Bogotá, 12 de junio de 2019. Así lo dio a conocer la representante Martha Villalba, quien integró la Comisión Accidental de Conciliación del Proyecto de Ley Orgánica que modifica la ley 1176 de 2007, concerniente al sector de agua potable y saneamiento básico, cuyo informe fue aprobado en Plenaria de Cámara y pasa ahora a sanción presidencial para ser Ley de la República.

Al respecto, la congresista explicó que la modificación se hace en el sentido de que habrá evaluación al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico.

“La norma propone el fortalecimiento de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y la obligación del reporte de información -por parte de los municipios y Distritos- para que haya un seguimiento a sus indicadores y una adecuada prestación del servicio”.

Según la legisladora, la iniciativa contempla, también, que el Gobierno Nacional y los departamentos deberán brindar asistencia técnica y financiera a los municipios y Distritos en aras de prestar un adecuado servicio.

De otro lado, Villalba manifestó que los entes territoriales que hayan sido descertificados con anterioridad a la fecha de expedición de la ley, entrarán a un plan de gestión de agua potable y saneamiento con el apoyo del Ministerio de Vivienda. Además, se contará con el apoyo del Ministerio de Hacienda en caso de que haya incumplimientos y se requieran correctivos con el objetivo de dar un buen manejo a los recursos.

Finalmente, reiteró que la norma establece la revisión de los planes de aquellos municipios con altos niveles de riesgo, así como dar continuidad a los compromisos adquiridos por los Departamentos para el proceso de certificación.

Para mayor información:

Ketty Quiroz Tromp

Jefe de Comunicaciones

H.R. Martha Villalba

comunicaciones@marthavillalba.com

Cel: 3135553797

Con la aprobación en segundo debate del proyecto de ley ‘Por medio del cual se establece una medida transitoria para la continuidad del servicio de educación superior en el país’, que impulsa en el Congreso la representante Martha Villalba, se abre nuevamente la posibilidad de que los colombianos puedan acceder a créditos ICETEX para estudiar en Universidades o programas que no cuentan actualmente con acreditación.

Villalba, quien es una abanderada de los temas de educación, desde la Comisión Sexta, radicó la iniciativa a raíz de que en el artículo 61 del PND está contemplado que a partir de este año los créditos y becas financiados por el ICETEX -para la educación superior- estarán destinados, únicamente, a financiar programas que cuenten con acreditación o, en su defecto, programas en instituciones de educación acreditadas institucionalmente.

Con el avance de este proyecto estamos demostrando nuestro compromiso con los jóvenes del país. Queremos brindarle solución a miles de estudiantes que hoy no pueden acceder a créditos educativos con esta institución, por lo que buscamos ampliar el plazo para que estos programas e instituciones puedan acreditarse”, dijo la congresista. 

Finalmente, Villalba señaló que la mayoría de programas e instituciones de educación superior que cuentan con acreditación se ubican en las principales ciudades del país, mientras que las instituciones no acreditadas tienen cobertura con un alcance mayor en el territorio nacional. “La oferta acreditada aún es ausente en muchos territorios o regiones del país que incluso son apartadas o de difícil acceso y no se puede trucar los sueños de estos jóvenes por esa medida”

Barranquilla, septiembre 22 de 2017. Un nuevo cese de actividades se suma a la lista de tantos que se han llevado a cabo en el país y aunque en esta ocasión no se trate de una entidad estatal, sino de una empresa privada que presta un servicio público de vital importancia para los colombianos, como lo es el transporte aéreo de pasajeros y de carga, esperamos, por el bien de los usuarios y de la compañía, que las partes lleguen a un acuerdo lo antes posible.

La parálisis del servicio de transporte aéreo que presta Avianca, promovida por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), ha originado no sólo pérdidas económicas a la compañía, sino también caos en las agendas e itinerarios de sus clientes.

Este paro -por parte de ACDAC- se da luego de varios intentos fallidos de negociación con Avianca. En los antecedentes, encontramos que a mediados del 2015 se radicó un Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes que buscaba, en parte, la solución a las inconformidades de los pilotos de esta aerolínea. La iniciativa se debatió, inicialmente, en la comisión VII con ponencia negativa por su “inconstitucionalidad e inconveniencia”, posteriormente fue aprobada y finalmente archivada antes de llegar a la plenaria de la Cámara Baja.

Desde ese entonces el enfrentamiento entre la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (ATAC), encargada de  representar a las aerolíneas que transportan alrededor del 95% de los pasajeros en el país, y el sindicato de pilotos ACDAC, se agudizó.

Estos últimos piden aumento de sueldo y reducción de horas laborales, algo que para la ATAC no es viable debido a que tocaría aumentar la planta de personal y, por consiguiente, los costos operativos, teniendo como consecuencia el alza del precio de los tiquetes en el que el principal afectado sería el bolsillo de los colombianos.

Importante que las conversaciones entre Avianca y el sindicato hayan iniciado y que exista un ente conciliador como el Ministerio del Trabajo, garante de que no existan intereses particulares o peticiones inviables financieramente hablando. Entendemos la complejidad que existe en cuanto a la prestación de este servicio público que, si bien está a cargo de una empresa privada, es regulado por el Estado.

Con respecto al pliego de peticiones, considero que este debe ser acorde, coherente y que beneficie a ambas partes. Que haya equilibrio entre las horas de vuelos y los gastos operativos de la empresa. Por ende, las exigencias de la ACDAC tienen que ir de la mano con la realidad económica del país, actualmente estamos hablando de una desaceleración en este sector, además, aunque Avianca presentó ganancias el último año, aún dicen no compensar las pérdidas millonarias que tuvo años atrás.

Por último, es importante señalar que ACDAC realizó una encuesta el año pasado cuyos resultados fueron publicados en diversos medios de comunicación. Los resultados indicaron que el 86,7 % de los pilotos reportaron tener fatiga para tratamiento clínico, el 90 % indicó tener exceso de somnolencia durante el día y el 50 % reportó tener depresión para tratamiento médico. Resultados que valdría la pena revisar detalladamente porque lo primordial es garantizar la salud de estos y, por supuesto, la seguridad de los pasajeros.

Ante un panorama tan complejo creemos en la necesidad de construir una reglamentación que impida desde todo punto de vista, la afectación de los usuarios en el transporte aéreo del país.

Esperamos que aterrice pronto este paro en Avianca y que despegue una buena solución para que no se vea afectado el desarrollo y la competitividad del país, así como tampoco los usuarios de este servicio de transporte aéreo, los pilotos y la empresa.

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Barranquilla, 14 de agosto de 2017. La crisis política, social y económica por la que hoy atraviesan nuestros hermanos venezolanos no es ajena en el país. La falta de empleo, de alimentos, de medicinas, los abusos del gobierno y la violación constante de los derechos humanos, ha hecho que muchos de estos ciudadanos abandonen su lugar de origen en búsqueda de mejores oportunidades.

El panorama del éxodo masivo no se ve sólo en las ciudades colombianas que colindan con la frontera del vecino país, sino que la situación ya ha llegado a gran parte de la geografía nacional y hoy vemos, tristemente, la situación de venezolanos durmiendo en los pisos de las terminales de transporte, con niños en los brazos pidiendo ayuda en las calles, a mujeres jóvenes y embarazadas requiriendo atención hospitalaria por su condición, y a muchos trabajando en negocios informales para poder subsistir.

Pese a que no desconocemos los múltiples esfuerzos que desde la Cancillería y Migración Colombia se vienen haciendo ante tan complejo panorama, sobre todo para regular y garantizar que el ingreso, permanencia y la salida de estos ciudadanos se haga con el mayor orden y rigor posible, somos conscientes que debe haber mayor control y supervisión del Estado, sobre todo en las zonas fronterizas, que es por donde ocurre el mayor ingreso de estas personas  y en ocasiones surge de forma irregular.

Lo cierto, es que para un departamento como el Atlántico, las alarmas empiezan a encenderse y no es para menos, además de la llegada de venezolanos, también han empezado a retornar los colombianos que vivieron por mucho tiempo en ese país y que hoy claman ante el gobierno local, departamental y central, mayor atención para mejorar su condición de vida y la de sus familias. 

La Cancillería y Migración Colombia, a través de un comunicado emitido el pasado mes de julio, anunciaron la creación de un “Permiso Especial de Permanencia (PEP)”, con el fin de “regularizar la situación migratoria de más de 150 mil ciudadanos venezolanos que, pese a habérseles vencido los permisos para estar en Colombia, no han abandonado el territorio nacional”. 

Tras habilitarse el servicio en línea para la solicitud del PEP, el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, expresó que en las primeras 24 horas más de 22 mil ciudadanos venezolanos habían expedido su permiso para formalizar su situación en Colombia.

Por su parte, la gobernación del Atlántico hace lo propio censando a los connacionales que están retornando al departamento, principalmente a los municipios del sur -de donde la mayoría son oriundos- para determinar con exactitud el número de familias, edad, nivel educativo, entre otros datos que permitan tener un registro confiable para que estas personas puedan acceder a los derechos que por ley le corresponden, como educación y salud, entre otros.

Ante un alto índice de desempleo en el país, el aumento de la población, el crecimiento del empleo informal y la inseguridad, es urgente que se diseñe e implemente una Política Pública Integral de Migración, la cual contemple la participación de todas las entidades del Estado para que, responsablemente, se le dé un mejor tratamiento a la situación de los hermanos venezolanos que día a día llegan a nuestro país, con el fin de que no se perjudiquen, ni se le quiten oportunidades a los colombianos que aún no han logrado una estabilidad dentro de su propio territorio.

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Barranquilla, junio 7 de 2017. El pronunciamiento lo hace la congresista atlanticense, luego de conocerse la información financiera sobre las cuentas por pagar por parte de las Empresas Promotoras de Salud a este hospital, cuyo monto asciende, a la fecha, a los 90 mil millones de pesos.

“El flujo inadecuado de recursos impacta negativamente la prestación de servicios de salud. Estamos hablando de un tema que viene de mucho tiempo atrás y, en el caso puntual de la situación del Hospital Universitario CARI, tengo que decir que es un reflejo de los problemas financieros que actualmente padecen muchos de los hospitales de país, incluyendo los del Departamento del Atlántico. No ha habido medidas efectivas para que haya un total cumplimiento en los pagos de las obligaciones por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)”, dijo la legisladora.

Así mismo, señaló que: “Es mandatorio definir unas medidas y cumplir una metas tendientes a mitigar ese impacto,  ya que a pesar de la dinámica y mayor complejidad adquirida por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, frente al flujo de recursos, se ha evidenciado que los procedimientos y mecanismos para su distribución y giro (establecidos en la normatividad hasta ahora expedida) resultan insuficientes, lo que conlleva a ineficiencias y desvíos que perjudican a los diferentes agentes del sistema, y hacen más costosa la financiación del mismo, haciendo aún más dramática y evidente la grave situación de iliquidez en el hospital, que amenaza al goce efectivo del derecho a la salud de la población pobre y vulnerable del departamento y de la región”.

Además, sostuvo que “se requiere que los organismos competentes ejerzan sus funciones de vigilancia y control, para que los aseguradores del sistema se ajusten a lo dispuestos en la normatividad legal y reglamentaria, que garantizaría en principio un flujo adecuado de los recursos generados por concepto de venta de servicios a la población usuaria, independiente de las que corresponden al ámbito del institucional propiamente dicho”.

Al respecto, Villalba expresó que: “No es justo que las EPS hoy les deban tanto dinero del sistema a los Hospitales del Departamento, y la Superintendencia Nacional de Salud actúe como si no pasara nada. Aquí hay que entrar a revisar ¿Qué medidas y que soluciones ha buscado esta entidad para mitigar los efectos de esta crisis hospitalaria, generada en parte por las EPS intervenidas y liquidadas sin el pago de la deuda contraída previamente con los hospitales y que hoy constituyen una de las principales cargas que arrastran en sus estados financieros? ¿Qué tipo de regulación ha implementado la Superintendencia frente a las EPS que incumplen sus funciones? ¿Cuál ha sido el papel de los entes responsables en el Departamento?

De los 22 municipios del Atlántico, más del 60% de estos tiene dificultades para cumplir los servicios asistenciales por el incumplimiento en el giro de los recursos, según la representante.

“Hoy el incumplimiento de las obligaciones por parte de las EPS afecta a un hospital tan importante como el CARI ESE; mañana no sabemos si será el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, o el Hospital Niño Jesús o el Hospital de Sabanalarga, o el Materno Infantil de Soledad, entre otros, que también prestan unos servicios indispensables a la comunidad. Si las EPS no cumplen entonces con su obligación de pago de los servicios que se les suministran a sus afiliados, que el Gobierno Nacional les gire directamente a los hospitales y no a aquellas entidades que se encuentran en mora del cumplimiento de ese deber”

De otro lado, la congresista agregó que “el Hospital Universitario CARI ESE requiere de todo el apoyo de las instancias del nivel Nacional para cumplir los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero que se encuentra en ejecución, que permitan la operación en equilibrio del hospital, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria”.

Sin ello, explicó que “no serán suficientes las medidas para la implementación de herramientas gerenciales y de ajustes institucionales que logren mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. La operación y sostenibilidad de la red de prestación de los mismos y la continuidad de la prestación de servicios de salud adecuada y oportuna es una obligación estatal, como servicio público, toda vez que se tratan de actividades que no pueden ser suspendidas”.

Puntualizó que para el logro de este propósito es indispensable que las entidades territoriales -a través de las direcciones de salud- articulen la oferta de servicios de los prestadores públicos y privados que la conforman.

“La efectiva articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública de los diferentes niveles de complejidad entre sí, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta, generarán el impacto esperado en la mejora de la calidad de vida de la población del departamento”.

Por último, manifestó la necesidad de que se revise el sistema de intermediación de recursos y la integración vertical que se ejerce entre algunas Entidades Promotoras de Salud y una red cerrada de instituciones de prestación de este servicio, que limita una competencia de mercado justa entre los actores del sistema, en especial los de naturaleza pública. Estas y otras medidas complementarias que se efectúen, evitarán que un servicio de vital importancia para el ser humano, como lo es la salud, entre a cuidados intensivos”

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Para mayor información:

Ketty Quiroz Tromp

Jefe de Comunicaciones

H.R. Martha Villalba H.

Kettyquiroz@gmail.com

kettyquiroz84@hotmail.com

Fuente: Oficina de Prensa Representante Martha Villalba H.   

Ante la grave situación que atraviesa el Puerto de Barranquilla por la reducción en el calado de acceso, lo que ha restringido la entrada y salida de buques en esta importante zona, la congresista atlanticense señaló que “en el país el gobierno ya se ha acostumbrado a que los problemas toquen fondo para poder actuar”.

Sostuvo que aunque la de hoy es una crisis que está atada a todo el tema del contrato de navegabilidad del Río Magdalena, suscrito con Navelena y del cual aún no se ha logrado su liquidación, no se puede desconocer que “al gobierno y a Cormagdalena se le ha pedido a gritos, desde hace meses e incluso semanas atrás, que hiciera uso de otros mecanismos como la urgencia manifiesta y calamidad pública a raíz de la delicada situación portuaria por la que atravesamos. Tocó esperar a que la situación se tornara gravísima para proceder a decretarlas”.

De otro lado, Villalba reiteró que “el llamado es para que el Gobierno Nacional nos dé soluciones tangibles y definitivas. No aguantamos más dilaciones y esperamos que el plan de contingencia, anunciado recientemente por Cormagdalena a través de comunicado de prensa, no se quede en simples anuncios. Necesitamos avanzar porque lo que está en juego y en riesgo, como siempre lo hemos venido manifestando, es nuestro desarrollo, nuestra economía y la competitividad de una región pujante como lo es el caribe”.

Para mayor información Ketty Quiroz Tromp  Jefe de Comunicaciones   H.R. Martha Villalba H. Kettyquiroz@gmail.com   Cel: 3135553797

Fuente: Oficina de Prensa Representante Martha Villalba   

Así lo dio a conocer la congresista al concluir la reunión que sostuvo con Yaneth Giha, jefe de esta cartera; el gobernador Eduardo Verano; alcaldes, rectores de instituciones públicas y privadas y secretarios de educación del departamento, con quienes se analizó el tema de la calidad educativa en el Atlántico.

Durante el evento, que fue convocado por Villalba y se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior Santa Ana, en Baranoa, la representante señaló que ha hecho múltiples esfuerzos desde el legislativo para contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, sostuvo que es desde el ejecutivo donde se le tiene que poner el acelerador al tema para poder cumplir con el postulado de ‘Una Colombia en paz, equitativa y educada’.

“Me satisface que la ministra haya acogido nuestra invitación, eso nos da confianza. Aún hay cosas por mejorar, pero hoy quedó demostrado, con todo el plan de inversión y cobertura que tiene contemplado este ministerio para el Atlántico, que MinEducación tiene las botas puestas para que sigamos avanzando en calidad educativa”, dijo la legisladora.

Así mismo, explicó que, desde la Comisión Sexta de Cámara, donde se aborda el tema de la educación, ha venido liderando importantes iniciativas, entre ellas el proyecto de ley para elevar a política de Estado el programa ‘Ser Pilo Paga’ y el que busca regular el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ambos para segundo debate.

“La educación es fundamental para la construcción de un tejido social. Nuestro compromiso al respecto, además de iniciativas de ley, también ha sido a través del control político para analizar la situación de las universidades públicas del caribe. Muchas de estas no atraviesan por su mejor momento y es algo que hemos manifestado al MinEducación en aras de que puedan mejorar en cuanto a calidad educativa”.

De otro lado, Villalba expresó que ante el MinTic ha adelantado gestiones para apoyar la expansión de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el departamento.

“Sabemos de la importancia del internet y de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje en los colegios del Atlántico. Afortunadamente, siempre que hemos tocado la puerta en este ministerio, para que apoyen a nuestras instituciones educativas, lo han hecho”.

Más de 180 mil millones se invertirán en 24 nuevos proyectos para el Atlántico: MinEducación

Yaneth Giha, jefe de esta cartera, manifestó que para el Atlántico “incluyendo Barranquilla y Soledad, vamos a invertir 180 mil millones que ya están confirmados en 24 proyectos y que van a beneficiar a más de 20 mil estudiantes. En Baranoa vamos a construir un nuevo colegio”.

En cuanto a infraestructura señaló que se trabaja para tener en todo los rincones de Colombia más y mejores aulas. “El ministerio de educación ha emprendido un plan de construir, a 2018, un poco más de 30.600 aulas en todo el país”.

Con respecto a la Universidad del Atlántico explicó que es un tema al que le están dando toda la prioridad del caso. “Hemos estado ya en conversaciones con el gobernador viendo cómo le damos celeridad. Ustedes ya saben que el Consejo de Estado se pronunció, luego hubo una claridad que se le pidió al Consejo de Estado. Estamos esperando notificación del fallo para poder dar trámite a la elección del rector”.

La petición del Gobernador

A su turno, el gobernador del Atlántico manifestó que “necesitamos más recursos en la calidad educativa, en los beneficios de ser pilo paga y en la infraestructura educativa”.

Además, sostuvo que: “De nuestras propias regalías estamos asignando 12 mil millones de pesos para nuestro programa ‘ser coco paga’ de los cuales un 10% es para Baranoa”.

Por último, les pidió a los mandatarios locales alinearse para tener las metas educativas claras y a trabajar con ahínco para ser el departamento mejor educado y con grandes obras a nivel de infraestructura.

Finalmente, Felix Fontalvo, alcalde de Palmar de Varela  y vocero de los burgomaestres del departamento agradeció a la representante Martha Villalba por su gestión como congresista porque “ha permito jalonar proyectos a los municipios”. Posteriormente, le pidió a la Ministra mayores recursos para lograr la meta de jornada única trazada por el Gobierno Nacional para el 2025.

Para nadie es un secreto que el tema de las drogas y el microtráfico ha venido aumentando -especialmente en ciudades capitales- y donde las principales víctimas son nuestros niños, niñas y adolescentes.

Pese a que reconocemos los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para prevenir y reducir los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas, el panorama es desalentador en las regiones.

En el país existe -desde el 2007- una Política Nacional para la Reducción del Consumo de Drogas, así como el ‘Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de SPA 2014 – 2021’. Sin embargo, aunque estos importantes programas aportan a combatir este flagelo, es triste contrastar que no se estén surtiendo significativos avances en los departamentos.

Una frase del informe ‘Reporte de Drogas de Colombia’, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia, a través del Observatorio de Drogas del país, confirma la preocupación que a muchos nos asiste hoy y es que “con el aumento del consumo de drogas ocurre el fenómeno del microtráfico y narcomenudeo que se hace cada vez más visible y tiene repercusiones en el ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Tal afirmación es la cruda realidad de lo que hoy se vive en Barranquilla y el Atlántico, en donde no han sido suficiente las medidas implementadas y urgen verdaderos programas y políticas que mitiguen y erradiquen de fondo tal problemática.

Esto, por supuesto, pone sobre la mesa un debate álgido que no se ha dado y que debería darse. Habría que preguntarnos ¿cuál es el rol que están desempeñando las autoridades locales en este sentido? ¿Qué programas o políticas públicas se han estructurado y puesto en marcha para reducir los índices de consumo y combatir el microtráfico y menudeo? ¿Están actualmente estos planes o programas arrojando grandes resultados? ¿Existe un verdadero seguimiento, control y evaluación a los mismos? ¿Existe un real acompañamiento a las familias de menores y adolescentes que están inmersos en las drogas?  y ¿A qué tipo de oportunidades pueden acceder estas personas para alejarlos de este vicio y de grupos de pandillas?

Los interrogantes son muchos, pero las alarmas se encienden cuando vemos que otras estrategias vienen siendo implementadas por los traficantes de estas sustancias alucinógenas para seguir expandiéndose en este ilegal negocio sin medir el daño que causan, principalmente, a nuestros menores,  adolescentes y a sus familias.

Son precisamente las famosas ´Nochadas’ clandestinas las que ahora surgen para envolverlos en la cadena del consumo, luego volverlos clientes adictos, esos que están  dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir la droga. De ahí sólo hay un paso para entrar a delinquir, lo que luego se traduce en aumento de la inseguridad.

Es claro que existen unos problemas que son de fondo y donde lo grave del asunto es la presencia de menores de edad en estas fiestas ilegales, expuestos a un entorno complejo donde lo que prima son estas sustancias psicoactivas, la rumba y el sexo. Ante este escenario, ¿qué tanta responsabilidad tienen los padres de familia en las actuaciones de sus hijos? y ¿cuál está siendo la participación del Estado en programas o políticas que protejan y no permitan la vulneración o amenaza de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Como madre me duele todo este tipo de situaciones y mi llamado es a los padres de familia y a las autoridades locales. A los primeros porque son quienes deben velar principalmente por el cuidado y la atención de sus hijos. El hogar es el entorno donde debe primar la buena comunicación y los buenos valores. Y a los segundos porque tienen que ofrecer garantías para la protección de los menores. Ellos deben ser objeto de control y vigilancia.

Para esto también es importante, entre otros aspectos, que:

1.    Los entes territoriales velen por el efectivo cumplimiento de los postulados de la ley 745 de 2002 que sanciona el consumo de estupefacientes o sustancias que producen dependencia con peligro para los menores de edad.

2.    Hagan cumplir la ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, que busca garantizar a los niños, niñas y adolescente su pleno y armonioso bienestar desde todo punto de vista. Si se es  infringido este código en sus disposiciones deberá remitirse a los menores -sin excepción alguna- a las autoridades competentes para que se les aplique las medidas de protección y/o corrección.

3.    Las familias deben tener mayor grado de responsabilidad e implementar más medidas de protección con sus hijos tanto en los espacios de interacción real como los virtuales.

4.    Que se fortalezca la capacidad institucional de respuesta sobre el consumo de droga de alcohol en nuestro menores y la ciudadanía en general. Lo anterior, debido a que esto nos está llevando a los altos índices de criminalidad e inseguridad en todo el departamento.

5.    Mayor rigurosidad en el plan de protección integral a niños, niñas y adolescentes que lleva a cabo la policía de infancia y adolescencia en el departamento, especialmente, en el ámbito de la prevención.

Bogotá, 1 de febrero de 2017. Finalizó el primer mes del año y no es un secreto que el principal problema que viene afrontando la ciudad y el departamento del Atlántico es el de la inseguridad. Lo preocupante del asunto es que en esta oportunidad la situación es mucho más compleja y las medidas adoptadas por las autoridades competentes -en cabeza del alcalde de la ciudad y el gobernador- han resultado insuficientes porque, paradójicamente, estamos ante un problema que no es de forma sino de fondo.

Aunque el gobierno hace grandes esfuerzos para combatir este flagelo en el país -ciudades capitales, áreas metropolitanas y municipios de los diferentes departamentos- el tema es percibido por muchos ciudadanos como un mal de nunca acabar.

Para el caso de Barranquilla y los municipios del Atlántico el tema tiene muchas aristas que van más allá de los Consejos de Seguridad, la prohibición del parrillero en moto para ciertos sectores, herramientas de apoyo como cámaras y vehículos para la policía, aumento del pie de fuerza de la misma, entre otras acciones que, si bien los alcaldes y el gobernador han venido liderando articuladamente, y que aportan a reducir los índices de inseguridad, no han sido la solución definitiva.

La ciudad, así como los 23 municipios que conforman el departamento, necesitan de unas verdaderas políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana o, si es el caso, fortalecer las que ya existen debido a que a diario se viene incrementando el sicariato, el hurto, el porte ilegal de armas, la venta de drogas, tan sólo por nombrar algunos casos.

Razones a estas situaciones podemos argumentar muchas, entre ellas la falta de oportunidades laborales y de educación, principalmente la superior; el conflicto interno que vivimos desde hace más de 50 años, que con la firma del Acuerdo de Paz ha generado un parte de tranquilidad y esperanza en muchos colombianos; el  desplazamiento forzado, así como la llegada de personas provenientes de otros lugares que, al no contar con un ingreso, ni poder conseguir un empleo, en muchas ocasiones buscan la manera más fácil de sobrevivir y es delinquiendo.

Como mujer y ciudadana que he vivido de cerca este tipo de problemáticas sociales soy una convencida, por experiencia, que esto no se combate sólo con acciones como las mencionada anteriormente, sino con el compromiso integral que debe asumir la máxima autoridad de una ciudad, departamento o municipio para desarrollar e implementar medidas contundentes que conlleven a planes de inversión social, a combatir el desempleo, a que haya más acceso a la educación, fortalecimiento de la justicia, acompañamiento a jóvenes que se desmovilizan de pandillas y mayor presupuesto para que a través del deporte nuestros niños y jóvenes vean otra forma de superarse.

Esto se logra, por supuesto,  con estudios serios que permitan el diseño o rediseño, si es el caso, de programas que den resultados a corto, mediano y largo plazo para reducir la inseguridad. Así mismo, reitero que la seguridad debe empezar primero por nuestro hogar, de ahí los valores y principios que estemos inculcando a nuestros hijos y a nuestras familias.

Hoy con cierta tristeza veo como los titulares de prensa no los encabeza un evento tan importante como lo es el Carnaval de Barranquilla, sino que por el contrario la preocupación de los que habitamos esta ciudad -que siempre ha sido destacada por su aporte a la cultura, por su desarrollo, competitividad y porque para muchos aún sigue siendo el mejor vividero del mundo- es que las cifras de asesinatos se han disparado en lo que va corrido del 2017 y, aunque las estadísticas indican que los hurtos han disminuido en comparación al año anterior, lo que muestra la realidad es otra cosa.

Para la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, casos como el denunciado por las directivas de la Universidad del Atlántico no se pueden seguir presentando en el país y hace un llamado a las autoridades para que estén alerta ante estas redes que se vienen organizando.

“Toda esta situación es lamentable y preocupante, sobre todo porque en este tipo de casos la mayoría de víctimas son personas que estudian con esfuerzo para superarse. A estas personas, responsables de entregar diplomas falsos en nombre de Uniatlántico, les debe caer todo el peso de la ley”, expresó la legisladora.

Villalba Hodwalker, que forma parte de la Comisión Sexta de Cámara, donde se aborda, entre otros temas el de educación, señaló que desde el congreso hará un seguimiento a la situación e hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen si hay más redes, dedicadas a lo mismo, en otros departamentos del caribe.

“La educación es uno de los pilares fundamentales de este gobierno y no podemos permitir que personas inescrupulosas abusen de la buena fe de todos aquellos que quieren superarse para mejorar sus condiciones de vida y seguir aportando al país. Así como hoy se presenta este caso de estafa con la Asociación Asofami en Bolívar y Magdalena, más adelante se puede estar presentando en otros departamentos y con otra falsa entidad, por lo que insisto, se debe estar muy alerta”.

Finalmente, la congresista sostuvo que la imagen, así como la labor que viene desempeñando un importante ente educativo como lo es la Universidad del Atlántico no puede verse afectada por situaciones como las denunciadas recientemente por esta alma mater.

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“Espero que MinEducación, así como la fiscalía, lleguen hasta las últimas consecuencias y que se apliquen las conductas necesarias para frenar este tipo de prácticas que entorpecen la búsqueda de la excelencia académica, lo que va en contravía de lo establecido en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Por segunda vez consecutiva se aplazó el debate de Control Político que la Comisión Sexta de Cámara realizaría a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Fondo de Adaptación, para hacer seguimiento a los programas, planes y obras de mitigación a cargo de estas entidades, después de lo ocurrido en 2010 con el fenómeno de ‘La Niña’.

La representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, se mostró molesta y preocupada ante la inasistencia de los dos responsables de estas carteras y señaló que “es una falta de respeto con los miembros de esta comisión que dentro de sus competencias tiene el análisis, el seguimiento y el control de entidades como estas que están adscritas a esta célula legislativa”.

De otro lado, la congresista manifestó que “el fenómeno de ‘La Niña’ en el año 2010 fue uno de los fenómenos más complejos en la historia del país porque el 96% de los municipios se vieron afectados en cuanto a inundaciones, daños en las viviendas, en las escuelas, en los hospitales y también en las vías, por lo que un tema de vital importancia, para conocer un informe detallado sobre la situación, no se soluciona con que nos envíen delegados sino con que asistan los directos responsables de estas entidades para que hayan compromisos claros”.

Explicó que: “En el Atlántico tuvimos una situación muy compleja con el rompimiento del canal del dique en 2010 y desde mayo de este año que un grupo de parlamentarios fuimos y visitamos el Fondo de Adaptación para que se comprometieran y se agilizaran las obras, la verdad es que el avance no ha sido muy significativo. Me preocupa que ya empezaron las lluvias y que el fenómeno de ‘La Niña’ amenaza nuevamente a los habitantes de este sector. Aquí hay unas situaciones complejas que abordar, porque después de 6 años aún hay obras que no se han concretado”.

Finalmente Villalba sostuvo que el debate “a la UNGRD y Fondo de Adaptación no se realizará hasta que no asistan los directos responsables de estas entidades”.

Por segunda vez consecutiva se aplazó el debate de Control Político que la Comisión Sexta de Cámara realizaría a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Fondo de Adaptación, para hacer seguimiento a los programas, planes y obras de mitigación a cargo de estas entidades, después de lo ocurrido en 2010 con el fenómeno de ‘La Niña’.

La representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, se mostró molesta y preocupada ante la inasistencia de los dos responsables de estas carteras y señaló que “es una falta de respeto con los miembros de esta comisión que dentro de sus competencias tiene el análisis, el seguimiento y el control de entidades como estas que están adscritas a esta célula legislativa”.

De otro lado, la congresista manifestó que “el fenómeno de ‘La Niña’ en el año 2010 fue uno de los fenómenos más complejos en la historia del país porque el 96% de los municipios se vieron afectados en cuanto a inundaciones, daños en las viviendas, en las escuelas, en los hospitales y también en las vías, por lo que un tema de vital importancia, para conocer un informe detallado sobre la situación, no se soluciona con que nos envíen delegados sino con que asistan los directos responsables de estas entidades para que hayan compromisos claros”.

Explicó que: “En el Atlántico tuvimos una situación muy compleja con el rompimiento del canal del dique en 2010 y desde mayo de este año que un grupo de parlamentarios fuimos y visitamos el Fondo de Adaptación para que se comprometieran y se agilizaran las obras, la verdad es que el avance no ha sido muy significativo. Me preocupa que ya empezaron las lluvias y que el fenómeno de ‘La Niña’ amenaza nuevamente a los habitantes de este sector. Aquí hay unas situaciones complejas que abordar, porque después de 6 años aún hay obras que no se han concretado”.

Finalmente Villalba sostuvo que el debate “a la UNGRD y Fondo de Adaptación no se realizará hasta que no asistan los directos responsables de estas entidades”.

La congresista atlanticense fue enfática, luego de hacer una radiografía de la crisis energética que afronta la Región Caribe, tema central del debate realizado en Barranquilla a Electricaribe, en que “este no es un debate más hasta tanto no se normalice el servicio de energía” y expresó al Ministro de Minas que en la costa los usuarios están “desesperados por esta situación y queremos anuncios y resultados”.

De otro lado, la representante señaló que hay una realidad que no se puede desconocer y “es que en los últimos cuatro años se han presentado 127 protestas por el mal servicio de Electricaribe en el departamento y alzas desproporcionadas. Le pedimos al Ministro Germán Arce que atienda el clamor de los atlanticenses. Exigimos que se preste un buen servicio de energía”.

Así mismo, Villalba sostuvo que actualmente hay un diagnóstico y las tareas están claras para que tanto el gobierno, así como la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa Electricaribe “nos estén entregando resultados a corto, mediano y largo plazo porque seguiremos haciendo seguimiento a la crisis energética hasta que mejore”.

Además, manifestó que es indispensable contar con los mismos recursos que se asignaron en el 2016 para este 2017 “con el fin de seguir fortaleciendo el Ministerio de Minas, que no se vayan a recortar los recursos y que se garanticen los subsidios para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del servicio de energía”.

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a su turno, centró su discurso en la afectación que sufren los usuarios por parte de Electricaribe. “Nuestros usuarios son los más afectados y nuestro interés es que haya calidad en el servicio”.

Ustedes no están para poner condiciones al gobierno: MinMinas

Germán Arce, Ministro de Minas y Energías, dijo que “no hay forma de garantizar un buen servicio si las inversiones no se dan. El Plan 5 Caribe se planteó con ese objeto, porque si la red donde se produce la energía hasta donde se entrega no tiene la garantía desde el punto de vista técnico, todo lo demás se vuelve carreta.  Ese plan 5 caribe diseñó los proyectos estratégicos. Los proyectos del sistema nacional y regional se están ejecutando, es decir, en este momento tenemos 32 proyectos contratados en ejecución que garantizan que los kilovatios de donde se genera lleguen al caribe de manera segura y estable”.

Y continuó: “¿Qué proyecto no se está ejecutando en este momento? Los de sistema local. ¿Quién se comprometió a hacer esos proyectos? Electricaribe, que es un privado que presta un servicio público. Esas inversiones son parte del compromiso que nosotros le estamos exigiendo a la compañía y sus accionistas, que nos digan cómo se van a financiar esas obras, porque no vamos a solucionar el problema de fondo si no podemos conectar las soluciones que estamos haciendo en la red nacional y territorial con los proyectos que se tienen que ejecutar en la red local. El eje de la discusión es la inversión y el eje de la solución es cómo se financia esas inversiones en la última milla que la tiene que hacer el prestador del servicio (Electricaribe)”.

De otro lado, Arce expresó que Electricaribe “no está para ponerle condiciones al gobierno. Hay que romper el círculo vicioso. No están para ponerle condiciones al Estado. Si ustedes no están dispuestos como accionistas a poner un sólo peso por el negocio, no le pidan plata al Estado. El Estado no está para regalar plata”.

Lo que dijo Superservicios

José Miguel Mendoza, Superintendente de Servicios Públicos, manifestó que hay un millón de quejas sin resolver por parte de Electricaribe “y eso es inaceptable”. Así mismo, dijo que esta entidad ha impuesto multas por 5000 millones de pesos, en el mes de agosto, a Electricaribe por incumplimiento.

De otro lado, destacó que se firmó un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que esta entidad “pueda utilizar el laboratorio forense de la SIC para imponer multas altísimas en caso de capitalización empresarial para asegurarnos de que los habitantes del país y la costa tengan el servicio que se merecen”. Además, dijo que la próxima semana presentarán detalles de un informe sobre el cumplimiento de la empresa al plan de gestión que le fijó la superintendencia.

Los argumentos de Electricaribe

Para José Sanleandro, gerente de Electricaribe “hay un interés de todos los actores en la solución del problema, pero también hay que conocer las dificultades que se tienen”. Explicó que aspectos como el fraude y el robo de energía fueron causantes el año pasado de más de 800 mil millones de peso que la compañía dejó de recaudar, cifra que hubiera tenido para invertir dentro del Plan 5 Caribe.

Sanleandro hizo enfásis en que “el inversionista lleva comprometidos 16 años sin recibir dividendos”.

Sintraelecol en medio de la problemática

Heriberto Avendaño, vocero del sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol, explicó que actualmente son 11.500 trabajadores que laboran en Electricaribe y que la mayoría han sido agredidos física y verbalmente. “Sabemos que la situación de la empresa no es la mejor, sin embargo nosotros estamos en medio de la problemática. No sabemos si habrá intervención ni qué pasaría con los trabajadores. Queremos que se establezca una mesa nacional con el gobierno porque no hay un diálogo directo”.

La preocupación de Undeco por fluctuaciones de energía

Para Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), las pérdidas del sector comercio son incalculables. “Nuestra preocupación es por la afectación a un gremio como el de los tenderos que dependen de la cadena de frío”.

Como un gran avance calificó la congresista atlanticense, Martha Villalba, la aprobación de esta iniciativa por parte de la plenaria de la Cámara y que busca Incluir las técnicas de reproducción humana asistida para el tratamiento de la infertilidad en el Plan de Beneficios y se establecen los lineamientos para la Política Pública de dichos tratamientos.

“Nosotros hoy estamos permitiendo que las cortes cumplan el papel que nos corresponde a nosotros los congresistas, yo diría que estamos desconociendo a los dos millones quinientas mil familias en el país que claman al Gobierno Nacional y que le piden al Congreso de la Republica, que incluyan los tratamientos de infertilidad en el Plan de Beneficios del Sistema de Seguridad Social en Salud”, dijo la representante.

Así mismo, Villalba explicó que “la infertilidad ya es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad y, este tipo de tratamientos, en economías muy parecidas a las nuestras, como el caso de Argentina, Chile, Brasil Uruguay y México, se encuentran cubiertos desde sus respectivos sistemas de salud”.

Por su parte, el representante Rafael Palau, ponente coordinador de la iniciativa,  señaló que: “Este es un proyecto que consta de 10 artículos. Aquí estamos hablando del derecho de procrear y de formar una familia. Por lo que se le asignan funciones y responsabilidades claras al Ministerio de Salud para reglamentar, definir las técnicas, los estudios requeridos para el diagnóstico y los lineamentos de política pública para que promueva la investigación y la prevención de esta enfermedad. Además, para que regule, vigile, controle e inspeccione que no se creen clínicas de garaje y esto no se convierta en un negocio”.

Así mismo, el congresista explicó que “el proyecto establece la necesidad para que, desde el Ministerio de Salud, se elaboren las estadísticas y el tema se conozca en toda su dimensión no sólo desde el Estado colombiano, sino también desde la opinión pública y en especial en la comunidad afectada”.

Finalmente, expresó que: “No se puede seguir administrando la salud vía tutela, no pueden seguir los jueces ordenando los procedimientos a los cuales tenemos derecho los colombianos y colombianas”.

Como una gran responsabilidad -en aras de garantizar la transparencia- calificó la representante Martha Villalba su designación como nueva presidenta de la Comisión Legal de Acreditación Documental.

La congresista sostuvo que el papel de esta célula legislativa es muy importante “porque es la que tiene a su cargo nada más y nada menos que recibir la identificación de los congresistas electos, cuyo listado es enviado por la autoridad electoral. Además de revisar los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección del congreso o de las Cámaras Legislativas. Es un gran reto del cual no seremos inferiores y donde con transparencia y celeridad cumpliremos las funciones asignadas”.

La vicepresidencia de esta comisión quedó a cargo del representante Carlos Eduardo Guevara, quien felicitó a Villalba por  su designación como presidente de esta comisión y señaló que “la idea es hacer equipo con ella para poder formalizar aún más la labor que se hace en la Comisión de Acreditación que es supremamente importante”.

Así mismo, Guevara señaló que “por nuestra manos pasan no solamente la acreditación jurídica sino la verificación de los requisitos que tienen todos los candidatos de elección en la corporación y garantizar la transparencia, garantizar también la probidad y sobre todo un proceso que permita que todos los aspirantes a los cargos de elección en la corporación sean lo más transparente posibles, los más ágiles y lo más publicitados que se puedan hacer”.

Por su parte, José Miguel Panqueba, quien se mantiene temporalmente en la secretaría de esta comisión, explicó que también “revisan detalladamente las hojas de vida de todos los aspirantes a cargos de elección tanto de funcionarios de acá del congreso como fuera de la corporación, en este caso estamos hablando del Defensor del Pueblo que se entraría a hacer la elección entre agosto y septiembre de este año”.

La comisión Legal de Acreditación, que  está compuesta por cinco miembros y un secretario, quedó conformada así: Martha Villalba, Presidente, Partido de la U; Carlos Eduardo Guevara, Vicepresidente, Movimiento MIRA; José Miguel Panqueba, Secretario y los representantes Eloy ‘Chichí’ Quintero, Cambio Radical; Nancy Denise Castillo, Partido Liberal y Lina María Barrera, del Partido Conservador.

“Celebro compromiso de Comisión Sexta para aprobar proyecto que busca regular el PAE”.

La congresista  explicó que con la aprobación de la iniciativa en su primer debate, se les está dando prioridad a los niños, niñas y jóvenes del país para que cuenten con una alimentación sana y de calidad.

“Celebro el grado de responsabilidad y compromiso que hemos tenido con cada uno de los proyectos que han pasado por  la Comisión Sexta, principalmente con esta iniciativa en la que hemos trabajado con todos los sectores de la educación, porque sabemos la gran importancia que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas y lo que representa una buena alimentación escolar para lograr mejor cobertura y evitar la deserción”.

La representante, quien es ponente coordinadora del proyecto, sostuvo que aunque las irregularidades que se detectaron en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), no ocurrieron en todo el país, lo que se busca con la propuesta “es que haya una hoja de ruta que le permita al gobierno llenar los vacíos que tiene actualmente el sistema para que haya una verdadera eficacia, equidad y transparencia”.

De otro lado, expresó que la propuesta, de autoría del Ministerio de Educación y la Bancada del Partido de la U, “también contempla la creación de la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA), que establece unas directrices no sólo en cuanto al tema de contratación sino también en la ejecución y seguimiento al programa. Esta agencia manejará el PAE en los departamentos más vulnerables y donde ya hay antecedentes de corrupción”.

Señaló, además, que con este proyecto se están garantizando temas importantes tanto para la niñez, así como para la juventud. “Hoy con el tema de la alimentación escolar en las instituciones educativas estamos garantizando muchas cosas, entre ellas  el tema de la salud y reducir y acabar con los índices de pobreza y desnutrición en nuestros menores, porque muchos no cuentan con una alimentación acorde a sus edades. En la medida en que estos pequeños se alimenten bien van a mejorar su condición física, psicológica y su rendimiento académico, lo que permitiría que no haya deserción escolar y acudan permanentemente a las instituciones educativas.

Lo que dijo MinEducación

La Ministra de Educación, Gina Parody, agradeció a la Comisión Sexta y a los coordinadores ponentes del proyecto por el avance del  mismo y expresó que se realizó una audiencia pública con los sectores interesados para tener una iniciativa más enriquecida y nutrida.

“Nos reunimos con todos los sectores interesados. Escuchamos a todas las personas que tenían algo que incluir, modificar, eliminar. El proyecto que hoy aprueba esta comisión no es igual al que presentó el Gobierno Nacional porque pudo ser enriquecido y seguramente en el trámite del proyecto lo enriqueceremos más”

Parody sostuvo que el Programa de Alimentación Escolar ha evolucionado a través del tiempo y que en este momento tiene que hacer un salto importante a la formalidad. “Lo que nosotros hemos visto en todo este proyecto de ley es que la dispersión de recursos, la manera de contratación, las mafias que se han mantenido por tanto tiempo, hace que hoy se tome una decisión de primer orden como lo es la expedición de una Ley de La República frente al Programa de Alimentación Escolar”.

Señaló que la principal función de esta iniciativa “es la permanencia de los niños en el colegio, pero desde el Programa de Alimentación Escolar podemos irrigar beneficios positivos en otros frentes en el país. Hoy está pasando. Antioquia con el Movimiento de Economías Locales, que permiten e incluyen compras locales, campesinos produciendo para la alimentación de los niños y esto en el caso de Brasil ha sido la transformación del Programa de Alimentación Escolar”.

Finalmente, dijo que “dejarlo tan claro en el proyecto de ley me parece que es un avance para la institucionalización de este programa de manera descentralizada y de manera local, que es hacía donde tiene que tender el país y por eso queda muy claro esa descentralización con la excepcionalidad de la intervención de los casos en que realmente se presente un desastre con el tema de la alimentación escolar”.

Un llamado a los entes de control para que investiguen el contrato celebrado por Telecaribe con la firma risaraldense ‘Mi Ciudad’, para adelantar un estudio que le permita al canal abrir el proceso licitatorio para noticieros y programas de opinión; así como examinar el manejo de los recursos públicos asignados por la ANTV y una verdadera política de Estado para el fortalecimiento de la industria televisiva regional, fueron las principales conclusiones del debate realizado en Comisión Sexta por las representantes Martha Villalba e Inés López.

La representante a la Cámara Martha Villalba, explicó que por la demora en la entrega de las respuestas al cuestionario enviado, hace un mes, a la gerencia de Telecaribe y dado que varios de los archivos llegaron encriptados, la comisión estará citando a un próximo debate con el ánimo de examinar, minuciosamente, los criterios de contratación de los dineros girados por la ANTV y que según su directora, Ángela María Soto, han sido superiores a los 30 mil millones de pesos.

Por su parte, la congresista Inés López Flórez, formuló un enérgico llamado a los socios públicos del canal para que incrementen sus aportes, tanto en dinero, como en la pauta, para contribuir a la sostenibilidad del canal y ofrecer una programación de alto contenido y calidad. También, hizo énfasis en la necesidad de adecuar la ley de televisión a los mercados y exigencias del día de hoy y señaló que en ese sentido la comisión sexta ha trabajado y seguirá trabajando para que eso sea una realidad en el corto plazo.

A su turno, el representante de las comunidades Afrocolombianas en Televisión, Danésis Arce Ramírez, exigió a la gerencia de Telecaribe apego a la ley dándole participación a las minorías en los contenidos del canal y puso como ejemplo lo que calificó como actitud discriminatoria cuando se excluyó el programa Huellas de Africanía, dirigido por la docente e investigadora Carmen Meléndez. “Espero que la procuraduría, la contraloría y el ministerio de las TIC, investiguen esta conducta”.

Juan Manuel Buelvas, Gerente de Telecaribe, celebró la convocatoria de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, afirmando que fue un espacio de deliberación respetuosa que le permitió contar al país los graves problemas que enfrentan los canales en materia de finanzas, retos tecnológicos y jurídicos.

Aprovechó para defender su gestión señalando que encontró un canal quebrado, “con enormes compromisos con los proveedores, sistemáticos atrasos tecnológicos y que hoy tiene cifras positivas que mostrar”.

La viceministra María Carolina Hoyos y la directora de la ANTV, coincidieron en la necesidad de modernizar la nueva Ley de Televisión y dijeron que la tv pública enfrenta hoy, como grandes retos, mejorar contenidos, hábitos de consumo y esquema de comercialización.

Boletín de prensa de la representante Martha Villalba.

Bogotá, 25 de mayo de 2016. Un llamado a los entes de control para que investiguen el contrato celebrado por Telecaribe con la firma risaraldense ‘Mi Ciudad’, para adelantar un estudio que le permita al canal abrir el proceso licitatorio para noticieros y programas de opinión; así como examinar el manejo de los recursos públicos asignados por la ANTV y una verdadera política de Estado para el fortalecimiento de la industria televisiva regional, fueron las principales conclusiones del debate realizado en Comisión Sexta por las representantes Martha Villalba e Inés López.

La representante a la Cámara Martha Villalba, explicó que por la demora en la entrega de las respuestas al cuestionario enviado, hace un mes, a la gerencia de Telecaribe y dado que varios de los archivos llegaron encriptados, la comisión estará citando a un próximo debate con el ánimo de examinar, minuciosamente, los criterios de contratación de los dineros girados por la ANTV y que según su directora, Ángela María Soto, han sido superiores a los 30 mil millones de pesos.

Por su parte, la congresista Inés López Flórez, formuló un enérgico llamado a los socios públicos del canal para que incrementen sus aportes, tanto en dinero, como en la pauta, para contribuir a la sostenibilidad del canal y ofrecer una programación de alto contenido y calidad. También, hizo énfasis en la necesidad de adecuar la ley de televisión a los mercados y exigencias del día de hoy y señaló que en ese sentido la comisión sexta ha trabajado y seguirá trabajando para que eso sea una realidad en el corto plazo.

A su turno, el representante de las comunidades Afrocolombianas en Televisión, Danésis Arce Rámirez, exigió a la gerencia de Telecaribe apego a la ley dándole participación a las minorías en los contenidos del canal y puso como ejemplo lo que calificó como actitud discriminatoria cuando se excluyó el programa Huellas de Africanía, dirigido por la docente e investigadora Carmen Meléndez. “Espero que la procuraduría, la contraloría y el ministerio de las TIC, investiguen esta conducta”.

Juan Manuel Buelvas, Gerente de Telecaribe, celebró la convocatoria de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, afirmando que fue un espacio de deliberación respetuosa que le permitió contar al país los graves problemas que enfrentan los canales en materia de finanzas, retos tecnológicos y jurídicos.

Aprovechó para defender su gestión señalando que encontró un canal quebrado, “con enormes compromisos con los proveedores, sistemáticos atrasos tecnológicos y que hoy tiene cifras positivas que mostrar”.

La viceministra María Carolina Hoyos y la directora de la ANTV, coincidieron en la necesidad de modernizar la nueva Ley de Televisión y dijeron que la tv pública enfrenta hoy, como grandes retos, mejorar contenidos, hábitos de consumo y esquema de comercialización.

El debate será este miércoles en Comisión Sexta. Representantes Martha Villalba e Inés López, las citantes

La iniciativa de las representantes atlanticenses surge a raíz del incierto panorama que atraviesa la Televisión Pública Regional en el país y cómo esta se ha visto afectada por el nacimiento de las nuevas plataformas tecnológicas. Así mismo, por la actual situación financiera del Canal Telecaribe y sus bajos niveles de audiencia.

Para la representante Martha Villalba “en Colombia no existe claridad en la política pública del servicio de televisión nacional y regional. Hemos hecho un profundo diagnóstico del tema -por eso la importancia de este debate- porque hay toda una industria que necesita actualizarse. Hay que cambiar tanto el modelo como la forma de hacer televisión hoy día, principalmente en las regiones, donde los canales necesitan fortalecerse para sobrevivir y preservar su identidad. Es una situación que necesita dolientes y para ello venimos trabajando en un proyecto de ley”.

Por su parte, la representante Inés López, explicó que “la televisión pública enfrenta nuevos retos y debemos  estructurar un marco legislativo acorde a las necesidades actuales que tiene el mercado. Las nuevas tecnologías, la variedad de los contenidos y la inmediatez, hacen que la manera de ver televisión cambie y, por supuesto, las leyes deben ir acorde a esos cambios”.

Las congresistas han venido realizado mesas de trabajo sobre el tema en la Región Caribe y trabajan, junto con los gremios del sector, en un proyecto de ley para regular el Servicio Público de Televisión y fortalecer los canales regionales.

Al debate de Control Político fueron citados el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna;  la Directora de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, doctora Ángela María Mora Soto; el Gerente del Canal Regional Telecaribe, Juan Manuel Buelvas Díaz; la Junta Administradora Regional del Canal Telecaribe, conformada por los Gobernadores de los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, además de los Rectores de las  Universidades de Cartagena y Magdalena, y la  Alcaldía de Barranquilla.

Debido a la preocupación por los factores que están deteriorando las áreas marinas y costeras en el territorio nacional y a raíz de la descoordinación que existe entre los actores que intervienen estos espacios, que incluyen playas, flora y fauna,  la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, radicó el proyecto de ley número 234 para proteger y preservar estos ecosistemas.

“Con esta medida lo que buscamos es que haya un marco de ordenamiento ambiental en todo el territorio marino-costero que hay en el país, para fortalecer y contribuir a la preservación de estas zonas y que se establezcan compensaciones tal y como lo señala el objeto de esta iniciativa”, dijo la congresista.

Así mismo, explicó que uno de los aspectos más preocupantes es que “muchos sectores de nuestras playas se encuentran en riesgo como consecuencia de la erosión costera, los fuertes oleajes y por la contaminación ambiental producto de muchos ríos, entre ellos el Magdalena, que arrastra todo tipo de desechos. En esa medida, los océanos y espacios costeros se ven afectados por sustancias contaminantes como compuestos tóxicos, hidrocarburos, aguas residuales domésticas, materiales radioactivos y las basuras”.

El proyecto fue radicado en el marco del debate que se dio sobre el Golfo de Morrosquillo, una subregión que a juicio de la congresista “se caracteriza por una enorme biodiversidad y  hermosas playas, pero que necesita de esta  propuesta legislativa,  justamente por la problemática de contaminación ambiental que enfrentan sus ecosistemas por el derramamiento de crudo. Por supuesto, esto afecta el desarrollo económico y turístico de este sector que requiere de una urgente intervención por parte del Estado”.

De otro lado, la representante señaló que “se estaba en mora de un proyecto como este. Es una situación que también adolece las Costas del Pacífico, del Atlántico – donde lo vivimos a diario-,  San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se requiere de un sustento legal que fortalezca más la gestión del Ministerio de Medio Ambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales”.

También, expresó que “es importante un trabajo articulado con las entidades territoriales para mitigar los efectos de la erosión costera, hacer detallados estudios ambientales de todas estas zonas y propender por una mejor educación ambiental en todo el país y el gobierno tiene que contribuir a ello”.

El proyecto, que cuenta con doce artículos, contempla la implementación de una catedra obligatoria sobre el uso sustentable de los ecosistemas y recursos marinos y costeros en todas las instituciones educativas públicas y privadas del orden nacional, departamental y local, que promueva los valores sociales, culturales, económicos y ambientales, la protección ambiental y el bienestar social.

Así mismo, Impartir instrucciones sobre las medidas necesarias para la preservación y uso sustentable de los ambientes marinos y costeros del territorio colombiano y el seguimiento y monitoreo continuo a las áreas marino-costeras del país.

Bogotá, 13 de abril de 2016. Así lo manifestó la congresista durante el debate de Control Político que se llevó a cabo en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes sobre la construcción del Metro de Bogotá.

A propósito, la parlamentaria señaló que se viene hablando del tema desde el año 1942 y que este medio de transporte se ha convertido hoy “en una necesidad para Bogotá que tiene más de 7 millones de habitantes y una población flotante que viene de los distintos municipios de Cundinamarca y  las personas que llegan a la capital”.

De otro lado, Villalba señaló que este tiene que ser un tema de vital importancia para la administración del alcalde Peñaloza “porque el problema de la movilidad acá es un tema que cada vez se agudiza más y las soluciones que se vienen presentando no son las más adecuadas a esta problemática”.

La representante celebró la voluntad que hay por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la financiación del 70% de los recursos por parte de la Nación, pero señaló que su gran preocupación “es que se realizaron unos estudios que estuvieron por el orden de los 130 mil millones de pesos, una cifra considerable, y hoy la decisión del alcalde actual es dejar a un lado toda una serie de investigaciones de suelos y demás y ya ha planteado nuevos cambios en el diseño. Esto es preocupante, no es una cifra cualquiera, por lo que hago un llamado a las entidades de control para que realicen un seguimiento al respecto, porque si cada vez que llegue un gobierno el proyecto sigue sufriendo modificaciones, el metro nunca será una realidad”.

“Esta es una situación que debe ser considerada, creemos que el metro va a ser una solución importante para el transporte, entendemos que los términos deben ser considerados, pero creo que no puede ser desechado todo lo que se ha venido avanzando en el tiempo”, concluyó la congresista

La Bancada Caribe de la Cámara de Representantes se reunió con el presidente de esta corporación, Alfredo Deluque, con el fin de desarrollar una agenda conjunta de los principales temas que preocupan y vienen afectando el desarrollo de la región.

La reunión se llevó a cabo en Presidencia de Cámara y entre los principales temas que se abordaron, y que serán la hoja de ruta para toda la bancada en esta legislatura, están: el Sistema Energético de la Costa, la Erradicación de la Pobreza, la Erosión Costera y Contaminación de Playas y el Desarrollo del Sector Rural.

A propósito, el presidente de la Cámara, el representante Alfredo Deluque, señaló “Vamos a elaborar toda una agenda de trabajo en donde propondremos debates de control político conjuntos y proyectos de ley que modifiquen las situaciones actuales que perjudican  y no favorecen a la Costa Caribe con el fin de que avancemos”.

Así mismo Deluque señaló que el principal objetivo como Bancada Costeña es “erradicar la pobreza que existe en nuestra región y la inequidad que ha existido desde tiempo atrás con otras en el país, para eso tenemos unos ejes transversales en los cuales queremos trabajar, por ejemplo, en la autonomía de la región caribe basado en los términos de la Constitución Política de Colombia. Creemos que podemos contribuir, junto con los mandatarios locales, a enfrentar estos problemas de cara a como se están presentando y buscar soluciones. Otro aspecto es el del sector rural y turístico por lo importante que es para el desarrollo de la región”.

Además, explicó que “como bancada estamos muy interesados en que los ministros, en especial el nuevo Ministro de Minas que se posesione, asuman unos compromisos muy importantes con el Caribe, especialmente en la generación, distribución y comercialización de energía a raíz de los múltiples problemas que se han generado por este hecho”.

Propuestas en cuanto al tema energético

La representante por Córdoba, del Partido de la U, Sara Piedrahita, señaló que uno de los temas bandera fue el del sistema energético. “Para nadie es un secreto la lucha que hemos venido dando todos los parlamentarios de la costa con la mala prestación del servicio de Electricaribe, con las altas tarifas que se le presentan a los usuarios, la competitividad que esto resta a la industria del Caribe y, hasta el momento, lo digo personalmente luego de estar dos años en el congreso, en debates, en llamados al Gobierno Nacional para mejorar el tema junto a la Bancada Caribe, el tema no ha avanzado significativamente”.

Al respecto, explicó que una de las propuestas es que a futuro la mayor fuente de energía de la costa se dé a través de energías renovables.  “Esa es una propuesta concreta que de aquí a unos años queremos que se materialice en nuestra región. Hoy, si bien el servicio es muy malo y venimos sufriendo desde hace más de dos décadas por la empresa Electricaribe, ya que vemos que la empresa no sale y no quiere ‘aflojar’ el negocio, pues vamos a montarle competencia y esto se hace regulando el tema de renovables en Colombia, haciéndole un llamado, todos unidos como bancada al Ministerio de Minas  para que lo haga y dando más incentivos tributarios para que se pueda hacer su masificación”.

En cuanto a las zonas rurales Piedrahita expresó que “tenemos un problema muy grande y son los acueductos que no funcionan, y no porque las obras no hayan quedado bien hechas, sino porque no tienen la capacidad para pagar y muchas poblaciones de la zona rural de la costa están sin servicio de agua en este momento. ¿Cuál es una propuesta concreta? Es que hoy estos sistemas de acueducto cuentan con sistemas fotovoltaicos, con sistemas de energía eólica que permitan autogenerar su energía y no se presente lo que hoy se está presentando”.

Afectación de playas, tema fundamental para la bancada

Para la representante de la U, por el Atlántico, Martha Villalba, hay un tema de gran impacto que ha venido afectando el desarrollo económico de la Región Caribe como lo es  la erosión costera y la contaminación de las playas.

“Hoy miramos como muchos de los sectores de las playas de nuestro caribe están en riesgo por el tema de los fuertes oleajes, de las corrientes y esto afecta la dinámica económica de todas las entidades territoriales de los departamentos que integran el caribe colombiano y que tienen costas. También vemos con preocupación el tema de la contaminación de nuestras playas, producto de la desembocadura de muchos ríos, entre ellos el Río Magdalena. Si queremos ver a un país y a una región pujante en desarrollo, este es un renglón de la economía que tiene que tener toda la atención del Gobierno Nacional”.

Sobre los planes a trabajar por parte de la bancada costeña para afrontar estos problemas, Villalba señaló “la mitigación de la erosión costera, los estudios ambientales de todas estas zonas, la educación ambiental en todo el país, en especial lo que hace referencia al manejo de los ríos porque todos van a desembocar a las playas y esto genera un gran perjuicio”.

Así mismo, expresó que “hay unas acciones concretas, la bancada trabaja unida en todos estos aspectos que son fundamentales y claves para el desarrollo de nuestra región y el tema ambiental es indispensable, muy de la mano de poder detener la erosión que afecta a muchas entidades territoriales y, además, infraestructuras importantes, ahí tenemos el caso de la vía que conduce de Barranquilla a Santa Marta que hoy se ve afectada, por esta situación y las playas de nuestros municipios que tienen un potencial turístico y se han visto afectadas. Yo creo que aquí debe haber una política nacional conjunta para poder detener todas estas problemáticas que generan un impacto económico negativo en la dinámica de nuestras entidades territoriales.

Uno de los debates que más eco ha teniendo en el país, por lo álgido y complejo que resulta el tema para la mayoría de colombianos, es el de la reforma tributaria. Si bien el presidente Santos ha precisado que un proyecto de ley en esta área será presentado en el segundo semestre del año, así como también que en este 2016 no habría un aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es pertinente explicar, en materia económica, algunos alcances que se tendrían en cuenta en esta nueva propuesta tributaria.

Desde luego el debate en los medios de comunicación no se ha hecho esperar y aunque algunos sectores no estén de acuerdo, especialistas y analistas coinciden en que un nuevo ‘revolcón tributario’ debe hacerse. Un modelo que sea más justo, integro y equitativo, sobre todo porque en materia financiera la brújula apunta a que el sistema tiene que ser más eficiente, debe haber mayor recaudo para inversión social e incremento en el número de empleos.

Y es precisamente en este último tema en el que quiero centrarme, en primer lugar porque apoyaría una reforma que blinde el empleo de los colombianos, fortaleciendo en época de crisis al sector empresarial mediante una rebaja impuestos y, en segundo lugar, porque son estas compañías las que también garantizan que haya inversión.

Además de lo complejo que resulta a veces para las empresas el poder proporcionar más vacantes por los altos impuestos con los que deben lidiar, se le suma el viacrucis que viven muchos colombianos para poder emplearse. A esto sumémosle también los momentos difíciles que en materia económica atraviesa el país a raíz de la caída en los precios del petróleo, algo muy preocupante teniendo en cuenta que Colombia es un país dependiente en el tema de hidrocarburos.

Una nueva reforma integral, que sería la número 14 en la historia de todas las tributarias del país, permitiría reducir un déficit fiscal que el año anterior cerró en 3,6% del PIB (más de 25 billones de pesos) y el déficit de cuenta corriente (equivalente a importaciones y exportaciones) que, en 2015 cerró en 6,5% del PIB, es decir, alrededor de 19 mil millones de dólares).

Ante este panorama incierto, respaldaría un sistema tributario que:

- Proteja el sector empresarial y blinde el empleo frente a la caída del precio del petróleo.

- Reduzca la evasión de impuestos y aumente las sanciones. Sobre este punto en particular cabe anotar, que en el sistema actual hay muchos vacíos que le permiten a algunas empresas, así como también a personas naturales, evadir impuestos. La idea es que se fortalezca la lucha contra la evasión para que tanto las personas, así como las empresas que si cumplen, tengan suficientes garantías y haya competencia leal.

- Si bien el país cuenta con muchas Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), de las cuales algunas realizan bien su labor, tampoco es menos cierto que muchas de estas fundaciones, asociaciones y corporaciones, que aparecen de la nada, se cubren y amparan bajo esta figura para evadir impuestos. Lo anterior, se podría contrarrestar si el gobierno decide acoger la recomendación de La Comisión de Expertos Tributarios, manteniéndole esos beneficios a aquellas que sí desarrollan bien su gestión y quitándoselos a las que no. Es decir, se meterían en cintura gravándolas dentro de la nueva reforma con el impuesto a la renta y se les limitaría el desarrollo de actividades mercantiles. Actualmente, estas entidades compiten con empresas que si tributan. Además, manejan recursos públicos y no están sujetas al escrutinio de los entes de control.

- Para el caso de los impuestos territoriales la idea sería una revisión sistemática de los mismos debido a que algunos llevan más de 30 años sin actualizarse. Esa revisión, señalan los expertos en el informe “debe estar encaminada a imprimir mayor orden, simplicidad y eficiencia al sistema”.

Son muchos los temas que a nivel tributario se plantearán con la nueva reforma, algunos muy seguramente positivos o negativos desde la óptica en que se analicen. Lo cierto, es que estamos en un país cuyo comportamiento económico es dinámico y donde las acciones tomadas, y las que se tomarán, deberán garantizar que no toquemos fondo financieramente hablando.

Colombia necesita crecer y seguir desarrollándose competitivamente y hay que destacar que el año pasado su economía logró mantenerse siendo la de mayor crecimiento entre las siete principales economías de América Latina.

Opinión de representante Martha Villalba

Bogotá, 3 de noviembre de 2015. A raíz de las diferentes reacciones que ha generado el alza significativa en las tarifas de energía y gas en la Región Caribe, la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, señaló que estos aumentos deben reconsiderarse y hace un llamado al gobierno para que se protejan los intereses de la costa.

“Queremos que haya un compromiso del gobierno con la región, con  nuestra gente y con nuestras industrias. Nuestro llamado es para que se proteja a la región ante estos aumentos significativos en el servicio de energía y gas natural porque ello afecta la competitividad de la región, afecta el desarrollo mismo que esta zona del país tiene en la actualidad”, dijo la parlamentaria.

Sobre el servicio de energía fue enfática en señalar que aunque no desconoce  los esfuerzos que hoy el Gobierno Nacional realiza en materia de inversiones “el alza en la tarifa es un golpe fuerte a ese desarrollo al que le estamos apostando, por lo que le pedimos al Ministro de Minas reconsiderar tal situación”.

“El gobierno siempre ha escuchado los llamados que desde el Congreso de la República le hemos hecho para defender los intereses de la región. Así como le dio solución al tema de los subsidios en estratos 1 y 2 y ha destinado recursos para la ejecución de proyectos que permitirán mejorar la prestación del servicio eléctrico en cuanto a calidad y cobertura, esperamos que en esta nueva oportunidad se siga viendo ese compromiso con la costa”.

Con respecto al aumento en el precio del gas, que se dará a partir de la aplicación de la fórmula que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, sacará para los contratos de suministro de largo plazo, la congresista expresó que el tema también debe reconsiderarse.

 “Este es un tema que nos preocupa desde todo punto vista. Considero que se debe no sólo revisar sino replantear urgente la fórmula del gas, teniendo en cuenta que tenemos hasta el 30 de este mes para que se atienda no sólo las peticiones de los gremios y de los industriales, sino también la de nosotros como congresistas. Es Importante que la Creg no siga dilatando la resolución de tarifas del gas natural y confiamos en la mediación del gobierno”, concluyó Villalba.

Comunicado de la Representante Martha Villalba

“Según reporte de medicina legal en 2015, cada 9 horas un menor es asesinado en el país, o cada hora, un adolescente debe ser examinado por violencia intrafamiliar”. Con esta frase inició la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, el debate de control político al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para abordar el flagelo de la violencia en contra de la niñez.

Durante su intervención, la congresista señaló que esas son las razones que motivaron al partido de la U a realizar un debate constructivo y propósito “con el fin de revisar si las políticas, programas y estrategias que hoy están a cargo de esta entidad están siendo bien implementadas”.

“Hoy tenemos que manifestar que existe por parte del Comité de los Derechos de los Niños, en la ONU,  una gran preocupación y han alertado al Gobierno Nacional sobre la situación delicada del 42% de la población colombiana la cual está integrada por niños, niñas y adolescentes. Nuestros pequeños en el país están en condiciones de vulnerabilidad por varios tipos de violencia como la sexual, doméstica, conflicto armado, psicológica y explotación laboral”, dijo Villalba Hodwalker.

Con respecto a la violencia sexual en menores, explicó que las niñas son maltratadas, en un porcentaje importante, cuando tienen entre 16 y 17 años; y en los niños entre los 10 y los 14 años.

“Entre enero del 2014 y el 28 de febrero del 2015, el ICBF documentó 17.915 casos de menores de edad abusados sexualmente en el país. De esta cifra, el porcentaje más alto es para Bogotá, le sigue Valle del Cauca y Magdalena. Situaciones que preocupan, son hechos lamentables y yo creo que ustedes tienen programas importantes que tienen que ser fortalecidos, hay que identificar cual es la verdadera problemática porque nuestros menores están siendo objetos de situaciones que los vulneran desde todo punto de vista”.

Otro de los temas abordados por Villalba Hodwalker fue el de la Alimentación Escolar. Expresó qué actualmente el diagnóstico es preocupante no sólo en el Atlántico sino en muchos departamentos del país donde hay indicios de que las cosas no se están haciendo bien tanto en los centros de atención del ICBF, como en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

En cuanto al tema de adopción manifestó que le preocupa las cifras en esta área porque en vez de aumentar han venido disminuyendo y hay muchos niños que esperan por un hogar.

De otro lado, la congresista fue enfática en señalar que se debe reestructurar todo el tema de la contratación alrededor de esta entidad porque son muchos los dineros que el Gobierno Nacional invierte para el tema de la niñez, pero los menores no son bien atendidos.

“Considero que esta entidad, que representa la política social del país, debe contar con un banco de oferentes públicos de entidades supremamente acreditadas, que demuestren eficiencia, eficacia y capacidad de infraestructura para poder prestar un servicio de alimentación escolar con calidad”.

Finalmente, la parlamentaria reconoció la labor del ICBF para combatir el tema de corrupción al interior de la misma e invitó a la Directora, Cristina Plazas, a trabajar de la mano para hacer efectivas las políticas públicas nacionales que prevengan todo tipo de maltrato contra el abuso de la niñez.

“Hay que trabajar también por fortalecer la relación del ICBF con las entidades territoriales. Mayor seguimiento y fortaleza al tema de las madres comunitarias. Mayor seguimiento a los procesos de adopción. Que se gerencie y se cumplan a cabalidad las políticas de la niñez con la creación del sistema de información actualizado. Y, por último, conformar una mesa de trabajo desde el Congreso de la República para fortalecer la prevención y protección de los niños y niñas. Así le haremos acompañamiento al tema de la niñez y adolescencia que es un compromiso de todos”.

Lo que dijo el ICBF

La Directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, hizo un balance de la situación que se presentó con Venezuela y señaló que lo que se vio, por parte del gobierno del vecino país “fue una vulneración burda y cruel” de los derechos de la niñez y la familia.

A la fecha, Plazas Michelsen señaló que en Cúcuta hay 360 niños en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 15 unidades móviles para atender psicosocialmente a todas las familias que fueron deportadas.

En cuanto al tema de la Violencia Sexual, cuestionó que jueces estén dando casa por cárcel a violadores de menores. “El premio de la justicia es que se vayan a la casa”.

En prevención, hizo énfasis en las acciones que han venido implementado como el caso de las Escuelas de Padres, que se estarán extendiendo a más de 500 colegios en el país y a las zonas rurales.

Con respecto a la adolescencia reconoció que el tema de delincuencia  juvenil se les ha salido de las manos, por lo que están en busca de acciones que permitan corregir tal situación.

De otro lado, explicó que en cuanto a cobertura se ha avanzado mucho y programas como el de primera infancia han tenido un crecimiento del 11%; se están capacitando a los defensores de familia y se está trabajando en el fortalecimiento a las Comisarías de Familias a través de un proyecto de ley.

Sobre la adopción, fue enfática en señalar que la prioridad la tienen los colombianos y que los extranjeros sólo tienen la opción de adoptar niños con características especiales “que son niños mayores de 8 años, con discapacidad o grupo de hermanos”.

Para el tema de contratación manifestó que: “Se estaba haciendo contratación directa y además no se estaban utilizando para los fines que establecía la ley, por esa razón se creó un comité de contratación, pero además se construyó un nuevo manual donde el contrato y aporte ya debe de hacerse a través de una convocatoria pública, los operadores se van a elegir con un banco de oferentes porque el problema no es sólo la atención en comida, el problema es la atención de los operadores. La mafia de los alimentos y prestación de servicios de los niños y niñas es peor que la mafia del narcotráfico”.

Así mismo, dijo que están abriendo concursos para elegir a los nuevos directores regionales para garantizar transparencia.

Concluyó, con respecto a las madres comunitarias que “primero: ya tienen el salario mínimo. Segundo: el tema de pensiones que se les ha dado a ellas y estamos trabajando con aquellas madres que no reciben el salario mínimo y no pudieron cotizar, pero se les va a reconocer un subsidio”.

“Para nosotros las madres comunitarias son fundamentales y en aras de la equidad nosotros entendimos que no podemos tener a los niños de los CDI con atención integral y a los niños de las madres comunitarias sin atención integral. ¿Qué hicimos? Lograr que exista un grupo interdisciplinario que acompañe a la madre comunitaria que consta de un psicólogo, nutricionista y pedagogo que va a acompañar a las madres. Otro tema es el mejoramiento de la vivienda que ya se hizo en Barranquilla, que es mejorar el espacio donde están los niños, cocina y baños y esto va a mejorar mucho las condiciones”

Situación de los defensores de familia

Julián Otálvaro, Presidente de la Agremiación de Defensores de Familia, hizo una solicitud formal a los congresistas para que se “apadrine a los 1150 defensores de familia que hay en el país” porque a pesar de los esfuerzos que hace el ICBF no cuentan con los insumos suficientes para trabajar.

Comunicado de la Representante Martha Villalba

Bogotá, 25 de agosto de 2015. Los hechos lamentables que vienen ocurriendo desde hace días en la frontera con Venezuela han ocasionado la indignación de todo un país, principalmente por la forma en cómo se están viendo vulnerados los derechos de nuestros compatriotas.

Si bien el Presidente Nicolás Maduro argumenta amenazas a la seguridad de los venezolanos, según él, por la presencia de miembros del paramilitarismo en la zona, rechazo, desde todo punto de vista, el trato inhumano del cual están siendo objeto  un gran número de colombianos que han sido deportados, recientemente, a Colombia y la incertidumbre y la desesperación que embarga a muchos que aún se encuentra en el vecino país.

Solicitamos al Gobierno venezolano respeto por el pueblo colombiano, porque al agredir a un colombiano en su territorio, agrede a todo un país.

No soy partidaria de que se busquen soluciones a este tipo de problemas, entre ambas naciones que siempre hemos considerado como hermanas, a través de las vías de hecho. Sino por el contrario, respaldo la posición del presidente Juan Manuel Santos donde señala que la confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales y que para nada conducen a una solución satisfactoria.

Por lo tanto, hago un llamado al Gobierno Nacional primero, para que se le preste toda la atención, ayuda y acompañamiento a nuestros connacionales, teniendo en cuenta que hay muchos  menores de edad a los que también se les están viendo vulnerados sus derechos fundamentales.

Y segundo, para que a través de las vías diplomáticas y con el apoyo de instancias internacionales, se logren tomar medidas urgentes que permitan restablecer la confianza y  combatir el tema de la inseguridad y el contrabando en la frontera.

Que sea este el momento para pensar seriamente en la construcción de una política pública de frontera no sólo con Venezuela, sino también con los demás países vecinos y así evitar que situaciones como estas vuelvan a presentarse en un futuro.

Para mayor información:

Ketty Quiroz Tromp

Jefe de Comunicaciones

H.R. Martha Villalba H.

Kettyquiroz84@hotmail.com

Cel: 3135553797

Comunidado de prensa de la representante Martha Villalba

La congresista atlanticense del Partido de la U, Martha Villalba Hodwalker, radicó el Proyecto de Ley 082 DE 2015 ‘por el cual se reconoce la infertilidad como una enfermedad y se autoriza su inclusión en el Plan de Beneficios’.

“A lo largo de mi ejercicio público,  he venido defendiendo, desde todas las esferas donde he participado, los derechos reproductivos, el derecho fundamental a la salud, el derecho a la igualdad y, en especial, el derecho a la familia como núcleo fundamental de la sociedad Colombiana. Razón por la que desde el Congreso de la República respaldé con anterioridad esta iniciativa que no prosperó por vencimiento de términos pero que, a raíz de nuestra incansable lucha por la defensa de los intereses de la sociedad y de las familias colombianas la volvimos a presentar más fortalecida en cuanto a argumentos jurídicos, médicos, económicos y sociales con el apoyo de la Fundación Más Fértil Colombia”, dijo la parlamentaria.

Así mismo, Villalba Hodwalker señaló que en Colombia son más de 2.5 millones de pareja que no han podido ser padres, de las cuales 700.000 esperan por un tratamiento de reproducción asistida por el Estado.

“Para acceder a los beneficios, los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud deberán ser ciudadanos colombianos o tener un mínimo de cinco años de residencia en nuestro país, haberse diagnosticado problemas de infertilidad verificables por un profesional competente, comprobarse la necesidad en dicho paciente y demostrar que no cuenta con los recursos necesarios para costear el tratamiento. Tendrán prioridad aquellas parejas que aún no hayan tenido hijos”.

De otro lado, la congresista explicó que: “La salud reproductiva en Colombia no puede seguir siendo concebida como el derecho al aborto y mecanismos de anticoncepción. La salud se entiende como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, por lo que considero que los problemas de infertilidad merecen una atención especial por parte del Sistema de Salud, ya que toda pareja que se enfrenta o que se ha enfrentado a este flagelo termina presentando alteraciones psicológicas reflejadas en depresión, ansiedad, frustración y hasta suicidios, lo que sin duda impacta negativamente el estado integro de bienestar de la población colombiana”.

La representante concluyó que con este Proyecto de Ley, que fue radicado con el acompañamiento de otras bancadas y que era conocido como la ‘Ley Sara’, también se busca que en el país se establezca una política pública dentro del Sistema de Salud que incluya los procedimientos que curen la infertilidad en parejas estables, de manera que no se tenga que afrontar particularmente los costos que se derivan del tratamiento que muchas veces son inalcanzables para esta población.

“Dentro de los tratamientos que se incluirían en el Nuevo Plan de Beneficios están: la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA); la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal. Así como, los procedimientos de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”.

COMUNICADO DE PRENSA

"Lamentable que salud de nuestros niños esté expuesta a la irresponsabilidad de operadores del ICBF", representante Martha Villalba

Preocupada se mostró la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, ante las denuncias presentadas por la Secretaría de Salud del Departamento y el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico, sobre los alimentos contaminados que están siendo entregados a los niños en comedores escolares y Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

Al respecto, la parlamentaria atlanticense señaló que "si miramos, los operadores que contrata el ICBF y que vienen prestando este servicio son los mismos desde hace años. Esto se ha convertido en un negocio donde está expuesta la salud de nuestros pequeños por la irresponsabilidad de estos operadores que distribuyen los alimentos sin control de calidad".

Por otro lado, Villalba Hodwalker señaló que la labor que viene adelantando la Secretaría de Salud Departamental es de admirar. "Gracias a estas denuncias hoy se pueden tomar correctivos para que esta situación no se continúe presentando y conminamos a las autoridades competentes para que este estudio que adelantó la Secretaría de Salud del Departamento sea replicado a nivel nacional".

Finalmente la congresista explicó que por situaciones como estas, más el caso ocurrido recientemente en Corinto (Cauca), donde al parecer 13 menores de edad habrían sido abusados sexualmente en un hogar infantil, citó a un debate de control político a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas Michelsen.

"Este debate lo estaremos realizando en nuestra próxima legislatura. Las cifras que vemos a diario en los medios de comunicación, en cuanto a problemas de desnutrición, violencia sexual, violencia intrafamiliar, asesinato de menores y feminicidios son muy preocupantes. Creo que es necesario revisar en el congreso las políticas que el ICBF viene implementando a nivel nacional para lograr reducir estos índices. Hay que mirar con lupa si se le está haciendo un buen seguimiento a estos temas porque el gobierno  realiza grandes inversiones de recursos y la labor nuestra, como parlamentarios, es la de ejercer un control y un seguimiento para constatar que estos dineros estén siendo bien invertidos", dijo Villalba.

COMUNICADO DE PRENSA

Proposición para la protección de playas, presentada por la representante Villalba, fue aprobada en plenaria de Cámara

En el artículo dos, del Plan Nacional de Desarrollo, será incluida la proposición presentada por la representante atlanticense Martha Villalba, relacionada al tema de la protección de playas y que fue avalada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente y aprobada hoy en la Plenaria de la Cámara.

La proposición de la congresista señala que a través del gobierno se formule una política pública nacional para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras. Esto, con el fin de prevenir que las basuras  arrojadas por el Río Magdalena no continúen afectando y contaminando las playas y ciénagas, principalmente las de la Costa Caribe.

Durante una breve intervención en Plenaria, la congresista atlanticense aprovechó la oportunidad para agradecer al gobierno y a los representantes de las diferentes bancadas por el apoyo a esta iniciativa.  “Con esta proposición avalada y aprobada que hemos presentado le estamos dando la solución a un problema importante del Caribe Colombiano como es la contaminación de sus playas. Esta contaminación proviene del Río Magdalena que desde su nacimiento recorre aproximadamente 18 departamentos y 128 municipios que arrojan basuras, desechos y demás  que llegan como destino a las playas del Caribe Colombiano”.

Y continuó: “Gracias señor ministro por esta especial atención, por permitir que esta problemática de muchísimos años tenga pronta solución, ya que más de 400 toneladas de basuras  llegan  permanentemente a las playas del Atlántico, de Bolívar, de Córdoba, de Sucre, de Magdalena, de la Guajira e inclusive, de Puerto Colombia, municipio del que vengo y que es uno de los más afectados en cuanto al tema de la erosión costera y la contaminación”.

COMUNICADO DE PRENSA

“Miramos con tristeza que no se hable del mar, del río y de los pescadores dentro del PND”: representante Martha Villalba
 
Barranquilla, 10 de abril de 2014.- Un fuerte cuestionamiento hizo al Gobierno Nacional la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, porque temas de vital importancia para el desarrollo de la Región Caribe no fueron contemplados dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“Cuando se construía el PND, nosotros transmitimos, en las mesas temáticas que se constituyeron para el mismo, nuestras necesidades y las problemáticas del Departamento del Atlántico y creíamos que eso debía estar consignado en este documento. Pero miramos con tanta tristeza que no se hable, dentro de esta ‘hoja de ruta’,  del mar, del río, de los pescadores y de situaciones importantes para nosotros los caribeños”, expresó Villalba Hodwalker.

“Me da enorme satisfacción encontrar que estamos hablando de la construcción del nuevo puente Pumarejo, de la construcción del nuevo aeropuerto Ernesto Cortissoz, de la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, obras importantes para la dinámica misma de nuestra región, pero también miramos con mucha preocupación cuando se le da la espalda al río, al mar y al sector de la pesca”.

La congresista cuestionó al Gobierno Nacional porque “le está dando la espalda a la Costa Caribe y al pacífico de nuestro país en estos temas” y agregó: “El Río Magdalena contamina y lleva toneladas de basuras a nuestras playas, lo que viene afectando el turismo de municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, entre otros. Con respecto a los pescadores, ¿Saben cuántas familias viven de la pesca en Colombia? Más de 2 millones de colombianos pobres que residen en el Caribe y en el pacifico. No se habla de esas familias, no se habla de la actividad pesquera y por eso  llevamos una propuesta al Plan Nacional de desarrollo para que esto sea tenido en cuenta”.
 
De otro lado, la parlamentaria señaló: “Entendemos y tenemos claro que el PND es una hoja de ruta que se diseña para cuatro años y que, por primera vez, se construye desde las regiones reconociéndolas como  autoridades en el entorno nacional.  Pero considero que si hay políticas publicas claras, expresas y definidas, estas tendrán la continuidad de vida en la construcción de un mejor país, con oportunidades, paz y equidad.

El pronunciamiento de la congresista fue hecho durante el Conversatorio Plan Nacional de Desarrollo “Una óptica desde el caribe”, organizado por la Universidad Autónoma del Caribe y que también contó con la presencia de los senadores Claudia López, José David Name y Álvaro Ashton. 

El pronunciamiento de la congresista fue hecho durante el Conversatorio Plan Nacional de Desarrollo “Una óptica desde el caribe”, organizado por la Universidad Autónoma del Caribe y que también contó con la presencia de los senadores Claudia López, José David Name y Álvaro Ashton.

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Ketty Quiroz Tromp
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COMUNICADO DE PRENSA

Directora del ICBF será citada a debate de control político sobre violencia en contra de la niñez

Bogotá, abril 8 de 2015. Para que en el marco de sus competencias absuelva un cuestionario sobre la actual problemática del flagelo de la violencia en contra de los niños, niñas y la mujer en el país, la representante a la cámara por el Atlántico, Martha Villalba Hodwalker, radicó una proposición para citar a un Debate de Control Político, a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas Michelsen.

Para la congresista, con esta iniciativa lo que se busca es que haya una “intervención más amplia y articulada con las diferentes entidades a las que le compete este tema para desarrollar y fortalecer los programas de prevención y protección que ya existen, encaminados a erradicar la violencia en contra de nuestros pequeños y que haya un restablecimiento de sus derechos”.

Así mismo, la parlamentaria señaló que la directora del ICBF deberá explicarle a los colombianos qué está haciendo esta entidad para prevenir que más casos como el de los hermanos Vanegas Grimaldo, ocurrido en Florencia (Caquetá), o como el de los tres niños asesinados por su madre, en Palmar de Varela (Atlántico), sólo por nombrar algunos, no se sigan presentando.

“Mi preocupación, además del tema de la niñez,  también es a raíz de los casos de violencia y agresiones en contra de las mujeres. Situaciones ocurridas en el Atlántico, como el asesinato de Belkis Janeth Rojas Cabarcas o, el más reciente, el de la joven Nidia Jiménez, violada hace un año y herida a cuchilladas hace poco por ese mismo agresor, entre muchos otros que se han presentado  en el departamento, son inaudito que se sigan dando”, dijo la representante.

La proposición presentada por Villalba Hodwalker fue avalada por todos los miembros de la bancada del Partido de la U y aprobada ayer en la Plenaria de la Cámara.

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