Retomando los graves problemas de inclusión social que ha enfrentado el país en materia
de apoyo al campo, preocupa la incursión de los campesinos y sus asuntos en el
escenario de lo político y establece de forma muy negativa que está totalmente
invisible y carece de reconocimiento, es un claro desfase histórico, cultural y
social que afecta las garantías que merece.
La
Constitución colombiana de 1991 presenta una falla de reconocimiento de los
campesinos como sujetos de derechos (o sujeto que tiene derecho a tener
derechos). Los artículos que se refieren a la población rural la consideran
beneficiaria de algunos servicios estatales o como un sector de trabajadores,
pero no le reconoce la ciudadanía plena, es decir, se presentan, entonces,
situaciones en donde se viola a los campesinos y las campesinas su derecho de
igualdad ante la ley y la garantía de los mismos derechos, libertades y
oportunidades del resto de ciudadanos del Estado colombiano.
Es alarmante
que los asuntos que afectan a los campesinos como ejes elementales de la
sociedad, carecen de reconocimiento de sus derechos fundamentales como sector,
es decir, La ausencia de un
reconocimiento político reporta invisibilidad del actor en las políticas
públicas, la poca atención por parte del Estado y la absoluta precariedad en la
institucionalidad que vela por sus asuntos y muy serias distorsiones en los
mecanismos de participación y representación política.
La
fuerte crisis que se enfrenta actualmente en Colombia alrededor del Agro ha
tenido bases negativas, incluso desde la migración rural a las ciudades en los
años de la violencia partidista en 1940 y la cruenta guerra del narcotráfico en
los años 80, asuntos que hacen más neurálgico la situación actual debido a que
el paramilitarismo, la guerrilla y las mafias
abusan de la crisis direccionando las intenciones sanas de los
campesinos a reclamaciones políticas injustificadas.
Realizando
un concreto análisis a la crisis actual y a las demandas de los campesinos es
evidente que el campo necesita una mirada global se su problemática teniendo en
cuenta que es necesario fomentar la generación de empleo, no solo en las actividades
propiamente agropecuarias, sino en todas las complementarias relacionadas con
construcción de infraestructura y suministro de servicios sociales básicos,
todo esto exige del gobierno nacional la adecuación de un capital económico y
social que adopte medidas cautelares en pro de la solución concreta de sus
reclamaciones.
Es
necesario entender que cuando los campesinos reclaman, con todo derecho, el
fortalecimiento de un presupuesto general de la Nación que beneficie el agro,
lo hacen con conocimiento de causa y expone claramente las necesidades
primarias a las cuales se enfrentan cuando están por fuera de políticas
públicas que refuercen su importancia para la economía nacional, mucho más,
cuando el gobierno pretende disminuir entre el 2013 al 2014 un 38% el
presupuesto pactado para las actividades agrarias, es decir, de 2.93 billones
de pesos a 1.8 billones de pesos, el cual es inferior al presupuesto del año
2011 que fue de 1.85 billones.
Es
hora de replantear el modelo de desarrollo económico del país y generar
oportunidades para el campo, proporcionando dignidad y libertad a nuestros
campesinos, mejorando su calidad de vida y permitiendo que se cierre esa brecha
de inequidad tan amplia que afecta nuestra preciada despensa, el campo.
El
replanteamiento del modelo de desarrollo en Colombia tiene en su centro la
solución al problema agrario que se vincula muy fuertemente con las
posibilidades de las negociaciones de Paz en la Habana, Cuba.
Es
imperante la necesidad de buscar la paz y su vigencia en la agenda Nacional, logrando
esto, es posible detener la persistencia del problema agrario y la
incompetencia del Estado para garantizar la inclusión política de los
campesinos.
El
trabajo productivo de los campesinos tiene un potencial enorme y una gran
capacidad de generar ingresos por encima de muchas otras actividades.
En
consecuencia, la sociedad colombiana debe proveer al sector agrario el acceso a
los recursos, la correcta utilización de los territorios y el uso de la tierra,
vinculándolos a los procesos de
apropiación de capital a partir de modelos de agricultura sostenible que
solucionen los problemas que enfrentan los campesinos en el paro actual.
Estos
procesos serán viables si son el resultado de la concertación entre el Estado y
los campesinos organizados en torno a la solución de los problemas del campo,
logrando una simetría entre las políticas públicas por parte del Estado y la
cadena de producción y distribución de sus mercados.
Debemos
promover el fortalecimiento del campo, incrementando el apoyo a los campesinos
y sus necesidades, creyendo fielmente en la premisa “nadie es mejor que todos
juntos” logrando un trabajo mancomunado entre comunidad y gobierno afianzando políticas
agrarias que ayuden a un trabajo digno, responsable e incluyente.
Es
necesario impulsar políticas de verdad (con capacidades y oportunidades) para
salvar el aparato productivo nacional; es necesario tener una visión muy amplia
del desarrollo rural, que pasa por la producción agroalimentaria, pero también
de mejorar niveles de ingresos en la zona rural, de elevar calidad de vida: con
servicios públicos básicos, salud, educación, caminos vecinales, material de
siembras, preparación de terrenos, disponer de créditos agropecuarios,
organizar y apoyar técnica y financieramente pequeñas unidades y convertirlas
en empresas rentables, asistencia técnica, una política de subsidios y
facilidades a la producción agropecuaria.
