Con la reforma a la justicia se habla a los generadores de opinión sobre la necesidad de acabar con la comisión de acusaciones de la Cámara. pero lo que no se dice es que se requiere la generación de herramientas efectivas de control político y de que el congreso sea quien ejerza esa función.
Si estoy de acuerdo en que se deben retirar las funciones del ente judicial a la comisión de acusaciones, pero lo que no comparto es que se piense en su eliminación. Se deben aprovechar estos vientos de reformas, no para dar gustos a unos pocos sino para que Colombia sea una mejor democracia.
En primer lugar la idea que se debería discutir en Cámara y Senado es la reestructuración y no la eliminación, ya que en esencia el legislativo es un rama del poder netamente política, y no puede huir a su principal responsabilidad, la cual es la de ejercer un verdadero y eficaz control y deberían implementarse procesos de juzgamiento que no sean judiciales sino políticos.
Teniendo claro este concepto, debemos entrar a definir el papel de una comisión que genere espacios para la oposición y pasar de un mero control político ficticio a un procedimiento de investigación, acusación y juzgamiento político que le permita a la sociedad colombiana proferir sus juicios de opinión en contra de los servidores públicos procesados.
En este momento el debate de control político que efectúa el Congreso, no presenta ningún juicio de reproche y al día de hoy no hemos podido estrenar la moción de censura; Que buen momento este, en el que podemos aprovechar la oportunidad para generar una herramienta eficiente de control político, que permita la participación ciudadana y el control político, control político que pueda redundar también en una verdadera lucha contra la corrupción generada y muchas veces contemplada por las actuaciones de los servidores de todas las ramas del poder público.
¿Y entonces en cabeza de quien estarían los procesos judiciales en contra de los altos dignatarios del estado?
Sea lo primero decir que lo que se tiene que evitar es la generación de más burocracia y de acumulaciones innecesarias de poder. Y es palpable a la luz de todos, que las entidades ya existen, lo que sucede es que por esos viejos antecedentes del choque de trenes hoy en día existe una pugna sosegada de poderes dentro del judicial, en mi opinión, una formula que generaría suficientes garantías para el juzgamiento de los altos dignatarios del estado es que la corte superema de justicia, sala de casación penal, investigue y acuse y que la corte constitucional juzgue.
Por que la corte constitucional? Por la sencilla razón que fue el constituyente del 91, quien dejo en cabeza de la corte constitucional la responsabilidad de ser la suprema guardiana de nuestra carta fundamental y los altos dignatarios coincidencialmente, en su gran mayoría, gozan de fuero constitucional, que mejor que la guardiana de la constitución sea quien juzgue las transgresiones que los altos dignatarios puedan causar a nuestra carta magna y a las leyes que la desarrollan.
Oficina representante Diego Naranjo
