“Contra todo pronóstico y a pesar de la insistencia del Gobierno por sacar adelante la reforma a la salud, por falta de trámite será archivado el proyecto de ley ordinaria que hacía trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”, así lo confirmó la Representante Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

Con esta iniciativa propuesta por el Gobierno, resultaba peor el remedio que la enfermedad, ya que atentaba contra los derechos de los pacientes, profesionales y trabajadores de la salud, principales víctimas del sistema y por el contario, legalizaba la corrupción y la malversación de los recursos del sector.

La Congresista de MIRA recordó que en noviembre pasado, presentó ponencia negativa a este proyecto porque entre otras cosas: limitaba la acción de tutela y el derecho de los pacientes a la atención integral, al incluir los criterios de exclusión, priorización y capacidad de pago; mantenía la integración vertical para el primer nivel de atención, propiciando la quiebra de los hospitales públicos; permitía que EPS que desfalcaron el sistema pudieran convertirse en socios de las futuras gestoras; no se respetaba la autonomía médica, ni se mejoraban las condiciones laborales de los profesionales y trabajadores de la salud.

Un proyecto de ley (183 de 2014) radicado nuevamente por el Movimiento Político MIRA, busca que los ataques con ácido tengan un capítulo independiente en el Código Penal Colombiano.

La Bancada de MIRA en el Congreso en cabeza del Senador Carlos Alberto Baena y la Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz explicó que la iniciativa busca crear el delito autónomo para que se eleven las penas por el solo hecho de atacar a otra persona con ácido o sustancias similares, así el daño sea temporal o permanente.

La Representante Díaz explicó que están contempladas penas ejemplarizantes que irían desde los 12 años y medio hasta los 45 años, según el daño causado.

Así por ejemplo, para quien cause daño temporal o permanente a otro con agente químico o ácido en cualquier parte del cuerpo se le castigará con privación de la libertad entre 12,5 a 20 años y deberá pagar una multa de 73 a 154 millones de pesos.

Cuando el ácido cause deformación, pérdida parcial o total de alguna parte del cuerpo,  por ejemplo en un ojo, una mano o una oreja, la pena será de 21 a 30 años de prisión, deberá pagar una multa de 657 a 1.848 millones de pesos.

Cuando la afectación es en el cuello o la cara, o en mujer o menor de edad, la pena puede ir de 16 a 30 años, si la lesión no causa deformidad. Y de 28 a 45 años de prisión cuando hay deformidad o pérdida total o parcial de un órgano.

Finalmente, los congresistas de MIRA manifestaron que esperan que esta vez el Gobierno Nacional sí tenga la voluntad política para aprobar y sancionar esta iniciativa, y no argumenten hacinamiento carcelario para no aumentar las penas de este atroz delito que cada día está cobrando más víctimas en el país.

La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, aseguró que según lo manifestado por el Ministerio de Transporte en respuesta que le diera a una petición el 22 de enero de este año, no existe un acto administrativo que ordene la medida del Pico y Pase, para que los conductores adelanten el proceso de renovación de las licencias de conducción; por tanto, carecen de fundamento los comparendos que se empezaron a imponer desde el 1 de marzo. 

El Ministerio de Transporte dijo acerca del acto administrativo que ordenó el pico y pase: “...se aclara que no se ha expedido ningún acto administrativo, que contenga la estrategia, pues es una decisión de los Organismos de Tránsito y de los Centros de reconocimiento de Conductores adoptar las sugerencias”. Si de acuerdo con esta Cartera no existe tal actuación, esto hace ilegal las sanciones anunciadas, pues no habría un acto con poder de obligar a los ciudadanos a renovar en las fechas que indicó el Ministerio.

La Representante Díaz afirmó que resulta inconstitucional que la Cartera de Transporte imponga sin base jurídica términos para renovar, pues “No existe ley alguna que indique que si su cédula termina en 2, y no renueva a partir de marzo, será castigado”.

"Toda esta ilegalidad sigue demostrando el interés de captar recursos del bolsillo de los colombianos, especialmente de aquellos conductores que  tienen licencias de conducción  de categorías 4, 5, 6, C1, C2 y C3 vencidas para servicio público, pero que  exclusivamente conducen vehículos de servicio particular para el cual no están vencidas, por lo que no están obligados a renovar, sino que les asiste el derecho al cambio o sustitución gratuita", puntualizó Díaz.

La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz anunció que el Movimiento Político MIRA acompañará la demanda que un ciudadano interpondrá contra el llamado "Pico y Pase", que empezó a aplicar el Ministerio de Transporte el 1 de febrero. La demanda busca que no se les obligue a renovar la licencia de conducción a cerca de 4 millones de personas que conducen exclusivamente vehículos de servicio particular con licencias vencidas para el servicio público. 

“El término impuesto por el Ministerio de Transporte es ilegal, porque las licencias de categorías 4, 5, 6, C1, C2, y C3, si bien es cierto hoy están vencidas para el servicio público, no lo están para el servicio particular y por ley, estos conductores NO están obligados a renovar sus licencias de conducción, sino que tienen derecho a la sustitución o cambio gratuito. La misma Defensoría del Pueblo así lo advirtió”, señaló Díaz.

Por ello, la Representante explicó que la demanda pide que se suspenda de manera inmediata el “Pico y Pase”.

“Ante el silencio del Presidente Santos y la aplicación de la medida, no quedó otro camino sino el de acudir a los estrados judiciales” concluyó la Congresista. 

Para la Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, el fallo que profirió el Consejo de Estado, sobre la gratuidad en la sustitución o cambio de las licencias de conducción, confirma lo que el Movimiento Político MIRA ha venido sosteniendo hace más de 7 meses.

No hay más razones para que el Ministerio de Transporte dilate este proceso. De manera inmediata el Gobierno debe iniciar la sustitución o cambio gratuito, conforme lo ordenaron, la ley, 3 sentencias de la Corte Constitucional, los fallos de los Tribunales Administrativos de Santander y del Valle para los municipios de El Socorro, La Unión y Buga, respectivamente; así como Jueces de la República  en Pradera y Jamundí, que ratificaron que el cambio debe ser gratis. 

Con el cumplimiento de este fallo por parte del Gobierno, se beneficiarán 12 millones de conductores, de los cuales más de 5 millones no tendrían que pagar por la sustitución o cambio, ni por los exámenes médicos, como quiera que la ley también dice que licencias de conducción que tengan fecha de expedición de menos de cinco años, no están obligados a practicárselos. 

Sigue dependiendo del Gobierno implementar el proceso, para respetar el derecho de los ciudadanos a la sustitución o cambio gratuito de licencias de conducción, aseguró Díaz.

“Después del paro nacional que adelantaron las madres comunitarias en 2013 y que finalizó con un acuerdo firmado por el Ministro del Interior y el Director del ICBF, y posteriormente, con la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2014, donde el propio Ministro de Hacienda se comprometió a contratarlas a “término indefinido” con todas las prestaciones de ley, a partir del 1 de enero, el Gobierno vuelve y las engaña”, denunció la Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

El engaño radica en que el Gobierno el año anterior las ilusionó con estos anuncios, prometiéndoles estabilidad laboral, pero hoy informa que el contrato va a ser a “término fijo” por un año, cosa que ni siquiera es cierta, porque además de cambiar los términos, las madres comunitarias denuncian que las están contratando solo hasta el mes de septiembre de este año.

Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos con estas mujeres, el Gobierno se está exponiendo a un nuevo paro nacional de madres comunitarias, por lo cual la Congresista llamó la atención para que se honre la palabra y se respeten los acuerdos. 

Más voces se unen al reclamo del Movimiento Político MIRA para que Mintransporte acate la ley, atienda los fallos judiciales, las sentencias de la Corte Constitucional y las orientaciones de la Defensoría del Pueblo para que se sustituyan gratuitamente las licencias de conducción.

Es así como el vocero del Partido Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, decidió apoyar la causa de MIRA, en pro de lograr el cambio  gratuito de pases para 12 millones de colombianos.

Los congresistas de MIRA Carlos Alberto Baena y Gloria Stella Díaz, celebraron que más ciudadanos entiendan y defiendan el derecho  a la sustitución o cambio de las licencias de conducción, tal como lo ordena la ley, que por el bien del país se debe iniciar de manera inmediata.

Los congresistas de MIRA, Carlos Alberto Baena López y Gloria Stella Díaz Ortíz, señalaron que hay pruebas suficientes de que el cambio de licencias de conducción debe ser gratis. Estas son las evidencias:

1. Ley 1383 de 2010 en su artículo 4 ordenó expresamente la gratuidad del cambio de las licencias de conducción y determinó las fuentes de financiación para garantizar el no cobro.

2. Tres Sentencias de la Corte Constitucional, ratifican que el cambio de las licencias de conducción debe ser efectuado con cargo al Estado y no a los conductores. (Sentencia C-780-2003, Sentencia C-925-2006 y la Sentencia C321-2009)

3. Dos fallos de Tribunales Administrativos, el de Santander y el del Valle, ordenan esa gratuidad en los municipios de El Socorro (noviembre 1 de 2013) y de Buga (diciembre 4 de 2013), respectivamente.

4. En el mismo sentido existen providencias en firme de jueces de la República en los municipios de Jamundí (8 de noviembre de 2013) y Pradera (19 de noviembre de 2013), Valle.  

5. El Ministerio Público, en concepto de la Defensoría del Pueblo, de fecha 10 de diciembre de 2013, ratifica el deber del Gobierno de sustituir gratuitamente las licencias.  También la Contraloría General de la República confirma la obligación de sustituir gratuitamente y señala cómo a pesar de que en 2012 el Ministerio tenía guardados más de 193 mil millones de pesos para ese fin, esos recursos con destinación específica no han sido invertidos para cumplir con la ley.

Y estas serían las 5 razones por las cuales el Ministerio de Transporte no quiere cumplir la ley ni acatar las Sentencias de la Corte Constitucional y los fallos judiciales que disponen la gratuidad:

1. Pretende cobrarle a 12 millones de colombianos 1.3 billones de pesos, para beneficiar especialmente a particulares, como son los Centros de Reconocimiento de Conductores, el RUNT, concesionarios contratados para la expedición de licencias de conducción, y también a organismos de tránsito y al propio Ministerio de Transporte.

2. Quiere sin sustento legal, imponer un plazo a 4 millones de conductores que portan licencias de categorías 4, 5, 6, C1, C2, y C3 para que renueven sus pases, cuando tienen derecho a la sustitución gratuita, ya que éstos han tenido incorporado el permiso para conducir el servicio particular y de acuerdo con las leyes, esta última autorización no ha vencido.

3. Busca cobrarles los exámenes médicos a cerca de 5 millones 200 mil colombianos que estarían exentos de practicárselos si se implementara ya la sustitución gratuita. 

4.  Está obligando ilegalmente a recategorizar licencias que tienen ya incluida la modalidad de servicio particular, imponiendo cobros adicionales a los ciudadanos por ese concepto.

5. Da por hecho que sus directrices están por encima de la Ley, de la Jurisprudencia y de los fallos judiciales que han ordenado la sustitución gratuita. Así pone en entredicho que la totalidad del Gobierno Nacional respete a cabalidad la democracia y el Estado Social de Derecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Senador de MIRA, Baena López, y la Representante a la Cámara, Díaz Ortiz, convocaron para hoy a una movilización nacional, donde se le pedirá al Presidente de la República, como jefe de gobierno, que dé la orden para que se implemente desde ya la sustitución gratuita de las licencias de conducción, como quiera que el pico y placa que pretende aplicarse no es la solución al problema.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, celebró que por fin Colombia cuenta con una ley que castiga con millonarias multas y con sanciones administrativas ejemplarizantes a los conductores que sean sorprendidos manejando en estado de embriaguez.

“Llevábamos casi 8 años buscando estas medidas y hoy son realidad. Ahora las personas lo tendrán que pensar dos veces antes de conducir un vehículo en estado de ebriedad. Hoy, gracias al consenso de todos los congresistas se cuenta con esta ley que solo le falta la sanción presidencial”, señaló la Congresista.

Las multas aprobadas en esta ley van desde “$1.768.500 hasta $28.296.000 pesos, suspensión de la licencia hasta 10 años y cancelación hasta 25 años, inmovilización del vehículo hasta 20 días y cursos de trabajo comunitario. Estas medidas aplicarán según el grado de alcohol en que se encuentre el infractor.

En materia penal es necesario seguir aumentando las penas, porque como quedó el articulado, los delitos causados en estado de embriaguez siguen siendo excarcelables.

La Representante explicó que, algunos sectores han interpretado equivocadamente este aspecto penal, porque han informado que el delito deja de ser excarcelable, pero se confundieron,  porque aunque el proyecto recién aprobado aumentó en cinco meses la pena, en la reciente Reforma al Código Penitenciario y Carcelario, se contempló que todos los delitos con una pena mínima de 8 años o menos, recibirán el beneficio de la casa por cárcel. Seguiremos trabajando desde el Congreso para que las conductas penales (como homicidio o lesiones) bajo los efectos del alcohol, no tengan beneficios como la detención domiciliaria.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA explicó que lo novedoso del proyecto de ley que castiga a los conductores ebrios y que fue aprobado en Senado y Cámara, es que si el conductor es encontrado por el agente de tránsito, teniendo la licencia de conducción suspendida o cancelada, incurre en el delito de fraude a resolución administrativa que da pena privativa de la libertad de uno a cuatro años y le genera antecedentes judiciales.

Lo aprobado fue un proyecto que contempla una fórmula mixta con sanciones penales, económicas y administrativas tales como multas que van desde “$1768.500 hasta 28.296.000 pesos, suspensión de la licencia hasta de 10 años y cancelación hasta 25 años, inmovilización del vehículo hasta de 20 días y cursos de trabajo comunitario. Estas medidas aplicarán según el grado de alcohol en que se encuentre el infractor. (ver cuadro)

Sin duda es un gran avance para la seguridad vial del país. Aunque en este tema todavía queda mucho por hacer, por lo menos a partir de este fin de año se va a poder prevenir y sancionar esta conducta.

 “Nuestro compromiso es seguir trabajando hasta lograr cero muertos o heridos por causa de los conductores borrachos. El país debe llegar a una cultura de cero tolerancia en la combinación de alcohol y gasolina. De ser necesario, buscaremos que se tipifique el delito por el solo hecho de conducir en estado de embriaguez”, puntualizó Díaz. 

Como respuesta a un derecho de petición, la Defensoría del Pueblo confirma que a los ciudadanos que porten licencias de categorías 04,05 y 06 o C1, C2 y C3, utilizadas para conducir vehículos particulares, les deben entregar sus nuevos pases de manera gratuita, por una sola vez. De no hacerlo, dice la Defensoría, “...estamos ante un eventual incumplimiento de los mandatos legales por parte del Ministerio de Transporte...”, anunció la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA

Informó, además, que Jueces de Jamundí y de Pradera Valle, fallaron dos acciones de cumplimiento a favor de la gratuidad de las nuevas licencias de conducción, ratificando la tesis del Movimiento Político MIRA. Las sentencias están en firme y su argumentación está basada en la ley, en lo fallado por la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó la sustitución gratuita en el municipio de El Socorro.

Con estos 3 fallos, de manera inmediata, los organismos de tránsito de estos municipios deben iniciar la sustitución gratuita de las nuevas licencias de conducción, so pena de incurrir en el delito de fraude a resolución judicial o administrativa.

“Es ilegal que el Ministerio de Transporte señale plazos para  renovar, cobrando a los ciudadanos, cuando lo que tiene es que sustituir gratuitamente, y ya”, manifestó Díaz.

“Es indignante y reprochable, que mientras la sociedad colombiana reclama a gritos endurecer las penas para los conductores ebrios, el Congreso dé vía libre para que a éstos a partir de ahora, no solo se les conceda el privilegio de la casa por cárcel, sino que además se les permita a los que hoy están condenados y privados de la libertad disfrutar del beneficio de excarcelación y de rebajas en la pena, tal como quedó aprobado en un artículo de la Reforma Penitenciaria”. Así lo denunció la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

Como si fuera poco, también resulta una burla, un engaño, una ofensa y una afrenta para las víctimas y sus familias, que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, borren de un plumazo un proyecto de ley que se ha presentado en cuatro oportunidades, el cual consagraba sanciones administrativas, económicas y penales, aprobando en su lugar un único artículo que ratifica el beneficio de la casa por cárcel a quien en un siniestro de tránsito y bajo el estado de alicoramiento le cause la muerte o lesión a una persona.

“Lo aprobado por el Congreso frente a este tema, no es otra cosa que un mensaje de impunidad y un retroceso, que puso en evidencia las contradicciones entre  instituciones del Gobierno, convirtiéndolas, algunos legisladores, en la excusa perfecta para levantar una cortina de humo sobre la falta de voluntad política de quienes siempre se han opuesto a penalizar y sancionar esta conducta irresponsable”.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, expuso algunas de las razones que motivaron la ponencia negativa a la Reforma a la Salud:

1.    Se limita la acción de tutela y el derecho de los pacientes a la atención integral, al incluir los criterios de exclusión, priorización y capacidad de pago.

2.    Los servicios de salud solo serán autorizados hasta donde alcancen los recursos, en virtud del principio de sostenibilidad fiscal.

3.    No se respeta la autonomía médica ni se mejoran las condiciones laborales de los profesionales y trabajadores de la salud y no contempla nada de talento humano.

4.    Crea un fondo de salvamento para pagarle las deudas a las EPS que habiendo recibido los recursos, hicieron uso indebido de ellos y no les pagaron a los hospitales y las clínicas, pudiéndose generar un detrimento público.

5.    No se eliminan las EPS, sólo cambian de letrero. Socios de las actuales EPS que desfalcaron el Sistema podrán ser socios de las futuras gestoras.

6.    Mantiene la integración vertical para el primer nivel de atención, propiciando la quiebra de los hospitales públicos.  

7.    Convierte al Estado en un tesorero de las EPS; y en el pagador de las deudas que las EPS tienen con los hospitales.

8.    Entre más servicios restrinjan las EPS, mayores excedentes generarán al final de cada año, convirtiendo los recursos públicos en privados y legitimando el uso indebido de dineros como en el caso de Saludcoop.  

9.    Se aumentan las utilidades de los nuevos gestores ya que se elimina el límite del 10% que pueden utilizar las EPS para gastos de administración.

10.Se le gira un cheque en blanco al Gobierno, casi la mitad de la ley será reglamentada.

“Si bien es cierto que se requiere una reforma estructural al Sistema de Salud, el texto que fue aprobado en Senado no responde a las necesidades reales de los pacientes y de los trabajadores de la salud, por ello venimos sosteniendo que SÍ se requiere una reforma pero NO una como ésta”, puntualizó.

“Tras pedir la nulidad del proceso fallado por el Tribunal Administrativo de Santander, en el municipio de El Socorro y en un nuevo intento por incumplir la aplicación de la ley que ordena la sustitución gratuita de las nuevas licencias de conducción, el Ministerio de Transporte por segunda vez es derrotado”, anunció la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

Una vez más, la Justicia le da la razón al Movimiento MIRA, al negar la solicitud de nulidad del fallo y ratificando que el proceso del cambio o sustitución de las nuevas licencias de conducción debe ser completamente gratis. Contra este fallo no procede ya ningún recurso.

La Congresista insistió que en virtud del principio de igualdad y con este precedente judicial, la gratuidad se debe aplicar en todo el territorio nacional y no sólo en el municipio de El Socorro, Santander.

Advirtió que con el accionar del Ministerio, se está haciendo incurrir a los alcaldes y organismos de tránsito en faltas administrativas y disciplinarias que pueden ir hasta la destitución del cargo de los funcionarios.

Alrededor de cuatro millones de conductores con licencias de conducción de servicio público vencidas, pero que operan servicio particular NO están obligados a renovar, sino que a ellos les aplica la sustitución gratuita. Según el fallo, el organismo de tránsito utiliza la figura de la renovación para evadir la sustitución gratuita de las nuevas licencias de conducción.

“El Gobierno Nacional obstinadamente insiste en dilatar este proceso, con lo cual está generando un  caos en los trámites y la confusión entre la ciudadanía”, puntualizó Díaz.

Durante la Audiencia Pública sobre la Reforma a la Salud, realizada en Tunja, la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz del Movimiento Político MIRA, denunció que en la ley ordinaria que fue aprobada en el Senado, nuevamente se quiere cambiar la naturaleza de los dineros públicos de la salud.

El negocio redondo está en que se les permitirá a las nuevas gestoras, que los excedentes al cierre financiero anual se conviertan en utilidades y de esta manera los recursos que son públicos y que tienen una destinación específica para la atención en salud, se transformen en privados y puedan ser  utilizados por las gestoras para invertir en cualquier cosa.

Con esto, nada más y nada menos que se legitimaría en la ley ordinaria, casos como el de Saludcoop que invirtió recursos que eran para la salud en condominios, edificios y demás propiedades, lo que llevó al sistema a la actual crisis.

Además de esto, denunció la Representante que se pretende eliminar en la Reforma, el 10% de los gastos de administración que actualmente se les gira a las EPS de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), corriendo el riesgo de que el Gobierno amplíe este porcentaje a las nuevas gestoras, ganando por punta y punta y en detrimento de la salud de los colombianos.

Finaliza la Representante afirmando que con esta reforma como está redactada, para nada beneficia a los pacientes, profesionales y trabajadores de la salud, principales víctimas del sistema y sí por el contario, legaliza la malversación y el uso indebido de los recursos de la salud.

“Durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2014 en la Plenaria de la Cámara de Representantes, se decidió que las madres comunitarias del país serán formalizadas laboralmente a partir del próximo mes de enero, mediante un contrato a término indefinido y con todas las prestaciones de ley”, informó la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

Para la Congresista, éste es un logro significativo que da cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional y reivindica la lucha que estas mujeres han venido dando.

Sin embargo, el Gobierno queda con la gran deuda de asegurar una vejez digna para ellas, por lo que le pidió al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, tener en cuenta este tema de manera prioritaria.

“Hay que considerar que muchas de ellas llevan más de 23 años al servicio del ICBF, que tienen más de 57 años de edad y por lo tanto merecen por lo menos que se les dé el equivalente a un salario mínimo legal vigente con el que puedan subsistir ellas y sus familias”.

Finalmente, Díaz le reclamó al Presidente Santos la falta de voluntad para atender personalmente a las madres comunitarias que ya llevan más de 16 días en paro.

“Mientras el Presidente Santos espera en tribuna que inicie el partido Colombia – Chile, las madres comunitarias se atan con cadenas en diferentes puntos del país en el doceavo día de paro, esperando ser atendidas personalmente por el Mandatario”, denunció la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

La Congresista lamentó que hoy, cuando se intentó negociar con el Ministerio del Interior, una madre comunitaria de 57 años, 24 de ellos al servicio del ICBF, sufrió un desmayo producto del hambre y el cansancio por las consecuencias del paro. Un médico del Senado tuvo que prestarle la atención y trasladarla en una ambulancia a un centro asistencial.

“Es frustrante que el Presidente Santos le dé el primer lugar a disfrutar de un espectáculo público y no a atender las necesidades sociales más sentidas de este país. Es urgente que se apersone del tema, porque los mandos medios no han podido dar solución a la petición de formalización laboral y de una pensión digna para las madres comunitarias”, puntualizó Díaz.

Tras el paro indefinido de más de 50 mil madres comunitarias en todo el país que ya lleva 9 días, la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA le envió una carta al Presidente Juan Manuel Santos para que dé la cara y atienda personalmente a estas mujeres que reclaman el reconocimiento de sus derechos laborales y pensionales.

La Representante le pidió al Presidente Santos que de manera expresa y ante la importancia de la educación inicial de la que se encuentran privados miles de niños y niñas a cargo de las madres comunitarias, sustitutas y FAMI, atienda a las representantes de estas mujeres y a los miembros de la Comisión Accidental, con miras a encontrar soluciones a su problemática.

El Presidente Santos dijo hace pocos días: "Aquí lo que tienen es un presidente que no ha hecho nada diferente a ayudarlas, a protegerlas, a estimularlas y seguiremos haciendo eso porque ustedes las madres comunitarias cumplen un papel fundamental".

Para la Congresista de MIRA las palabras de la Presidencia son contradictorias, porque hoy vemos a las madres comunitarias y sustitutas defendiendo su causa justa y legítima, mientras sufren de hambre, frío y sujetas a las condiciones del clima sin encontrar las puertas abiertas para el diálogo. 

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, resaltó como positivo que el Ministerio de Transporte pretenda ampliar el plazo de la renovación de licencias hasta diciembre para que los conductores no vayan a tener que pagar injustificados comparendos; sin embargo esta medida no es suficiente.

“Lo que por ley se debe hacer es la sustitución gratuita, específicamente para más de 4 millones de conductores que teniendo licencias vencidas para el servicio público operan servicio particular. Por ello hace dos semanas radiqué una petición ante el Ministerio de Transporte reiterándole la petición de iniciar cuanto antes la sustitución gratuita”, expresó la Representante.

Este nuevo plazo debe servirle sobre todo al Ministerio para que evalúe con profundidad la medida del No pago por el cambio de las nuevas licencias de conducción y dé solución a todo el caos que se ha generado por las inconsistencias y fallas denunciadas en todo el país.

“Existe una total discriminación por parte del ICBF en los hogares de Bienestar para la atención a la primera infancia”, así lo demostró la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA durante el debate de control político realizado hoy en la Plenaria de Cámara.

La Congresista encontró que hay sustanciales diferencias en la atención y en el presupuesto destinado para atender a los niños que están acogidos en la estrategia de Cero a Siempre en comparación con los niños que son atendidos en los hogares tradicionales de Madres Comunitarias. Así por ejemplo, según el mismo ICBF, por un solo niño del CDI se invierte al año $2.840.000, mientras que en los hogares tradicionales tan solo invierten anualmente $741.000 en promedio.

“Nos parece absurda esta segregación que se le está dando, si esto pasa con los niños y niñas cuánto más con las madres comunitarias que están al servicio del Estado desde hace más de 27 años pero que no se les han reconocido los derechos laborales y pensionales”, señaló Díaz y advirtió que el Gobierno debe prepararse para la avalancha de demandas que estas mujeres interpondrán buscando les sean reconocidos sus derechos.

Durante el debate, la Representante le hizo el llamado al Gobierno para que no se haga el sordo y el ciego frente a las problemáticas que hoy padecen estas madres comunitarias. “Deben decirnos de una vez por todas si lo que pretenden es acabar con ellas, si eso es así, como mínimo se les deben garantizar que no salgan con las manos vacías. No se pueden descuidar las obligaciones laborales y pensionales que se tienen con ellas.

Finalmente, resaltó el informe de auditoría que la Contraloría General de la Nación le realizó para la vigencia 2012 al ICBF, entidad que salió mal calificada por la falta de control sobre el dinero que maneja a nivel nacional, a pesar de que cuenta con un presupuesto anual de 4.2 billones de pesos superior al de cualquier ministerio. “Es inaudito que esta entidad encargada del bienestar de los niños más vulnerables presente esta deficiencia institucional”.

En vez de renovar debe sustituir

Mediante una carta dirigida al Ministerio de Transporte, la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, reiteró la petición de  hacer una revisión jurídica exhaustiva al actual proceso de las nuevas licencias de conducción para que se corrija el rumbo, de tal forma que en vez de renovación se realice la sustitución gratuita.

“Lo habíamos advertido y se había concertado con la Ministra Cecilia Álvarez que había que revisar la tesis del NO pago por el cambio de las nuevas licencias de conducción, específicamente para más de 4 millones de conductores que teniendo licencias vencidas para el servicio público operan servicio particular”.

Como esto no se hizo, el plazo para renovar, fijado por el Ministerio para el 15 de octubre, ya está por vencerse y continúa todo un caos a la hora de expedir los pases. Es necesario ajustar el proceso, conforme lo ordena la ley para que los conductores no terminen pagando los platos rotos con injustificados comparendos que empezarán a imponer si no renuevan sus licencias.

Denunció además que existen incoherencias en el proceso actual, como que los Centros de Reconocimiento a Conductores estén dando las citas médicas para expedir este documento con fecha posterior al 15 de octubre a sabiendas que esta es la fecha límite que ha fijado el Ministerio. A esto se suman las inconsistencias en la plataforma del RUNT, pero no se ha hecho lo suficiente para solucionar estas fallas. Ciudades como Cali han visto la imposibilidad de realizar el proceso y por esto la petición de MIRA.

“Ni de fondo, ni de forma, la renovación de licencias tiene un norte, el Ministerio debe corregir el rumbo y empezar la sustitución gratuita en vez de insistir en una renovación sin sustento”, puntualizó la Representante.

“Ante la falta de voluntad política del Gobierno Nacional de atender y presentar propuestas frente a las solicitudes realizadas en pliego de petición de las Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas, más de 70 mil personas entrarán a paro nacional indefinido a partir del 30 de septiembre”, anunció la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

“El Presidente Santos debe apersonarse de la problemática ya que no es justo que personas que han trabajado por más de 25 años al servicio de los programas de primera infancia de todo el país, hoy con más de 50, 60 o 70 años de edad, tengan que ir a paro por falta de garantías en sus derechos laborales y pensionales”, señaló.

Se han demandado en diferentes regiones, soluciones concretas y definitivas a nivel laboral y pensional para miles de madres comunitarias que sufren enfermedades laborales, catastróficas, de alto costo y que además carecen de contraprestación alguna para sustentar su vejez.

“Son más de 13 mil mujeres en su mayoría cabezas de familia, según el ICBF que tienen la edad para pensionarse, cuentan con más de 20 años al servicio del Estado y ahora tendrán que terminar su vida con las manos vacías, o en el mejor de los casos con un subsidio a la vejez de $280.000 pesos conforme al Decreto 0605 de 2013. No es justo”, puntualizó Díaz.

“El Senador Carlos Alberto Baena y la Representante Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA celebraron que se haya abierto paso a varias de las iniciativas de ley que en materia de conductores ebrios hacen tránsito en el Congreso de la República, incluyendo algunas de las que MIRA viene proponiendo desde el 2006.

Explicaron que “el proyecto de ley que hoy se radica en el Senado da humo blanco para castigar severamente a los conductores ebrios de manera progresiva con una fórmula mixta que integra medidas de policía, administrativas y penales. Advirtieron que aún no se penalizará la sola conducción en estado de embriaguez como delito autónomo, pero para el Movimiento esto queda como una posibilidad abierta en caso de no lograrse lo esperado.

El proyecto de ley plantea que quien por primera vez sea sorprendido conduciendo borracho será detenido de manera transitoria hasta por 24 horas en las cárceles para conductores y deberá pagar una multa del 25 por ciento del valor comercial del vehículo.

Si el conductor es sorprendido por segunda vez, la sanción será de una multa equivalente al 50 por ciento del valor comercial del vehículo, el conductor ebrio deberá firmar un acta de compromiso y le será ordenada nuevamente la detención transitoria con la advertencia de no volver a conducir bajo esos efectos. 

Díaz señaló que la tercera vez, el conductor sorprendido en estado de alicoramiento se verá enfrentado al decomiso definitivo del vehículo y de manera inmediata se iniciará un proceso penal por fraude a resolución judicial o administrativa, esto por no haber cumplido la orden que en la segunda ocasión se había impuesto, lo que sin duda lo expondrá a una penalización de 1 a 4 años, y se cancelará hasta por 30 años la licencia de conducción. 

Se busca además, aumentar el mínimo de la pena del delito culposo para aquellos conductores ebrios que en siniestros viales causen la muerte o lesión a otras personas. En este caso, la condena debe pagarse en centro intramural, sin beneficios como la casa por cárcel. 

“Esperamos que a diferencia de las otras oportunidades, este proyecto sea discutido y aprobado con celeridad para evitar las tragedias causadas por la irresponsabilidad de los conductores borrachos, que hasta el 31 de agosto de este año habían dejado un saldo de 313 muertos y 1643 lesionados en un total de 1294 siniestros viales”, puntualizó la Congresista.

Con el apoyo de cerca de 500 mil firmas en todo el país, se radicará mañana martes, a partir de las 10 am, una Acción de Cumplimiento contra el Ministerio de Transporte y las Autoridades de Tránsito para exigir que se conceda inmediatamente la sustitución gratuita  de las licencias de conducción.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, explicó que en un afán inexplicable y sólo por cobrar el cambio de las nuevas licencias de conducción, Mintransporte  y los Organismos de Tránsito están obligando a cerca de 5 millones de conductores a renovar las licencias de servicio público vencidas, pero que en realidad operan vehículos particulares.

Esta Acción de Cumplimiento busca además que se suspenda el actual proceso de renovación de las licencias de conducción de servicio público vencidas para quienes conducen servicio particular y se le devuelva el dinero a quienes pagaron por este concepto.

En Bogotá, cientos de ciudadanos acompañarán la radicación de la demanda que se hará en los Juzgados Administrativos de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con Carrera Séptima.

Simultáneamente, en 51 municipios del país se estará radicando mañana esta Acción de Cumplimiento contra los organismos de tránsito para exigir que en materia de licencias de conducción se acate lo ordenado por la ley.

“Conductores que tengan licencias de conducción categorías 4, 5, 6, C1, C2 y C3 (calificadas de servicio público y que estén vencidas) pero operan vehículos particulares, por ley NO deben pagar por el cambio de las nuevas licencias”, señaló la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, en el marco del debate citado por la Comisión Sexta de la Cámara.

Son más de 4 millones 800 mil conductores los que hoy tienen esta condición y están siendo afectados porque el Ministerio de Transporte se sostiene en argumentar que so pretexto de la renovación, deben pagar por el nuevo formato. “Interpretan a su acomodo porque no hay ninguna ley que señale que las licencias vencidas para el servicio público, lo estén para el servicio particular, ya que cuando fueron expedidas tenían vigencia indefinida”, advirtió Díaz.

Denunció que no les están preguntando a los conductores qué tipo de licencia van a necesitar, si pública o particular, sino que los pasan automáticamente al servicio público, obligándolos con ello a que en tres años vuelvan a pagar por la refrendación.

Durante el debate, la Congresista se ratificó en que una cosa es la sustitución y otra la renovación, “primero es el número 1 que el 2, por lo que esta entidad debe actuar conforme a la ley para beneficiar a los colombianos y no recargarles el bolsillo”.

Finalmente, la Representante insistió en apoyar la Acción de Cumplimiento que un grupo de ciudadanos instaurará contra el Ministerio de Transporte, para que se suspenda el proceso de renovación a quienes manejan vehículo particular y tienen licencias de conducción de servicio público vencidas y les devuelvan el dinero a quienes se les ha cobrado por este concepto. En este caso deben ser sustituidas de forma gratuita.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, una de las autoras del proyecto de ley que por tercera vez fue radicado y que pretende crear el delito por conducir en estado de embriaguez y aumentar las penas para los conductores ebrios que causen la muerte o lesión a otras personas en siniestros de tránsito, celebró que muchas voces se empiecen a sumar a las iniciativas ya radicadas.

“Es bienvenida la propuesta del Presidente del Senado, Juan Fernando Cristo para que todos los partidos, de manera unánime apoyen iniciativas de este tipo por la necesidad nacional. Así mismo, nos complace que se una a este clamor el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón quien manifestó que debe haber cero tolerancia con los que manejan en estado de embriaguez”, señaló la Congresista de MIRA.

A estas voces se sumaron también las del Presidente de la República, Juan Manuel Santos y la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa, quienes en las últimas horas han planteado la incautación de los vehículos a los conductores borrachos. Una iniciativa en este sentido ya se encuentra en trámite desde el 20 de julio de 2013, con el fin de decomisar definitivamente los vehículos a quienes sean sorprendidos conduciendo borrachos. Una vez decomisados se procederá al remate para que con esos recursos se repare integralmente a las víctimas de siniestros viales.
 
“Vemos con gran optimismo que esta vez, ante el rechazo social por los recientes casos registrados, y con la voluntad política del Gobierno y del Congreso, el tema pueda salir adelante de tal manera que no quede sólo en palabras sino que sean votados los proyectos”, puntualizó Gloria Stella Díaz.

Después de una reunión sostenida entre el Ministerio de Transporte y la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, el Ministerio se comprometió, a que con un grupo de abogados expertos, revisará la tesis del NO pago por el cambio de las nuevas licencias de conducción.

En esta misma reunión, Díaz le solicitó a la Ministra Cecilia Álvarez, la regulación en la diferencia de precios de los exámenes médicos que están cobrando los Centros de Reconocimiento de Conductores para renovar las licencias de conducción vencidas, a lo cual la Ministra accedió.

Por último, el Ministerio expresó su apoyo a las iniciativas legislativas radicadas por MIRA el pasado 20 de julio y que tienen que ver con las sanciones a los conductores borrachos. Se trata del proyecto de ley que crea el delito de conducir en estado de embriaguez, y el que busca la  pérdida de la propiedad de los vehículos manejados por conductores ebrios. 

“Una iniciativa de ley de autoría del Movimiento MIRA, radicada en esta legislatura pretende que los conductores que en tres oportunidades sean sorprendidos en estado de embriaguez pierdan la propiedad del vehículo”, informó la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz. 

El proyecto de ley propone que los vehículos que sean decomisados por esta causa sean rematados y los recursos, utilizados para la atención integral de las víctimas de los siniestros de tránsito.

“Con esta drástica medida, la gente lo pensará dos veces para conducir borracho porque nadie va a querer perder su carro”, señaló el Senador Carlos Alberto Baena, miembro de la Comisión Sexta, quien acompañó la iniciativa. 

Ciudadanos instaurarán Acción de Cumplimiento

“Al afán que tiene el Ministerio de Transporte de cobrar el cambio de las licencias de conducción que por ley son gratuitas, se suma el caos y las fallas del Sistema RUNT”, afirmó la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

“Fue una medida improvisada y acomodada a los intereses del Ministerio, poniendo a la gente contra la pared, soportados en el Decreto Anti trámites”.

Afirmó además, que extrañamente cuando están dadas las condiciones para la sustitución o cambio gratuito, el Gobierno quiere dar aplicación a este Decreto, que entró en vigencia hace año y medio, sin embargo, esta norma no fija ningún plazo que obligue al Ministerio a renovar las licencias vencidas”. 
 
Por ello, anunció que un grupo de ciudadanos, instaurará una Acción de Cumplimiento contra el Ministerio de Transporte, de tal forma que, en materia de licencias de conducción, se cumplan las leyes 1383 de 2010 y 1450 de 2011, normas que ordenan la sustitución gratuita de licencias y se devuelva el dinero a quienes se les está cobrando por el cambio.
 
“Buscamos en todo el territorio nacional, que los colombianos respalden la presentación de esta Acción de Cumplimiento y la exigencia para que Mintransporte suspenda el cobro del procedimiento”, indicó la Congresista.

“El Ministerio de Transporte pretende con un juego de palabras, justificar la aplicación de la renovación de las licencias de conducción, pero lo primero que debió hacer fue la sustitución, que es un cambio general y gratuito al nuevo formato, semejante al que hizo la Registraduría hace unos años con las cédulas de ciudadanía, sin que se afectara el bolsillo de los colombianos”, señaló la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.
 
Con esta tesis y frente a las declaraciones del Ministerio de Transporte, cuando expresa: “no es ilegal cobrar las licencias”, Díaz manifestó que lo ilegal es confundir a los colombianos y cambiar las reglas de juego. En octubre de 2012 el mismo Ministerio en rueda de prensa, claramente se comprometió que a partir del 2013 empezaría todo el proceso de sustitución gratuita de las licencias.

Lo lógico entonces es que se cumpla primero la Ley 1383 de 2010 y la Ley 1450 de 2011, que otorgan el beneficio para que los colombianos no tengan que pagar por el cambio de las licencias. El negocio está en recaudar por la renovación y no en conceder el beneficio de la gratuidad por la sustitución.

Se juega con las palabras convocando a “renovar” y asegurando que no aplica para todos. Pero resulta que la mayoría de personas que manejan vehículos particulares, tienen licencias de servicio público, es decir, de categorías 4, 5  y 6 con las que antes podían manejar vehículos particulares. Así estuvieran vencidas para servicio público podían manejar vehículos particulares, pero ahora no podrán hacerlo y los obligan a renovar.

“Es injusto que a quienes hoy tienen la licencia vencida paguen por la renovación cuando lo que se debería hacer es la sustitución gratuita como lo señala la ley, por eso le hemos solicitado al Ministerio de Transporte que inicie de manera inmediata el proceso de sustitución de todas las licencias antes de hacer la renovación. Primero es el número 1 que el 2”, puntualizó.

Finalmente, aunque destacó que el Ministerio hizo bien en acoger su petición de suspender este proceso, exige que se deje la improvisación y el afán, y que la decisión que se debe tomar sea la de mayor beneficio para los conductores, que sin lugar a dudas no es otra que la sustitución gratuita ordenada por la ley.

Un caos en el trámite de la renovación de las licencias de conducción, ha generado el Ministerio de Transporte, porque a pesar de haber contado con el tiempo suficiente para planear la estrategia de sustitución y refrendación, a última hora y sin tener en cuenta lo que ordenan las leyes, esta entidad improvisa, afectando a los conductores del país, denunció la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA. 

La Congresista explicó que con la Ley 1383 de 2010, y posteriormente con el Plan Nacional de Desarrollo, se le ordenaba al Ministerio de Transporte, realizar un cambio de formato de las licencias de conducción, de forma gratuita, para lo cual le concedía 4 años.

“Lo que hizo mal el Ministerio, fue interpretar deliberadamente estas normas que obligan la sustitución gratuita y por el contrario, está obligando que los ciudadanos paguen por adquirir los nuevos plásticos. “Lo que se quiso hacer con la Ley 1383 de 2010, para aliviar el bolsillo de los colombianos, se borra con la intención del Gobierno de beneficiar a los organismos de tránsito”, señaló la Representante Díaz.

La otra falla cometida por el Ente gubernamental es que se improvisó frente a los procedimientos y las estrategias para implementar la refrendación de dichas licencias, de tal manera que está creando confusiones y generando más trámites a los conductores, cosa que contradice la misma ley antitrámites. Así por ejemplo, aunque será un solo plástico el que reciban los ciudadanos, si una persona conduce tractomula y moto, éste tendrá que realizarse 2 exámenes médicos, uno por cada categoría de licencia.

A toda esta problemática, se suma el caos generado en los Centros de Reconocimiento a Conductores (CRC), que tampoco estaban preparados para recibir de forma masiva a los conductores, quienes además se han quejado por la falta de información en el trámite.

De darse eficientemente la sustitución gratuita, como lo ordena los parágrafos 1 y 2 del artículo 17 del Código Nacional de Tránsito, se daría la oportunidad de verificar las condiciones médicas de los conductores del país, aportando positivamente a la seguridad vial.

Por todas estas inconsistencias, Díaz le exigió al Ministerio de Transporte que suspenda por ahora este proceso, de tal manera que organice mejor el procedimiento y se garantice ante todo la  sustitución gratuita de las licencias de conducción.

Rostros sin rastros de impunidad

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, celebró que de manera histórica en Colombia, se sancionara la Ley 1639 de 2013, que endurece las penas para los agresores que ataquen a sus víctimas con ácido, propuesta que se trabajó con el Representante Oscar Marín.

En adelante, una persona que agreda a sus víctimas con estas sustancias, deberá pagar una condena entre 6 y 10 años. Si el ataque con ácido es contra el rostro y cuello, la pena mínima quedará de 8 años y la máxima de 15. 

La Representante explicó que la norma, incluye programas de reinserción laboral y la creación de una ruta de atención integral, en la cual se debe suministrar información y orientar a las víctimas acerca de los derechos con los que cuentan.

También, quedó contemplado que los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, serán completamente gratuitos y a cargo del Estado.

Los prestadores de los servicios médicos tienen la obligación de llevar un registro y reportar a las autoridades competentes sobre las personas atendidas en estos casos y en cualquier momento la policía o las autoridades podrán solicitar tal registro.

Se crea además el registro único para controlar la venta al menudeo de estas sustancias.

La Congresista Gloria Stella Díaz espera que con todas estas medidas, se reduzcan los índices de personas violentadas con ácido que en su mayoría son mujeres. En los 3 primeros meses del 2013, Medicina Legal reportó que 36 personas han recibido algún ataque con ácido. El total de personas quemadas con ácido en lo corrido del 2012, fue de 161 personas, 93 de ellas fueron mujeres y 68 fueron hombres.

“Lo justo es pagarles con retroactivo”: Gloria Stella Díaz

El Gobierno Nacional hace ver como una gran noticia que a las Madres Sustitutas del país se les va a empezar a pagar desde hoy el salario correspondiente a una bonificación equivalente a un salario mínimo, señaló la Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

"Lo que para el Gobierno es un logro, para ellas es una pérdida de derechos. Se le olvida al ICBF que esto debió haberse hecho durante el 2013, tal como sucede con las madres comunitarias. Mientras éstas ya están recibiendo el pago desde enero, el Gobierno quiere pasarse de vivo con las Madres Sustitutas e interpreta a su acomodo el artículo 36 de la Reforma Tributaria.
 
Para la Representante, no se está cumpliendo la ley en los términos aprobados por el Congreso. Según ella, “en ninguna parte de la norma dice que a partir de julio, por eso lo justo es pagarles con retroactivo”.

Frente a estas irregularidades institucionales, la Representante de MIRA manifestó que ofició hace varios días a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General  de la Nación, para que abran las investigaciones a que haya lugar y exijan al ICBF el pago desde el mes de enero, conforme a lo ordenado en la Ley 1607 de 2012.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, denunció que en la Ley Estatutaria de Salud aprobada en el Congreso, no se resolvieron las necesidades reales de los pacientes y no se garantizaron los derechos ya adquiridos por ellos.

Criticó que con un artículo se privilegia la sostenibilidad fiscal sobre la atención de los pacientes. Este aspecto resulta inconstitucional porque viola un derecho fundamental, ya que la aplicación de la norma debe ser inmediata y no progresiva como lo señala el texto. Volveremos entonces al Estado de Emergencia donde la gente tendrá que vender su carro, hipotecar su casa para pagar servicios de salud”, enfatizó.

En la iniciativa, se condiciona el derecho fundamental de la salud a la capacidad de pago de los colombianos. "Personas que tengan que trasladarse por ejemplo de la Guajira a Bogotá, tendrían que pagar de su bolsillo los gastos de transporte, de hospedaje, alimentación y otros insumos que requieran, porque no serán cubiertos con los recursos de la salud”.

Denunció además que se limita el derecho a la tutela. Anteponerle a las decisiones judiciales, una lista de exclusiones y crear una Junta Médica que resolverá los conflictos de diagnóstico es atentar contra este mecanismo”.

Con esta reglamentación estatutaria, los pacientes tampoco van a poder recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud, ajeno al Sistema. “Entonces una persona que se le diagnostica cáncer y quiere recibir otro concepto médico, éste no va a ser aceptado por la EPS o gestora de servicio para ser transcrito”, explicó.

Otro punto preocupante es que aunque se dejó claro que los usuarios podrán elegir libremente su prestador de servicios, esto se restringe porque está sujeto a la disponibilidad, es decir que así un paciente quiera que lo atiendan en determinada clínica, no lo van a atender si no hay disponibilidad en ese lugar.

“En últimas, esta Ley Estatutaria quedó diseñada para los que cuentan con recursos porque está condicionada a la capacidad de pago, de lo contrario, tendrán que sentarse a esperar la muerte”. Por todo esto, el Movimiento MIRA votó negativo la Ley Estatutaria en Salud.

La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, advirtió lo que puede pasar con las Madres Comunitarias, de aprobarse un proyecto de ley que “sin pena ni gloria” pasó a tercer debate a la Comisión Tercera de Senado.
 
“El proyecto propone cambiarles el nombre, con lo cual peligrarían los derechos que más de 78.000 madres en todo el país, han adquirido por medio de otras leyes. Llamándose Agentes Educativas se pondrían barreras para acceder a los subsidios de vivienda, de salud, de cajas de compensación y a las rebajas en las tarifas de servicios públicos, entre otros”.

Añadió afirmando que “...Nos preocupa también que se esté hablando de contratarlas a término fijo, pues con este tipo de vinculación nada les garantiza que vayan a continuar en el programa".

Mientras todo esto pasa, se hunde por falta de trámite en el Congreso, otro proyecto de ley de autoría de MIRA, que proponía no solamente, mantener los derechos adquiridos de las Madres Comunitarias, sino también, contratarlas a término indefinido. Díaz señaló que volverá a insistir en esta iniciativa.

Finalmente, la Representante le pidió a la Mesa Directiva de la Corporación, se requiera al ICBF para que dé las explicaciones del por qué al día de hoy no le está cumpliendo a las madres sustitutas lo que el Congreso aprobó, mediante el artículo 36 de la Reforma Tributaria”.

Con éxito culminaron las mesas Europeas de Paz celebradas en Berlín, Bruselas, Londres, Paris y Barcelona, donde los colombianos en el exterior le plantearon a algunoss miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República, sus propuestas para aportar al proceso que se adelanta en La Habana.

La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, a su regreso a Colombia aseguró, que fue una gran experiencia facilitar este tipo de encuentros que abren la puerta a la participación ciudadana frente a un proceso de tanta envergadura para lograr la paz en Colombia.

Señaló que las relatorìas tomadas contienen los aportes de colombianos inmigrantes, refugiados y exiliados y se harán llegar a La Habana para que sean tenidas en cuenta por parte de los actores negociadores.

"Tuvimos la oportunidad de adelantar reuniones con autoridades gubernamentales en estos paìses Europeos, asì como con organismos de Cooperaciòn Internacional que rodearon las iniciativas para dar fin al conflicto colombiano", informó.

La Comisión, le rendirá un informe a la Plenaria de la Cámara de Representantes sobre los resultados de estas Mesas de Trabajo adelantadas en Europa entre el 12 y el 25 de mayo.

Gran acogida y participación han tenido las Mesas de Paz que se adelantan en diferentes ciudades de Europa.

En Berlín, Alemania, se abrió el ciclo de las Mesas Regionales de Paz en Europa, en la que una delegación de Congresistas, miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República de Colombia, entre ellos, la Representante de MIRA, Gloria Stella Díaz, se reúnen con los connacionales que residen en Europa.

Dicho encuentro tiene como objetivo  promover la participación activa y propositiva de la población colombiana emigrante y exiliada en el proceso de paz que, actualmente, el Gobierno Colombiano adelanta con la guerrilla de las FARC y que tiene como principal escenario de negociación la ciudad de La Habana, en Cuba. Estas reuniones se extienden hasta ciudades como Londres, Bruselas, Paris y Barcelona.

Para la Comisión de Paz y para las organizaciones que patrocinan estas mesas de trabajo, es importante que los colombianos en el exterior que son víctimas de diversos fenómenos de violencia, sean incluidos y tomados en cuenta en la construcción del actual proceso de paz que se adelanta. De otro lado, se quiere generar el intercambio de ideas y conocimiento, así como el adquirir experiencias internacionales que aporten a este proceso de Paz.

La Representante Díaz, hizo un llamado a los compatriotas, a no dejar pasar este momento histórico que puede llegar a concluir con la finalización de un conflicto que ha conllevado a más de 50 años de guerra y que ha arrojado un saldo de seis millones de víctimas.  “Este es un proceso que se debe llevar día a día y que lo que demuestra es que la vía armada no lleva a la paz”.

“Colombia ya cuenta con una herramienta para prevenir el cáncer de cuello uterino, gracias a una ley recientemente sancionada”. Así lo expresó la Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, al explicar que con la Ley 1626 de 2013, se garantiza de forma permanente la gratuidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.

“Las beneficiarias directas serán las niñas entre cuarto grado de primaria y séptimo de bachillerato, quienes serán vacunadas con el fin de que se disminuyan los índices de muerte por el cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de mortalidad femenina en el país”, señaló la Representante Díaz, ponente de la iniciativa.

Las cifras son alarmantes, ya que según la Liga Colombiana contra el Cáncer, seis mujeres mueren a diario en el país por este tipo de cáncer. Teniendo en cuenta el crecimiento del Dane y con proyecciones basadas en Globocan 2008, se calcula para el 2013, un total 5.495 casos esperados y 2553 muertes.

La Ley contempla además, el desarrollo de campañas de educación y comunicación masiva, de tal forma que se puedan minimizar las consecuencias para la salud de las mujeres y deberá ser aplicada de acuerdo al grado de escolaridad.

“Este es un avance significativo, toda vez que ya no dependerá de la voluntad de un gobierno, sino que es una ley de obligatorio cumplimiento”, puntualizó.

La Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, lamentó que el Sistema de Salud siga causando víctimas como es el caso de la niña Paula Sofía Lesmes de tan sólo 9 meses, que el pasado martes murió en Bogotá sin que Solsalud autorizara su cirugía. Ayer en Medellín, le correspondió a Alejandro, quien murió por presunta negligencia de Saludcoop.

“Frente a estos casos que son indignos e inhumanos, he reclamado explicaciones, ya que es una vergüenza, que después de 4 meses de aprobada la Ley de Cuentas Maestras  donde se liberaron cerca de 2,5 billones de pesos, el Gobierno no haya aún reglamentado algunos artículos que permiten el giro directo de recursos a los hospitales, quienes son en últimas, los que tienen que atender a los pacientes”, advirtió la Representante.

Por esta causa, la Representante Díaz, solicitó a la Plenaria de la Cámara, citar de manera expedita al Ministerio de Salud, para que explique por qué todavía no han reglamentado el artículo 10 de ésta Ley, que ordena el giro directo a los hospitales, del 80% de los recursos que reciben las EPS que están intervenidas o en liquidación.

Seguimos en el mismo círculo vicioso: Las EPS siguen recibiendo recursos, las deudas con los hospitales siguen creciendo, no se reglamentan las leyes y el Gobierno les quiere dar un salvamento a las EPS con el proyecto de Reforma, mientras tanto, no hay quien responda por la muerte de estos pequeños.

“Es hora de tomar decisiones sobre las EPS que actúan con negligencia en detrimento del derecho a la salud y a la vida. Las investigaciones de estos casos  que se asuman no deben quedar sólo en multas, sino que deben haber sanciones penales para que sea una medida ejemplarizante”, puntualizó la Congresista.

Durante el debate de control político al ICBF la Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, denunció que la entidad está interpretando a su acomodo el artículo 36 de la Reforma Tributaria, por el manejo que se le está dando al programa de Hogares Comunitarios y Sustitutos.  

Según el artículo, “durante el transcurso del 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente”, sin embargo, para el caso de las madres sustitutas, el ICBF afirmó durante el debate, que sólo podrá pagarles dicha bonificación a partir de julio de 2013 y dependiendo del número de menores a su cargo en cada hogar, medida que desconoce lo dispuesto en la ley.

Otro aspecto que causó inquietud es que sean los operadores privados, quienes finalmente vayan a determinar la forma de vinculación y contratación de las Madres Comunitarias.

Adicionalmente durante el debate de control político citado por la Representante, se afirmó que hay un manejo irregular en la calidad y cantidad de los alimentos e implementos para los hogares. 

Como si fuera poco, a través de distintas leyes se han logrado beneficios como los subsidios de vivienda, las tarifas de estrato uno para todos los servicios públicos domiciliarios, pero a la hora de acceder encuentran trabas administrativas y la total desprotección del ICBF.

“Existen casos de madres comunitarias con más de 60 años de edad, más de 20 años de servicio, a las cuales les cierran el hogar de manera arbitraria, les niegan beneficios a los que tienen derecho, lo que las deja desamparadas en su vejez”, afirmó Díaz.

Por todo esto, la Congresista solicitó a los entes de control que, realicen un seguimiento exhaustivo a los operadores que administran los hogares comunitarios y se tomen las medidas administrativas, fiscales y disciplinarias para sancionar a funcionarios que no estén haciendo bien la tarea. “El ICBF no puede seguir actuando a su voluntad desconociendo la ley”.

El próximo jueves 18 de abril, a las 9 am, en el recinto de la Comisión Sexta de Cámara de Representantes, el Director del ICBF, Diego Molano, deberá rendir cuentas, como quiera que hay varias denuncias e irregularidades presentadas por Madres Comunitarias y Sustitutas.

Este debate fue citado por la Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, y asistirán tanto Senadoras de la República como Representantes a la Cámara, miembros de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, señaló que las denuncias que ha venido haciendo frente a la iniciativa gubernamental de Reforma a la Salud, están ratificadas por la Contraloría General de la Nación.

Según concepto de la Contraloría, de aprobarse un artículo en la Reforma, se verían afectados cerca de 662 procesos de responsabilidad fiscal, que superan los 3.5 billones de pesos en virtud de este articulito que propuso el Gobierno, y que supuestamente es un “error de redacción”. Se caerían también cerca de 43 procesos penales y 104 disciplinarios.

“Nos parece perverso, que con este proyecto de ley ordinaria, presentado por el Gobierno, se dé un salvamento a las EPS, se transformen los recursos, de públicos a privados, en consecuencia pierde competencia la Contraloría para hacer seguimiento de los recursos y para sancionar. También se pueden caer los procesos en contra de exfuncionarios de EPS, y pueden nuevamente los socios, hacer parte de las empresas gestoras”. 

Estas denuncias las reiteró en el marco de la Audiencia Pública “Pacientes con cáncer, una voz que debe ser escuchada en la construcción del Sistema de Salud”, organizada con la Fundación Simmon.

Dentro de las conclusiones dadas durante la Audiencia Pública, se evidenció la preocupación de los pacientes con cáncer, pues ellos temen que con esta norma que se va a discutir en el Congreso,  puedan perder todos los derechos adquiridos que han logrado vía tutela y reclaman al Gobierno, la reglamentación urgente de la Ley 1384 de 2010 ó Ley Sandra Ceballos.

“Los actores del Sistema de Salud reclaman al Congreso, garantías para que la discusión de la Reforma a la salud sea abierta, pública, y participativa, con la presencia de todos los colombianos”, afirmó la Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

Las propuestas de todos los actores del Sistema, pacientes y profesionales de la salud, entre otros, no pueden quedar en letra muerta, éstas deben ser retomadas y valoradas por el Congreso, para ser incluidas en el texto de la Reforma. “Lo que se vote y apruebe en el Congreso debe ser conocido, socializado y refrendado por todos los colombianos”, señaló Díaz.

La Representante de MIRA extendió la invitación, para que en todas las audiencias, foros y actos que se hagan con este propósito, se invite a todos los parlamentarios de los partidos políticos que tienen asiento en el Congreso de la República.

Lo que los colombianos llaman "mico", el Gobierno lo llama "error”. Así lo expresó la Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, al conocer las declaraciones del Ministro de Salud, quien reconoció que se cometió un “PEQUEÑO ERROR” con un articulito, que de haber pasado, nada más y nada menos, privatizaría los recursos de la salud, afirmó la Representante.

Con este “PEQUEÑO ERROR” que el Gobierno admite, se abriría la puerta para la impunidad, quedando sin piso jurídico los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal que se vienen adelantando frente al uso indebido y malversación que se hizo de los recursos de la salud por parte de las EPS.

Por citar solo un ejemplo, Saludcoop, quien tiene una investigación por desviar presuntamente 1.7 billones de pesos, pero que con el articulito, como está propuesto, no podría ser sancionada.

"Con esto queda demostrado, que con el proyecto radicado por el Gobierno Nacional, una cosa es lo que se dice y otra la que está escrito, como quiera que hay otros temas que aún queda por verse si son “micos” o “errores de redacción”, finalizó la Representante Díaz.

La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, celebró que la Plenaria de la Cámara aprobara el informe de conciliación del proyecto de ley que garantiza de forma permanente la gratuidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, de la cual fue ponente.

La Congresista explicó que se espera la sanción presidencial de esta iniciativa que beneficiará a las niñas entre cuarto grado de primaria y séptimo de bachillerato, y que contribuirá con la disminución del cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de muerte entre las colombianas.

Este proyecto de ley incluye además, la adopción de medidas que permitan la prevención, como campañas de educación y comunicación masiva, y así, minimizar las consecuencias para la salud de las mujeres.

“Una vez sea ley de la República, la vacuna deberá ser aplicada de acuerdo al grado de escolaridad, no como una facultad del Gobierno, sino como una obligación el Estado, para prevenir que se sigan aumentando los casos de cáncer de cuello uterino que afecta a cerca de siete mil mujeres al año en nuestro país”, concluyó la Representante Díaz Ortiz.

Las víctimas de los accidentes de tránsito y los conductores podrán tener su defensor, así lo estipula un proyecto de ley, de autoría del Senador Carlos Alberto Baena y la Representante Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, que fue aprobado en primer debate, en la Comisión Sexta de Senado.

La Representante Díaz explicó que el defensor de las víctimas se ocupará de informar, asesorar, y representar ante el organismo de tránsito, a las personas que sientan vulnerados sus derechos en temas de movilidad.

“Muchos afectados de siniestros viales carecen de recursos para pagar un abogado que los asesore, es así como los estudiantes de último grado de derecho y recién egresados podrán cumplir esta labor, según la iniciativa”, afirmó la Representante.

Conocido el articulado de la Reforma a la Salud, La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, alertó sobre la creación de un fondo de salvamento para el sector salud, que pagaría las deudas de las EPS con los hospitales y las clínicas.

“Es injusto, que les vayan a premiar la ineficiencia, la corrupción y la desviación de los recursos, y que con esta Reforma se pretenda hacer un borrón y cuenta nueva, permitiendo que sigan funcionando con otra máscara dentro del Sistema”, advirtió la Representante.

“No es posible que papá gobierno busque los recursos para pagar las deudas que las EPS recibieron y no pagaron”, puntualizó Gloria Stella Díaz, al tiempo que reclamó de la Contraloría y de la Fiscalía, le expliquen a los colombianos en qué andan todos esos procesos fiscales, disciplinarios y de responsabilidad penal, impuestos por la malversación de los recursos de la salud, y quién va a responder por lo que se ha perdido.

Según la misma Contraloría General de la Nación, un total de 1.7 billones fueron desviados por Saludcoop y cursa una investigación contra Caprecom, por utilizar indebidamente cerca de 1.1 billones de pesos. Hay también procesos abiertos de responsabilidad fiscal por 386 mil millones de pesos.

Es inconcebible que se desampare a 170.000 pacientes en el Valle del Cauca, por culpa de la deuda de la EPS Caprecom con las IPS de esta región, muy a pesar del salvavidas que el Gobierno Nacional prometió a través de la Ley de Cuentas Maestras, denunció la Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA.

Aunque se liberaron 2.5 billones de pesos para el Régimen Subsidiado, el Gobierno Nacional, ni efectúa completamente los giros directos permitidos por la Ley 1438 de 2011, ni acelera la reglamentación y la ejecución de la Ley de Cuentas Maestras, lo que daría un alivio para los hospitales y las clínicas.

“Entonces para qué aprueba el Congreso estas leyes con tanta urgencia, si después de 3 meses la crisis sigue igual o peor”, cuestionó la Representante.

Tan sólo con el Hospital Universitario del Valle, la deuda asciende a más de 23 mil millones de pesos y ya anunciaron la suspensión de servicios, lo cual genera un colapso del sistema en este departamento.  

 “No es posible que Caprecom, siendo la EPS más grande del País en el Régimen Subsidiado y que tiene más de 3 millones de afiliados, siga incumpliendo sus deudas con los hospitales, ya que quienes siguen pagando los platos rotos son los usuarios”, puntualizó la Representante, al tiempo que le exigió al Gobierno, incluir en la Reforma a la Salud, una solución definitiva a la problemática de Caprecom, teniendo en cuenta que esta EPS le adeuda más de 700 mil millones de pesos al Sistema.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y teniendo en cuenta que el capítulo que sigue en la agenda del proceso de paz, es el tema de las víctimas del conflicto armado, la Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento MIRA y miembro de la Comisión de Paz, exigió al Presidente Juan Manuel Santos, para que honre su palabra, permitiendo la participación de las mujeres en la mesa de diálogo.

Mediante carta enviada al mandatario, la Congresista le pidió que antes de pensar en la participación del Congreso de la República en estas mesas, se debe cumplir el compromiso adqurido por él, durante el lanzamiento de los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género, realizado en septiembre del año pasado.

“Este sería el mejor homenaje que se les puede hacer en este día. Es necesario que éstas mujeres que han sufrido los embates del conflicto, puedan directamente interactuar con los victimarios”.

Colombia tiene cerca de cinco millones de víctimas del conflicto, de las cuales, más de la mitad son mujeres. De estas 5 millones de personas, el 80% fueron desplazadas, el 12% familiares de asesinados en masacres y el 6% de desaparecidos.

La Representante Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacó como preocupante el incremento de la violencia intrafamiliar contra la mujer y que se hayan duplicado los casos de ataques con ácido en Colombia.

Según Medicina Legal, en 2012 se presentaron 56.055 casos de violencia intrafamiliar, 12 mil casos más con relación al 2011. Bogotá es la ciudad que más altas cifras de violencia intrafamiliar contra la mujer reporta, con 12.019 casos en el año pasado. Le sigue Medellín con 3.968 casos registrados.

La violencia intrafamiliar contra la Mujer se origina mayoritariamente por el compañero permanente, con 19.706 casos reportados. Sin embargo, muchos agresores también son excompañeros sentimentales, esposos, hermanos, padres, novios, cuñados, hijos, etc.

La Representante Díaz afirmó: “existe la Ley 1257 desde 2008 que pretende prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, pero hasta ahora el Gobierno Nacional no ha podido implementarla de manera integral, las autoridades de policía y judiciales no la conocen y por lo tanto no la aplican, y las mismas mujeres no saben qué hacer”.

“Se deben emprender acciones concretas, especialmente cuando se sabe que la violencia contra la mujer se presenta mayoritariamente en las mismas viviendas con 39.662 casos en 2012, seguido por lugares como calles, carreteras y vías públicas”, afirmó.

Otra cifra alarmante es la de delitos sexuales, ya que el año pasado Medicina Legal realizó 16.110 exámenes médicos por presunto delito sexual.

Finalmente, subrayó que de los casos de violencia contra la mujer más preocupantes son los llamados ataques con ácidos, que se duplicaron en el último año, se pasó de 40 mujeres agredidas en 2011 a 81 en 2012. “Es por esto que pedimos a los demás congresistas, acelerar la aprobación de Ley que incrementa las penas para quienes se atreven a agredir con este tipo de sustancias”.

La Representante a la Cámara, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, como miembro de la Comisión de Paz, le solicitó al Presidente de la Cámara, Dr. Augusto Posada, convoque a una reunión extraordinaria al pleno de esta Comisión en el Congreso, para exigirle a los Representantes, den explicaciones del porqué, de manera inconsulta, algunos viajaron a la Habana, Cuba para reunirse con las FARC.

Al mismo tiempo, la Congresista pidió que se haga un replanteamiento de las Copresidencias que actualmente están al frente de la Comisión de Paz en la Cámara de Representantes.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, como miembro de la Comisión de Paz, manifestó que los Congresistas que están en La Habana, no son voceros, ni representan el pleno de esta Comisión, es más, hay algunos que viajaron, pero que no hacen parte de ella. “No es más que una mesa por debajo de la Mesa de Negociación”.

“Este es un viaje sorpresivo e inconsulto, además que no es clara la agenda que van a desarrollar en ese país. Es inconcebible que el Gobierno Nacional no haya tenido en cuenta la participación de por lo menos, un representante de todos los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso”.

La congresista cuestionó que si este viaje se da para hablar sobre la participación política de las FARC, este concepto se desvirtúa, por la afirmación de Rodrigo Granda, que “no tienen tal aspiración”.

Por el contrario, si se va a discutir sobre el papel de las víctimas del conflicto armado en la negociación, primero, debe el Gobierno honrar su palabra, permitiendo la participación de las mujeres en la mesa, como ya lo había prometido, toda vez que son ellas las principales víctimas.

Frente a esto, la Representante Gloria Stella Díaz, como miembro de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, mediante comunicación dirigida al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, solicitó que se cumpla lo anunciado por él sobre la participación de las mujeres, no sólo en la mesa de diálogo, sino en los acuerdos a que se lleguen.

En el marco de la Conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras – FECOER-, presentará oficialmente ante la Opinión Púbica, a los 10 Embajadores que llevarán su causa.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA ha sido nombrada una de éstas embajadoras, por su trabajo y defensa de las víctimas del Sistema de Salud.

El acto público se realizará mañana jueves 28 de febrero a las 6.00 p.m. en Maloka.

La Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA, hizo una invitación a todos los colombianos para que asistan a las exequias del actual modelo de salud, tras el anuncio del Gobierno Nacional de presentar una reforma.

“A estas exequias asistirán, entre otros, los familiares de las víctimas del sistema de Salud, pacientes, profesionales y  trabajadores de la salud, esperamos que esto no se trate de enterrar a un cataléptico y que después nos reviva”.

Díaz manifestó que aunque tarde, por fin el Gobierno está reconociendo la urgente sepultura de un modelo en estado terminal, pero afirmó que hay que mirar la minucia. “Nos preocupa que ya se esté hablando de un periodo de transición de más de dos años. Y que este muerto que debería haberse enterrado hace mucho tiempo, ya empezó a descomponerse.

Llamó la atención para que se apliquen sanciones ejemplarizantes a los causantes de que el Sistema haya entrado en crisis. “No es justo que aquellos que tienen un prontuario de malos manejos y desatención, sigan en el escenario”. Además “no está claro si este muerto deja o no testamento y quiénes van a ser los herederos de las deudas”.

Concluyó la Representante, afirmando que espera que el anuncio de esta reforma no sea un juego electoral, porque está de por medio la vida y el derecho a la salud de los colombianos.