Fuente: Agencia Virtual de Prensa –AVP   

El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, dice que es muy importante que más de 2.300.000 familias colombianas se beneficien con los subsidios de Familias en Acción. Afirma que apoya la permanencia de este programa. Pero agrega que la entrega de dichos subsidios puede hacerse sin llevar a tanta gente pobre a la indignidad.

El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán -miembro de la Bancada Animalista en el Congreso de la República y autor del Proyecto de Ley 224 de 2016, “Por medio del cual se prohíbe la utilización de elementos que laceren, mutilen, hieran o den muerte en espectáculos públicos a animales”-, espera que la Corte Constitucional no avale la ausencia de penalización de espectáculos crueles como las corridas de toros.

El magistrado Alejandro Linares es el encargado de estudiar una demanda de inconstitucionalidad del Parágrafo 3° del Artículo 339B del Código Penal, según el cual no serán objeto de pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses quienes maltraten a un animal causándole la muerte o lesiones graves.

De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, que modificó el Código Penal, quedaron exceptuados de pena quienes en actividades como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos,   hieran o lesionen a un animal; causen la muerte inevitable o necesaria a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego; enfrenten animales para que se acometan y hagan de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado; conviertan en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar; y usen animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros animales. 

Por esta razón es que el “econgresista” Nicolás Albeiro Echeverry dice que existe doble moral: “hay sanción para quien castigue un perro, pero no para quien castigue un toro; por eso urge legislar frente a la práctica de entretenimiento y expresión cultural que involucre a todos los animales”.

En ese sentido es que el “Econgresista” antioqueño espera que el magistrado Linares haga caso omiso de la solicitud hecha por el Ministerio de Justicia de no declarar inconstitucional el artículo 339B del Código Penal.

“De no hacerlo la Corte Constitucional –que tendría que hacerlo para que no quede en evidencia su doble moral-, de manera subsidiaria el Congreso de la República debe transformar estas prácticas exigiendo la abolición de elementos cortopunzantes que hacen daño a los animales”, manifestó Echeverry Alvarán.

El “Econgresista” conservador entiende la presión de un gran sector de la sociedad colombiana amante de la “fiesta taurina”. Por eso su convencimiento de la urgencia de aprobar el  Proyecto de Ley 224 de 2016, para que los espectáculos continúen, aún sin penalización –si así es el leal sentir y pensar del Alto Gobierno y de la Corte Constitucional- pero sin tortura, sin crueldad, sin sangre y sin muerte.

“Nuestro Proyecto de Ley busca que los amantes de la tauromaquia reconozcan a los toros como seres sintientes, consecuentes con la Ley 1774 de 2016. Pero, al mismo tiempo, esperamos que la controversia no genere hechos violentos como los de la Plaza La Santamaría de Bogotá”, concluye el representante Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, quien espera realizar una reunión urgente con la Bancada Animalista el miércoles, 1 de febrero, para tomar decisiones sobre las acciones políticas y jurídicas que les permita defender los proyectos para la protección de los animales.

Más información con el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, en el número de celular 311 381 2478

Agencia Virtual de Prensa: 310 514 45 21

El “econgresita”, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, celebra el fallo de la Corte Constitucional de prohibir la minería en los páramos.

“Es consecuente con los derechos de tercera generación, que en honor al derecho fundamental a la vida, tenemos que presumir su conexidad, a sabiendas de que la existencia de la humanidad está en riesgo debido a la explotación irracional de nuestras riquezas naturales y a la amenaza que representa para ese patrimonio  natural que aún nos queda”, ha manifestado el Representante a la Cámara antioqueño.

Según Echeverry Alvarán, la decisión del Alto Tribunal responde al interés colectivo y desestima el interés económico particular de los dueños de 334 títulos mineros que venían ejecutándose en 26 páramos colombianos.

“El fallo reconoce efectivamente, y en buena hora, el derecho de los colombianos a gozar de un ambiente sano. La Corte le está recordando a nuestro Estado Social de Derecho que debe cumplir con el mandato superior de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible”, recuerda el “Econgresita”.

Igualmente aplaude la protección de las comunidades desplazadas, privilegiando la satisfacción de sus intereses por encima de los de los intereses de los empresarios mineros.

“¡Qué bueno que quienes hayan sido desplazados por la violencia puedan volver a sus tierras. No es superior ni la indemnización económica para ellos ni los réditos económicos de los empresarios mineros al derecho de todos a conservar la riqueza ecológica que el sistema de páramos representa para los colombianos y para la humanidad”, ha afirmado Echeverry Alvarán.

 El “Econgresista” conservador también cree que es acertado que la Corte Constitucional les devuelva a las Corporaciones Autónomas Regionales la potestad para evaluar el impacto ambiental de los Proyectos de Interés Nacional Estratégicos –PÍNES- en zonas naturales protegidas.