Gracias a la gestión del representante guajiro y expresidente de la corporación, Alfredo Deluque

El pasado 31 de Marzo de 2016, con la convicción y el compromiso que requería el mejoramiento de la imagen institucional, el Congreso de la República, bajo el liderazgo de los presidentes de Senado y Cámara de Representantes lanzaron una estrategia de comunicación política en el marco del Plan de Acción para la transparencia legislativa denominada “Congreso Abierto y Transparente”.

La estrategia “por un Congreso Abierto y Transparente” se implementó en compañía de los presidentes de las Comisión de Ética del Senado y Cámara y su propósito era acercar al ciudadano a la Rama Legislativa, facilitando el acceso a la información y promoviendo prácticas transparentes al interior de la Corporación.

Para el entonces Presidente de la Cámara Baja, Alfredo Deluque, la iniciativa se trataba de “una apuesta contundente, un trabajo juicioso que conjuga muchos factores y que compromete de manera directa a todos y cada uno de los congresistas y funcionarios del Congreso, con el propósito de que se establezca como política para que se dé continuidad en las siguientes administraciones”.

En ese momento, el índice nacional de transparencia, medido por la ONG “Transparencia por Colombia” indicaba que la entidad se posicionaba en el último lugar, con un puntaje de 24,3, siendo la única entidad del país con un riesgo “Muy Alto”.

Luego de realizar un comprometido trabajo de la mano de la oficina de transparencia de la Presidencia de la República y conformar un equipo interdisciplinario dedicado únicamente a trabajar en el tema, se logró cumplir el plan de acción estipulado para un año, 6 meses antes de lo previsto; por tanto, la Cámara de Representantes subió del puesto 85 al 59, a un riesgo “Medio” y un puntaje de 76.4.

Para Deluque Zuleta esta es una manera de demostrarle a la corporación que con un trabajo juicioso se pueden avanzar en temas tan importantes como ese.

Año 2016

Año 2013

Consulte el estudio completo aquí.

Habla el representante Alfredo de Luque, autor de la ley que hace un año se sancionó para tratar de detener el robo de celulares y cuyos efectos aún están en veremos. Según él, las compañías de telefonía anteponen otras consideraciones sobre el derecho fundamental de la vida. Semana.com: ¿Cómo surge la idea de una ley para atacar el robo de celulares?
 
Alfredo de Luque: Se trata del delito más cometido en el país, y no sólo en el país sino a nivel mundial tiene cifras históricas bastantes impresionantes en donde el robo de celulares llega de verdad a indicadores alarmantes. De ahí surge el afán de hacer algo. El problema estaba identificado pero ¿qué hacer? era la pregunta. Las cifras además son muy distorsionadas hacia abajo porque la gente no lo denuncia, hay un gran subregistro. Pero es el delito más cometido en el país.
 
En la Ley de seguridad ciudadana se presenta la coyuntura para precisamente atacar esos delitos que afectan al común de las personas, la idea era darles herramientas a la Policía y a la Fiscalía para que ncombatirlos efectivamente. Pensamos entonces en hacer algo para el robo de telefonía celular. La propuesta del Gobierno iba encaminada simplemente a endurecer las penas para ese delito, para el robo de celulares. Pero en la práctica eso no genera nada, el delito se seguiría cometiendo porque el bandido no lee el código penal para salir a robar. Lo que queríamos era un sistema para desestimular el robo de celulares.
 
Semana.com: ¿Qué fue lo que creó la ley para lograr ese propósito?
 
A.L.: Investigué y vi que podíamos hacer algo muy parecido a lo que hizo la Unión Europea hace algunos años. Crearon bases de datos, dos, una positiva y una negativa; centralizadas y compartidas por todas las empresas celulares. Lo novedoso de esto es la base positiva, porque en la base negativa entran, como sabemos, los celulares que se reportan como robados o extraviados.
 
Pero la base positiva van todas los celulares "buenos", es decir, una base con el registro de todos los equipos adquiridos de forma lícita en el país, con el fin de que los que no estén reportados en esa base no puedan ser activados. Ese gran registro se complementó con el establecimiento de un delito: el que modifique un celular, lo regrabe, lo remarque, altere su código de identificación con el fin de burlar las bases de datos para lograr su activación, incurrirá en una pena de seis a ocho años, un delito no excarcelable.
 
Semana.com: ¿En eso básicamente consiste la ley?
 
A.L.: Sí, y además se ordenó que todos los celulares que se vendan en el país tengan las bandas abiertas. Para que así cuando yo adquiera un equipo, pueda activarlo donde quiera, no como antes, que traía las bandas bloqueadas para amarrarlo a un determinado operador; eso propiciaba que la gente se iba al mercado ilegal a desbloquearlo y de esa manera se apoyaba ese negocio irregular. Ahora usted le compra una SIM card a cualquier operador y se instala a su teléfono libremente.
 
Semana.com: ¿A quién le corresponde crear esas dos bases de datos?
 
A.L.: La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones recibió la misión de construir los parámetros para estas dos bases de datos, la construcción de las bases como tal les corresponde a las empresas operadoras contratando a un tercero que debe centralizar todos los datos y ponerlos a disposición.
 
Semana.com: A la fecha, ¿en qué estamos con respecto a esas misiones?
 
A.L.: La ley se sancionó hace un año. Dimos un plazo de seis meses, es decir, hasta el primero de enero de este año, para que las bases de datos estuvieran funcionando. Como legisladores queríamos que entraran a operar de inmediato, pero no han podido entrar en operación porque la base de datos positiva no se ha terminado. Las compañías de telefonía móvil celular no han sido responsables socialmente con eso. No han depurado por completo la base de datos positiva, sin ella esto no funciona.
 
Semana.com: ¿Por qué no han cumplido?
 
A.L.: Dicen que son 47 millones de líneas que no han terminado. Me parece que han sido irresponsables porque no han hecho una campaña agresiva para decantar esa base. No tengo noticia de que alguien haya recibido un mensaje, una llamada para preguntarle por alguna línea que pueda estar activa y actualizar los datos del usuario… Creo que el tiempo que ha pasado es suficiente y no lo han hecho.
 
Semana.com: ¿En qué porcentaje de la meta están?
 
A.L.: No sé, pero han dicho que aspiran a tener lista la base en octubre. Yo soy escéptico porque no han hecho una campaña agresiva para ese propósito. No es algo muy caro. Los operadores de celulares por cuenta de la ley de portabilidad (el usuario conserva su número telefónico) están interconectados entre sí, que es lo más caro. Nada más tenían que hacer una base de datos nueva.
 
Semana.com: ¿Quién debe exigirles a las compañías que cumplan?
 
A.L.: La Superintendencia de Industria y Comercio. Recordemos que la SIC tuvo que sancionar a algunas empresas por no entregar los celulares con las bandas abiertas. El vocero de las compañías ha dicho que no es fácil cumplir la ley porque Colombia es precursora, que no hay antecedentes en el mundo de medidas como las que contempla esta ley
 
Eso no es cierto, esta medida fue empleada en Europa y logró reducir a la mitad el robo. Hay experiencias en Estados Unidos y en Francia. Gran Bretaña tiene su propia base de datos centralizada desde el 2002. No es un tema que me inventé yo. Además, los operadores que están en el país están en la región, en el continente, podrían a mutuo propio tener una iniciativa, pero no, ¿por qué tiene que esperar a que la obligación se les imponga? No puede haber, no hay ninguna consideración superior a la vida. ¡Por favor!

Tomado de la Revista Semana