"El asunto se agrava cuando se muestra un Estado insensible en políticas de gobierno" senador Cesar Tulio Delgado Blandón (Partido Conservador).

"Y de que ha servido el de los vehículos?. Con esta medida que se implementó sin estudios, se estimuló la venta del parque automotor en el país": senador César Tulio Delgado (Partido Conservador).

Cali, marzo 6 de 2013.- Quienes tenían un carro pasaron a dos y los que tenían tres a cuatro. Mucho mas cuando hoy te entregan un carro con la cedula. Para los jóvenes profesionales y las nuevas familias, la vivienda dejo de ser primera opción, siendo desplazada por la compra de vehículo.

Según estudios de Estabilidad Financiera del Banco de la Republica el endeudamiento de los hogares colombianos asciende a $81.5 billones de los cuales el 73% son créditos de consumo. Dicho de otra manera, los hogares están destinando sus ingresos al pago de compromisos financieros, siendo más representativo el incremento en créditos de consumo que en vivienda. El estudio revela que el crédito de consumo sigue disparado; en enero de 2007 fue de 27% pasando en febrero de 2012 a 61.7%. Mientras los créditos hipotecarios crecieron a paso de tortuga y en esas mismas fechas de un 7.7 % a un 15.8% en febrero de 2012.

Al iniciar el pico y placa en el 2006 se vendieron 198.184 carros y en el 2011 alcanzo una cifra record de 324.570 vehículos nuevos. Queda claro que el pico y placa no ha servido para nada, solo para incrementar el parque automotor y la contaminación; frenando el verdadero desarrollo de la sociedad como vivienda y educación. La calidad del gasto consumista no apunta a sacar de verdad a los ciudadanos de la pobreza y a fomentar el crecimiento de la clase media.

Los motociclistas son una gran fuerza laboral, motor de la economía a los que se hace necesario regular y ser exigentes en el cumplimiento de las normas de transito. Impulsar la cultura ciudadana como tarea de alcaldes y secretarios de transito.

Estimulemos las ciclorutas o motovías, no hagan la más fácil, sean ambientalistas en esta era. Sin estudios no podemos proponer, el remedio no puede ser peor que la enfermedad, con sensatez apoyemos la economía familiar y la sociedad.
No resulte la medida del ministro que intentó resolver la accidentalidad ordenado encender las luces en el día para vehículos y se disparo la venta de bombillos y baterías.

Hoy una moto de segunda se consigue hasta por 600 mil pesos. No quiero imaginar la de Troya en unos años. Es tan iluso como vender el sofá.

"Urge la revisión de la Ley 142 hecha a la medida de las ESPD, a ver si la tortura para el pago de los servicios públicos por lo menos es más digna", senador Cesar Tulio Delgado (Conservador).

La Constitución Política, expresa para el caso de los servicios públicos, frases como "El Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios" art 365. "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado", art 366. "La ley fijara las tarifas... teniendo en cuenta la solidaridad, y la redistribución de ingresos" art 367.

Pero una cosa es lo que dicta la Constitución y otra la que practican los agentes del Estado, en este caso la CREG y La Superservicios, amparadas en la Ley 142 de 1994 emitieron la Resolución 008 de 2006 obligando a los usuarios a permitir revisiones técnicas so pena de suspender el servicio, afirmando que las revisiones y cambios de medidores son a cargo de los usuarios. Como consecuencia de esa resolución las empresas de gas domiciliario recibieron billonarios rentas vía factura, a costa de los usuarios.

Una empresa que en el 2006 realizo 74.589 inspecciones facturo a usuarios $2.204 millones a un costo de $29.540 por visita, otra empresa recibió en el 2011 excedentes por $8.544 millones facturando en "otros cobros" a $55.000 por usuario.

Las ESPD han tercerizado esa labor por la que pagan 12.000 pesitos, mientras que cobran vía factura $60.000 aproximadamente. Las visitas se programan inconsultamente, creando monopolio, sin libre competencia y la tarifa por "ese cobro" no esta estratificada, pagando idéntica suma el estrato 6 o el estrato 1.

¿Es esto una política de Estado con justicia social?, ¿Se esta legislando para la anhelada paz que deseamos todos los colombianos?

La tortura y afujías que muchos colombianos sufren para pagar sus facturas son el resultado de un Estado insensible presa de la corrupción. Los agentes del Estado con sus actos administrativos favorecen aquellas empresas en contra de los usuarios.

En el debate al que cite al Superintendente de Servicios Públicos, Financiero y de Comercio quedo planteado el compromiso de revisar esta política de gobierno abusiva, inclemente, y sin compasión, en la próxima reunión de la CREG.

"No hay una política estructurada en el manejo o destino de los bienes incautados a la mafia", senador César Tulio Delgado (Partido Conservador).

Con los millares de muertos que dejan el narcotráfico y la ubicación nada digna de Centroamérica como el territorio más violento, sumado a ello el financiamiento de la guerrilla y el azote de las bacrim en Colombia; queda manifiesta la impotencia e ineficacia en la lucha contra las drogas haciéndose necesario cambiar de estrategia.

En dos oportunidades se ha pronunciado el presidente Santos, en la necesidad de abrir el debate para despenalizar el consumo y tiempo atrás los expresidentes latinoamericanos Cesar Gaviria, Fernando Cardozo de Brasil y Ernesto Zedillo de México en el marco de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia hablaron del fracaso en la lucha antidroga.

Por desempleo y la búsqueda de dinero fácil surgen cada día narcotraficantes como plaga. Sumas multimillonarias quedan en manos de la mafia. Y cuando se incautan dólares, no se sabe a donde va a parar esa plata. A propósito, ¿qué pasó con los U$ 65 millones de las caletas de chupeta?

No hay en el país una política estructurada en el manejo o destino de los bienes incautados a la mafia. Se asignan a dedo y empresas boyantes y desarrolladas en el pasado como Agronilo Grajales en el Valle, generadoras de empleo, hoy están en completo abandono; su mano de obra en la calle propiciando inseguridad o delincuencia y los depositarios de esos bienes, sin saber que hacer con ellos.

La despenalización no es mala idea. La marihuana tendría el más alto gravamen para su producción y sus utilidades irían a subsidiar a campesinos para estimular la producción de productos legales. Recursos irían para vivienda, salud, educación, centros reformatorios, o campañas intensas para prevenir el consumo.

Del mismo cuero, se hacen las correas. De paso le quitamos la estructura financiera a la guerrilla, paras y bandas criminales. Ojo, no es despenalizar sencillamente.

Pero primero, que el Gobierno nacional elabore un anteproyecto, lo socialice con países victimas de este conflicto que se le midan al asunto, debatirlo con la comunidad internacional y después al Congreso por la vía del referendo.

¡Abramos el debate!

"El último día de sesiones en el congreso aprobamos leyes y considero que la ciudadanía debe conocer aspectos referenciales de algunas de éstas. Quiero referirme, entre otras, al cuestionado papel que cumple Sayco-Acinpro y a su dudoso desempeño en el recaudo y distribución de regalías para autores y compositores", senador Cesar Tulio Delgado Blandón (Partido Conservador) 

La aprobación de la Ley de Espectáculos Públicos es un estímulo para que capital privado sea invertido en infraestructura y proyectos de escenarios compensados con el descuento del 100% en el impuesto de renta a particulares. 

En esta ley, con la exención de IVA a los servicios artísticos para desarrollar espectáculos y la creación del Registro de Empresarios del Espectáculo Público se abre la puerta jurídica y el camino para la eliminación de Sayco- Acinpro. Personalmente me queda la satisfacción de impulsar y aprobar esta propuesta gubernamental.

Con la disculpa de aprobar con celeridad la ley de regalías, se ignoró la solicitud que hicimos algunos senadores de la presentación de plan de obras y proyectos de desarrollo regional.

En voz baja se comentó que la muy cuestionada Corpomagdalena recibiría $ 500 mil millones de pesos, recursos que se lleva el rio.
Insatisfecho me declaré de otra  parte por la conformación de la nueva Junta Nacional de Televisión al quedar con 5 miembros y no ser incluido allí un representante de los canales regionales, ni la liga de usuarios, para llegar a 7 como era mi propuesta.

La televisión pública no puede ser cordón umbilical del gobierno central y debe conservar, por lo tanto, la autonomía de contenidos y de ser expresión democrática, y ser en lo posible un apoyo para la universidad, para la educación, la cultura y soporte para la formación de la familia en sus expresiones cotidianas.

En el avance de la reforma a la justicia, queda el sabor amargo de no haberse podido cumplir con el espíritu inicial del proyecto como era el de buscar la descongestión de los procesos judiciales y responder más a aspectos internos de las cortes y no al beneficio directo del ciudadano.

Queda la tarea pendiente para el Congreso y el Gobierno de la reforma a la educación superior, que garantice la financiación de las universidades públicas y la ampliación de la cobertura educativa universitaria.

Ad portas del TLC, el Gobierno tiene que pensar en otra alternativa para el cruce de la cordillera Central, manifestó el congresista.

"¿Para que sirven las contralorías?, ¿se justifica su existencia? o ¿es más sano reestructurarlas o eliminarlas?": senador César Tulio Delgado (Partido Conservador).

"En Colombia la TV debe convertirse en red pública del Estado, con autonomía financiera, publicitaria e independencia política": senador César Tulio Delgado (Partido Conservador).La televisión pública en Colombia, la cual inició con Inravisión en 1963 y reglamentada mediante la Ley 182 de 1995, requiere hoy la presentación de un proyecto de ley que regule ese medio masivo de comunicación precisamente al ser eliminados los artículos 76 y 77 de la Constitución política que le soportaban el marco jurídico.

Dicha ley debe ser muy clara en defender la Televisión pública sin ánimo de lucro y que además garantice, por lo menos, su financiamiento parcial con recursos públicos.

En América latina los espejos son ejemplo. En Bolivia, la televisión pública que cubre todo el territorio nacional tiene financiamiento mixto y goza de baja credibilidad debido a su orientación al gobierno de turno.

Igual ocurre con el Perú, TNP que cubre el 80% del país ocupando bajos niveles de sintonía. De Venezuela, no podemos decir algo diferente, siendo los canales 5 y 8 del gobierno. En México, Salvador, Guatemala y Nicaragua se presentan situaciones similares.

Se salvan Brasil y Chile, este último con canales en manos de las universidades y del Estado, con éxitos en audiencia y auto financiamiento publicitario. Existe un directorio de TV, a manera de junta, protegidos de remoción política, con autonomía dedicada exclusivamente a la comunicación, con profesionalismo y no a los intereses políticos del gobierno de turno.

Aprovechar esta reforma para que la TV se convierta en red pública del Estado, con autonomía financiera, publicitaria e independencia política, que facilita la libertad de expresión y que posibiliten pluralidad de ideas en favor del país; debe ser nuestra tarea.

Una TV con programas que fortalezcan el hogar y la familia en sus relaciones afectivas y llegue al mundo campesino y popular como complemento educativo. A la academia, Universidad y facultades de comunicación, proporcionarles sus espacios, ellos juegan papel fundamental; no solo para su proyección profesional sino para la elaboración de documentales e investigaciones.

Urge revisar los consejos comunitarios como un instrumento gubernamental. Esa práctica desemboca en carencia de sintonía.
La TV pública bien administrada; es rentable. Los canales regionales son vivo ejemplo, pero ajustemos una programación lúdica, cultural, educativa que eleve el auto estima de los colombianos y que el folclore, festivales y paisajes trasciendan las fronteras.

¡Quedamos en la espera de ese proyecto!

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“Además de las fechas para reconocer las víctimas, uno de los temas del debate será la reparación en términos económicos”: senador Cesar Tulio Delgado (Partido Conservador).

El presidente Santos, apartándose de la línea de gobierno del mandato Uribe, radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de atención y reparación de víctimas del conflicto armado interno.

La presentó personalmente, dando con ello un especial significado, como también con implícito mensaje a los grupos armados en su disposición de allanar camino en búsqueda de paz. 

En tierras, las cifras hablan de 6 millones de hectáreas, 2 millones de los cuales hoy están en manos de guerrilla y paramilitares y los 4 restantes abandonadas. La iglesia católica, a través de su pastoral en más de 500 parroquias, ha podido elaborar un censo serio con más de 2 millones de hectáreas despojadas a los campesinos.

Parece simple el ejercicio de restitución de tierras, frente a los datos de las víctimas. Cifra que está en los 331.000, a las que promediando la reparación en términos económicos de $20 millones, lograríamos una cifra cercana a los 60 billones. Recursos que se asignarían gradualmente. Ese, seguramente, será uno de los temas del debate, además de las fechas para reconocer las víctimas y la ambigua discusión semántica entre los términos beligerancia y conflicto armado. 

Quiera o no, el Congreso en la aprobación de este proyecto, entra a dirimir una controversia política, que independiente de los fallos de la corte sobre Farcpolítica, deben ser una herramienta que no solo se limite a que los congresistas cumplan con su deber legislativo, sino; a trazar un camino, un norte, de una verdadera política social para el resarcimiento y la reparación de las víctimas. 

Pero soy pesimista, pues en el marco presupuestal  a mediano y largo plazo las cuentas no son muy claras. Es un símbolo de voluntad política, “las llaves del dialogo no están arrojadas al mar”-Santos. Es plausible el esfuerzo del gobierno, resolver la devolución de las tierras a los despojados, meritoria intensión que avala el Congreso con la aprobación, y no por darle gusto al presidente Santos, mucho menos para contrariar a Uribe, sino; para marcar una nueva era en el manejo de la paz para los colombianos.  ¿La tierra está  y de la plata qué?

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“La educación es la mejor vía para resolver la inequidad social”: Senador: César Tulio Delgado (Partido Conservador).

Estoy preocupado, el Ministerio de Educación Nacional, a mi solicitud, no aborda con profundidad el problema de la calidad de la educación pública y solo propone alivios insuficientes, como la evaluación de estudiantes con las pruebas Saber y evaluación de docentes por sus rectores, que a mi juicio, no expresan la realidad de la calidad educativa integral de los estudiantes colombianos.

No tendremos calidad, por ejemplo, si continúan feriando los contratos de alimentación escolar, 800 mil millones que se entregan a particulares, sin que la comunidad educativa tenga la mínima posibilidad de fiscalizar y participar de esos procesos.

Tampoco, si persiste la carencia de docentes para las actividades complementarias en danza, teatro, música, deportes, así como de elementos e infraestructura para aquellas actividades lúdicas que motiven y estimulen a los jóvenes a permanecer en las instituciones educativas y los alejen del riesgo de las drogas, alcohol o delincuencia. Y Si el Ministerio de Cultura  continua con la cultura como bien de consumo suntuario y no educativo poniendo en riesgo la formación artística como parte del desarrollo integral de los estudiantes.

La educación es la mejor vía para resolver la inequidad social. Mientras no haya directrices o mecanismos de comunicación fluida, real y tangible entre las instituciones educativas con los padres de familia que permitan activar alertas en el consumo de drogas, sexualidad, ética, valores y comportamiento escolar se pone en riesgo la calidad educativa y aumenta la deserción.

No es menos preocupante que con la ley 715 se dio la apertura para el ingreso como docentes de arquitectos, abogados, ingenieros, odontólogos, entre otros,  que se inscribieron a la carrera docente; fueron nombrados y por falta de vocación y cumplimiento de sus expectativas  salariales, algunos, han   dejado abandonadas las aulas. Fue desacertada la medida buscando generar empleo, más no calidad educativa. Es necesario reformar esta ley y adecuarla a la realidad educativa del país.

Sin resolver las bases o el principio de la calidad educativa, se propone al gobierno una reforma a la educación superior con la que tampoco resuelve el desfinanciamiento critico de las universidades públicas. Vaya encrucijada, a propósito o no, en la que se encuentra un gobierno, que espero resuelva pronto la interinidad de un ministerio tan importante y al que la ministra al ocupar la alcaldía de Bogotá, seguramente ahí terminara periodo, ¡póngale la firma!

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“El PND, se parece a una tienda barata, en la que han colgado los más llamativos artículos”: senador César Tulio Delgado (Partido Conservador).

Son varios los artículos que generan controversia en el Plan Nacional de  Desarrollo, siendo este un proyecto estructural, que soporta la agenda del Presidente Santos, para su periodo de gobierno.

El PND, se parece a una miscelánea o tienda barata, en la que han colgado los más llamativos artículos: el artículo 74 "crea el fondo de renovación de vehículos de trasporte público para el trasporte de carga con recursos de la nación". Artículo propenso a la corrupción. Imagínense compra de repuestos para vehículos de la nación o adjudicándolos a beneficiarios dudosos. Iniciativas como estas no contribuyen en nada a la buena imagen del congreso.

Artículo 75 "El equipo automotor de uso oficial que haya cumplido su ciclo de vida útil, será dado de baja y sometido a desintegración… Y el articulo supone que la chatarra no tendría valor". ¿Qué tal funcionarios dando de baja a vehículos en regular o mediano estado a cero pesos?

Si eso le parece poco, mire el artículo 214 en donde queda libre el control para los rellenos sanitarios, precisando que ninguna entidad ambiental o territorial se puede oponer y que será solo facultad del ministerio. Allí, también se contempla que se pagará un incentivo a los municipios que permitan la ubicación final de basuras o por sitio de transferencia a una tarifa entre el 0.0125% y 0.023 % del salario mínimo mensual por tonelada. Lo que equivale a $67. Una ciudad como Cali recibiría solamente $134.000 diarios por 2.000 toneladas, mientras que los operadores privados se quedan con la carne al recibir millonarias sumas por el cobro de recogida y la transformación de los desechos sólidos.

Especial atención llaman los artículos 146 al 153, todos ellos priorizando recursos y atención a la población desplazada por la violencia en materia de vivienda y subsidios entre otros. Quedando tácitamente oficializado el desplazamiento forzado de campesinos. ¿Donde está la política de Estado para contener tal usurpación por agentes generadores de violencia y mantener al campesinado en su espacio? 

¿Qué pasa con el proyecto de victimas y restitución de tierras  que busque la recuperación de esos terrenos y el regreso en condiciones de seguridad de los campesinos despojados? ¿Quién se queda con la tierra de los desplazados?

Propender por una Colombia justa y humanitaria es mi tarea, por ello, llamaré a la discusión para que estos artículos no sean aprobados.

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“Hace 9 meses fue secuestrado Francesco M., prácticamente en las narices de la policía”.

Hace 9 meses fue secuestrado Francesco M. en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), por delincuentes comunes que lo entregaron al quinto frente de las FARC, y lo sacaron prácticamente en las narices de la Policía.

Aunque hubo alboroto y disparos, nada paso. No hubo retenes en las salidas a la montaña. La reacción fue cero, en un pueblo que está vacunado y extorsionado, por los mandos medios de la guerrilla. Todo el mundo sabe en donde está asentado el campamento y quiénes son sus milicianos.

En el municipio de Tuluá departamento del Valle del Cauca, en consejo de seguridad, un familiar dialogó con el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera y el General Naranjo, director de la Policía; entregando detalles del secuestro, de sus captores y... nada paso.

Francesco, con la angustia y desespero de una madre que subió al campamento en 4 oportunidades, implorando no conseguir los mil millones para la libertad de su hijo; arriesgó su vida, escapó con ese arrojo de un joven de 20 años, y al que en ocasiones lo cuidaba un niño de 10 años.

Imaginó la ruta que tomaría y que Camilo, compañero en cautiverio le enseñó cuando aprendió de las varias veces que fue a buscar un "minutero" para llamar por los 75 millones que se pagaron por su rescate. 

Sigilosamente, salió del cambuche, después de quitarse las gruesas medias para soportar el frio y que su madre le llevase una de las veces, estas le permitirían aflojarse las cadenas. 

Caminó 2 horas y media cayendo en manos del sexto frente  que recibió orden de su ejecución. De milagro apareció la guardia indígena, ante quien se abalanzo, ellos con rezos y cuerpos le acogieron y protegieron. Los guerrilleros salieron espantados. La guardia indígena lo escoltó a Santander de Quilichao para entregarlo a las autoridades que no tuvieron ese arrojo ni voluntad, para rescatarle.

Mientras tanto, los parlamentarios vallecaucanos nos reunimos la semana pasada con los ministros de Defensa e Interior y de Justicia, con generales del Ejército y de la Policía en donde para seguridad priman los recursos y en la que se concluyó realizar otra reunión de alto nivel gubernamental en la ciudad de Cali, con alto índice se inseguridad, argumentado en la pobreza de $$$$$ pero, mucho más que eso, lo que falta es voluntad y arrojo de nuestras fuerzas militares.

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"¿El PND va en contravía de su articulado?": senador César Tulio Delgado. 

El Plan Nacional de Desarrollo, en sus disposiciones generales plantea como objetivo: "alcanzar la paz, dar un salto de progreso social, lograr más empleo… y menos pobreza”. ¿Se cumplirá o por el contrario va en contravía de su articulado?
Se incrementa la tarifa mínima del impuesto predial unificado, subiendo la oscilación entre el 7 por mil y el 16 por mil, buscando aplicar la tarifa hasta el 2014, y lo más grave es plantear que el avaluó catastral de los bienes inmuebles no podrá ser inferior al 60% de su valor comercial.

No entiendo cuál es la política de Estado para generar empleo; en el artículo 35 para la entrega de beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas. El criterio determinante será el valor de las ventas brutas anuales y no otros criterios como empleo, beneficio a la población, entre otros.

Con el avance de las tecnologías y las comunicaciones, compañías particulares se están beneficiando de redes públicas, usufructuando el subsuelo: abren huecos, instalan redes, utilizan postes y ¿con permiso de quién?, ¿dónde está el control del subsuelo propiedad de la Nación? En el artículo 42 se quiere aprovechar toda la infraestructura de las redes de transporte terrestre masivo en beneficio de concesionados o particulares.

Como senador estaré alerta generando debate para no entregar un cheque en blanco y que se aclare cómo va a ser la contraprestación en beneficio del Estado y en la búsqueda del interés general. Incluso, ir más allá.

¿Cómo se va a regular el espacio aéreo para el uso de las nuevas tecnologías como WI-Fi?, ¿lo que hoy es un servicio gratuito en centros comerciales, que en un futuro se hará en parques y zonas verdes, seguirá siendo gratuito?, ¿quién será el beneficiado?, ¿a quién pagaremos?

Ahí les dejo esa pulguita en la oreja, para que estemos alerta y vigilantes de los bienes de uso público hoy planteados en el PND regulados para los próximos años.

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"No hay derecho a que unos pocos se beneficien tras la explotación de nuestros recursos naturales": senador César Tulio Delgado.

En el estudio del Plan Nacional de Desarrollo se detectan artículos que evidencian el favorecimiento deliberado o no, de algunos procesos que proyecta el Gobierno en los próximos 4 años.

El coltán es un mineral con propiedades magnéticas y con alto poder para mantener o transmitir energía utilizado en la producción de celulares y tecnología de punta. Es el mineral del futuro, ¿por qué no se incluyó la proyección de su producción en los próximos años y sus alcances en el proyecto de modificación constitucional para la distribución de regalías? El gobierno me expresó, que ello es motivado por el mínimo impacto de producción. Mejor dicho: que el coltán no paga regalías.

En corredores y pasillos se comenta de la adquisición de miles de hectáreas en Vichada y Vaupés con gran potencial para la explotación de Coltán, por algunos miembros del gobierno anterior. ¿Se está aprovechando información privilegiada para beneficio propio, como se volvió costumbre en el gobierno anterior? 

El ministerio de Minas incluyó el artículo 62 en el PND, reglamentando las reservas mineras estratégicas en donde  delimitan áreas especiales, sobre las cuales no se recibirán nuevas propuestas de concesión minera y por supuesto, exonerando de la entrega de regalías por productores a la Nación. 

¿Estas investigaciones en ciencia  e innovación tienen que ver  con el artículo 31 del PND en el que se entregan beneficios tributarios hasta del 125 % del valor invertido en esos proyectos?

La explotación del coltán en Colombia es ilegal, pese a la regulación del ministerio de minas y energía es extraído y vendido como tantalio, sin embargo el Gobierno nacional tiene reservadas las áreas de producción en forma similar al petróleo. Hoy se consigue tonelada de coltán con 30 % de pureza en 45.000 dólares. 

La fiebre de coltán es tan similar a la del oro y miles de mineros andan con un imán, pues es una de las características de este precioso mineral del futuro. 

Ojalá ese imán no le atraiga dolores de cabeza al Estado, tan fuertes como el despojo de tierras por paramilitares y narcotraficantes  y un "mico" con las características de “orangután” no sea aprobado en el Congreso.

Desde la comisión sexta estaremos vigilantes a este tema, no hay derecho a que unos pocos exploten nuestros recursos naturales, contaminen y se beneficien con recursos que se necesitan para educación, salud y seguridad entre otros.

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