Senador Enríquez Maya defendió los principios de acuerdo logrados entre Altas Cortes y ponentes del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia.
En respuesta al comunicado del Consejo de Estado donde este organismo oficializa su retiro de la discusión del Proyecto de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, el senador ponente Carlos Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), defendió los acuerdos suscritos por la comisión de ponentes y los Presidentes de las Altas Cortes para sacar adelante una reforma a la administración de justicia.
Subrayó que dentro del Acto de reforma que viene estudiando el Congreso de la República se crearon una serie de beneficios a las Altas Cortes, entre otros, juicio previo de carácter político, traducido en la propuesta de eliminación de la Comisión de Acusaciones, se revivió el sistema de Cooptación, se dio a la Corte Suprema de Justicia la facultad de proponer futuras enmiendas de orden constitucional , se amplió a doce años el periodo de los magistrados y se estableció su retiro forzoso a los 70 años de edad.
Sostuvo, igualmente, que en la reforma constitucional del 2003 aprobada por el Congreso de la República, se dejó en manos de los Presidentes de las Altas Cortes la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil y que ello continuará en esta nueva enmienda y que las cortes tienen el privilegio de proponer candidatos para los cargos de procurador General de la Nación y Contralor General de la República. Hizo énfasis que el gobierno quería seguir manteniendo ese derecho y el Congreso de la República le dijo no a esa pretensión porque entendía que ello era un derecho constitucional de las altas cortes, así como se mantiene la facultad de elegir al Fiscal General de la Nación. Sostuvo que en esta nueva reforma no se modifica para nada la conquista fundamental de la acción de tutela.
Reiteró que dentro del juicio a los aforados, la segunda instancia va a estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia y que en materia presupuestal el Ministerio de Justicia comprometió todos los esfuerzos para que en lo sucesivo la rama judicial tenga los aportes suficientes para garantizar su correcto funcionamiento. Agregó que el estado hará un gran esfuerzo para zanjar las profundas diferencias que existe hoy en materia salarial en la rama judicial.
Dijo de otra parte que esta reforma a la justicia la requiere de manera urgente el país pues para nadie es un secreto que un proceso Contencioso Administrativo en Colombia dura 13 años y que los procesos judiciales en promedio duran 10 años. "Eso no es "justicia", afirmó tajantemente el senador ponente.
Observó, igualmente, que el Congreso de Colombia, sustenta su razón de ser en 3 funciones fundamentales: elaboración de leyes, reformas constitucionales y ejercicio del control político. Resaltó que pese a que la constitución del 86 consagraba la inmunidad parlamentaria, este derecho desapareció y por lo tanto Colombia es el único país del mundo donde no hay inmunidad parlamentaria y el único país del mundo donde a sus congresistas se les juzga en una única instancia y que un solo hecho al congresistas se le aplican cinco sanciones.
Al respecto declaró: "No estamos cambiando en nada este sistema. Estamos pidiendo que se respeten los derechos humanos del congresista, que se le permita el derecho de legítima defensa y que por ello se propone la doble instancia, una primera instancia de instrucción a cargo de una de las secciones del Consejo de Estado y una segunda instancia ante la Plenaria del Consejo de Estado sin la presencia de la sección que conoció e instruyó la primera instancia. Pedimos que se acabe la pérdida de investidura a perpetuidad y se propone, a cambio la figura de la sanción. Se establece que esos procesos lleven 40 días para la primera instancia y dos para la segunda instancia.
El senador Enríquez Maya defendió la supresión del proceso disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación y precisó que esa iniciativa no la propuso el congreso sino el mismo Procurador quien dijo textualmente el día de su posesión: "Yo no quiero investigar, sancionar o absolver a las personas que me eligen".
Dijo que ante tal requerimiento se propone entonces la creación de dos salas de instrucción y ajusticiamiento en las que no tiene nada que ver el procurador general, son 2 salas adscritas a la Corte Suprema de Justicia que actuarán con magistrados que reúnan las mismas condiciones de magistrados de las altas cortes.
Sobre la facultad de otorgar manejo procesal a sectores distintos a la rama judicial aseveró que ello es un sano propósito del legislador para descongestionar la justicia: "Aquí en Colombia todo se judicializa porque no confiar en los notarios, en los particulares y abogados litigantes? ", se preguntó.
El senador y jurista nariñence concluyó su intervención ante la plenaria del Senado, formulando estas reflexiones: "El colombiano del común espera de una reforma a la justicia que le permita acercase a ella. Falta un cambio de cultura procesal. Hay que respetar los términos de los procesos judiciales, juez que no cumpla los términos pierde la competencia. Hay que revisar la competencia. Tenemos que revisar los códigos del sistema penal acusatorio y dotar al país de un sistema solido de administración de justicia a través de la cual el país encuentre caminos allanados para el desarrollo y para la paz".
