepara las medidas para que la gente no pueda protestar. Saben que van a incumplir y buscan seguros para imponer sus medidas lesivas acallando el justo reclamo de las comunidades”, finalizó el Senador Camilo Romero.

Conoce el proyecto “por medio del cual se reforman los artículos 172 y 177 de la Constitución Política deColombia, sobre los requisitos para ser elegido en el Senado de la República y la Cámara deRepresentantes”

http://es.scribd.com/doc/165770192/PAL-reduccio%CC%81n-de-edad-ingreso-Congreso-doc

El movimiento Nueva Ciudanía recolectó durante un año en todo el territorio nacional, un total de un millón 326 mil 944 firmas.

 El senador Camilo Romero (PAD), vocero y promotor de la iniciativa a nivel nacional que buscaba la revocatoria del Congreso, hizo una entrega simbólica en el Holl del Edificio Nuevo del Congreso de las firmas recogidas en los diferentes departamentos del país. El requisito para poder hacer el referendo para la revocatoria era de un millón 600 mil firmas y el Movimiento Nueva Ciudadanía quien recorrió todo el país  logrando un millón 326 mil 944.

El propósito era que los ciudadanos mediante el mecanismo de participación, tuvieran la oportunidad de votar un referendo, para que se cambiara el artículo 3 de la Constitución colombiana y así tener el derecho de poder revocar a los congresistas que no cumplieran con sus compromisos adquiridos.

Camilo Romero, agradeció el respaldo a la iniciativa y expresó a todos los asistentes al acto de entrega "este es el inicio para la construcción de un nuevo país, le metimos la voluntad y el corazón, pero, aun así no se logró el objetivo,  hemos hecho una tarea que merece resaltar con un asterisco de satisfacción".

"En lo formal faltó, en el fondo empezamos a tener un punto de unión de una nueva ciudadanía, para derrotar la vieja política del país y que pueda presentar una nueva propuesta , sacudir la estructura de esto que llaman el lugar sagrado de la democracia y despertar la conciencia social de Colombia".

"Hacemos esto porque los congresistas no nos representan, el día que el 70 u 80% de los colombianos despierten y tomen la decisión de votar por una nueva alternativa, algo bueno pasará", sostuvo el parlamentario.

Indicó que continuaran con la tarea hasta conseguir que el pueblo pueda revocar a los congresistas. "Aquí está por terminar el ciclo de una democracia temporal, para pasar a una real, queremos una democracia participativa, que ponga por encima de todo la legitimidad, la verdad, la transparencia, esto es lo que construye una nueva ciudadanía" preciso Romero.

Al finalizar agregó, "Somos una nueva ciudadanía que se dimensiona para jugar un papel trascendente en la vida de los colombianos".

Prensa Senado

Un millón de ciudadanos respaldan el proceso

'Enfrentamos a la clase política tradicional'

El senador Camilo Romero promueve una iniciativa para incluir un artículo en la Constitución que permita revocar el Congreso.

Por: Camila Zuluaga / Especial para El Espectador

El senador Camilo Romero del Polo Democrático, asegura que por razones de tiempo ya no se podrá revocar al actual Congreso, pero sí debe quedar un artículo en la Constitución que permita hacerlo. / Camila Zuluaga

El senador Camilo Romaro, promotor de la iniciativa Revoquemos el Congreso, que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, habló con El Espectador desde su oficina completamente renovada, con cámaras y micrófonos para que cualquier ciudadano pueda ver y saber, a través de una página web, lo que allí sucede.

¿Cuánto tiempo llevan en el proyecto de revocatoria del Congreso?

Llevamos casi cinco meses y tenemos casi un millón de firmas. Ese es el último reporte. Nos quedan un poco más de dos meses para seguir recogiendo. El 11 de julio es la fecha límite.

¿Por qué esa fecha?

Son seis meses a partir de la entrega del texto del referendo. Aunque es absurdo que a la participación ciudadana se le exijan 1’600.000 firmas válidas. La gente dice: mejor no participemos. Ya habíamos entregado antes 201.000 firmas, que fueron para avalar el comité promotor de nueve colombianos, del que soy vocero.

¿Cómo fueron escogidos esos nueve colombianos?

Con lo de la reforma a la justicia, que fue la gota que rebosó la copa. Un grupo de ciudadanos salió a tumbar esta ley con un mecanismo de participación y el Congreso la aprobó; entonces yo salí a acompañar esa iniciativa, me fui a la calle a recoger firmas y recibí el mandato ciudadano. Decidimos meternos en esta dinámica y empezamos a averiguar con expertos constitucionalistas, como José Gregorio Hernández, quien fue vital en este proceso.

¿De quién es esta iniciativa?

Es una iniciativa ciudadana, no tiene nada que ver con un partido o con un color político. No estamos solos, nos acompañan la CGT, la Organización Manos Limpias, Viva la Ciudadanía, los de la marcha de los antifaces y otros movimientos.

¿Por qué se están recogiendo firmas si no existe la revocatoria del Congreso en la Constitución?

Para crear la figura en la Constitución, para agregar un artículo que la permita. Este es un referendo constitucional para agregar un nuevo artículo, para modificar la Constitución y permitir de aquí en adelante tener la posibilidad de revocar a los congresistas.

Entonces, ¿la intención no es revocar el Congreso actual, porque en términos de tiempos no les da?

No, con este Congreso no hay nada que hacer, pero este nos da la indignación suficiente, es el causante de todo. Es decir, por este Congreso nos dimos cuenta de la importancia de tener y crear un mecanismo para revocarlo, porque ya sabemos de lo que son capaces. Nadie nos garantiza que el Congreso elegido el 9 de marzo de 2014 tenga mejores condiciones que el actual.

¿Para qué eran las primeras firmas?

Para decir: “este grupo de ciudadanos respalda a estos nueve colombianos para que sean el comité promotor de la iniciativa”. Nos demoramos dos meses en esa tarea. Nos pedían 160.000 firmas válidas; entregamos 201.000 y nos validaron 191.000. Entonces la Registraduría nos dijo: “Ahora traigan el texto del referendo”.

¿Qué tan difícil fue cuadrar ese texto?

Tuvimos todos los inconvenientes. Nos demoramos más creando el texto que recogiendo las firmas. Poner de acuerdo a los constitucionalistas fue muy difícil. Todo el mundo adicionaba algo. Se planteó: ¿por qué no incluir la revocatoria del presidente de una vez? ¿Por qué no la revocatoria de diputados y concejales? Argumentos válidos, pero nosotros teníamos claro que lo fundamental era la revocatoria del Congreso. Después de tener el texto fuimos a la Registraduría; nos entregaron el formato y nos dijeron que teníamos que recoger un poco más de un 1’500.000 firmas.

¿El artículo concibe que la revocatoria sea de todo el Congreso o sólo de un congresista?

Eso está por definirse, porque la Constitución no puede definirlo todo. Después tendrá que delimitarse el mecanismo con la ley estatutaria para establecer cómo se va a hacer. Pero surgen varios interrogantes, porque lo lógico sería que el que no cumpla debería ser revocado. Pero piense en la pugnacidad de esta política menor que tenemos en Colombia, que es la del todo a mil, la política al detal en la que se juntan varios para acabar a uno. En cualquier región de Colombia intentan, con plata, revocar a alguien que estaba haciendo bien la tarea. Tenemos una idea, y es que haya una responsabilidad institucional, pero falta ver cómo se define.

¿Qué tan importantes han sido las redes sociales para esta convocatoria?

Tienen toda la importancia. En Colombia se está gestando una nueva ciudadanía que empieza a poner en aprietos reales a la clase política tradicional, que empieza a reversar decisiones de gobierno tan fuertes como la reforma a la educación superior. Es una nueva fuerza ciudadana por encima de la estrechez de los partidos.

¿Cómo se está financiando la recolección de las firmas?

Hay organizaciones ciudadanas e importantes personalidades que nos están acompañando. Creamos una página de internet que se llama www.revoquemoselcongreso.co, que logra lo más importante: el apoyo de la ciudadanía. Hoy tenemos ya 3.000 promotores voluntarios inscritos en esa página.

¿Todavía no me ha respondido de dónde sale la plata?

Las redes sociales han ayudado mucho, también hay 3.000 personas voluntarias recogiendo firmas. Hemos logrado activar un voluntariado, porque nos acompañan concejales de todas las vertientes políticas, cada uno de los cuales se encarga de una meta desde su equipo de trabajo. Desde la lógica elemental de la clase política, las firmas sólo son posibles con el dinero. Sólo hay dos criterios, chequera y calculadora, pero no para nosotros. Sin embargo, ahora vamos a lanzar una campaña de financiación en esta segunda etapa, para así poder conseguir 900.000 firmas más.

Si la reglamentación tiene que pasar por el Congreso, sabiendo que sus compañeros están en contra de la iniciativa, esta no tiene mucho futuro. ¿O sí?

No hay que ir tan lejos. Si recaudamos las firmas tenemos que llegar al Congreso. La Constitución del 91 determinó que los referendos sólo pueden ser aprobados mediante ley por el Legislativo. Si este referendo tiene que ser aprobado por el Congreso, va a llegar un momento en el que, para muchos, nos fregamos. Pero yo creo en la fuerza de la nueva ciudadanía, como le explicaba. Vamos a meternos en la Comisión Primera del Senado. Ahí será el primer debate, y yo quiero saber cómo van a responder esos senadores ante este mandato popular.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-419208-enfrentamos-clase-politica-tradicional

Así lo confirmó el senador Camilo Romero, tras indicar que la propuesta cobija aspirantes de Cámara y Senado.

En declaraciones a Voces del Senado, el congresista aseguró que se trabaja un proyecto que reduzca la edad de los aspirantes para Senado que ahora está en 30 años y para Cámara de Representantes que en la actualidad está en 25 años.

"La edad de 30 y 25 años como mínimo para llegar al Congreso se convierte en una barrera y no es coherente con nuestra realidad, frente a la nueva generación de profesionales con unas capacidades excepcionales", explicó.

"Necesitamos renovar el Congreso y eso se hace enfrentando con capacidad a la actual clase política y derrotándola en el escenario democrático", recalcó.

Al referirse a futuras reformas del Código electoral alertó que "el Gobierno no ha querido entender que el surgimiento de una nueva ciudadanía necesita espacios de representación política".

"Uno ve el ánimo de cerrarse y eso es perjudicial para la democracia y un país que quiera llamarse democrático debe ofrecer plenas garantías a los sectores independientes y alternativos para que puedan surgir, porque el unanimismo no es bueno y dejar que sigan los mismos con las mismas, sólo servirá para atentar contra la democracia", subrayó.

Romero dijo que en la nueva reforma del Código electoral su sector político va a estar atento y va a plantear bastantes propuestas. "tenemos claro que la institucionalidad debe abrir las puertas a una nueva ciudadanía", reafirmó.

"Vamos a insistir en la revocatoria de los congresistas como mecanismo de participación y estamos en la tarea de recolección de 1.6 millones de firmas para que la ciudadanía se haga sentir con aquellos que no sirven", agregó.

Prensa Senado

"Seguiremos trabajando para construir y fortalecer las redes digitales y la red de confianza para que en el futuro no las puedan regular". (Columna senador Camilo Romero - Polo Democrático).

"El pasado 17 de abril, haciendo uso de mis derechos como ciudadano, interpuse una acción pública de inconstitucionalidad a la Ley 1520 de 2012, más conocida como 'Ley Lleras 2.0', por considerar que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

Antes de ser estudiada por la Corte Constitucional, el trámite requiere el concepto del Procurador, quien lo emitió contrario a nuestra pretensión de rescatar Internet como el nuevo espacio público de la ciudadanía, que quedó en Colombia restringido por la Ley Lleras 2.0.

El Gobierno propuso la restricción, los congresistas lo acolitaron, el Procurador le da la bendición, sólo falta esperar qué dice la Corte Constitucional, para que quede en firme la decisión del poder de volver a actuar en contra de la ciudadanía.

Derechos fundamentales como el de la intimidad y la libertad de expresión, y vicios de fondo y de forma de la Ley, no son tenidos en cuenta. El vicio de utilizar la política para perjudicar a la ciudadanía se mantiene aún en Colombia, a diferencia de otros países donde se ha entendido la importancia de Internet como espacio libre, que abre las puertas a la sociedad del conocimiento, y donde se han frenado leyes similares a la que aquí se avala.

Donde se ha entendido la importancia de Internet como espacio libre, que abre las puertas a la sociedad del conocimiento, y donde se han frenado leyes similares a la que aquí se avala.

La red social que integra una nueva ciudadanía, sabe que este comportamiento de la clase política tradicional nos impulsa a seguir trabajando para construir y fortalecer no solo redes digitales, sino también la red de confianza en que el futuro no lo podrán regular".

Senador Camilo Romero presentará Proyecto de Acto Legisltaivo

Evitemos la reelección de Procurador General de la Nación

“Con la reelección del Procurador General de la Nación nuestra democracia queda en duda y la ciudadanía asume posición frente a este tipo de acciones que carecen de legitimidad. De ahí que propongamos un Proyecto de Acto Legislativo que reforme el Artículo 276 evitando que se pueda aspirar a la reelección para este cargo”, dijo el Senador Camilo Romero al explicar su iniciativa.

Medidas como la modificación del artículo 276 de la Carta Política, evitaría que un Procurador en ejercicio incurra en prácticas clientelistas que le aseguren votos en el Senado de la República o aceitando las maquinarias de las procuradurías delegadas para las regiones, u ofreciendo nuevos  nombramientos de personeros, a los carruseles de sus electores.

“Cuando está en juego una  reelección, salvo contadas excepciones en nuestro país, asistimos al desequilibrio generado por el  peso  específico de los intereses personales, el cruce de favores y las viejas prácticas clientelistas, ganándole a postulaciones que ‘tienen que’ ser más transparentes y de cara al país”, enfatizó Romero.

Finalmente, el Senador Camilo Romero, comentó: “Lo hemos dicho ya y lo reiteramos: ni la clase política ni los altos funcionarios de cualquiera de los poderes del Estado, deben actuar en beneficio propio. Asumamos el problema por la raíz y modifiquemos la Carta Política, una vez más, para quitarle poderes excesivos a la clase política tradicional, como en este caso, es la posibilidad de la reelección del Procurador”.

La Ley Lleras 2.0, aprobada y sancionada con extrema rapidez, tanto por el Congreso de la República como por el Presidente Juan Manuel Santos, es demandada ante la Corte Constitucional por el Senador Camilo Romero, por vicios de fondo que ponen en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia.

Las normas constitucionales vulneradas por la Ley 1520 de 2012 son: EL Artículo 13 sobre el derecho a la igualdad, el Artículo 15 sobre el derecho a la intimidad, el Artículo 20 sobre libertad de expresión, el, Artículo 29 sobre el debido proceso y el Artículo 158 sobre unidad de materia.

El día martes 17 de abril, el Senador Romero se presentó ante la Corte Constitucional para radicar la demanda a la Ley 1520/12, esperando que se analice con detalle los vicios de fondo que la hacen perjudicial para la sociedad colombiana.

Firmatón para demandar

En medio del Proyecto de Ley 201 por medio del cual se implementó en tiempo récord el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, fueron incluidos varios artículos que regulan el funcionamiento de Internet.

El senador Camilo Romero (Polo Democrático) hizo su intervención en la Plenaria de Senado usando una camiseta blanca en la que se leía la frase: 'Internet para tod@s - No #LeyLleras2.0' y presentó proposiciones modificatorias y eliminatorias a 11 de los 22 artículos de la ley.

"Con lo que aprobaron, pretenden regular el futuro de Internet con mentalidad del pasado. El artículo 13, por ejemplo, atenta contra la libertad de expresión y de información al prohibir cualquier tipo de retransmisión de contenido televisivo por Internet; los artículos 12 y 14 establecen prohibiciones y sanciones sin tener en cuenta el uso educativo y cultura; el 19 vulnera el derecho a la intimidad y faculta a cualquier autoridad para acceder a información personal de los supuestos infractores; el artículo 21 reduce la 'cuota de pantalla' de producciones nacionales en fines de semana y festivos del 50% al 30%, lo que va en contra de la defensa del trabajo de los colombianos y colombianas que tanto menciona el Gobierno", afirmó Romero.

Camilo Romero, ante la reiterada negativa de la mayoría de los senadores/as a rectificar las propuestas del gobierno, solicitó finalmente, que al menos se permitiera que la población en condiciones de discapacidad, pudiera traducir obras al lenguaje braille, pero ni siquiera eso fue aprobado.

Para Romero, es necesario que la sociedad colombiana reflexione en torno a las consecuencias que la aprobación de este proyecto tiene: censura a los usuarios/as de internet; vulneración de derechos fundamentales como la intimidad y la libertad de expresión; disminución de la producción de televisión nacional y precarización del trabajo de los y las artistas nacionales.

"Lo que nos queda es juntarnos en un movimiento ciudadano de nuevo tipo, sin que nos separen colores, ni banderas, ni partidos, movilizándonos por lograr buenas decisiones de los gobiernos. El sistema en Colombia está fallando y es necesario reiniciarlo. Vamos a activar el botón RESET, si no presionamos, leyes como estas se seguirán aprobando. Vargas Lleras presentó una ley nociva para los internautas, con el pretexto de proteger derechos de autor, su verdadera intención se metió de contrabando en esta nueva ley y hoy afirma que nuestras alertas son falsas y que nuestra bandera política es internet. Debe saber el Ministro que en política, cada quien escoge sus banderas y nosotros levantamos la bandera de lo público, por eso defendemos este espacio de manera permanente, porque lo entendemos como un derecho fundamental de todas y de todos", concluyó el senador Romero, al manifestar que prepara una demanda por inconstitucionalidad a la ley aprobada. Señaló que si se persiste en convertir arbitrariedades en leyes, se deslegitiman las autoridades.

Prensa senador Camilo Romero

Camuflan ‘Ley Lleras recargada’ en implementación de TLC

"La iniciativa presentada por el Gobierno y aprobada en sesión conjunta de Comisiones Segundas con el peor de los afanes, deja evidenciado que se trata de la Ley Lleras recargada", afirmó el congresista.

Mediante un comunicado, el senador Camilo Romero (Polo Democrático), advirtió que, en el Proyecto de Ley 201 de 2012, relacionado con la implementación del TLC con Estados Unidos, fue aprobado en primer debate por las Comisiones Segundas de Senado y Cámara el pasado jueves, le fueron colgados varios micos, los cuales comentó así: 

El Artículo 13 está redactado de manera que quedará prohibida toda retransmisión de señal de televisión a través de internet, de manera que si un estudiante necesita usar fragmentos de una entrevista transmitida por un noticiero de televisión, en un blog informativo, por ejemplo, estaría violando derechos de autor. No hay excepciones para la retransmisión de señal de televisión a través de internet.

En el Artículo 21, la llamada "cuota de pantalla" en relación a los contenidos nacionales en horario triple A, en fines de semana y festivos, queda reducida del 50% al 30%, lo cual afecta la producción nacional y el trabajo de múltiples actores, actrices, directores y productores del medio televisivo nacional. "Es obligación del gobierno establecer los máximos de producción nacional en vez de los mínimos, y hacer efectiva una de sus promesas de campaña, más trabajo y mejor pagado para los colombianos y colombianas", dijo Romero.

En el Artículo 19 se revive la facultad que daba la Ley Lleras a las autoridades administrativas, para que sin sentencia judicial, accedan a los datos personales de supuestos infractores de derechos de autor, vulnerando el derecho a la intimidad y al de protección de datos de cualquier ciudadano/a.

En los Artículos 14 y 8, se presentan sanciones y se refuerzan medidas de protección generales a los derechos de autor, sin contemplar las justas y debidas excepciones como en el caso de población en situación de discapacidad, entre otras.

"En el caso de la Ley Lleras y del proyecto 201, el problema sigue siendo el mismo, se trata de cómo vemos el mundo, desde el comercio de los contenidos o desde la posibilidad de compartir información de manera libre. Insisto, se trata de buscar el equilibrio entre los derechos de los usuarios y usuarias de los contenidos y los titulares de las obras", concluyó Romero.

Oficina de Prensa del Senado

El congresista es comunicador social de profesión. Siendo estudiante universitario fundó un periódico y es un gomoso de la tecnología, instrumento que utiliza para comunicar al mundo su actividad parlamentaria.

El autor de la iniciativa, que recoge propuestas de la ciudadanía, es el senador Camilo Romero.

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Arrancó un nuevo periodo legislativo y retomamos la presentación de nuestros informes semanales… Vamos.

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CARTA ABIERTA AL MINISTRO VARGAS LLERAS Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE LA LEY LLERAS 

Ref: CONFORMACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO ABIERTA A LA PARTICIPACIÓNDE TODOS Y TODAS.

“Frente a la Ley Lleras: todo por los derechos de los autor@s, pero también todo por los derechos de los usuari@s”.

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2011.

Doctores: Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y Justicia.

Roy Barreras, Senador Partido de la U, Ponente del Proyecto.

Reciban un cordial saludo.

A propósito del Proyecto de Ley 241, en favor de los derechos de autor y los derechos conexos en Internet, más conocido como “Ley Lleras”, me dirijo a Ustedes con la inquietud de la comunidad internauta que ha acudido a nosotros, para hacerles una propuesta que responde al espíritu democrático que deben tener nuestros procesos legislativos y a la legitimidad que este tipo de iniciativas en la sociedad colombiana necesitan, más aún, en los sectores específicos que se vean involucrados.

Al comprender que Internet no es sólo una herramienta tecnológica, sino que se ha constituido en una forma de vida, en un espacio determinante de la cotidianidad de los habitantes del mundo, y que a través de este medio no sólo se hacen transacciones bancarias y comerciales, o se descargan productos culturales como videos y música producidos por autores y productoras con intereses comerciales y control sobre propiedad intelectual estricto, sino que se generan procesos educativos y culturales, se crean y recrean contenidos que luego son publicados, se desarrolla gran parte de la dinámica de las relaciones interpersonales e incluso, se difunden ideales y se promueve la participación ciudadana; habiéndose constituido en un medio de expresión importante. En consecuencia, es indispensable reconocer que dicha ley debe ser replanteada a la luz de la integralidad y complejidad del uso de Internet y no puede quedar limitada al aspecto de los derechos de autor. Internet es mucho más y en él participan múltiples actores, además de los que justamente reclaman estos derechos, a quienes nosotros también respaldamos.

Con el propósito de promover una norma más amplia, universal e incluyente, que contemple la protección de los derechos de los usuarios, en términos de equidad, PROPONEMOS LA CONFORMACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO ABIERTA A LA

PARTICIPACIÓN DE TODOS Y TODAS, quienes nos sentimos convocados a aportar elementos conceptuales, de reflexión y mejoramiento a la "Ley Lleras”.

Esta mesa de trabajo, que puede ser itinerante, recorriendo varías ciudades de nuestro país, debe contemplar la participación del gobierno nacional a través del Ministro del Interior y Justicia y la Dirección Nacional de Derechos de Autor; de los expertos técnicos en Internet (uso, normativa y promoción); de los gremios de autores de distintos productos culturales y de entretenimiento; del Congreso de la República a través de l@sinteresad@s; y por supuesto, de los internautas, cuyas voces deben ser tan importantes y decisivas como las de los demás participantes.

Esta mesa, cuyas sesiones deberían ser transmitidas a través de la televisión nacional y los múltiples canales que ofrece Internet, permitiría la participación de los internautas, con el propósito de discutir de manera permanente el Proyecto de Ley 241 de 2011, “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” y permitiría acordar las modificaciones necesarias, durante su trámite en el Congreso de la República, empezando antes de que este pase a primer debate en el Senado de la República.

Con la sana intención de aportar en el reconocimiento y protección de los derechos de autor y también de l@s usuari@s de Internet (aunque debemos resaltar que los usuarios son también creadores actuales o futuros y los creadores y productores son a su vez usuarios de internet), así como de la ciudadanía en general esperamos una respuesta favorable y quedamos atent@s a dar los primeros pasos.

Atentamente,

Camilo Romero

Senador de la República

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El Senador Camilo Romero y la abogada Carolina Botero conversan acerca del reciente Foro sobre el Proyecto de Ley “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos a internet”, más conocido como Ley Lleras. Comparten algunas conclusiones que quedan luego del Foro realizado este 4 de mayo en el Senado de la República.

El foro completo se puede ver a través de nuestro canal de YouTube (CamiloRomeroTV) http://goo.gl/Al67k

Un nuevo informe semanal en el que el Senador Camilo Romero nos cuenta sobre su labor desempeñada en la última semana. Debates de control político, agenda legislativa y reuniones con diferentes sectores sociales, marcaron la actividad de los últimos días. Con este nuevo formato de presentación, se puede navegar y elegir sobre qué tema se desea ampliar la información.

Los ministros de Defensa e Interior están citados para responder por dos escándalos: la muerte de una juez en Tame, que no tenía protección del Estado, y los privilegios de militares condenados por derechos humanos en Tolemaida.

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COMUNICADO DE PRENSA 

MINISTRO DE DEFENSA Y COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL CITADOS A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO POR LAS IRREGULARIDADES EN LA CÁRCEL DE TOLEMAIDA

Para el próximo martes, el Senador Camilo Romero citó a debate de control político al Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y al Comandante del Ejército Nacional, Mayor General Alejandro Navas Ramos, para dar cuenta sobre las irregularidades denunciadas por los medios de comunicación, en relación a los privilegios que tienen los reclusos del Centro de Reclusión Militar de Tolemaida.

“Estas denuncias son muy graves, no sólo por lo que implica para la justicia en Colombia, sino por las repercusiones sobre la institución del Ejército Nacional, el que aún no ha respondido plenamente por casos como el asesinato de los tres hermanos en Tame y el asesinato de la jueza que llevaba el caso. Hay un llamado urgente a acelerar los procesos de investigación en los que los miembros de la fuerza pública están implicados, y un llamado urgente a revisar lo que está pasando en las cárceles, donde al parecer, dependiendo del estatus del preso, se aplica la pena y el procedimiento”, afirmó el Senador Camilo Romero.

El Congresista ya había citado en días pasados al Ministro de Defensa y el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, e invitado a la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, para que le expliquen a la opinión pública del país, cuál ha sido el avance de las investigaciones en el caso de los niños Torres, asesinados en Tame y el posterior homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona, responsable del proceso judicial.

El debate en el que se tocarán estos temas de manera conjunta, se realizará el próximo martes 12 de abril, en el recinto de la Comisión II del Senado, en horas de la mañana. “Esperamos que no haya cambios de agenda ni excusas por parte de ninguno de los funcionarios del gobierno citados, ya que por la gravedad de estos temas, las implicaciones para la credibilidad de las instituciones del Estado, y la confianza de la sociedad colombiana en su sistema de justicia, no es responsable ni acertado que haya dilaciones de ningún tipo”, enfatizó el Congresista citante.

Considero que el tipo de universidad que necesita el país, es una universidad que garantice el derecho a la Educación Superior para los colombianos y colombianas, con autonomía universitaria, con participación democrática de los universitarios en la definición de las políticas institucionales, la financiación estatal de las universidades estatales u oficiales, las condiciones necesarias que demanda una Educación Superior de alta calidad.

En el ámbito nacional, el bloque de constitucionalidad legitima y delimita el contenido de la educación y proclama su doble carácter como derecho fundamental y como servicio público con una función social.

La propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el gobierno presentó la semana pasada a los rectores de las universidades públicas y privadas, contiene cuatro elementos centrales: promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno.

La propuesta del gobierno a la ley 30 contiene varios vacíos o falencias:

1.     La propuesta gubernamental busca consolidar una universidad de élite y no una universidad con amplia cobertura en condiciones de mejoramiento de la calidad educativa. El eje de la propuesta consiste en ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura en detrimento de la calidad de la educación superior. Al promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas. Según lo ocurrido en el sector salud con los hospitales, la historia de los últimos 20 años demuestra que la confianza en el mercado no ha resultado la mejor opción. Por el contrario, aun en mercados más regulados como el de aseguramiento en salud, se comprueba que las reglas favorecen a los agentes dominantes y terminan generando más concentración de recursos en su patrimonio, a costa de la negación sistemática de atención a los usuarios, de las fallas de calidad y oportunidad que terminan en consecuencias intolerables e incrementa la inequidad social.

2.     Los tres millones  de jóvenes que hoy se encuentran por fuera del sistema no podrán acceder a las instituciones privadas con ánimo de lucro, las que impondrían matrículas significativamente más altas que las hoy existentes.

3.     La propuesta del gobierno no incorpora las propuestas de la comunidad educativa, ni han sido recogidas en la misma, por el contrario algunos de sus puntos contenido en la propuesta gubernamental, de ser aprobados, agravarían la situación actual de la Universidad, con la apertura absoluta al mercado de la Universidad Pública.

4.     La propuesta del gobierno considera la Educación Superior como servicio transable en el mercado y no como un derecho humano, un bien de mérito de todas y todos los colombianos.

5.     Propone la prestación del servicio de Educación Superior a cargo de instituciones privadas con ánimo de lucro, como mecanismo para solucionar las enormes falencias del sistema en cobertura y calidad.

6.     Lesiona la autonomía universitaria, va en contravía del bloque constitucional que la desarrolla en los aspectos académicos, administrativos y financieros y pretende colocar a las Universidades Estatales bajo la tutela de la rama ejecutiva del poder público.

7.     Limita el desarrollo de la participación democrática efectiva de la comunidad Universitaria, tal como lo han demandado estas comunidades y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

8.     En materia financiera no constituye la respuesta necesaria para superar el actual déficit en las universidades estatales u oficiales, está por debajo de lo plasmado en el proyecto de ley 238 Senado y 277 Cámara de 2010, y es inferior a las necesidades presentes y futuras de las universidades estatales en materia de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad.

9.     No atiende los elementos académicos, de investigación y del acervo científico y cultural acumulado por la comunidad académica universal y local, más si se tiene en cuenta que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, modifica y lesiona la asignación presupuestal a las universidades estatales. La reforma avanza a  la privatización total de la investigación de la universidad pública.

10.  No desarrolla pero si limita el Sistema Universitario Estatal SUE.

11.  Mantiene y agrava la precarización laboral de la mayoría de los profesores universitarios del país.

12.  Conduce a una involución en la reglamentación de la Educación Superior como Derecho.

Manifiesto mi disposición para participar, de manera efectiva, en el debate nacional sobre la ley que debe regular la Educación Superior en Colombia y si es del caso impulsar  un referendo sobre ella, pues lo que está en juego es el tipo de Universidad que necesita el país para las presentes y las futuras generaciones de colombianos.

Camilo Romero

Senador

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Los desarrollos legislativos de la Carta Constitucional de 1991, como ciertas especies biológicas protegidas, están en peligro de extinción.

La ley de Juventud, ley 375 de 1997, que recoge el espíritu del artículo 45 de la carta constitucional “El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”, sufre la suerte de extinción, mientras tanto las jóvenes y los jóvenes colombianos se debaten en medio de una descomunal pobreza y exclusión social, atrapados en los circuitos de violencia y en medio de una inaplicación de las normas consagradas para esta población  entre 14 y 29 años que  representa el 26,5% de la población total, esto es 12.057.373.

¿Cuánto falta en Colombia para el pleno ejercicio de la democracia? Falta mucho y más si desde ahora no tenemos en cuenta la incorporación de los nuevos ciudadanos jóvenes en un país demográficamente joven, que son mirados como un problema y no como sujetos de derechos y  como sujetos estratégicos del desarrollo.

Los esfuerzos del actual gobierno para formular una política nacional de juventud, no se ven reflejados en el Proyecto de Plan de Desarrollo. La mención tangencial de los jóvenes en uno de los acápites del Proyecto de Plan quedan diluidos en la niñez,  no hay un reconocimiento explícito de la población joven,  ni aparecen las  líneas de política, ni  un plan de inversión.

Introducir en las prácticas cotidianas de la planeación y la acción estatal el tema de  juventud y elevarlo al rango de política pública y traducirlo en una institucionalidad sólida, superando sus problemas y fortaleciendo sus potencialidades, no es una tarea sencilla, requiere de una  clara decisión política del Presidente de la República y de un trabajo sistemático de Planeación Nacional.

Sin la formulación de una política pública de juventud y su inclusión en el Plan de desarrollo, no se puede superar el cuadro crítico de los problemas que aquejan a los jóvenes.

De acuerdo con los Expertos analistas  Libardo Sarmiento y Cesar DarioGuizao, en su importante proyecto de Conpes de Juventud 2010, que fue archivado por Planeación Nacional,  el problema  más grave que afecta a la población  juvenil es la violencia.

La posibilidad de que un joven muera asesinado en Colombia es cinco veces más alta que el promedio de América Latina. En el país, 75% de las muertes de jóvenes obedece a causa violenta mientras que en la estadística total estás representan 20%. Los homicidios y suicidios son mayores entre los jóvenes que entre los adultos: 15,3% de los jóvenes colombianos ha pensado en suicidarse y 21% ha tenido una terapia psicológica; los suicidios de jóvenes están correlacionados principalmente con el desempleo la ausencia de oportunidades para su realización personal.

“El  28,8% de los jóvenes se sienten discriminados por falta de contactos o “palancas”; 18% de jóvenes colombianos considera que en el país no hay igualdad de oportunidades y por mucho esfuerzo que se haga no se puede surgir”.

Los analistas  reseñan: “Según el estudio CEPAL-OIJ (2008) en Colombia 80% de los jóvenes cree que hay que desconfiar de los demás, lo que refleja un bajo capital social.  Sólo 6% de los jóvenes colombianos participa en algún partido político y 3% en sindicatos. En cuanto a la participación de la población joven en los procesos electorales, se evidencia una reducida presencia en los mismos.  Los  datos de la votación juvenil, entre los 18 y los 26 años, en el  proceso electoral del año 2003, para alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y diputados, indican que votaron 2.860.799 jóvenes, significativamente por debajo de los aptos para sufragar, que según el DANE se estimaban en 6.420.434 jóvenes”.

Los expertos investigadores brindan cifras alarmantes:

Atender de manera integral por parte del Estado a un joven en un año  cuesta $8.000.000, un joven soldado profesional cuesta $95.000.000, sostener un joven en una cárcel cuesta $28.000.000 y un joven reinsertado le cuesta a la nación $12.000.000.

Ante esta desconcertante situación es preciso no regatear esfuerzos de política pública, esfuerzos mentales y materiales para incorporar a la juventud al desarrollo de la nación, realizando nuevas invitaciones socializadoras que rompan el círculo vicioso de la exclusión,  inequidad y brinden nuevas oportunidades y alternativas de futuro. Sin los Jóvenes la democracia no va… sin los Jóvenes el Plan de desarrollo no va.

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Con 53 votos a favor y 4 en contra, fue aprobado el Proyecto de Ley 190 de 2010 Senado y 092 de 2010 Cámara, que dicta reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos en desarrollo del Acto Legislativo 1 de 2009 que tiene como fundamento la reforma de los partidos y movimientos políticos, su democratización interna, mecanismos de financiación, transparencia en el proceso electoral y aval a los candidatos/as a distintos cargos del Estado.

La iniciativa pasa a sanción presidencial y luego pasará a manos de la Corte Constitucional que le realizará una revisión obligatoria por tratarse de una reforma constitucional. Esta norma consagra las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica, que pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas.

Así mismo, podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos/as de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus representantes legales sobre el número de precandidatos que cada partido o movimiento podrá postular; si se admite o no la participación de candidatos/as independientes, caso en el cual se señalarán las condiciones de participación y los requisitos que deben cumplir.

Señala los mecanismos que utilizarán los partidos políticos para garantizar que las actividades de campaña y la propaganda electoral se realicen dentro del límite de gastos fijados por el Consejo Nacional Electoral.

Es importante conocer que los principales cambios, con respecto a cómo era el panorama de los partidos políticos antes, son:

·      Sobre el tema de funcionamiento de colectividades políticas, en el documento sobresale la reafirmación del derecho de asociación de partidos, movimientos y grupos con fines políticos.

-       Determina que las consultas internas de los partidos deben ser realizadas el mismo día y mediante el mismo procedimiento del voto.

-       Estipula la responsabilidad política del partido con relación a las actuaciones o eventuales violaciones a la ley de los candidatos así como al quebrantamiento de normas tales como los topes de financiación de campañas.

-       Además, las colectividades son responsables por vigilar las calidades morales del candidato, lo cual, en caso de comprobarse eventuales condenas o irregularidades, le acarreará sanciones que van desde multa hasta cancelación de la personería jurídica y/o su disolución.

·      Sobre las campañas:

-       Se estipula también que las colectividades con personería jurídica, y grupos significativos de ciudadanos que promuevan el voto en blanco en las campañas para cargos o corporaciones de elección popular, podrán realizar propaganda electoral en las mismas condiciones fijadas para las demás opciones.

-       Por otro lado, se refiere al tema del voto electrónico al ratificar su obligatoriedad sin aclarar fecha límite para su aplicación, más si determina la obligatoriedad de la identificación biométrica del elector.

·      Sobre el proceso electoral:

-       Dentro de las últimas medidas establece la novedad de que las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio el mismo día de las elecciones a partir del momento del cierre del proceso de votación, es decir, 5 de la tarde, hora hasta la que irán los procesos.

-       Esto presupone una ampliación del plazo de votación de una hora después de lo estipulado gracias a la ley de voto bajo techo.

·      Sobre la doble militancia:

-       En ningún caso se permitirá a los ciudadanos/as pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos/as distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.

-       Así mismo, los candidatos/as que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a las curules al menos doce meses antes del primer día de inscripciones. El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.

·      Sobre la financiación estatal:

-       En esta materia, la iniciativa aprobada señala que el Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos, por conducto del Fondo Nacional de Financiación política: el 10% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos con personería jurídica; el 15 % se otorgará por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido el 3% o más del total de votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la última elección de Senado de la República o de Cámara de Representantes; el 40% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección del Congreso de la República y el 15% se distribuirá, por partes iguales, entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Concejos Municipales.

·      Sobre la financiación de las campañas:

-       Los candidatos/as de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos/as inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a los recursos propios de origen privado, a los créditos o aportes que provengan del patrimonio, a las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares. También a los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas, a los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento, a la financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley.

-       Así mismo, el 10 por ciento se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Asambleas Departamentales.

Este fue otro de los temas que el Senador Camilo Romero siguió con atención, haciendo observaciones positivas que realmente alimentaron el debate sobre la organización y funcionamiento de los partidos políticos.

Para analizar esta ley es necesario tener en cuenta que hay dos antecedentes mediatos, la reforma política de 2003, cuyo énfasis estuvo en el cambio de método de asignación de curules, la regulación de avales, el establecimiento de la lista única y lista cerrada y las decisiones tomadas en bancada. El segundo es la reforma política de 2009, con la que se reglamentaron las consultas populares de los partidos, se prohibió la doble militancia y las sanciones a las contravenciones, entre otras cosas.

La mayor parte de los artículos aprobados el día de hoy resultan obvios y no implican novedades sustanciales a futuro, ya que no hay coherencia entre la reforma que se pretendió con esta ley y el Código Nacional Electoral que data de 1986, el cual resulta anacrónico y debe ser actualizado con urgencia ya que es un Código que no conoce los partidos nuevos, ni las fórmulas matemáticas de repartición de curules, no conoce la papeleta, la cifra repartidora, el umbral, que prácticamente sigue diseñado para un Estado bipartidista.

El Senador Romero plantea que la discusión debe orientarse a la actualización o reformulación del Código Nacional Electoral antes que a la reforma política que cae en lugares comunes y no soluciona problemas de fondo de la dinámica electoral en Colombia.

No obstante, cabe destacar que el valor agregado de esta reforma tiene que ver con las conceptualizaciones y definiciones; plantea la diferencia de la campaña política y electoral; señala la importancia del voto en blanco y le brinda igualdad de derechos en las campañas electorales; la reglamentación del uso del voto electrónico; la ampliación del horario de las elecciones. Todo esto fundamental, a la hora de promover una educación para la participación y para la política en el pueblo colombiano.