Advirtiendo las falsas expectativas de crecimiento económico tras la negociación con las Farc, el senador Alfredo Ramos Maya reveló que el país no progresará a los niveles prometidos por el Gobierno y mucho menos estarán por tiempos indeterminados.

En opinión de Ramos, “el fin del denominado 'conflicto' no está ligado a saltos en el crecimiento económico pues en ninguno de los países de América Latina, que terminó conflictos sin que mediase derrota militar, ha sido posible discernir un salto en las tasas de crecimiento económico de largo plazo, en relación a las del resto de la región. Estos números mágicos parecen sacados del sombrero”.

Así pues, el senador explicó estudios como el “Dividendo Económico de la paz”, realizado el año pasado por el Departamento Nacional de Planeación, en el que estima que “el crecimiento económico tras la negociación con las Farc estaría entre 1,1% y 1,9% de manera eterna. Eso sería el crecimiento adicional, un crecimiento anual, pero si uno mira lo dicho por el Presidente Santos el 28 de julio de 2015, él se comprometía a un crecimiento económico para 2018 de 4,5% y que con paz hablaba del 5,5% o 6%”.

Incluso, dijo Ramos, la trampa ya estaba hecha. Con ello se refería a que, si se analizan dichas palabras, la realidad será completamente diferente: “En 2018 nos va a decir que no hubo paz, que se firmó el acuerdo con las Farc pero que ahí sigue el Eln, Epl, las Bacrim y demás”. Es más, al comparar tal cifra con la calculada por el Ministro de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “ya está hablando de un crecimiento esperado o un potencial entre un 3,8% y un 3,9%. Ya no sabemos a quién creerle”.

De modo similar, detalló un estudio realizado por el profesor de Economía de la Universidad de Los Andes, Marc Hofstetter, en el que expone las razones por las que la denominada “paz” no servirá para generar crecimiento económico.

Por un lado, está “la importancia relativa de las actividades beneficiadas del fin del denominado conflicto”, pues aun cuando el gobierno asegura que el sector agropecuario será uno de los más beneficiados, “hoy dicho sector pesa aproximadamente el 6% del PIB. Si se quisiera lograr crecimientos adicionales, del famoso dividendo de paz, estaríamos diciendo que el agro tendría que crecer a tasas del 15% anual durante los próximos 10 años, para que tenga un efecto real”. No obstante, diferentes análisis han demostrado que, en las economías más desarrolladas”, el sector agropecuario jamás crecería a tasas del 15% anual, es decir, efectivamente sí se va a beneficiar, pero nunca a niveles del 15% como pretende el Gobierno Nacional en estos supuestos”.

Para concluir, Ramos argumentó en la plenaria del Senado de este martes, que hay dos elementos adicionales que no permitirán crecimiento en el campo colombiano, la Ley 1448 de 2011 y las Zonas de Reserva Campesina: “Hoy en Colombia nadie está invirtiendo en el campo por cuenta de personas que están despojando a poseedores de buena fe. Hoy nadie se atreve a invertir un peso en el campo con el riesgo de que mañana le quiten la tierra con cualquier prueba, que tenga que tenga que gastarse un montón de dinero defendiéndose con abogados para que no le reconozcan después un solo peso”.

Se trata del parágrafo tercero de la Ley 1779 de 2016, que reglamenta las zonas de concentración de las Farc y que debió tramitarse como una ley orgánica y no ordinaria -como en realidad sucedió.

Así lo dejó plasmado Ramos en la demanda radicada ante la Corte Constitucional en la que solicita que se declare la inexequibilidad de este punto relacionado con la ubicación temporal de miembros del grupo narcotraficante terrorista Farc o, en su defecto, que se declare la exequibilidad condicionada a una consulta popular en los municipios en los cuales se impusieron estas zonas. Para tal efecto, el legislador antioqueño elevó una solicitud para que se convoque a una audiencia pública, “dada la trascendencia de la actual demanda y la importancia de que tanto ciudadanos como organizaciones no gubernamentales puedan ser oídas en audiencia”, lo anterior ya que temas como estos tocan sensiblemente la seguridad nacional y el libre albedrío de los mandatarios regionales.

Teniendo en cuenta que ya han pasado más de tres meses de sancionada la iniciativa y el Gobierno Nacional no ha tomado los correctivos pertinentes, Ramos también solicitó que se realice una consulta popular “en las áreas y extensiones a delimitar para establecer en las entidades territoriales las denominadas Zonas Veredales de Normalización Transitoria”. Es decir, que no solo se pregunte a los entes territoriales en dónde se ubicarán dichas zonas, sino que se tenga en cuenta, y por sobre todas las cosas, la opinión de los habitantes de las mismas y que sean ellos quienes decidan si así lo quieren.

La demanda antecedió una constancia radicada en la plenaria del Senado que justamente denuncia lo sucedido en uno de los municipios en donde se ubicará una de estas zonas de concentración guerrillera, Dabeiba, Antioquia. Allí se viene presentando un fenómeno particular: “pareciera que el Estado colombiano no hiciera presencia. Y basta con hablar con la ciudadanía para darse cuenta de que el Gobierno y las instituciones legítimas brillan por su ausencia”. Lo anterior ya que recientemente “se realizó una marcha pagada por las Farc en el casco urbano de Dabeiba, la cual fracasó, pero quedó en evidencia que la comunidad fue obligada a trasladarse desde sus veredas para participar de la movilización”. Esto sin contar con que las Farc, con el aval del Gobierno, “impuso desde La Habana varias mini zonas de despeje – una por ejemplo en la vereda Llanogrande - en donde no podrán entrar ni la Policía Nacional ni el Ejército. Es decir, los campesinos estarán bajo la protección de nadie y simplemente se hará allí lo que las armas de las Farc permitan y obliguen”.

Precisamente para advertir sobre las peligrosas consecuencias de estas decisiones, Ramos dialogó con los habitantes del municipio de Dabeiba el fin de semana pasado cuando les explicó que pueden exigir una consulta popular para oponerse a la decisión de ubicar allí una zona de concentración. Dicha visita hace parte de la gira denominada “#QueremosConsultaPopular”, considerada como una cruzada nacional pedagógica en la que se aclara que los ciudadanos “tienen el derecho de decidir libremente en una consulta popular si quieren o no que miembros de esta organización narcotraficante y terroristas estén en su territorio”.

Deja muchas inquietudes la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el pasado 6 de mayo. 267 artículos aprobados en 10 horas (un promedio de 1 artículo cada 2 minutos), con mínimo debate de cara al país, con una conciliación que permitió la introducción de enormes exabruptos en nuestra legislación y la entrega de facultades extraordinarias a un gobierno burocratizad.  Todo esto es síntoma de un fracaso frente a la opinión pública de un Congreso que se niega a darle la cara al país y que se empeña en continuar con su imagen desfavorable, debido a la gran desconfianza que producen sus decisiones, actuaciones y, especialmente, omisiones.

Las reformas exprés aprobadas a pupitrazo limpio, silenciosas, sospechosas, a sectores tan importantes como el de telecomunicaciones, minas e hidrocarburos, entre otros, fueron la principal apuesta del gobierno en lo que entendemos serían los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas para los próximos  años por parte del Gobierno.  Sin que las comisiones especializadas constitucionalmente definidas para hacer el debate de estos temas fundamentales fueran las protagonistas en un debate a consciencia y de cara al país, dichas reformas nada aportan al propósito del propio plan de generar “paz”, “equidad” o “educación”, los pilares que dice atender.

Genera gran escozor en la opinión pública la introducción en el PND artículos que atienden intereses privados, degenerando el propósito fundamental de legislar en aras del bienestar general. Causa especial atención, y una gran indignación, lo ocurrido en la conciliación del texto con el aprobado artículo 262.  Este artículo hace referencia a la cesión gratuita de permisos de uso del espectro radioeléctrico.

Dicho artículo jamás fue discutido en las comisiones económicas conjuntas que fuimos llamadas a sesiones extraordinarias, y apareció como nuevo artículo en la plenaria de Cámara, a última hora y con un inquietante aval del saliente Ministro TIC y el gobierno nacional.

No obstante, y a pesar de la transparencia, coherencia y honestidad que deberían revestir los actos de los legisladores, nos encontramos aquí con lo que podría llegar a costarle a la Nación más 200 mil millones de pesos en ingresos a los que se tendría derecho.

Los hechos los detallo a continuación:

El parágrafo segundo del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009 o Ley General de Comunicaciones, consagraba la posibilidad de ceder el uso del espacio radio eléctrico entre privados, previa autorización del Ministerio de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 13 de la misma ley, el cual obligaba al pago de contraprestaciones a favor de la Nación.

En agosto de 2014, la Resolución No. 24527 del 15 de abril, selló la fusión UNE-Millicom (TIGO), aprobando la operación de integración bajo ciertas condiciones, toda vez que en Colombia la ley impide a cualquier operador superar el tope legal de 85 MHz de espacio radioeléctrico. En este caso, el resultado de la fusión dejaba a los intervinientes con 135 MHz y por tanto debían devolver a la Nación el excedente.

Esta resolución fue objeto de recurso de reposición, en tanto los interesados buscaron la posibilidad de ceder dicho espacio en lugar de devolverlo a la Nación. El recurso fue resuelto a favor de los peticionarios mediante Resolución 32199 del 20 de mayo de 2014. El texto indica:…“Para dar cumplimiento al condicionamiento y viabilidad a la fusión de UNE MILLICOM los intervinientes podrían optar por dos vías: la devolución o la cesión del espectro excedente.” Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, y en virtud de lo señalado por el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009, esta operación generaba contraprestación a favor de la Nación.

La Cámara de Representantes, sin que se hubiese discutido en las comisiones conjuntas, con mucho afán, silencio y agilidad, logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el siguiente artículo: “Artículo Nuevo. Cesión de permisos de uso del espacio radioeléctrico. La cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico NO generará contraprestación alguna a favor de la Nación. El negocio jurídico que, para este propósito, se celebre entre cedente y cesionario se sujetará al derecho privado, y a la aprobación del Ministerio de las TICS.”

Este artículo, como es evidente, permite ahora a UNE-Millicom vender directamente 50 MHz de espacio radioeléctrico a quien le interese, al precio que le interese sin que por ello el Estado reciba centavo alguno como contraprestación. Así, sin pudor y sin reparo, se introducen los micos en el Congreso: artículos de última hora, votados a última hora, sin debate y sin proceso de asimilación por los colombianos.  Eso sí, avalados por un gobierno que en medio de una crisis fiscal enorme no tuvo reparo en meterle al bolsillo cientos de miles de millones de pesos a intereses particulares internacionales, en lugar de legislar para más de 45 millones de colombianos. Para dimensionar lo ocurrido, los más de $200 mil millones que dejaría de recibir la Nación por este favorcito que le acaba de hacer el legislativo alcanzaría para construir más de 4.500 viviendas de interés social gratuitas y dignas.

Funcionarios de Une-Millicom se han acercado a explicar la posición de su empresa, muy respetable. Puesto en sus zapatos, comprendo su misión, para ello son contratados.  Sin embargo, nuestra labor de legisladores debe ser la de defender los intereses de los colombianos, y no cambiaremos de posición.  Sería de gran responsabilidad social que esta empresa desistiera de este propósito y, si considera injusta la actual legislación, proponga un debate de cara al país que se inicie en la opinión pública y en las comisiones constitucionales especializadas en los temas de telecomunicaciones.   No es el PND la herramienta ni el pupitrazo de última hora la manera para tomar este tipo de decisiones.

El Gobierno Nacional deberían reflexionar sobre su actuación, y objetar este artículo del PND por inconveniente.  Son muchos millones de pesos los que están en juego y debería defender a los más vulnerables.

Bogotá D.C., abril 6 de 2015.- Con bombos y platillos el Ministerio de Educación Nacional hizo el lanzamiento del denominado "Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE", con el objetivo de medir diversos componentes que generan un puntaje teóricamente global que demostraría cómo se encuentra escalafonado cada uno de los colegios públicos y privados en Colombia.

Lo primero que dice el propio Ministerio es que es un índice muy fácil de entender, pero no ha podido explicar con claridad cómo se determina cada punto aparecido en el mismo. El índice se convierte en una serie de tecnicismos reforzados que no son explicados de manera transparente a la ciudadanía.

Lo que sí queda completamente claro es el índice "sintético" es completamente artificial, un invento lúgubre del Ministerio que deja muchos vacíos, que los cuatro componentes medidos (progreso, desempeño, eficiencia y ambiente) son caprichosos, y que jamás asegura el crecimiento de la calidad en nuestras instituciones educativas.

Los reparos técnicos a este índice son innumerables, y se quedan en un anuncio adicional a los que ya nos han acostumbrado, con altos costos de publicidad y haciendo innecesariamente perder un día de estudio a todos los colegios colombianos.

Colombia está en un nivel supremamente bajo en términos de educación internacional. Las pruebas PISA 2012 determinan que tenemos un retraso de siete años de escolaridad frente a Shangai, líder mundial en estas pruebas. Y el principal reparo que tiene este índice es que mide a Colombia con Colombia, sin tener en cuenta que la educación en el siglo 21 se hace de cara al mundo. El Ministerio de Educación, en una visión risible y obsoleta, toma en consideración únicamente la evolución interna del país, como si nuestros jóvenes estuvieran compitiendo con los colegios vecinos y no en un mundo globalizado en el que el talento humano hace la verdadera diferencia, en el que el futuro de una sociedad debe estar basada en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.

El componente "progreso" mide cuánto han mejorado nuestros resultados en las pruebas Saber en relación con el año anterior. De esta manera, los colegios de mayor calidad tienen desventaja, pues si ya tienen a todos sus alumnos en los mejores niveles, las posibilidades de progresar disminuyen. Esto es, no se premia la calidad históricamente adquirida por una institución, sino un avance artificial frente a los demás colegios, y no frente a un estándar previamente establecido.

Adicionalmente, no mide la calidad en términos de puntaje sino en ranking, es decir, la supuesta calidad que mide puede mejorarse por una caída general en los resultados de otros colegios aunque no necesariamente se haga por una mejora en la calidad en una institución.

El componente "desempeño" demuestra cómo están los resultados de una institución con respecto al resto del país. Los comentarios son los ya anteriormente hechos: si Colombia desmejora su calidad global, una institución educativa podría aumentar su puntaje en el índice artificial, pues no se toma una meta estandarizada creciente sino que se mide contra un promedio que puede ser mediocre.

Pero así como se demuestra que la medición de la calidad no se asegura con estos componentes, ellos podrían generar un incentivo perverso a las instituciones para mejorar sus resultados: ellas podrían retirar (expulsar) a los estudiantes de bajo rendimiento, o forzarlos a tomar las pruebas sin afiliación a la institución. No se evidencia cómo se controla este riesgo porque ninguna variable incorpora la tasa de deserción o expulsión de las instituciones.

El componente "eficiencia" mide cuántos de estudiantes aprueban el año escolar. Este componente genera, también, unos incentivos perversos al sistema: las instituciones podrían, de manera arbitraria, promover a todos los estudiantes al grado siguiente (aunque podría implicar un riesgo para los componentes de progreso y desempeño en los niveles siguientes), o expulsar a los estudiantes que puedan generar riesgos, aumentando la deserción escolar, el cual es uno de los principales retos que tiene la educación media en Colombia. Como en los casos anteriores, este riesgo no se controla y por tanto el incentivo perverso no se mitiga o reduce.

Por último, el componente "ambiente escolar": registra los resultados de los cuestionarios de factores asociados al ambiente escolar en las aulas de clase. No es claro cómo se incorpora la medición para educación media, pues sólo toma como base los resultados de las pruebas Saber 5 y 9. Este componente genera también unos incentivos perversos que lo pueden deslegitimar: como la encuesta no mide la capacidad de los estudiantes sino su opinión, los docentes o rectores podrían "negociar" el resultado con sus estudiantes así: si el colegio tiene una buena calificación en ambiente, se incrementan las notas de los estudiantes o se premian de alguna otra forma.

Adicionalmente, y como en los casos anteriores, los colegios pueden expulsar a los estudiantes rebeldes, cuyas probabilidades de responder negativamente la encuesta sean altas. Igualmente, los indicadores que se miden en el aspecto de ambiente escolar son caprichosos y no tienen en cuenta aspectos objetivos (por ejemplo: no se toma en cuenta la nutrición escolar, el número de metros cuadrados por alumno, el número de computadores por alumno, la calidad de laboratorios científicos, el número de metros cuadrados dedicados a deporte o cultura, entre muchos otros).

En conclusión, el "Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE" es artificial, caprichoso y no mejora la educación en Colombia. Se queda en comparar instituciones educativas de manera endémica y provincial, sin estándares internacionales como punto de comparación. Adicionalmente, no ataca problemas fundamentales como la calidad de la docencia, la deserción y la mejora en infraestructura. El hecho de que no se controle la expulsión de estudiantes agrava los incentivos perversos, en tanto el retiro de estudiantes que afecten la calificación en los cuatro componentes no se controla en el largo plazo.

La idea de crear un índice más integral para medir la calidad educativa es interesante. Sin embargo, no se puede quedar en simples anuncios mediáticos que no generen resultados serios y técnicos para tomar decisiones de fondo. Se requiere mayores estándares internacionales, medir aspectos objetivos en instituciones (no sólo opiniones) y se deben atacar problemas estructurales de la educación colombiana como los ya mencionados anteriormente. Ese día podremos creer en este índice, para que no sea un índice artificial como el que se pretende imponer.

Por último, no se sabe qué pasará si no consiguen las metas para 2015, quién tendrá la responsabilidad política en caso de no cumplirlas. Esperamos que muchos asuman con honor su compromiso y, en caso de incumplimiento, tengan la capacidad de dar un paso al costado. Con la educación de nuestros niños y jóvenes no se puede jugar.

Medellín, marzo 18 de 2015.- Para términos didácticos, la valorización es una contribución que pagan los propietarios de los bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de obras de interés público. Y se denomina beneficio, producto de la valorización, el mayor valor económico que adquieren los predios-propiedades por la ejecución de una obra pública.

El acuerdo 58 de 2008 definió la contribución de valorización para obras viales en el barrio El Poblado de Medellín. Adicionalmente, a través de la resolución 0725 del 29 de julio del 2009 se decretaron 14 obras que harían parte del paquete que se construirían con contribución de valorización. Posteriormente, con resolución 0824 de 13 de mayo de 2010, se modificó la resolución anterior y se decretaron ocho obras adicionales. Una última resolución aprobó una obra adicional, para un gran paquete de 23 obras de infraestructura para la comunidad.

Existen tres variables fundamentales para determinar cobrar valorización: 1. Estudio que demuestre que los predios adquieren mayor valor comercial (estudio de valores de la tierra). 2. Capacidad de pago de las personas que están en la zona citación (estudio socioeconómico) 3. Costo de las obras (se puede cobrar hasta el valor de la obras).

La Administración Municipal, a través Fonvalmed, argumentó que se está cobrando esta valorización porque las personas se ahorrarán 12 o 15 minutos en sus desplazamientos. Sin embargo, en las tres variables nunca se habló sobre temas de movilidad.

En el año 2010, Fonvalmed hizo, a través de la Longa de Propiedad Raíz de Medellín, un estudio de valores de la tierra, estudio cuyo valor fue de $308.716.600. En ese momento, la zona de citación (de influencia de la valorización) era únicamente el barrio El Poblado, en el cual se analizaron 432 sitios.

La Lonja señaló que el beneficio de las 22 obras en el primer estudio arrojó un resultado promedio aritmético (beneficio por las obras) de 4,29%.

Posteriormente, Fonvalmed realizó un segundo estudio cuyo costo fue de $372.475.999, entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, donde se analizaron 670 sitios en una mayor zona de influencia, en donde no fue únicamente el Barrio El Poblado, sino que se sumaron los Barrios El Perpetuo Socorro, San Diego, Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal y Loreto.

El resultado de la segunda evaluación fue en promedio aritmético de 2,56%, es decir, que en el rango que estableció la Lonja y Fonvalmed el beneficio de las obras de valorización es bajo. Si se tiene en cuenta que el estudio tiene un margen de error del 5%, este resultado queda inmerso en el margen de error, por lo cual no existe ningún beneficio con las obras que se construirían por valorización.

Es necesario decir que, según el director de Fonvalmed, se realizó un segundo estudio por parte de la Lonja porque "el Decreto 1420 de 1998, establece en el Artículo 19 que: los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación. Para el caso de los avalúos realizados en el año 2010 esa vigencia había expirado".

Es importante analizar, con ejemplos reales, las grandes contradicciones en que entran los estudios mencionados. Por ejemplo: en el estudio de 2010, el sitio 315 dice que se desvaloriza en un 1,4%, esto es, el metro cuadrado perdería $11.922. Así las cosas, no debería pagar valorización. En el estudio de 2013, el sitio 315 presenta un beneficio del 3,65%, que equivale a decir que el metro cuadrado aumenta su precio en $55.845 pesos.Si a los propietarios del sitio 315 se les aplicara el estudio de 2010, no tendrían que pagar valorización. Pero tras el estudio de 2014, a estos propietarios les llegó una valorización de $7.200.000 pesos.

En ese mismo sitio, la Lonja decía en el estudio de 2010 que el valor de la tierra sin obras era $852.110 pesos. Pero el estudio de 2014 dice que el valor de la tierra sin obras era de $1.530.000, es decir, el valor de la tierra aumentó en tres años el 80%.

Otro ejemplo a tener en cuenta. El sitio 336: el estudio de 2010 decía que tenía un beneficio de 1,12%, eso quiere decir que el beneficio del metro cuadrado era de $8.289 pesos.

En el estudio, de 2010 el beneficio fue (¿coincidencialmente?) de 3,65%, lo que quiere decir que el beneficio por metro cuadrado es de $70.628, una diferencia abismal de 752% en tres años.

En septiembre de 2014, comenzaron a llegar las cartas informativas a los dueños de los inmuebles informándoles el monto que tenían que pagar por contribución de valorización, pero no se les informaba cómo se llegó a dicho valor.

En la carta se señalaba el costo de valorización que los dueños tenían que pagar por el apartamento, cuarto útil y hasta parqueadero. En un caso investigado, el valor de la valorización que una propietaria debe pagar por el cuarto útil y el parqueadero, corresponde a seis años del impuesto predial de esos inmuebles. Es decir, supuestamente hasta los parqueaderos y cuarto útil se van a valorizar con las obras.

De otro lado, en 2011, se realizó un estudio socioeconómico para determinar la capacidad de pago de las personas del barrio El Poblado y el resultado fue de $580.000 millones. En el 2013 se realizó un nuevo estudio socieconómico con el ITM, en donde se tuvo en cuenta la nueva zona de influencia con los barrios adicionados y la capacidad de pago que arrojó fue de $1.123.283.742.448 (un billón ciento veintitrés mil millones de pesos)

En el año 2013, se presentó una actualización catastral, la cual fue de gran debate para la ciudad y que copó la capacidad de pago de muchas personas. El estudio socioeconómico para la valorización se hizo con cifras del 2012, es decir, la capacidad de pago determinada en 2013 no tuvo en cuenta el grave golpe que significó dicha actualización catastral.

Los elementos técnicos aquí expuestos pretenden demostrar que la valorización no sólo tiene efectos nocivos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la comunidad de El Poblado, consecuencias funestas sobre la capacidad económica de los ciudadanos, exagerados costos ($455 mil millones, valor superior al monto recibido por impuesto predial por el Municipio), falta de planeación y pésima ejecución, sino que existen cada vez más elementos reales que demuestran que la valorización de El Poblado carece de rigor y legitimidad para poder ser aplicada a los ciudadanos de manera transparente.

Bogotá D.C. febrero 19 de 2015.- Desde principios de 2014, hace ya un año, se hacía evidente que los principales factores que determinan el precio del petróleo estaban pasando por un proceso de cambio. Por una parte, la demanda por petróleo y productos derivados disminuía a causa de menores expectativas de crecimiento en países en vías de desarrollo, en particular China. Por otra, la oferta de petróleo aumentó gracias a nuevas tecnologías de extracción de menor costo para explotación de yacimientos no convencionales.

De hecho, Fedesarrollo, en un informe publicado en febrero de 2014, señalaba lo equivocados que estaban los supuestos del Gobierno respecto al precio del barril de petróleo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP 2013-. Ante estos mensajes, el Gobierno se mostró intransigente y mantuvo sus desacertados supuestos en el MFMP de mediados 2014.

A la previsible caída de precios arrogantemente desestimada por el Ministerio de Hacienda, se sumaban además los problemas de seguridad en regiones productoras del país y el decrecimiento en los últimos años de nuevos yacimientos, que hacían evidente que las metas de producción de más de 1 millón de barriles de petróleo al día no se iban a lograr.

En términos absolutos, los supuestos del Gobierno sobre precios del petróleo para el cierre de 2014 se ubicaron entre 90 y 99 dólares por barril en los documentos del MFMP 2012, 2013 y 2014, y, más grave aún, en el Proyecto de Presupuesto de Regalías que se presentó a comienzos de octubre de 2014, cuando ya el precio internacional se ubicaba cerca de los 80 USD por barril.

En lo correspondiente a la producción, la expectativa de producir un millón de barriles diarios en 2014 no se logró, llegando a un promedio de 987 mil barriles diarios los primeros diez meses del año. Y mientras la Agencia Internacional de Energía ubica la producción para 2015 de Colombia en 930 mil barriles por día, el Gobierno insiste con supuestos de un millón treinta mil para el presente año. A todas luces, los menores precios actuales y su poca esperanza de regresar a niveles anteriores en los próximos años, así como la menor exploración y la gran inseguridad, dan señas del evidente incumplimiento de cualquier expectativa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el MFMP 2013 se decía que Colombia llegaría en 2105 a una producción de un millón cien mil barriles diarios.

El problema es particularmente grave para el país porque durante los últimos años, la vulnerabilidad de las cuentas de la Nación frente a variaciones en precios y producción de petróleo se han vuelto escandalosas. De hecho, diversas cifras son síntomas de una situación crítica de enfermedad holandesa en el país: el 21,8% de los ingresos del Gobierno Nacional Central se sustentan en el sector minero-energético (casi un 4% del PIB en 2014 frente a menos del 1% a principios de este siglo); el petróleo representa el 55,2% de las exportaciones nacionales (en 2006 eran el 26%); y la Inversión Extranjera Directa en el sector minero-energético ha correspondido a más del 50% del total en los últimos cuatro años (en los años 90, era inferior al 10%).

Esta situación tiene tres efectos directos sobre la economía colombiana que generan una contracción directa del ingreso y una disminución en la oferta de crédito. Primero, se genera un déficit de cuenta corriente que debe ser corregido con ajustes fiscales. Esto es, además de la improvisada y nefasta reforma tributaria a la que sometió el Gobierno a los sectores productivos del país a finales de 2014, se avecina con toda seguridad un nuevo esquema tributario más gravoso del que adolecemos en la actualidad, y que seguirá ahuyentando la inversión y el empleo de Colombia.

Segundo, se generan altas presiones sobre el peso que derivan en una fuerte devaluación, la cual se ha mantenido alrededor de un 25% en los últimos 6 meses. Y tercero, se afecta la estabilidad del Sistema Financiero colombiano, último escalón que se añadiría al efecto dominó que nos envuelve.

Las posibles consecuencias de una caída de precios a 60 dólares por barril (precio superior al que se ha registrado durante los últimos meses) han sido detalladas en una investigación reciente para el PNUD, y plantean un futuro alarmante e incierto para el país, especialmente porque la caída resultó aun más grave:[1]

Primero, en los dos años siguientes a la caída de precios la depreciación del peso alcanzaría un máximo del 40%, llegando a precios inclusive de $2.800. Segundo, el crecimiento esperado de la economía en 2015 no sería de alrededor del 4% como se anuncia hoy, sino del 1,4%, un golpe inimaginable en sus consecuencias para la economía colombiana. Tercero, la caída promedio de los ingresos fiscales de la Nación sería del 1,1% del PIB durante los próximos seis años, lo que ocurre por menor tributación en el sector, menores pagos por regalías y menores dividendos de Ecopetrol. Cuarto, la tasa de desempleo retornaría a niveles del 11,2% para 2016. Y finalmente, la tasa de pobreza retornaría al 34%, aumentando desde los niveles del 31% de 2013; y el tamaño de la clase media alcanzaría el 27% de la población, un retroceso en comparación del 31% de 2014.

Adicional a lo señalado en el estudio, ya se han consumado varios hechos que afectarán el desempeño de la economía colombiana como consecuencia directa de los bajos precios y la caída en la producción. Por una parte, está la disminución en la financiación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 por $90 billones, de acuerdo con el Proyecto de Ley del PND presentado por el Gobierno al Congreso.

De otro lado, con la devaluación acumulada hasta ahora, el monto adicional que Colombia tiene que pagar por concepto de intereses y amortización de deuda externa es de $2,2 billones, que llegaría hasta $4 billones de llegar a una tasa de cambio de 2.800 pesos por dólar como prevé el estudio. Sin contar con una disminución esperada de casi $6 billones en regalías para inversión para los años 2015 y 2016, golpe a las finanzas regionales y a la inversión en ciencia y tecnología.

Y si miramos los anuncios de las empresas petroleras, ya han anunciado recortes por más de $4 billones en los próximos tiempos, además de poner en riesgo más de mil empleos directos asociados a la actividad petrolera.

Lo más alarmante de todo, es que mientras esto ocurre, el Gobierno improvisa reformas tributarias que afectan la estructura de la economía, superando ya el trágico 75% de tasa efectiva de distribución; derrocha dineros públicos en clientelismo para campañas políticas; incrementa la nómina del Gobierno Central el doble de la inflación, pasando de $25 a $27 billones entre 2014 y 2015; y es intransigente ante la ineficiencia del gasto y los altos niveles de corrupción en la contratación.

El futuro de la economía colombiana se torna cada vez más oscuro, y la anunciada crisis parece continuar hacia sus más nefastas consecuencias ante la mirada desinteresada del Gobierno de turno. Y lo peor: ya el Gobierno sabía lo que se avecinaba, pero prefirió el clientelismo de campaña antes que pensar en Colombia.

Bogotá D.C., febrero 10 de 2015.- La infraestructura de Antioquia, tan golpeada ya en sus principales proyectos por una pérdida de cuatro años para su ejecución, no sólo ha padecido una inoperancia estatal que raya en revanchismo contra el Departamento más importante de Colombia, sino que esa misma inoperancia ha repercutido en unos sobrecostos que demuestran el pésimo manejo de los recursos públicos, minando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas.

No tenemos que hacer muchos esfuerzos para encontrar esos retrasos: la vía Ancón Sur Primavera, ubicada en los municipios de La Estrella y Caldas, cuenta con 10,2 kilómetros. La adjudicación de éste tramo se dio en julio 2008 y la fecha original para la entrega de la doble calzada era diciembre 2010, en total 29 meses. El costo inicial se estimaba en 113 mil millones de pesos pero el valor final fue cercano a los 198.000 millones de pesos. Tras casi siete años y aún sin entregar la totalidad de la obra a la comunidad, los sobrecostos que los colombianos hemos pagado han sido de $85 mil millones, correspondiente a un 75% del valor original.

Igualmente, en abril de 2012 se confirmó la adjudicación del contrato de la doble calzada de 13 kilómetros entre Primavera (Caldas) y Camilo 'C' (Amagá), por valor de 175 mil millones. Allí se determinaron 27 meses como tiempo máximo para su ejecución. Así las cosas, la entrega a la comunidad debió hacerse en julio de 2014. A la fecha, aun hoy no se ha entregado un sólo kilómetro de doble calzada y la obra registra una ejecución del 20%. El Ministerio de Transporte confirmó hace unos días que la inversión sería de 199.000 millones de pesos, lo que determina un sobrecosto de $24 mil millones sobre el valor originalmente presupuestado. Todo esto, sin contar con que será de cuatro kilómetros menos de lo originalmente establecido para la obra, lo que significa realmente que el extracosto por kilómetro es de 64%.

Ni qué decir del Túnel de Oriente, una obra financiada completamente con recursos del Departamento de Antioquia. Luego de estar detenido desde comienzos de 2012 con pretextos políticos del actual Gobernador de Antioquia, pudo reiniciar su ejecución a finales de 2014. Con la promesa del Gobierno Nacional de 120 mil millones de pesos para no cobrar la valorización que se pretendía derramar, hoy se encuentra en un limbo económico sobre su financiación. Pero un dato que se menciona muy poco es que la obra originalmente se estimó en un costo de $820 mil millones, pero los desafueros gubernamentales y los retrasos hacen que ahora se hable de un costo de $933 mil millones de pesos. Esto es, ya existen $103 mil millones de extracostos, sin haberse iniciado las obras físicas del propio túnel. ¿Cómo será entonces cuando comience la ejecución del mismo?.

Y para finalizar la terrible realidad de la infraestructura de los principales proyectos de infraestructura para el futuro del Departamento, las ya famosas Autopistas de La Montaña o de la Prosperidad, pasaron de 5 billones de pesos originalmente presupuestados en 2011 a un anuncio de $26 billones sin haber comenzado su construcción, con solamente un 12% de sus trayectos en doble calzada, lo cual las aleja mucho de ser unas verdaderas autopistas. Se han perdido 4 años de avance de este vital proyecto de infraestructura para el centro del país, del cual no se ha ejecutado un solo metro de obra.

Pero como si esto no fuera suficiente, aún no se han adjudicado 3 de los 8 tramos que las componen, con uno de ellos (Magdalena 1) sin recurso alguno para su construcción. Más de $20 billones de lo originalmente establecido, 4 años de retraso y 3 de sus proyectos sin licitación son ejemplo fidedigno de lo que los ciudadanos aborrecen del servicio público.

Existen dos proyectos que comienzan pronto, pese a retrasos inconcebibles en su ejecución: el Túnel del Toyo, que debió haberse licitado en agosto de 2014 pero del cual no existe aún fecha concreta de su inicio, que costaría $1,8 billones. Y la doble calzada de 9,5 kilómetros entre Marinilla y Santuario, que se estima en un costo de $168 mil millones.

Y tendremos que recordarle constantemente al Gobierno Nacional su incumplimiento en Medellín con los recursos para el Tranvía de la 80, obra que desde 2012 tiene listos sus diseños por un costo de $1,8 billones.

Si sumamos todos estos sobrecostos, se demuestra que Antioquia ha sido víctima de la ineficiencia y de la inoperancia del Estado, perdiendo ingresos por peajes, y, especialmente, con un costo de oportunidad enorme que significa el retraso del desarrollo de los municipios de Antioquia y de muchos departamentos vecinos.

Perdemos plata, perdemos tiempo, perdemos oportunidades, perdemos progreso. Las obras de infraestructura de Antioquia son ejemplos claros de por qué la gran mayoría de ciudadanos desconfían de la política y lo público. Los que creemos de verdad en el servicio público seguiremos denunciando estas ineficiencias que tanto nos afectan y haremos seguimiento a cada una de estas obras para que se lleven a cabo sin más sobrecostos y demoras de las que ya padecemos.

A comienzos del siglo XX, el economista estadounidense Thorstein Veblen popularizó el concepto de consumo conspicuo. En una crítica a la sociedad americana de la época. Veblen definió el consumo conspicuo como aquellos gastos orientados exclusivamente a hacer una demostración pública de riqueza y poder, incluso si la riqueza y el poder no existen en la práctica, con el único fin de presentarse como conspicuo. El ejemplo tradicional es el ejecutivo comprando un Mercedes Benz o un BMW y que no tiene como pagar el mercado de su casa, pero que se preocupa en exceso por la imagen que refleja. El consumo conspicuo es una forma, en cierto sentido irracional, de mantener el estatus ante un grupo social.

Pues bien, el gobierno de Juan Manuel Santos nos han permitido observar la evolución de ese antiguo concepto hacia el gasto público. Hemos sido testigos de cuatro años de derroche entre 2010 y 2014, de gasto conspicuo del gobierno que se manifiesta en el excesivo gasto en personal burocrático por parte del Estado: en las altas consejerías innecesarias y con grandes remuneraciones, en ciertos eventos más dignos de farándula que de estadistas, en unos gastos de publicidad insultantes para el bolsillo de los colombianos (alrededor de $2 billones en publicidad y eventos solamente para 2013), en contratismo rampante disfrazado de inversión social.

Las malas prácticas no se olvidan. Para el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, muchas de las entidades de la administración de Juan Manuel Santos han tenido un escandaloso crecimiento en sus gastos de funcionamiento del Gobierno Central, en comparación con el comportamiento de su presupuesto de inversión.

En un análisis realizado para 82 entidades, con base en la información de presupuesto publicada por el Ministerio de Hacienda, se encuentra que las siguientes 33 entidades, todas del orden nacional, presentan un mayor crecimiento (o un menor decrecimiento) del funcionamiento frente a la inversión:

• Presidencia de la República
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
• Fondo Rotatorio del DANE
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• Superintendencia Financiera de Colombia
• Ministerio de Defensa Nacional
• Instituto de Casas Fiscales del Ejército
• Policía Nacional
• Unidad de Planeación Minero Energético –UPME
• Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones para las Zonas no Interconectadas –IPSE
• Agencia Nacional de Hidrocarburos
• Ministerio de Educación
• Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
• Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• Instituto Nacional de Vías
• Defensoría del Pueblo
• Rama Judicial
• Fondo Rotatorio de la Registraduría
• Fiscalía General de la Nación
• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
• Ministerio de Cultura
• Instituto Colombiano del Deporte –Coldeportes
• Instituto Caro y Cuervo
• Auditoría General de la República
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Ministerio de Salud y Protección Social
• Instituto Nacional de Salud –INS
• Superintendencia Nacional de Salud
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Justicia
• Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC
• Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias.

Es más que sabido que el Gobierno Nacional tiene un déficit en su presupuesto para 2015 de alrededor de $12,5 billones, y ya ha hecho un gran alarde de supuesto apretón de funcionamiento de alrededor de $2,5 billones, los cuales no tendrán efecto alguno para hacer una súper reforma tributaria correspondiente a la irresponsable desfinanciación ya mencionada.

Con el ánimo de exponer una postura propositiva frente a un gobierno dilapidador de recursos, se presentan dos alternativas de aplicación inmediata que ayudarían a solventar de manera supremamente importante el déficit producto de una mala planeación presupuestaria. Estas alternativas están relacionados con un control estricto a estas 33 entidades, todas ejemplos, en unos casos mayores que otros, de lo que se debe erradicar del sector público: la ineficiencia, la indolencia sobre los recursos de los colombianos.

La primera alternativa se basa en un manejo empresarial del Estado, tal como debería ser el de todas las entidades, donde una disminución de ingresos lleva de manera inmediata una reducción proporcional de los gastos. Y para efectos de entidades estatales, el presupuesto de inversión es correspondiente a los ingresos de una compañía privada. De acuerdo con esta propuesta, si se resolviera reducir los gastos de funcionamiento para estas 33 de la misma manera en que se reducirá efectivamente la inversión de los mismos para 2015. Para ejemplificarlo con claridad, si una entidad reduce su inversión en un 40%, los gastos de funcionamiento deberían disminuirse en el mismo 40%. Así, con esta alternativa, el ahorro solamente en estas 33 entidades sería de $11,2 billones, es decir, un 90% del actual déficit.

La otra alternativa, menos acorde con la realidad de un manejo eficiente de los recursos del Estado, toma como consideración que en esas 33 entidades de derroche obstinado se hiciera un incremento de gastos de funcionamiento igual a la inflación esperada de un 3%, manteniendo el impensable decrecimiento en inversión que propone el gobierno Santos. Con esta alternativa, el ahorro sería de $3,8 billones, correspondiente al 30% de la necesidad fiscal fruto de la improvisación del gobierno Santos.

Tiene a la mano el Gobierno un mecanismo expedito, fácil, directo para conseguir los recursos que obligó al Congreso a buscar. Con este análisis, se demuestra que no hay necesidad de meterle la mano a los colombianos en sus bolsillos, tal como el gobierno Santos desea con tanta vehemencia. La decisión es simple: solamente falta la voluntad política de un gobierno que enaltece el derroche y olvida la austeridad.