Por iniciativa del senador citante, Luis Fernando Duque García (Partido Liberal), el director del Fondo Nacional del Ahorro, empresa nacional industrial y comercial del estado de carácter financiero, tendrá que explicar  a ésta célula legislativa, la ejecución presupuestal 2015-2016; así como también la gestión contractual publicitaria y la colocación de recursos en vivienda y en educación.

El alto funcionario está citado a la sesión que se adelantara a partir de las 10:00 a.m. este miércoles 16 de noviembre  en el recinto de la comisión en el Edificio Nuevo del Congreso.

En primer debate fue aprobado el presupuesto de regalías para el periodo 2017-2018 en 14, 5 billones de pesos. Así lo acordaron las comisiones  económicas de Senado y Cámara, en sesion conjunta.  

El Gobierno a travès del Departamento Nacional de Planeacion DNP, propuso la recuperaciòn de recursos de regalìas a los departamentos y municipios que no han hecho buen uso de estos dineros, la iniciativa se planteò mediante un articulo nuevo que al final se dejò como constancia para ser planteado en la ponencia del segundo debate.  

Según lo explicó el senador Luis Fernando Duque (P. Liberal), presidente de la Comisión Cuarta de Senado, quienes apoyan al director del DNP aseguran que es necesario dejar claro en el proyecto una ruta más expedita que evite que el DNP acuda a mecanismos coactivos que le permitan recuperar esos recursos, y que en los traslados que se hacen de los excedentes no se les descuente a aquellas regiones que sí han cumplido con la inversión de estos recursos; por esta razón el Ministerio de Hacienda se mostró renuente a apoyar la propuesta del DNP. "Lo vamos a redactar de una mejor manera, poniéndole un parágrafo donde se advierta que aquellos municipios que no tienen problemas con el manejo de regalías no se les podrá tocar sus recursos", explicó el congresista.

En lo que respecta a la discusión del proyecto, el coordinador de ponentes, el representante Jorge Camilo Abril Tarache, (partido Liberal)explicó al pleno de la sesión conjunta que de $11,7 billones, por el cual estaba trazado el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR)para el bienio 2017 – 2018, pasará a ser de $14,5 billones, es decir se incrementará en un 23% ($2,7 billones). De este total el presupuesto de inversión será de $12,07 billones y $1,84 billones será para los fondos de ahorro (estabilización y ahorro pensional territorial).

Según lo expuso el parlamentario, y de acuerdo con el pliego de modificaciones propuesto sobre el proyecto, dicho incremento se reglamenta con la inclusión de tres nuevos artículos en los que se propone la incorporación de $1.591.951.566.000 al presupuesto del SGR, recursos generados por el exceso de ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del bienio 2015 – 2016; $385.468.327.514, provenientes del desahorro de los saldos a 31 de diciembre de 2016 del FAE, y $772.100.922.623, provenientes de los rendimientos financieros que se generarán a 31 de diciembre de 2016 en la Cuenta Única del SGR.

Diferencias significativas con la propuesta inicial del Gobierno

La diferencia más representativa en cuanto a la destinación de los recursos es en el presupuesto para inversión, el cual pasó de $9,3 billones, de acuerdo a la propuesta inicial del Gobierno, a $12 billones.

Las inversiones por concepto de gastos de funcionamiento, fiscalización de yacimientos y cartografía, y sistema de monitoreo, se mantiene de acuerdo a la propuesta inicial del Gobierno, al igual que la inversión para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y Cormagdalena.

Los recursos para los fondos de ahorro también se mantuvieron en el mismo valor. Donde subieron más las partidas fue en los fondos de compensación regional, que tendrá un presupuesto de $4,6 billones, mientras que el fondo de desarrollo regional, a pesar del aumento de su partida en el presupuesto global del SGR, quedó en $3,7 billones.

Durante este primer debate la mayoría de proposiciones presentadas fueron dejadas como constancias que serán retomadas en segundo debate tanto en la Plenaria de Senado como de Cámara de Representantes.

En este primer debate del proyecto sobre presupuesto de regalías, los senadores Nohora Tovar, Carlos Felipe Mejía y Alfredo Ramos, del partido Centro Democrático, dejaron constancia de su voto negativo al proyecto por desacuerdos con varios aspectos que definieron la distribución del mismo, entre otros.

Hoy, en Comisión Segunda del Senado se aprobó en primer debate el proyecto de ley en el que la Nación se vincula a los 55 años de la Universidad del Magdalena, autoría del senador Luis Fernando Duque.
 

El objeto de esta iniciativa es exaltar el legado de la institución, su personal directivo, docentes, estudiantes, egresados y comunidad en general, para lo cual se pretende que el Gobierno nacional incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación las apropiaciones necesarias para llevar a cabo las siguientes obras: una biblioteca nueva, un edificio de bienestar universitario, un edificio de aulas –Río Magdalena-, así como un gimnasio y una piscina.
 

Este proyecto crucial para el crecimiento social, económico y cultural de la región del Magdalena, continuará su trámite legislativo en el Congreso de la República.

Bogotá D.C., mayo 6 de 2016.- La cifra récord de participación de Jefes de Estado y de Gobierno en la ceremonia de firma del Acuerdo de París para la mitigación y adaptación al cambio climático en Nueva York el pasado viernes 22 de abril es una buena noticia: el compromiso de la comunidad mundial con la lucha contra el cambio climático vuelve a quedar confirmado y recibe un nuevo impulso. La presencia de nuestro Presidente, Juan Manuel Santos, en esta cita, ha mandado un mensaje fuerte a la comunidad mundial del compromiso colombiano ante el cambio climático y refleja que la transición hacia la sostenibilidad es ya un eje central de nuestras políticas como país, como la visión del plan Colombia Sostenible demuestra.

La exitosa firma del Acuerdo de París en Nueva York es una buena oportunidad para recapitular sobre nuestros próximos retos implementando el Acuerdo mientras a la vez decidimos cómo implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados también en Nueva York en septiembre del año pasado, del Marco de Reducción de Riesgo de Desastres adoptado en Sendai (Japón) adoptado en marzo del año pasado, del Plan de Acción para la Financiación del Desarrollo adoptado en Addis Abeba (Etiopía) adoptado en septiembre del año pasado. Este solapamiento histórico de acuerdos multilaterales interdependientes brinda una oportunidad única a la comunidad internacional y a Colombia en particular para profundizar en la articulación de estrategias integrales de desarrollo para las próximas generaciones.

Por fortuna para nuestro país, la agenda de integración estrecha de estrategias y objetivos sectoriales de desarrollo en un todo coherente no es nueva en Colombia. En este sentido, nuestros Planes Nacionales de Desarrollo son un ejemplo de buena gobernanza, ya que su preparación obliga al Gobierno y los partidos políticos colombianos a pensar y repensar de manera sistémica, al menos una vez cada cuatro años, qué queremos alcanzar como país y cómo vamos a lograrlo.

Sin embargo, ni la coherencia conceptual del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ni el renovado impulso a la coherencia y convergencia de las políticas públicas brindado por el solapamiento histórica de acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible en 2015 serán de por sí suficientes para garantizar nuestro progreso como país por la senda del desarrollo sostenible si los legisladores no defendemos y fortalecemos la coherencia y convergencia de las políticas públicas colombianas en nuestro quehacer parlamentario.

Por otra parte, nuestra realidad económica exige más que nunca un esfuerzo de racionalización de nuestros recursos a través de estrategias integradas capaces de avanzar a la vez nuestros objetivos de desarrollo humano, social y económico, de manejo sostenible de nuestros recursos naturales y de protección de nuestro clima.

Por esta razón el Congreso de la República se halla ante un reto crítico para anclar definitivamente el progreso hacia los nuevos objetivos nacionales y globales con su actividad legisladora, presupuestaria y de control político.

El diseño del plan Colombia Sostenible representa una oportunidad excepcional para avanzar un ejercicio de integración multisectorial de políticas públicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La implementación del Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres durante los próximos 15 años requiere un esfuerzo redoblado de los legisladores colombianos en el avance de esta agenda crucial, y nos exigirá cooperar con las administraciones locales, el sector privado y la sociedad civil para formular leyes y marcos que fortalezcan la gobernanza del riesgo de desastres, estimulen la inversión sostenible pública y privada en resiliencia, y doten a nuestras agencias responsables de todas las herramientas para fortalecer su preparación para mejorar la efectividad de nuestra respuesta a los desastres.

La Agenda de Acción de Addis Abeba ha sentado una base sólida para la reforma de las prácticas financieras globales y la generación de flujos inversores hacia nuestro país. Es evidente que la implementación de los acuerdos de 2015, ya sea en desarrollo sostenible o en cambio climático, dependerá de la disponibilidad de financiación adecuada. Dado que esta Agenda cubre todas las fuentes de financiación y la cooperación en un amplio abanico de sectores, Colombia estará preparada para colaborar con nuestros socios internacionales en la lucha contra la corrupción y en pos de una mayor igualdad de oportunidades en nuestro país.

Los legisladores miembros de GLOBE Colombia somos a la vez miembros de la red mundial de legisladores de GLOBE International, que ha abanderado la movilización política en apoyo de un enfoque coherente y convergente a los acuerdos multilaterals de 2015, con el apoyo institucional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Estamos trabajando junto a nuestros colegas legisladores de otros países para garantizar que estas agendas paralelas queden integradas de manera efectiva a nivel nacional. Como legisladores, tenemos el reto de tender puentes entre estas agendas internacionales para traducirlas en políticas colombianas coherentes, pero necesitaremos el apoyo y la complicidad del gobierno, las comunidades locales, la sociedad civil, los expertos, el sector privado y otros actores clave.

Bogotá D.C., octubre 6 de 2015.- El miércoles 23 de septiembre de 2015 fue un día histórico para nuestro País. En La Habana, Cuba, el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, se dieron la mano y dijeron al país "la paz está cerca".

Los acuerdos que se anunciaron el miércoles por la tarde y que fueron recibidos con gran optimismo tanto por la comunidad internacional como a nivel nacional; se refieren a la jurisdicción especial aplicable para decidir sobre los crímenes cometidos durante el conflicto; más específicamente a la creación de un Tribunal para la Paz y Salas de Justicia, integrados por magistrados colombianos y una minoría de especialistas extranjeros. Dentro del marco del modelo de justicia transicional y restaurativa, reconocido como válido por la ONU.

Lo anterior, implica que delitos como los de lesa humanidad, genocidio, secuestro u otras privaciones de la libertad, tortura, desplazamiento y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, serán sin lugar a dudas objeto de penas. Para quienes los reconozcan, dichos delitos tendrán condenas con un mínimo cumplimiento de 5 años y un máximo de 8.

Es importante anotar que la condición necesaria para acogerse a las penas alternativas, es que el beneficiario se comprometa a contar la verdad, reparar y a no repetir sus acciones; así mismo, contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Por otro lado, aquellas personas que no reconozcan su responsabilidad por tales delitos, podrán enfrentarse a penas ordinarias de hasta 20 años de cárcel en caso que resulten culpables.

Ahora bien, uno de los puntos más esperanzadores que se dieron a conocer este miércoles, es la probabilidad de que a más tardar en marzo de 2016 se firme el Acuerdo Final del Proceso de Paz. De igual forma, se mencionó que para que las FARC-EP puedan acogerse y participar en el sistema integral de la Jurisdicción Especial para la Paz, deberán entregar las armas en un plazo máximo de 60 días después de la firma del Acuerdo Final.

Finalmente, hay un tema en particular sobre el que todos estamos de acuerdo, después de 50 años de conflicto y más de un intento a la paz por diferentes métodos nadie está dispuesto a continuar esta guerra como la conocemos; aunque todos tengamos puntos de vista diferentes sobre como quisiéramos que este conflicto llegara a su fin no podemos olvidar que la paz es un derecho y un deber fundamental. Y para llegar a ella se necesita no solo de todos los negociadores de la Habana, sino también de todos los colombianos que finalmente serán los que refrendaremos todos los acuerdos, la paz está en manos de todos.