Producto de las discusiones dadas al interior de las Comisiones Económicas del Congreso de la República, al actual proyecto de reforma tributaria se determinó incrementar el Impuesto de Valor Agregado IVA al 19% a las compras de bicicletas, lo cual no es compartido por la Senadora Maritza Martínez Aristizábal por sus implicaciones económicas, ambientales y de salud pública.

Frente a la disposición de incrementar la tarifa del Impuesto de Valor Agregado del actual nivel del 16% al 19%, la Congresista llanera ha presentado la propuesta para que el rubro denominado bicicletas y demás velocípedos sin motor, sean catalogados cómo bienes que no causan el impuesto y de esta forma se incentive el uso de estos productos por parte de los ciudadano.

Para la Parlamentaria es fundamental generar instrumentos tangibles que le permitan a los colombianos utilizar la bicicleta cómo una alternativa de movilidad, con los consabidos beneficios para la salud y el medio ambiente, ya que no sólo habilita mecanismos de transporte que descongestionan las vías y reduce las emisiones de gases contaminantes, sino que además, se constituye como un ejercicio que mejora los estándares de calidad de vida y previene las principales enfermedades no trasmisibles que son diabetes, afecciones cardiovasculares, obesidad y problemas respiratorios.

"No es consecuente con los colombianos que de un lado, el Congreso apruebe normas cómo la Ley 1811 de 2016 que promueve el uso de la bicileta y del otro, incremente en 3 puntos porcentuales el IVA para la compra de estos valiosos bienes que contribuyen al bienestar de los colombianos en términos de salud, medio ambiente y transporte", puntualizó la Congresista.

La legisladora busca que el Congreso apoye su iniciativa para que existan mecanismos eficaces, como la inhibición sexual, para detener actos como este.
 

El objeto principal de esta iniciativa, ya radicada,  es crear pena obligatoria a violadores de menores, de inhibición hormonal del deseo sexual. En otras palabras, los abusadores sexuales de menores de catorce (14) años se les realizarían castración química por su conducta.
 

El proyecto modificaría los artículos 208 y 209 del Código Penal – Ley 599 de 2000- los cuales indican que quienes acceden carnalmente a un menor de 14 años, incurrirá en prisión de 12 a 20 años; y quienes realicen actos sexuales, acceso carnal o induzca en prácticas sexuales tendría prisión de 9 a 13 años. Con la iniciativa se agrega a dichos artículos la “pena de inhibición hormonal del deseo sexual obligatoria o castración química por un término equivalente al doble de la pena de prisión impuesta”.
 

Aunado a ello, el Gobierno tendría que conformar un Comité Técnico- Científico con el que se haría control y seguimiento a la implementación de las sanciones. Además, las autoridades de policía llevarían un registro obligatorio de violadores y abusadores sexuales de menores, para que se tenga conocimiento permanente del lugar de residencia de estos sujetos.
 

La Congresista Martínez – Partido de la U- señaló que ha recibido el apoyo de senadores de distintas bancadas para sacar adelante este proyecto. Entre ellos: José David Name, Juan Manuel Galán, Roy Barreras,  Álvaro Ashton, Carlos Enrique Soto. En este orden de ideas, el senador Iván Name, vicepresidente del senado, declaró que los violadores no deben seguir delinquiendo, y "teniendo penas tan flexibles para crímenes tan graves".  

¿Qué motiva el proyecto?
 

El creciente número de casos de abuso y homicidio de menores de edad, preocupa a los senadores que apoyan la propuesta. El último caso que generó repudio nacional fue el de la menor, de 7 años, Yuliana Samboní, ocurrido en Bogotá.
 

Las alarmante cifras presentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal  dan cuenta de esta problemática.  Según esta entidad, entre 2006 y 2015 los niños, niñas y adolescentes, víctimas de homicidio, fueron 10.652, y en ese mismo periodo se realizaron 160.280 exámenes médicos por presunto abuso sexual.
 

Ante ello, la senadora Maritza hizo un llamado y declaró que: “Ante este antecedente, tenemos que hacer algo ya! No podemos solamente mostrar indignación por un día ante hechos tan lamentables como este y no actuar en consecuencia”.
 

¿En qué consiste la castración química?
 

El tratamiento médico consiste en suministrar de manera regular (mensual o diario) a un individuo, determinados medicamentos para inhibir el deseo sexual. De esta manera, las sustancia química empleada, ya sea acetato de ciproterona, acetato de medroxyprogesterona, acetato de leuprolide o algunos inhibidores selectivos del Reuptake de la Serotonina (SSRI’s); actuaría sobre la gládula hipófisis responsable de generar el deseo sexual.  
 

Lugares en donde se aplica la castración química
 

Estados Unidos (Estados como California, Florida, Luisiana, y otros), Australia, Alemania, Fracia, Reino Unido, España, Rusia, Corea del Sur, entre otros. En América Latina, países como Argentina y Peru estudian la implementación de este tipo de medidas.
 

¿Dónde se emplea el registro de violadores de menores?
 

Esta medida se aplica en Estados como: Reino Unido, Canadá, Estados Unidos.

Con ocasión al Día Internacional del Niño, que coincide con el 57º aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y tomando en consideración los diez años de entrada en vigencia del Código de Infancia y Adolescencia, la Senadora Maritza Martínez realizará un debate de control político en la Plenaria del Senado de la República el próximo 22 de noviembre, en donde demostrará que, en Colombia, crecer y desarrollarse como Niño, Niña o Adolescente es todo un riesgo.

En palabras de la Senadora "Son más de 670 mil niños, niñas y adolescentes quienes han sido víctimas de delitos, dentro de los que sobresalen las violaciones sexuales, el maltrato intrafamiliar y el abandono, todo esto en el transcurso de los últimos diez años, es aberrante que el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta haber atendido a más de 112.246 niños y adolescentes víctimas de presuntos abusos en el seno de sus hogares. Esto nos muestra que nuestra sociedad no cuenta con herramientas adecuadas para tratar a nuestros menores, y que aun existiendo estos, está enferma. El futuro de nuestro país, representado en las nuevas generaciones, está siendo pisoteado y menospreciado por el Estado, la Sociedad y la Familia. Como veremos en el debate, nadie está cumpliendo la tarea con la niñez".

De la mano de lo anterior, la Senadora Martínez debatirá sobre la necesaria implementación de soluciones de fondo que permitan acabar definitivamente con el fenómeno de la delincuencia juvenil, una bomba de tiempo para el país, la cual de acuerdo con la parlamentaria "se ha incrementado a tasas de más del 500% durante el último decenio."

Cifras que se contrastan con las manejadas con respecto a judicialización y sanción efectiva de los menores infractores, las cuales, de acuerdo con la Senadora rondan en tasas de impunidad cercanas al 90%.

"Este es un debate que estamos en mora de realizar desde hace mucho tiempo y que probablemente no agotaremos el próximo martes. Tenemos una sociedad de doble moral, que por un lado funge como victimaria al maltratar, violar y matar a nuestros niños y por el otro, es víctima al encontrar niños y jóvenes autores de afrentas e ignominias impensables. Es necesario que tanto la sociedad, las instituciones y la familia nos apropiemos de la ingente responsabilidad de cuidar y formar ciudadanos de bien para las próximas generaciones", señalo la Congresista Maritza Martínez.

Con el fin de hacer un balance de la implementación, las garantías y el mejoramiento de medidas de dicho código, la senadora Maritza Martínez propuso llevar a cabo el debate.
 

Con razón del décimo aniversario de vigencia del Código de Infancia y Adolescencia, la senadora Maritza Martínez citó al Ministro de Educación y a la Directora del Departamento para la Prosperidad para revisar los pros y los contras de la mencionada Ley.
 

El Ministerio de Educación explicará su gestión y participación en la elaboración de políticas públicas para promover el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde la entrada en vigencia de la norma. El MEN tendrá que informar las labores realizadas, junto con la Policía Nacional y/o la Fiscalía, para el desarrollo de programas, políticas o proyectos que busquen garantizar el derecho de su grupo focal.

En ocasión de las distintas agresiones que padecen los niños, niñas y adolescentes; éste ministerio deberá explicar cuál ha sido labor para restablecer los derechos de los menores. 

Por otra parte, el MEN dará cuenta de las políticas diseñadas y proyectadas en materia de responsabilidad penal para adolescentes, así como los proyectos planteados que vayan dirigidos a esta población, víctima del conflicto armado.

Otra de las preocupaciones es la tasa de deserción desde el año 2000 hasta el momento, en cada nivel de educación. Por lo anterior, el MEN remitirá las estadísticas respectivas y explicarà en que consisten los programas “ Ser Pilo Paga” Y “Ser Pilo Paga Profe”.
 

Entre tanto, el Departamento para la prosperidad Social dará cuenta de su gestión e inversión económica para la elaboración de políticas públicas promovidas en tanto los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los últimos 10 años, su injerencia en el diseño y objetivos en política de responsabilidad penal para adolescentes.

Estas dos entidades, MEN y DPS, tendrán que exponer sus observaciones respecto al código de infancia y adolescencia. 

Aprovechando la presencia del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la senadora Maritza Martínez expresó su preocupación frente al desarrollo de la obra Malla Vial del Meta.  

​

En medio del debate de control político adelantado en la Comisión Quinta a Cormagdalena (miércoles 09 de noviembre) en el que se citó al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura- Luis Andrade-  la congresista Maritza Martínez le solicitó que diera una explicación a los habitantes de la Orinoquía de lo que va a suceder con el mencionado proyecto.

Lo anterior debido a la preocupación de habitantes de la región ante la supuesta desfinanciación de la mencionada obra. El proyecto consiste en el diseño, financiación, construcción, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del corredor y anillo vial de Villavicencio.

Dicho contrato es el 004 de 2015 y el contratista es Concesión Vial de los Llanos S.A.S  cuyos accionistas son: Grupo Odinsa S.A,(51%); Murcia y Murcia S.A (30%), Construcciones el Cóndor S.A (11%), Sarugo y CIA S en C (8%).

Sabido ello, la senadora cuestionó a la ANI sobre el desarrollo de la Malla Vial debido a que la etapa de pre construcción y cierre financiero está fijada para el 30 de noviembre de 2016, pero “la empresa concesionaria, a pesar de que ya está comprometida porque ya firmó contrato, ha solicitado formalmente a la ANI un término para analizar si está o no en condiciones para adelantar el proyecto”, pues el inicio de las obras está fijado para el primero de diciembre de 2016.   

Resaltó, además, que “fue la concesionaria, quien presentó por iniciativa propia la propuesta de APP privada, y ahora no encuentra recursos financieros para respaldar construcción de proyecto”  y fue enfática en que es una situación “supremamente grave”.

En nombre de los llaneros, la senadora reiteró a  Luis Andrade- de la Agencia Nacional de Infraestructura, que se  que les garantizara que el proyecto salga adelante.

Luego de una gestión adelantada por la Senadora Maritza Martínez Aristizábal en compañía de productores arroceros de todo el país y con el liderazgo de los llaneros, se logró que la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA autorizara disposiciones en materia de alivios a las deudas financieras y no financieras de los agricultores, con lo que se podrá hacer frente a una crisis recurrente en diversos renglones productivos.

En ese sentido, la Senadora Martínez ha insistido sobre la imperiosa necesidad de establecer medidas que apalanquen económicamente a los productores afectados desde el año 2012 por efectos de la ola invernal y que derivó en incumplimientos de las deudas, tanto con el sector bancario y no financiero, donde éste último financia gran parte de la cosecha de arroz, maíz y soya y que lo torna particularmente agudo en la región de los Llanos Orientales.

La Parlamentaria llanera, destaca que los acuerdos aprobados por la Junta Directiva del FONSA, establecen alivios para deudas con el sector bancario tradicional y la consolidación de pasivos no financieros, en montos que oscilan desde los $20 millones hasta $370 millones para todos los pequeños y medianos productores de arroz, banano, cítricos, plátano y palma aceitera y, para asumir estos compromisos el Gobierno Nacional dispondrá de $60 mil millones aproximadamente.

"Es importante este esfuerzo del Gobierno Nacional para apoyar a los productores en materia crediticia y en especial con las deudas no financieras.

En razón a las disminuciones de recursos de Regalías que recibirán los departamentos y municipios productores de hidrocarburos para el próximo bienio, lasenadora Maritza Martínez Aristizábal, adelanta labores de concertación con el Gobierno Nacional para que mediante un incentivo a la producción, desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización y la reasignación de un excedente procedente de un monto que se encuentra ahorrado (exceso de ahorro), se redistribuyan cerca de un billón de pesos con el fin de minimizar la creciente crisis que viven las comunidades de estas regiones y que se acentuarían de no corregirse las altas brechas y desigualdades que trae en proyecto de Ley por el cual se establece el próximo presupuesto bienal de regalías.

La Senadora Maritza Martínez observa con preocupación que las principales inequidades del próximo presupuesto de regalías se registran en los Fondos de Compensación regional y de Desarrollo Regional. Para el primer fondo se registra que los tres departamentos productores (Arauca, Casanare y Meta) tendrán apenas $144 mil millones que representan el 5,54%, que frente a las asignaciones de Antioquia que con $201 mil millones se apropia del 7,7% del total de esa bolsa. En cuanto al Fondo de Compensación Regional de los $2.3 billones que tiene dicho rubro, los cuales departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, Bolívar y Nariño tendrían el 27%, es decir, $534 mil millones; lo cual contrasta frente a los $153 mil que se distribuirían entre Arauca, Casanare y Meta (6,5%).

"No es justo ni equitativo con las entidades productoras esta desigual asignación en recursos, que profundiza las ya enormes brechas en materia de desarrollo social y de apoyo a las comunidades".

En debate de control político al interior de la Comisión Quinta del Senado de la República sobre la situación de las estaciones de gasolina, la Senadora Maritza Martínez, solicitó al Ministro de Minas y Energía y al Superintendente de Industria y Comercio que se revisen las prácticas ejercidas por algunos agentes del mercado de los combustibles (gasolina ,ACPM y gas natural) ya que en su calidad de distribuidores mayoristas pueden ejercer acciones en detrimento de los agentes minoristas.

La Senadora pide revisar de manera acuciosa las posibles conductas de competencia desleal y malas prácticas de comercio, ejercidas por grandes firmas, cómo es el caso de Terpel, la cual posee un amplio poder de decisión en un mercado altamente concentrado lo que le permite un mayor control de la distribución que hace a nivel minorista. Esta situación se sustenta en el hecho que durante el 2015 Terpel y Exxon Mobil concentraron el 64.50% del total del mercado nacional de distribución de combustibles y en lo corrido del 2016 el nivel aumentó a 66%.

La Parlamentaria llanera presentó una queja de las zonas productoras de hidrocarburos por estar pagando los más altos precios de todo el país frente a la gasolina corriente "El municipio de Villavicencio capital del departamento del Meta, y que es el mayor productor de Petróleo de la Nación, no puede seguir pagando los más elevados costos de la gasolina con un sobre precio cercano al 5%. Al respecto, la senadora Maritza Martínez solicita dar prioridad y generar incentivos como un precio menor a las comunidades oferentes de los hidrocarburos.

"Considero oportuno generar estos incentivos máxime si se tiene en cuenta el recorte de la inversión en el Presupuesto General de la Nación de la próxima vigencia fiscal, que tendrá la región de los Llanos, donde el departamento del Meta se percibirá un 10% menos de sus recursos, al pasar de $508 mil millones a $455 mil millones; sin contar con la reducción del presupuesto bienal de regalías" , puntualizó la Senadora.

Como inaceptable, preocupante y gravísima fue tildada por la Senadora Maritza Martínez, la situación de orden público por la que atraviesan los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada a raíz del paro armado anunciado por el ELN.
 

El paro, convocado desde las seis de la mañana del día 12 de septiembre y hasta el 15 de este mes, ha incidido gravemente en el acontecer diario de las comunidades. De acuerdo con la Senadora, "en Arauca, 54.000 estudiantes se encuentran sin poder asistir a sus colegios ante el peligro que representa esta coyuntura para su integridad personal. Hemos tenido conocimiento de la destrucción de al menos tres motocicletas en inmediaciones de Saravena, y un bus intermunicipal en Arauquita; el comercio está completamente paralizado en el departamento y ha sido necesario que el Gobernador solicite apoyo aéreo para transportar a personal médico y a pacientes en graves estado de salud".
 

Por su parte, en Casanare, se tiene reporte de la destrucción de al menos dos buses intermunicipales, uno de ellos en límites con el departamento de Arauca, y el otro en las inmediaciones de Yopal.
 

"Como Senadora de los araucanos y los casanareños, me indigna profundamente la grave situación que amenaza la tranquilidad y la paz de los habitantes de estos departamentos. Creo firmemente que el anhelo de la paz no puede constituirse como un obstáculo insalvable para que el Estado haga presencia institucional inmediata y recupere el Orden Público en estos dos departamentos. Así pues, exigimos que desde la Plenaria del Senado de la República se requiera al Ministro de la Defensa Nacional para que despliegue prontamente las medidas necesarias que nos permitan asegurarle el sosiego a los habitantes de esta parte de la Orinoquia." Manifestó la Senadora.

Con el fin de garantizar mejores condiciones a las mujeres del campo Colombiano, los Senadores de la Comisión Quintas votaron a favor del proyecto de Ley presentado por la senadora Maritza Martínez Aristizábal, el cual busca aumentar las garantías de las mujeres del campo.

De acuerdo con la Senadora Llanera, es importante reivindicar el papel de las mujeres rurales ya que representan el 47% de pobladores del campo y han sido víctimas de múltiples formas de  discriminación y marginamiento, por lo cual es fundamental garantizarles en un 40% la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales,  así como la entrega en un mismo nivel de los recursos que anualmente se destinan para proyectos productivos por parte de los diferentes fondos, planes o programas  a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o las entidades que favorecen la actividad rural.

La parlamentaria destaca que debe ser una prioridad para el Gobierno mejorar los niveles de acceso que tienen las mujeres campesinas en los diferentes factores de producción, pues según cifras del III Censo Nacional Agropecuario, del total de unidades productoras agropecuarias del país con acceso a maquinaría agrícola, el 31% está a cargo de hombres, mientras que las mujeres sólo representan el 19%. Igualmente, la iniciativa legislativa procura la mayor participación de las pobladoras rurales en programas de vivienda de interés social y toda la oferta institucional gubernamental en materia agropecuaria.

”La mujer rural representa uno de los pilares de desarrollo en el sector rural y esto no es un reconocimiento gratuito para las mujeres del campo, por el contrario es una justificada forma de hacer justicia a las Mujeres Rurales del  país que cumplen un importante papel en el campo.” puntualizó la senadora Maritza Martínez Aristizábal.

Como “afortunada” y “lógica” ha sido calificada por parte de la Senadora Maritza Martínez Aristizábal, la decisión del Gobierno Nacional de suspender los efectos de la Resolución 0286 del 18 de marzo de 2016, mediante la cual se le otorgaba la licencia ambiental al proyecto de exploración petrolera en la denominada Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM).

La senadora de la Orinoquia, quien ha sido una radical opositora a la habilitación para el desarrollo de actividades extractivas que puedan llegar a poner en riesgo el delicado equilibrio del ecosistema del AMEM, manifestó que ahora es necesario buscar la revocatoria de la licencia ambiental, toda vez que resulta indispensable mantener, proteger y preservar para la posteridad este santuario de fauna y flora único en el mundo, en donde confluyen los ecosistemas de la región Andina, de la Amazonia y la Orinoquia.

Finalmente, la senadora llanera manifestó que deben incentivarse otra clase de fuentes de ingreso para los habitantes de la región que sean compatibles con el ecosistema en el cual se encuentran. Así pues, planteó la necesidad de continuar impulsando el turismo y el desarrollo agrícola ambiental y socialmente sostenible, al tiempo que se desarrolla una dinámica de provisión de servicios relacionados con este ramo, que termine beneficiando de manera directa a la población, quien ha sufrido durante mucho tiempo el flagelo de la violencia y el abandono por parte del Estado.

“Continuaremos haciendo frente común con todos los sectores sociales, políticos y productivos de la región, y desde el Senado de la República seguiremos ejerciendo control político sobre este tema que es de vital importancia para la región y para el país. Abiertamente nos oponemos a toda exploración o explotación de recursos mineroenergéticos en el AMEM. Es por esto que ahora vamos por la revocatoria de la Licencia de Exploración para este proyecto que pone en riesgo al ecosistema de la Macarena y a los servicios ambientales que ésta ofrece”, puntualizó la Senadora.

Comunicado de la senadora Maritza Martínez.

En Plenaria del Senado de la República, lasenadora Maritza Martínez Aristizábal, expresó su inconformidad frente a la aplicación de la medida  expedida  por el Ministerio de Defensa  de suspender el porte de armas  en todo el territorio nacional  por el término de un año.

De acuerdo con la senadora Martínez Aristizábal, esta directriz se adoptó sin en consideración las realidades de cada región, y citó de manera concreta la situación particular de la Orinoquia en donde la dinámica económica, la prevalencia de la ruralidad y las grandes extensiones de su territorio hacen que las condiciones de seguridad sean diferentes a otras zonas del territorio nacional.  Afirmó la congresista  que no existen cifras ni estudios que demuestren un nexo causal directo entre la suspensión de los permisos para el porte de armas con el lleno de los requisitos legales y la tendencia a la baja en las ocurrencia de conductas punibles que se ha venido  registrando durante los tres últimos años.

En ese sentido, la Parlamentaria radicó un oficio dirigido al señor Ministro de Defensa Nacional, donde solicitó suspender temporalmente la medida en la región de la Orinoquia, hasta tanto se demuestre si esta se justifica frente a la situación actual de orden público y seguridad en el llano.

“Manifiesto mi compromiso con la paz y el desarme de nuestra sociedad, más aun tomando en consideración el contexto actual del país. No obstante lo anterior, solicito al Gobierno Nacional reconsiderar una medida que afecta a la seguridad ciudadana y que no corresponde a la dinámica de nuestra región”, puntualizó la Senadora.

COMUNICADO DE PRENSA

Senadora Maritza Martínez denuncia exorbitante incremento de 200% en dos peajes del Meta

Bogotá D.C., junio 16 de 2015.- En comunicación enviada al director Nacional de Invías, Carlos Alberto García Montes, la denadora Maritza Martínez Aristizábal, rechazó lo que calificó de abuso con la comunidad metense refiriéndose a los inusitados incrementos del 200% en las tarifas de los peajes de Casetabla y Yucao, ubicados en la vía que de Puerto López conduce a Puerto Gaitán (Meta).

Para la Senadora Martínez Aristizábal, el alza en la tarifa del peaje es exagerada al pasar de $3.200 y $3.600 a $10.800, lo que constituye una arbitrariedad frente a la comunidad llanera, teniendo en cuenta que este corredor vial presenta un pésimo nivel de servicio por estar en afirmado, carecer de drenajes y de una banca estable y por no poseer condiciones adecuadas de seguridad vial como son: señalización vertical y horizontal, cunetas, bermas, entre otras condiciones que permitan la óptima operación de este corredor.

La denadora Maritza Martínez consideró improcedente la eliminación de la tarifa especial de la que eran objeto estos peajes debido a las señaladas deficiencias técnicas de esta vía, la cual pasó de estar a cargo del Invias a la Concesión Vial Odinsa Pi.

En términos de la parlamentaria: "Este hecho constituye un abuso contra la Orinoquia y un atropello a la región de donde proviene la principal oferta de hidrocarburos".

Finalmente solicitó al Invías suspender estas nuevas tarifas hasta tanto se culmine la totalidad de la obra que se ejecutara en este carreteable. Así mismo requirió a esta entidad la remisión de un informe detallado de los argumentos

En visita efectuada al centro de investigaciones del sector agropecuario 'Carimagua', la parlamentaria apreció avances y dificultades de la investigación del primer sector de la economía colombiana.

En visita efectuada al centro de investigaciones del sector agropecuario 'Carimagua', la parlamentaria apreció avances y dificultades de la investigación del primer sector de la economía colombiana.

La Bancada Agraria constituida en el Senado de la República por iniciativa de la parlamentaria, había advertido con antelación las sobrevinientes dificultades del sector, sin encontrar el debido eco.

Un llamado al Gobierno Nacional para hacer un mayor esfuerzo en favor de un sector que atraviesa por una grave crisis, hizo la parlamentaria llanera.

Transcurridos 16 días de paro minero y sin solución a la vista, mineros acuden a la Presidenta de la Comisión Quinta del Senado para que intervengan en la solución de sus dificultades.

Un proyecto de Ley con el cual sería obligatoria la aprobación de licencia ambiental para toda actividad de "exploración o prospección sísmica o geofísica", fue radicado por la senadora Maritza Martinez.

La senadora de la Comisión Quinta hizo el trámite para beneficiar y mejorar la condición social y laboral de cientos de familias, luego de muchos años de oscuridad y olvido del Gobierno Nacional.

Los habitantes de la zona rural del Departamento del Guaviare pondrán fin a muchos años de oscuridad, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía anuncio la inversión de $4.286 millones de pesos para la instalación de energía eléctrica, en 17 veredas del departamento.

Para la senadora Maritza Martínez, (Partido de la U), la expansión de la electrificación rural de las veredas la Vorágine, Santa Bárbara, la Floresta, la Esmeralda, Buenavista, Bajo Jordán, Jordán alto, el trueno, San Antonio, Encanto, Caño Bonito del municipio del Retorno, Simón Bolívar, las Acacias, Baja Unión, Santa Helena, Unión Alta, y Santa Helena. Las familias beneficiadas mejoraran sustancialmente su calidad de vida y sus oportunidades más básicas de desarrollo social y económico.

El gobernador del Guaviare Octaviano Rivera destacó la gestión de la senadora Martínez Aristizábal en la consecución de los recursos con el Gobierno Nacional, y anuncio la construcción de las redes de expansión rural en los próximos meses.

Prensa senadora Martínez

Entre las medidas se encuentra la constitución de una mesa técnica en la que estarían presentes la comunidad, alcaldía de Villavicencio, Ecopetrol, Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Minminas, Minambiente y las empresas transportadoras de crudo.

Luego de escuchar el vehemente llamado que hiciera la senadora Maritza Martínez Aristizábal (Partido U), sobre la gravedad del incremento en la accidentalidad de las vías por las que se conducen los hidrocarburos que se producen en los llanos colombianos, la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa-Glen, respondió con el anunció de varias acciones para atender de forma inmediata la problemática presentada por la Congresista.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la constitución de una mesa técnica en la que estarían presentes la comunidad, alcaldía de Villavicencio, Ecopetrol, Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y las empresas transportadoras de crudo, que tendría por objetivo concertar las medidas que se requieran para reducir la accidentabilidad.

Según la senadora Maritza Martínez, la concertación de una reunión con la concesionaria Coviandes tendra el fin de aplicar correctivos en el tráfico y horarios de circulación, propuesto por la ministra ya que es de vital importancia para lograr minimizar los riesgos que hoy se presentan. Igualmente consideró que los proyectos de construcción en el anillo vial de Villavicencio y las vías que conducen a los municipios de Acacias, Puerto López y Cumaral, que socializará la ANI y FONADE con la comunidad, implicará un gran alivio en las dificultades de tráfico que hoy se presentan.

Para la Parlamentaria el debate en el que participaron concejales, comunidades de Buenavista y la Comuna Uno, generó resultados muy positivos por cuanto se logró emprender el desarrollo de soluciones a corto y largo plazo, también manifestó que "le entreguen al llano las vías que merece la región y que impulsa la locomotora minera colombiana".

Prensa senadora Martínez

El proyecto de ley, cuya ponente fue la senadora Maritza Martínez, establece también la creación de un sello ambiental para los productos mineros.

Luego de un amplio debate donde se expusieron varios aspectos relacionados con el peligro que conlleva el uso del químico para la extracción del oro y sus efectos colaterales como la contaminación del recurso hídrico y de tierras , fue aprobado con 9 votos a favor y uno en contra, el proyecto por medio del cual se establecen disposiciones para la comercialización y uso del mercurio en los procesos productivos y se fijan incentivos para la erradicación gradual.

La ponente senadora Marítza Martínez (Partido de la U ), señaló que fueron ajustados algunos de los artículos del proyecto original del representante Augusto Posada, donde entre otros se establece que se dictarán medidas para ir restringiendo el uso del mercurio y capacitar a los pequeños y medianos mineros para determinar otros métodos para la extracción del preciado metal como la recomendación del uso de las marmitas, las cuales permiten recuperar el mercurio para no contaminar el agua, la tierra ni el aire, así como recomendar la utilización del cianuro que no representa ningún peligro para los mineros y para el medio ambiente.

Otro aspecto es el establecimiento de un lapso de 10 años para ir gradualmente desmontando la utilización del mercurio, así como el establecimiento de controles drásticos en la importación y comercialización del mismo, para lo cual se harán cargo la Dian y las autoridades competentes tan pronto sea sancionada la norma.

De otra parte la senadora Martínez señaló que un artículo nuevo se refiere la implementación de un sello ambiental, el cual será muy útil y de excelente aceptación por los mercados internacionales para la compra de elementos elaborados con oro u otros metales preciosos, bajo el citado sello que garantiza la protección del medio ambiente y de los artesanos.

El proyecto será abordado en plenaria de Senado, donde también podrá ser objeto de otros ajustes, antes de convertirse en ley y su posterior aplicación.

Prensa Senado

Luego de una reunión entre el Ministro de Agricultura y los representantes de los arroceros del país.

Gracias a las gestiones adelantadas por la senadora Maritza Martínez (Partido de la U), que incluyeron diálogo directo con el Presidente de la República, el día de ayer el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar y representantes de los arroceros de todo el país, anunciaron un acuerdo que alivia las dificultades de los productores y permite como consecuencia directa el desmonte del paro que había sido programado para el próximo 19 de Marzo.

Dentro de lo acordado se encuentra la determinación de una franja diferencial de sustentación de precios, que para la zona Llanos establece un piso de $110.000 y un techo $120.000 por carga; la resolución que reglamenta esta medida sería expedida el próximo martes con el fin de garantizar que el ingreso de los arroceros cubra adecuadamente los costos de producción. En complemento a las medidas sobre el precio, también se llevará a cabo reestructuración de las deudas de los productores mediante la refinanciación de sus empréstitos vía Banco Agrario.

No obstante lo exitoso de la jornada, la senadora Martínez considera que es necesario seguir impulsando el proyecto de ley que crea un Fondo de Estabilización que permitiría ahorrar en épocas de bonanza y amortizar la caída de los precios del cereal en tiempos de depresión.

Prensa senadora Maritza Martínez

Este miércoles en Villavicencio se buscará una solución para conjurar un paro anunciado para la próxima semana, ante la grave crisis que vive el sector.

Para la Senadora Maritza Martínez Aristizábal, (Partido de la U), el sector arrocero del país es uno de los más golpeados en su economía por la caída del precio interno, el alto costo de los insumos, contrabando y los acuerdos comerciales establecidos con Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones.

Con el fin de buscar soluciones a esta problemática y fortalecer sustancialmente el sector agrícola, la senadora Martínez Aristizábal le manifestó al presidente Juan Manuel Santos Calderón, la importancia y pertinencia de realizar este encuentro entre el gremio productor y el Gobierno Nacional, a través del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar.

La reunión se realizará en la ciudad de Villavicencio el miércoles 13 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Comercio, con el fin de evitar el paro anunciado por los productores para el próximo 19 de marzo a nivel nacional.

Prensa Senadora Martínez

En debate de control político sobre regalías, realizado en la comisión quinta del Senado.

Durante el debate de control político sobre Regalías en la comisión quinta, la senadora Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), logró que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, se reúna con los alcaldes del país coordinados por la Federación Nacional de Municipios.

Durante la discusión la senadora llamó la atención al Gobierno por la demora en la puesta en marcha del sistema de Regalías, la falta de reglamentación para su operación y el destino de los rendimientos financieros que ha generado malestar en los alcaldes con las mayores necesidades en el país.

"Cómo es que posible que estemos en abril y aún no haya comenzado a funcionar el sistema general de regalías, necesitábamos escuchar una explicación. El Ministro de Hacienda ha dilatado sin mayor explicación el tema, necesitamos que fluyan los recursos, que empiecen los programas sociales nuevamente a estar vigentes, como el de transporte y alimentación escolar que están paralizados", sostuvo la legisladora.

La senadora Martínez se mostró preocupada porque el Gobierno anunció una inversión por 30 mil millones para transporte y alimentación escolar y después lo redujo a 28 mil, lo que no alcanzaría para transporte de los estudiantes en los municipios más necesitados del país.

Dijo además, que algunos gobernantes se preguntan: ¿cuál es la equidad regional, si más de una tercera parte de los municipios no reciben nada y otro tanto recibe sumas irrisorias. Advirtió que el Gobierno Nacional anunció una adición presupuestal cercana a 900 mil millones de pesos que irán a cubrir a esos 300 municipios que quedaron por fuerza del fondo de compensación. "No hay nada nuevo en la adición, ya que con dicha adición se llega al valor proyectado inicialmente de más de 9 billones de pesos".

Al debate al que fue citado el Ministro de Hacienda y el Director Nacional de Planeación, asistieron alcaldes de diferentes municipios de Colombia, quienes reclamaron por la disminución en el presupuesto de regalías, otros a quienes no les alcanzan esos dineros para cubrir sus necesidades y otros que no existen en el plan del Sistema General de Regalías.

El director Ejecutivo de La Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, dijo: "Vinimos con varios alcaldes a respaldar a la Senadora Maritza Martínez Aristizábal, para recomponer esta Ley ".

Prensa senadora Maritza Martínez

La senadora Maritza Martínez Aristizábal fue la gestora de esta iniciativa, teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen estas mujeres, que no recibían contraprestación alguna por su labor.

La Senadora Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), se mostró complacida por la bonificación mensual adicional a las cuotas de mantenimiento, que será entregada a las madres sustitutas del ICBF, a partir del 2012 y durante los próximos tres años.

La destinación de 8 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional se realizará, gracias a la propuesta presentada por la parlamentaria, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que permitirá incentivar la importante labor que cumplen 5.429 madres sustitutas del país, que atienden una población de 11.500 niños y adolescentes en situación de amenaza, abandono o vulneración de sus derechos.

Según la decisión del Consejo Directivo del ICBF, cerca de 6.000 madres sustitutas recibirán, cada una, entre 40 mil y 50 mil pesos mensuales por el cuidado de los menores, suma que la parlamentaria espera sea incrementada el próximo año, para lo cual comenzará a realizar las gestiones necesarias.

En términos de la Senadora Martínez Aristizábal: "con el pago de esta bonificación a las madres sustitutas, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con los programas sociales y la búsqueda de mejores condiciones de vida para las mujeres y los niños más vulnerables. Me siento muy satisfecha con este esfuerzo presupuestal, y esperamos su incremento en el año 2013".

Oficina de Prensa de la senadora Maritza Martínez

Así lo manifestó la senadora Maritza Martínez, quien sostuvo que "a pesar de la conformación de órganos colegiados que dan participación a las regiones, siempre se necesitará la anuencia del Gobierno".

Durante el debate en la plenaria del Senado sobre el Acto Legislativo de la Reforma de las Regalías, la senadora Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), señaló que es excesivo el uso de los recursos destinados a gastos de funcionamiento del sistema, al monitoreo y a la fiscalización, y que el Gobierno Nacional, está eludiendo sus responsabilidades en obras y desarrollo, centralizando los recursos y concentrando el poder a nivel nacional.

“Todos estos gastos son indispensables pero no deberían generarse del sistema de regalías. La constitución señaló que debían ir a proyectos de desarrollo económico, a ahorro, ciencia y tecnología, pero sobre todo al bienestar de los colombianos. Casi 500 mil millones de pesos están consignados en este proyecto para ser destinados a gastos que no representan obras y proyectos para los colombianos”, señaló la senadora Martínez.

Asimismo pidió al Gobierno presentar, como lo había prometido, discriminando el 2% para el  funcionamiento, el 1%  para monitoreo y 2%  de fiscalización.

También llamó la atención sobre el sistema de distribución de regalías y dijo que los fondos de desarrollo y compensaciones no pueden concentrar sus recursos en unas regiones y marginar algunos departamentos y municipios.

“El Meta, Casanare y Arauca, producimos casi el  80 por ciento del petróleo del país con lo cual se va a financiar el desarrollo de los próximos años, creo que merece un reconocimiento la llanura colombiana por este aporte y el trato especial de participación en los demás fondos, no nos pueden dejar solo los problemas y marginarnos del desarrollo que le estamos dando al país”, concluyó la legisladora del Partido de la U.

Prensa senadora Maritza Martínez Aristizábal

Tal aseveración la realizó basada en un informe presentado por la Contraloría General que evidencia la ausencia de procesos en recaudos, liquidación y control a la ilegalidad.

De igual forma, manifestó su preocupación por la competitividad de sectores como el lechero, la ganadería, la avicultura, entre otros.

Por su parte, la congresista propuso mejorar los mecanismos de la acción de tutela, transformar el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, será citado en Comisión Quinta para que exponga las medidas que se tomarán después de la aprobación del TLC.

La congresista del Partido de la U, advirtió hoy en la Comisión Quinta del Senado que el TLC que se firmará mañana con Estados Unidos, afectará significativamente a los arroceros del Meta, así como a los ganaderos y el sector avícola en el país.

La Senadora señaló que estos sectores se van a ver perjudicados y hasta pueden desaparecer, por lo que urgió la presencia del  Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo para que responda sobre el futuro de las miles de familias colombianas que depende su sustento de estas actividades.

“Es urgente citar a un debate de control político para que el Ministro nos diga que va a pasar con estos sectores .Los arroceros no están listos para ese tratado, y van a ser los más afectados. No podemos ser convidados de piedra “, concluyó la Parlamentaria Llanera.

La Comisión aprobó la proposición de la Senadora Maritza Martínez Aristizábal, en este sentido y se espera definir la fecha para que el alto funcionario responda a las inquietudes de los senadores y el nuevo panorama de la agricultura colombiana.

Prensa senadora Maritza Martínez

Consulte original

La congresista también resaltó la importancia de la visita que hicieron los integrantes de la comisión a la compañía petrolera.

Prensa senadora Maritza Martínez

Prensa senadora Maritza Martínez

Consulte original

Maritza Martínez Aristizábal

Este es un país incomprensible. Se rigió durante más de un siglo por una constitución anacrónica y feudalista pero, en menos de un año, logró tener una de las más progresistas del mundo, con un claro énfasis social y de respeto por la vida, la dignidad y los derechos ciudadanos. En lo territorial pasó de un centralismo asfixiante a una verdadera autonomía política y administrativa, al dotar a los departamentos y municipios de mayores ingresos para  la solución de sus problemas, por considerar que es desde lo local que se pueden superar las causas del atraso y construir las bases para un desarrollo más equitativo y justo.

Sin embargo, desde su misma promulgación se inició una fiebre  reformista que ha contagiado a casi la totalidad de los gobiernos de turno. Las modificaciones sistemáticas a nuestra Carta Política, que han abarcado todos los temas y muchas de sus mayores conquistas, poco han dejado de su espíritu original y esto se nota especialmente en materia de descentralización. Muchas de estas reformas despojan a las entidades territoriales de importantes recursos. A manera de ejemplo, recordemos que del 46% del total de los Ingresos Corrientes de la Nación que manejaban los departamentos y municipios pasaron a tener solo el 34%, gracias a la eficaz gestión centralizadora de los últimos gobiernos. 

Hoy, a punto de cumplirse veinte años de su expedición, la ofensiva centralista sigue afectando a los municipios y departamentos. En esta ocasión a aquellos que derivan sus mayores ingresos de la  extracción de petróleo y minerales, los cuales, como consecuencia de otra reforma constitucional en curso, verán dramáticamente disminuidos sus recursos al privárseles del manejo de las regalías que genera la explotación de estos recursos naturales no renovables en su territorio, con dos pretextos básicos: el primero, que la plata se la están robando en las regiones, y el segundo, que debe operar la equidad regional en Colombia y atender con esos recursos las necesidades de la provincia.

Si bien es cierto se hace urgente combatir la corrupción, un manejo centralista de estos recursos no es garantía de limpieza en su administración y recientes escándalos nacionales así lo demuestran. Transparencia por Colombia afirma que la corrupción nos cuesta 4 billones de pesos al año y que esta práctica criminal se concentra en ministerios, empresas y demás instituciones del orden nacional. Y, por otra parte, el interés de la Nación es dedicar estos recursos a los grandes proyectos nacionales y no a proyectos chichigüeros, para usar el mismo lenguaje del Ministro Echeverry, léase escuelas, puentes veredales, acueductos, gratuidad educativa, atención a los ancianos y un sinnúmero de pequeñas inversiones que significan grandes soluciones locales pero despreciables  en el orden nacional.

Con estos dos sofismas de distracción, el gobierno logró recoger las mayorías suficientes en el Congreso que le permitirán despojar a las regiones productoras de sus regalías, para invertir en proyectos que son de su responsabilidad.

De otro lado, el Fondo de Compensación Regional que allí se crea será muy parecido al Fondo Nacional de Regalías, que estaba dedicado, casi exclusivamente, a entidades no productoras y estuvo congelado durante mucho tiempo.

Ese es el futuro que les espera a todas las entidades territoriales del país: filas de alcaldes y gobernadores en los ministerios, para que una comisión manejada por cinco ministros les autorice gastar su propia plata solo en aquellos proyectos de interés nacional. A pesar de las promesas de ríos de leche y miel que correrán gracias a esta reforma, la verdad es que la provincia colombiana seguirá con los mismos problemas, pero cada vez con menos recursos para afrontarlos y resolverlos o, por lo menos, mitigarlos.

La Senadora Maritza Martínez Aristizábal, reiteró la solicitud al Gobierno Nacional para que el precio del gas domiciliario y vehicular se asigne con base en los costos de producción y no en los precios internacionales.  Según la parlamentaria, Colombia hoy tiene 5.5 millones de usuarios de hogares y de esa cifra el 85 por ciento corresponde a los estratos 1, 2 y 3, lo que quiere decir el 50 por ciento de la población.

En cuanto al gas vehicular señaló que fue el mismo Gobierno el que incentivó la transformación,  que hoy utilizan más de 300 mil vehículos en todo el país. “Sería una tarifa consecuente con las necesidades de los colombianos y así mismo se puede contribuir para que tengan una vida digna y permitir que sean más competitivos, dentro de la legalidad”, dijo la Senadora Martínez.

Por otro lado le solicitó al Gobierno que no improvise y que coordine con Ecopetrol  si finalmente se va a enajenar el 10 por ciento de esa empresa  para evitar que incida en el valor de la acciones .

Por su parte el Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, anunció que si se va a hacer la enajenación de Ecopetrol y que el Gobierno anunciará en los próximos días como será el procedimiento.

Asimismo, como trabajadoras independientes, se les reconocerá un incremento que les permita afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Bogotá D.C., 2 de mayo de 2011 (Prensa senadora Maritza Martínez).- La propuesta de la congresista, para que se les otorgue a las madres sustitutas una bonificación adicional al aporte mensual que se viene asignando para la atención exclusiva de los menores a su cargo, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República, durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

Este proposición de la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) hizo parte de la modificación al artículo 151 de "Bonificación para las madres comunitarias y madres sustitutas", que también incluye que durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 la bonificación que se les reconoce a las madres comunitarias tendrá un incremento correspondiente al doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el DANE.

Adicionalmente, dice el articulado, se les reconocerá un incremento que, como trabajadoras independientes, les permita a estas últimas en forma voluntaria afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales. De esta manera, ha sido acogido el marco legal que permitirá generar igualdad entre estos dos programas de ICBF, y comenzar a reconocer un ingreso a las 7.200 madres sustitutas, que actualmente acogen a los menores vulnerables en proceso de adopción.

La Senadora propone como alternativa para esta obligación, la Defensa Civil. 

AUNQUE YA se ha vuelto común, desde hace ya dos años, que en las distintas legislaturas se presenten proyectos de ley para reglamentar la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar obligatorio, ordenada por la Corte Constitucional, la senadora del Partido de La U, Maritza Martínez, considera que actualmente Colombia está en una época en la que es posible pensar en alternativas a ese servicio.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué le hace pensar que esta vez sí va a tener eco en el Congreso un proyecto de objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio?

MARITZA MARTÍNEZ: Un primer punto es que la Corte Constitucional prácticamente le exigió al Congreso que, sin dilación alguna, reglamente el tema de la objeción de conciencia. Hay que recordar que en la sentencia T-728 que dictó a finales del 2009, la Corte conminó al Congreso para que luego del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia en el tema de la prestación del servicio militar, reglamente. Esa es una razón nueva, pero adicionalmente se está en un momento diferente, donde ya no hay esa percepción del orden público alterado, de unos niveles de violencia muy altos, y tal vez ya podemos hablar de una situación un poco más tranquila en el tema de seguridad, y por eso entendería ya uno que en la práctica y realidad nacional se vive en un momento que permitiría que ya no todos los jóvenes tengan necesariamente que cumplir con ese deber, sino que perfectamente pueden cumplir otro, aunque su servicio a la patria es indispensable y no considero que lo puedan eludir.

ENS: ¿El proyecto de ley de su autoría, qué alternativa propone para el servicio militar obligatorio?

MM: Mi proyecto de ley, porque hay acumulados varios, y además veo muy difícil esa acumulación que se hizo, va encaminado a que el servicio social obligatorio se pueda prestar con la Defensa Civil. La Defensa Civil pertenece al Ministerio de Defensa y está totalmente organizada, y tiene la capacidad de recibir a todos estos jóvenes a los que sus convicciones no les permitan acudir a un servicio militar. Con esta propuesta podrían presentar el servicio social desde tres aspectos; uno, desde lo social, porque la Defensa Civil trabaja con poblaciones vulnerables; dos, con la prevención y atención de desastres, que todos conocemos el gran paso que ha dado la entidad por lo bien organizada que ha estado en el tema, y tercero, la parte ambiental, que también está totalmente desarrollado ese aspecto, aunque nosotros solamente los conocemos en la prevención y atención de desastres. Es un servicio totalmente alternativo, social, pero obligatorio.

ENS: Sin embargo, hay quienes dicen que el problema de orden público aún no está superado, pues la guerrilla todavía sigue golpeando las Fuerza Pública. ¿Qué opina?

MM: Yo no he dicho que tengamos totalmente superado todo el tema del orden público y seguridad, pero sí estamos en un mejor momento que hace unos años. Desde el ex presidente Uribe se ven esos resultados, y hoy se está recrudeciendo en algo la violencia. Pero pese a esto, que es incipiente, todavía el momento se presta para que pensemos en todos esos jóvenes que piensan diferente, que la Constitución les ha reconocido el libre desarrollo de su personalidad, de sus creencias, de su conciencia; pues tenemos que pensar en una reglamentación que efectivice esos derechos que están plasmados en la Constitución y que recientemente ha reconocido la Corte.

Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Periodista de EL NUEVO SIGLO

Una dramática radiografía de  las vías, aeropuerto, vías férreas y puertos en la Orinoquia, hizo el pasado martes la Senadora Maritza Martínez Aristizábal, en el debate al Gobierno Nacional en la Comisión Quinta del Senado. La congresista llamó la atención a las autoridades competentes sobre la deficiente infraestructura y desarrollo para el oriente colombiano, que limita la competitividad del sector agropecuario y de biocombustibles, entre otros.

La Senadora demandó mayor atención y recursos para las vías primarias y terciarias, que a hoy tienen un déficit de 2 billones de pesos y denunció que la mayoría de los recursos van a los concesionarios, mientras que la Nación pierde importantes ingresos que le permitirían mejorar la competitividad. En cuanto a las vías terciarias pidió que estas  se respeten y se dejen en cabeza de los municipios y no en entidades como la Federación Colombiana de Municipios.

La altillanura tiene 7 millones de hectáreas, 4 de las cuales pueden ser usadas para la agricultura. Como se puede competir? , le preguntó al Ministro de Transporte  Germán Cardona Gutiérrez, si no hay proyectos de aeropuertos, puertos fluviales, ni vías férreas que permita sacar la producción de una de las regiones más ricas de Colombia. “El desarrollo económico del país depende en gran parte de la producción de esa región”, dijo.

En cuanto a la vía Bogotá –Villavicencio pidió que se disminuya el tiempo de ejecución de la construcción de la doble calzada porque 8 años es demasiado  tiempo para el desarrollo de la región y que se revise el anticipo que se le entregó a COVIANDES, concesionario de la vía .También que se le dé prioridad al sector más crítico (Puente Quetame-Quebrada Naranjal) . Finalmente le solicitó al titular de la cartera de Transporte que se inicie la doble calzada Parque Fundadores -Acacias, la ampliación de la salida Puerto López, el segundo túnel Buenavista y la ampliación del anillo vial hacia Restrepo.

Para el próximo martes , fue citado de nuevo el Ministro de Transporte y se amplió la invitación al Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry para que expliquen los recursos con los que va a contar la región y todo el país en materia vial .

VIDEOS DE LA TRANSMISIÓN

Exposición de la senadora Maritza Martínez

La Senadora Maritza Martínez Aristizábal, presentó el pasado miércoles en la Comisión Primera de Cámara, donde se discute el Proyecto de Acto legislativo que reforma la Ley de Regalías, una proposición de modificación a la ponencia, que le permitirá a las entidades territoriales productoras, conservar los porcentajes de participación en regalías y compensaciones vigentes hasta la expedición del acto legislativo.

La modificación  del artículo 361 de la Constitución Política, artículo 2, inciso segundo, reconoce el derecho que tienen los departamentos, municipios y distritos productores, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan los recursos naturales no renovables y sus derivados, no solo a ejecutar directamente las regalías, sino a mantener los recursos percibidos como regiones productoras e invertirlas de acuerdo con las necesidades de sus habitantes.

Esto les permitirá  a las entidades productoras de hidrocarburos mantener un ingreso estable que les facilite cumplir sus compromisos financieros a largo plazo, ejecutar planes de desarrollo local y seguir adelantando  programas en educación, salud y saneamiento básico, y en especial seguir enfrentando los problemas de orden ambiental, social, económico  y de infraestructura vial que se generan en las zonas donde se extrae el petróleo.