Según fuentes cercanas al Departamento Administrativo Nacional de Planeaciòn suministradas al Congreso de la Republica para sustentar el proyecto que crea el Sistema Nacional de Regalías, entre 1995 y 2009, el 80% de estos ingresos se concentraron en el 17% de la población lo cual equivale a 8 departamentos o sea el 25% de los existentes y tan solo se han beneficiado 112 municipios de los aproximadamente 1.099 que tiene Colombia que equivalen al 10.1%. Resultaría muy prolijo entrar en el detalle o el debate sobre cuales entidades territoriales fueron las más beneficiadas y sobre su afortunada o transparente inversión y además tampoco es este el escenario apropiado para entrar en un memorial de quejas por parte de las entidades que nunca fueron beneficiadas con los ingresos por regalías.

Los ingresos por Regalías han venido creciendo de manera sostenida y significativa en el reciente quinquenio[1], pasando de $ 1.553 billones en el año 2.000 a $ 4.233 billones en el año 2.009 y en el periodo 2000-2011 serán de $46.6 billones de pesos y se prevé que entre los años 2.012 y el 2.020 se situarán en 94.8 billones, por lo cual, ante este  crecimiento acelerado de estos recursos, le ha permitido al gobierno diseñar una estrategia de redistribución de los ingresos adicionales sin sacrificar a los actuales beneficiarios de estos. [2]

Sin embargo las cifras anteriores de estas importantes fuentes de inversión, demostrarían que la equidad entre regiones, por lo menos desde el punto de vista de los ingresos provenientes de las regalías, han generado un efecto que discrimina y contraría el espíritu con el cual se pretendió esa anhelada igualdad entre colombianos en la Carta Política aprobada en 1.991.

Considerando que los ingresos de regalías son una contraprestación económica que se recibe por la explotación de los recursos naturales no renovables, que son de propiedad del Estado y que deben favorecer a todos los colombianos, resulta contradictorio al concepto de desarrollo equitativo de sus regiones, reservar sus ingresos solo a los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de tales recursos, así como a los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten estos o los productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones.

El constituyente de 1.991 pretendió “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la  paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”[3]  y agregó: “ Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” La actual forma de acceso a los recursos por regalías es contraria a estos postulados.

Desde el Senado de la República hemos venido compartiendo las razones que han llevado al Presidente de la Unidad Nacional Juan Manuel Santos a presentar una iniciativa que pretende hacer realidad los mecanismos que propendan esa anhelada equidad entre regiones como una forma efectiva de romper la esclavitud de las desigualdades entre ellas.

La equidad en el acceso de las Regiones al Sistema General propuesto por el ejecutivo, alcanzará su verdadera importancia al discutirse el Proyecto de Ley que el Gobierno someterá a consideración del Congreso Nacional pues solo allí se darán la oportunidad y el escenario adecuados para que se discutan y definan todas las inquietudes planteadas en relación con los criterios de distribución de los recursos,  las responsabilidades de las asignaciones, la administración de los Fondos que se crean en el acto legislativo, así como la participación y ejecución autónoma de los departamentos, Distritos y Municipios  en la aprobación de los proyectos de inversión resultantes de las nuevas fuentes de financiación.

Desde este espacio, el partido CAMBIO RADICAL y su Bancada instan a las administraciones territoriales a  preparar desde  ahora ambiciosos  verdaderos y reales Macroproyectos de inversión que beneficien e impulsen el desarrollo regional con visión de futuro, que se podrán financiar con los nuevos recursos y a inscribirlos con la metodología adecuada ante las autoridades de Planeación competentes, para soñar con una Colombia como un País de Regiones desarrolladas como propósito del presente milenio.

La Costa Caribe Colombiana, salvo algunas contadas excepciones y en especial Cambio Radical como partido integrante de la Coalición de Gobierno, hemos venido apoyando la iniciativa gubernamental, sin perjuicio  del ejercicio soberano de aceptar las criticas tendientes a mejorar el proyecto sometido a estudio del Congreso, toda vez que es nuestra Región la que alcanzaría mayores posibilidades de obtener altos  ingresos tal como se demuestra en el siguiente cuadro [4]

Total recursos (miles de millones) – Variaciones frente a ingresos de 2.009.