"No más impunidad, a los agresores": senadora Doris Vega.
Bogotá. D.C. octubre 2 de 2015.-Las cifras dadas por la Fiscalía General de la Nación, sobre las mujeres víctima por agentes químicos son muy alarmante, a pesar del incremento de los casos, continua la impunidad, realmente necesitamos un política pública que contrarreste este flagelo que tanto está afectando a la población femenina de nuestro país.
Pedimos apoyo integral para las victimas quienes están muy desamparadas, se encuentran aisladas, no tienen manera de trabajar y no pueden llevar una vida normal, lo que es peor, sienten el rechazo de la sociedad, quien manifiesta lastima por ellas y esto las afecta emocionalmente, se les debe garantizar los tratamientos, psicológicos y físico para la reconstrucción facial y su recuperación integral. Este es un delito que no puede quedar impune, además que es un acto de crueldad contra las mujeres, las deja en un estado lamentable y sin ningún soporte para continuar su vida.
El caso de Natalia Ponce de León, quien sufrió por parte de un hombre, un ataque con el químico, ocasionándole grandes quemaduras en el cuerpo y el rostro, dejándola muy afectada física y emocionalmente, se ha convertido en una insignia, representando a todas las mujeres que han padecido lo mismo que ella.
No cabe otra cosa que pensar, que ésta es una sociedad enferma, que debemos trabajar más en campañas educativas donde las personas se sensibilicen y respeten el derecho a la vida, donde se le dé mayor protección a las victimas ante las permanentes amenazas.
En el proyecto de ley se busca que el Estado favorezca a estas víctimas, para que puedan laborar de manera normal y así superar ese impase tan fuerte que ha marcado su vida, entendiendo que esos ataques dejan unas secuelas muy difícil de superar y que a pesar de ello, hay mujeres tan heroínas, que se levantan en medio de tanta catástrofe, como es el caso de Elsa Esperanza Rangel, quien es madre cabeza de familia y antes del ataque, se desempeñaba como ejecutiva de ventas en un concesionario de carros.
Elsa comenta que tenía una vida normal con sus hijos y desde hacen nueve meses fue atacada con el agente químico, le cambio totalmente su vida de una manera total.
En medio de todo lo que le ha tocado hacer para que la atiendan, no ha sentido la ayuda del Estado. Lo que más pido es que se mejoren las normas, para que se haga justicia con las víctimas.
El Estado debe asumir la atención médica inmediata, la asistencia psicológica y definir una política laboral, ya que la mayoría de estas personas son quienes llevan el sustento a sus casas. Ante estas lamentables circunstancias no les es fácil reintegrarse a la vida laboral, hay que proteger su derecho al trabajo.
Ellas entran en depresión y otras piensan en el suicidio, por no encontrarle sentido a su vida, debido al estado en que quedan, si se logra su vinculación laboral, mejoraran su calidad de vida y la de sus familias, así se les dará una nueva oportunidad, después de esta inhumana y brutal práctica, la cual debe ser castigado de manera inflexible.
Además la ley contempla el endurecimiento de las penas al grosor, hasta los 50 años de prisión, esta medida debe frenar que sigan aumentando el número de víctimas y así castigar de manera contundente a los culpables, para que se acabe la impunidad de estos actos tan lamentables contra nuestras mujeres.
También hace referencia al control de la venta y distribución de ácidos y sustancias derivadas y vislumbra un plan de atención integral a los afectados.
La iniciativa ya pasó por la Cámara de Representantes, de igual manera se aprobó en Comisión Primera de Senado, pasará a Plenaria donde esperamos que termine su trámite para la sanción presidencial y se convierta en ley de la República, para que las victimas tengan un marco legal donde se castigue a su agresor y puedan ser atendida en su reparación, en busca de una vida normal.
