El día 3 de abril del 2016, el ex Representante a la Cámara Odín Sánchez fue intercambiado por su hermano, el ex gobernador del Chocó Patrocinio Sánchez, quien se encontraba secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional - ELN, atravesando graves quebrantos de salud. La liberación de Odín Sánchez fue la única condición que puso el Gobierno Nacional para iniciar la fase pública de negociaciones con el ELN que permitan la superación del conflicto armado, pero ante la negativa de la Casa de Nariño de hacer un intercambio con algunos guerrilleros presos, la liberación del dirigente político chocoano se volvió toda una incógnita.

Han tenido que pasar más de 300 días para que por fin haya una proyección clara de la liberación del dirigente político, luego de que el ELN anunciara que el día dos (2) de febrero del presente año iniciará el proceso para su liberación, convirtiendo a Odín Sánchez en uno de los pilares de estas negociaciones. Con la liberación de Odín Sánchez también se resalta el difícil camino que ha pasado todo el pacífico colombiano en el contexto de un conflicto armado interno, que ha dejado miles de víctimas, principalmente indígenas y negros, poniendo en riesgo la preservación  sociocultural de la región y vulnerando los derechos humanos en mi Departamento.

Por esta razón, desde lo más profundo de mis deseos celebro la pronta liberación de Odín Sánchez, considerándolo un paso más hacia la paz, y me comprometo a trabajar de forma fuerte y clara en la pronta superación del conflicto armado con el ELN, para que todas las comunidades que se encuentran dentro del territorio nacional y especialmente en el pacífico colombiano alcancen el bienestar y puedan tener una vida llena de paz.

}

Gracias a la gestión realizada y al trabajo conjunto de la Bancada Afrocolombiana en cabeza de la Dra. Guillermina Bravo Montaño, hoy 14 de diciembre de 2016, en Plenaria de Cámara de Representantes, se creó la Comisión Legal Afrocolombiana, proyecto que pasó a sanción presidencial.

La Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana resulta un recurso importante para garantizar la visibilidad de las comunidades negras en el órgano legislativo del poder público; aunado a lo anterior, esta Comisión significaría el impulso de normas y el control a las políticas que generen un impacto a los ciudadanos afrodescendientes y las comunidades negras. En otras palabras, este espacio es una oportunidad para que desde el Congreso de la República exista una mayor participación e incidencia de las comunidades afrocolombianas en el país.

Continuaremos, desde este nuevo espacio, con un trabajo incansable por la defensa de los derechos que históricamente le han sido negados a nuestra comunidad. Agradezco infinitamente el apoyo de mis paisanos y espero seguir trabajando por ustedes con el ahínco y amor que mi tierra lo merece.

El día 19 de Octubre del año 2016, en la Plenaria de la Cámara de Representantes se debatió y aprobó el Proyecto de Ley 040 de 2016- Cámara, mediante el cual se establece el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2017.

Interesado en que el Presupuesto para el próximo año, represente un mayor desarrollo para el Chocó, radiqué el día de hoy cinco (5) proposiciones ante plenaria de Cámara de Representantes, mediante las cuales solicité la apropiación de recursos para los siguientes proyectos:

-       Electrificación de los municipios de Medio San Juan, Sipí, Medio y Bajo Baudó.

-       Interconexión eléctrica 115/34.5/13.2 kv El Tigre, Unguía- Acandí.

-       Mejoramiento de la vía Istmina- Puerto Meluk.

-       Construir hospital de nivel tres y nodos hospitalarios por subregiones.

-       Asignación de recursos adicionales para el Sector Salud y Protección Social por un valor de cien mil millones de pesos.

Las anteriores iniciativas solucionarían algunas de las problemáticas que afectan a la población chocoana, se ajustan al Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2014-2018) y van en la misma ruta de los acuerdos alcanzados en el paro cívico de agosto de 2016.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 60/2016 Senado – No.40/2016 Cámara: “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017”.

La sesión incluyó además la intervención de la Controlaría General de la República y el Banco de la República, entidades que presentaron los factores a tener en cuenta en la asignación del presupuesto para la vigencia fiscal 2017, evidenciando posibles panoramas económicos y algunas dificultades.

El Congresista Nilton Córdoba Manyoma se encuentra a la espera del documento de regionalización y defenderá a sectores como la salud, que han sido afectados negativamente. Además, tiene los ojos puestos sobre la materialización de la compensación del impuesto predial a municipios con territorios colectivos negros, proyecto por el que ha trabajado arduamente.

“Estamos a la espera de la sesión de la Comisión Cuarta Conjunta que se realizará el próximo viernes, 9 de Septiembre en la ciudad de Quibdó – Choco.” Afirma el Representante.

Ad portas de concluir casi cuatro años de negociaciones entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, mientras se anuncia a través de distintos medios de comunicación y funcionarios que ha llegado la paz al país, el Chocó enfrenta una difícil situación de orden público. Hace una semana, en zonas rurales del litoral de San Juan, Río Iró, Lloró y Nuquí, se dio inicio a una serie de enfrentamientos entre el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas) y los frentes Cacique Calarcá y Resistencia Cimarrón del ELN. Tales combates, han dejado hasta el momento tres personas muertas, ciento veintiséis familias, que permanecen confinadas por prohibiciones de la guerrilla en el territorio y setenta y siete familias desplazadas hacia Yuto que gracias a una pronta atención por parte de la Fuerza Pública han retornado.

El río Atrato como ruta del narcotráfico y los recursos naturales explotables, hacen del territorio un lugar estratégico que se disputan diversos grupos al margen de la ley con el fin de establecer el control de la zona. Tras la pérdida de autoridad en el territorio por parte de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN se han expandido en la región. Esto preocupa a las autoridades, pues los territorios a los que se han expandido resguardan población civil que podría estar en riesgo de presentarse enfrentamientos.

Esta situación me resulta preocupante, no sólo por la difícil situación que han tenido que pasar estos últimos días los habitantes de las zonas afectadas; sino también por el anuncio de las delegaciones de paz de establecer un campamento en el municipio de Riosucio que fue objeto de revisión el día 10 de agosto. El alcalde del municipio, Luis Enrique Mena, ha solicitado a la comisión visitante, que en el marco del posconflicto se construya un acueducto en esta localidad también afectada por el conflicto armado.

Extiendo el llamado a la comisión visitante y a las entidades competentes, a tener en cuenta la situación de orden público que atraviesa la región, también víctima del conflicto armado que no terminará con la firma de la paz con un grupo armado.

Columna de opinión del representante Nilson Córdoba.

Hace catorce años se conmemoró la dolorosa masacre de Bojayá (Chocó), hecho que constituyen una tragedia departamental y nacional. Se cumple un año más desde que el cilindro bomba que lanzaron las FARC a la iglesia de Bellavista segara la vida de entre 79 y 119 habitantes del municipio (cifra que a hoy no se ha podido confirmar) y produjera el desplazamiento de más de seis mil civiles.

Catorce años después las víctimas continúan defendiendo la posibilidad de que los restos mortales de sus seres queridos sean entregados de manera individual, acto fundamental para las comunidades negras en los rituales de despedida de sus muertos; además, esperan que los paramilitares y el Estado asuman su responsabilidad en los hechos, tal como lo hizo las FARC el pasado seis de diciembre de 2015.

Cabe resaltar que, sumado a la falta de medidas de reparación efectiva para los habitantes de Bojayá, en la visita que adelanté el pasado fin de semana al territorio la población manifestó que grupos paramilitares siguen asediando el municipio e intimidando a sus pobladores, situación que se traduce en una revictimización y un estado de constante zozobra. Pido entonces que el Gobierno Nacional adopte las medidas necesarias para reparar a los habitantes de Bojayá, acto que será una muestra de paz efectiva en los territorios tal como lo han manifestado en sus discursos, y que implemente acciones para asegurar la paz de los pobladores.

El departamento del Chocó se conformó a partir de la Ley 13 de 1947, en la que se establecieron sus límites geográficos y fueron divulgados en la cartografía oficial. Desde entonces, NUESTRO territorio de Belén de Bajirá ha estado ubicado dentro de los límites chocoanos. Dentro de la organización territorial de Colombia, el Concejo Municipal de Río Sucio crea el corregimiento de Belén de Bajirá a través del Acuerdo 001 del 20 de noviembre de 1976 y la Asamblea Departamental lo convierte en municipio por medio de la Ordenanza 011 de 2000, pero está fue demandada por nulidad por parte de  la gobernación de Antioquia.

Desde ese momento empieza una confrontación limítrofe entre los departamentos del Chocó y Antioquia sobre la pertenencia del municipio del Belén de Bajirá.  En los conceptos planteados por el IGAC (2005 y 2007) se reconoce que este territorio nos pertenece a los chocoanos; sin embargo por el Consejo de Estado falló en contra nuestra al anular la Ordenanza 011 del 2000, por medio de la ponencia del Magistrado antioqueño Marcos Velilla, quien debió declararse impedido por ser Antioqueño, la cual no resuelve el conflicto limítrofe pero deja en el Congreso de la República la responsabilidad de determinar los límites definitorios del departamento del Chocó.

En este mes, el IGAC ha dado su último pronunciamiento sobre el tema, en que vuelve a reconocer la propiedad que tenemos los chocoanos sobre el municipio de Belén de Bajirá, de todas maneras preocupa el límite que establece la entidad porque aísla al departamento de la carretera panamericana y nos quita una porción del territorio que hoy es objeto de controversia.

Por ese motivo hago un llamado a toda la comunidad chocoana, para que nos unamos en la defensa de nuestro territorio. En el Congreso de la República, con la ayuda de nuestro senador amigo Luis Elvis Andrade Casona, estamos haciendo todas las gestiones necesarias para no permitir que se cometa una injusticia contra el Chocó; sin embargo debo ser sincero y reconocer la fuerza que tiene la bancada antioqueña en éste recinto, por eso la tarea que tenemos al frente no es fácil. Reitero mi llamado para unirnos en esta lucha, para hacerle conocer al país que Belén de Bajirá es territorio nuestro y que estamos dispuestos a defenderlo.

Mediante la Ley 38 de 1968 se crea del Instituto Politécnico “Diego Luis Córdoba”, conformando la primera Institución de Educación Superior para el departamento del Chocó. Pero con la Ley 7° de 1975 ésta se transforma en la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” (UTCH), que actualmente ofrece 32 programas reconocidos por el Ministerio de Educación entre pregrado, especializaciones y maestrías, contando con más de 14.000 estudiantes.

Sin embargo, a diferencia de otras universidades públicas que establecen valores de matrícula diferenciales para sus estudiantes de pregrado atendiendo a sus condiciones socioeconómicas, la UTCH tiene precios fijos en sus matrículas de pregrado, las cuales varían dependiendo de la carrera. En el 2015, un estudiante de la UTCH pagaba entre $248.075 para carreras como Licenciaturas o Trabajo Social, hasta $1.456.231 para Arquitectura o Derecho.

Se podría considerar que estos costos de matrícula en pregrado son bajos en comparación con otras Instituciones de Educación Superior, pero se debe tener en cuenta que el Chocó es considerado el departamento con los peores indicadores de pobreza, pobreza extrema y mayores necesidades insatisfechas. Debido a esta situación, los costos de matrícula de la UTCH se convierten en un obstáculo para el acceso y permanencia en la Educación Superior para los pobladores del departamento. Problema que se visibilizó con el paro de la comunidad universitaria en el año 2010, logrando reducir el 25% de los costos de matrícula, pero que se mantiene presente debido a la brecha entre la capacidad económica de los pobladores del Chocó y los costos de matrícula.

Otro aspecto a considerar es el carácter de universidad pública que tiene la UTCH, esta institución de Educación Superior es de orden nacional y cuenta con recursos del Estado colombiano para su funcionamiento e inversión. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la UTCH recibió por funcionamiento e inversión $50.420.149.764 para el periodo de 2014, destinados para la atención de 9.823 estudiantes, es decir, el MEN giró $5.132.867 por estudiante al año. Al comparar estos datos con otras universidades públicas de orden nacional, se encuentra que la UTCH es la quinta institución de su tipo que recibió menos recursos por parte del Estado por cada estudiante.

En este sentido, el Honorable Representante a la Cámara por el departamento del Chocó, Nilton Córdoba Manyoma, en su lucha por mejorar el acceso y permanencia a la educación superior de calidad para el pueblo chocoano, al igual que fortalecer una institución tan apreciada como lo es la UTCH; solicitó una reunión con la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez, para informarla de primera mano sobre la situación financiera de la institución de educación superior y sus estudiantes, e invitarla a la construcción de estrategias conjuntas que permitan reducir los costos de matrícula sin desfinanciar la UTCH.

Sala de Prensa del Honorable Representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma del departamento del Chocó.

La visita de funcionarios de la Corte Constitucional al departamento del Chocó para indagar sobre los derechos fundamentales que se están vulnerando por los actores responsables de la minería a gran escala, es de innegable trascendencia.

Es importante que se conozca como los pobladores de los municipios aledaños al Río Atrato y a sus afluentes (principalmente el Río Quito) no tienen condiciones dignas de vida y están siendo vulnerados por la excesiva contaminación de sus territorios, la cual ha causado varias muertes y otras muchas intoxicaciones para los habitantes de la región.

La Corte Constitucional debe fallar en favor de las comunidades del Chocó para que se hagan valer sus derechos, lo cual requiere una mayor regulación y vigilancia hacia las empresas mineras en un sector de alta biodiversidad y vulnerable como lo es la selva chocoana y el litoral Pacífico.

El H.R. Nilton Córdoba Manyoma hace un llamado, no solo a que se falle en favor del pueblo chocoano sino que además se haga respetar dicho fallo para que puedan mejorar las condiciones de vida de miles de chocoanos, entre los que se encuentran comunidades negras e indígenas, protegidas por la Constitución.

Fuente: Oficina de prensa del H.R. Nilton Córdoba Manyoma