Hablar de regiones no es nuevo. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, varios ponentes defendieron el reconocimiento constitucional de las regiones dado que eran un anhelo y realidad nacional. Sin embargo, Colombia no logra descentralizarse, acabar con la monarquía presidencial que nos caracteriza y definirse por un modelo de ordenamiento territorial que le otorgue a las regiones la capacidad de planear y definir su destino con instituciones fuertes y presupuesto.

Aunque se propuso que las regiones tuvieran órganos legislativos propios y no solo administrativos, esto no quedó plasmado en la nueva Constitución. El gran avance fue que nuestra carta magna, le dio facultades a los departamentos para que se constituyan en Regiones Administrativas de Planeación Administrativa (RAP) y las facultó para que se convirtieran en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP y RET son el vehículo para consolidar alianzas regionales que permitan generar sinergias y formular macro proyectos de alto impacto social y económico.

A pesar de la viabilidad que le dio el marco constitucional, el proceso de conversión de las RAP y las RET estuvo frenado durante mucho tiempo, porque la Ley Orgánica que la reglamentó fue expedida 20 años después de promulgada la Constitución. Sin embargo, cuando se expidió, el legislador omitió otorgarles viabilidad financiera sin que estos nuevos esquemas de asociación territorial pudieran participar del Presupuesto General de la Nación o de cualquier otra forma de financiación por parte del Estado.

Esa situación ha limitado y desincentivado la asociatividad en el territorio, pues su presupuesto se limita a lo que aporten los departamentos que opten por integrarse como región. Es evidente entonces, que a pesar de que en nuestro país se consagran diferentes maneras de descentralización, hacen falta incentivos para promoverlas. 

El Congreso de la República, consciente de esta realidad, se ha unido para avanzar en una propuesta legislativa que permita ampliar los recursos de inversión de las RAP e incluir aportes de recursos provenientes del crédito público y posibilidades de cofinanciación dentro del Presupuesto General de la Nación.  Promover las RAP y las RET, se convierte así en una manera de incentivar también el desarrollo regional que muchas veces está contaminado por una alta concentración de las decisiones de interés general en pocas manos.

Además, los mecanismos de participación ciudadana son ineficientes, situación que aprovechan algunos mandatarios corruptos con intereses particulares que priman sobre su función pública. Todas esas razones validan esta iniciativa legislativa que espera promover la descentralización y garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a través de veedurías ciudadanas y el acompañamiento y vigilancia de todos los organismos de control. Sin descentralización real, Colombia no tendrá paz.

La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano lanzó el proyecto La guerra va a la escuela, que muestra el terrible impacto del conflicto armado en la educación colombiana. Es ineludible preguntarse entonces, como evitar que esto nos vuelva a pasar. Y una de las respuestas posibles es, asegurar la continuidad de los esfuerzos y las políticas sociales, fortalecer la institucionalidad y empoderar a las comunidades. Con ese norte en la mira, culminamos esta semana legislativa.

Por un lado, buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de la República de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Efectivamente, el pasado 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tuvimos la oportunidad de visibilizar el ejercicio de monitoreo a la gestión pública, que hacen las más de 1.100 mesas municipales, 33 departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas frente al Gobierno y al propio Congreso.

Durante el 2016 y el 2017, procuramos esta tarea a través de 7 foros regionales descentralizados que contaron con la presencia de más de 3.000 asistentes, en los territorios del Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. Esperamos que esta institucionalidad que hoy funciona, continúe y garantice su labor de control a la implementación de la ley 1448 de 2011. Se trata de permitir que las próximas decisiones sobre el futuro de la paz en Colombia, se tomen con base en informes y estudios sobre la realidad del país y no simplemente en opiniones o llamadas telefónicas ajenas a lo que pasa con las víctimas.

En la misma línea de fortalecer la institucionalidad, esta semana logramos aprobar en último debate, el proyecto de ley que permitirá la sostenibilidad fiscal y económica de un emblemático centro de educación que cumple 90 años. Al declarar Patrimonio Pedagógico de la Nación, escuela laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional al Instituto Pedagógico Nacional, el Gobierno puede ofrecer una educación accesible para la mayor parte de los colombianos; una reivindicación de la educación pública de calidad. Le ruego a Dios, para que nos ayude a sacar adelante a Colombia y a los colombianos, para que entendamos que la mejor manera de salir de la guerra y de la violencia, es empezar por las víctimas y sanar esa gran cicatriz que la guerra le ha dejado a nuestra educación.La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano lanzó el proyecto La guerra va a la escuela, que muestra el terrible impacto del conflicto armado en la educación colombiana. Es ineludible preguntarse entonces, como evitar que esto nos vuelva a pasar. Y una de las respuestas posibles es, asegurar la continuidad de los esfuerzos y las políticas sociales, fortalecer la institucionalidad y empoderar a las comunidades. Con ese norte en la mira, culminamos esta semana legislativa.

Por un lado, buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de la República de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Efectivamente, el pasado 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tuvimos la oportunidad de visibilizar el ejercicio de monitoreo a la gestión pública, que hacen las más de 1.100 mesas municipales, 33 departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas frente al Gobierno y al propio Congreso.

Durante el 2016 y el 2017, procuramos esta tarea a través de 7 foros regionales descentralizados que contaron con la presencia de más de 3.000 asistentes, en los territorios del Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. Esperamos que esta institucionalidad que hoy funciona, continúe y garantice su labor de control a la implementación de la ley 1448 de 2011. Se trata de permitir que las próximas decisiones sobre el futuro de la paz en Colombia, se tomen con base en informes y estudios sobre la realidad del país y no simplemente en opiniones o llamadas telefónicas ajenas a lo que pasa con las víctimas.

En la misma línea de fortalecer la institucionalidad, esta semana logramos aprobar en último debate, el proyecto de ley que permitirá la sostenibilidad fiscal y económica de un emblemático centro de educación que cumple 90 años. Al declarar Patrimonio Pedagógico de la Nación, escuela laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional al Instituto Pedagógico Nacional, el Gobierno puede ofrecer una educación accesible para la mayor parte de los colombianos; una reivindicación de la educación pública de calidad. Le ruego a Dios, para que nos ayude a sacar adelante a Colombia y a los colombianos, para que entendamos que la mejor manera de salir de la guerra y de la violencia, es empezar por las víctimas y sanar esa gran cicatriz que la guerra le ha dejado a nuestra educación.

El Congreso de la República inició el debate de la ley de Primera Empresa. Esta iniciativa es una apuesta al emprendimiento como sector estratégico de la economía, que apunta hacia la innovación y la apertura a nuevos mercados. 

Esto a pesar del contexto que impone el modelo económico vigente en Colombia, lleno de posiciones dominantes, donde priman sectores que bloquean la libre competencia, que cierran la puerta a la innovación y frustran las iniciativas empresariales de miles de colombianos que todos los días se atreven a emprender. 

Cuando nace una idea de negocio, los nuevos empresarios chocan con barreras culturales propias de nuestra mentalidad latina, complicadas de superar porque son cortoplacistas, buscan resultados de la noche a la mañana y no premian el esfuerzo sino el triunfo. Cuando un emprendedor se enfrenta al fracaso propio de estas iniciativas, debe lidiar con un imaginario colectivo discriminatorio que lo castiga en lugar de reconocerlo como experiencia y una lección aprendida.  

No obstante, en otras latitudes el fracaso, más que descalificar al individuo, es visto como una fortaleza, un indicador de que algo no estuvo bien, un mensaje de que lo que hicimos no funcionó y debemos modificar el método para alcanzar los objetivos propuestos. En resumen, el fracaso es visto como una ganancia personal para el emprendedor porque de él, saca lecciones aprendidas y valor agregado para el siguiente proyecto. 

La iniciativa de ley que radicamos, define positivamente el fracaso y busca facilitarle a los emprendedores transitar por el “valle de la muerte”; es decir, atravesar ese periodo en el que de cada diez emprendimientos ocho fracasan, entre otras cosas, porque no acceden a créditos, o a condiciones mínimas para consolidar su proyecto emprendedor. 

En concreto con la ley de primera empresa, esperamos tres resultados: En primer lugar, consolidar un cambio de mentalidad en el sector financiero, para facilitar el acceso a créditos y a la financiación de nuevos proyectos. Esto es, promover entre las entidades del sector bancario, el diseño de políticas y metodologías de evaluación de riesgo crediticio, dirigidas a incluir a empresas en etapas tempranas en sus portafolios de servicios. 

En segundo lugar, buscamos abrirle la puerta a los emprendedores para que participen en la contratación pública en Colombia, aún monopolizada por posiciones dominantes. 

Finalmente, esta ley busca minimizar los excesivos trámites a los que se enfrentan los emprendedores en el país; como el tiempo de largas filas y las entrevistas con funcionarios públicos que se requieren para obtener los permisos legales; por servicios de virtualización. En ultimas, queremos promover el e-gobierno, porque creemos que la transformación digital debe ser el reto del próximo mandatario del país.

Este fin de semana se llevará a cabo la consulta liberal o el funeral de la vocación de poder del Partido más importante en la historia de Colombia. Los electores no van a elegir este domingo un candidato sino un negociador que buscará el acomodamiento de una de las facciones en que se divide hoy el Partido. 

El Partido que dice ser el campeón de la paz hace una consulta en el marco de una grave violación del derecho al voto. La restricción presupuestal le impidió a campesinos, indígenas, comunidades negras y habitantes de áreas rurales, la posibilidad de ejercer este derecho.  El voto ha sido un logro de los movimientos ciudadanos de mujeres, de minorías étnicas y culturales que han logrado convertirlo en un derecho universal. El sufragio no es un privilegio de un estamento social o lugar geográfico. La importancia del voto en Colombia es su universalidad, es un mecanismo mediante el cual los individuos inciden en el poder político, para ejercerlo o controlarlo.

La participación electoral constituye una parte fundamental del ejercicio de la ciudadanía. Para ejercerlo, es indispensable tener a disposición la infraestructura y la logística necesaria para que toda la ciudadanía pueda votar en los lugares designados, razonablemente cercanos a los lugares donde vive, en condiciones de seguridad y con la suficiente información que se requiere para ello.

Si el Estado no dispone la infraestructura, si la logística es deficiente, o si los ciudadanos no tienen mesas de votación cercanas a sus moradas, los individuos no pueden ejercer su derecho como ciudadanos. La gran perdedora es la democracia y un ejercicio legítimo termina desfigurado, restringido y distorsionado, una farsa, un engaño para beneficio de las maquinarias.

Pese a lo anterior, la Registraduría y el director del Partido Liberal desconociendo la universalidad del derecho al voto, decidieron seguir adelante con este ejercicio estéril. El acuerdo entre el Registrador y el Dr. Gaviria es para una pseudo-consulta, únicamente en las cabeceras municipales, eliminando herramientas electorales como la biometría, el aplicativo de información a los votantes y el pre conteo.

Solo por hablar de la gravedad de eliminar algunas de ellas, quiero mencionar que al dejar de poner en práctica medidas biométricas, no se garantiza la seguridad del derecho al voto. Medidas cuyo espíritu es asegurar que el voto de cada persona cuente efectivamente e impedir, por ejemplo, que se utilicen cédulas de personas fallecidas para votar, o que una misma persona vote más de una vez.

Los derechos de los liberales como ciudadanos – y los de los colombianos en general que hacen parte del censo electoral – no pueden quedar supeditados a la disciplina interna de un partido o a acuerdos entre élites políticas. La consulta liberal que se aproxima es una disputa de egos entre maquinarias, un mecanismo democrático hoy desfigurado y desprestigiado que ha sido legítimo y por el que incluso grandes héroes entregaron su vida. No solo un engaño y una farsa sino una traición a la memoria de nuestros ancestros liberales.

La participación política de sancionados por la JEP, es uno de los puntos más delicados del proyecto de justicia transicional que se debate en el Congreso de la República. Yo mantengo con coherencia, la posición que he sostenido desde la firma de los acuerdos: los candidatos a cargos de elección popular que hubieren sido acreditados por el Gobierno Nacional como miembros de las FARC-EP, y que sean sujetos de la Justicia Transicional, deberán aportar verdad plena ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición antes de ejercer el cargo para el que fueron elegidos. Para cambiar las armas por las palabras, lo primero que tenemos que hacer es encararnos, decirnos la verdad y oírnos.

Creo firmemente que de todas las instituciones creadas en el acuerdo de paz, la más importante es la  Comisión de la Verdad, porque es la herramienta que ayudará a entender qué pasó durante la violencia política en el país, y a evitar su repetición.

Por esa razón, ahora que nos vemos enfrentados a la posibilidad que excombatientes participen en política sin haber comparecido ante la justicia, debemos ser firmes en exigir que, antes de ocupar una curul en el Congreso, se comprometan a contar toda la verdad.

Tener un  compromiso ético con la verdad, no significa imponer obligaciones adicionales a las acordadas con los guerrilleros en la mesa de La Habana. Se trata de que las dos partes del conflicto escuchen las diversas versiones de lo ocurrido en el país y se comprometan a garantizar la solución de los problemas estructurales que la provocaron.

Cada parte tiene su historia, los motivos de cada quien son legítimos y todos los sectores están dispuestos a escuchar a las víctimas. No podemos seguir dilatando la construcción de una narrativa que satisfaga la sed de verdad que tiene la sociedad, especialmente las víctimas.

No olvidemos que el paso definitivo para la reconciliación es el conocimiento de lo ocurrido, eso es la Comisión de la Verdad. No se trata de una verdad judicial, para condenar o absolver a los responsables de esos hechos; se trata de una verdad que permitirá comprender lo sucedido, una verdad que aunque no exija perdón; podrá generar nuevas condiciones para la reconciliación. Desde el Congreso, seguiremos apoyando el liderazgo de las víctimas en la implementación del acuerdo de paz y en la construcción de los escenarios de posacuerdo.

Antes de tomar el avión que lo trajo a Bogotá, el Papa Francisco envió su primer mensaje a los colombianos. Dijo que muchos de nosotros seguramente nos preguntamos qué pretende él con este viaje. Frente a esa pregunta, sostuvo que quiere encontrarse con Colombia para compartir una verdad profunda: sin importar nuestros méritos, fuimos creados para amar. Por eso, una de las aspiraciones más profundas de los seres humanos es entregarse a los demás.

Esta no es la primera vez que recibimos a un Sumo Pontífice, pero el mensaje de ahora es diferente a los de visitas anteriores. Fue en 1968, cuando por primera vez el Vaticano envió al máximo jerarca de la iglesia católica a Latinoamérica. En esa oportunidad el Papa Pablo VI ofreció una misa en lo que hoy es el parque Simón Bolívar, y envió un saludo a la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.

En aquella conferencia la iglesia afirmó la opción por los pobres, sembrando la semilla de la teología de la liberación. Su mensaje fue claro al afirmar que ciertas grandes crisis de la historia podrían haberse evitado si se asumieran las reformas que la gente pide con desesperación y termina obteniendo a través de revoluciones violentas.

Varios años después, en 1986, nos visitó el Papa Juan Pablo II luego de dos grandes tragedias en nuestro país: la avalancha de Armero y la toma del Palacio de Justicia. El mensaje de Karol Voytiwa reivindicó la necesidad de hacer frente a obstáculos como las crisis económicas y a promover un desarrollo integral del ser humano.

Ahora viene a nuestro país Francisco, Jorge Mario Bergaglio, primer Papa latinoamericano. Un hombre sencillo y austero que evitó el lujo del palacio Vaticano para ocupar una sencilla habitación en la casa de huéspedes Santa Martha. Un verdadero Pastor que habla de misericordia cuando el mundo exige justicia, y que prefiere ser llamado Francisco, como un hombre común, y no “su santidad”.

Aún así, el mensaje de este hombre es contundente: el amor ha sido sembrado en nuestros corazones y el amor como toda semilla tiende a crecer. Sin embargo, a menudo esto no ocurre. El egoísmo, el orgullo y la desesperanza marchitan el amor. Un amor que requiere voluntad constante, decisión, pues no es una emoción pasajera.  Esperamos que esta visita, nos permita atrevernos a "dar el primer paso" para ser personas de paz, para no quedarnos esperando a que los demás den ese primer paso y vivir en armonía. En Colombia, el corazón se nos ha endurecido, la guerra y la violencia cotidiana han sembrado frustración y resentimiento. Esperamos que la bendición del Papa sobre nuestra tierra, nos permita decidir vivir en paz.

En está agitada época en que empiezan a moverse las campañas electorales a la Presidencia de la Republica, me ha sorprendido observar la gran cantidad de precandidatos con deseos y posibilidades de llegar a la Casa de Nariño en 2018. Tantos, que puede resultar incluso confuso para la prensa que organiza foros de pre candidatos por todo el país, saber a quién invitar a debatir con quien. 

Por ello, muchas veces escogen invitar al Dr. Humberto De la Calle o a mi, como si representáramos lo mismo. Y no.

Lo único que tenemos en común es que pertenecemos a las filas del Partido Liberal, pero ni siquiera eso pareciera estar uniéndonos: el Dr. De La Calle ni siquiera ha definido si será precandidato del partido o si irá respaldado por un movimiento de recolección de firmas. Yo por el contrario, he dicho con claridad que iré como PRE candidato oficial del Partido Liberal a una consulta popular abierta que deberá escoger al candidato único de centro en los próximos comicios de marzo 2018. 

Como si lo anterior fuera poco, yo además represento la renovación política del liberalismo; yo no he sido parte ni de este ni de anteriores gobiernos. Todas mis ideas y mis propuestas están enfocadas en renovar las viejas prácticas políticas del país.

Yo construiré desde el Gobierno, de tener el honor de llegar a la Presidencia, un país de oportunidades para todos los colombianos a partir del post conflicto: es decir, para mí el acuerdo de paz no es el punto de llegada sino el punto de partida para un país más justo y equitativo. 

Respeto profundamente al Dr. Humberto De la Calle y sus aportes históricos al proceso de paz y a nuestra Colombia; pero en esta contienda electoral ni somos lo mismo, ni representamos lo mismo

n el marco del 2do. Congreso Empresarial Colombiano – CEC, organizado por la ANDI pude plantear a 1.500 empresarios mis ideas para reactivar la economía del país. Existen dos caminos para hacerlo: el primero, seguir por donde vamos, medidas coyunturales para apagar incendios y resolver el problema del momento resultado de la dependencia en materias primas, la tasa de cambio y la economía extractiva.

El otro camino es buscar un cambio estructural, una política de desarrollo empresarial con un proceso que le apueste a la productividad. La productividad nos va a garantizar la sostenibilidad de un crecimiento de más del 5% para reducir la inequidad y que generar oportunidades para todos.

Para garantizar el crecimiento es necesario que todos los jugadores tengan las misma reglas de juego y no un campo desnivelado como el que tenemos hoy.  En otras palabras, hay empresarios que al oír el silbato, comienzan su carrera en la línea de partida, otros arrancan 50 metros adelante, otros desde 5 metros atrás y la gran mayoría, ni siquiera puede participar.  

Lo  que haré como Presidente de Colombia es generar una economía donde todos participen y arranquen desde la línea de partida, que todos tengan las mismas garantías en la carrera y todos, además,  tengan las mismas oportunidades de ganar. El Estado con su modelo profundamente clientelista escoge los ganadores y los perdedores de la economía, define a quien le pone obstáculos y trabas para competir. El clientelismo nos cuesta entre el 3 y 5% del PIB cada año, recursos perdidos para lograr que la economía crezca de manera sostenida y sosteniblemente.  

Para lograrlo, tendremos en primer lugar que bajarles los impuestos a las empresas micro, pequeñas y medianas y estimularlas a ser más productivas, a innovar y a exportar para insertar nuestra oferta exportadora en las cadenas de valor.  Segundo, eliminar las exenciones ineficientes que nos cuestan a los colombianos 30 billones de pesos y que podríamos estar invirtiendo en estimular a estas empresas que representan el 99% del total de empresas del país.

Mi apuesta es por la productividad y reversar así las estadísticas de decrecimiento del 0.53 que hemos padecido los últimos 4 gobiernos en esta materia. En el País de las Oportunidades que lideraré, voy a buscar un modelo orientado a la productividad, la innovación, la exportación y la movilidad social en la economía. Ya es hora de cambiar.

Hoy quiero hablar de nuevo sobre los emprendimientos en Colombia y las dificultades que frustran a un sector que debe ser estratégico en nuestra economía. Esta es la apuesta para que Colombia crezca a más del 5%. Los mayores obstáculos que encuentran jóvenes y nuevos emprendedores, son barreras de financiamiento y tramitomanía para lograr su formalización.  

Elsa María Bueno, una de las mujeres que le apuesta a sacar adelante su empresa en Bogotá, me ha dicho que le falta respaldo, financiación y apoyo en todas las etapas por las que ha transitado con su emprendimiento. Por emprendedores como Elsa María, le apuesto a una nueva visión de este sector, que logre aumentar los mecanismos de financiación de proyectos disponibles.

Es notorio que las entidades que existen en Colombia como iNNpulsa y el Fondo Emprender, no cuentan con un presupuesto suficiente para cubrir la totalidad de las iniciativas existentes. Las políticas de crédito del sistema bancario no evalúan sus solicitudes de acuerdo con el potencial del negocio propuesto. La cultura del sector financiero solo tiene en cuenta la capacidad de pago real de emprendedores nacientes y sus garantías.

Es necesario simplificar los trámites, acabar con filas inútiles y superar la cultura del sello y la autenticación si queremos que todos los negocios que despegan, por fuera del radar del Estado colombiano, se formalicen y consoliden con ayuda pública y estructuras empresariales solidas en el marco de las leyes actuales.

Voy a promover una nueva cultura alrededor de los emprendedores y su papel en la economía colombiana. Para lograr ese propósito, el sistema educativo será mi principal arma. La educación tradicional, autoritaria, rígida, impertinente y convencional, se ha convertido en el principal verdugo para la creatividad. Innovación es la nueva clave en la formación de valor para la economía colombiana.

Un proceso que de la mano de nuevos actores en el sector real, alce su voz para decir qué necesita el mercado laboral desde la formación técnica y tecnológica. Promoveré en Colombia una integración entre el sector empresarial, el Estado y la academia para desarrollar el talento emprendedor de la gente. El emprendimiento es el camino más rápido y sostenible hacia el desarrollo. En el país de las oportunidades, ¡Todos podrán emprender!  Los invito para que me acompañen con sus ideas y participación. Vamos a construir juntos una iniciativa legislativa que resuelva los retos del emprendimiento para hacer de Colombia el país de las oportunidades.

Llegó la hora del examen para los que están a punto de graduarse. El ICFES acaba de anunciar que el próximo mes de agosto se llevara a cabo la prueba Saber 11. Es un examen que no solo selecciona los estudiantes que pueden ingresar a la educación superior, sino que evalúa la calidad de la formación de los colegios en el país.

Los números nos muestran bajas tasas de cobertura neta en educación media, pobres resultados educativos de instituciones oficiales, ausencia de bilingüismo, amplias brechas económicas y sociales en las regiones, y un especial déficit de educación en las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas.

La crisis es aún mayor: se trata de la insatisfacción de los jóvenes con la educación recibida, que es en buena parte, la razón por la que muchos de ellos abandonan el sistema educativo. La educación media en Colombia, necesita que decididamente nos comprometamos a que aprendan lo que necesitan aprender.

Para esto, es necesario que la sociedad, la familia y el Gobierno Nacional, fortalezcan su relación con los docentes, que las entidades públicas en todos los niveles, trabajen de manera coordinada con los establecimientos educativos para mejorar su gestión y superar el caos administrativo actual. Pero sobre todo, que exista un activo involucramiento del sector real con el sistema educativo.

Expertos afirman que la población egresada de la educación media, entra al mundo laboral y generalmente se ocupa en oficios de baja calificación y baja remuneración. Esa es una tendencia que debemos reversar y así vincular las necesidades del sector productivo con la formación de capital humano en el país.

La nueva arquitectura de la educación, debe plantear una renovada comprensión del sentido y el propósito de la media, de los actores que participan en la definición de los contenidos de formación, y de los perfiles docentes. La educación media hoy en el mundo, asume la tarea de preparar a los jóvenes para la realización de sus proyectos de vida productiva. Por esa razón, debe desarrollar no solamente competencias cognitivas y habilidades para los oficios, sino también fortalezas socio afectivas y actitudes asertivas.

Otra función de la educación media es permitir a los jóvenes relacionarse sanamente con sus pares, explorar sus intereses, descubrir su vocación, sus talentos y desarrollar un pensamiento crítico. Estoy seguro de que estas 3 propuestas en materia de educación, permitirán a muchos jóvenes que hoy no llegan a la media, hacerlo sin desertar y encontrar pertinencia frente a la demanda en habilidades y destrezas que reclama el mundo empresarial. Finalmente pero no menos importante, propongo una política que valorice socialmente en Colombia la educación técnica y tecnológica, donde están hoy las oportunidades reales de empleo.

La pasada cumbre de la Alianza del Pacifico, concentró en Cali, no solo a dignatarios públicos sino académicos y empresarios, interesados en este nuevo proceso de integración. Muchos de ellos, imaginaban su plan de vida a partir de las oportunidades que pudieran salir de esta alianza, otros llevaban nuevas ilusiones de expansión comercial y algunos, también traían frustraciones al conocer a fondo, las dificultades del emprendimiento en Colombia. 

Estos sentimientos y pensamientos encontrados son un llamado de atención. La nueva Alianza, no puede verse meramente como una plataforma de integración entre países, sino como una verdadera oportunidad de asociación que nos permita lograr un desarrollo sostenible en la actual coyuntura que nos impone el posconflicto.  Para eso, este tipo de alianzas deben partir de la identificación real de fortalezas y debilidades internas con el fin de que el libre comercio y la integración regional, promuevan un crecimiento sostenido e inclusivo.

En esta misma línea, es fundamental mantener canales de comunicación abiertos con empresarios líderes de la región que generen oportunidades para las empresas de todos los tamaños, sobre todo, para las MIPYMES que representan el 99% de las empresas en Colombia.

Dicho de otra manera y de forma concreta, es necesario que esfuerzos como los de la Alianza del Pacifico, se traduzcan, por ejemplo, en el establecimiento de un fondo común para financiar MIPYMES o en acuerdos de intercambio de conocimiento y personal dirigidos a mejorar la productividad de estas empresas, o en reducciones a barreras del comercio intra-regional (aranceles, tramites).

Mejor aún, es necesario que, desde el más alto nivel, se tomen decisiones dirigidas a apoyar la creación de centros de información y clúster comunes entre países para resolver problemas de coordinación y generar cadenas de valor regionales de MIPYMES. De esa manera, se puede incrementar el comercio entre sus miembros y con el mundo.

En Colombia hemos tenido buena voluntad para apoyar a nuevas empresas, sin embargo, no contamos con resultados efectivos en esta materia: muy pocas logran crecer, volverse productivas y exportar.

Por eso, los acuerdos multilaterales no pueden seguir quedándose en el aire, o en una buena foto para darle a los medios de comunicación. es necesario promover soluciones concretas como abaratar costos para pequeñas empresas, mejorar capacidades de nuevos emprendedores, proveer bienes públicos y reducir tiempos y trámites para verdaderamente facilitar el comercio en la región. No dejemos que esta nueva alianza, se convierta en “un canto a la bandera”.

Juan Manuel Galán | Senador Partido Liberal

Tumaco y su gente nos deberían doler a todos los Colombianos. Estamos hablando del segundo puerto más importante del Pacífico y,  ¡qué rabia! Una ciudad sitiada entre la pobreza y los criminales que se lucran del narcotráfico. Hace unos días aterricé en la llamada Perla del Pacífico, para conocer de primera mano los desafíos a los que nos enfrentamos si queremos rescatar este territorio y a su comunidad. Me encontré con un municipio con cifras dramáticas, no solo de cultivos ilícitos, sino de cocaína exportada hacia Ecuador, Centro América y México; cifras que superan las 300 toneladas de cocaína al año, en manos del cartel del golfo, disidencias de las Farc, ELN, bandas criminales. Todos en guerra por el control de la economía narcotraficante y la minería ilegal. 

Alrededor de esta preciosa bahía, existen aproximadamente 10 estructuras armadas, entre las que se encuentra la llamada Gente del Orden, un grupo denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia y por supuesto, hombres del ELN y sectores disidentes de las Farc, que no entraron en el proceso de paz. El negocio de la cocaína ya no está en manos de grandes capos o de un cartel poderoso, sino de pequeños grupos que dominan operaciones que van desde el cultivo, el procesamiento de la hoja de coca, el transporte de la base y la carga de toneladas de cocaína. Esta segmentación del negocio, les permite a los delincuentes controlar zonas geográficas, pobladores y la industria del narcotráfico en general, pues comparten un interés común de lucro.

Sin embargo, las numerosas guerras internas por el control mafioso de la zona, muestran una situación humanitaria dramática. Así, vemos que la tasa de homicidios en Tumaco es de 70 por cada 100 mil habitantes, una cifra muy preocupante si se tiene en cuenta que el promedio nacional es de 25 por 100 mil habitantes. Es claro que la población está sometida al imperio de estos criminales, que se están disputando el negocio del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la corrupción y otros delitos que los alimentan financieramente. Por eso, es necesario imponer la fuerza de la ley en el territorio; llevar presencia estatal con oferta diferenciada para campesinos y concertar con la comunidad.; y planes alternativos de economía familiar fundamentados en actividades tradicionales como la pesca artesanal, el fortalecimiento de la infraestructura hotelera para posicionar lugares como las playas de El Morro, Bocagrande y El Bajito entre los viajeros. Así mismo, resaltar expresiones culturales regionales autóctonas, como los Carnavales del Fuego y el Festival del Currulao. 

Aunque Tumaco parece solo un punto geográfico en el mapa, es en realidad lo que se juega Colombia en el posconflicto, la cara de lo que en la práctica puede significar el triunfo de la paz sobre la guerra.

El Frente Primero ‘Armando Ríos’ de las FARC anunció que no acataba las directrices del Secretariado. De acuerdo con información publicada, a la cabeza de este frente está el comandante Gentil Duarte, quien hace presencia en el área de Guaviare. Este individuo, lidera un sector de la guerrilla que inició desde hace más de 40 años el cobro de gramaje a los cultivos de hoja de coca en los territorios del Guaviare, Guanía y Vaupés.

Hoy la disidencia anunciada de ese frente, tiene impactos que quiero denunciar.  Se trata del secuestro de Herledy López, un funcionario colombiano, miembro de las Naciones Unidas ONU, que trabajaba en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Guaviare y que desde el pasado 3 de mayo, fue privado de su libertad mientras se encontraba en el corregimiento de Barranquillita.

Nos enfrentamos al primer secuestro de un funcionario encargado de implementar el acuerdo de paz, sin que a la fecha tengamos alguna prueba de vida. Al parecer, la disidencia ha pedido que a cambio de su entrega, las Naciones Unidas contribuyan a la liberación de alias ‘Simón Trinidad’ y el Gobierno Nacional, lleve a cabo un plan de desarrollo integral para los campesinos, distinto a la estrategia de erradicación de cultivos en la zona. Grupos disidentes de las FARC, se suman a los nuevos retos de seguridad en el posconflicto, por lo que es necesario utilizar toda la fuerza del Estado colombiano para capturar a estos delincuentes.

Sin embargo, al mismo tiempo, es útil abrir espacios para que se sometan voluntariamente a la justicia. Por esto, le exijo al Frente Primero de la disidencia de las FARC que libere inmediatamente al señor Herledy López Hernández y que le informe al país sobre su estado de salud, condiciones de cautiverio y motivos por los cuales se encuentra secuestrado.

Igualmente, le solicito al Gobierno Nacional y a las Naciones Unidas que expliquen si han llevado a cabo algún tipo de acción para lograr su liberación. Desde hace más de un mes no se sabe nada de su paradero y es alarmante que el Gobierno Nacional aún no ha hecho un pronunciamiento contundente sobre este hecho y los nuevos retos en materia de seguridad. Es claro que estos secuestradores no pueden ser tratados como simples bandidos comunes.

"Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas": senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C., abril 24 de 2017.- Esta semana se conoció el número de pandillas en Colombia. Los registros indican que en Bogotá hay 107, en Medellín 90 y en Cali 105. Se trata de una problemática que afecta primordialmente a los jóvenes de nuestro país, sobre la que hay registros confusos de información y en la que el alcohol y otras sustancias psicoactivas son de uso generalizado. Por eso, mas allá de caer en lugares comunes sobre la necesidad de reprimir el uso de sustancias, es necesario abordar este fenómeno desde los problemas de seguridad y convivencia que generan.

En particular, el Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmó que en la última década se han registrado 873 muertes por pandillas y 2.516 lesionados. El abuso de sustancias es uno de los detonantes en la violencia que generan las pandillas. Se requiere entonces una atención inmediata, pero pertinente. Los miembros de estos grupos juveniles no son necesariamente delincuentes, pero si son jóvenes que han crecido en ambientes de vulnerabilidad y son presas de la invitación de grupos criminales que les aseguran dinero, protección o sentido de pertenencia.

La tentación colectiva es recurrir al populismo punitivo, la cárcel no como última opción sino como primer recurso. Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas. Es necesario responder con firmeza a los daños causados por este fenómeno pero al mismo tiempo, buscar caminos de inclusión. Aunque muchas voces se levantarán pidiendo recurrir a medidas populistas, efectistas e inmediatistas.

Una política de seguridad debe ser integral e incorporar a todos los actores responsables en la sociedad para una intervención a corto, mediano y largo plazo. La impunidad sin duda es otro detonante evidente en las conductas criminales y por eso antes de pensar en más leyes, lo lógico es cumplir las que ya existen. La institucionalidad debe recuperar autoridad y legitimidad pero también invertir decididamente en nuevos formatos de prevención y de educación, que mitiguen los riesgos de esta población, que garanticen permanencia en el sistema educativo y que atiendan el consumo problemático de sustancias.

http://prensa.senado.gov.co:8081/index.php/noticias/1192-pandillas-y-abuso-de-sustancias-que-hacer

“La tarea es descubrir de nuevo la solidaridad entre nosotros y porque no, recuperar las ilusiones y la esperanza”: senador Juan Manuel Galán.

Bogotá D.C:, abril 9 de 2017.- El 9 de abril se conmemora  en el Congreso de la República el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Es el  día de más de 8 millones de colombianos que tienen mucho que decir sobre la paz. A la fecha, las cifras nos muestran 8.376.463 registradas, de las cuales más de  1.722.729 son víctimas directas de desaparición forzada o de homicidio.

Por la memoria de estas víctimas, por la de los líderes sociales que siguen sufriendo los rezagos de la violencia en las zonas rurales y en los cascos urbanos, necesitamos oír su relato. Saber la verdad sobre lo que nos dejó este conflicto armado, no solo es importante como un elemento de justicia individual sino una condición para el ejercicio de otros derechos y libertades y para que todos, como sociedad, construyamos nuestro pasado a través del mecanismo de Memoria Histórica.

Esa memoria, será pieza fundamental del proceso de reconciliación que Colombia comienza a recorrer. Las narrativas de las víctimas y de la sociedad civil, y no solo la de los actores armados y el gobierno, son las que nos van a permitir recordar lo que pasó. Se trata de reconciliarnos con la indiferencia en que se sumergió este país por tantos años y reparar los lazos comunitarios que se rompieron con las armas.

La tarea es descubrir de nuevo la solidaridad entre nosotros y porque no, recuperar las ilusiones y la esperanza. El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado es un día de solidaridad y de memoria, un día para apoyar incondicionalmente causas ajenas, para extender nuestro agradecimiento a todos los colombianos que ponen su grano de arena en la construcción de la paz de Colombia.

Es el día para avivar la voz de los líderes sociales que, a pesar de estos momentos de transición, tan difíciles, siguen trabajando por la garantía y el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto. Así, la memoria no es solo un derecho, es un deber que tenemos con la verdad y con la necesidad de que la próxima vez que las víctimas reciban una amenaza, ya no se sientan solas.

http://prensa.senado.gov.co:8081/index.php/noticias/1103-dia-nacional-de-las-victimas

La propuesta de reforma política apenas esbozada por el Gobierno Nacional desconoce abiertamente el trabajo que expertos, universidades, organizaciones sociales y partidos políticos hemos venimos haciendo desde hace muchos años.

Es cierto que el proceso electoral en Colombia está regido por una legislación incompleta, anacrónica y que sufre de amplios problemas técnicos derivados de reformas parciales y coyunturales. Sin embargo, eso no puede llamarnos a la premura; por el contrario, necesitamos una reforma de fondo, que ataque los problemas ya identificados y que contribuya de manera significativa a un cambio político, alentando la participación popular y evitando caer en graves amenazas a la estabilidad de nuestro país.

Por eso, es necesario, por ejemplo, abordar la importancia de llevar a cabo consultas internas para definir listas a corporaciones públicas en remplazo del voto preferente. Las consultas son el mecanismo por excelencia de la participación democrática para tomar decisiones y elegir candidatos propios en los partidos. Así, no solo debe implantarse este mecanismo, sino que sus resultados deben hacerse de obligatorio cumplimiento so pena de que los partidos o movimientos deban reintegrar todos los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, para llevar a cabo este proceso.

Por su parte, en relación con la financiación de las campañas electorales, son necesarias varias modificaciones dirigidas por ejemplo a que el sistema financiero cuente con garantías aportadas por el Estado, que faciliten la aprobación de créditos y el desembolso de préstamos, para la financiación legal de partidos y campañas. Es urgente fortalecer los mecanismos crediticios necesarios para satisfacer las necesidades de liquidez de los candidatos y que las instituciones financieras abran líneas especiales de crédito para los partidos, movimientos, agrupaciones políticas o campañas que lo requieran.

Esta, será una herramienta clave para evitar, detectar y sancionar la entrada de financiación prohibida a las campañas electorales; es decir, para acabar de una vez por todas, con la aceptación de dineros provenientes de actividades ilícitas o de personas naturales con procesos judiciales vigentes por delitos relacionados con la financiación o pertenencia a grupos armados ilegales; al narcotráfico o a la explotación ilícita de yacimientos mineros, entre otros. Esta reforma, puede ser una oportunidad única para cambiar viejas prácticas y resolver problemas que están sobre diagnosticados. Ojalá que el afán de visibilidad política, no obstruya la necesidad de lograr un adecuado diseño de nuestro sistema electoral.

“Si entendemos que lo público es sagrado, Colombia será más justa y con mayores oportunidades para todos”.

Bogotá D.C:, febrero 13 de 2017.- ¿Es la corrupción un fenómeno que esta fuera de nuestro control? Desde hace varios años somos testigos de un desfile de empresarios, alcaldes, congresistas, y gobernadores que abusan del poder público en busca de una ganancia personal. La indignación crece y busca una interpretación. Casos como Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación, Interbolsa, Saludcoop, Reficar y ahora Odebrech son algunos síntomas de una enfermedad capaz de infectar todos los sectores de la sociedad. Así, se va generando una parálisis social en donde creemos que no hay nada por hacer para cambiar, porque todo parece fuera de nuestro control.

Esta sensación ha sido llamada por escuelas de psicología como indefensión aprendida, una condición en la que según la literatura disponible, los seres humanos aprendemos a creer que nos encontramos en un constante estado de vulnerabilidad, en el que perdemos cualquier control de la situación y en donde cualquier cosa que hagamos, es inútil. Esta percepción se convierte en el mejor caldo de cultivo para la corrupción pues genera pasividad y apatía política generalizada.

Somos una sociedad de ciudadanos que busca una democracia menos imperfecta, con más libertad, una comunidad de hombres y mujeres que sea capaz de elegir y de buscar las mejores condiciones para su desarrollo. Por eso, es necesaria una transformación cultural que cambie las rutinas de pensamiento y los hábitos cotidianos que están reforzando conductas de ilegalidad. Salir de ese supuesto estado de desamparo y activar la creencia de que nuestras acciones si pueden producir un cambio en nuestro entorno, que es posible relacionarnos bajo la observancia de la ley. Tener claro que cuando existen conflictos, son las instituciones los cauces adecuados para resolverlos. Es lo que Roy Godson llama cultura de la legalidad, donde los ciudadanos de manera decidida enfrentan sus problemas sin limitarse a la solución que el gobierno entregue.  Una cultura en la que los ciudadanos se informan sobre las leyes que los regulan y conocen las instituciones para modificarlas cuando sea necesario. En resumen, una sociedad que fomenta, promueve, premia, individual y colectivamente la cultura de la legalidad.

La tarea es colectiva, donde cada ciudadano por humilde que sea aporta en un proceso que no es milagroso ni se da de la noche a la mañana. Es cierto que se requiere de una acción oportuna de la justicia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. También de la decidida voluntad de líderes y partidos políticos en la promoción de transparencia y rendición de cuentas en sus movimientos.

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Sin embargo la contribución a esta causa se construye desde un cambio en la manera de pensar, un cambio de conciencia individual que se refleja en la conciencia colectiva. Si entendemos que lo público es sagrado, Colombia será más justa y con mayores oportunidades para todos.

"Su impronta histórica lo convierte en un bastión de la formación de antiguas y futuras generaciones".

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Bogotá D.C., noviembre 15 de 2016.- El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) de Bogotá no es solamente un colegio o una escuela de formación. Se trata de un verdadero laboratorio de innovación en pedagogía y de un centro de práctica universitario. Además, fue la institución pionera en la educación de la mujer en Colombia.

Históricamente, el IPN inauguró la educación de la mujer como maestra. Fue semillero y cuna de la educación superior para la profesión magisterial, consolidando en 1934 la primera Facultad de Educación para Mujeres y posteriormente en 1955 convirtiéndola en la Universidad Pedagógica Femenina.

Se trató de un gran avance para la época; si hacemos memoria, durante la década de los 30, el país apenas estaba consagrando los derechos de la mujer a la libre disposición de sus bienes, cuando continuaba bajo el dominio del hombre como persona y aun no conseguía el reconocimiento ni siquiera, de sus derechos políticos.
 

Además de la innegable herencia en temas de desarrollo para la mujer, el instituto ha dejado un legado cultural importante para el país, forjado por músicos, literatos, historiadores y artistas entre los que se encuentran Gerardo Arrubla, Tomas Rueda Vargas, Darío Garzón, Hena Rodríguez, entre otros. La diversidad socio-económica y cultural de los estudiantes que han pasado por sus aulas, le ha permitido al Instituto tener un diálogo productivo y hacer aportes a la construcción de la paz desde un marco democrático, intercultural e incluyente.

Así, el camino que el IPN ha abierto en la historia de Colombia y la trascendencia de sus programas en Educación Especial, Preescolar, Educación Básica, así como la Media, Extensión, Pedagogía y Práctica Docente, lo ubican hoy en un lugar privilegiado para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación en materia educativa, ratificando su carácter especial y su alto nivel académico.

Su acción está impregnada de humanismo, de reconocimiento del otro y de creatividad, para llevar a cabo proyectos en beneficio de las comunidades a las que pertenece. Sin lugar a dudas, el IPN es un baluarte pedagógico que se ha materializado en metodologías de enseñanza sobre temas como la formación musical, educación física, formación en valores y formas alternativas de práctica docente, entre otros. Su impronta histórica lo convierte en un bastión de la formación de antiguas y futuras generaciones, y en merecedor innegable del título de ser Patrimonio Pedagógico de la Nación

“La continuidad de una relación estrecha de Colombia con los Estados Unidos pasa hoy más que nunca por el Congreso norteamericano”.

Bogotá D.C., febrero 6 de 2017.- El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha decidido acabar con las líneas de política exterior de supredecesor Barack Obama. Solo por mencionar algunos hitos de sus primeros días de gobierno, reorganizó el Consejo de Seguridad Nacional, reemplazando a los principales funcionarios de inteligencia del comité por asesores políticos y, al mismo tiempo, marginalizó de los temas de seguridad, al Director de Inteligencia Nacional y a los Jefes de Estado Mayor Conjunto.

Por otro lado, anunció la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México con una inversión de millones de dólares como estrategia de seguridad fronteriza, mientras que suspendió la firma de una orden ejecutiva para fortalecer asuntos de ciberseguridad y programas de contrainteligencia.

Como si esto fuera poco y en tan solo un par semanas, el presidente Trump decretó la prohibición de entrada a inmigrantes de países de mayoríamusulmana y a refugiados.

En este contexto, necesitamos pensar cómo reaccionará Colombia en el nuevo escenario internacional. Así, es importante entender que a lo largo de la historia de los Estados Unidos su política exterior se ha debatido entre dos tendencias: la de intervenir o la de aislarse de los asuntos del mundo. Estamos entrando en una era de aislamiento por parte del gobierno y la administración de Donald Trump.

Por eso, nuestro país debe comenzar a fortalecer las relaciones con otras ramas del poder en el país. Me refiero a fortalecer la relación con republicanos y demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, así como los lazos de cooperación y de diálogo bipartidistas, con miras a mantener los apoyos internacionales para el proceso de implementación del acuerdo de paz. 

Tradicionalmente, nuestras relaciones bilaterales, aunque han sido fluidas y de cooperación; han privilegiado al Gobierno de los Estados Unidos, más allá del Congreso de ese país. Es hora de cambiar nuestra política exterior.

El Congreso de Estados Unidos no es solamente el principal órgano legislativo del país, sino que tiene el llamado "poder de la billetera". Así, en el sistema democrático norteamericano el legislativo puede autorizar o no el gasto presupuestal al Ejecutivo. En ese marco, es necesario que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República fortalezcan su diálogo de cooperación con el Congreso de los Estados Unidos en una estrategiabipartidista. La continuidad de una relación estrecha de Colombia con los Estados Unidos pasa hoy más que nunca por el Congresonorteamericano.

La Comisión de Victimas del Congreso de la República, decidió salir del capitolio para hacer presencia en los territorios. Esta comisión, creada para seguir de cerca la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y para lograr que las acciones del Gobierno y de los demás entes estatales, le respondan efectivamente a las víctimas, se trasladó a los llanos orientales, a la región andina, y viajó hasta la frontera con Ecuador, para escuchar atentamente como han sido los primeros 5 años de aplicación de la ley.

El resultado de este ejercicio fue lograr la intervención de más de 3.000 víctimas, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus quejas, inquietudes, y propuestas a las autoridades del nivel nacional y local. Contamos con la presencia de Gobernadores y Alcaldes, de directivos de la Unidad para la Víctimas, la Unidad de Restitución, la Unidad de Protección, el Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, el Departamento para la Prosperidad Social, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Ministerio para el Posconflicto, la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Cancillería, el ICETEX, el Fondo Nacional del Ahorro, COLCIENCIAS, la Defensoría Pública, y de representantes de la cooperación internacional como la Embajada de Suecia, la OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, PNUD, ACNUR, CODHES, OEA.

Fueron foros regionales muy concurridos en más de 50 municipios de 12 departamentos (Meta, Arauca, Casanare, Guaviare, Vichada, Guainía, Bolívar, Sucre, Nariño, Huila, Santander, Norte de Santander, Magdalena y Cesar). La principal solicitud en estos foros, fue la de de ampliar la vigencia de la Ley de víctimas y gestionar un aumento presupuestal por parte del Gobierno Nacional, para cumplir las metas en materia de asistencia, atención, reparación y restitución.

Adicionalmente, se levantó la voz sobre las amenazas y asesinatos sistemáticos de líderes sociales y comunitarios en las regiones. Particularmente, se solicitó la formulación de planes de prevención, protección y garantías de no repetición, y la constitución de Subcomités de evaluación del nivel de riesgo para las víctimas. Estos temas son prioritarios, por lo que estaremos atentos a seguir de cerca el cumplimiento de los compromisos. En el 2017, llevaremos la comisión a otras regiones del país afectadas por el conflicto: estaremos en Caquetá, Cauca, Chocó, Putumayo, Antioquia, Apartado y Medellín. Invitamos a todos los que quieran acompañarnos en este esfuerzo.

Esta semana se hizo público el acuerdo de paz definitivo. El nuevo documento es el resultado de una renegociación de lo pactado originalmente entre el Gobierno Nacional y las Farc, para incluir las propuestas presentadas por los promotores del "No" en las pasadas elecciones. Así, en 310 páginas se acogieron más de 250 propuestas de diversos sectores sociales. Me detendré en esta oportunidad en los cambios claves que se produjeron en el componente de justicia.

Todos sabemos que una de las principales preocupaciones del "No" tiene que ver con el sistema que juzga los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y aunque su propuesta de eliminarlo no se acogió, el mecanismo si sufrió cambios importantes. Por ejemplo, el nuevo acuerdo establece que no habrá magistrados extranjeros en el tribunal de paz, permite que se presenten tutelas contra sus decisiones, las cuales serán resueltas por la Corte Constitucional.

Así mismo fijó un límite de funcionamiento a la Jurisdicción de 10 años, de los cuales solamente durante los dos primeros, se recibirán las solicitudes de investigación. Gran parte de las propuestas de cambio estaban dirigidas a reducir e incluso eliminar la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y hacerla una extensión de la justicia ordinaria.

Esto es, sin considerar que ese marco jurídico no es suficiente para actuar en contextos tan excepcionales como el de una guerra. Por tal motivo, se mantuvo la independencia de la JEP con la aclaración de que esto no implica, la sustitución de la jurisdicción ordinaria.

Otro de los cambios incluidos en el nuevo acuerdo y que mayor asombro causó, fue el de quitarle dientes a la justicia transicional para perseguir a financiadoras de paramilitares y guerrilleros. El nuevo texto, afirma que los empresarios que no sean responsables de crímenes graves, tendrán la posibilidad de obtener la terminación de sus procesos. Limita además la capacidad de persecución de la JEP, pues no se podrá perseguir a quienes tuvieron una participación habitual pero menor en la comisión de delitos durante el conflicto armado.

La JEP será competente únicamente para juzgar a quienes tuvieron una participación activa o determinante en los hechos delictivos. Esto, probablemente calmará las angustias de quienes financiaron o colaboraron con grupos paramilitares o con las Farc y también, de quienes tengan temor de ser procesados (de forma justificada o no) por la justicia transicional. Esperemos que ahora si podamos empezar a construir la paz.

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) de Bogotá no es solamente un colegio o una escuela de formación. Se trata de un verdadero laboratorio de innovación en pedagogía y de un centro de práctica universitario. Además, fue la institución pionera en la educación de la mujer en Colombia.

Históricamente, el IPN inauguró la educación de la mujer como maestra. Fue semillero y cuna de la educación superior para la profesión magisterial, consolidando en 1934 la primera Facultad de Educación para Mujeres y posteriormente en 1955 convirtiéndola en la Universidad Pedagógica Femenina.

Se trató de un gran avance para la época; si hacemos memoria, durante la década de los 30, el país apenas estaba consagrando los derechos de la mujer a la libre disposición de sus bienes, cuando continuaba bajo el dominio del hombre como persona y aun no conseguía el reconocimiento ni siquiera, de sus derechos políticos.

Además de la innegable herencia en temas de desarrollo para la mujer, el instituto ha dejado un legado cultural importante para el país, forjado por músicos, literatos, historiadores y artistas entre los que se encuentran Gerardo Arrubla, Tomas Rueda Vargas, Darío Garzón, Hena Rodríguez, entre otros. La diversidad socio-económica y cultural de los estudiantes que han pasado por sus aulas, le ha permitido al Instituto tener un diálogo productivo y hacer aportes a la construcción de la paz desde un marco democrático, intercultural e incluyente.

Así, el camino que el IPN ha abierto en la historia de Colombia y la trascendencia de sus programas en Educación Especial, Preescolar, Educación Básica, así como la Media, Extensión, Pedagogía y Práctica Docente, lo ubican hoy en un lugar privilegiado para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación en materia educativa, ratificando su carácter especial y su alto nivel académico.

Su acción está impregnada de humanismo, de reconocimiento del otro y de creatividad, para llevar a cabo proyectos en beneficio de las comunidades a las que pertenece. Sin lugar a dudas, el IPN es un baluarte pedagógico que se ha materializado en metodologías de enseñanza sobre temas como la formación musical, educación física, formación en valores y formas alternativas de práctica docente, entre otros. Su impronta histórica lo convierte en un bastión de la formación de antiguas y futuras generaciones, y en merecedor innegable del título de ser Patrimonio Pedagógico de la Nación.

Una de las certezas alcanzadas en La Habana y que debe ser inamovible en esta nueva etapa de renegociación, es la de que los campesinos no solo llevan la carga más pesada de este conflicto armado, sino también, que, únicamente invirtiendo en ellos, podremos lograr una verdadera ruta de paz. 

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Para hablar en términos más concretos, es urgente promover la economía solidaria en el sector rural.  Por ejemplo, creo que a través de cooperativas los campesinos podrían aumentar colectivamente su poder de negociación con quienes venden los insumos agrícolas, o que serían capaces de eliminar a los intermediarios que hacen su ganancia de la venta de productos, sin hacer un reconocimiento justo al trabajo de estos hombres y mujeres que por vivir aislados entre ellos, sin carreteras terciarias, ni vías de comunicación, terminan siendo presa fácil de quienes buscan hacer negocio con su trabajo.

En el marco de esta certeza, propuse durante el reciente debate del proyecto de Reforma Constitucional del Campesinado, una adición en relación con las cooperativas campesinas. Mi propuesta busca que el Estado asuma la obligación de financiar, promover, y apoyar realmente las cooperativas, así como cualquier otra forma de asociación campesina, asegurando la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento de las mismas, e impulsando programas de comercio justo de bienes y servicios.

Esta iniciativa, busca convertirse en un estímulo no solo a la economía solidaria y cooperativa sino principalmente a la autonomía económica y la capacidad organizativa como medio para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de producción de millones de personas.

Este tema, fue incluido en los acuerdos de La Habana, bajo el título de Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural que básicamente creaba medidas de fortalecimiento de asociaciones y organizaciones vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentario y de fomento de las cooperativas, como medio para canalizar recursos y servicios a la población rural.

Invertir en el campesinado colombiano, nos permitirá no solo deshacer la equivocada percepción de que somos un país moderno e industrializado, sino acentuar la evidencia de que somos una sociedad principalmente rural y que solo resolviendo las iniquidades que viven nuestros campesinos, podremos comenzar un verdadero proceso de modernización.

Gobierno, Congreso y autoridades departamentales y municipales se reunirán con víctimas de la región.

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso, continúa su labor de servir de puente entre la institucionalidad y las Víctimas. El turno para el 5to Foro “Encuentro Víctimas, Paz y Posconflicto” es para la Mesa Departamental de Santander, Mesa Municipal de Barrancabermeja  y víctimas de la región.

El Senador Juan Manuel Galán, quien coordina con el Representante Jaime Buenahora, la Comisión,  resaltó que el Magdalena Medio, es una región azotada desde los años sesenta por los principales actores armados del país y en la década de los 80 por los grupos paramilitares. Incluso, el mercenario israelí Yahir Klein usó este territorio como centro de sus entrenamientos y Ramón Isaza Arango  consolidó cinco frentes, con más de 900 hombres.

“Además el importante anuncio del Gobierno de iniciar un proceso de paz con el ELN, llena de optimismo a sus habitantes, ya que este grupo armado ilegal tiene amplia influencia en la región y esperan acciones concretas, como el cese al fuego”. Afirma el Senador Juan Manuel Galán.

Las inquietudes y recomendaciones de las víctimas serán escuchadas por la Embajadora de Suecia, el Director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, el Director Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, Ministerio del Interior y autoridades locales y departamentales.

El encuentro se llevará a cabo en la Universidad Industrial de Santander, en la sede de Barrancabermeja, a partir de las nueves de la mañana. 

En los últimos días se han visto fracturas entre los votantes del NO y quienes dicen llamarse sus legítimos voceros. Recientemente, Tania Parra representante de la Fundación Fuimos Héroes, afirmó que las propuestas del Centro Democrático no los representan. Esta fundación, que agrupa a más de 6.000 uniformados, muchos de los cuales han sido condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales, explicó que el llamado “alivio judicial” propuesto por el expresidente Uribe, no brinda las mismas garantías que la justicia transicional contemplada en los acuerdos de La Habana.

En particular, Parra cuenta cómo la negación de la existencia de un conflicto interno armado durante muchos años en Colombia, provocó que la mayoría de los procesos de los militares fueran investigados y juzgados en el marco de los derechos humanos y no del derecho internacional humanitario (DIH).

Así, por ejemplo, muchas muertes ocurridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, fueron investigadas como homicidio simple a la luz del Código Penal y no de las normas del DIH. Esta situación demanda un tratamiento diferenciado que incluya temas como presunción de legalidad, seguridad jurídica, reclusión en cárceles militares, revisión de sentencias, esclarecimiento de los hechos y responsabilidad en la cadena de mando, entre otros.

La propuesta de Uribe, según Parra, priva a los agentes del Estado de estos puntos que si están contenidos en los acuerdos de justicia transicional. Sumado a esto, el sociólogo y antropólogo Francisco Gutiérrez Sanín, ha denunciado que en el tema agrario, algunos miembros del Centro Democrático quieren reemplazar el cuidadoso resultado obtenido en La Habana por temas como la legitimación del despojo. Frente a esta propuesta, también encontramos serias fracturas en los partidarios del NO.

En conclusión, podemos ver que los autodenominados representantes del NO, no solo se han dedicado a presentar objeciones al acuerdo sin propuestas concretas para superar sus vacíos, sino que ahora, aparecen con una numerosa bolsa de soluciones que no son aceptadas por el electorado. Estas guerras internas, fracturan coaliciones y retrasan consensos entre los equipos.

Por eso, es necesario estar atentos a contrarrestar los egos desmedidos y la competición interna, para fortalecer en contraste, una línea de trabajo en la que prime el altruismo colectivo sobre la realización individual. La guerra no deja sino odio, dolor y muertos y estoy seguro que todos queremos acabar prontamente con esa película de horror. Por tanto, debemos encontrar un ideal superior que permita transcender las divisiones internas entre partidos y la desconexión con su electorado. Ese ideal es la paz.

Ese domingo frío y lluvioso, que todos recordamos, nos dejó ver con claridad una realidad que no podemos evadir; Colombia está sumergida en una profunda polarización política. Sin embargo, las victimas están unidas.

Hace pocos días, tuvimos en el Congreso de la República, una audiencia extraordinaria de la Comisión de Víctimas, solicitada por ellas mismas. Acudieron más de 300 víctimas, con participación de una gran parte de las sesenta (60) víctimas que estuvieron presentes en La Habana, algunas que defendieron el SI en el plebiscito, otras que defendieron el NO, la Mesa Nacional, Mesas Departamentales y Municipales de Víctimas, y, exiliados en el exterior desde lugares como Canadá, Inglaterra, Suecia y Chile.

En esta audiencia, por más de 6 horas, las víctimas expresaron la incertidumbre que sufren por no saber qué va a pasar con el proceso de paz. Ellas sienten miedo y quieren ser parte de esta nueva etapa, urgiendo que haya soluciones sin demoras innecesarias. Lo más importante de la sesión, fue que le reclamaron a la dirigencia política, al Gobierno Nacional y a los delegados de las FARC que se pongan de acuerdo y saquen adelante el proceso.

Por ese motivo, elevamos al Presidente de la República una comunicación transmitiendo la solicitud de la gran mayoría de los asistentes a la audiencia, de realizar una sesión de trabajo en Colombia con una delegación del Gobierno Nacional y de las FARC, para presentar propuestas concretas frente a cada uno de los puntos del acuerdo de paz.

Las voces fueron unánimes en respaldar una solución negociada a este conflicto pero firmes en reclamar una respuesta ya! Por este motivo es de gran importancia dar respuesta a estas voces que guardan la esperanza en un nuevo acuerdo para Colombia, pero sin dejar de ser el centro y el corazón de este proceso. Es necesario, no perder de vista el horizonte sobre el que se construyó esta iniciativa, que fue, el de resarcir a las víctimas, y reconocerles su condición de ciudadanos con plenos derechos. 

Podemos renegociar muchos puntos, pero los derechos de las víctimas no son negociables. No tenemos mucho tiempo, los procesos de paz, siempre tienen como principal enemigo el paso del tiempo. Necesitamos una silla mas, en esa mesa de renegociación

“Cuando las víctimas se ponen de pie la paz puede esperar algo grande”: Senador Juan Manuel Galán.

En el marco de una emotiva sesión cumplida en el Senado de la República más de 400 víctimas del conflicto armado procedentes de distintas regiones del país y del exterior, hicieron sentir su voces para pedir a la Mesa de Negociaciones de la Habana finiquitar un Acuerdo de Paz Ya y  mantener el cese bilateral al fuego.

El Senador Juan Manuel Galán, en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, presidió una sesión extraordinaria donde  expresó que el Acuerdo de Paz merece ser salvado, ya  que nunca en el mundo unas negociaciones de esa naturaleza habían tenido como centro de gravedad las víctimas.

“Siento que estamos ante un momento difícil, los oigo y recupero la esperanza de que podemos salvar el Acuerdo. Nos merecemos esa paz, ese abrazo. No podemos desfallecer y debemos defenderlo por el componente de justicia que permitirá reconciliarnos” expresó el Senador Galán.

Para el Director de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas, Alan Jara, el cese al fuego es fundamental, así como crear sesiones de  trabajo que puedan transmitir propuestas de las víctimas y lograr  una firma del Acuerdo lo antes posible.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró que el cese al fuego ha sido fundamental para  que Colombia no vuelva a tener una víctima más por cuenta del conflicto armado.

La Embajadora de Suecia, Marie Andersson de Frutos,  expresó que las víctimas colombianas han demostrado valentía y coraje, confrontando su situación para construir un país en paz.

Por su parte Odorico Guerra, Presidente de la Mesa Nacional de V{ictimas, pidió acuerdos sin más dilaciones y mantener el cese al fuego, e invitó a las víctimas del No y de Si a edificar una Colombia sin guerra.

Juan Carlos Villamizar, Representante de las Victimas en el Exterior, propuso la creación de una Mesa de Trabajo conjunta donde estén el Gobierno, las Farc y las Victimas.

A su turno la Presidenta de la Unión Patriótica, Aida Avella, manifestó su disposición a reconciliarse con los autores del genocidio de ese partido político. “No se pueden  dilatar los acuerdos, se necesita generosidad  y un país  sin odios ni envidias, en el que mujeres, hombres y niños puedan vivir tranquilos” agregó.

Herbyn Hoyos, Director del Programa las Voces del Secuestro, dijo que el Estado debe dar razón de todos los desaparecidos y advirtió que se necesita llegar a un proceso incluyente que no estigmatice a nadie.

Fueron más de 6 horas, donde víctimas que participaron durante el 2014 en La Habana, integrantes de las mesas departamentales y municipales, voces de víctimas en el exterior y organizaciones de víctimas de todos los territorios, reiteraron su llamado para un Acuerdo de Paz Ya y que se mantenga el cese al fuego.

El Presidente Juan Manuel Santos ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz para el 2016. El Comité del Nobel de Noruega decidió otorgar este premio porque considera que los esfuerzos del Primer Mandatario para promover la paz, cumplen los criterios y el espíritu de la voluntad de Alfred Nobel. 

Este premio, no solo es el resultado de que el presidente Santos hubiera iniciado negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino sobre todo, es un reconocimiento al esfuerzo enorme que ha hecho el país entero y su población, para sacar adelante el proceso de paz y terminar con una guerra que nos ha traído víctimas y sufrimiento.

Precisamente por esa razón, la declaración hecha desde Oslo el pasado 7 de octubre, afirma que  este premio debe ser visto como un tributo a los colombianos que, a pesar de grandes dificultades y abusos, no han perdido la esperanza de una paz justa. 

Al conceder este galardón, el comité no desconoce que en estos momentos,  el acuerdo de paz es controversial para nuestro país, no obstante, reconoce que fueron los votantes colombianos quienes tuvieron la última palabra frente al  acuerdo y que su voto no fue en favor o en contra de la paz, sino sobre el contenido de los mismos. Por esa razón, alienta a todas las partes,  a  encontrar la manera de salvar el proceso y específicamente al presidente Santos y al líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, a que sigan respetando el alto al fuego. 

Este premio, es también un mensaje al mundo entero de que si la paz es posible en países como Colombia que han sufrido tanto, que han pasado por tantas dificultades para consolidar la convivencia, también es posible, en otras regiones del mundo como por ejemplo en Siria.

La guerra en Colombia es una de las más largas guerras internas en tiempos modernos y el único conflicto armado que queda en las Américas; por eso, si nuestro proceso se consolida, hay esperanza de que se promueva la reconciliación en otras latitudes.

Celebramos la invitación que el comité noruego hace con este premio para avanzar en un diálogo nacional amplio y continuar adelante para buscar una solución. Estamos ante un obstáculo más al proceso de paz que podremos resolver si abandonamos la soberbia y los mezquinos cálculos electorales y partidistas. Es hora de ser humanos y Colombianos. Hora de participar de manera constructiva y de asumir cada uno su responsabilidad en esta hora histórica.

A un día de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se evaluará la pertinencia de regresar a la aspersión aérea como política de erradicación de cultivos ilícitos, en debate de control político citado por el Senador Juan Manuel Galán, el Congreso, Gobierno, Fiscalía y Gobernadores fijaron su posición frente a este polémico tema.
 

"Esperamos que las posturas expresadas por los asistentes al debate, sustentadas en el impacto negativo que trae la aspersión aérea para la salud y el medio ambiente, se consideren como un aporte para no permitir que esta política se reactive, expresó Galán.
 

A su vez, el Senador Galán consideró que la lucha del Gobierno debe concentrarse no en el eslabón más débil que son los campesinos cultivadores, sino en reorientar la política contra el narcotráfico atacando a los laboratorios y cristalizaderos que son el "talón de Aquiles" de la cadena de las mafias. Y sostuvo que la rentabilidad del negocio de producción y tráfico de cocaína es tan exorbitante, que un kilogramo de coca puesto en un puerto de Colombia vale Us$2.200 y en Estados Unidos se puede llegar a vender hasta en Us$27.000, mientras que en Australia asciende a Us$200.000.

El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, respaldó las tesis expuestas por el Senador Juan Manuel Galán, al sostener que la aspersión no es la solución al problema y menos cuando los campesinos cultivadores apenas reciben el 1.4 por ciento de los ingresos totales de la cadena del narcotráfico.

Por su parte, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, expuso evidencia científica que demuestra los daños irreparables que el glifosato causa en la salud y el medio ambiente, más aún cuando para erradicar una hectárea hay que fumigar 30 y es el campesino quien queda en una posición inerme expuesto a que este veneno caiga sobre sus familias y cultivos.

Para escuchar de primera mano la problemática que se vive en los departamentos con más hectáreas de cultivos de coca, intervino el Gobernador de Nariño, Camilo Romero quien reconoció que Tumaco es el municipio con más cultivos ilícitos con 17.960 hectáreas y necesita de una presencia institucional que lleve soluciones de fondo concertadas con la comunidad. "No podemos criminalizar a la población cultivadora. Fumigación aérea, atenta contra la vida, no la aprobamos",acotó.

El Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, reiteró que la solución no es la aspersión y erradicación, sino que lo que campesinos requieren es mayor inversión social y así evitar un escenario apropiado para la siembra y cultivo de la coca, que aprovechan los grupos al margen de la ley y que tienen a Tibú y El Tarra entre los 10 municipios con mayores cultivos de coca.

De otro lado, el Gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco, afirmó que la solución para acabar cultivos no es fumigar, es terminar con la pobreza absoluta de las regiones, que lleva al campesino a sembrar hoja de coca, ya que si siembra plátano, no tiene ni vías ni a quien venderlo.

Ante el panorama expuesto por los gobernadores, Eduardo Diaz, Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, presentó un balance y evidenció que en el 68% de los municipios donde hay cultivos de coca, nunca han llegado programas de desarrollo alternativo, debido entre otros factores al conflicto armado que vive el país. Dijo que al respecto se están construyendo acuerdos con las comunidades para que se comprometan con la sustitución voluntaria y la no resiembra a cambio de planes integrales que ofrece el Gobierno y que incluyen pagos por erradicar y mano de obra reorientada a preparación de tierras para otros cultivos y construcción de vías públicas.
 

En su intervención, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez consideró indispensable una política integral que incluya aspersión aérea, erradicación manual y sustitución de cultivos. "La llave de la estrategia integral es la aspersión aérea".

Ante los resultados del Plebiscito donde el No se impuso al Si, el Senador Juan Manuel Galán, afirmó que el país está en un momento de incertidumbre al cual hay que ponerle fin rápidamente,  para saber hacia donde va el proceso.
 

El legislador liberal dijo que con humildad y despojados de soberbia se deben llegar a unos acuerdos porque eso es lo que esperan los colombianos, especialmente las víctimas que votaron por el SI y le apostaron a la paz.
 

"Invito a al señor Presidente Juan Manuel Santos, y al Señor Expresidente Alvaro Uribe, a un diálogo directo y personal que le permita al proceso encontrar un camino para resolver los problemas :sostuvo Galán.

Ante la polse necesita una estrategia integral a Naci Nacigerencia la sesircotraficantes han sido r es una cosntruccio sololamente fugimanémica que desató la propuesta del Fiscal General de La Nación, Humberto Martínez de reanudar la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos, el Senador liberal Juan Manuel Galán, citó en la Comisión Primera del Senado a debate de control político al Gobierno Nacional, para que explique cuáles han sido los impactos y consecuencias en el territorio colombiano, del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato.
 

"Es importante realizar este debate antes de la celebración de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, para hacerle un llamado de atención al Gobierno Nacional y mirar cómo direccionamos de una manera más inteligente la fuerza del Estado hacia los laboratorios que son el eslabón fuerte del narcotráfico y no al más débil que son los campesinos cultivadores". Afirmó Galán.
 

Para el Senador Juan Manuel Galán, se necesita una estrategia integral de intervención del Estado encaminada a la persecución y castigo a los criminales y narcotraficantes y a la destrucción de sus cristalizaderos, que son los que producen las 800 toneladas que Colombia exporta anualmente.
 

De igual forma, considera un fracaso la erradicación manual y la fumigación, pues causan de acuerdo a las encuestas del Observatorio de Drogas de la Universidad de Los Andes, una ruptura entre la población civil y la fuerza pública, en momentos donde para el posconflicto lo que se necesita es buscar la construcción de una relación de confianza.
 

También es importante conocer los planes de presencia social, sustitución de cultivos y de inversión que tiene el Gobierno para ayudar a las familias que viven de manera directa e indirecta de los cultivos de coca y que son alrededor de 700 mil.
 

"El Estado tiene que darle la mano con desarrollo y oportunidades y no solamente fugimarlas. Por eso la estrategia hay que llevarla hacia los cristalizaderos". Concluye el Senador Galán.
 

El debate está citado para el próximo martes 13 de septiembre en el recinto de Comisión Primera de Senado. Los funcionarios citados son, entre otros: Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo Rueda, Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz Uribe, al Comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico, Teniente Coronel Walther Adrian Giraldo Jiménez, al director de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, Mayor General José Ángel Mendoza Guzmán y como invitados al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado y al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

“Cada uno de los medallistas colombianos en estos juegos paralímpicos, es ejemplo de vida y superación”: senador Juan Manuel Galán.
 

Maritza Arango no correrá sola, necesita a su guía. Esta mujer, subcampeona mundial de atletismo e invidente por enfermedad degenerativa, será la representación de Colombia en los juegos paralímpicos Rio 2016. Como todos los deportistas con discapacidad visual, Martiza correrá con un guía, Jonathan Sánchez quien debe practicar tanto como ella, compartiendo entrenamientos diarios y con una complicidad admirable que les permite coordinar el ritmo del trote durante toda la competencia.La historia de Moisés Fuentes es también una historia de sufrimiento, frustración y superación.
 

Llegó al deporte como resultado de una tragedia y la perdida de ganas de vivir. Cuando tenía tan solo 17 años, pasó por el momento más duro de su vida, al perder a su hermano en un atentado en la ciudad de Santa Marta. Moisés, quedó con vida pero sin posibilidad de recuperar el movimiento de sus piernas pues quedo parapléjico. La vida, ligada a una silla de ruedas, no fue fácil y cuando se quiso dar por vencido lanzándose  a una quebrada para acabar con su dolor, encontró que era capaz de flotar y avanzar en el agua. Así, este Santandereano  que hoy día es el deportista con más participación en unas paralimpiadas internacionales, tomó la decisión de dedicarse a la natación y será nuestra representación el próximo 7 de septiembre.

Otro de los motivos para acompañar a nuestra selección, es que contaremos por primera vez con un militar herido en combate que representará a Colombia en levantamiento de pesas. Se trata de Fabio Torres, Cabo primero del Ejército Nacional que fue víctima de una mina antipersona del ELN, en la zona del Catatumbo, Norte de Santander. Torres, cuenta con un récord que ha concentrado las miradas de los conocedores del deporte. En enero participó en la Copa Mundo en Brasil y logro la medalla de oro tras levantar 212 kilogramos. Esta vez, la meta es soportar los 235 kilogramos en Rio. Desde aquí lo apoyamos.

Cada uno de los medallistas colombianos en estos juegos paralímpicos, es ejemplo de vida y superación. Este año llevaremos a Río la delegación más numerosa en la historia del deporte paralímpico en Colombia por lo que desde aquí, enviamos un mensaje de apoyo y motivación a los 37 atletas que nos representarán en atletismo, arquería, ciclismo de pista y ruta, levantamiento de potencia, natación y tenis en silla de ruedas.

Como un hecho histórico, por primera vez connacionales que por el conflicto armando debieron desplazarse a países vecinos como el Ecuador, harán presencia en el Tercer Foro Regional, Encuentro de Victimas, Paz y Posconflicto, que se realizará este viernes 26 de agosto en Ipiales.

El Senador Juan Manuel Galán, quien coordina con el Representante Jaime Buenahora, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Victimas del Congreso,  expresó que en Ipiales lo más importante es hacer  un puente entre la institucionalidad y  los colombianos que ha sufrido los efectos de la guerra con actos que han dejado una huella muy profunda  en el espíritu de numerosas familias.

"Vamos a contar con la participación activa del Dr. Camilo Romero, Gobernador de Nariño y el Alcalde de Ipiales, Dr. Ricardo Romero, que han sido piezas fundamentales en la organización de esta sesión. Gracias a ellos los entes regionales y locales se apropian de la Ley de Víctimas,  para fortalecer la institucionalidad", afirmó el senador Galán.

En Ipiales se espera la asistencia y participación del Ministerio del Interior, Vicecanciller, Francisco Echeverry, Director Unidad para la Atención de Victimas, Alan Jara ,Departamento Nacional de Planeación, Directora  Departamento Para la Prosperidad Social Tatyana Orozco de la Cruz, Gobernador de Nariño, Camilo Romero, Alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, Coordinador  de la Mesa Nacional de Victimas, Odorico Guerra, Coordinador Mesa Departamental, Coordinador Mesa Municipal de Ipiales,  Delegados  Victimas del Exterior, Comisión de Exilio y Reconciliación, Director Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, Organización Internacional  para las Migraciones, Embajada de Suecia, Acnur, Manuel Nucamendi, Defensoría del Pueblo Ecuador, Yolanda Galarza, Congresistas y Organizaciones de Víctimas en el exterior.

Datos del Evento.

Lugar: Ipiales Nariño.

Dirección: Centro de Eventos Autopanamericano- Av Panamericana No-1-A-100

Hora 9.am.