Debate de control político de seguimiento a la Ley 1788 de 2016 -prima a las trabajadoras domésticas

Bogotá, octubre 4 de 2017

 

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo, denunció hoy en debate de control político de seguimiento a la Ley 1788 de 2016 -prima a las trabajadoras domésticas - que el Ministerio de Trabajo, no presenta avances significativos en la puesta en marcha de la ley, no existe una estrategia real de formalización laboral, tampoco campañas de difusión y cambio cultural requeridas por la norma y que apuntan a dignificar la condición laboral y a proteger derechos de las trabajadoras domésticas.

 

“Es evidente la falta de voluntad política del Ministerio de Trabajo que no avanzó siquiera en la puesta en marcha de la mesa de seguimiento a la ley y que según ha indicado el propio Ministerio sólo ha sesionado una vez en todo el año. Es infame sabiendo que el sector del trabajo doméstico es de mujeres afro, desplazadas y campesinas en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza”, dijo la representante Robledo.

 

Cifras del Ministerio de Trabajo indican que, durante la vigencia de la Ley, el pago de prima pasó del 15,2% al 25,5%, es decir, que sólo se aumentó 11 puntos porcentuales en un año.

 

En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo -con estimaciones a partir de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE- entre abril de 2016 y marzo de 2017, aproximadamente 680 mil personas se encontraban ocupadas en servicio doméstico remunerado. De éstas, el 94.6% corresponde a mujeres, y el 5.2% a hombres.

 

“Ha sido una Ley sin impacto, sin medidas para su cumplimiento, sin difusión y sin pedagogía. Del total de trabajadoras sólo 3,8% perciben prima de servicios, datos que no son en realidad verificables”, denunció María Roa de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD).

 

Adicional a lo anterior, persiste baja afiliación al sistema integral de seguridad social en el régimen contributivo - 103.814 personas en promedio entre enero y febrero de 2017-, dificultades para acceder a la información sobre afiliaciones y un pobre cubrimiento del Subsidio Familiar. De acuerdo con Roa sólo 108.864 trabajadoras del servicio doméstico se encontraban afiliadas a mayo de 2017.

 

La congresista Robledo se unió a la voz de las trabajadoras domésticas para solicitar a los ministerios de Trabajo y Salud asumir el cumplimiento de la ley y tomar las medidas del caso para promover una cultura de cumplimiento y de respeto por los derechos laborales de las empleadas domésticas, así como poner a funcionar los mecanismos que previó la Ley para hacer vigilancia, control y pedagogía.

 

Al debate que contó con el apoyo de (UTRASD), la Coordinación Intersindical de Trabajadoras Domésticas, la Escuela Nacional Sindical (ENS), la Fundación Bien Humano, la Mesa de Economía del Cuidado y Fescol, asistieron el Ministros de Trabajo, Fredys Socarrás y la Viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila.

 

Aquí debate: Hacia la garantía de los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos

<http://www.angelarobledo.com/presentacion-debate-control-politico-a-ley-prima-trabajo-domestico-4-de-octubre-de-2017/>

 

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Colombia segundo país del mundo en asesinatos a defensores de derechos ambientales

Bogotá, agosto 25 de 2017

Así lo denunciaron desde el Congreso de la República los representantes a
la Cámara Ángela María Robledo (Partido Alianza Verde) y Alirio Uribe
Muñoz (Polo Democrático Alternativo) durante la audiencia pública “Rol
de Colombia en la negociación del acuerdo regional sobre derecho a la
información, participación y justicia ambiental” - Principio 10
Declaración de Río-, citada por los congresistas en coordinación con el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CENSAT Agua Viva, Universidad
de Medellín - Clínica Jurídica de Interés Público y CELEAM.

Según los legisladores la cifra corresponde al informe de Global Witness
(2017) que incluye a Colombia como el segundo país más peligroso en el
mundo para el ejercicio de la defensa de derechos ambientales. La cifra es
preocupante frente a la cada vez mayor conflictividad que se presenta en
los territorios por la defensa del ambiente y contra la exploración y
explotación de recursos minero energéticos en contra de la vida, la salud
y el ambiente de las comunidades.

108 líderes y activistas de todo el mundo suscribieron en 1992 la
Declaración de Rio con el fin de establecer una alianza mundial a favor
del desarrollo sostenible y promover los derechos de acceso a la
información, participación y justicia en asuntos ambientales. En el 2012,
países de Latinoamérica y el Caribe firmaron la Declaración de la
Aplicación del Principio 10, como compromiso para negociar un Acuerdo
Regional vinculante que establecerá las normas mínimas para garantizar el
derecho de acceso a la información, a la participación y el acceso a la
justicia, todos en materia ambiental.

Actualmente 24 países se han sumado a la negociación de este acuerdo con
el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

De acuerdo con la representante Ángela María Robledo: “El Estado
colombiano ha demostrado su falta de interés en garantizar un pleno
ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y
la justicia en materia ambiental. Tenemos que estar vigilantes de lo pasa
con la extracción en los territorios en proceso de pos acuerdo. Aquí
tenemos que hacer reformas en minga desde abajo, por la izquierda y con la
tierra”, aseguró.

Por su parte el representante Alirio Uribe afirmó que: “El gobierno
colombiano ha evadido sistemáticamente estos compromisos y se ha empeñado
en introducir al texto lenguaje regresivo que margina al Estado de su rol
de garante, a la vez que condiciona la realización de derechos humanos a
la existencia de recursos económicos”.

Durante la audiencia se llamó la atención en la necesidad de incorporar
el reconocimiento a la legitimidad de la labor de los defensores y
defensoras del ambiente y el territorio, la prevención de agresiones en su
contra, la investigación, judicialización y sanción de las violaciones
que contra ellos se cometan y las garantías necesarias para el desarrollo
de su labor incluyendo el acceso a la información y la participación.

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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“Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015”

La campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra,
liderada por Oxfam en asocio con la Asociación Mujeres y Madres Abriendo
Caminos - AMMAC, la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales,
la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción - FUNSAREP, el
Centro de Promoción y Cultura - CPC, el Centro Regional de Derechos
Humanos y Justicia de Genero -Humanas Colombia, el Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, la Coalición Contra la Vinculación de Niños,
Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia-COALICO, la Corporación
Casa de la Mujer, la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, la Corporación
Vamos Mujer, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Ruta Pacífica de
las Mujeres y la Representante a la Cámara Angela María Robledo, se
permiten invitar a una Rueda de Prensa para la presentación de los
resultados de la “Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las
mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2016”, que se
llevará a cabo el próximo jueves 17 de agosto, en la Sala de Medios del
Congreso, Capitolio Nacional.

La encuesta sobre violencia sexual contra las mujeres es una herramienta
que permite visibilizar los factores de amenaza y condiciones de
vulnerabilidad que han tenido las mujeres en este contexto durante los
últimos seis años. Así mismo, contribuye a tener mayor información
sobre la violencia sexual, dar visibilidad a la ocurrencia de este crimen,
y la persistencia del mismo, pese a las denuncias hechas por las mujeres y
sus organizaciones.

La encuesta se realizó desde una perspectiva cuantitativa, para dar cuenta
de la magnitud de este tipo de violencia, sus dinámicas, de las víctimas
y de los autores de la violencia sexual en el contexto del conflicto
armado. Se realizó a mujeres entre los 15 y 44 años, en un conjunto de
municipios con confrontaciones entre la fuerza pública, las guerrillas y
las bandas criminales y/o paramilitares.

En el período de estudio, 875.437 mujeres, fueron víctimas directas de
algún tipo de violencia sexual. Por esto se puede inferir que “la
violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco
del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada
de conformidad con el derecho internacional”.

La medición consideró la violencia sexual en sus múltiples expresiones,
y no solamente como violación o acoso sexual. Para la encuesta se amplió
el espectro de las violencias y se incluyeron algunas tipificadas por el
código penal colombiano y otras que no lo están, como la regulación de
la vida social.

Los resultados, así como las recomendaciones serán presentados por el
grupo de investigación, encabezados por Olga Amparo Sánchez,
Investigadora y Directora de la Casa de la Mujer, Aida Pesquera, Directora
País de Oxfam en Colombia y con los comentarios de Ángela Maria Robledo,
Representante a la Cámara.

RUEDA DE PRENSA

“Encuesta de Prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en
el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015”

HORA: 10:30 AM

LUGAR: SALA DE MEDIOS, SENADO, CAPITOLIO NACIONAL

Quienes requieran ingreso al Congreso deberán solicitarlo al jefe de
prensa de Cámara Diego Fernando Monroy Celular: 3166906787 o con Martha
Avila al 3168541811
 

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Decisión de MinAmbiente habría favorecido constructora del Secretario de Planeación de Bogotá

Bogotá, agosto 3 de 2017

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz
Ángela María Robledo señaló hoy en la Audiencia Pública Bogotá y sus
Cerros Orientales, Un pacto para la defensa de los cerros y la vida, que
una decisión del Ministerio del Medio Ambiente del 23 de abril de 2010,
cuando era Ministro Carlos Costa, habría favorecido a la constructora
Contexto Urbano de la que hizo parte Andrés Ortiz, actual Secretario de
Planeación de Bogotá, como fundador y gerente.

“La decisión consistió en que predios ubicados en los cerros orientales
de Bogotá que estaban protegidos por su ubicación y valor ambiental,
fueron habilitados para urbanizarse y en donde la constructora Contexto
Urbano, vinculada con Ortiz, diseñó y promovió la Urbanización Cerros
de los Alpes en donde, al parecer, incluso vive actualmente el Secretario
Ortiz”, dijo Ángela María Robledo.

Robledo solicitó que el Ministerio de Ambiente investigue y explique las
razones y motivaciones por las cuales se produjo esta decisión en
detrimento del ambiente en Bogotá y a favor de la Constructora. (Ver
oficio del Ministerio de Ambiente)
<https://es.scribd.com/document/355457631/Oficio-Ministerio-de-Ambiente-sobre-cerros-orientales>

La audiencia que contó con la asistencia de unas 400 personas fue
convocada por los congresistas Ángela María Robledo, Angélica Lozano,
Alirio Uribe e Ivan Cepeda, y tuvo la participación de la Mesa de Cerros
Orientales, Amigos de la Montaña, la Veeduría Ciudadana y la Fundación
Cerros de Bogotá y la asistencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo;
el Director de la CAR, Néstor Franco y el Magistrado César Palomino,
entre otros.

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Sobre la ley del actor

Por: Angela Robledo | Representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde

 

Tras un proceso de cuatro años con distintas organizaciones de actores
interesados en mejorar sus condiciones laborales, se hunde el proyecto de
ley No. 284 de 2017- Cámara, 163 de 2016 SENADO, “Por medio de la cual
se expide la ley del actor para garantizar los derechos laborales,
culturales y de autor de los actores y actrices en Colombia”.

De acuerdo con la representante Ángela María Robledo, una de las autoras
y ponente de la iniciativa en la Comisión VII de la Cámara: “El
proyecto se radicó el 20 de abril de 2016 en el Senado y pasó a la
Cámara apenas este mes de junio (2017), es decir, que estuvo más de un
año (14 meses para ser exactos) en Senado”, dijo la congresista.

El Proyecto que contaba con el apoyo de todos los partidos fue radicado a
finales de mayo en la Comisión VII de la Cámara, fue aprobado, con
ponencia positiva de la representante Ángela María Robledo, este
miércoles por unanimidad, sin embargo, no alcanza a surtir el trámite en
la Cámara ya que las sesiones ordinarias terminan este 20 de junio.

“Este ha sido un proyecto ampliamente discutido en todos los escenarios
posibles, esperamos que Colombia apruebe la convención de Beijing que
está en trámite desde 2014 donde se les reconoce a los actores
condiciones de trabajo digno y garantías laborales decentes como las que
pretende este proyecto de ley. Trabajaremos para que vuelva a reiniciar el
trámite en la próxima legislatura y pueda sobreponerse a intereses de
algunas productoras y programadoras”, aseguró Robledo.

Por su parte los actores y actrices de la Asociación Colombiana de Actores
(ACA) que han estado al frente del trámite en el Congreso se mostraron
optimistas del trámite que viene y aseguraron que están acostumbrados a
repetir y repetir los libretos para que todas las obras que emprenden
queden lo mejor posible. Por tanto, insistirán en presentar el proyecto en
la próxima legislatura que arranca el 20 de julio y defender sus derechos
fundamentales.

En el mundo más de 15 países ha aprobado leyes para reconocer los
derechos de actores y actrices que según la OIT son trabajadores
atípicos, laboran en condiciones de esclavitud, con horarios infames y
sufren altas tasas de desempleo.

Termina el tercer acto la obra continúa…
 

PRENSA ANGELA MARÍA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Estado no está preparado para brindar garantías de protección a líderes sociales

BOGOTÁ, 4 DE ABRIL DE 2017

 

El próximo miércoles 5 de octubre se llevará a cabo un debate de control político contra el Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, sobre los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de grupos armados sucesores de los paramilitares y la obligación del Estado de proteger, investigar y sancionar a los responsables.

 

Al debate citado por los congresistas Alirio Uribe Muñoz, Ángela María Robledo e Iván Cepeda, en virtud del incremento desmedido de asesinatos de líderes sociales, en el marco de la implementación del acuerdo de paz y posterior firma, están convocados además el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el Director de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto, Defensor del Pueblo, Carlos Negret, Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la Alta Consejera presidencial para los derechos humanos, Paula Gaviria y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Todd Howland, entre otros.

 

Así mismo asistirá Gustavo Gallón de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el coordinador de derechos humanos del Pueblo indígena Wiwa, Pedro Loperena, de la Mesa de Interlocución Agraria del Catatumbo, Olga Quintero, del Comité Ambiental de Cajamarca, Alejandro García y de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Teófilo Acuña. Para el Representante Alirio Uribe Muñoz, “Estos asesinatos de líderes sociales y defensores, demuestra que el Estado colombiano no está preparado para brindar garantías reales de protección no sólo a los líderes, como tampoco a quienes se desmovilizarán y empezarán a defender sus ideas políticas sin armas”.

 

De acuerdo con la congresista Ángela María Robledo, le corresponde al Fiscal General de la Nación investigar a profundidad estos crímenes de lesa humanidad que en los últimos 14 meses han cobrado la vida de 14 mujeres lideresas que cumplen roles muy importantes en sus comunidades y que tienen en común ser defensoras de derechos humanos, estar en territorios donde ha habido violencia y estar involucradas en la defensa de la tierra. “Hemos insistido en que se cumplan las disposiciones del Auto 098 de 2013 que ratifica que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan de forma constante el riesgo de ser objeto de abusos, agresiones, esclavitud sexual, trata de personas, reclutamiento y asesinatos, y pedimos al Gobierno Nacional y a los organismos de control que se cumpla con el plan de protección a las Mujeres y a la Fiscalía General de la Nación que presente avances en las investigaciones”, aseguró Robledo.

 

Finalmente, el Senador Iván Cepeda manifestó su preocupación ya que "Desde hace varios meses vienen ocurriendo una serie de agresiones de suma gravedad en las cuales han perdido la vida decenas de líderes sociales en todo el país. Es imperativo que el Gobierno Nacional adopte medidas y acciones urgentes, tendientes a garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos, en particular, de las personas, comunidades y organizaciones que le apuestan a una paz estable y duradera, con plenas garantías para tan legítimo ejercicio democrático".

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Ángela Robledo pide investigar millonarios contratos de asesoría del Alcalde Peñalosa

Bogotá, febrero 2 de 2017 La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela María Robledo pidió a la Contraloría Distrital indagar sobre el objeto y cumplimiento de 38 contratos de prestación de servicios de asesoría suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP cuyo monto total asciende a $ 5.469.911.983 durante la vigencia de 2016. Ver comunicación aquí

De igual manera la congresista Robledo solicitó revisar la
contratación de trece (13) asesores del despacho del Alcalde de
Bogotá, Enrique Peñalosa por un monto de $ 2.068.087.421, en 2016.

En la solicitud de vigilancia fiscal radicada por la parlamentaria al contralor distrital Juan Carlos Granados, se argumenta que: “De acuerdo con la información entregada sobre el monto del contrato y la duración o vigencia del mismo, se pueden identificar de acuerdo con la forma de pago, honorarios mensuales que oscilan entre 29 y 31 millones de pesos. Este es el caso de los contratos de Andrés de Jesús Escobar Uribe, Oscar Edmundo Díaz Molina, Luz María del Socorro Sierra Lopera, y Jean Philippe Pening Gaviria”.
 
 
Según Robledo los montos mensuales que perciben algunos de estos asesores contraviene lo dispuesto en el Decreto 2785 de 2011 que establece como límite la remuneración mensual percibida por el jefe de la entidad, de acuerdo al Artículo 4° así: “Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.
 

La parlamentaria dijo que resulta un despropósito por ejemplo el contrato de Andrés Escobar que cuenta entre sus obligaciones específicas: 1. Coordinar los estudios que sean necesarios en el proceso de implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, 2. Asesorar al Despacho del Alcalde Mayor y a las entidades distritales relacionadas en los procesos técnicos, administrativos y legales dirigidos a la puesta en marcha de la Empresa Metro de Bogotá, 3. Llevar la vocería del Distrito ante las entidades nacionales relacionadas con la financiación del Metro de Bogotá, entre otras, relacionadas con el tema Metro que le generan a Escobar un ingreso mensual de alrededor de $ 30 millones de pesos mensuales (en total 305 millones de pesos en 2016) pero que los bogotanos aún no vemos por ninguna parte. (Pantallazo de las obligaciones de Andrés Escobar)
<http://listas.angelarobledo.com/lists/lt.php?id=ZUwADA0HVgZTHwIGBRkGVQdSAA%3D%3D>


Entre las pretensiones de la congresista Robledo esta la verificación en el monto de los contratos de prestación de servicios de los asesores de Peñalosa, los cuales no pueden superar el salario mensual del Alcalde, a no ser que tengan una excepcionalidad por especialización; la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de los mismos y de ser el caso, investigar las posibles irregularidades que allí se presentaren.

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Representante Ángela Robledo rechaza mentiras de la Directora del ICBF

 Bogotá, enero 27 de 2017

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de objetar el Proyecto de Ley “Por medio del cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
sus derechos laborales, se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones (…)” y que fue aprobado unanimamente por el Congreso de la República en diciembre pasado, así como las declaraciones entregadas por la Directora del ICBF, Cristina Plazas.



“No es verdad lo que asegura la Directora del ICBF, Cristina Plazas en el sentido de que las mujeres están vinculadas formalmente al Instituto y que gozan de todos los derechos laborales, en tanto que sus contratos dependen de terceros que era lo que la Corte Constitucional ordenó modificar vía la Sentencia T-480 de 2016 que reconoció y pidió al estado pagar a favor de las accionantes los salarios y prestaciones sociales causados, y dejados de percibir, en
razón a la labor de madre comunitaria que realizaron al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF. El Gobierno desacata el llamado de la Corte Constitucional que les reconoce su condición de contrato realidad de trabajadoras con derechos plenos”, aseguró Robledo.



“Tampoco es cierto que exista un programa especial de vivienda para ellas. Por lo menos no lo conozco, así como un plan de formación y promoción académica. Los pocos avances que tienen los han logrado ellas en contravía del ICBF como derechos y no como beneficios tal como señala Plazas”, dijo la congresista.



“Objetar esta ley que reconoce el trabajo de 134 mil madres comunitarias –no de 60 mil como dice Plazas- es objetar el trabajo digno y la labor de cuidado de las mujeres que atienden unos 800.000 menores de edad en todo el país, asumiendo la responsabilidad del ICBF, que les ha delegado esta tarea”, aseguró la congresista Ángela María Robledo quien fue coordinadora ponente del proyecto.

 

La congresista insistió en que esta Ley estaba sustentada en los artículos 10, 13, 14, y 143 del Código Sustantivo del Trabajo que reconoce que a iguales obligaciones, iguales derechos, así como en las leyes 1023 de 2006, 1187 de 2008, 1607 de 2012, que han incluido de manera progresiva el reconocimiento del salario mínimo legal mensual a las madres comunitarias, sustitutas y tutoras, y su formalización laboral.



“El ICBF apoyó el trámite del proyecto en audiencias públicas, así como los debates en las distintas comisiones y plenarias del Congreso. De igual manera firmó compromisos con los sindicatos de madres comunitarias y ahora se lava las manos diciendo que no hay presupuesto. Lamento profundamente esta decisión del Gobierno que no reconoce los derechos de las mujeres en Colombia y prefiere seguir tercerizando el trabajo de las madres comunitarias que se ocupan del cuidado de los niños por asuntos fiscales”, puntualizó Ángela Robledo.

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Eurodiputados y líderes políticos europeos presentes en el país con motivo de la firma del Acuerdo de paz

 

Rueda de prensa

Eurodiputados y líderes políticos europeos presentes en el país con motivo de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, ofrecerán una rueda de prensa para hablar sobre este Acuerdo y la urgencia de iniciar la fase pública de negociaciones con el Eln.
También darán su opinión frente a la decisión de la Unión Europea de retirar a las Farc de su lista de organizaciones terroristas.

 

Convocan:

Delegados europeos:
Miguel Urbán Crespo es un activista y político español, cofundador de Podemos y, desde el 5 de marzo de 2015, eurodiputado por esta formación.
Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma es una activista, profesora y abogada española, especialista en derecho penal y de la familia, diputada de la X Legislatura de la Asamblea de Madrid.

 

Congresistas colombianos: 
Ángela María Robledo, representante a la Cámara  y copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso.
Iván Cepeda, senador  y copresidente de la Comisión de Paz del Congreso.
Alirio Uribe, representante a la Cámara  y copresidente de la Comisión de Paz del Congreso.
Jorge Rojas, director de la campaña nacional “La paz Sí es contigo”.

 

Fecha: Jueves 29 de septiembre
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Sede de la Fundación Fescol,  Calle 71 No. 11-90                        

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Peñalosa no ha resuelto la crisis humanitaria del Bronx

 

La congresista de la Alianza Verde, Ángela María Robledo dijo que a los múltiples problemas sin resolver de Bogotá, Enrique Peñalosa le suma el de los habitantes de la calle, a quienes desplazó del Bronx el pasado 28 de mayo de 2016 en un espectacular operativo policial, en el que priorizó la seguridad, sin ningún contenido humanitario y de atención psicosocial. “No sabemos dónde están hoy en día los habitantes de la calle y cuál es su situación”, aseguró la parlamentaria.

 

Robledo documentó a través de derechos de petición, testimonios, informes periodísticos y datos, el recorrido realizado por un número indeterminado de personas (entre 200 y 500 habitantes de calle) que han sido “arriados, violentados y hostigados por la policía” a lo largo del caño de la Avenida Sexta en Bogotá, entre el 28 de mayo y el 17 de septiembre, y de quienes hoy en día nadie sabe de su paradero. ¿Dónde están los habitantes de calle que salieron del Bronx?, preguntó la congresista de la Alianza Verde a lo largo del debate de control político realizado este martes en la Comisión VII de la Cámara de Representantes. VER RECORRIDO

 

Pasados cuatro meses de la intervención en el sector del Bronx, la Administración Distrital aún no resuelve la contingencia humanitaria dejando a la deriva a la población habitante de calle en contravía a lo dispuesto en la Ley 1641 de 2013 que ordena garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. De igual manera, se desconocen las sentencias de la Corte Constitucional 881 de 2002 y 043 de 2015 que obligan al Estado a garantizar y restablecer de manera inmediata los derechos de estas personas que sufren una violación generalizada de sus derechos humanos y que son sujetos de especial protección.

 

De acuerdo con Ángela María Robledo, la Secretaría de Integración Social del Distrito (SDIS), “no diseñó ni planificó la intervención del sector denominado el Bronx”, asimismo se evidenció que “la capacidad instalada de la entidad fue sobrepasada por la realidad de los habitantes de calle. Mientras la SDIS cuenta con 1404 cupos en 8 centros de atención, la población estimada en el Bronx, de acuerdo con la Administración Distrital, era de 3.500 habitantes de calle”.

 

“La información allegada indica que la entidad encargada de esta población en Bogotá, tomó decisiones a partir de datos de la Policía, bajo la agenda de seguridad, y no contó con información propia de lecturas territoriales de la problemática como lo demanda la Ley 1641 de 2013 y el Proyecto de Inversión 1108 de Habitante de Calle del Plan de Desarrollo de la Administración actual”, aseguró Robledo.

 

“Me parece de la mayor gravedad que la Alcaldía afirme que allí había 700 menores de edad y que en los reportes anuncie que sólo entraron a protección 28 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 20 se evadieron, 5 están bajo medida de protección y 3 siguen en Idipron. ¿Dónde están los demás?”, interroga la congresista.

 

Robledo denunció que el Alcalde de Bogotá, priorizando su idea de ciudad limpia, desconoce que además del derecho a la vida y a la ciudad, los habitantes de calle por su debilidad manifiesta gozan de especial protección, lo cual implica la garantía de la dignidad humana, la atención integral a la salud y a participar de las decisiones que les competen.
La congresista propuso a la Comisión VII de la Cámara de Representantes, la creación de una comisión accidental de seguimiento y acompañamiento a la situación humanitaria de los habitantes de calle y pidió a la Procuraduría que investigue y de ser el caso sancione la responsabilidad disciplinaria por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de calle.

 

Ángela María Robledo, solicitó a la Defensoría del Pueblo evaluar la situación de riesgo de estas personas e implementar las acciones pertinentes para garantizar y proteger sus derechos. Así mismo demandó a la Fiscalía y a la Policía Nacional investigar el paradero de los habitantes de calle y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las 3.500 personas, que según el Subsecretario de Seguridad, de la Secretaría de Gobierno, Daniel Mejía, fueron retirados del Bronx, en la intervención realizada en el mes de mayo de 2016.

 

Al debate asistieron el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria; el Subsecretario de Integración social del Distrito, Richard Romero; el Subdirector de Seguridad Distrital, Jairo García; la Personera de Bogotá, Carmen Castañeda y como invitados participaron el padre franciscano Fray Gabriel Gutiérrez; el Director del Centro de Formación Parces, Sebastián Lanz y Alberto López de Mesa, ex habitante de calle.

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La Paz la mejor oportunidad para Colombia

 

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo expresó así su alegría tras conocerse el cierre de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc anunciado anoche desde La Habana (Cuba) y que viene desarrollándose desde hace cuatro años.

 

“Es una oportunidad histórica, un momento decisivo este anuncio que se hace desde La Habana, nos compromete como ciudadanos y ciudadanas para crear de verdad la mejor oportunidad para Colombia después de más de 50 años de guerra”, dijo la congresista con emoción.

 

Robledo aseguró que les corresponde ahora a los ciudadanos ayudar a sacar adelante este acuerdo logrado en La Habana para cerrar la guerra con las Farc, por medio de la refrendación que vendrá a través del plebiscito en el que los colombianos esperamos dar el sí.

 

“(…) La mejor oportunidad para que los jóvenes no tengan que tomar un fusil. La mejor oportunidad para que el presupuesto de la Nación pueda hacer realidad el Estado Social de Derecho: Educación, salud, cultura, vivienda para tantas y tantas familias. La mejor oportunidad para conocer una verdad que nos deben los guerreros; la mejor oportunidad para transitar hacia la reconciliación, para abrir espacios de pedir perdón, para que las víctimas otorguen ese perdón; la mejor oportunidad para poder vivir en un país distinto, en un país en paz”, afirmó Ángela María Robledo.

 

Se espera que el acuerdo final se anuncie esta misma noche a las 7 p.m. desde La Habana (Cuba), sede de los diálogos.

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Arranca en el Congreso discusión sobre paz territorial

Con la asistencia de líderes, organizaciones sociales, universidades,
alcaldes y gobernadores de algunas de las regiones que históricamente
han vivido con más intensidad el conflicto armado, se llevará a cabo
mañana viernes 12 de agosto a partir de las ocho de la mañana, la
Audiencia Pública Construcción Social y Territorial de la Paz en el
Congreso de la República.

La audiencia Construcción Social y Territorial de la Paz convocada
por los congresistas Ángela María Robledo, Alirio Uribe e Iván
Cepeda, en coordinación con la Corporación Enlace Clave, liderada
por Jorge Enrique Rojas, tiene como objetivo conocer a fondo las
problemáticas frente a la implementación de los acuerdos alcanzados
en la Mesa de Diálogo de La Habana, así como las alternativas y
retos que deberán desarrollar los distintos territorios.

Córdoba, Sucre, Cauca, Nariño y Meta, entre otras experiencias,
dialogarán territorialmente para mostrar una radiografía regional en
la que participan gobernadores, alcaldes y rectores de las
universidades así: Experiencia de Córdoba, participan Edwim Besaile
Faya, secretario de gobierno, en diálogo con Jairo Miguel Torres,
rector de la Universidad de Córdoba y los alcaldes de Tierralta,
Pueblo Nuevo y Valencia. (Ver la agenda)
<http://listas.angelarobledo.com/lists/lt.php?id=ZUwAAwQEVAVTHwUACxkGVQdSAA%3D%3D>

De acuerdo con Ángela María Robledo: “Este escenario invita a
escuchar y debatir las preocupaciones y las apuestas que hay desde lo
local, regional y central para la construcción de la paz en los
territorios. Es una apuesta para insertar los programas del nivel
central atendiendo las particularidades regionales y reconociendo que
el conflicto colombiano ha dejado una falta de institucionalidad que
ahora implica nuevos desafíos para todos los actores estatales y para
la sociedad civil en general”

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“Prima para trabajadoras domésticas ya es ley en Colombia”: Ángela Robledo

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo anunció que la ley que ampara el derecho a prima de las trabajadoras domésticas ya es ley de la república de Colombia y debe empezar a aplicarse una vez sea sancionada por el Presidente Santos.

La ley les reconoce a las trabajadoras domésticas el derecho a una prima de servicios tal y como ocurre con todos los demás empleados, lo cual representa un avance en la aplicación del Convenio 189 de la OIT y la Sentencia C-871 de 2014, dirigidos a la formalización del trabajo en igualdad de condiciones para todos y se articula con las medidas de acceso a la seguridad social que adelanta el gobierno nacional.

Ángela Robledo dijo que “esta ley beneficia a más de 710 mil trabajadores del servicio doméstico, de los cuales el 95% son mujeres, quienes principalmente realizan labores de economía del cuidado, es decir, se dedican a la atención de los hogares, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, entre otros. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE) el valor agregado del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado asciende a 138.3 billones de pesos que, en caso de contabilizarse, representaría el 20.8% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, que el reconocimiento de la prima es consistente con el aporte de este sector a la generación de ingresos del país”.

La Ley de prima consta de cinco artículos que reconocen “el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, e incluye una modificación al Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo así: “Artículo 306. De la prima de servicios a favor de todo empleado. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado. Parágrafo. Se incluyen en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicios familiar, trabajadores por días, o trabajadores de fincas y en general, a los trabajadores contemplados en el Título III del presente Código o a quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente”.

Se consideran trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico según la Corte Constitucional (Sentencia C-871 de 2014) a “quienes a cambio de una remuneración prestan su servicio personal de manera directa, habitual y bajo continuada subordinación o dependencia, a una o varias personas naturales, para la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás labores propias del hogar del empleador. Pueden ser trabajadores internos, externos o por días”.

Ángela Robledo aseguró que un empleador que reconozca un salario mínimo a su empleada doméstica deberá ahorrar diariamente alrededor de $ 1.900 pesos diarios durante el año para reconocer el pago de la prima y cumplir así la ley.

Esta ley crea además, una mesa de seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT con la finalidad de promover de manera concertada una política pública para el trabajo decente en el sector doméstico. Además, establece estrategias de divulgación para que las trabajadoras reconozcan y exijan sus derechos.

Esta ley ha sido posible por el empeño de las mujeres de la Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico –UTRASD-, la Escuela Nacional Sindical, la Fundación Bien Humano, la Mesa de Economía del Cuidado y Fescol, entre otras.

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Ángela Robledo pide al Gobierno Santos amnistía para más de 700 jóvenes remisos

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo pidió hoy al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, acoger la solicitud de 764.161 jóvenes remisos y declarar la medida de punto cero.

La congresista indicó que en el marco del proceso de negociación política para poner fin al conflicto armado que se adelanta en La Habana, el Gobierno Nacional puede declarar una media de punto cero para multas, cuotas de compensación militar y expedición de libretas militares que cobije a todos los hombres en condición de remisos a la fecha de la firma del Acuerdo Final.
Robledo aseguró que esta medida puede aplicarse también a miembros de las fuerzas militares o ciudadanos juzgados por evasión del servicio o el delito de deserción, como una medida de buena voluntad para la paz.

“Preferimos que nuestros jóvenes comprometan su entusiasmo y energía en un servicio social para la paz y dediquen el tiempo a trabajar en hacer pedagogía para la reconciliación y la paz del país, en vez de hacer parte de la máquina de la guerra”, dijo la congresista Ángela Robledo.

Los jóvenes promotores de la iniciativa enviarán una comunicación a la Mesa de Diálogo entre el gobierno y las Farc en La Habana para que la Mesa estudie la alternativa de punto cero.

Vea acá la constancia

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Congresistas piden al Presidente Santos acciones urgentes para atender Minga Agraria

Bogotá, junio 3 de 2016

Frente a los lamentables hechos ocurridos en los últimos días en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en la que tres indígenas han perdido la vida y otros 150 se encuentran gravemente heridos, incluidos mujeres y niños, los congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Iván Cepeda, Alberto Castilla, Jorge Enrique Robledo, Luis Evelis Andrade, Oscar Ospina, Inti Asprilla y Alexander López, entre otros, piden al presidente Juan Manuel Santos acciones urgentes para evitar la flagrante violación a los derechos humanos de que han sido víctimas los pueblos indígenas a causa del ejercicio de su derecho a la protesta en 21 departamentos del país.

En cartas al Presidente Juan Manuel Santos; al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; al Comandante del Ejército Nacional, General Alberto José Mejía y al Director de la Policía Nacional General Jorge Hernando Nieto, los parlamentarios piden que:

1. Se instale de manera urgente la mesa de negociación con la Cumbre Agraria,
con el fin de construir la hoja de ruta para el cumplimiento de los acuerdos
pactados.
2. Se brinde garantías al ejercicio del derecho a la protesta social que se adelanta
actualmente en 21 departamentos del país y se implementen mecanismos de verificación del cumplimiento a esas garantías.
3. Se disponga de las instituciones del Estado para que se realicen las
investigaciones correspondientes frente a las vulneración de los
derechos humanos, que han ocasionado a la fecha 150 heridos, entre los que se
encuentran cuatro menores de edad, dos mujeres en embarazo, siete detenidos,
dos judicializaciones y tres asesinados, dos de ellos por impactos de armas de
fuego. Hechos en los que presuntamente se encuentran involucrados miembros del ESMAD y del Ejército Nacional.
4. Se retracte públicamente como cabeza del poder ejecutivo y como
comandante de las fuerzas militares de los señalamientos realizados a la Cumbre
Agraria, en relación a que la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular se
encuentra infiltrada por el ELN, en razón a que estas estigmatizaciones atentan contra la integridad y la vida de las personas que se encuentran en protesta.
5. Cese la estigmatización a la protesta social y que si es del caso, se presenten pruebas concretas de las presuntas infiltraciones del ELN a la Minga, según declaraciones del Ministro Luis Carlos Villegas.

Los congresistas instaron a los Comandante de la Fuerza Pública para que se investiguen los presuntos excesos del Ejército y la Policía: “Entre estos hechos encontramos detenciones arbitrarias, hostigamientos, sobrevuelos y excesos de fuerza en los operativos. Se nos ha informado de la presencia de miembros del Ejército Nacional en diferentes puntos de la protesta, actuaciones que no corresponden con los mandatos misionales de esta institución, tratándose de una movilización pacífica adelantada por organizaciones sociales”, anotan.

Finalmente, los parlamentarios exigen además que desde los altos mandos del Ejército y la Policía “se investigue la eventual responsabilidad de integrantes de esas instituciones en los tres asesinatos de miembros de organizaciones indígenas ocurridos en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca (…) hechos en los que se encontraban presentes miembros de la fuerza pública (…) y de ser el caso se sancione de manera ejemplar cualquier irregularidad, exceso o extralimitación (…)”.

INFORMACIÓN ADICIONAL EN CARTAS ANEXAS

PRENSA: 3202343806. MARGARITA SARMIENTO

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Actores radicaron proyecto que garantiza sus derechos laborales, culturales y de autor

Con la autoría de más de 20 congresistas de todos los partidos políticos, y el apoyo de varias organizaciones, la Asociación colombiana de actores ACA, radicó el proyecto de ley que establece el Estatuto del actor, y la profesionalización de la labor actoral. La iniciativa regula las condiciones de trabajo con garantías de seguridad social para asegurarles una vejez digna a los profesionales de la actuación en Colombia.

La Asociación de Actores Colombianos (ACA) comenzó hace dos años a trabajar en la propuesta que hoy se radicó como proyecto de ley, y que busca garantizar los derechos laborales, culturales y de autor, de ese gremio.

La propuesta contempla reducir la intermitencia e inestabilidad laboral de los actores y crea una Subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los actores profesionales.

“El subsidio se concederá para reemplazar los aportes del actor o actriz como trabajador independiente, durante los periodos de tiempo en los que no esté vinculado contractualmente y como excepción a lo contemplado en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 100, la base de cotización será del promedio del valor cotizado en los últimos seis meses”, estipula el proyecto.

Además, este gremio de artistas pide la profesionalización de su labor, que actualmente es considerada como un oficio, con el fin de que en todas las producciones audiovisuales, el 90 % de los actores contratados sean profesionales. Esto, según el proyecto, significa que tenga “un título profesional de maestro en artes escénicas o títulos afines; experiencia de trabajo actoral mayor de 10 años acumulados y certificados o la combinación entre educación informal, técnica o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mínimo de cinco años”.

La Asociación ACA explicó que por medio de esta ley serán protegidos los derechos patrimoniales (de autor y materiales) de los actores, pues muchas veces ellos deben ceder estos derechos cuando firman determinados tipos de contrato. “La imagen del actor en promoción de marcas deberá ser reconocida como contrato aparte en sus honorarios”, propone la ley, la cual añade: “La remuneración debe hacerse de forma separada al salario, honorarios o cualquier otra remuneración que corresponda a la labor o servicio desempeñado por el actor o actriz no podrá entenderse como parte de su remuneración”.

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“Funcionarios del gabinete de Peñalosa habrían construido ilegalmente en la reserva Thomas van der Hammen”, dice Ángela Robledo

La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso Ángela Robledo aseguró hoy en debate de control político que funcionarios que acompañan la administración de Enrique Peñalosa estarían atentando contra la moralidad administrativa contemplada en la Sentencia de la Corte Constitucional C-046 de 1994 y deberían declarar públicamente su conflicto de intereses.  Ver denuncia

La congresista presentó el caso de Andrés Ortiz quien en su declaratoria de impedimentos  aseguró que  “(…) la parcelación Las Lomitas inició el trámite de legalización el 27 de septiembre de 2002 ante la Dirección de Legalización de Barrios de esta entidad [Secretaría Distrital de Planeación]”, es decir, que el Secretario de Planeación, experto constructor, edificó su predio sin licencia y desconociendo la Ley de Ordenamiento Territorial.  Ver Imagina Bogotá

De acuerdo con la congresista Ángela Robledo las leyes de ordenamiento territorial (Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997) obligan a los constructores a tramitar y obtener licencias: “(…) Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales (…) expedidas por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital (…) ”

Esta norma además establece que “(…) se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento”. 

En similares irregularidades estarían incurriendo la Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá,  Astrid Álvarez, quien públicamente aceptó que posee una casa en la Reserva; el Secretario Distrital de Ambiente, Francisco Cruz y el Asesor del Distrito para el Proyecto Ciudad Norte, Camilo Santamaría. “¿Con qué autoridad moral gobiernan los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que le hacen conejo a las normas para sacar provechos personales?”, dijo.  

Ángela Robledo aseguró que es un deber ético de Peñalosa y su gabinete preservar la reserva forestal Van der Hammer que permita la sostenibilidad ambiental hoy y en el futuro de Bogotá, tal como lo recomendó la Municipalidad de Barcelona (ciudad que cuenta con un reserva natural similar) en una carta dirigida al Alcalde Peñalosa. Ver carta. 

“No tiene ninguna presentación ni ética, ni política que Enrique Peñalosa priorice la construcción sobre el bosque urbano más grande de América Latina y que atente contra el ecosistema hídrico y natural con que cuentan los 1.395 hectáreas que allí subsisten”, aseguró la congresista Ángela Robledo.

La parlamentaria afirmó que no puede ser más importante la urbanización y el crecimiento de la ciudad sobre los bosques y el ecosistema que allí perdura, en un mundo amenazado por el cambio climático, la escasez de agua y la sequía. “No creo que sea tan difícil entender que podemos hacer muchísimas casas y edificios pero si no tenemos aire y agua, la vida no perdurará ni hoy, ni dentro de 50 años que es la preocupación de Enrique Peñalosa de adelantar el proyecto Ciudad Norte”, dijo.

La reserva Van der Hammen aporta a la adaptación y mitigación frente al cambio climático dándole a Bogotá un espacio verde que ayuda a contrarrestar sus emisiones, ser más resiliente y reducir la vulnerabilidad y los riesgos relacionados con la variabilidad climática. “ La tal reserva  -como la llama Peñalosa- es una realidad jurídica avalada por más de 50 estudios académicos que no puede desaparecer para superar el déficit de vivienda en el año 2050 que el Alcalde imagina que necesitaremos”, señaló la congresista.

Ángela Robledo aseguró que si de lo que se trata es de construir viviendas en esa zona, podrían hacerlo en las 2.014 hectáreas del borde norte de la ciudad, en donde se calcula, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Zonal, se pueden construir 180 mil viviendas con todo el soporte urbano requerido sin afectar la Reserva.

“Ahora si lo que quieren es cambiar el uso del suelo de rural a urbano para multiplicar su valor que no nos echen cuentos peregrinos. Que nos digan cuál es el negocio que tiene Peñalosa y algunos de sus funcionarios para quienes todo vale, sobre todo si hay cemento de por medio. Recordemos que más del 50% de la campaña de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá (1.107.500.000 millones) lo aportaron los constructores.

La congresista llamó la atención sobre la participación de Sandra Rozo (Directora de Bienes Raíces del Acueducto) quien suspendió la compra de predios dirigida a preservar la Reserva. “Sandra Rozo es la cuñada del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, procesado por corrupción y con quien Enrique Peñalosa ha tenido estrechos vínculos”, dijo Ángela Robledo.

La congresista puntualizó que tal como señala la Corte Constitucional,  la moralidad administrativa no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos, sino que abarca toda la gama de comportamientos que la sociedad, en un momento dado, espera de quienes manejan los recursos de la comunidad, que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y honestidad.

PRENSA MARGARITA SARMIENTO 3202343806

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Comisiones de Paz del Congreso reciben con optimismo el proceso de diálogo con el ELN

1- Los miembros de las Comisiones de Paz del Congreso recibimos con entusiasmo el anuncio por parte del Gobierno Nacional y del Ejército Liberación Nacional Eln del inicio formal de diálogos dirigidos a ponerle fin a la confrontación armada. Esta noticia significa un impulso al objetivo de lograr una paz completa en nuestro país. Al mismo tiempo este diálogo en su diversidad viene a enriquecer los avances del proceso en La Habana. Llamamos a las partes a mantener y fortalecer su decisión de alcanzar una solución política al conflicto.

2-En ese espíritu queremos proponerles a las partes, que se dé inicio práctico lo más pronto posible al primer ciclo de las sesiones de diálogo. Consideramos que los tiempos y el contexto político hacen imperioso que este nuevo proceso de diálogo, empiece a arrojar resultados positivos en corto plazo. Las aspiraciones de paz de la sociedad están en un momento clave, en el cual se hace muy necesario de noticias positivas que mantengan en alto la decisión social y política de lograr el fin de la guerra por la vía negociada. En ese sentido, consideramos que una demora en el comienzo de las conversaciones, puede desmotivar el escenario para la paz.

3-Igualmente consideramos importante para el impulso de un acuerdo de paz entre las partes, que el diálogo se pueda desarrollar en un ambiente exento de acciones armadas. Teniendo en cuenta los aportes que para la maduración de los diálogos puede tener una declaración de cese de hostilidades, y la liberación de todos los secuestrados y en ese mismo sentido los anuncios del ELN, favorables a esta posibilidad, hacemos un llamado a las partes para que acuerden lo más pronto posible un cese del fuego y las hostilidades que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad y garantías para las comunidades, líderes sociales y favorezcan un mejor ambiente para el desarrollo de estos diálogos, que siendo diferentes, conducirán a una sola paz.

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“La paz pasa por la tierra y las manos de las mujeres campesinas”, dice Ángela Robledo

Bogotá, marzo 9 de 2016

“En términos generales a las mujeres les va mal en casi todos los indicadores sociales, económicos, políticos y culturales; son las más pobres entre los pobres, las mayores víctimas de la guerra y las que más sufren principalmente violencia en la casa y en la calle”, aseguró la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo.

Pero si los indicadores urbanos no dan tregua, en las mujeres campesinas se ensañan todos los males de la exclusión, la pobreza, la desigualdad y la discriminación. “Es en el campo, el principal campo de batalla de esta guerra de casi 60 años, donde se concentra la mayor desigualdad en Colombia con un índice de Gini de 0,82, donde 1 significa la desigualdad total”, dijo la parlamentaria Robledo.

Aunque las mujeres son quienes trabajan la tierra, sólo poseen el 27% de los títulos, frente a un 73% de los hombres (OXFAM 2013). La tierra está concentrada en unas pocas manos dedicadas a la ganadería y a los grandes cultivos. Una de cada cuatro mujeres rurales no ha terminado la primaria y apenas el 9,5% tiene estudios universitarios.

En Colombia hay 5,3 millones de las cuales 2,5 viven en condiciones de pobreza. Más de la mitad, 51,7% han sido víctimas de desplazamiento. El desempleo de las mujeres en la ruralidad en cinco veces más alto que el de los hombres: 18% frente a 3,7%.

La brecha salarial en el campo, entre hombres y mujeres es del 40%, en la Colombia urbana esta brecha es del 20%. En Colombia el 53% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios –según la CEPAL es el porcentaje más alto de América Latina-.

De acuerdo con Ángela Robledo, en el campo las mujeres sufren una triple condición de discriminación: ser mujer, pobre y campesina con una sobrecarga de trabajo de hasta cuatro jornadas que empiezan muy temprano en la madrugada y terminan tarde en la noche. Adicional, son mujeres sobrevivientes en territorios de guerra donde, en muchas ocasiones, les toca asumir el rol de cabezas de familia porque pierden a sus compañeros en la guerra y sufren el reclutamiento, la ausencia y, muchas veces, la muerte de sus hijos.

“No podemos siquiera pensar en que el desarrollo rural integral se diseñe sin las mujeres, ellas tienen que ser las protagonistas de la economía campesina”, dijo la congresista Ángela Robledo. Al tiempo que afirmó que el campo, en el escenario del posconflicto, tiene que construirse de la mano de las mujeres para hacer efectiva la llamada paz territorial; con mayor presencia del Estado, con condiciones y dotaciones para ellas: servicios públicos, salud, educación, empleo digno, acceso a justicia real, seguridad alimentaria, oportunidades reales para los jóvenes, entre otras, que las cobije a ellas y a sus familias”.

La paz territorial tiene que poner el foco en la disminución de las brechas que existen entre las mujeres del campo y las urbanas e igualar a hombres y mujeres en derechos. En particular es clave trabajar en el acceso, la democratización y la titularidad de la tierra, asesoría técnica, capital semilla, flexibilización de los créditos, subsidios y oportunidades de comercialización.

Unas 300 lideresas de organizaciones campesinas y populares, convocadas por los representantes Ángela Robledo, Inti Asprilla y Alirio Uribe, se reunieron esta mañana en el Congreso para analizar el pobre cumplimiento de la Ley 731 de 2002 que básicamente se quedó como muchas leyes en el papel.

PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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¡Agua! Un derecho para la vida y la paz, dice Ángela Robledo

A pocos días de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, llamó la atención sobre la crisis que enfrentan las comunidades rurales en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad a causa de la falta de políticas estatales dirigidas a atender, proveer y promover el agua como un derecho fundamental, un bien público, para la vida humana y la supervivencia del planeta.

“Queremos desde el Congreso de la República llamar la atención acerca del presente y futuro de este líquido precioso, que cada día se vuelve un bien escaso y costoso que nos venden en botellitas contramarcadas y del cual depende la vida y la sostenibilidad de la especie humana, la vida animal y el medio ambiente. El agua no sólo hace parte de nuestro ser vital sino que es esencial para la supervivencia de todos los seres vivos, nuestra salud y seguridad alimentaria y energética depeden de ella y aún no somos conscientes de que escasea y se privatiza”, dijo la congresista Ángela Robledo.

De acuerdo con el DANE (2011) la cobertura del servicio de acueducto en las zonas rurales apenas llega a la mitad de la población 56.3%. Por ejemplo en La Guajira, la falta de agua golpea a casi todo el departamento: El 90% de la población no cuenta con agua potable. En la Alta y Media Guajira, la cobertura de acueducto y alcantarillado apenas cubre el 5,3% de la población.

“Es decir, que el agua, un derecho fundamental, del cual depende la vida y la sobreviviencia de la gente no está resuelto para una buena mayoría de colombianos, lo cual afecta particularmente a niños, jóvenes y mujeres, sobre quienes recae no sólo sus consecuencias, sino la sobrecarga para proveerla”, dijo la congresista Ángela Robledo en la Audiencia Gestión Comunitaria del Agua, realizada en el Congreso de la República y que convocó a líderes de todo el país para discutir la problemática de cerca de 11 mil prestadores del servicio de acueductos comunitarios que compiten con la minería legal, ilegal, los riegos en plantaciones extensas y la desviación de ríos para la construcción de hidroeléctricas y explotación minera a cielo abierto, entre otros, privilengiando la utilización del agua con fines privados, extractivos y de lucro.

Se estima que en el mundo cada día, unos mil niños mueren por causa de enfermedades asociadas a la falta de agua potable y 750 millones de personas tienen serios problemas para acceder al preciado líquido (Unicef, 2015). Una buena parte de los problemas de desnutrición infantil y muerte de niños, niñas y adolescentes en La Guajira están asociados a las falta de acceso a agua potable.

En La Guajira, por ejemplo, casi 5 mil niños (4.171) murieron en un lapso de seis años por desnutrición y causas asociadas a la misma: 278 por desnutrición, 2.691 por enfermedades prevenibles asociadas a la desnutrición y 1.202 muertes fetales, o sea niños que no alcanzaron a nacer (2008 y 2013). Lo anterior significa que en esos años, dos niños murieron cada día por hambre, sed, pobreza y abandono, en un departamento que es extremadamente rico debido a sus recursos naturales, hídricos y nutrida biodiversidad.

En un departamento donde la gente muere de sed, el desvío de 26 kilómetros del Río Ranchería, que prácticamente atraviesa toda La Guajira, para favorecer la explotación de carbón a cielo abierto que realiza la Empresa Cerrejón y que según estimaciones podría tratarse de la pérdida de 32 millones de metros cúbicos de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea para explotar 500 millones de toneladas de carbón -cuyos recursos se van principalmente a los bolsillos de las multinacionales-, es considerado un crimen de lesa humanidad.

Es frente a este contexto que las comunidades se han organizado en muchos lugares del país para garantizar el suministro de agua a comunidades históricamente marginadas, defendiendo el cuidado de ríos y cuencas y aportando al cuidado de lo público a partir de la autogestión del agua, la organización del trabajo solidario en las comunidades, la solución concertada de conflictos y la apropiación y defensa del territorio, entre otros.

De acuerdo con Angela Robledo “Es urgente recoger las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para construir colectivamente con quienes gestionan en las comunidades el agua a fin de reconocer no sólo sus intereses, fortalezas y necesidades, sino que incluya y garantice las particularidades y los enfoques diferenciales de las minorías y las diversidades étnicas y territoriales, donde se respete la biodiversidad, el medio ambiente y el agua como un derecho fundamental que debe ser provisto y gestionado por el Estado, en un mundo amenzado por la sequía y el cambio climático”.

 

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A la audiencia convocada por los representantes a la Cámara Ángela Robledo, Víctor Correa y el senador Luis Evelis Andrade, en alianza con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, asistieron unos 300 líderes gestores del agua de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Caribe, Nariño, Meta y Boyacá.

PRENSA 3202343806 MARGARITA 

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Gran movilización de vendedores informales en defensa de sus derechos

El próximo lunes 29 de febrero cerca de 50 mil vendedores y vendedoras informales se darán cita en diversos puntos de la ciudad para movilizarse pacíficamente con el fin de defender sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vida en condiciones dignas y debido proceso. Los puntos de partida son: Centro de Memoria Histórica (Avenida calle 26 con carrera 24), Parque de la Mariposa (Avenida Jiménez con Carrera 10), Carrera 11 con calle 72 y Carrera 10 con calle 4 SUR. La movilización iniciará a las 8 de la mañana.

“El propósito es que el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reactive las mesas de concertación con los vendedores informales en todas las localidades de la ciudad y que se respeten nuestros derechos fundamentales. Merecemos una vida digna y que podamos sostener a nuestras familias”, aseguró Félix Palacios, Representante de los vendedores y vendedoras informales ante el Instituto para la Economía Social (IPES).

La representante a la cámara, Ángela Robledo sostuvo que “es obligación del Alcalde de Bogotá darle trámite y cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional en el sentido de buscar alternativas de trabajo digno para estas familias y concertar con ellos alternativas de reubicación, reconociendo sus derechos fundamentales y teniendo en cuenta su condición de exclusión y vulnerabilidad, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de género”.

Por su parte, el representante Inti Asprilla, indicó que: “Esto no es una vía de hecho, es una vía de derecho. La Constitución Política de Colombia le garantiza a los ciudadanos el derecho a la manifestación pacífica y el llamado es al Alcalde Enrique Peñalosa y al Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, para respetar ese derecho y garantizar la seguridad”.

La movilización estará respaldada por los representantes a la Cámara, Ángela Robledo e Inti Asprilla, de la Alianza Verde; y Carlos Guevara, por el Movimiento MIRA. Además por los congresistas del Polo Democrático, Alirio Uribe e Iván Cepeda; y el Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris.

“Seguiremos con tutelatón”

Así lo manifestó el representante de los vendedores, Felix Palacios, luego de conocer que el Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá falló a favor de la ciudadana Carmenza Vargas al ordenar su reubicación y exhortar a la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otros, a que operativos como el que se llevó a cabo en la calle 72 contra vendedores ambulantes, el pasado 26 de enero de 2016, se realicen con el acompañamiento de la Personería de Bogotá.

“Vamos a seguir con el mismo proceso de presentar tutelas y hay un equipo de abogados particulares que nos están apoyando y colaborando en este tema a favor de los vendedores ambulantes. Vamos a luchar para defender nuestro trabajo”, puntualizó Palacios.

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Ángela Robledo pide superar diferencias y avanzar en el proceso de negociación de Paz

Bogotá, febrero 23 de 2016

Al término de la reunión del Consejo Nacional de Paz que sesionó en la mañana de hoy, Ángela Robledo, Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso dijo que existe entre los delegados y delegadas, una voluntad de paz para apoyar el proceso de diálogo que pasa por momentos difíciles estos días: “Pedimos que se avance en el proceso de la mejor manera posible. Aquí lo importante es hacer bien la paz”, aseguró la congresista.

La parlamentaria que se refirió al “impasse” por el que pasa la mesa de diálogo en La Habana, aseguró que “a estas alturas donde estamos a punto de finalizar esta negociación no podemos darnos el lujo de profundizar las diferencias que existen. Estamos invitando a los dos lados de la mesa de diálogo en La Habana y a los países garantes de Cuba y Noruega, a que nos ayuden a superar este momento difícil tal como se han superado otros, en otros momentos, y ojalá que en pocas semanas estemos firmando el proceso de negociación con las Farc-Ep”, aseguró Ángela Robledo.

La congresista Ángela Robledo aseguró que desde el Consejo Nacional de Paz se está insistiendo en avanzar y resolver las situaciones difíciles y complejas que se afrontan en las aproximaciones con el ELN para que tengamos una paz completa, estable y duradera en Colombia. “Una paz sin el ELN no es una paz completa para Colombia”, puntualizó.

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Congresistas invitan al Concejo de El Carmen de Chucurí a diálogo por la reconciliación

Luego de lo ocurrido en El Carmen de Chucurí (Santander), en el cual se enfrentaron habitantes del municipio y miembros de una movilización social, los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda, invitaron al Concejo de ese municipio a realizar un encuentro para escuchar las preocupaciones de las víctimas del conflicto.

El senador Cepeda aseguró que la peregrinación que se realizó en memoria de Camilo Torres, se hizo de manera pacífica en la que se buscaba hacerle un llamado al Eln para que inicie cuanto antes el proceso de paz con el Gobierno. Por su parte la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Ángela Robledo aseguró que varias organizaciones de la sociedad civil venían preparando los actos desde hace 8 meses y no previeron la declaratoria de paro armado por parte de la guerrilla.

“La peregrinación fue un mensaje que quisimos dar para que la mesa de diálogo entre Eln y Gobierno se oficialice ya”, afirmó la representante Robledo.

Para ambos congresistas, son inaceptables las acciones violentas emprendidas por el Eln en los últimos días. En ese sentido, expresaron que urge continuar desarrollando los acercamientos con el Eln y enfrentar las expresiones violentas como el paramilitarismo, que, según denuncias de las comunidades, sigue operando en diferentes territorios del país.

“En los próximos años, tendremos que hacer ejercicios serios para escuchar los dolores de unos y otros, víctimas de guerrilla y paramilitares”, puntualizó el senador Cepeda.

Los congresistas aseguraron que están dispuestos a promover la intervención activa por la reconciliación de la población civil en la búsqueda de la paz y le pidieron al Gobierno que brinde las garantías necesarias para lograr ese objetivo. 

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“En Bogotá el metro no es un buen negocio para Peñalosa"

Bogotá, febrero 15 de 2016

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo aseguró hoy que “el metro no es un buen negocio para Enrique Peñalosa porque impulsar Transmilenio sigue beneficiando a los grandes empresarios del transporte de los que Peñalosa hace parte”.

“En Bogotá no vamos a tener metro porque para Enrique Peñalosa el metro es un mal negocio.  La propuesta de Enrique Peñalosa desde que fue Alcalde de Bogotá, ha sido impulsar los buses rápidos, lo que hoy conocemos como Transmilenio. Ello lo llevó a conformar una gran corporación mundial con participación de Volvo, que promueve el uso de buses, que si bien pueden cumplir una tarea importante, es un mecanismo que colapsa como lo estamos viendo en Bogotá”, aseguró Ángela Robledo.

La congresista Robledo dijo que los bogotanos llevamos más de 70 años soñando con un metro que hoy con Enrique Peñalosa vuelve a convertirse en una enorme frustración para la ciudadanía bogotana: “El metro para Bogotá es un derecho ciudadano y un mal negocio para Peñalosa”.  

Robledo aseguró que distintos líderes y presidentes han tenido la responsabilidad histórica de sacar este proyecto adelante y que ha sido frustrado por intereses particulares y gremiales.

De acuerdo con la congresista de la Alianza Verde, “Enrique Peñalosa debería declararse impedido ya que como él mismo reconoce su trabajo en el mundo entero ha sido promover el uso de buses”, dijo  

Según un estudio de Aurelio Suárez de cada 100 pesos que pagamos en Transmilenio 90 van a los empresarios, 5 a los recaudadores y 5 al Distrito Capital.

Datos del economista Aurelio Suárez, recogidos en distintos medios de comunicación,  indican que para el 2015, el recaudo diario en Transmilenio era de 4.000 millones de pesos. Por cada $100, $90 son para dueños de buses, $5 para recaudadores y $5 para el distrito.

Según la Red de Veedurías de Colombia, citada por El Espectador,  “sólo en 2010 el recaudo de Transmilenio fue de $735 mil millones, pero el Distrito apenas facturó $41 millones. Pese a esto, sólo en gastos de funcionamiento, seguridad y aseo, Bogotá invirtió $102 mil millones. Eso sin contar con la inversión en construcción de las troncales: en la Fase I de Transmilenio la ciudad invirtió alrededor de $1 billón y en la Fase II, más de $3 billones”

Ángela Robledo dijo que “Peñalosa de manera irresponsable ha dicho que los estudios en los que se han invertido cerca de 65 millones de dólares y han dado como resultado 37 mil planos sobre estudios geológicos, geotécnicos, tipografía, servicios públicos, estudios urbanos y paisajísticos, tipología de las estaciones, diseño geométrico y puestos centrales de control de un sistema de metro, entre otros,  fueron hechos ¨lavándose los dientes”. Yo más bien creo que fue Peñalosa quien se lavó los dientes mientras revisó esos estudios”

Finalmente la congresista aseguró que “no puede ser que el negocio es para los privados y los gastos son para la ciudad: De acuerdo a información publicada por El Tiempo: En el 2015, las obras de reparación de la troncal de la Caracas costaron de 300 mil millones. Entre el 2003 y el 2015, Bogotá  invirtió 60 mil millones en arreglos”.

Las declaraciones fueron realizadas durante la audiencia El Mejor Metro para Bogotá,  citada hoy en el Congreso por el Senador Jorge Robledo y el representante Germán Navas del Polo Democrático.

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"La guerra no es un juego de niños"

 Bogotá, febrero 12 de 2016

 En el marco del día internacional de las Manos Rojas que promueve la erradicación del uso y reclutamiento de niños en la guerra, la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo pidió garantías de no repetición para niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto.

De acuerdo con Ángela Robledo: “Niños, niñas y jóvenes en Colombia han sido víctimas de una permanente y sistemática violación de sus derechos fundamentales a causa de la guerra que les ha arrebatado sus vidas, sueños y alegrías”.

La guerra ha transformado completamente la vida, las prioridades, el desarrollo físico y psicológico de todos los colombianos pero se ensañó de manera particular en niños y jóvenes: “Han sido víctimas de desplazamiento, reclutamiento, secuestro, desapariciones forzadas, violencia física, psicológica y sexual… han visto cometer crímenes en contra de sus seres queridos, amigos y vecinos; han visto y han sido objeto de torturas, violaciones, mutilaciones y abusos de toda clase”, aseguró Ángela Robledo.

Cifras oficiales indican que 2.237.049 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas del conflicto armado (Registro Único de Víctimas, octubre de 2015), o sea el 29.8% del total de los 7 millones 470 mil víctimas. Los niños son el 50% de los desplazados internos que produjo la guerra en los últimos 25 años.

12.628 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio entre 2002 y 2014, de acuerdo con datos de Medicina Legal. Según la Defensoría del Pueblo, cada día 7 menores de edad son víctimas del conflicto armado.

Ángela Robledo ha denunciado en repetidas ocasiones que: “El conflicto impide que la mitad de los niños en el campo terminen sus estudios, sólo en el 2013 se registraron por lo menos 26 incidentes que causaron daños a las escuelas o la suspensión de las clases. El 80% de las seis mil víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niños. 7.722 han sido víctimas de reclutamiento forzado. 981 niños y niñas han sido víctimas de minas antipersonal de los cuales 218 perdieron la vida”.

El informe defensorial ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños! (2014) señala que “Entre 2008 y 2012 se registró que 48.915 menores de 18 años fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de ellos 41.313 niñas y adolescentes y 7.602 niños y adolescentes”. Lo anterior, implica que en un día fueron agredidos sexualmente 275 niñas y niños.

Robledo aseguró que frente al inminente acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, “es necesario desarrollar todos los esfuerzos para que se dé cumplimiento con cada uno de los elementos de la Justicia Transicional: Verdad, Justicia, Reparación Integral y garantías de no repetición. Hay que devolverle la infancia a los niños, niñas y adolescentes que puedan vivir, estudiar y construir sus sueños ”, dijo.

Finalmente, Ángela Robledo señaló que si bien el anuncio de las Farc del pasado 10 de febrero, de no reclutar a menores de 18 años es recibido como un gesto de paz, “niños, niñas y adolescentes, nunca debieron hacer parte de esta guerra cruel y degrada en ninguno de los ejércitos, ni en el pasado, ni en el futuro”.

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El "ofensor" del pueblo. Por Angela Robledo

La permanencia en el cargo del Defensor del Pueblo era insostenible. Nadie niega que el señor Jorge Armando Otálora tiene todo su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pero los cargos por los cuales se le acusa son de tal gravedad que ya no parecía el defensor sino el “ofensor” de los Derechos Humanos. Con el agravante que el testimonio de Astrid Helena Cristancho no es el único en su contra, pues se han conocido otras denuncias por acoso laboral y maltrato como las de Juan Manuel Osorio y Hernando Toro, dos funcionarios quienes renunciaron y dejaron sendas constancias sobre el maltrato al cual quiso someterlos. Por tanto, atornillarse al cargo habría sido una razón adicional para la desconfianza de la ciudadanía en sus servidores públicos y en las instituciones del Estado.

Pero sorprende que la renuncia de Otálora no se hubiera dado espontáneamente, como un acto de franqueza y dignidad. Por el contrario, fue motivado por la valiente columna del periodista Daniel Coronell y la inmensa movilización de organizaciones de mujeres, movimientos sociales y líderes de opinión que exigieron un cambio urgente en la institución, que sirviera para mandarle un mensaje al país: el acoso laboral, la violencia contra la mujer, el abuso de poder y el acoso sexual son actos de violencia que merecen el reproche nacional. Y, por supuesto, la sanción legal. Porque de poco vale la renuncia del Defensor si no se hace un esfuerzo por esclarecer la verdad de los hechos y garantizar el cumplimiento de la ley, que castiga con severidad estos delitos.

Aprovecho para hacer un reconocimiento especial al periodista Daniel Coronell, quien viene denunciando este caso con pruebas y argumentos a través de sus columnas en la revista Semana. Es el resultado del periodismo riguroso, con autonomía e independencia, que permite visibilizar las presuntas violaciones a los Derechos Humanos en la entidad encargada de protegerlos y promoverlos. “Estamos para buscar verdades aunque a veces resulten desagradables y casi siempre inconvenientes”, afirma el periodista.

Como dije en mis pronunciamientos públicos, la ascendencia y el desempeño que exige el cargo del Defensor no puede ostentar la más mínima sospecha de abuso de poder y violencia, y le corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación abrir de oficio una investigación que determine los alcances de las denuncias en contra de Otálora, en razón de las leyes 1257 y 1719 que así lo disponen.

Ahora, más allá de la batalla jurídica que seguramente comenzará entre las partes involucradas, la renuncia del “ofensor” del Pueblo abrió la posibilidad para un debate nacional: la necesidad de una terna de mujeres para reemplazarlo en la Defensoría. Así se lo hicimos saber al presidente Juan Manuel Santos en una carta abierta firmada por distintos congresistas de varios partidos políticos y por diversas organizaciones sociales, con quienes expresamos lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta la relevancia de esta institución, especialmente cuando el país se prepara para la resolución política del conflicto armado, consideramos que la terna que deberá entregarse a la Cámara de Representantes por parte de la Presidencia de la República para el nuevo periodo institucional, debería estar conformada por tres mujeres que reúnan la más amplia experiencia profesional en la defensa de los derechos humanos, y que gocen de las mayores calidades éticas y morales, como una forma de avanzar en el déficit de la participación de las mujeres en cargos decisorios y de alto nivel dentro del Estado, y de cerrar brechas de desigualdad histórica entre hombres y mujeres”.

Y quiero que quede claro: no estamos proponiendo nombres concretos, ni estamos desconociendo que hay excelentes hombres preparados para ejercer con responsabilidad la función pública. Lo que estamos impulsando son criterios de selección que garanticen la no repetición de las inequidades en Colombia, donde suelen incluir a las mujeres como un simple relleno de las ternas. Por eso no nos equivoquemos de nuevo. Es hora de construir colectivamente un “nunca más”, un “basta ya” a la falta de independencia, transparencia, idoneidad e igualdad en los altos cargos del Estado. No queremos otro “ofensor” del pueblo. Exijamos una verdadera Defensora. - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/el-ofensor-del-pueblo#sthash.qtlTwQYR.dpuf

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"En el caso de vendedores informales Peñalosa viola la Constitución"

Bogotá, febrero 3 de 2016

Frente a la problemática de más de cien mil vendedores informales y sus familias que sufren el acoso de la Alcaldía de Bogotá, la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, dijo que: “Enrique Peñalosa viola la Constitución nacional y desconoce las sentencias y obligaciones del país de proteger a ciudadanos que buscan sus sustento mediante la venta informal”.

“Este dilema entre ciudadanos y ciudadanas que sufren la invasión del espacio público y una ciudadanía en pobreza y falta de oportunidades laborales y de vida, plantea un reto enorme de construcción de política pública y de resolución de conflictos entre derechos por una vía democrática, que ya ha sido revisado por la Corte Constitucional en distintas sentencias, y que en el marco de un Estado Social de Derechos, ordena definir y desarrollar alternativas para este colectivo de personas que necesitan como todos unos mínimos vitales para subsistir”, afirmó Ángela Robledo.

La congresista aseguró que la Alcaldía de Bogotá tiene la obligación y la responsabilidad por mandato constitucional, a través del Instituto para la Economía Social, de convocar a vendedores informales, para diseñar en conjunto políticas  que  no sólo les incluya en las decisiones que les afectan, sino que les permitan alternativas de trabajo en condiciones dignas, así como la obligación de vincularlos a las estrategias y programas de recuperación del espacio público, respetando y reconociendo sus derechos como ciudadanos bogotanos.    

Cifras oficiales del DANE señalan que entre septiembre y noviembre de 2015, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%. Para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 48,8%. El mismo IPES reporta, en un censo realizado hace cuatros años, que en Bogotá hay 48 mil vendedores informales.

De acuerdo con Robledo, la Alcaldía de Bogotá debe acoger, entre otras, la recomendación 204 de la OTT sobre la transición de la economía informal a la economía formal, que como uno de sus objetivos dispone el: “facilitar la transición de los trabajadores y las unidades económicas desde la economía informal a la economía formal, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos, medios de sustento y emprendimiento”.

Estas y otras consideraciones se discutirán hoy 3 de febrero en una audiencia pública convocada por los representantes a la Cámara Angela Robledo e Inti Asprilla, el Senador Iván Cepeda, el Concejal de Bogotá Hollman Morris y las organizaciones sociales de vendedores informales.

 

Audiencia Pública sobre vendedores informales en Bogotá

Fecha: 3 de febrero

Lugar: Salón Boyacá. 

Hora: 2 de la tarde

Tanto la congresista Ángela Robledo como el representante Inti Asprilla anunciaron que se declararán en oposición deliberativa al Gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá.

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Congresistas y organizaciones sociales exigen terna de mujeres para la Defensoría del Pueblo

Ocho congresistas de Polo Democrático Alternativo y de la Alianza Verde, y más de 30 organizaciones sociales, le exigieron al presidente Juan Manuel Santos que presente una terna conformada solo por mujeres para la elección del próximo defensor de Pueblo. Los firmantes argumentan que es necesario resarcir la poca representación que han tenido las mujeres en los altos cargos públicos y recordaron que existen perfiles de alta calidad entre las defensoras de derechos humanos para encabezar la Defensoría.

BOGOTÁ, 01/02/2016. Los congresistas y las organizaciones recalcaron que el defensor del Pueblo tiene el mandato constitucional del artículo 282, que le exige velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, por lo que la persona que sea elegida para este cargo debe contar “con las más altas calidades éticas y morales”.

En concordancia, le pidieron al presidente Juan Manuel Santos que la terna que envíe a la Cámara de Representantes para elegir al nuevo defensor, debe “estar conformada por tres mujeres que reúnan la más amplia experiencia profesional en la defensa de los derechos humanos, y que gocen de las mayores calidades éticas y morales, como una forma de avanzar en el déficit de la participación de las mujeres en cargos decisorios y de alto nivel dentro del Estado, y de cerrar las brechas de desigualdad histórica entre hombres y mujeres”.

Según la Representante Ángela Robledo, “la Defensoría es una institución fundamental para la paz y el posconflicto; por tanto, se va a hacer un seguimiento a la forma como se adelante la campaña para reemplazar al defensor, para así garantizar que la terna esté conformada fundamentalmente por mujeres que no sean tratadas como relleno”. 

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Otálora debería renunciar ¡YA!, dice Ángela Robledo

Bogotá, enero 24 de 2015

Así lo aseguró la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, tras conocer las denuncias publicadas hoy por el columnista Daniel Coronell en las que el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien ya había sido sindicado de acoso laboral, aparece implicado en un escándalo por acoso sexual.

“Nada justifica la violencia contra las mujeres, ni laboral, ni simbólica y menos sexual como es el caso de Astrid Helena Cristancho, víctima de todas ellas y del abuso de poder de un funcionario público que tiene por mandato defender los derechos humanos de la ciudadanía”.

Ángela Robledo aseguró que no tiene ninguna presentación que un personaje como Otálora permanezca en el cargo ante tan graves denuncias: “La ascendencia y desempeño que exige el cargo del Defensor no puede ostentar la más mínima sospecha de abuso de poder y violencia”, dijo.

Robledo afirmó que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación abrir de oficio una investigación que determine los alcances de las denuncias en contra de Otálora, en razón de las leyes 1257 y 1719 que así lo disponen.

Ángela Robledo hizo además un llamado al Partido Liberal, que avaló la designación del Defensor del Pueblo, para que se haga un juicio político de cara a la ciudadanía en contra de los abusos y violencias de los que se sindica al Defensor.

“Llegó la hora de que Otálora se ocupe de su propia defensa y le aclare al país los alcances de estas denuncias y otras denuncias en su contra”, afirmó Ángela Robledo.

En un país en el que la violencia contra las mujeres es extrema con una tasa de asesinatos contra las mujeres cercana al 6%, (Medicina Legal cifras de 2009-2014), en donde cuatro (4) mujeres son asesinadas al día y 133 fueron maltratadas cada día por violencia interpersonal no podemos tolerar más violencia, aseguró la congresista de la Alianza Verde.

 

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Mi trabajo se paga con recursos públicos; es mi deber rendir cuentas: Angela Robledo

Queridos amigos y amigas: la paz la construimos entre todos y todas desde la fuerza interior de nuestros corazones, con solidaridad y empatía por quienes han sufrido la guerra, la pobreza y la exclusión. Les deseo felices fiestas llenas de amor, perdón y reconciliación, y aprovecho este mensaje para presentarles mi rendición de cuentas sobre lo más importante de mi trabajo en el Congreso en estos años, como un aporte a la paz de Colombia. Como siempre, quedo atenta a sus opiniones y sugerencias. ¡GRACIAS!

http://www.angelarobledo.com/rendiciondecuentas/ 

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Desde el Congreso piden cambiar la doctrina militar

Bogotá, diciembre 10 de 2015

Así lo propuso la representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo, en el marco de la Audiencia Pública El día de los derechos humanos hablemos de garantías de no repetición para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia: “Una vez se firme el acuerdo para poner fin al conflicto armado ya no tendrá más asidero la doctrina de la seguridad nacional y por ende la teoría del enemigo interno”, dijo la congresista.

Robledo aseguró que la “doctrina de la seguridad nacional” ha servido de rótulo para, en el marco de una guerra irregular donde todo vale, legitimar acciones criminales y excesos de miembros de la fuerza pública por acción y también por omisión ampliamente conocidos por la ciudadanía.  

De acuerdo con expertos en la materia, la guerra irregular favoreció el desvío de los principios castrenses de la fuerza pública hacia funciones ajenas al quehacer militar conminándola a acciones que deslegitiman su quehacer: persecución, detención arbitraria, tortura,  desaparición, intercepciones ilegales, seguimientos y hostigamientos contra personas a quienes consideraban como ‘blancos legítimos:  políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, sindicalistas y magistrados de las altas cortes. Sin contar la macabra estrategia de los falsos positivos.

Ángela Robledo aseguró que aunque el proceso de modernización de las instituciones castrenses en el posconflicto requerirá recursos, su presupuesto debe revisarse  y acomodarse a la nueva realidad que vivirá el país. Para este año el presupuesto de defensa fue de 27,7 millones, el segundo con más recursos después de educación que contó con 28,4 billones. En 2016 el presupuesto de defensa se incrementa en 8,3%, pasando a 30 billones.

La congresista argumentó que la construcción de una paz estable y duradera exige la profesionalización de la fuerza pública, que implique mejores condiciones para su integrantes, una democratización interna y que permita a sus miembros ascender por méritos y en legítima transparencia a todos por igual. “Son decisiones que tenemos que tomar entre todos como país porque estamos hablando nuestra fuerza pública”.

“Nosotros propusimos desde las comisiones de paz del Congreso la urgencia de  la profesionalización del servicio militar y la prestación de un servicio militar alternativo para la paz; el Ministro de Defensa responde que falta una generación más que preste el servicio militar obligatorio y que incrementará el tiempo. Nosotros propusimos acabar con el ESMAD, por sus excesos y violaciones a los derechos humanos; el Ministro dice que no, que por el contrario hay que fortalecerlo, pues bien, insistimos que son decisiones de país que tendremos que tomar entre todos. No son decisiones de un ministerio y menos de un Ministro”, puntualizó Ángela Robledo. 

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Mujeres en crisis humanitaria. Por Angela Robledo

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En Colombia las mujeres sufren una crisis humanitaria sin precedentes, pero la violencia contra las mujeres no moviliza a toda la sociedad ni a las instituciones del Estado para salvarles la vida, a pesar de las múltiples denuncias que hemos hecho día tras día para intentar evitar la muerte de muchas de ellas. 

En el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, decidimos dirigirle una carta abierta al presidente Santos, cuyo texto les comparto en esta columna: “Presidente Juan Manuel Santos Calderón: ¡Declare YA la crisis humanitaria de las mujeres!

Cada día son asesinadas dos mujeres en Colombia, la mayoría por sus parejas o ex. Este es un delito generalizado que sobrepasa cualquier límite, viola los derechos humanos y obedece a una intencionalidad clara de eliminar la voz de las mujeres. Mientras leemos esta carta hay 6.219 mujeres en riesgo de ser asesinadas por sus parejas. Las principales víctimas del conflicto armado son mujeres ¡3.657.438! 438.906 asesinadas, 72.910 desaparecidas y 9.892 víctimas de algún tipo de violencia sexual. (INMLCF 2014/2015).

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Congresistas demandan ampliación del fuero militar

Bogotá, noviembre 23 de 2015 

Mañana martes 24 de noviembre los congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe, Germán Navas e Iván Cepeda presentarán demanda de inconstitucionalidad contra la ley que se promulgó en julio de este año y reestructuró la justicia penal militar para implementar en ella el sistema acusatorio (Ley 1765 de 2015) y contra algunas disposiciones del Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010).

De acuerdo con el texto de la demanda “la reforma planteada resulta violatoria de principios básicos de la administración de justicia como la autonomía e imparcialidad, al tiempo que desconoce la competencia restrictiva para conocer de delitos distintos a los propios del servicio, viola derechos de las víctimas, atenta contra la prohibición de juzgamiento de civiles por parte de militares y la restricción para otorgar funciones de policía judicial a las fuerzas militares”.

De acuerdo con los demandantes “la ley revive aspectos ya declarados inconstitucionales y desconoce estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Es una ley que viola el debido proceso, el carácter de las fuerzas militares en un estado social y democrático de derecho, la prohibición expresa de juzgamiento de civiles por parte de militares, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

Aunque la demanda prevé vicios de forma también se consideraron aspectos de fondo como la ampliación de competencias de la justicia penal militar, la posibilidad de que ésta conozca casos fuera del servicio militar y el desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además del debido proceso.

Los legisladores se mostraron contrarios además a la conformación de un Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial y a la Fiscalía General Penal Militar puesto que viola la prohibición constitucional de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas militares, al tiempo que desconoce el diseño constitucional que creó una única Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la argumentación “Estas normas violan el principio de separación de poderes, así como el principio de autonomía e independencia judicial”.

La demanda se radicará mañana martes 24 de noviembre a las 9:30 a.m en la Corte Constitucional.

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Dos mujeres son asesinadas cada día en Colombia

25 de noviembre Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres

Dos mujeres son asesinadas cada día en Colombia

Bogotá, noviembre 20 de 2015

En el marco del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres que se conmemora el próximo miércoles 25 de noviembre las mujeres piden al Presidente Juan Manuel Santos que se les declare en Crisis Humanitaria.

Ángela Robledo, representante a la Cámara aseguró que la violencia contra las mujeres sobrepasa todos los límites: “Como bien lo expresan las múltiples cifras y casos diarios de violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o exparejas estamos sobrepasando los límites de violación a los derechos humanos, principalmente el derechos a la vida y la integridad de las mujeres en sus propias casas”.

Medicina Legal señala que 6.219 mujeres están en riesgo de ser asesinadas por sus parejas. Según la Defensoría del Pueblo, de esas 6.219 valoraciones “se han identificado 1.658 casos en estado crítico”. La casa y los compañeros sentimentales se han vuelto un peligro para las mujeres: 41.802 mujeres sufrieron violencia de pareja en 2014. Se estima que la afectación a mujeres y niñas en los casos de violencia intrafamiliar es de 85%, en 5939 casos del 2014.

Por su parte Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de al Mujer y promotora de la iniciativa ¡Declare YA la Crisis Humanitaria de las Mujeres! aseguró que la violencia contra las mujeres en todos los escenarios de la vida “es un delito generalizado, sistemático, obedece a una intencionalidad clara de eliminar la voz de las mujeres, es una situación excepcional y repudiable moralmente que exige acciones inmediatas por parte del Estado colombiano”.

Las mujeres son las principales víctimas del conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, a octubre 30 de 2015, de las 7.620.114 víctimas registradas, 3.657.438 son mujeres: 438.906 han sido asesinadas, 72.910 han sufrido desaparición forzada y 9.892 han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual.

Ángela Robledo aseguró que el Estado colombiano ha sido negligente frente a los derechos de las mujeres: “Cómo es posible que se tengan todos los datos de las mujeres en riesgo y no se tomen las medidas urgentes para salvar sus vidas”, dijo.

A partir de hoy varias organizaciones de mujeres, con el apoyo de líderes políticos y de opinión, promueven la recolección de firmas para exigir al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se declare la Crisis Humanitaria de las Mujeres y se tomen medidas urgentes y concretas para atender la emergencia.

PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Mujeres invisibles. Por Angela Robledo.

En medio de la indiferencia de la sociedad y la negligencia del Estado, es un hecho que la desaparición forzada en Colombia permanece en la impunidad. Así lo denunciamos el pasado miércoles 4 de noviembre en un debate de control político realizado en el Congreso, donde resalté el drama de las miles de mujeres desaparecidas en los últimos años, especialmente en el marco del conflicto armado. 

En el comunicado de prensa sobre el debate, cuyo texto completo pueden consultar en mi sitio web www.angelarobledo.com, denunciamos que sumado al atroz crimen de la desaparición forzada, las mujeres llevan la peor parte: primero porque no existe el concepto mismo de mujeres desaparecidas; segundo porque no hay una política de búsqueda con perspectiva de género y, tercero, porque persisten estereotipos de género que invisibilizan los crímenes conexos que traen para las mujeres la desaparición forzada, y que están relacionados en la mayoría de los casos con violencia sexual. 

El panorama es desolador, y a manera de reflexión quiero compartir con ustedes las conclusiones más importantes del debate, las cuales reproduzco en esta columna. En Colombia cifras oficiales indican que existen 122.155 personas afectadas por la desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas de la guerra, sus padres, hermanas y hermanos (RUV, abril de 2014). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, las víctimas directas de la desaparición son unas 22 mil, incluidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). 

Entre estas escalofriantes cifras están los 27.311 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, de los cuales 2.493 se encuentran clasificados como desaparición presuntamente forzada. Se estima que dentro de este grupo hay 777 casos de niñas en edades de 0 a 17 años (Forensis 2014). Desde el primer momento en que se conocen los casos de desaparición hay negligencia de las autoridades que desestiman el hecho, no se activan las alarmas para la búsqueda efectiva de las mujeres vivas y tampoco consideran importante la investigación de los crímenes atados a la desaparición, como la violencia sexual, la desnudez forzada, la tortura, entre otros. 

Las mujeres además de ser víctimas de la desaparición son también quienes asumen de manera heroica la búsqueda de los hombres desaparecidos. Emprenden cruzadas maratónicas hasta dar por cuenta propia con el paradero de sus hijos, esposos o familiares víctimas de este flagelo, sin que el Estado les responda. Lo más lamentable es que para este crimen como para muchos otros en el país, pero especialmente para aquellos relacionados con las mujeres, la impunidad es total: Según Dejusticia, el 95% de los casos de mujeres desaparecidas forzadamente está en la impunidad (2012). 

Así lo denunció también la Fundación Nydia Erika Bautista en el Informe Alterno al Comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual señala que: “(…) en el 80% de los casos no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos; el 85% de los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99%, no hay autores enjuiciados y condenados (…)”. (2015). 

La desaparición forzada de mujeres ha venido aumentando año tras año hasta cuadruplicarse, sin que ello convoque la voluntad política del Gobierno y sus instituciones para tomar medidas en el asunto: “De 1.398 (año 2000) a 7.291 (año 2009) y luego al doble de los años 2010 a 2013 cuando se registraron 12.368 casos. Entre los años 2000 y 2013 se presentaron 19.659 casos de mujeres desaparecidas sin información”. (Informe Desaparición Forzada de Mujeres, Fundación Nydia Erika Bautista. 2015). 

¿Qué nos queda? Exigir el compromiso y la voluntad política para la búsqueda de las personas desaparecidas, y reclamar que jueces y fiscales promuevan su búsqueda efectiva, real y digna, pues la mayoría de los casos de mujeres desaparecidas han sido invisibilizados e ignorados. Duele reconocerlo pero no se equivocan quienes afirman que Colombia es una gran fosa común, donde las desapariciones son como un duelo congelado en el tiempo. Por eso acompañamos a las familias en su lucha diaria: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!  - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/mujeres-invisibles#sthash.K2Rtfnhx.dpuf

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Parlamento europeo convoca a congresistas colombianos para conversar de paz

Bogotá, noviembre 9 de 2015

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo estará entre el 8 y el 14 de noviembre en Bruselas y Berlín, atendiendo una invitación de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol, para conversar sobre el estado actual del proceso de paz en Colombia y la situación y perspectivas del centro-izquierda en la política colombiana.

“Vamos a trabajar con la comunidad internacional y sobre todo con parlamentarios europeos sobre los avances, los desafíos y los riesgos del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana”, dijo la congresista Ángela Robledo.

En Bruselas, están previstas reuniones con el Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Ramón Jáuregui, representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y otros invitados convocados por la FES de Bruselas, entre lunes y martes.

En Berlín se reunirán con miembros del Parlamento alemán, del gobierno, de organizaciones sociales, de universidades y medios locales, de miércoles a viernes.

Además de la congresista Ángela Robledo, están en esta comitiva el representante Alirio Uribe (PDA) y el senador Horacio Serpa (Liberal), quienes fueron convocados por el director de Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol, Lothar Witte.

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Desaparición forzada: el drama de las “mujeres invisibles”

Bogotá, noviembre 4 de 2015

En Colombia cifras oficiales indican que existen 122.155 personas afectadas por la desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas de la guerra, sus padres, hermanas y hermanos (RUV, abril de 2014). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica las víctimas directas de la desaparición son unas 22 mil incluidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). 

Entre estas escalofriantes cifras están los 27.311 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, de los cuales 2.493 se encuentran clasificados como desaparición presuntamente forzada.  Se estima que dentro de este grupo hay 777 casos de niñas en edades de 0 a 17 años (Forensis 2014).

Ángela Robledo denunció hoy en debate de control político que “Sumado al atroz crimen de la desaparición forzada, las mujeres, como es frecuente, sistemático y reiterativo, llevan la peor parte: primero porque no existe el concepto mismo de mujeres desaparecidas; segundo porque la ausencia de una política de búsqueda con perspectiva de género es total y, tercero, porque persisten estereotipos de género que invisibilizan los crímenes conexos que trae para las mujeres la  desaparición forzada y que están relacionados en la mayoría de casos con violencia sexual que hace parte de las estrategias y las tácticas de la guerra en Colombia”.

La congresista aseguró que desde el primer momento en que se conocen los casos de desaparición hay negligencia de las autoridades que desestiman el hecho, no se activan las alarmas para la búsqueda efectiva de las mujeres vivas y tampoco consideran importante en la investigación,  los crímenes atados a la desaparición como la violencia sexual, la desnudez forzada, la tortura, entre otros, como el paradero de los cadáveres.

Las mujeres además de ser víctimas de la desaparición son también quienes asumen de manera heroica la búsqueda de los hombres desaparecidos. Emprenden cruzadas maratónicas hasta dar por cuenta propia con el paradero de sus hijos, esposos o familiares víctimas de este flagelo, sin que el Estado les responda.

Robledo aseguró que lo más lamentable  es que para este crimen como para muchos otros en el país, pero especialmente para aquellos relacionados con las mujeres, la impunidad es total: Según Dejusticia el 95% de los casos de mujeres desaparecidas forzadamente está en la impunidad (2012).

Así lo denunció también la Fundación Nydia Erika Bautista en el Informe Alterno al Comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual señala que: “(…) en el 80% de los casos no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos; el 85% de los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99%, no hay autores enjuiciados y condenados (…)”. (2015).

La desaparición forzada de mujeres ha venido aumentando año tras año hasta cuadruplicarse, sin que ello convoque la voluntad política del Gobierno y sus instituciones para tomar medidas en el asunto: “De 1.398 (2000) a 7291 (2009) y luego al doble de los años 2010 a 2013 cuando se registraron 12.368 casos. Entre los años 2000 y 2013 se presentaron 19.659 casos de mujeres desaparecidas sin información”.   (Informe Desaparición Forzada de Mujeres, Fundación Nydia Erika Bautista. 2015).

El caso de las cuatro hermanas Galárraga Meneses, secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por paramilitares en La Dorada (Putumayo) en 2001

Yenny Patricia (19 años), Nelsy Milena, Mónica Liliana (gemelas de 18 años) y María Nelly (13 años) Galárraga Meneses, de La Dorada (Putumayo), señaladas por los paramilitares del bloque sur de ser “colaboradoras y tener relaciones sentimentales con la guerrilla”.

Durante el cautiverio fueron víctimas de violencia sexual. La niña y las adolescentes fueron sometidas a interrogatorio ante las cuadrillas paramilitares y sometidas a desnudez forzada.  Nelly, Yenny y María Nelly, fueron desmembradas vivas y Monica murió producto de una lesión por mecanismo contundente en el cráneo. El Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que el descuartizamiento fue utilizado como método de tortura. Los cuerpos de estas mujeres fueron hallados en una fosa común, con señales de tortura y con sus partes desmembradas.

El desenlace del caso

En el 2001, seis meses después de los hechos, se dictó resolución inhibitoria y el caso fue archivado. En el 2010, después de que fueron encontrados los cadáveres de las hermanas Galárraga (en fosas clandestinas) se activó el mecanismo de búsqueda.  En 2011, a petición de la parte civil, se revocó la resolución inhibitoria. En el 2013 se realizaron cuatro capturas, sin embargo, en junio de ese año, se decretó la prescripción del delito de violencia sexual.  En 2013 se vincularon al proceso a seis individuos, se decretó la apertura de instrucción por desaparición forzada agravada, secuestro simple, acto sexual violento y desplazamiento forzado y se ordenó su captura. En  2014, se vinculó a tres individuos por desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado. Ese mismo año se resolvió la situación jurídica de los captuados, ordenando la detención preventiva  de tres de ellos como autores materiales impropios de un concurso homogéneo y heterogéneo de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, secuestro simple, y desplazamiento forzado. Este año la mayor parte de estas capturas fueron canceladas.

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Dirección de Mujer Rural será una realidad en MinAgricultura: Bancada de Mujeres del Congreso

Bogotá, octubre 29 de 2015 

La Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República en cabeza de las parlamentarias Ángela Robledo (Alianza Verde), Flora Perdomo, Clara Rojas y Arleth Casado (Partido Liberal), convocaron la voluntad política del Ministerio de Agricultura, dirigida a hacer realidad la demanda de unas 150 organizaciones de mujeres rurales que promueven la instalación de una oficina específica que lidere las políticas que les atañen.

Edilia Mendoza lideresa de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales en Colombia y quien representa a unas 150 organizaciones dijo que llevan muchos años exigiendo que el Ministerio de Agricultura se ponga a tono con las recomendaciones de la Misión Rural y del Censo Agropecuario que propone incluir en las políticas públicas agrarias la perspectiva de género y trabajar en la reducción de la pobreza y las brechas que distancian a estas mujeres del desarrollo.

En Colombia hay 5,3 millones de las cuales 2,5 viven en condiciones de pobreza. Más de la mitad, 51,7% han sido víctimas de desplazamiento. El desempleo de las mujeres en la ruralidad en cinco veces más alto que el de los hombres: 18% frente a 3,7%. Pese a que las mujeres son mayoritariamente quienes trabajan la tierra, para el 2013 la titulación de tierras fue de 73% para hombres y 27% para mujeres.

La congresista Ángela Robledo aseguró que una vez se instale la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, el próximo 8 de diciembre, se comenzará a trabajar en una política pública integral que de manera participativa de curso a las múltiples demandas de las mujeres que tienen que ver con la concreción de los acuerdos para construir la paz en Colombia y que debe estar lista para mediados del año entrante.

“Es un compromiso del Gobierno del Presidente Santos, desde el Plan de Desarrollo, crear la Dirección de Mujer Rural que seguramente servirá para que se trabaje en la disminución de las enormes brechas que existen entre las mujeres del campo y las urbanas. No se puede pensar en construir equidad sin dar la mano a estas mujeres que son las más pobres entre las pobres, tienen denegados todos sus derechos y sufren cotidianamente violencia en la casa y violencia social a causa de la guerra y el desplazamiento. De las mujeres rurales depende en gran parte la economía familiar y la seguridad alimentaria del país. Esta es una prioridad”, aseguró Ángela Robledo.

Los acuerdos de crear la Dirección de Mujer Rural para el próximo 8 de diciembre y trabajar en una política pública participativa que priorice, entre otras, las demandas de las mujeres rurales de acceso a tierra, asesoría técnica, flexibiliación de créditos y capital semilla, para que esté lista a mediados del año entrante, fueron presididos por el Viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados.

En el encuentro estuvieron además las lideresas, Luz Amparo Vásquez, de la Asociacion de Usurios Campesinos de Cundinamarca; Blanca Flor Valencia, de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Afro de Colombia, Anmucid, y Ada Marlén Alfonso Consejera Nacional del Sector Mujer Rural. 

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Congresistas denunciarán a Mindefensa por incumplir sentencia de la Corte Constitucional sobre batidas

Bogotá, octubre 28 de 2015

Los representantes a la Cámara Ángela Robledo (Alianza Verde) y Alirio Uribe (Polo Democrático) denunciaron en debate de control político que el Ministerio de Defensa además de violar los derechos humanos de los jóvenes que no han resuelto su situación militar, incurren en el delito de fraude a resolución judicial por no acatar la orden dada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-455 de 2014 en la que indica que: “…las autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas…”

Los congresistas aseguraron que las batidas ilegales hacen parte de una estrategia de la fuerza pública dirigida a cumplir las metas anuales de incorporación de jóvenes al servicio militar, centrada en jóvenes de escasos recursos y campesinos a quienes se les vulnera todos sus derechos.    Entre enero de 2010 y octubre de 2015 se han presentado 1.088 denuncias de batidas o redadas – ilegales.

El 100% del servicio militar está sostenido con soldados regulares, bachilleres y campesinos de los  estratos  sociocioeconómicos 0, 1, 2 y 3, con un porcentaje sobresaliente, más del 50%, en todos los casos, para el estrato 2.  Entre 2009 y 2013 prestaron servicio militar 500.236 jóvenes en estas modalidades.

La parlamentaria Ángela Robledo dijo que: “Organizaciones objetoras de conciencia y defensores de derechos humanos han denunciado hasta el cansancio que estos muchachos son recogidos en camiones, muchas veces maltratados física y verbalmente y trasladados a sitios lejanos a sus hogares, donde se les mantiene sin comunicación alguna con sus familiares y al sol o al frío (depende donde los lleven) sin probar alimento por varios días.   Existe un clara discriminación de clase en estas batidas y en el método en el que la fuerza pública copta héroes que luego van como carne de cañón a los campos de batalla”.

Por su parte el representante Alirio Uribe aseguró que la lista de prácticas ilegales y recurrentes fue denunciada el año pasado cuando se analizaron los casos de 973 jóvenes: “Uso inadecuado y mala fe del término ‘compeler’; retención ilegal de documentos para asegurar la detención; capturas ilegales de jóvenes en espacios públicos masivos; participación y complicidad de la policía para realizar capturas ilegales; agresión verbal y física de los jóvenes incorporados; omisión de todas las exenciones legales y aplazamiento; transporte de jóvenes en buses intermunicipales por parte de militares vestidos de civil poniendo en riesgo la vida de militares reclutadores y reclutados; ocultamiento de los camiones en los cuales se hacen las detenciones arbitrarias (camiones sin placas); origen de los militares que realizan el operativo; omisión de procesos previos que vienen adelantando los jóvenes en los distritos militares correspondientes, entre muchas otras”.

La Corte Constitucional es enfática al señalar que: “Las redadas o batidas, están prohibidas por la Constitución y las leyes, al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial”. De igual manera indica que “las autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas, con el propósito de identificar a quienes no han resuelto la situación militar, para conducirlos a instalaciones militares y proceder a incorporarlos”. 

Según información del Proceso Distrital por Conciencia y la Dirección de Derechos Humanos y apoyo a la Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de enero a la fecha (octubre de 2015), se registraron en Bogotá 88 batidas.

El procedimiento de incorporación a las fuerzas militares y la definición de la situación militar están reguladas por la Ley 48 y el decreto 2048 ambos de 1993.  Asimismo, deben respetarse las causales de exención en todo tiempo, exención en tiempos de paz, y aplazamiento, contempladas en ésta y en otras leyes, como la Ley 1448 de 2011, que exime del servicio a las víctimas del conflicto y la Ley 1106 de 2006, que dispone que procede su aplazamiento respecto de los menores de edad  y por razones de estudio. 

Los congresistas dijeron que “Es necesario revisar la regulación del pago de la cuota de compensación militar y cumplir con los casos de exención del pago, así como revisar lo relacionado con el pago de las multas para los remisos. Como lo señala la Defensoría del Pueblo (Servicio militar obligatorio en Colombia: incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia. Informe 2014), deben agilizarse los trámites para la obtención de la libreta militar (no tenerla obstruye el acceso al empleo y al estudio), clarificar los procedimientos y crear una base de datos de libre acceso”.

De igual manera, los congresistas propusieron la creación de una comisión accidental de seguimiento a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por miembros de la fuerza pública, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Finalmente, los congresistas afirmaron que estos tiempos de paz exigen reeditar las instituciones, entre otras, fortalecer la formación en derechos humanos de los integrantes de la fuerza pública y profesionalizar el servicio militar.  

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Las memorias del posconflicto en Colombia

Culumna de opinión de la representante Ángela María Robledo

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, Colombia ha sido un país de guerras inconclusas y recurrentes. Guerras cuyos referentes históricos están presentes en los recuerdos de muchos de nuestros antepasados, en sus narrativas, en sus comportamientos y hasta en sus temores más infantiles. Guerras que por más de 100 años han estado presentes en las biografías de millones de personas en Colombia. Aureliano Buendía en Cien años de Soledad, del escritor García Márquez, podría encarnar desde la literatura el arquetipo del guerrero que pareciera eterno, por haber participado en 32 guerras civiles y haberlas perdido todas. Guerra que desnuda y exacerba nuestra condición de seres vulnerables.  La nuestra es una Colombia donde hemos crecido en la práctica de una enemistad intemporal, lo dice poéticamente William Ospina. La guerra nos ha transformado a todos de alguna manera, por acción o por omisión, en víctimas y victimarios.

  Esta guerra parecería estar a punto de terminar, quizá como se dijo hace algunas semanas desde La Habana (Cuba), el próximo año podríamos iniciar la transición de la guerra a la paz, transición que exigirá grandes dosis de verdad, de condiciones materiales y simbólicas de reparación a las víctimas, un “nunca más” a la guerra y una justicia que en el marco de la verdad plena y oportuna abrirá las opciones de penas alternativas o de cárcel para los máximos responsables, cuando no se diga la verdad. 

Un común denominador a esta travesía de la guerra a la paz serán los procesos de memoria individual y colectiva para construir una memoria histórica a muchas voces, una memoria democrática, que supere nuestras guerras de vencedores y vencidos, las memorias oficiales cómplices, hegemónicas, oscuras. Como lo dice Tzvetan Todorov un proceso donde “el mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”.  Las memorias colectivas de los procesos de paz negociados, lo plantea el profesor Iván Orozco, son sin duda más congruentes con el multiculturalismo y la pluralidad democrática, más propias del siglo XXI. Estos procesos propician que los guerreros que siempre encuentran razones para acudir a la violencia, porque se autorepresentan como victimarios-inocentes, puedan reconocer sus culpas y sus responsabilidades. 

En los procesos de paz negociados no son solo afloran pulsos militares y jurídicos, también son escenarios para la emergencia de emociones en las complejas tensiones por la redistribución de las culpas, el reconocimiento de odios recíprocos, de rabias, de miedos. También lo señala el profesor Gonzalo Sánchez: las memorias de la guerra y de la paz son campo de tensiones, de poderes, de lucha por fijar en las memorias individuales y colectivas, los motivos, las justificaciones y las comprensiones de la guerra. 

En Colombia la memoria se ha convertido en un factor explícito de denuncia y afirmación de las diferencias. Memorias silenciosas, memorias del ámbito privado, memorias de la indignación y la militancia, memorias de la resistencia. Prácticas de la memoria individuales o colectivas que no solo ponen en escena el dominio de los guerreros, de los poderosos sino que hacen visibles los grupos o colectivos que se enfrentan desde sus posiciones de fuerza, en ocasiones bastante asimétricas, pero siempre en tensión frente a los dominadores. Prácticas de memoria como las de las madres de Soacha, las mujeres de la Ruta Pacífica, las de los familiares de los miles de desaparecidos, que exigen no solo verdad, sino también un “Nunca Más”. 

La obligación de las víctimas será recordar, la pretensión y necesidad de los victimarios será olvidar, en esa tensión de memoria y olvido se podrá o no transitar hacia el camino de la paz. Habrá memorias que atan al odio vindicativo, a la venganza. También memorias que desatan de la macabra atadura de los victimarios y mueven hacia la dignidad. Las Memorias que des-atan de la ira y la venganza -lo dice Hannah Arendt-, son las que permiten cantar no el aniquilamiento, sino la politicidad titilante de estos conflictos, “…presente en el mundo precario pero mundo al fin, construido entre los enemigos en el desierto desertificante de las interacciones armadas (…) en un nuevo pacto entre enemigos”.  - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/las-memorias-del-posconflicto-en-colombia#sthash.3JBs8Oth.dpuf

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Niñez Indígena: Dulce semilla que teje futuro. Por Angela Robledo

El pasado primero de octubre llevamos a cabo en el Congreso de la República un coloquio que denominamos “Niñez Indígena: Dulce semilla que teje futuro”, en un trabajo conjunto con el senador Luis Evelis Andrade, la Organización Nacional Indígena ONIC, DNI y FUCAI, que tuvo como propósito contar con un espacio de reflexión sobre los grandes problemas que afectan a los niños y niñas de los Pueblos Indígenas.

Esa dulce semilla representada en la vida del nuevo ser que llega a la familia, a la comunidad, y que hace parte de nuestra sociedad necesita ser cuidada y protegida por toda la población colombiana. Esta semilla, para los pueblos indígenas que residen en 214 municipios, es el vínculo entrañable con la Madre Tierra, es la identidad, es el pilar de su cultura.

Son los niños y las niñas a través de quienes se perpetúan sus cantos, los saberes, la magia, las cosmovisiones y la pervivencia de los pueblos indígenas. Nuestro país, pluriétnico y multicultural de acuerdo con la Constitución Política que nos rige, tiene la responsabilidad y el deber ético, social y político impostergable de proteger sus vidas y garantizar sus derechos. 

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Niños indígenas que mueren de hambre piden ser semilla para el futuro

Bogotá, septiembre 30 de 2015

En Colombia los niños son los más pobres entre los pobres con indicadores sociales casi todos en rojo, pero son los niños indígenas quienes llevan la peor parte, al punto que sus pueblos están al borde del exterminio a causa de la falta de agua, de enfermedades evitables y prevenibles, pero sobre todo por hambre.

Por ejemplo, en La Guajira 70% de la población vive en pobreza y 1 de cada 3 personas sobrevive a la indigencia. El 27% de la población tiene desnutrición crónica y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son casi del 100% en la mayoría de sus municipios. Según el DANE la cobertura de alcantarillado no alcanza ni siquiera al 8% y 90% de la población no cuenta con agua potable. La tasa de mortalidad materna de la región, triplica la tasa nacional, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.

En general, la desnutrición de los niños indígenas es más del doble (7,5%) que la de los niños en el resto del país y los departamentos que presentan indicadores altos de desnutrición, son regiones donde se concentra mayor población de niños indígenas: La Guajira (11%), Magdalena (6,8%), Chocó (6,3%) y Amazonas (5,8%). Datos de la Encuesta Nacional de Nutrición en Colombia (ENSIN 2010).

En Manaure, por ejemplo, la prevalencia de anemia está en 82%, lo que duplica el promedio nacional. Cifras de Unicef (2010) muestran que la existencia de desnutrición crónica de niños y niñas indígenas de 0 a 59 meses es del 73%; mientras el promedio nacional esta en 8%, o sea nueve veces más alta.

“Esta dolorosa e infame situación de los niños indígenas la hemos denunciado innumerables veces mientras que más de 4.125 niños han muerto de física hambre y de enfermedades relacionadas con bajo peso, desnutrición y falta de agua potable, en los últimos seis años. Hoy 37.000 niños y niñas wayúu están en riesgo de muerte por las mismas causas y no pasa nada!”, dijo Ángela Robledo, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde.

Por su parte el senador Luis Evelis Andrade afirmó que: “Llamamos la atención del gobierno nacional y en especial del Insituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de los ministerios de Vivienda, Salud y Educación para que se implementen políticas públicas urgentes y necesarias para la sobreviviencia de nuestros pueblos indígenas patrimonio de la humanidad”.

Estas y otras problemáticas que sufren los niños indígenas se discutirán el próximo jueves 1 de octubre de 8 a.m. a 5 p.m. en el salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República. Primer coloquio de niñez indígena dulce semilla que teje futuro, convocado por los congresistas Ángela Robledo y Luis Evelis Andrade y la ONIC.

En Colombia 3,43% de la población es indígena, o sea 1.392.623 personas de las cuales el 46% son menores de edad que sobreviven a condiciones infrahumanas: 70% sufre desnutrición crónica, 63% vive en pobreza estructural, 47,6% debajo de la línea de miseria y el analfabetismo alcanza el 44%.

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Comisión de Paz del Congreso celebra acuerdo de Justicia en la Mesa de Diálogo

En comunicado, Senadores y Representantes respaldan al Presidente Juan Manuel Santos y piden que se formalicen las conversaciones con el ELN.

Bogotá, septiembre 23 de 2015

Las Comisiones de Paz del Congreso de la República saludamos hoy con esperanza y alegría el anuncio de que el Presidente Santos le entregará esta tarde al país un acuerdo histórico de la Mesa de Diálogo en La Habana (Cuba) sobre justicia transicional.

Desde las Comisiones de Paz hemos trabajado duramente para que el anhelo de un acuerdo de paz con justicia social se haga realidad lo antes posible y podamos entre todos los colombianos comenzar a construir el post conflicto, con verdad, justicia y reparación.

Este anuncio nos llena de ilusión porque significa que avanzamos en el camino de la reconciliación en un mundo convulsionado por la guerra y el odio.

Apoyamos al Presidente de la República, Juan Manuel Santos y  a todo el equipo negociador que se la ha jugado por llevar a feliz término este proceso y pedimos que se formalice e instale lo más pronto posible la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN.

No podemos avanzar realmente en un proceso de post conflicto sin un acuerdo con el ELN. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando como facilitadores de estos procesos tan transcendentales para el país.  

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La política del amor del Centro Democrático. Por Angela Robledo

Columna de opinión de la Representante Ángela Maria Robledo

"Agarrón entre congresistas" fue el titular que utilizaron varios medios de comunicación para dar cuenta de mi discusión con dos congresistas del partido político conocido como Centro Democrático, cuando les pregunté por su silencio frente a las muertes de jóvenes a manos de integrantes del Ejército, mal llamados "falsos positivos", ocurridos especialmente durante el gobierno de su jefe, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. 

Mi reclamo iba igualmente dirigido a la complicidad mostrada frente a las persistentes denuncias sobre jóvenes ajusticiados y desaparecidos durante la macabra Operación Orión, llevada a cabo en octubre de 2002 en las comunas orientales de Medellín, bajo el comando del hoy exgeneral Mario Montoya, acusado de las muertes de jóvenes, quien tuvo que abandonar su cómoda condición de embajador de Colombia en República Dominicana para responder ante la justicia por la acusación de haber intervenido en operaciones del Ejército en las cuales se violaron los Derechos Humanos, en especial de jóvenes pobres y excluidos, casos que hoy permanecen en total impunidad. 

Hoy ante el país y la comunidad internacional se inicia la tarea de buscar entre toneladas de basura, en la zona de Medellín conocida como La Escombrera, los restos de muchos de estos jóvenes. Se dice que estamos frente a una de las fosas comunes más grandes del territorio nacional. Fosa que se alimentó bajo los ojos de los gobernantes locales de turno y la mirada complaciente de un presidente de "corazón grande" cuya primera referencia cuando se habló de la desaparición de los jóvenes, denunciada por sus madres, en la población de Soacha, fue: "De seguro, esos muchachos no andaban recogiendo café".

Ese fue mi reclamo frente a las seguidoras de su jefe político. Se me acusó de estar mintiendo, de ser una persona que odia a su jefe, de ser injusta con mis presuntas acusaciones que, dicho sea de paso, nunca han sido desmentidas, y finalmente se me invitó a militar en la política del amor como la salida y la posibilidad de promover la reconciliación.

Al escucharlas reconocí que están haciendo un llamado sensato, necesario para un país donde la violencia ha permeado nuestras interacciones en los ámbitos más privados, que permean el mundo político y nos han conducido -lamentablemente- a terminar justificando la violencia en sus múltiples expresiones. 

Sin embargo, basta revisar cómo su jefe Álvaro Uribe ha ejercido su tarea política para darse una cuenta que él sería el mejor alumno de la recomendación que me hicieron sus fervientes seguidoras. Y, confieso, no pude evitar recordar algunas de sus más famosas expresiones:  "Estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Y si lo veo le voy a dar en la cara, marica". "Sea varón y quédese a discutir de frente, porque usted, a veces, insulta en la distancia".  "Pregúntenme lo quiera que hoy estoy cargado de tigre". "Les pido a los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos del Gobierno".  "Muchos de ellos del M19 incendiaron el Palacio de Justicia con dineros de la mafia... recibieron indultos, se quitaron el camuflado y ahora son terroristas vestidos de civil". Con esta afirmación se refería especialmente a Gustavo Petro y Antonio Navarro quienes habían hecho su tránsito de los fusiles a los votos, para defender sus ideas.

Hoy reconozco que si se van a cambiar las armas por los votos, si vamos a hacer la política en medio de la diferencia, vamos a lograr pasar de exterminar al otro a confrontarlo en medio del conflicto, el cual debemos aprender a resolver sin matarnos, ni material, ni simbólicamente.  La invitación entonces a las colegas del Centro Democrático es que así como puedo aceptar su recomendación de promover la convivencia y el debate sereno, el primer "buen muchacho" que debería acoger su receta es su jefe, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. - See more at: http://www.lapatria.com/columnas/40/la-politica-del-amor-del-centro-democratico#sthash.tNcuEzPt.dpuf

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Aprobado en primer debate proyecto de ley de prima para trabajadoras domésticas

Bogotá, septiembre 15 de 2015

Ángela María Robledo, representante a la Cámara y co autora del Proyecto de Ley No. 003 de 2015 Cámara, presentó ponencia positiva a la iniciativa por medio de la cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para trabajadoras domésticas, que fue aprobada por la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

Este proyecto está fundamentado, entre otros, en el Convenio 189 de la OIT, ratificado por Colombia y que apunta no sólo a la formalización del trabajo en igualdad de condiciones para todos los trabajadores, sino en la búsqueda de condiciones de trabajo decente.

De igual manera, la iniciativa de la Bancada Verde busca concretar el mandato de la Corte Constitucional en la Sentencia C-871 de 2014 que insta al Congreso y al mismo Gobierno para que se avance en el reconocimiento de condiciones dignas, justas y en igualdad de condiciones de las trabajadoras domésticas.

Cifras del Ministerio de Trabajo (2014), indican que en Colombia  hay 709.000 personas dedicadas a trabajar como empleados domésticos, de los cuales 674.000 (95%) correspondían a mujeres y 36.000 (5%) hombres, que ganan menos de un salario mínimo.  Según la Encuesta Integrada de Hogares del mismo año, la mayoría de los trabajadores domésticos el 44% está entre los 41 y 60 años.  Se estima que apenas ocho mil cuentan con contrato de trabajo escrito, es decir, que la mayoría no cuenta con ninguna protección social.   

Es de anotar que un buen porcentaje de estas mujeres provienen de los sectores más desfavorecidos del país, la mayoría han sido víctimas de desplazamiento forzado, violencia sociopolítica y sobrevivientes de violencia sexual.

Ángela Robledo señaló que la familia es el primer lugar donde arranca el cuidado de la vida que le aporta riqueza al país y que el trabajo de las mujeres es también un trabajo productivo y por tanto urge que se le reconozca como sujetos de derechos laborales.  

De acuerdo con la investigadora Sandra Muñoz (2015) es necesario transformar el trabajo doméstico en uno laboralizado y desligado de la esfera de lo reproductivo y de lo privado y garantizar por lo menos cuatro elementos mínimos de trabajo decente que define la OIT: Empleo productivo, protección en seguridad social integral, trabajo con garantía a los derechos fundamentales y diálogo social. 

PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

 

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Ángela María Robledo pide sanción contra los congresistas que le agredieron en la plenaria de la Cámara

Bogotá, septiembre 9 de 2015

La representante de la Alianza Verde Ángela María Robledo radicó hoy una solicitud ante la presidencia de la Cámara de Representantes para que se investigue y sancione las agresiones verbales de las que fue objeto  por parte de los representantes Álvaro Hernán Prada y otros, quienes la ultrajaron de palabra, le faltaron  al respeto e  hicieron imputaciones deshonrosas y degradantes en su contra.

El debate se presentó en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, del 8 de septiembre cuando se discutía una proposición de moción de censura contra la Canciller María Ángela Holguín, promovida por el Partido Conservador frente a la cual Robledo alertó sobre posibles vicios de trámite. Enseguida el representante del Centro Democrático, Hernán Prada, la emprendió contra ella con insultos, calificativos personales degradantes y estigmatizaciones sobre su activismo en el proceso de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las FARC.   

La solicitud realizada por la representante Robledo fue respaldada por congresistas de diversos partidos quienes hicieron un llamado a sus colegas para que se respete la deliberación abierta, democrática y respetuosa en el escenario político. 

Por su parte la representante Ángela María Robledo dijo que su vida política está abierta al escrutinio de la ciudadanía y que su único nexo ha sido con la salida política de la guerra centenaria que azota al país.

Ver solicitud dirigida al Presidente de la Cámara de Representantes.

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Duelos suspendidos en el tiempo: el drama de la desaparición forzada. Por Angela Robledo

En Colombia nos hemos acostumbrado a contar muertos, desplazados, violaciones, genocidios… y tenemos casi siempre el deshonroso primer lugar en aquello que significa pobreza, violencia, inequidad, concentración de la riqueza… pero existe un drama que es como estar muerto en vida: la desaparición forzada que nos condena a sobrevivir con duelos aplazados y dolores suspendidos en el tiempo y que convierte al país en una gran fosa común.  

Cifras indeterminadas, indican que en el país existen 122.155 personas afectadas por la desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas de la guerra, sus padres y hermanos, según el Registro Único de Víctimas (Abril de 2014). De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica las víctimas directas de la desaparición son unas 22.000 incluidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). Son unas 45 mil familias esperando razón de sus seres queridos.  

El pasado 30 de abril se conmemoró el Día Internacional del Desaparecido, la única certeza es que la impunidad es total. Así lo demuestra el Informe Alterno al Comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual señala que: “(…) en el 80% de los casos no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos; el 85% de los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99%, no hay autores enjuiciados y condenados. De este modo, el sistema judicial no ha sido garantista de los derechos de los desaparecidos y sus familiares”. (Fuente: Fundación Nydia Erika Bautista, febrero de 2015).  

Hasta el momento, según la Fiscalía General de la Nación, se contabilizan 2.292 personas inhumadas como no identificadas en los diferentes cementerios en los que trabaja la problemática la organización Colectivo Orlando Fals Borda. De ellas, 1.421 fueron reportadas por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en combate, según consta en las actas de levantamiento del cadáver, sin que existan antecedentes penales o sentencias contra las personas inhumadas. Han sido identificados 830, se han exhumado 990 y entregado 77 cuerpos.  

A juicio de la organización Fals Borda, esto supone que en 5 años se han entregado los restos de 77 personas, es decir, 15,4 al año. A este ritmo harían falta 143,83 años para entregar el resto de los cuerpos inhumados solo en cinco cementerios, lo que evidencia que resulta imprescindible acelerar este proceso dotándolo de más recursos humanos, técnicos, financieros y, sobre todo, de voluntad política de las entidades involucradas.  

A pesar de que Colombia aprobó la Convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada (Ley 1418 de 2010 puesta en marcha en agosto de 2012), el país no ha aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, lo que implica que en la práctica la ley no se cumple.  De acuerdo con la organización Equitas que también aborda el tema “el proceso de transición por el que atraviesa Colombia quedaría inacabado si no agotamos toda la capacidad del Estado en determinar el universo de las desapariciones forzadas, saber cuántos son, sus nombres y sus historias; saber el por qué y para qué los desaparecieron y quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Para ello es necesario que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas frente al cumplimiento e implementación de la política pública en materia de desaparición, en los que se cuente con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, de los equipos forenses independientes y de los familiares de las víctimas”.  

Se estima que el 84% de los casos de desapariciones forzadas son a causa del conflicto armado pero su drama se queda en la impunidad, la invisibilidad y la tragedia de cada familia que lo padece.  Solo esperamos que esta guerra termine, que podamos llamar la atención de las autoridades responsables de combatir la impunidad y unirnos al dolor de aquellos que buscan entre escombros a sus seres queridos. Que podamos como dice bellamente el poema de Miguel Hernández:(…) escarbar la tierra con los dientes, apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. (…) minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte…  

(Una versión corta de esta columna circuló en mis redes sociales a propósito del Día Internacional de la Desaparición Forzada) . 

ANGELA ROBLEDO

COLUMNA PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA

http://www.lapatria.com/columnas/40/duelos-suspendidos-en-el-tiempo-el-drama-de-la-desaparicion-forzada

 

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Comisiones de paz del Congreso radican proyecto de servicio social alternativo al servicio militar obligatorio

Los miembros de las comisiones conjuntas de paz del Congreso de la República radicaron el proyecto de Acto Legislativo que tiene como propósito crear el Servicio social para la paz. Con esta iniciativa los jóvenes podrían optar por el servicio social en distintas áreas y entidades del Estado, si no se inclinan por el servicio militar.

BOGOTÁ, 26/08/2015. La iniciativa, que consta de dos artículos, recoge en un solo marco jurídico la propuesta de un servicio social que les permita a los jóvenes alternativas distintas a la de las armas, y ser partícipes de la construcción de la paz. El proyecto modifica el artículo 22 de la Constitución Política, “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, adicionándole un inciso con el que se crea un servicio de carácter social que materialice este derecho/deber, que será reglamentado por la ley, y que sería equivalente o alternativo a la prestación del servicio militar, actualmente obligatorio.

Con este proyecto, los jóvenes podrían optar por el servicio social, si no se inclinan por el militar. Por su carácter civil y social, enfocado en el derecho y el deber de la paz, se prestará en entidades gubernamentales civiles, organizaciones sociales y comunitarias, del orden nacional y regional, en coordinación con las entidades del Estado designadas para ello, y tendrá una duración de 12 meses.

La iniciativa también modifica el artículo 216 de la Constitución Política: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”, permitiendo que solo los colombianos que así lo decidan, podrían tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, sin perjuicio de que una ley reglamente los casos en que debido a una guerra exterior, sea necesario hacer un llamado general a tomar las armas.

La iniciativa legislativa contó con el aporte de las organizaciones de objetores agrupadas en el Proceso Distrital de Objetores por Conciencia, entre las que se encuentran: Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad Tejuntas, la Asamblea Nacional de Objetores de Conciencia, Colectivo de investigación La Tulpa, Amaranto, Escuela Libertaria por la Educación Popular, Disentir, Alborada, entre otras.

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Mujeres en riesgo de ser asesinadas por sus parejas

¿Sabían ustedes que la violencia en los hogares colombianos cobra más víctimas que la guerra? Dicho de otra manera: ¿sabían ustedes que mueren más mujeres en la casa que soldados en el campo de batalla? Las preguntas y las respuestas en sí mismas son aterradoras: a las mujeres en este país las están matando quienes dicen que las aman: sus exesposos o sus parejas. 

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Más de 2 mil mujeres en riesgo de morir a causa de la violencia de pareja

Bogotá, agosto 12 de 2015

 

Así lo denunciaron las congresistas Ángela Robledo y Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, tras conocer un estudio de Medicina Legal que indica que 2.115 mujeres están en riesgo de ser asesinadas por sus parejas o exparejas en ciudades como Popayán, Bogotá y Cartagena donde se concentra el número más alto de mujeres en riesgo extremo.

Y es que la violencia en la casa está cobrando más víctimas que la misma guerra: Durante el 2014 Medicina Legal realizó 75.939 peritazgos por violencia intrafamiliar que incluye violencia contra los niños, niñas y adolescentes, violencia contra los viejos y violencia de pareja, frente a la cual, las mujeres y niñas llevan la peor parte con un 85% de los casos. 

De acuerdo con la representante a la cámara, Ángela Robledo: “La violencia contra las mujeres en todos los escenarios es absolutamente intolerable pero lo es más en la casa que hoy constituye el primer campo de batalla. Comparando estadísticas soldados muertos en combate, frente a mujeres asesinadas en sus casas, nos da una cifra escalofriante: mientras en un mes mueren 21 soldados, 63 mujeres son asesinadas por violencia de género. Sólo entre enero y febrero de este año 126 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres”. 

Lo más aterrador del asunto es que la casa y los esposos constituyen un peligro para las mujeres. De acuerdo con Medicina Legal son los esposos, ex esposos, novios, compañeros o ex compañeros permanentes los principales agresores. La frase de “te voy a matar” se ha convertido en una expresión cotidiana que aniquila a las mujeres, las paraliza y las inunda de miedo para denunciar y movilizarse. Para 2014, Forensis reportó que 41.802 mujeres sufrieron violencia de pareja.  

Medicina Legal indicó que muchas de las mujeres que fueron valoradas en exámenes médico legales “regresaron luego muertas”, por lo que decidieron aplicar un cuestionario que permite valorar el riesgo de la violencia mortal contra las mujeres y que arrojó estas cifras. 

¿Cómo es posible que Medicina Legal denuncie que hay 2.115 mujeres en riesgo de ser asesinadas y no exista ya una acción contundente del Estado para salvarlas?  Si tenemos todos los datos, las ciudades, los protocolos… Todo! Dijo la congresista Ángela Robledo. 

Robledo dijo que a pesar de que Colombia cuenta con 1.132 comisarías de familia que son una de las primeras instituciones a las que acuden las mujeres, el acceso de ellas a una justicia real y efectiva aún está en pañales por cuenta de medidas de protección que no se cumplen, ausencia de rutas claras de atención, falta de coordinación y gestión  interinstitucional y sobre todo seguimiento a los casos críticos. La institucionalidad está colapsada.   

Muchos de los casos de mujeres que son asesinadas por su parejas o ex parejas han pasado por  una “conciliación” en comisarías de familia: El 20 de febrero, Gloria denuncia un intento de asfixia por parte de su esposo que fue considerada lesiones personales; el 17 de marzo, el esposo de Gloria intentó lanzarla por la azotea y nuevamente esta agresión fue considerada como lesión personal; en mayo Gloria fue asesinada por su esposo con arma de fuego. Dos meses después Gloria es citada a la comisaría para conciliar con su esposo. (Fuente: eltiempo.com) 

Claudia Román fue asesinada por su esposo quien le propinó siete puñaladas. Claudia estuvo tres veces en la comisaría de familia en Cali por lesiones y allí le recomendaron que conciliara. En esas mismas tres oportunidades debió recurrir al hospital por lesiones en el pómulo, clavícula y extremidades por los golpes. (Fuente: eltiempo.com)

La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y la violencia de pareja es una clara violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres con unos costos incalculables en términos de salud física, mental y años de vida perdidos. Según CEDE- FONADE (2008), la violencia intrafamiliar le cuesta al país 8,7 billones de pesos al año, lo que representa el 4% del PIB. 

Lo más grave es que es una pandemia en aumento: De acuerdo con Forensis para el 2014, 41.802 mujeres fueron violentadas por su pareja; 4.105 casos más, que los presentados en el 2013. Sólo en 2010 las comisarías de familia emitieron 171.094 medidas de protección de las cuales el 82% fue para mujeres víctimas. Se estima que solamente el 30% de los hechos son registrados, los demás el 70%, se quedan en el silencio de la casa.

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Corte Constitucional admite demanda al fuero militar

Bogotá, agosto 5 de 2015

 

A partir de mañana jueves 6 de agosto comienzan a correr los plazos que la Corte Constitucional fijó para realizar intervenciones ciudadanas, frente a la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo que amplía el Fuero Penal Militar y que fue interpuesta en días pasados por los Congresistas Ángela Robledo (Alianza Verde), Alirio Uribe e Iván Cepeda (Polo Democrático), por la Mesa técnica sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y familiares de víctimas de falsos positivos.

En el auto admisorio, la Corte les solicitó a varias facultades de derecho de universidades públicas y privadas, que se pronuncien sobre la demanda, así como al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección General de la Policía Nacional y Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de las Fuerzas Militares.

Este órgano constitucional anunció además que a partir del 6 de agosto y hasta el 21 del mismo mes, queda abierta la posibilidad de que organizaciones sociales, académicas, jurídicas presenten sus intervenciones ciudadanas.

De acuerdo con los demandantes, la nueva norma constitucional afecta tres principios básicos de la Constitución Política: obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, la autonomía e independencia judiciales, y el derecho a la igualdad ante la ley, argumentos que constituyen en la demanda los tres cargos principales.

Ángela Robledo, representante a la Cámara  de la Alianza Verde, dijo que la Corte dio un paso muy positivo para la justicia en Colombia e invitó a los ciudadanos a que participen de esta convocatoria que abre el alto tribunal para debatir sobre el tema. “Creemos que la ciudadanía en general y los centros académicos van a respaldar esta demanda contra la reforma al fuero penal militar por considerar que al aplicar exclusivamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, y dejar de aplicar las del derecho internacional de los derechos humanos, en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, en relación con un conflicto armado o enfrentamientos que reúnan las condiciones del DIH, existe riesgo de que haya impunidad en graves violaciones de derechos humanos”.

El representante Alirio Uribe Muñoz dijo que confía en que la Corte Constitucional dé la razón sobre la demanda presentada “que a todas luces lo único que hace es aumentar la impunidad en casos relacionados con delitos cometidos por la fuerza pública”

Su colega del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda afirmó que: "Espero que la Corte, como lo hizo ya en una oportunidad, declare que el Fuero Penal Militar es inconstitucional y violatorio del derecho de las víctimas y del principio de igualdad ante la justicia".

Esta demanda fue radicada el pasado 15 de julio en coordinación con  la Comisión

Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la  Mesa Temática

sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Centro de Estudios Juan Gelma, la Corporación

Jurídica Yira Castro, la Fundación Nidia Erika Bautista, ASFADDES, el Movimiento Nacional

de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, REINICIAR y Marcha Patriótica, entre otros.

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Hay que desescalar el conflicto social

COMUNICADO DE PRENSA

Hay que desescalar el conflicto social

Bogotá, D.C., 28 de julio de 2015

Los garantes y miembros del Congreso conocemos y apoyamos los esfuerzos de ASCAMCAT por proteger los derechos de los campesinos en el Catatumbo y las alternativas que plantean los campesinos para un proceso de sustitución de la coca.

Es necesario que el gobierno, al  desescalar la guerra  con la insurgencia acepte seriamente la democracia directa de la protesta social, y  no se entre en un proceso de escalamiento máximo del conflicto social por que el Estado use las fuerzas de seguridad contra la protesta, o porque no da  salida  a las demandas de las organizaciones y comunidades.  Un paro en el Catatumbo hoy , en protesta contra la fumigación, sería un fracaso de los esfuerzos de años de esfuerzos de concertación.

Los garantes rechazamos la estrategia de fumigación que según se dice se entraría a ejecutar en el Catatumbo a partir del mes de agosto. Los garantes pedimos al gobierno que sea coherente con la decisión tomada de dar por terminadas las fumigaciones por sus efectos nocivos contra la salud de las personas y los animales por envenenamiento de los suelos. La fumigación ahora en el Catatumbo traería una reacción generalizada en la región que llevaría a un paro de grandes costos sociales y económicos, y que fácilmente se extendería por todo el país. Fumigar en el Catatumbo donde las aguas vierten al golfo de Maracaibo, traería inevitablemente conflictos con Venezuela.

Descartada la fumigación, los garantes pedimos que el gobierno tome con toda seriedad y de implementación a la propuesta presentada por los campesinos en la vereda Angalia para una sustitución gradual y eficaz correspondiente al desarrollo que se espera por el gobierno de tal manera que esta sea la alternativa a la erradicación forzada.

Los garantes invitamos a ASCAMCAT y a las organizaciones campesinas del Catatumbo a acrecentar los procesos pedagógicos, a partir de iniciativas concretas como la de la vereda Angalia, para que el Catatumbo pueda entrar pronto a un proceso de desarrollo rural que asegure la dignidad de todos sus habitantes y su sostenibilidad, como se ha planteado en los acuerdos de La Habana sobre desarrollo rural integral y política contra el narcotráfico.


Firman,

Padre Francisco de Roux S. J. 

Todd Howland - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ernesto Samper – Secretario General de UNASUR

Congresistas Angela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda

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Congresistas promueven derechos laborales de empleadas domésticas

Bogotá, julio 16 de 2015

Las Representantes a la Cámara Ángela Robledo y Angélica Lozano y la Senadora Claudia López, de la Alianza Verde, en coordinación con la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Fundación Bien Humano y laEscuela Nacional Sindical (ENS), convocan a la Audiencia Pública: Prima para Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico, con el fin de reivindicar los derechos laborales de cerca de un millón de mujeres urbanas del país.

Las congresistas verdes lideran en el Congreso el mandato de la Corte Constitucional de reconocer el derecho a la prima de la empleadas domésticas recogida en laSentencia C-871 de 2014 que insta al Congreso y al Gobierno a avanzar en el reconocimiento de esta desigualdad, en desarrollo del cual presentaron el proyecto de ley 199 de 2015, pendiente de trámite.  

El objetivo del encuentro es trazar la ruta para avanzar en los compromisos de las diferentes instituciones frente a la garantía de los derechos laborales, sobre todo de las mujeres que realizan esta labor de cuidado. Por ejemplo, se requiere que el Ministerio del Trabajo gestione la formalización laboral de las empleadas, así como las medidas efectivas de protección, acceso a la justicia y eliminación de la violencia y la discriminación.

En el encuentro, la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentará los hallazgos de la investigación Barriendo la Invisibilidad; los Centro de Atención Laboral (CAL) harán un balance de los casos atendidos en el 2014 para la protección de derechos de trabajadoras y trabajadores domésticos; ONU Mujeres mostrará su visión de la primacomo avance en la búsqueda de la equidad de género; y la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (Utrasd) dará testimonio de dos años de trabajo sindical en medio de la adversidad económica y social.

De las más de 700.000 trabajadoras domésticas que registran las estadísticas, se estima que apenas unas 8.000 cuentan con contrato de trabajo escrito, de igual forma la protección social es una excepción. En Colombia el trabajo doméstico está signado por la exclusión y la desigualdad teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las trabajadoras domésticas del país han sido víctimas del conflicto armado, sufriendo desplazamiento, violencia sexual y ausencia de oportunidades en la garantía y el acceso a salud y educación.

De acuerdo con una investigación realizada en Medellín en 2012: 

  • El 98 % tiene hijos, y son madres solteras o separadas, cabeza de familia.
  • El 86 % tiene contrato verbal.
  • El 52 % trabaja por días en diferentes hogares, el 26 % son internas.
  • El 48 % pertenece al estrato uno, el 40.5% al estrato dos.
  • El 91% de las internas trabajan entre 10 y 18 horas diarias, El 89 % de las externas trabajan entre 9 y 10 horas.
  • No reciben pago por horas extras en el 90.5 % de los casos.
  • El 61.9 % recibe mensualmente entre $300.000 y $566.000. El 21.4 % entre $100.000 y $300.000, y el 2.4% entre $50.000 y $150.000 (cifras de 2012).
  • El 21 % está afiliada a pensiones; el 50% de las afiliadas a salud lo están en régimen subsidiado y el resto en el contributivo como beneficiarias. El 64 % no está afiliado a riesgos laborales.
  • El 55 % ha sufrido discriminación racial.

*Investigación Barriendo la Invisibilidad, Escuela Nacional Sindical – ENS. Estudio realizado para la ciudad de Medellín en 2012. 

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Invitación final Audiencia

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Radicada demanda contra reforma al fuero penal militar por inconstitucional

Bogotá, julio 15 de 2015

Los congresistas  Ángela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda; Lourdes Castro García, secretaría Técnica de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos,  la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la  Mesa Temática sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Centro de Estudios Juan Gelma, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Fundación Nidia Erika Bautista, ASFADDES, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, REINICIAR, familiares de víctimas de falsos positivos y víctimas de la violencia sociopolítica, la Marcha Patriótica, entre  otros,  radicaron hoy demanda contra el Acto Legislativo 01 de 2015 que reforma el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia y que busca ampliar el fuero penal militar.

De acuerdo con la demanda este acto legislativo, promulgado por el Presidente Santos, en junio de este año, va en contra vía de al menos tres aspectos fundamentales de nuestra carta política como son: la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos humanos, el principio de autonomía judicial como manifestación del principio de separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley.

De acuerdo con Ángela Robledo, representante a la Cámara de la Alianza Verde, “la reforma al fuero penal militar al excluir la aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con ocasión del servicio por parte de los miembros de la fuerza pública, favorece  la impunidad en violaciones de derechos humanos y atenta contra la autonomía de los jueces y fiscales, al imponerles que apliquen exclusivamente el derecho internacional humanitario”.  Robledo puntualizó que esta reforma no le aporta a la paz.

Para el representante del Polo Democrático,  Alirio Uribe, la demanda se interpone, entre otros motivos, porque, además de afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, excluye la aplicación de los derechos humanos en la investigación y juzgamiento de conductas punibles cometidas por miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado, y les da privilegios injustificados en el caso de cometer delitos en ese marco”. 

El senador  Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo que “esta reforma constitucional afecta gravemente la autonomía del sistema judicial y los derechos de las víctimas al libre acceso a la justicia, ya que excluye la posibilidad de aplicar los derechos humanos en crímenes cometidos por la fuerza pública”.

Ahora la última palabra la tendrá la Corte Constitucional quien definirá si finalmente la reforma al fuero es constitucional o no.

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Nuestros actores colombianos

Publicada en el periódico La Patria de Manizales

Mucho se dice sobre nuestros actores y actrices de Colombia. Se cree que son millonarios; que gozan de jugosos y numerosos contratos con todas las prestaciones sociales; que la fama y el reconocimiento nacional les da muchas ventajas en su vida cotidiana; que disfrutan una vida laboral, familiar y personal alejada de las crisis económicas y el desempleo; que la actuación no va más allá de una cara bonita y unos cuantos talleres de formación profesional; que se jubilan llenos de lujos y privilegios. En fin. Se dicen y se creen tantas cosas que por momentos se ignora la cruda realidad que actores y actrices sufren tras bambalinas, y se olvida la continua violación de sus derechos humanos. Se olvida así que muchos de ellos trabajan arduamente, nos entregan su vida en muchas de sus actuaciones y hoy trabajan asociados para exigirle al país la garantía de sus derechos.

El panorama actual es alarmante, y así lo expuse en una audiencia pública que organizamos el año pasado en el Congreso de la República. Decía, entonces, que no son pocos los actores, actrices y artistas que viven sin estabilidad laboral, sin pensión ni cesantías, con horarios de trabajo irregulares, en locaciones riesgosas, con cambios de reglas en los contratos, sin derecho a las regalías por las ventas y transmisiones de los productos televisivos en otros países, sin vacaciones o en condiciones de abuso laboral y discriminación. Y, como si fuera poco, comienza a hacer carrera en los canales privados la transmisión de producciones extranjeras en las franjas de mayor audiencia, en detrimento de la televisión pública y nacional, y en contravía de la dignidad y el buen trabajo de nuestros actores colombianos. 

Por eso el próximo 20 de julio vamos a radicar en el Congreso de la República el proyecto de ley con el cual proponemos establecer un marco jurídico para el ejercicio de la profesión de actor en nuestro país, el cual es fruto del trabajo colectivo y pedagógico entre la Asociación Colombiana de Actores (ACA), diferentes organizaciones de artistas y de gestión cultural, y congresistas de varios partidos políticos. 

El objeto de la ley no es otro que "establecer mecanismos que regulen el ejercicio de la actuación profesional en Colombia de tal manera que protejan los derechos laborales, culturales y de autor de los actores y actrices, que estimulen y exalten la excelencia, garantizando así la función como agentes culturales de los actores para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura, el arte, la creatividad y la libertad de expresión artística". 

Las razones para apoyar este proyecto son varias y de distinta índole, pero quiero citar las más importantes. Cito texto de ACA: 1) "Créanlo, la actuación es una profesión. 2) Los actores somos trabajadores y somos sujetos de derechos laborales y seguridad social. 3) La actuación es un trabajo creativo, como tal genera toda clase de derechos patrimoniales. 4) Con la pensión de los actores no se juega. 5) El teatro y otras disciplinas de la creación escénica son patrimonio cultural y el Estado debe garantizar a sus ejecutantes condiciones dignas para su ejercicio, impulsado de esta manera su desarrollo económico, social y cultural". 

Dicho esto, por supuesto ciertas productoras, empresas privadas, algunos congresistas, empleadores y conglomerados económicos quizá se opondrán al proyecto, pero tengo la seguridad de que organizarse creativamente y movilizarse sin violencia valdrá la pena, como ha quedado demostrado en otras ocasiones anteriores. En esta oportunidad, serán los actores y actrices quienes, con su fuerza serena y potente, logren convocar a la ciudadanía a favor de esta causa. 

Y así, aprobar el llamado "estatuto del actor" será un asunto de justicia, que abogará por una vida laboral y personal en condiciones de dignidad, como se lo merecen todas y todos los artistas, trabajadores, creadores y generadores de patrimonio e identidad cultural en nuestro país. Sin duda, aprobar este proyecto de ley será también un paso fundamental para la paz, la promoción del arte en Colombia y para la garantía de los Derechos Humanos. Por eso yo impulso la ley del actor en Colombia. ¿Y ustedes?

 

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Angela Robledo: su voto por la paz, rinde cuentas (abril a junio 2015)

Fiel a su compromiso con la ciudadanía, la Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, Angela Robledo, presenta su más reciente informe de rendición de cuentas sobre su tarea política y legislativa, que corresponden a lo más destacado de los logros, denuncias, proyectos y propuestas presentadas entre abril y julio del 2015.

CLIC AQUÍ PARA VER EL BOLETÍN COMPLETO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

 

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Conocí a Pepe Mujica

Publicado el 23 de junio en La Patria de Manizales

El expresidente Pepe Mujica se hizo célebre en América Latina por su modesto estilo de vida y sus iniciativas progresistas. Suena extraño, pero Mujica se hizo famoso -entre otras cosas- por comprobarle al mundo entero que los altos dignatarios también pueden ejercer sus funciones con austeridad, humildad y honestidad. Suena extraño, decía, porque en Colombia la política suele asociarse en algunas ocasiones con el derroche de recursos públicos, con el consumo desmedido, con la soberbia, las mentiras y el abuso de poder. Pero Mujica es un referente de que la política puede ser otra: más cercana, más justa, más sensible, más digna. 

Su legado será histórico, y por lo mismo quiero citar algunas de sus mejores frases, que en el fondo son reflexiones que impulsan a la toma de conciencia y a la acción colectiva: 

- "Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir". 

- "El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son". 

- "Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida". 

- "La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea". 

- "Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro". 

- "Si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida". 

- "Arrasamos las selvas, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento". 

- "Despilfarramos dos mil millones de dólares por minuto en presupuesto militar a nivel mundial. Decir que no hay plata es no tener vergüenza". 

La lista es interminable (y admirable), pero quise compartir algunas frases porque fueron pronunciadas por un hombre sabio y sereno, que nos invitó a no perder la esperanza por la paz con justicia social para Colombia. Fue Pepe Mujica, un expresidente que estuvo 14 años en prisión, por pertenecer al grupo guerrillero de los Tupamaros, quien nos recordó que la paz de nuestro país es la causa, el compromiso y el suceso político más importante de América Latina. Y eso no podemos perderlo de vista, a pesar de todas las adversidades que lamentablemente han ocurrido, como es el caso de las muertes de nuestros soldados y policías, que en su mayoría son jóvenes campesinos. 

Pero Mujica nos recuerda, también, que debemos luchar contra el odio, la sed de venganza y la intolerancia que hay en nuestro país. Así me lo dijo personalmente en Uruguay durante el II Foro Latinoamericano por la Paz de Colombia, que reunió diversas redes y organizaciones de jóvenes, mujeres, trabajadores, movimientos sociales, parlamentarios, indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, defensores de Derechos Humanos, comunidades LGBT, académicos, artistas y estudiantes latinoamericanos comprometidos con la vida y el fin de la guerra que desangra nuestros campos desde hace más de 50 años. 

Fue allí donde tuve la oportunidad de conocer a Pepe Mujica, un hombre adusto y amable al mismo tiempo, quien nos abrazó con calidez a las personas que viajamos para impulsar la creación de la red latinoamericana de parlamentarios por la paz de Colombia y quien nos invitó a continuar trabajando hasta lograr el fin del conflicto: "Están locos quienes quieren ponerle obstáculos a este proceso, es ahora o nunca la oportunidad para la paz, ojalá lo entiendan en su país", nos dijo. 

Dirán los enemigos de la paz que Mujica es otro "guerrillero castrochavista", como suelen calificar y estigmatizar a todas las personas que no comulgan con el fascismo y el guerrerismo, pero en el Foro realizado en Montevideo Mujica nos dejó esta otra reflexión: "Tenemos que darnos cuenta de que somos parte de la esperanza de la humanidad. Tenemos la posibilidad de un continente de justicia y de paz donde valga la pena nacer y soñar". Nos invitó a soñar con la paz y a seguir trabajando por ella.

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Mañana martes 23 de junio se presentará la nueva ley de actores

COMUNICADO DE PRENSA

Mañana martes 23 de junio se presentará la nueva ley de actores

Este martes 23 de junio en el Teatro Nacional Fanny Mikey

Presentación del Estatuto del actor

La socialización del proyecto de ley contará con la presencia de los congresistas de distintos partidos políticos, gestores culturales y actores que han participado en su diseño.

¿Qué quieren proponer los actores? ¿Por qué necesitan crear una Ley del Actor? ¿Qué contendría dicha ley? ¿Qué ha pasado en este primer año de la existencia de su sindicato? Estos interrogantes serán respondidos este martes en la presentación de la iniciativa que crearía la Ley del Actor Colombiano, por la cual se establece un marco jurídico para el ejercicio de la profesión de actor en nuestro país, y que será radicada el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República.

El proyecto es fruto del trabajo mancomunado entre la Asociación Colombiana de Actores ACA (sindicato que reúne a 1271 actores), diferentes organizaciones de artistas y de gestión cultural, y los congresistas Ángela Robledo, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Luis Fernando Velasco, Alirio Uribe, Oscar Ospina, Claudia López, Alexander López, Angélica Lozano, Juan Carlos Losada y Víctor Correa.

También asistirán los directivos de las diferentes plataformas laborales de los actores: Canales de Televisión, Salas de Teatro, Entidades Culturales, Productoras de Cine y Contenidos Audiovisuales en Internet.

FECHA: martes 23 de junio de 2015.

HORA: 8:45 a. m.

LUGAR: Teatro Nacional Fanny Mikey. Calle 71 # 10 – 25.

PRENSA ANGELA ROBLEDO 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Reforma al Fuero militar es inconstitucional dicen Congresistas en la Cámara

Bogotá, junio 10 de 2015

Los congresistas Ángela Robledo, Oscar Ospina e Inti Asprilla, de la Alianza Verde, Germán Navas, Alirio Uribe y Víctor Correa, del Polo Democrático Alternativo, rechazaron este miércoles la aprobación del proyecto de acto legislativo del Fuero Penal Militar por considerar que va en contravía de la Constitución Política de Colombia.     

De acuerdo con los legisladores  este proyecto “(…)  transgrede y contradice los principios constitucionales al establecer que en la investigación y juzgamiento de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública se aplicarán las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario -DIH-“, desconociendo que, de acuerdo con la normatividad internacional,  el DIH está dirigido a la protección de la población y de los bienes fuera de las hostilidades. 

Tal y como fue aprobado, el proyecto amplía el marco de aplicación del DIH a eventos distintos al conflicto armado, lo que podría, a juicio de los legisladores, “derivar en una ampliación del fuero penal militar a escenarios de disturbios, protesta y movilización social y propiciará la continuidad de la guerra, situación contraria a la que se busca a través de los diálogos de paz”.

Los congresistas anotaron que “la ambigüedad en la formulación del texto votado favorablemente por la plenaria de la Cámara permitiría la posterior aprobación de normas que, con base en esta reforma, amplíen el fuero penal militar en su reglamentación, como se quiere hacer con el proyecto de ley 129 de 2014, que mantiene vivas las figuras de blanco legítimo y de daño colateral, lo que vulnera el  derecho de las víctimas a la verdad, justicia  y las garantías de no repetición”.

El proyecto acto legislativo 022 de 2014/Cámara, por medio del cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política,  autoría del Ministerio de Defensa,  fue aprobado hoy por mayoría en la plenaria de la Cámara de Representantes.  

PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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¿Por qué las mujeres en Colombia exigen la paz? Por Angela Robledo.

Las mujeres han participado históricamente en la construcción de la paz. Uno de los antecedentes fue el I Congreso Internacional de Mujeres por la Paz realizado en La Haya en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, considerado como un hito porque sentó las bases para la construcción de un movimiento internacional de mujeres por la paz. Este Congreso dio lugar a la conformación de un Comité Internacional de Mujeres para una Paz Permanente, que propuso la formación de una Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, cuyo objetivo era unir dos movimientos: el feminista y el pacifista.

Las mujeres de distintas tendencias políticas confluyeron nuevamente en el Congreso por la Paz en 1931 antes de la II Guerra Mundial. Una vez comenzó la guerra, alrededor de un millar de mujeres se reunieron para elaborar una estrategia de paz, con lo cual demostraron que era posible unirse en la diferencia para defender la solución de los conflictos internacionales de manera pacífica. Así, las dos referencias son ejemplos de la participación histórica de las mujeres en la consecución de la paz a nivel mundial, tendencia que en Colombia no es ajena.

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Ángela Robledo pide a Santos insistir en la paz

COMUNICADO DE PRENSA

Ángela Robledo pide a Santos insistir en la paz

Bogotá, mayo 25 de 2015. La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, hizo un llamado este lunes a los negociadores de paz en La Habana para que insistan en una salida política pronta a la guerra que azota al país y que deja todos los días muerte, desplazamiento, miedo y desolación.

“La guerra afecta a miles de hombres, mujeres y niños que hoy se desplazan en el Cauca y en las zonas donde afecta directamente el conflicto, a las miles de mujeres que sufren la cotidianidad de la violencia  y el horror de la violencia sexual a causa de la guerra y a los cientos de hombres de uno y otro bando que pierden la vida por su causa”, dijo la congresista.   

El escalamiento de la guerra sólo produce muerte y dolor como lo hemos visto en las siete veredas de la zona que fueron bombardeados en el Cauca donde unas 100 personas, entre ellas 40 menores de edad, sufren su impacto, denunció la parlamentaria Ángela Robledo, quien además señaló que la gente tiene miedo a salir, a sembrar, a trabajar, a recoger sus cosechas, a asistir a la escuela y se encuentran encerradas en sus casas.  

Robledo señaló que desde distintas instancias se ha podido documentar que el cese al fuego unilateral decretado por la guerrilla de las Farc contribuyó a desescalar la guerra y las acciones ofensivas en un 85%: “El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), ha dicho que teniendo en cuenta los promedios históricos, las muertes de civiles se redujeron en 73%, las de la fuerza pública en 64% y los combates con las Farc en 55%”.

“Quiero insistir a todos los sectores políticos que realmente estén comprometidos con el país para que rodeemos el proceso de paz y sumemos voces para acabar esta guerra mediante una salida política que pare la muerte. Insistir también al Presidente para que cumpla con su mandato por la paz que apoyamos muchos sectores que no compartimos su políticas pero que el apostamos a su propuesta de paz”, puntualizó la congresista Ángela Robledo. 

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La Fuerza Pública del posconflicto

Publicado en el periódico La Patria el 20 de mayo de 2015

El país tiene la gran oportunidad de terminar un conflicto armado que lleva más de 50 años. Esto significa una coyuntura histórica que implica cambios en la sociedad y en las instituciones que se han dedicado a la guerra. En ese sentido, uno de los temas de discusión obligatoria será el gasto público destinado al sector de la seguridad. De acuerdo con el investigador Francisco Leal, el gasto militar en 1994 representaba el 2,8% del PIB, y alcanzó el 5,2% en 2009. Según los cálculos, eso correspondía a $24 billones en 2013, lo cual posiciona a Colombia como el país que destina más dinero al sector militar como porcentaje del PIB. En el actual Plan de Desarrollo Paz, Equidad y Educación la tendencia creciente de dicho gasto, se mantiene.

Al finalizar el 2010, se calculaba que había 426.014 efectivos de las Fuerzas Armadas: 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional, que en términos comparados las ubica como las más grandes de la región, después de Brasil. En la mayoría de los procesos de paz del mundo y América Latina, con la finalización de los conflictos armados se han realizado una serie de reformas al sector de la Seguridad y la Defensa, entre ellas, la reducción del tamaño de las Fuerzas Militares, pues la continuidad del aumento del gasto hacia el sector no es fiscalmente sostenible para el Estado, por lo cual deben considerarse cambios en los mecanismos de reclutamiento de sus miembros, entre los cuales está la supresión del servicio militar obligatorio

Con la firma del acuerdo de paz, la agenda de seguridad del país cambiaría, abriendo la posibilidad de superar la visión misional de las Fuerzas Militares, y la posterior resignificación de sus funciones. Como primera medida, será necesario modificar el paradigma de la Doctrina de Seguridad, que ha naturalizado la idea de perseguir permanentemente al "enemigo interno". Esto implicará realizar cambios en el proceso de formación y educación de los miembros del Ejército y de la Policía, fortaleciendo un sistema con mayor énfasis en la profesionalización y el fortalecimiento de los valores democráticos, así como en la formación en Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

También será fundamental el diseño de una justicia transicional para las Fuerzas Militares, encargada de procesar las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario perpetradas con ocasión del conflicto armado, judicializando a los responsables de estos hechos, en particular aquellos casos como las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas "falsos positivos", violencia sexual contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas. Porque sin este proceso sería imposible hablar de verdaderas garantías de justicia y reparación a las víctimas. 

En el posconflicto también habrá que readecuar los roles y las estructuras institucionales que han servido de soporte para el Ejército y la Policía. Como lo han hecho otros países, se podrán separar estas dos instituciones, dado que su finalidad misional es distinta. El Ejército debe concentrarse en la defensa nacional y la integridad de nuestro territorio, mientras la Policía debe enfocarse en la seguridad ciudadana, lo cual hoy en día presenta grandes desafíos. Por ello sería importante iniciar un proceso de desmilitarización de la Policía: fortalecer su carácter como cuerpo civil moderno, adelantar tareas de prevención de la violencia y asumir los retos propios del nuevo escenario. Para tal fin, varios expertos han sugerido crear una nueva entidad como el Ministerio de Seguridad Ciudadana, o incluso han sugerido suscribirla al Ministerio del Interior, con la finalidad de redefinir sus funciones sin interferencias de los sectores castrenses.

En el escenario del posconflicto, se requiere abrir este debate a la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia, vinculando a los sectores progresistas de las Fuerzas Militares para aprender de los éxitos y los fracasos de otros procesos de finalización de conflictos armados, como los experimentados en El Salvador y Guatemala.

Y, con base en eso, la transformación del sector de la seguridad y la defensa podría ser gradual; de cara a una nueva realidad trazada por los retos de la efectividad del proceso de dejación de armas, reincorporación de los insurgentes y la construcción de nuevas esperanzas. Este sería el mejor camino para el mantenimiento y la construcción de una paz duradera, con justicia social.

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¿Jóvenes pobres en calabozos infernales como respuesta a la justicia juvenil?: Ángela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

¿Jóvenes pobres en calabozos infernales como respuesta a la justicia juvenil?: Ángela Robledo

Bogotá, mayo 13 de 2015La representante a la Cámara Ángela Robledo denunció hoy que luego de casi 10 años de entrar en vigencia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no existe una política que enfrente el fenómeno de la justicia juvenil, tampoco justicia juvenil específica, diferenciada y pedagógica para jóvenes en conflicto con la ley  y menos, medidas preventivas que disuadan a los muchachos de elegir el camino del delito.

En Colombia el sistema de justicia juvenil que atiende a menos del 1% de la población joven (de acuerdo con datos del 2014 la población joven era de 3.487.787) funciona a través de 34 centros que en su mayoría son organizaciones y fundaciones contratadas – a través de contratos de aporte- por el ICBF. 

18 de estos centros fueron evaluados por una comisión de verificación creada por el Congreso de la República que evidenció una total y permanente violación a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley.

Robledo señaló que: “A pesar de que el gobierno invirtió 25 mil millones de pesos en el 2014 en la operación de estos 18 centros del sistema, se evidencia absoluta negligencia, desidia y en general incumplimiento de las obligaciones que estas organizaciones han contraído con el Estado para llevar a cabo esta misión de aplicar justicia juvenil. Lo anterior ante el silencio y la permisividad del ICBF que no cuenta con procesos de supervisión, seguimiento y correctivos acordes con la misión encomendada”. 

La congresista dijo que persisten los graves problemas que presenta el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) desde siempre – denunciados desde 2010- y que tienen que ver, entre otros, con la ausencia de una entidad responsable de su dirección, la asignación de recursos financieros, técnicos y de infraestructura, adecuados, talento humano idóneo y políticas reales de resocialización y justicia restaurativa. 

La parlamentaria Ángela Robledo coincidió con el informe de la Defensoría del Pueblo que señala la urgencia de garantizar de manera efectiva y real  la integración social de los jóvenes en conflicto con la ley y de promover una justicia educativa, diferencial y pedagógica que les permita cambiar su proyecto de vida y superar la situación de conflicto con la ley.  

Robledo aseguró que no tiene ninguna presentación que un sistema que depende de distintos ministerios como Educación, Salud, Justicia, entre otros,  no haya implementado programas, planes o estrategias que garanticen los derechos de estos muchachos y brindarles una segunda oportunidad sobre la tierra.  

“Cifras de la Policía Nacional, indican que la oferta de políticas públicas dirigidas a esta población es precaria, lo que da lugar a un aumento progresivo en el número de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Durante el período 2010 – 2013, de 24.405 casos registrados en el año 2010, se pasó a 30.843 casos en el año 2013, lo que representa un aumento del 20.8% en la comisión de delitos”, anotó la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el Ministerio Público “(…) La comisión no encontró evidencia de que las/los adolescentes infractores de la ley penal atraviesen un proceso efectivamente pedagógico, ni mantengan contacto con la sociedad a la que se pretenden reintegrar (…)”.

“Es evidente que estos jóvenes provenientes de los sectores más frágiles y excluidos  no logran llamar la atención del gobierno Santos”, aseguró Robledo quien coincide con el ICBF (2012) según el cual, los adolescentes colombianos vinculados al SRPA son en su mayoría jóvenes hombres (88,8%)  urbanos pertenecientes a los estratos 1 y 2, víctimas de la pobreza, la exclusión del sistema educativo y laboral y con una historia de vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso y la explotación.

Ángela Robledo insistió en la urgencia de contar con más política social y menos política criminal para los jóvenes en Colombia.  “Voy a solicitar a la Corte que declare el estado de cosas inconstitucional por estas violaciones”, dijo. 

Al debate asistieron Cristina Plazas, Directora del ICBF; el Viceministro de Justicia; María Cristina Hurtado, Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo; Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Familia, y el Viceministro de Educación.  

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Gobierno Santos viola derechos de jóvenes en conflicto con la ley

COMUNICADO DE PRENSA

Gobierno Santos viola derechos de jóvenes en conflicto con la ley

 
Bogotá, mayo 12 de 2015

La representante a la Cámara Ángela Robledo citó mañana miércoles 13 de mayo a debate de control político a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  Cristina Plazas;  al Ministro de Justicia, Yesid Reyes y a la Ministra de Educación, Gina Parody, a fin de que rindan cuentas sobre las insistentes violaciones a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, a quienes el Sistema de Responsabilidad Penal, les reconoce una condición especial que permita no sólo tramitar la sanción penal, sino su resocialización mediante medidas pedagógicas, específicas y diferenciadas en el marco de la justicia restaurativa.

Desde 2010 Robledo viene señalando la urgencia de superar los graves problemas que presenta el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y que tienen que ver, entre otros, con la ausencia de una entidad responsable de su dirección, la asignación de recursos financieros, técnicos y de infraestructura, talento humano idóneo y políticas reales de resocialización, entre otras.      

En Colombia la población juvenil en 2014 era de 3.487.787 de los cuales menos del 1% (27.667) fueron infractores entre los 14 y 17 años,  de ellos 2.407 han sido sancionados en Centros de Atención Especializada que en realidad son, a juicio de la congresista Ángela Robledo: “verdaderos infiernos donde se violan de todas las maneras los derechos humanos de los muchachos más pobres de nuestra sociedad”.

De acuerdo con el ICBF (2012) los adolescentes colombianos vinculados al SRPA son en su mayoría jóvenes hombres (88,8%)  urbanos pertenecientes a los estratos 1 y 2, víctimas de la pobreza, la exclusión del sistema educativo y laboral y con una historia de vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso y la explotación.  Según la Defensoría de Pueblo, “el 90% de adolescentes en conflicto con la ley penal  pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos (…) Son los más desprotegidos, con menos atención del Estado”.  

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Carlos Gaviria y la ética en la política

Publicado en el periódico La Patria, el 6 de mayo de 2015

No son pocos los homenajes que le han hecho al maestro Carlos Gaviria. No son pocos, pero tal vez nunca serán suficientes para agradecerle por su invaluable legado sobre el ejercicio decente y honesto de la función pública. Esta es mi columna en su memoria, que no tiene otro propósito distinto a resaltar su compromiso con las libertades, los derechos humanos y la ética, esa que tanto le falta a la política y a la justicia.

Carlos Gaviria era un hombre sereno, amigable, siempre dispuesto a escuchar y a enseñar, lleno de dignidad y sabiduría, que supo hacer de la política una obra de arte. Durante su recorrido por la academia, por el Congreso y por la Corte Constitucional, no dio un solo paso sin antes rendirle un homenaje a la moral, como diría Kant. Con un valor agregado: lo de Gaviria no fue un simple discurso; su vida, sus sentencias, sus gestos, sus actos y sus prácticas fueron genuinas y cotidianas, demostrando que no hay nada más cínico que atreverse a afirmar que "la ética no tiene nada que ver con el derecho", como sostuvo recientemente el ilustre abogado del también ilustre magistrado Jorge Pretelt.

Pero las enseñanzas de Carlos Gaviria van más allá de sus virtudes y cualidades humanas. Con su ejemplo, marcó la ruta que debería seguir la izquierda democrática en nuestro país: la unidad en medio de la diferencia y el disenso, porque como diría Hannah Arendt, la verdadera práctica política es el arte de estar juntos los distintos. Sin duda, será necesaria la unidad de la izquierda para conquistar, por fin, un ejercicio del poder realmente representativo, que permita emerger una apuesta ética por una Colombia libre y justa, que enfrente el modelo social, económico y cultural que por siglos nos han impuesto las castas políticas.

Solo de esa manera podremos detener colectivamente tanta violencia, que por años ha dejado millones de víctimas inocentes, en su mayoría niños, niñas y mujeres de escasos recursos. Será la unidad de una izquierda democrática la que nos traiga la paz con justicia social, y así erradicaremos de nuestro repertorio la sed de venganza, el guerrerismo, el autoritarismo y la represión que por estos días vuelven a invocar con fuerza quienes se lucran y benefician política y económicamente con la guerra.

Por eso recuerdo que, como si se tratara de un tenebroso pronóstico de lo que nos esperaba con el gobierno de Álvaro Uribe, en una conversación pública con el profesor Guillermo Hoyos durante la campaña presidencial del año 2006, el maestro Gaviria nos dijo: "(…) La sociedad colombiana ha tenido un esquema reiterado y repetitivo de pedir mano dura, autoridad, incluso dictadura, para responder a situaciones desesperadas, como la que vivimos. Es decir, que la gente parece descreer de la democracia. (…) Hemos conocido incluso dictaduras disfrazadas de gobierno democrático, regímenes dictatoriales que observan los ritos democráticos pero sin ningún contenido democrático. (…) Atribuyo la mayoría significativa del doctor Uribe a un estado de histeria colectiva, donde la gente lo que pide es mano dura".

¿No es acaso lo mismo que está ocurriendo hoy en día, cuando las y los guerreristas de escritorio piden a gritos que se termine de una vez y para siempre el proceso de paz? ¿Cuál es acaso el interés por mantener en funcionamiento una máquina de muerte, represión y victimización que afecta especialmente a las poblaciones más pobres, vulnerables y excluidas? Terminemos más bien la guerra, y con ello haremos el mayor homenaje a la ética y a la moral.

Cuando muere un ser humano tan pulcro y genuino como Carlos Gaviria, recuerdo esta frase que lo retrata de cuerpo entero: "Es el nacimiento y la vida misma lo que nos marca irremediablemente el horizonte, ¡no la muerte!". Su vida fue la mayor expresión de singularidad y pulcritud, cuánta falta nos va a hacer.

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Artículo que atenta contra el trabajo de actores quedaría fuera del Plan de Desarrollo: Ángela Robledo

Bogotá, mayo 5 de 2015

“Hemos venido trabajando de tiempo atrás con la Asociación Colombiana de Actores –ACA- en la reivindicación de sus derechos laborales y por consiguiente los artículos como el 41 y 42 del Plan de Desarrollo tendrían que eliminarse ya que se privilegia la producción extranjera sobre la colombiana en detrimento del trabajo de nuestros actores”, aseguró la congresista Ángela Robledo de la Alianza Verde. 

Angela Robledo dijo que de aprobarse este artículo, la participación de la producción extranjera pasaría de un 50% a un 70’%, en detrimento de la televisión pública y nacional. “No se puede abrir un boquete en los canales públicos para que se conviertan en canales privados manejados por 2 o 4 concesionarios”, anotó la parlamentaria.

COMUNICADO DE PRENSA

Artículo que atenta contra el trabajo de actores quedaría fuera del Plan de Desarrollo: Ángela Robledo

De acuerdo con los actores agremiados en –ACA- la experiencia de los concesionarios privados de televisión ha demostrado que el interés del particular no siempre va de la mano con el desarrollo de la cultura y la  construcción de identidad y de paz.

La proposición fue presentada en la Cámara por Ángela Robledo y en Senado por Claudia López de la Alianza Verde,  Iván Cepeda y Jorge Robledo del Polo Democrático Alternativo y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal.

Finalmente la parlamentaria Robledo dijo que este tipo de reformas que implican cambios culturales deben hacerse con la amplia participación de la ciudadanía y del gremio de la actuación independiente de la discusión del Plan de Desarrollo. 

PRENSA: 3015788105 MARGARITA SARMIENTO

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Ángela Robledo pide reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo del país

COMUNICADO DE PRENSA

Ángela Robledo pide reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo del país

Bogotá, abril 29 de 2015La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, ha venido insistiendo en que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permita crear un sistema de cuidado que reconozca el aporte de las mujeres a la economía colombiana.

“Las mujeres aportamos con nuestro trabajo de cuidado el 20.4% del PIB en Colombia, lo que significa que más de 135 billones de pesos los ponemos nosotras con un trabajo que ha sido históricamente invisible y no valorado”, dijo la congresista Ángela Robledo de la Alianza Verde.

Robledo ha venido trabajando la economía del cuidado, a partir de la Ley 1413 de 2010, mediante la cual se incluyó el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales para medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país. 

“Hemos venido trabajando hace muchos meses en la Mesa de Economía del Cuidado con distintas organizaciones de mujeres, lideresas, líderes, el Departamento Nacional de Estadísticas -DANE, el Departamento Nacional de Planeación –DNP-,  la Consejería para la Equidad de la Mujer y el Comité Interinstitucional de Economía del Cuidado (adscrito a la Ley/ 1413/10) para que se establezca una agenda nacional sobre economía del cuidado en cabeza del DNP y con participación de distintas entidades”, señaló Ángela Robledo.

La economía de cuidado incluye todas las actividades materiales y afectivas que implican inversión de tiempo y trabajo destinado a reproducir y cuidar la vida: atención a los menores de edad, los viejos, las personas en situación de discapacidad y que puede ser remunerado o no.

Está demostrado que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a actividades de cuidado no remunerado. En el sector rural las mujeres dedican cuatro veces más tiempo. Reconocer el trabajo de cuidado es un avance en la democratización de la casa, un aporte a la salud física y mental de las mujeres y una cuestión de justicia y equidad con ellas, aseguró la congresista Ángela Robledo. 

Datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo –DANE- así lo demuestran: la proporción de mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado es un 43% más alto que la de los hombres (90% vs 63%). Mientras las mujeres, dedican seis horas diarias a este trabajo, los hombres dedican 1:50 minutos. Menos del 10 % de hombres hacen mantenimiento de vestuario, frente a un 40% de mujeres. Una de cada cuatro mujeres se dedica al cuidado físico y ni siquiera el 5% de hombres hace esta actividad. La brecha es del 475%.

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Ángela Robledo propone incluir en Plan de Desarrollo recursos para jóvenes en conflicto con la ley

COMUNICADO DE PRENSA

Ángela Robledo propone incluir en Plan de Desarrollo recursos para jóvenes en conflicto con la ley

Bogotá, abril 28 de 2015. La representante a la Cámara y copresidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo, dijo que de aprobarse un artículo de su autoría en el Plan de Desarrollo dirigido a la financiación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se cumpliría por primera vez la meta de contar con recursos específicos para la atención integral a jóvenes infractores de la ley.

“Revisamos con el Ministro de Justicia, Yesid Reyes  y su equipo, la propuesta de financiación de programas de justicia, incluida la financiación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la política de prevención de la delincuencia juvenil desde un enfoque de justicia restaurativa para garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley”, aseguró la parlamentaria Angela Robledo.

La propuesta incluye la definición de “la Ley 55 de 1985 como fuente nacional permanente de la financiación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para asegurar la prestación del servicio en todos los distritos judiciales del territorio nacional con plena garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en todas la etapas de la ruta jurídica y durante el cumplimiento de su sanción”.

Robledo dijo que además de garantizar una atención integral para estos jóvenes en conflicto con la ley, necesitamos una justicia restaurativa y la implementación de penas pedagógicas que puedan brindar una segunda oportunidad a estos muchachos que han sido sistemáticamente excluidos y a quienes se les ha negado todos sus derechos.

Cifras oficiales demuestran que 33.98 de la población infantil, que en Colombia es de 32.69% de la población nacional, se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional.  Datos de Medicina Legal para 2013 muestran que 83% de las víctimas de violencia sexual son niñas y el 17% niños,

De acuerdo con el informe de gestión del ICBF de 2012, 69.684 niñas, niños y adolescentes fueron puestos en situación de protección por maltrato, violencia sexual, abuso sexual, abandono, consumo de sustancias sicoactivas y desnutrición, entre otras.

Unos 2.182.707 niños, niñas y adolescentes son víctimas del conflicto armado. La guerra impide que la mitad de los niños en el campo terminen sus estudios, sólo en el 2013 se registraron por lo menos 26 incidentes que causaron daños a las escuelas o la suspensión de las clases.  El 80% de las seis mil víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niños. 7.722 han sido víctimas de reclutamiento forzado. 981 niños y niñas han sido víctimas de minas antipersonal de los cuales 218 perdieron la vida.

Los jóvenes en conflicto con la ley son la consecuencia directa de la exclusión y la pobreza, la ausencia de políticas contundentes de educación y la falta de oportunidades de una vida digna para las nuevas generaciones, puntualizó Ángela Robledo. 

PRENSA: 3015788105 MARGARITA SARMIENTO

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Angela Robledo, una congresista que se mueve por la Paz. Rendición de cuentas.

Angela Robledo, una congresista que se mueve por la paz.

Fiel a su compromiso con la ciudadanía, la Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, Angela Robledo presenta su más reciente informe de rendición de cuentas sobre su tarea política y legislativa entre enero y abril del presente año.

Luego de rendir cuentas en más de 18 oportunidades (ver todos los informes), en esta ocasión la Representante Angela Robledo explica en una entrevista radial sus más recientes logros y labores en temas tales como: la Paz, el Plan Nacional de Desarrollo, los Derechos Humanos de los niños y de las mujeres, el reconocimiento del trabajo doméstico y la búsqueda de un estatuto que dignifique el trabajo de los actores y actrices en Colombia. 

Están cordialmente invitados e invitadas a difundir libremente la pieza radial en sus blogs, redes sociales o medios de comunicación, lo cual contribuiría al debate público y abierto sobre el ejercicio de la función pública y la agenda política del país. De antemano agradecemos toda su colaboración y apoyo.

Link del audio:  http://bit.ly/1bfJJRc 

Descarga el audio haciendo clic aquí

CONTACTO PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO 

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El camino es acabar la guerra: Ángela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

El camino es acabar la guerra: Ángela Robledo

Bogotá, abril 15 de 2015

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo, lamentó los hechos sucedidos en la noche del martes 14 de abril del año en curso en el Cauca, en la que diez militares perdieron la vida y otros veinte resultaron heridos en hechos que aún están por confirmar por parte de las autoridades competentes.

“No queremos que nadie más muera a causa de esta guerra. Necesitamos que se acabe la guerra. Ese es el camino”, afirmó la congresista quien además es Co presidenta de la Comisión de Paz de Congreso.

Ángela Robledo dijo que lamenta profundamente todas las muertes de jóvenes del Ejército que nos deja esta confrontación armada y llamó a las Fuerzas Militares a seguir apoyando los esfuerzos de paz del Gobierno del Presidente Santos. “El Presidente tiene un mandato de la ciudadanía por la paz y es deber y obligación de todos los colombianos apoyar ese mandato”, aseguró Robledo.

Finalmente la congresista dijo que no existen palabras para lamentar la pérdida de vidas y menos para apaciguar el dolor de las familias que hoy pierden a los suyos.

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Todos los gestos de paz son bienvenidos: Ángela Robledo

Bogotá, abril 10 de 2014

Tras el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos de prorrogar por un mes más la suspensión de bombardeos contra campamentos de las Farc y que de paso afecta en ocasiones a la población civil, la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso Angela Robledo aseguró que “Todos los gestos de paz donde se preserven vidas serán siempre bienvenidos”.

Angela Robledo dijo que “los colombianos tenemos que aferrarnos con mucha más fuerza a una salida política al conflicto armado que vive el país y pasar la página negra de la violencia para emprender un largo camino de  verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas que siguen esperando acciones contundentes por parte del Estado y sus victimarios”.

Si bien los ataques con bombas inteligentes a los campamentos son efectivas para contrarrestar al enemigo, también es cierto que en muchas ocasiones la población civil ajena a la guerra termina afectada tal y como lo describen analistas de estrategia militar consultados por el Portal Verdad Abierta en marzo de este año: “Uno de los mayores problemas que afrontaban las operaciones aéreas durante buena parte de la década del noventa fue la cercanía de áreas habitadas por donde se movían las células guerrilleras, lo que generaba un alto riesgo de afectar a la población civil. Un ejemplo de esas afectaciones es lo ocurrido en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame, en Arauca, el 13 de diciembre de 1998 (…) que dejó 17 personas muertas, entre ellas varios menores de edad (…)”.

La decisión del Presidente Santos constituye una acción de desescalamiento del conflicto en el marco del cese unilateral que se ha dado desde diciembre por parte de las Farc y se anuncia en el ciclo 35 de los diálogos, que se concentrará en la reparación a las víctimas centro del proceso de paz que esperamos avance mucho más rápido, señaló la congresista Ángela Robledo.    

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Total rechazo a la violencia contra niños, niñas y adolescentes: Ángela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

Total rechazo a la violencia contra niños, niñas y adolescentes: Ángela Robledo

Bogotá, abril 9 de 2015.- Ángela Robledo, representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso dijo hoy que “rechaza de manera contundente la violencia sexual en contra de niños, niñas y jóvenes y pide que las autoridades encargadas de la política de infancia en cabeza del ICBF  tomen medidas urgentes para proteger a cinco menores de edad de dos, cuatro, siete, diez y trece años de una misma familia, que fueron presuntamente abusados en el Cauca”. 

La congresista Robledo dijo que: “vemos con profundo dolor a una sociedad que todos los días se ensaña con mujeres, niños  y jóvenes, frente a una justicia inepta, corrupta y politizada y una política de infancia que no logra impactar positivamente la vida de las familias y sus pequeños”

Cifras del ICBF reportaron que 13.670 niños fueron víctimas de la violencia en los primeros tres meses de 2014, de las cuales 7.851 corresponden a situaciones de maltrato por negligencia; 4.519 a maltrato físico; 789 a maltrato sicológico; 309 a episodios de acoso escolar y 202 a casos de maltrato a niños en gestación. Datos del Instituto indican que la violencia en contra de los niños  aumentó en un año y para el mismo período (enero a abril) en más del 50%, contando sólo los casos denunciados, los cuales se estiman en un 5%. Medicina Legal ha reportado que 1.115 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país el año pasado.

“He dicho y lo repito que Colombia es un país que no quiere a sus niños”, dijo la parlamentaria.

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Educación rural, de mal en peor: Angela Robledo

COMUNICADO DE PRENSA

Educación rural, de mal en peor: Angela Robledo

Bogotá, abril 8 de 2015.-La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo denunció nuevamente que la educación rural sigue de mal en peor de acuerdo con información enviada por el Ministerio de Educación.

Angela Robledo ha denunciado en múltiples debates de control político la precaria situación de la educación  en las zonas más apartadas del país como el caso de La Guajira en donde en marzo de este año, unos 12 mil niños Wayúu no habían iniciado clases.

“En las zonas rurales más pobres y apartadas la política de educación es inexistente, la cobertura es precaria, la deserción alarmante y por supuesto la calidad está sujeta al contratista”, afirmó Ángela Robledo, al tiempo que alertó que más de 18 mil niños del sur de Bolívar y otros 16 mil de Córdoba dependen de procesos de contratación que hasta ahora se están definiendo.  

Robledo aseguró que mientras la política educativa dependa de los contratistas y la buena voluntad de los funcionarios de turno, será casi imposible cumplir con los objetivos que señala el informe de la Misión Rural dirigidos a cerrar la brecha en educación y garantizar que todos los jóvenes rurales tengan como mínimo 9 años de escolaridad obligatoria en 2020 y 11 en 2030.

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, de cada dos adolescentes que entra al sistema educativo en la ruralidad colombiana, sólo uno se gradúa. La cobertura bruta urbana es casi del doble que la rural (80% más alta). En Bogotá y Boyacá, por ejemplo, la cobertura es cuatro veces más alta que en Guainía, Vichada y Vaupés; el triple de Guaviare y La Guajira; y el doble de Chocó, Nariño y Cauca. La tasa de analfabetismo de La Guajira rural es del 60%, y uno de cada tres estudiantes de Chocó es analfabeta, según el DANE.

Ángela Robledo aseguró que año tras año la problemática de la educación rural en Colombia persiste: falta o insuficiencia de docentes, mala remuneración de maestros, pagos tardíos e incompletos, traslados sin mediar consulta, falta o insuficiencia de personal administrativo; lo anterior, sumado a la tercerización de la educación.

“Ministra Parody: un nuevo país, necesita una nueva educación”, puntualizó Angela Robledo.

PRENSA: 3202343806 Margarita Sarmiento.

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Los temibles ESMAD. Por Angela Robledo

Parecen escapados de una película de ciencia ficción sobre la guerra. Sus poderosos cascos, escudos y trajes negros los protegen de pies a cabeza, de todo mal. Van armados con bastones eléctricos, balines de goma y pistolas tazer, bombas de gas pimienta. Parecen la feroz reencarnación de los cruentos caballeros de la Edad Media.

Al verlos apostados a lo largo de las carreteras colombianas atacando a la Minga indígena en el Cauca, a los miles de estudiantes que marchan en defensa de la universidad pública, enfrentando la revolución de las batas blancas, el paro campesino o el reciente paro camionero pregunto ¿cuáles son las garantías que existen en Colombia para la movilización social, un derecho que se encuentra consagrado en nuestra Constitución del 91?

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Apoyo decisión democrática en la Universidad Nacional: Ángela Robledo

Bogotá, marzo 24 de 2015

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo dijo hoy que la mejor opción para el gobierno de la Universidad Nacional en Bogotá es el profesor Mario Hernández, no sólo por sus calidades académicas sino por su reconocido humanismo, su férrea defensa de lo público y sobre todo de la educación pública.

“Mario Hernández encarna el sueño de un país que se prepara para el postconflicto y donde la educación es la clave para transformar la realidad de la guerra, cimentar la paz y en donde los jóvenes son fundamentales en la construcción de un país distinto”, aseguró la parlamentaria.

Angela Robledo dijo que el Gobierno del Presidente Santos, tan comprometido como está con la salida política a una guerra centenaria, no puede desconocer la voluntad de una comunidad universitaria que eligió al Profesor Hernández por mayoría de votos: 11.869.

“Hemos compartido con Mario Hernández, en distintos escenarios,  nuestras propuestas  de recuperar el carácter público, nacional y estatal de la educación y rescatar para el sector público el financiamiento estatal directo de nuestra Alma Máter: La Universidad Nacional de Colombia”, aseguró la congresista.

La decisión definitiva la tendrá mañana el Consejo Superior Universitario el cual preside la Ministra de Educación Gina Parody: “Esta elección será un termómetro del talante democrático de la Ministra de Educación. El profesor Mario Hernández ya fue elegido democráticamente por la comunidad universitaria. No sería legítimo que la Dra. Parody desconozca dicha decisión”, aseguró Ángela Robledo.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Las perlas del Plan Nacional de Desarrollo

El Plan de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" promete paz, equidad y educación. Promesas que entusiasman y que compartimos. Sin embargo, cuando se lee el engorroso libro de 781 páginas de sus bases y el articulado, la conclusión es clara: la promesa no es real y este plan no es para la educación, no es para la equidad y no es para una paz estable y duradera.

El Plan que votaremos en las próximas semanas, y que seguramente será aprobado si no se produce una movilización social masiva, será el plan que intensifica el modelo que busca disminuir el Estado, engrandecer el lucro y negar derechos.

Veamos algunas de sus "perlas": El Plan nació desfinanciado, como ya se ha mencionado, el gobierno va a tener que recortar el 13% de las metas. Los econometristas "pilos" proyectaron el costo del barril de petróleo a US$87 y hoy está por debajo de US$50. Los recursos del Plan dependen de la venta de barriles de petróleo. A su vez, el FMI calcula que en los siguientes tres años, siendo positivos, el PIB crecerá 3,4%. El gobierno ha dicho que la economía crecerá a 4,2%.

Por otro lado, el Plan es una suma de reformas express de leyes que tumbamos en la calle: reforma la educación superior, reforma la salud, vía un artículo sobre tierras, el 97, deja abierta la posibilidad de entrega de baldíos a grandes empresarios del campo. Las reformas en términos ambientales son insostenibles. Para sumar muchas de estas reformas necesitaban consultas previas que no existieron. Ya hay demandas sobre su inconstitucionalidad.

La propuesta educativa sigue la senda que se construyó desde la Ley 30: privatizar, privatizar y privatizar. Mantiene las brechas entre educación privada y pública, entre educación rural y urbana. Las universidades públicas seguirán con el déficit de 11 billones, tendrán que buscar nuevos recursos, sin saber dónde encontrarlos. La invitación de Santos es entonces castigar las mejores universidades que se están cayendo a pedazos. El artículo 54 crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) sin haber escuchado la voz de la comunidad universitaria que tiene propuestas y que ha trabajado en los últimos años en un sistema de educación superior. Éste artículo es una reforma atajista a la educación superior, la cual merece un debate y un nuevo proyecto de ley. Este tipo de propuestas no son propias de un plan de desarrollo.

En salud los artículos son igual de desoladores, son propuestas que están de espaldas a la ley estatutaria que moduló, para bien de los ciudadanos, la Corte Constitucional. El artículo 61 le brinda todas las facultades al ingeniero Gaviria para reformar la salud a su parecer. ¡Qué peligro!

Estas propuestas no han sido concertadas y parecen más bien una negociación que muy probablemente endeude aún más a los estudiantes, enferme a los enfermos y enriquezca a los intermediarios financieros, como siempre.

En infancia no se menciona de manera clara cómo fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que no está funcionando y que es determinante en toda política pública de infancia. Seguiremos contando niños muertos por desnutrición y por negligencia estatal.

Las mujeres son inexistentes en el plan, con un único y minimalista artículo, por su alcance y recursos, se pretende saldar la deuda histórica con sus derechos.

En cultura, la cultura de paz, por ejemplo, fundamental para el proceso que está viviendo Colombia, no se menciona, no se reconoce en el articulado. Cuando se hace referencia a actores culturales es para reducir su participación en la actividad nacional. La inversión extranjera podrá llegar a ser del 40% y la cuota de pantalla los fines de semana de producción nacional disminuye del 60% hasta el 30%. Como se ha dicho desde el sindicato de actores ACA: "En lugar de apoyar la cultura y producción nacional, vendemos nuestro capital cultural a extranjeros". ¿Podrá esta inversión extranjera contribuir a reconstruir el tejido social y los territorios en guerra? ¡Lo dudo!

Este plan es más de lo mismo. Presidente así no se construye la paz, la equidad y una educación de calidad y universal. La única opción que tenemos es la resistencia creativa con argumentos y con hechos no violentos y sí contundentes ¡A la calle! Cuenten con mi voto negativo.

Publicado en el periódico La Patria de Manizales, el 17 de marzo de 2015

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La quimera del desarrollo

Publicado el 3 de marzo en el periódico La Patria de Manizales

¡Bienvenidos al futuro! Con estas palabras el expresidente César Gaviria celebraba en la década de los 90 la denominada apertura económica. Ese conjunto de medidas que en principio iban a producir sudor y lágrimas, pero que a la larga traerían el prometido progreso y desarrollo para nuestro país. La propuesta del entonces presidente Gaviria, reencauchaba una vez más la promesa de progreso que desde los años cincuenta el presidente norteamericano Harry Truman anunciaba para el mundo entero en su concepto de "trato justo", cuyo propósito fundamental era resolver los problemas de las naciones que empezaban a ser denominadas subdesarrolladas.

Algunos apartes de su discurso de posesión nos permiten hoy, en pleno siglo XXI, confirmar que el tan anhelado sueño del progreso económico y prosperidad material terminarían en una cruel pesadilla para muchos de los habitantes de estas naciones. Decía Truman en su discurso de posesión: "Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la pobreza. Su alimentación es inadecuada, víctima de la enfermedad. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas (…) El que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático (…) Producir más es la clave para la paz y la prosperidad".

Su sueño americano quería ser la fórmula salvadora para el mundo entero, y para hacerlo tenía que alcanzarse un crecimiento económico acelerado, lo cual iba a traer grandes dolores. Todo lo existente en estas latitudes, tendría que ser devastado: "…las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda (United Nations: 1951). La propuesta era una profunda reestructuración de las llamadas sociedades "subdesarrolladas", para poder así alcanzar la meta soñada. Y nuestros países empezaron a recorrer la anhelada senda del desarrollo. A través de misiones, de la alianza para el progreso, de los mandatos del Consenso de Washington, de la apertura económica, del mal llamado libre mercado y de los tratados de libre comercio se buscó reconfigurar a nuestros países -en muchos casos a sangre y fuego- y prepararlos para su arribo a la modernización. El modelo venía acompañado de un fortalecimiento de la fuerza pública en estos países. Y Colombia siguió la receta al pie de la letra y ese sueño hoy se transformó en cruel pesadilla. Cuando revisamos las actuales cifras de la producción industrial, la drástica disminución de la producción de alimentos, la precarización del mundo laboral, la pauperización de la vida, en especial la vida de las personas que habitan el campo, el impacto del cambio climático, entre otros, nos preguntamos si es ético y legítimo continuar embarcados en la quimera del desarrollo.

Pero en medio de todas estas prácticas de devastación y desarraigo los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, algunos sectores de mujeres y de la academia, han sido una fuente de persistencia, de resistencia y han demostrado que a través de estas últimas décadas sus saberes ancestrales, sus formas de organización social y económica han logrado superar todos los embates frente a las prácticas de dominio y explotación, y muchas de sus experiencias son fuente de saber y conocimiento para el mundo entero. Lo que deberíamos hacer como pueblo colombiano es conformar una gran minga para el post-desarrollo, como la llama el profesor e investigador caldense Arturo Escobar, la cual pasa por deconstruir y desmantelar ese concepto lineal y colonialista de desarrollo e innovar desde prácticas comprometidas con la justicia social y con nuevos órdenes culturales y económicos.

La tarea será difícil, hoy, 25 años después de la promesa de César Gaviria, su hijo Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, nos invita a embarcarnos en una nueva quimera con su plan de desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación", y parecería que nos vuelve a decir "bienvenidos al futuro". Poco ha cambiado entre la promesa del padre y el mensaje del hijo. Sus ejes educación, equidad y paz son el ropaje formal del Plan, pero en su articulado la educación y la salud continúan siendo bienes de mérito, no derechos fundamentales como lo dice la Constitución. La inversión que crece más es la del sector de defensa, la justicia y la cultura son las cenicientas. Sobre tierras, uno de sus artículos parece hecho a la medida del proyecto que busca legalizar la entrega corrupta de los baldíos, para arrebatarles a los campesinos un acceso digno a la tierra.

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Vamos a marchar el 8 de marzo

Publicado en el periódico La Patria de Manizales el 17 de febrero de 2015

El 8 de marzo no es un día como cualquier otro. En esa fecha conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, como una oportunidad para reivindicar colectivamente nuestras luchas. No son pocas nuestras exigencias y demandas, porque no son pocas las desigualdades y violencias de las cuales hemos sido víctimas a lo largo de la historia.

Por eso insistiremos, una vez más, en el reconocimiento pleno de nuestros derechos humanos, y en la búsqueda de profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas que nos permitan una vida en dignidad, libre de dominación y discriminaciones.

El próximo 8 de marzo tampoco será como cualquier otro porque recientemente hemos sido convocadas y convocados por Antanas Mockus, a quien acompaña Iván Cepeda y también por distintas organizaciones sociales a una marcha por la vida, en medio del dolor que nos producen tantas muertes violentas en Colombia.

Cómo no marchar para defender la vida cuando a diario conocemos casos de violencia contra nuestros niños, como el cruel asesinato de cuatro menores de edad en Caquetá. Cómo no marchar por la vida si según Medicina Legal, en el año 2013 hubo 14.294 casos de homicidios y feminicidios en Colombia (1.115 de los homicidios fueron niños, niñas y adolescentes; 1.175 fueron mujeres; 8.434 fueron jóvenes entre 18 y 34 años) y hubo 1.810 suicidios. Además, las muertes por accidentes de tránsito o a causa de nuestra irresponsabilidad a la hora de conducir fueron 6.219. Sumando estas causas de muertes violentas, hubo 22.323 vidas que se habrían podido salvar en 2013.

Esta máquina de guerra de los últimos sesenta años, según la Unidad de Atención a las Víctimas, ha producido muerte y dolor a millones de colombianas y colombianos: 3.000 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por integrantes de las fuerzas militares, donde jóvenes inocentes de bajos recursos y muchos en condición de discapacidad fueron ejecutados cruelmente. Como si fuera poco, entre 1983 y 2011, hubo 2.087 masacres que acabaron con la vida de 9.509 personas. De acuerdo a las cifras del informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, elaborado por investigadores del Centro de Memoria Histórica, este conflicto armado ha provocado 220 mil muertes entre 1958 y 2012, de las cuales el 81,5% corresponden a civiles, y hasta el 2013 se señala hay 50.007 personas desaparecidas.

Son datos, estadísticas, son vidas violentadas que merecen un gesto de indignación colectiva y una alta dosis de vergüenza. Cuesta asimilarlo, pero estos años de guerra rural, urbana y doméstica han tenido enorme impacto en la vida de las mujeres, niños, niñas, jóvenes, hombres y familias enteras. Son historias que se truncaron de manera irremediable, pues la guerra y la violencia han roto cualquier límite de respeto por el otro.

Es lo que Hannah Arendt llamaría la "banalidad del mal", que no es otra cosa que la ejecución de los más atroces crímenes por parte de personas comunes y corrientes que, cumpliendo órdenes de sus superiores, hacen el mal sin enfrentar ningún sentimiento de culpa, reflexión o remordimiento por las consecuencias. Y eso hay que erradicarlo. No podemos acostumbrarnos a la violencia, ni podemos seguir buscando justificaciones para matar, exterminar, maltratar, dominar.

Por eso aprovecho esta columna para convocar de nuevo a todos y todas las colombianas a movilizarnos pacíficamente el 8 de marzo. Especialmente invito a las mujeres, porque nosotras sabemos tejer causas colectivas, y somos nosotras quienes más hemos cuidado la vida. Porque aún en medio de la guerra y de la diferencia, la defensa de los derechos humanos ha sido siempre nuestra lucha, y no hay mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer que potenciando nuestra fuerza serena para continuar exigiendo el respeto por la vida, como un camino para alcanzar la paz, la justicia, la memoria, la igualdad, la reparación integral y la reconciliación.

Suena paradójico, pero la defensa de la vida debería unirnos, en lugar de dividirnos. Las y los invito, entonces, a la solidaridad. De nada sirven los prejuicios y sospechas cuando hay tantas vidas por cuidar. Les invito a marchar en defensa de los derechos de las mujeres. Les invito a marchar por la paz. Les invito a marchar por la Vida.

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En Colombia no cuidamos a los niños: Ángela Robledo

Bogotá, febrero 6 de 2014

“Me parece intolerable y doloroso que la violencia se ensañe con los niños, la niñas y los adolescentes en mi país”: aseguró la representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, tras conocerse un nuevo episodio de barbarie en la que cuatro niños de una misma familia fueron asesinados en Florencia (Caquetá).

Ángela Robledo dijo que: “Lo más lamentable es que estos crímenes son situaciones cotidianas como el caso de los niños que mueren por descuido, negligencia y  desnutrición, como es el caso de La Guajira y Chocó; los niños que son abusados sexualmente por sus padres y familiares cercanos, los niños que van a la guerra, que son reclutados por los ejércitos irregulares, los que son utilizados como informantes, los que sufren por falta de oportunidades en Colombia”.

La parlamentaria aseguró que no existen políticas estructurales para proteger de manera integral a los niños: “Colombia es un país que no protege, no cuida la vida de los niños y las niñas y por lo tanto no hace realidad el Artículo 44 de la Constitución Nacional ni el Código 1098 de Infancia y Adolescencia”, dijo Robledo.

De acuerdo con el ICBF en los primero tres meses de 2014, se reportaron 13.670 denuncias de violencia contra los niños, 7.851 de las cuales corresponden a situaciones de maltrato por negligencia; 4.519 a maltrato físico; 789 a maltrato sicológico; 309 a episodios de acoso escolar y 202 a casos de maltrato a niños en gestación. 

Datos del Instituto indican que la violencia en contra de los niños  aumentó en un año y para el mismo período (enero a abril) en más del 50%, contando sólo los casos denunciados, los cuales se estiman en un 5%. Medicina Legal ha reportado que 1.115 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país el año pasado.

La congresista pidió una justicia pronta y efectiva para el caso de Florencia y aseguró que esta epidemia de violencia cotidiana contra los niños se afronta “protegiendo a las familias, trabajando con ellas, creando condiciones materiales, sociales y culturales para que ellas a su vez puedan cuidar y proteger a sus niños. Este es un país que no cuida a sus niños, que nos los quiere”, puntualizó Ángela Robledo.

Prensa: 3202343806. Margarita Sarmiento

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¿Cuál revolución educativa?

Hace muy pocas semanas vimos cómo el gobierno nacional en cabeza de la ministra Gina Parody lanzó un plan de 10 mil becas para los estudiantes pobres "más pilos" del país: "Ser pilo paga". Esta es la gran revolución educativa de Colombia. Este titular, por decir lo menos, puede resultar ofensivo, o al menos un chiste de muy mal gusto. 

Basar una revolución educativa en 10 mil becas es no haber entendido el término revolución. Una de las acepciones etimológicas de revolución es insurrección de un pueblo, no necesariamente violenta, para remover el orden político establecido. Otra, la usada por Copérnico por ejemplo en su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium, es aquella que acuñaron muchos astrónomos para referirse al giro completo de los astros o las esferas celestes. 

Las dos interpretaciones son muy pertinentes: una revolución educativa es la que se sueña la Mane y no la ministra: hay que remover, de manera no violenta y sí creativa, la política que guía la educación y, en especial, la educación superior: basada en créditos, en subsidiar la demanda, en no fortalecer la Universidad Pública y en favorecer una minoría, excluyendo de tajo la mayoría de estudiantes pobres de este país. Hay que cambiar el orden establecido para garantizar la educación como un derecho fundamental.

Por otro lado, hay que darle un giro completo a la educación, el enfoque debe cambiar totalmente, debe superarse. Debemos transformar la idea del estudiante-cliente adoctrinado para producir y pensar en la competitividad racional, al estudiante-ciudadano formado para fortalecer la democracia y la paz. 

Pues bien, esta propuesta del MEN no da un giro a la política educativa y tampoco remueve el enfoque privatizador de la educación superior. Es más, esta propuesta no es una política pública, es un programa aislado que no garantiza la educación pública y de calidad. 

"Guillo" Hoyos decía muy bien "La educación para la perfección es perversa". Una educación basada en matrículas de honor o en becas para "los pilos" termina mal porque "los que pretenden que unos saquen 5 son los mismos culpables de que otros [la mayoría] saquen 2[…] la responsabilidad de la educación no es con el premio nobel, él es autodidacta, la educación es para la mediocridad". Hay que rescatar el Aurea mediocritas o la dorada mediocridad de Horacio, ese término medio que hay que trabajar y construir a partir de allí. 

"Ser pilo paga" tiene, al menos, dos problemas: i) ahonda el déficit de las universidades públicas que según el Sistema de Universidades Estatales asciende a 11 billones de pesos, porque le quita cerca del 6% de recursos a este sector. Recordemos que, según el MEN y cálculos hechos por la doctora Carmenza Saldías, en los últimos 10 años los aportes de la nación por cada estudiante de universidad pública han bajado en un 28%. ii) Este programa favorece exclusivamente a los exitosos, no asume el reto de promover a los que no son pilos, de garantizarles oportunidades, educación y proyectos de vida. Recordemos por ejemplo que solamente uno de cada tres estudiantes que entra a la Universidad Nacional de Colombia se gradúa. 

La solución, ministra, no es regalar premios sino garantizar derechos. Premio que entre otras ya se ve que no está funcionando: el portal Las 2 Orillas aclaró el 31 de enero del presente año que: "el Ministerio a hoy 29 de enero no les ha cumplido con el primer desembolso y la información que tienen los beneficiarios de estas becas es que tendrán que esperar ya que esta les llegará a partir del 16 de febrero". El Espectador el 30 de enero tituló "Seis 'pilos' aplazan semestre y otros se quejan porque no tienen plata".

Ministra, hay que apostar con recursos públicos a fortalecer la Universidad Pública, sin intervenir su autonomía universitaria y aumentando los aportes a estas instituciones, para superar el déficit y para que éstos, al menos lleguen a ser tan importantes como lo eran en 1992, antes de la Ley 30.

A los estudiantes de la Mane les invitamos a persistir con sus movilizaciones pacíficas, con sus propuestas y protestas. La tarea es compleja pero necesaria. Podemos hacer la verdadera revolución educativa, creativa, masiva y contundente.

Publicado en el periódico La Patria de Manizales, el 4 de febrero de 2015.

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Defendamos la ley estatutaria por el derecho fundamental a la salud

 

Bogotá, 27 de enero de 2015./*/ / La atención en salud es un derecho fundamental autónomo, ha dicho la Corte Constitucional desde hace varios años, como resultado de la jurisprudencia acumulada por los miles de tutelas en salud. Es el momento de defender este precepto, a través de la ley estatutaria en salud, la cual fue modificada por la Corte con base en este criterio.

El gobierno Santos intentó limitar el derecho a la salud por medio de la aprobación de un proyecto de ley estatutaria por parte del Congreso en junio de 2013. Ahora desafía a la Corte al negarse a sancionar la ley modificada por este corporación. Este proyecto definía un paquete de servicios con base en el criterio general de la “sostenibilidad fiscal”, con actualizaciones y exclusiones periódicas, y una serie de limitaciones que afectaban el uso de la acción de tutela para todo lo excluido o lo que no tuviera relación directa con el tratamiento.

La Corte Constitucional, en la revisión obligatoria de constitucionalidad de este proyecto, a través de la Sentencia C-313 de mayo de 2014, retiró o modificó varias limitaciones, de manera que sólo se acepta un conjunto de exclusiones explícitas cada cierto tiempo. La Corte ha dicho que todo lo que no sea excluido, está incluido, de manera que obliga a que se acabe el famoso Plan Obligatorio de Salud (POS) y se provea todo lo necesario.

La Corte definió que la sostenibilidad fiscal no es justificación para negar servicios a las personas y exigió que la acción de tutela sea respetada, aún para las exclusiones, cuando los pacientes las requieran.

La ley estatutaria incluye la obligación de desarrollar políticas que afecten las causas de las enfermedades y promuevan la salud, dignificar el trabajo en salud, respetar la autonomía profesional y regular los precios de los medicamentos en toda la cadena y no sólo en el proveedor mayorista, como decía el proyecto de ley.

A pesar de que el presidente Santos anunció en mayo de 2014 que esta ley acabaría con el “paseo de la muerte”, decidió no
sancionarla. Una vez el equipo de gobierno leyó la Sentencia completa, el ministro de salud, Alejandro Gaviria, salió a decir que “la Corte quiere que todos coman langosta”.

Esta afirmación irrespetuosa quiere hacernos pensar que la Corte es irresponsable con los recursos escasos para la salud. Mientras tanto, el ministro avanza con la profundización del modelo de intermediación por Decreto. Por ejemplo, el 23 de diciembre el ministro firmó el Decreto 2702 mediante el cual ofrece siete años de gracia a las EPS para que ajusten sus cuentas y sus negocios, y sigan apropiándose de los recursos públicos para la salud como lo han hecho impunemente hasta ahora.

Un par de errores de digitación de la Sentencia requirieron que la Corte sacara el Auto 377/14 para corregirlos. Pero es claro que estos errores no impiden la sanción de la ley. Sin embargo, el ministro Gaviria afirmó que la ley debía volver al Congreso para corregir tales errores. Superados todos los plazos para la sanción de la ley por el Presidente de la República, sólo cabe la sanción por parte del Presidente del Congreso de la República, según el reglamento legal vigente.

¿Por qué se niega el gobierno Santos a sancionar la ley estatutaria en salud? Por la sencilla razón de que sigue poniendo la plata y el negocio por encima del derecho de la gente a ser atendida. En medio de la crisis fiscal por la baja de los precios del petróleo, la ley de la regla fiscal que el mismo gobierno impulsó obliga a comenzar los recortes por el gasto social, donde están salud, educación y otros sectores más, mientras la Corte le exige no basarse en la sostenibilidad fiscal.

Por todo lo anterior, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud ha decidido participar en la exigencia, a través de la acción jurídica de “constitución en renuencia”, al Presidente del Congreso de la República, José David Name, de sancionar la ley estatutaria en salud avalada por la Corte Constitucional, y avanzar en la revisión de la normatividad del sistema de salud actual que sigue violando el derecho fundamental a la salud de la población colombiana.

El derecho fundamental a la salud es un asunto de vida o muerte. Todos somos pacientes potenciales y todos requerimos condiciones de vida saludables. La ley estatutaria en salud es un paso importante en esa dirección. Por eso, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud hace un llamado a la población colombiana para que acompañe, con su movilización social creativa, el propósito de sancionar esta ley y avanzar en la construcción de un nuevo sistema de salud que garantice sin ambages este derecho fundamental.

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Emociones políticas. Por Angela Robledo

La profesora Martha Nussbaum, una de las filósofas contemporáneas más importantes por sus planteamientos sobre ética, teoría de las capacidades humanas, justicia social y feminismo, entre otros temas, acaba de publicar un libro sobre las emociones, las cuales considera son paisajes del pensamiento dado que no solo impulsan a la acción sino que contienen componentes valorativos que permiten evaluar el impacto de las actuaciones.

Parafraseando a la autora, en el texto denominado Emociones Políticas la filósofa desarrolla la tesis según la cual los principios políticos requieren para su materialización y supervivencia del apoyo de emociones como la simpatía y el amor, que les permitan a las "sociedades decentes" alcanzar sus propósitos logrando que las personas se comprometan con un bien común. El cultivo de estas emociones permitirá proteger nuestro frágil "yo" de emociones que también están presentes en nuestras sociedades, como el odio, la envidia, el asco o el deseo de avergonzar a otros, emociones que apoyan comportamientos que buscan convertir a las personas en medios para lograr determinados fines, o en prácticas autoritarias para dominar, someter y explotar al otro.

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Las FARC-EP le cumplieron a Colombia con la tregua

 

El Frente Amplio por la Paz concluye que hasta la fecha de hoy se constata que las FARC-EP han cumplido con su compromiso anunciado al país el 17 de diciembre de 2014 desde La Habana de cesar de manera unilateral el fuego y las hostilidades. Este hecho ha sido afirmado por varias fuentes y aceptado públicamente por el presidente Juan Manuel Santos. El cumplimiento de la tregua se ha presentado aún ante las acciones ofensivas de las Fuerzas Militares, las cuales no fueron negadas por el Ministerio de Defensa y mantuvieron una tensión de posible levantamiento del cese unilateral.

El Frente Amplio por la Paz considera que no hay ningún motivo que impida que organismos de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional, realicen una veeduría a un cese unilateral o bilateral al fuego. Por el contrario en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que hacen parte del Frente Amplio por la Paz, son idóneas para hacer una veeduría del cumplimiento del cese unilateral, por ser éstas las que desde las regiones han sufrido de manera directa los efectos del conflicto armado, aún durante el desarrollo del actual proceso de diálogo, y por habitar precisamente en las regiones donde más crudamente se desarrollan las acciones de guerra.

El Frente Amplio destaca positivamente las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre el cumplimiento de parte de las FARC-EP y la autorización de la discusión pronta de un cese bilateral; estima que este hecho muestra la madurez del proceso de diálogo y plantea la proximidad de la terminación definitiva del conflicto armado. También espera que se le dé estabilidad al cese unilateral decretado por las FARC-EP en la vía del desescalamiento del conflicto, mientras las partes logran el acuerdo de cese bilateral definitivo.

Haga clic en el siguiente enlace para descargar el informe completo http://bit.ly/1CLi5Un.

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Cese unilateral de la guerrilla es un gesto de paz: Ángela Robledo

Bogotá, diciembre 18 de 2014

La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo dijo que el anuncio de las Farc de un cese unilateral e indefinido a la confrontación armada a partir del próximo 20 de diciembre es un gesto que ratifica que vamos camino hacia la firma de un acuerdo político que ponga fin a una guerra centenaria que cobra a diario miles y miles de vidas.

Ángela Robledo ha dicho que este es un anuncio que nos debe alegrar a todos los colombianos: “Es una gran noticia sobre todo para las regiones y poblaciones más afectadas por la guerra que viven una realidad muy distinta a la que vivimos nosotros en las grandes ciudades del país”, aseguró la congresista.

“Nos gustaría mucho arrancar un 2015 con un cese definitivo de la guerra, que se silencien para siempre los fusiles y que los colombianos entendamos y rodeemos este proceso que necesita un apoyo radical para avanzar”, dijo Robledo.

Ángela Robledo insistió que no existe guerra buena y que está sobradamente demostrado que el desescalamiento del conflicto y los ceses al fuego salvan vidas: “Una sola vida que se preserve vale la pena”, dijo.

En diciembre de 2013 con la tregua navideña de las FARC los homicidios cometidos por la guerrilla bajaron en un 65% según cifras del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC). Ese desescalamiento de la muerte y de la guerra nunca antes se ha visto en la historia de Colombia.

Desde el inicio de los diálogos en La Habana en 2012, los secuestros han decrecido seis veces, pasando de 305 a 45, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, que también ha reportado que entre enero de 2011 a agosto de 2014, las muertes de personas de grupos al margen de la ley han bajado casi a la mitad y la muerte de miembros de las Fuerzas Militares también se redujeron a la mitad.

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Guerras recicladas. Por Angela Robledo.

Guerras recicladas es el nombre del libro de María Teresa Ronderos, quien acaba de recibir el premio Simón Bolívar como mejor periodista, por la investigación adelantada en torno a la historia del paramilitarismo en Colombia. El trabajo, según Ronderos, es una forma de ver la guerra por dentro, escuchando las voces de las víctimas y los victimarios del paramilitarismo, cruzando estos testimonios con cientos de documentos acopiados desde el 2008 en el portal Verdad Abierta para “aportar luces sobre las fuerzas que permitieron que este se formara, floreciera y perdurara por más de 30 años”.

A lo largo del libro su autora documenta las profundas contradicciones de los criminales, al llevar a cabo masacres y desarrollar al mismo tiempo acciones propias del Estado, como fundar escuelas, hospitales, planes de vivienda y propuestas de restitución de tierras, para luego arrebatárselas a los campesinos mediante acciones ilegales y en complicidad con instituciones del gobierno.

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Ángela Robledo pide revolcón total del Sistema de Justicia Juvenil

Bogotá, diciembre 4 de 2014 

La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo pidió hoy una reestructuración total del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que luego de cinco años de implementación, no cumple su papel resocializador y condena a los jóvenes en conflicto con la ley a una franca y permanente violación de sus derechos humanos.

“Necesitamos con urgencia un cambio total de sistema. Pasar de un sistema penal, carcelario, a un sistema real de justicia restaurativa para que a los jóvenes en conflicto con la ley se les brinde una oportunidad real de reintegrarse a la sociedad, en vez de graduarse como criminales”.

Ángela Robledo anunció que propondrá un proyecto de ley que ayude a cambiar este sistema y transforme de manera drástica lo que está ocurriendo con los jóvenes en los centros de atención de adolescentes infractores de la ley: “Es intolerable que en el primer contacto que tienen estos muchachos con la justicia se les maltrate y reciban sólo injusticias”, dijo Ángela Robledo.  

La congresista de la Alianza Verde dijo que el actual sistema de justicia juvenil es punitivo, racista y clasista. Y agregó que los cambios incluirán la atención por parte de equipos de científicos sociales como antropólogos, psicólogos, pedagogos, sociólogos, entre otros,  que puedan brindar un proceso de formación que permita oportunidades reales para los jóvenes a los que la sociedad les ha negado la posibilidad de la inclusión social.

Las declaraciones fueron realizadas hoy en la sesión de la Comisión de Verificación de Derechos  de los Adolescentes del Sistema de Responsabilidad, que presentó un informe de más de 20 visitas a centros de atención para jóvenes en conflicto con la ley en Bogotá, Cali, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Cartagena, y cuyo principal hallazgo son las condiciones de detención indignas en centros que no cumplen con las condiciones mínimas y menos con la finalidades establecidas para el sistema.

Persiste en los centros la vulneración de derechos fundamentales a la salud, la educación, la formación, la recreación, entre otros. El hacinamiento, el maltrato físico, psicológico y verbal, los castigos crueles e inhumanos, son el pan de cada día.

La Comisión propuesta por Ángela Robledo, mediante la Proposición 077 de junio de 2014 aprobada por el Congreso de la República, está conformada por la Defensoría del Pueblo,  el ICBF,  el Ministerio de Justicia, con el apoyo del  DNP y con la participación de Unicef como observador internacional. 

“Es urgente pensar en un sistema absolutamente distinto al que existe ahora, que es un sistema aplicado con la racionalidad del adulto criminal a jóvenes que están en proceso de formación y a quienes la sociedad les ha negado totalmente las oportunidades”, puntualizó la representante Ángela Robledo.

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La violencia económica se suma a las violencias contra las mujeres: Ángela Robledo

Bogotá, noviembre 25 de 2014

La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo dijo que “en Colombia mientras se conoce que las cifras de violencia física y feminicidio crecen a pasos agigantados, pues en lo que va corrido del año más de 637 mujeres han sido asesinadas de forma violenta, otra violencia más sutil pero no menos importante sigue tomando fuerza y es la violencia económica”.

“Diariamente las mujeres aportan a este país, sólo por trabajo doméstico no remunerado, 0,25 billones, es decir, 250 mil millones de pesos. Ningún sector de la economía tiene este peso en el crecimiento del país: 19% de las cuentas nacionales”, dijo la congresista de la Alianza Verde.  

Se conoce que el 90% de las mujeres colombianas trabajan 6 horas al día en labores domésticas no remuneradas y ese trabajo sustenta la sociedad, sustenta el PIB pues aporta más de 120 billones de pesos anualmente

“Mientras el país crece económicamente, esta productividad ha logrado incrementar la brecha de género en la informalidad laboral. De 2001 a 2013 el país pasó de un crecimiento del PIB de 1,7% a 4,3% y, en ese mismo periodo, la brecha de género de la informalidad creció del 5% al 15%”, aseguró la representante Ángela Robledo.

Se conoce que las mujeres ganan 20% menos, teniendo formación académica idéntica a la de los hombres y en cargos similares; sin contar que el desempleo de las mujeres es 4 puntos porcentuales mayor que el de los hombres: 11,3% vs 7%.

Según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE, la proporción de mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado es un 43% más alto que la de los hombres. Mientras las mujeres, dedican 6 horas diarias a este trabajo, los pocos hombres que hacen este trabajo dedican 1:50 minutos. 72% de mujeres suministran alimentos, mientras que sólo el 22% hombres hace esta actividad. Ni siquiera el 10 % de hombres hacen mantenimiento de vestuario y el 40% de mujeres hace esta labor, la brecha es del 300%. Una de cada cuatro mujeres se dedica al cuidado físico y ni siquiera el 5% de hombres hace esta actividad. La brecha es del 475%.

La congresista Ángela Robledo dijo  que  “urge reivindicar el papel de las mujeres en el sostenimiento y cuidado de la vida, del hogar, de la sociedad y el tejido social. Sin ellas la paz y la democracia no van”.

Finalmente, Angela Robledo afirmó que “modificar los roles al interior del hogar es una tarea fundamentalmente política, una tarea que busca garantizar realmente una democracia donde la paridad sea la norma y no la exclusión. Mujeres, trabajadoras domésticas, organizaciones de mujeres la tarea sigue y debemos enfrentar esta cultura que genera violencias y que no garantiza la voz de las mujeres”.

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La letanía neoliberal del ministro de Salud. Por: Angela Robledo

Son la 9 de la mañana del 14 de octubre. En el salón de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes todo está dispuesto para el debate de control político sobre la crisis del sistema de salud en Colombia, que citamos conjuntamente con los congresistas Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y Óscar Ospina, compañero de la Alianza Verde. Esta vez los convocados llegan a tiempo; la semana anterior el debate había sido aplazado por la ausencia de los funcionarios citados, pues solo se había presentado el ministro de Salud Alejandro Gaviria.

A esta nueva sesión se presentaron el doctor Gaviria, el Superintendente de Salud, el superintendente de Industria y Comercio, el viceministro de Hacienda y los delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República.

Nuestras denuncias se centraron en lo que viene ocurriendo con las llamadas Empresas Promotoras de Salud (EPS) y la crisis de la salud en Colombia. Algunos de los datos que presentamos fueron los siguientes: las deudas por cerca de 14 billones de pesos que tienen las EPS del régimen contributivo y subsidiado con las llamadas IPS, que no son otra cosa que los hospitales y clínicas del país; los 480 hospitales declarados por la Superintendencia de Salud en situación de riesgo medio o mayor, los cuales pueden ser liquidados por encontrarse en insolvencia económica. Así lo han denunciado en los departamentos del Magdalena y Antioquia, donde a pesar de estar vigente la ley conocida como “cuentas maestras en salud”, que autoriza giros directos a clínicas y hospitales, solo se les han girado 6.000 millones, frente a los 14 billones que les deben las EPS.

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Ampliación del fuero militar borraría de un plumazo Ley 1719 sobre justicia a víctimas de violencia sexual

Bogotá, noviembre 12 de 2014

La representante a la Cámara  y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo denunció hoy en debate de control político que la “ampliación del fuero militar atenta contra la garantía de justicia para  las víctimas de violencia sexual que en su mayoría son mujeres y niñas”.

La congresista Ángela Robledo aseguró que mientras la Ley 1719 de 2014 pretende “avanzar en la eliminación de barreras de acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, especialmente en el marco del conflicto armado”, la ampliación del fuero penal militar busca trasladar el juzgamiento de estos delitos a la justicia penal militar.

“Dejar que la justicia militar conozca y juzgue delitos asociados al Derecho Internacional Humanitario como el  acceso carnal violento, la desnudez forzada, el  embarazo forzado, el  aborto forzado, la esclavitud sexual y el  homicidio en persona protegida (civiles), entre otros, significa un retroceso en los avances que implican los distintos fallos de la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ratificación de tratados internacionales, y más específicamente, frente a la Ley 1719 de 2014”, aseguró la representante Ángela Robledo.

En Colombia más de medio millón de mujeres ha sido víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado en los últimos 14 años. En territorios de guerra, anualmente 50.000 mujeres son víctimas de violencia sexual, 140 diariamente y 6 cada hora. Se conoce además que todos los guerreros utilizan el cuerpo de las mujeres como botín de guerra: 54% de los victimarios pertenecen a las fuerzas armadas y la policía; 19% son de grupos guerrilleros y 17% hacen parte de bandas criminales, seguridad privada y servicios de inteligencia. Lo anterior es resultado de una muestra de 67 casos tomada por Medicina Legal en 2010.

Lo anterior sumado a los altos índices de impunidad frente a los casos de violencia sexual que hoy en día ronda el 98%. De 183 casos de violencia sexual reportados en el Auto 092 de 2008, 25 se encuentran archivados con resolución inhibitoria, 35 en investigación preliminar, ocho  en  indagación, nueve en instrucción,  cuatro con resolución de acusación, tres en juicio y 11 con sentencias condenatorias.

La representante Ángela Robledo dijo que esta iniciativa de ampliar el fuero militar no se compadece con los compromisos adquiridos por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos quien al sancionar la Ley 1719 de 2014 aseguró que “ (…) Nadie —use el uniforme que use— podrá ampararse en su fuerza o su poder para violentar a los más débiles (…) Nadie puede seguir convirtiendo a las mujeres en botines de guerra”, y agregó “Si algún militar comete un acto de violencia sexual, este acto irá al conocimiento de la justicia ordinaria y no a la justicia penal militar”.  (Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la sanción de la Ley contra la Violencia Sexual 1719 de 2014, el 18 de junio de 2014).

El debate, realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue citado conjuntamente con el congresista Alirio Uribe y contó con la asistencia del Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia. 

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Clic aquí para ver la presentación de la Representante Angela Robledo durante el debate. 

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Angela Robledo fue destacada nuevamente como la mejor congresista mujer del país

Bogotá, noviembre 6 de 2014

Por tercer año consecutivo, la representante a la Cámara y copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo fue escogida por los líderes de opinión de Colombia como la mejor congresista mujer del país.

La representante Ángela Robledo fue escogida como una política destacada por 2037 líderes consultados por Cifras y Conceptos, que hizo una medición en 17 departamentos y en Bogotá con el fin de conocer las percepciones de los líderes de opinión sobre temas políticos, económicos, sociales y ambientales.

Ángela Robledo se ha destacado en su vida pública y política por su afinidad con los principios promovidos por Antanas Mockus, al defender la vida como sagrada, lo público como un bien colectivo y transparente y la política como una obra de arte.

Ángela Robledo es psicóloga, experta en política social y se ha destacado en el Congreso por su férrea defensa de los derechos humanos y su incansable activismo a favor de una salida política y negociada para la paz. 

En el Congreso Ángela Robledo hace parte de la Comisión Séptima, copreside la Comisión de Paz, es miembro del Consejo Nacional de Paz y participa activamente en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, así como en las comisiones accidentales de Juventud y de Bogotá.

Su labor ha estado enfocada en promover la participación y perspectiva de las mujeres en los asuntos del Estado y del gobierno, exigir políticas que garanticen los derechos de la niñez y  oportunidades para los jóvenes, defender  la educación y la salud como derechos y un presupuesto nacional para la paz, entre otros.

Ángela Robledo llegó al Congreso en 2010 y su trabajo a través de una apuesta valiente,  independiente y democrática le permitió regresar al parlamento para la legislatura que inició en julio de 2014.

Como respuesta a la confianza de la ciudadanía presentamos su más reciente rendición de cuentas, que reúne lo más importante de su trabajo político y legislativo entre julio y octubre 2014. (Clic aquí para ver la rendición de cuentas)

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Clic aquí para conocer los resultados completos del Panel de Opinión 2014.  

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Crímenes sexuales contra las mujeres y niñas deben ser declarados de lesa humanidad

Bogotá, 31 de octubre de 2014

Los representantes a la Cámara, Ángela Robledo (Partido Alianza Verde) y Alirio Uribe (Polo Democrático) y los senadores Viviane Morales (Partido Liberal) e Iván Cepeda (Polo Democrático), le pidieron al Gobierno Nacional un mayor compromiso y acciones contundentes de justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado.

“Sin duda, la guerra ha exacerbado la violencia contra las mujeres y ha reducido sus cuerpos a trofeos, a botines de los guerreros, por eso desde el Congreso de la República, dimos la pelea durante más de dos años para tramitar la Ley 1719 del 18 de junio de 2014, que posibilita mayores herramientas de acceso de las mujeres a la justicia. Tenemos la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005 y la 1448 de 2011 de Víctimas, sin embargo no vemos avances contundentes al respecto, la impunidad está alrededor del 98% de los casos, y las líderes siguen amenazadas y desplazadas”, dijo Ángela Robledo. 

Por su parte el Senador Iván Cepeda señaló que "es urgente que casos de la ley de Justicia y Paz (Ley 975), en la que los victimarios que están en las cárceles pueden quedar libres, se reconozcan como lo que son: crímenes de lesa humanidad". 

A juicio del Representante Alirio Uribe Muñoz, “casos masivos de violaciones a comunidades de mujeres enteras como los de Bahía Portete (La Guajira), de Montes de María (Sur de Bolívar), de La Libertad (Sucre) y El Tigre (Putumayo) no pueden quedarse en el olvido y la impunidad, y deben ser declarados cuanto antes, como crímenes de lesa humanidad, máxime si se tiene en cuenta cifras como las enunciadas por el informe “Que dejen de cazar a las niñas y a los niños” de la campaña “Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra”, que revela cifras preocupantes que indican por ejemplo que por lo menos 27 niños, niñas y adolescentes fueron agredidos sexualmente a diario en el país entre los años 2008 y 2012”. 

El aumento de asesinatos de mujeres por violencia intrafamiliar y delitos sexuales ha aumentado en 40% entre 2011 y 2013, según Medicina Legal. Cifras del mismo Instituto demuestran que para 2013, 39.020 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja y 17.512 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, en su mayoría, niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años, seguido de las niñas entre los 5 y 9 años. 

A la audiencia realizada en el Congreso de la República, asistieron unas 300 mujeres de todos los territorios azotados por la violencia, así como organizaciones de mujeres que lideran procesos de justicia y reparación, como la Casa de Mujer, Sisma Mujer, Iniciativas de Mujeres por la Paz, Mujer sigue mis pasos y el colectivo José Alvear Restrepo. 

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Discutirán iniciativa para reconocer y pagar el trabajo doméstico

Bogotá, octubre 28 de 2014

Mañana en la Universidad del Rosario (Calle 12C No. 6-25, Torre 1, Salón 701), expertas de Colombia, México y Uruguay trabajarán con un grupo de congresistas y funcionarios públicos, los alcances de una iniciativa legislativa que permita que el trabajo del hogar, realizado en su mayoría por mujeres, sea reconocido y remunerado justamente. 

La economía del cuidado, que implica el cuidado de la vida, del hogar, de los enfermos, de los viejos, niños y niñas, aporta al país más de 120 billones de pesos anuales según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el DANE.

Está documentado que el 90% de las mujeres dedican a este trabajo 9 horas diarias o más sin remuneración. Mientras el 72% de las mujeres suministra alimentos, tan sólo el 22% de los hombres realiza la misma labor.

Se espera que el Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria y el Director del Departamento Nacional de Estadística, Mauricio Perfetti, presenten los avances del gobierno frente a los compromisos y desarrollos de la Ley 1413 de 2010 “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas”.

Por su parte la representante a la Cámara, Ángela Robledo y la ex senadora Gloría Inés Ramírez, discutirán sobre la ley de economía del cuidado y las acciones venideras desde el legislativo para proponer un sistema nacional de cuidados en Colombia.

Por primera vez centrales sindicales, congresistas, entidades multilaterales como ONU Mujeres, organizaciones de cooperación como FESCOL, la Escuela Nacional Sindical y universidades como Los Andes y El Rosario se unen para, además de hacer visible esta problemática, proponer alternativas frente  a las a simetrías que implica la economía del cuidado.

VER AGENDA

FECHA: miércoles 29 de octubre de 2014

LUGAR: Universidad del Rosario.Calle 12C No. 6-25, Torre 1, Salón 701

HORA: 9:00 am – 5:30 p.m.

Entrada libre previa inscripción.

Invitadas Internacionales:

KARINA BATTHYANY (URUGUAY): Doctora en Sociología y Magister en Desarrollo Regional y Local. Profesora agregada  de la Facultad de Ciencias de Sociales, Universidad de la República (Uruguay) en el área de metodología de la investigación y en el área de relaciones sociales de género. Integrante del Sistema Nacional de Investigación y Coordinadora de la Maestría en Sociología y del Diploma de Género, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR-. La profesora Batthyány es una de las responsables del diseño y aplicación del Sistema Nacional de Cuidado en Uruguay.

MARIA DE LA PAZ LOPEZ (MEXICO): Es asesora regional de ONU Mujeres. En su trayectoria profesional, ha sido consultora de diversos organismos internacionales para temas de género, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, la CEPAL, UNICEF, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado como funcionaria de la administración pública federal, donde ha sido responsable de diversos proyectos, muchos de ellos orientados al avance en la igualdad de género.

LUCIA CLARISA PEREZ (MEXICO): Economista. Coordinadora del Área de Presupuestos Públicos de la Organización Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia. Trabaja en investigación y asesoría a gobiernos en Políticas Fiscales. Es maestra en Economía por la Universidad de Manchester, Inglaterra y licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. Integrante del Grupo Presupuestos Sensibles al Género del Consejo Técnico del Consorcio Nacional Mujer y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Secretaría de Salud).

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seminario economia final 24 oct

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Niños de La Guajira exigen una segunda oportunidad: Ángela Robledo

Bogotá, octubre 24 de 2014

Ángela Robledo realiza visita de verificación de derechos humanos  a niños y niñas en La Guajira y participa del Consejo de Política Social organizado por autoridades nacionales y locales, este fin de semana en Riohacha. 

Luego de denunciar que unos 2969 niños murieron de física hambre en el lapso de seis años en La Guajira; es decir dos niños por día (DANE 2008  – 2013), Ángela Robledo viene promoviendo un recorrido por distintos municipios de la región a fin de que se verifique la situación de abandono y se propongan acciones concretas que comprometan al Estado y al gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones.  

La congresista ha denunciado en múltiples debates de control político y audiencias públicas en el Congreso que el 70% de los niños indígenas sufre de desnutrición crónica (12% para todo el país). Por ejemplo, la prevalencia de anemia en Manaure duplica el promedio nacional: 82%.  Incluso el ICBF  ha reconocido que la mitad de los niños indígenas sufre de desnutrición o riesgo de desnutrición (muestra de 147 rancherías de 500 que existen en Riohacha).

“Hemos estado en las rancherías, hablado con los niños y las niñas, con las mujeres, vemos el esfuerzo enorme de estas comunidades por salir adelante. Mucha gente depende aquí de un solo pozo de agua del cual dependen 100 familias”, dijo Ángela Robledo a través de su cuenta en Twitter.

La parlamentaria ha dicho desde La Guajira que seguirá pendiente de la situación de los niños y las niñas indígenas y de los avances y compromisos que ha adquirido el Gobierno en sus debates de control político. 

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¡Más cultura ciudadana! Columna de Angela Robledo.

El pasado 2 y 3 de octubre, la Corporación Visionarios por Colombia, fundada por Antanas Mockus en 2004, convocó a intelectuales, servidores públicos y políticos a la Conferencia Internacional: Cultura y construcción de paz, con el objetivo de presentar los retos que tiene la cultura ciudadana de cara al proceso de paz en Colombia.

Antanas con su estilo singular, en el cual combina anécdotas personales con investigaciones, textos literarios, poesía y una que otra lágrima que se le escapa irremediablemente, presentó los avances de las investigaciones del llamado “Indicador de cultura ciudadana”, resultado de evaluaciones realizadas en 59 ciudades del país y otras 9 internacionales, entre las cuales están Montevideo y Estocolmo. El indicador mide la capacidad de hacer y mantener acuerdos; prácticas de mutua regulación; cumplimiento de normas sociales; probidad pública, y seguridad constitucional que reúne tres variables: baja victimización y delitos, percepción positiva de la seguridad y rechazo a la justicia por mano propia.

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Las EPS son el cáncer del sistema de salud colombiano: Ángela Robledo

Bogotá, octubre 14 de 2014

La representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció en debate de control político que las EPS actúan de manera inmoral, amañando la ley a sus intereses, quebrando el sistema público de salud y lo que es peor, atentando contra la vida y la salud de los pacientes. “Las EPS son el cáncer de la salud en Colombia”, dijo.

“El país conoce el famoso pacto de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) que agrupa a las EPS, en el que las mismas EPS acordaron, de manera ilegal: negar servicios de salud a sus afiliados -incluidas las medicinas-, aumentar  arbitrariamente los precios de medicamentos y falsear y manipular la información referida a la UPC (Unidad de Pago por Capitación que es el pago que realiza el Gobierno a las EPS por cada ciudadano atendido), y no ha pasado nada, este accionar sigue en la impunidad”, insistió Ángela Robledo. (Ver presentación)

“Aquí se volvió regla que para acceder al sistema de salud, los pacientes tienen que acudir a acciones judiciales como tutelas y quejas: 115.147 tutelas (320 por día)  y 645.147  quejas (1.768 por día) presentaron los ciudadanos durante el 2013. El 70% de las tutelas de salud fueron por procedimientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS)”, dijo la congresista.

Lo anterior aplica para las personas que tienen acceso y conocimiento sobre estos procedimientos judiciales. Está documentado que las comunidades indígenas son las que menos pueden acceder a salud por estas vías. (Defensoría del Pueblo).

“Esto significa que mucha gente muere a causa del precario y corrupto sistema de salud: Por ejemplo, más de la mitad de los enfermos de cáncer, incluido el cáncer de seno, de cuello uterino, de próstata y de estómago (37.894 de las 71.442 personas diagnosticadas) murieron por falta de prevención y atención.  (Globocan, 2012).  El cáncer es la segunda causa de muerte en niños entre los 2 y 14 años y la tercera en adultos.  Es de anotar que mientras en países desarrollados el 70% de los niños se cura de esta enfermedad, en Colombia sólo lo logra el 40%”, aseguró Ángela Robledo.

Ángela Robledo afirmó que “La mitad de los hospitales públicos del país (540 hospitales) está en quiebra a cuenta del incumplimiento en el pago de servicios que éstos prestan a las EPS y que asciende a $ 4,6 billones de pesos a junio 30 de 2014”.  (Acesi).

Nueva EPS, Caprecom, Alianza Medellín Antioquia o Savia Salud, Coomeva EPS, el operador fiduciario del Fosyga, Saludcoop EPS, Cafesalud EPS, Ecoopsos, Emdisalud y Saludvida EPS, son las principales EPS morosas, con una deuda conjunta de  $2,1 billones de pesos. Es  de anotar, que  10 EPS del régimen contributivo que concentra 91.5% de los afiliados, son las que mayor deuda tienen (Estudio de cartera hospitalaria-ACHC).

Con frecuencia hospitales públicos se intervienen y cierran como el caso del Hospital Federico Lleras al que tras deberle $ 116 mil millones, está intervenido porque debe a su vez $95 mil millones. Si le pagaran al Federico Lleras, éste podría saldar su deuda para evitar como ya sucedió el cierre de sus salas de pediatría especializadas en cáncer. (Ver vídeo)

“Llama la atención que EPS privadas como Emdisalud, intervenida en 2012 por desvío de más de $ 8.500 millones, tiene en quiebra al Hospital Público de Lorica, luego que Emdisalud le quitara el 40% de sus afiliados para trasladarlos a la IPS Grupo Salud Córdoba sede Lorica”, denunció la congresista Angela Robledo. (Ver vídeo)

El debate, que se desarrolló en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, fue citado por los congresistas Ángela Robledo, Oscar Ospina y Jorge Enrique Robledo, y contó con la participación del Ministro de Salud, el Superintendente de Salud, el Superintendente de Industria y Comercio, el Viceministro de Hacienda, el Viceministro de Trabajo y delegados de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

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Ver presentación de la Representante Ángela Robledo durante el debate.

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De estudiantes a consumidores de créditos. Columna de Angela Robledo

Por momentos tengo la sensación de que lo escrito en estas columnas lo he dicho una y otra vez, por lo cual tendría que pedirles excusas a mis lectores y lectoras. Pero creo que es el reflejo de lo que vivimos en algunas ocasiones: los mismos problemas del pasado y de la historia, como si en Colombia no pasara el tiempo. O lo que es peor: corre el tiempo pero no pasan los problemas, a pesar de que muchos de ellos ya están diagnosticados en exceso y con el agravante que en este país todo es susceptible de empeorar.

La aclaración la hago para referirme, de nuevo, a la crisis de la educación en Colombia, cuyas soluciones (bien conocidas) no se han implementado principalmente por falta de voluntad política. Porque hay que decirlo: lo que falta especialmente es voluntad política y por supuesto también recursos, pero no para seguir haciendo más de lo mismo, como ha ocurrido con las últimas "ministras de la educación", un cargo en el que recientemente han brillado por su ausencia verdaderas y verdaderos servidores públicos.

Y digo "verdaderos servidores públicos" porque a veces parecieran funcionarios privados al servicio del sector financiero y de los poderosos bancos, como ha quedado demostrado en el llamado "Acuerdo por lo Superior 2034", que como he dicho en otros espacios, no es un acuerdo, ni es superior, ni es una política pública, a pesar del esfuerzo de sus autores por sorprendernos con la pantomima de la participación, pues cacarean que el texto es el producto de 155 espacios de debate, dos eventos internacionales y mil días de trabajo en 32 departamentos y 29 proyectos de investigación.

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Las mujeres colombianas esperamos el apoyo del Congreso para aprobar el proyecto de feminicidio, dice Ángela Robledo

Bogotá, octubre 6 de 2014

La representante a la Cámara y copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, aseguró hoy que la cifra de 637 mujeres asesinadas en lo que va corrido del año, es la expresión contundente del odio que sectores de la sociedad siente hacia las mujeres y que estas cifras resultan totalmente intolerables, además de producirnos una enorme tristeza a las mujeres.

“Todos los días conocemos a través de los diferentes medios de comunicación que una mujer fue asesinada, que fue descuartizada, que fue apuñalada, que fue desaparecida, que fue golpeada, que fue violada por su condición de género”, aseguró Ángela Robledo.

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, 637 mujeres han muerto de forma violenta durante 2014, de ese porcentaje 83 casos están relacionados con discriminación de género. Es decir, que aunque en Colombia aún no se tipifica el delito de feminicidio, las cifras muestran que en la mayoría de los casos, la muerte de las mujeres obedece a crímenes de odio hacia ellas. 514 fueron asesinadas en 2013 y 583 en el periodo 2007 – 2011 a manos de sus parejas o ex parejas.  

En el primer semestre de 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró que 514 mujeres fueron víctimas de homicidio: Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, son las ciudades donde se ejerce mayor violencia contra ellas. De igual manera se conoció que en ese mismo año, 39.020 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja.  Medicina Legal informó que durante ese año 17.512 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, en su mayoría niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años, seguido de las niñas entre los 5 y 9 años.  Según Medicina Legal, el aumento ha sido del 40% de asesinatos a mujeres por violencia intrafamiliar y delito sexual entre 2011 y 2013.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que más del 38% de las muertes violentas de mujeres en el mundo fueron cometidas por su pareja (2013).

“Varios países latinoamericanos han tipificado el feminicidio como delito.  En Colombia venimos avanzando con una iniciativa de la ex senadora Gloria Inés Ramírez, con el apoyo de la Comisión Legal de Mujeres para que se incluya este delito en el Código Penal, esperamos que el Congreso de la República avance contra esta epidemia que a diario cobra la vida de miles y miles de mujeres”, puntualizó Ángela Robledo.

El femicidio/feminicidio es considerado por Naciones Unidas como “uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres de América Latina”. Según informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1,139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en ocho países de la región. En 29.4% de los casos, la muerte fue ocasionada por novios, ex novios, esposos, ex esposos, compañeros o ex compañeros.

Entre las recomendaciones de Naciones Unidas para enfrentar el flagelo en la región se incluye la realización y el desarrollo de “marcos jurídicos exhaustivos que creen un entorno para que las mujeres y las niñas vivan libres de violencia, y que tipifiquen al feminicidio como un delito específico. Además, las leyes deben ser ejecutadas de modo que los casos se investiguen diligentemente, que los culpables sean juzgados y que se ofrezca reparaciones justas a las víctimas o a sus familias”.

En Colombia, actualmente el proyecto sobre feminicidio está en discusión en la Comisión Primera de Cámara, siendo éste el tercer debate.  

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Comisiones de Paz piden a Santos protección a defensoras de derechos humanos

Comisiones de Paz piden a Santos medidas de protección a defensoras de derechos humanos amenazadas

De acuerdo a información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  en 2013, 39 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y asesinadas, es decir, 3 defensores de derechos humanos fueron “silenciados” cada mes durante ese año: reclamantes de tierras, opositores a la minería ilegal, líderes rurales, líderes indígenas y afrodescendientes, defensoras de derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia sexual.

ESTE ES EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS

Bogotá, D.C. octubre 1 de 2014 

Doctor

Juan Manuel Santos

Presidente de la República

Bogotá, D.C.

Señor Presidente:

En las últimas semanas alrededor de 100 líderes y lideresas defensoras de derechos humanos han sido amenazadas por grupos al margen de la ley. Llama la atención que un buen número de estas amenazas están dirigidas a mujeres activistas de la paz y defensoras de los derechos humanos, quienes trabajan colectivamente en organizaciones sociales de mujeres.

La situación es preocupante señor Presidente, requiere medidas inmediatas y eficaces de protección, de rechazo por parte del gobierno y la sociedad. Es muy importante, que estas amenazas se investiguen con celeridad y transparencia para identificar si es una práctica sistemática y generalizada que busca generar intimidación y miedo.

De acuerdo a información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  en 2013, 39 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y asesinadas, es decir, 3 defensores de derechos humanos fueron “silenciados” cada mes durante ese año: reclamantes de tierras, opositores a la minería ilegal, líderes rurales, líderes indígenas y afrodescendientes, defensoras de derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia sexual.

Presidente, estas amenazas a mujeres tienen un carácter diferenciado y específico, tienen la pretensión de restringir su activismo político en defensa de los derechos humanos y la paz. El Auto 092 de 2008  de la Corte Constitucional deja claro que “la violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres, porque por causa de su condición de género, las mujeres están expuestas a 10 riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado” y “como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas a asumir roles

familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres”.

Estas amenazas y violencias obedecen también a una cultura patriarcal y machista que se exacerba en el marco del conflicto armado. El documento “Las Mujeres juntamos nuestras voces y memorias para aportar a la paz desde el reconocimiento a las víctimas, realizado porMujeres por la Paz, resalta de manera contundente:  “(…) las violencias sexuales que ocurren en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, hacen parte [de] un continuum de las violencias que las mujeres enfrentan día a día y cuya invisibilidad, justificación y naturalización cotidiana se extiende a los delitos sexuales que sufren por parte de los actores armados legales e ilegales. Para nosotras como mujeres nuestro derecho a la verdad pasa por reconocer que hemos sido víctimas de violencias sexuales, por parte de todos los actores armados como lo han evidenciado múltiples voces y testimonios de las mujeres, los informes que durante estos años han documentado redes y plataformas de derechos humanos y la propia la Corte Constitucional.”

Presidente Santos lo invitamos a respaldar, legitimar y rodear a las defensoras y defensores de derechos humanos. Su discurso y su trabajo son fundamentales para la democracia y la paz. Acá no vale estigmatización alguna. La imparcialidad y transparencia de los operadores judiciales y de los funcionarios del gobierno es de la mayor importancia. Tanto Amnistía Internacional, como la ONU, como organizaciones de derechos humanos nacionales tienen serias quejas al respecto.

Al respecto, el 18 de junio de 2014 en la sanción de la Ley 1719 de 2014 usted dijo con claridad: “Por eso estamos hoy reunidos. Para decir ¡basta! Para decirles a todas esas víctimas que estamos de su lado y no del lado de los victimarios, y que el Estado y la sociedad haremos lo que esté en nuestras manos para evitar esta violencia, para apoyar a las personas que la han sufrido, para darles acceso a la justicia, y para que tengan asistencia médica y psicosocial, y reparación integral.”

En relación a las amenazas y violencias contra las defensoras de derechos humanos es urgente avanzar concretamente en un plan de protección y de garantía de su trabajo riguroso, diferencial, construido con las mujeres y en donde su voz y su experiencia se vean reflejados. Amnistía Internacional recomienda aplicar los mandatos de la Ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.”

El punto crítico en este problema es la enorme impunidad que existe. Un compromiso y voluntad política al respecto es fundamental.

Presidente Juan Manuel Santos, defendamos la vida y la paz.

Atentamente,

Copresidentes de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara de Representantes del Congreso de la República

Ángela María Robledo

Hernán Penagos 

Roy Barreras 

Iván Cepeda

Horacio Serpa

Antonio Navarro  

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Todas somos defensoras de los derechos humanos y la paz

 

En las últimas semanas se ha conocido que alrededor de 100 líderes defensores de derechos humanos están siendo amenazados por grupos al margen de la ley. Llama la atención que un buen número de estas amenazas están dirigidas a mujeres activistas de la paz y defensoras de los derechos humanos que trabajan colectivamente en organizaciones sociales y de mujeres.

En este marco, la Comisión de Paz del Congreso, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso y el Comité de Impulso al Consejo Nacional de Paz, convocamos una acción colectiva y solidaria para exigir  acciones inmediatas del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos a fin de proteger la vida e integridad de las y los defensores de derechos humanos en el país.

Fecha: Miércoles 1° de octubre. Hora: 9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Lugar: Salón Amarillo del Congreso de la República

Convocan: Comisión de Paz del Congreso, Comité de Impulso al Consejo Nacional de Paz, Comisión Legal de Mujeres.

Inscripciones, haciendo clic aquí.

tarjeta miercoles

 

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Gobierno Santos al tablero por política de educación

Bogotá, septiembre 24 de 2014

Con el objetivo de debatir la propuesta de política educativa planteada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, distintos sectores del movimiento estudiantil, de la academia y del Congreso, se reunirán este viernes en torno a la Audiencia sobre educación: Verdades sobre el Acuerdo por lo Superior, a la que está convocada la Ministra de Educación, Gina Parody, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, el Rector de la Universidad Pedagógica Adolfo León Aterhortúa, el Rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte y el Presidente del ICETEX, Fernando Rodríguez.

Los congresistas Ángela Robledo, Jorge Enrique Robledo, Víctor Correa, Senén Niño y Alberto Castilla e integrantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) pretenden demostrar que la propuesta planteada por Santos, constituye un riesgo para las universidades públicas en términos de equidad, de financiación y de autonomía universitaria. De igual manera han planteado que esta política, contrario a lo que dice el Gobierno, no fue discutida ampliamente. Llama la atención que pese al activo trabajo que desarrolla la organización estudiantil, MANE, no se les tuvo en cuenta para dicha discusión.

Preocupa sobremanera que la propuesta del Gobierno esté fundamentada financieramente en créditos del ICETEX para garantizar las metas de cobertura en educación superior. El porcentaje de nuevos cupos financiados por ICETEX crecería en 178% a 2034.

“Nos parece injusto y contraproducente para los jóvenes colombianos someterlos a créditos educativos a largo plazo para poder alcanzar sus metas educativas. Datos de la Contraloría indican que más de la mitad de los jóvenes usuarios del ICETEX son deudores morosos a temprana edad, con las consecuencias que eso conlleva”, dijo Ángela Robledo.

Ángela Robledo aseguró que en el informe de la Contraloría hay más de 40 hallazgos que sugieren actos corruptos en el ICETEX. “En cualquier país del mundo habría un escándalo por esos hallazgos, aquí no pasa nada”, dijo.

Entre los hallazgos y las denuncias allegadas por la Asociación de Usuarios del ICETEX (ACUPE) se evidencia un modus operandi que indica que al menos 15 beneficiarios de estos créditos fueron reportados como fallecidos con la idea de condonarles la deuda. La Contraloría verificó que los números de cédulas de las personas reportadas “no estaban muertas, andaban de parranda”.   ¿Quiénes serán? 

AUDIENCIA PÚBLICA: CRISIS DE LA EDUCACIÓN. VERDADES DEL ACUERDO POR LO SUPERIOR 2034

FECHA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 2014

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: AUDITORIO LUIS GUILLERMO VELEZ. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Calle 7 No. 8-68

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¿Exterminio Wayúu? Columna de Ángela Robledo

La Guajira es un contrasentido, una tierra majestuosa dibujada con esmero sobre paisajes inigualables, con una ubicación geoestratégica para el país y el continente, colmada de grandes riquezas mineras, petróleo, carbón, sal y que recibe a diario mil quinientos millones de pesos por transferencias del Sistema General de participación y regalías.

El departamento de la Guajira se encuentra entre los cinco con mayor población indígena, con Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas. Sin embargo, y sin poderla cuantificar, la Guajira tiene la riqueza de una etnia milenaria y ancestral que encarna nuestro pasado y nuestra historia y que ha sido catalogada como patrimonio inmaterial de la humanidad a punto de desaparecer, a cuenta de problemas estructurales de infraestructura y servicios públicos, pobreza, falta de agua potable, acceso a salud, vivienda y educación, que hablan del abandono y la desidia estatal. Desidia del orden nacional, departamental, municipal.

Las cifras producen indignación: el 70% de la población guajira vive en pobreza y 1 de cada 3 personas sobrevive a la indigencia. El 27% de la población tiene desnutrición crónica y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son casi del 100% en la mayoría de sus municipios. Cifras oficiales (DANE) indican que la cobertura de alcantarillado no alcanza ni siquiera al 8%; 90% de la población no cuenta con agua potable, el 60% es analfabeta y la deserción escolar es del 78%.

Cabe resaltar que las pobrezas en La Guajira están arraigadas en los municipios indígenas de las llamadas Media y Alta Guajira, es decir, Dibulla, Riohacha, Manaure, Albania, Maicao, y Uribía, entre otros, donde se concentra el 79% del total de su población y el 81% de quienes viven en el área rural.

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Exigimos al Gobierno Nacional proteger y facilitar el IV Encuentro de Zonas de Reserva Campesina

Bogotá, septiembre 15 de 2014

Los congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda solicitaron hoy al Gobierno Nacional y a las autoridades Departamentales de Norte de Santander y a la Alcaldía de Tibú,  atender las denuncias y tomar las medidas pertinentes frente a la realización del IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina a realizarse en Tibú del 18 al 21 de septiembre, convocado por la Asociación  Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMT) y que espera reunir unos 7 mil campesinos de todo el país.

La solicitud se da frente a la denuncias hechas por los organizadores del encuentro quienes según información allegada han sido hostigados por miembros de la Fuerza Pública con solicitudes y retenciones arbitrarias e ilegales que atentan contra la buena marcha y organización del encuentro.  

Según relatan los organizadores “El 12 de septiembre, cuando procedían a ingresar al IDEMA los campesinos, FABIAN CONTRERAS, EVER CAMPOS, HELIDER MONTAGOUTH, todos miembros de ASCAMCAT, con la finalidad de iniciar con las reparaciones y adecuaciones necesarias para dejar este lugar apto para la realización del evento, fueron abordados por miembros de la POLICÍA NACIONAL, comandados por el SARGENTO CAMPOS, quien se encuentra adscrito a la estación de policía del Municipio de Tibú, y por miembros del Ejército Nacional, estos miembros de la fuerza pública procedieron a exigir a los campesinos su documentos, le retuvieron el móvil celular del señor EVER CAMPOS, y le retuvieron las llaves de la motocicleta del señor HELIDER MONTAGOUTH, de manera arbitraria, pues no tenían ningún argumento jurídico, ni autorización de autoridad competente para sustentar estos actos”.

Los congresistas han dicho que estas acciones atentan contra los derechos humanos, en particular con el derecho de la ciudadanía a organizarse, a movilizarse y debatir de manera pacífica y democrática sus propuestas para mejorar la calidad de vida de la región que ha sido víctima de la guerra y la violencia y contribuir a la consolidación de iniciativas de paz.    

El IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina debatirá en mesas de trabajo temas cercanos a sus problemáticas como son cultivos ilícitos, proyectos minero energéticos, agro negocios, economías regionales e iniciativas agrarias para la paz, entre otros. 

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Urge al Presidente Santos convocar al Consejo Nacional de Paz: Comisión de Paz de la Cámara

Bogotá, septiembre  10 de 2014

La Comisión de Paz de la Cámara de Representantes en apoyo al Comité de Impulso al Consejo Nacional de Paz, envió hoy una comunicación al Presidente Juan Manuel Santos y al Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo,  para solicitarles nuevamente se convoque de manera oficial al Consejo Nacional de Paz que reúne distintas iniciativas de la sociedad civil encaminadas a crear las condiciones para hacer realidad el que el país cuente con una política de Estado para la paz de Colombia.

“Se han cumplido ya 100 días desde que el Gobierno Santos convocó a líderes y organizaciones a que trabajemos conjuntamente desde las regiones estrategias de pedagogía para la paz que sirvan para que la ciudadanía se apropie, se vincule y se comprometa con su propia historia que es la historia de lo que significa la guerra y las implicaciones de lograr un acuerdo que nos ayude a su fin”, aseguró Ángela Robledo,  Co presidenta de la Comisión de Paz.

Los integrantes de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes acordaron trabajar de manera conjunta con la Comisión de Paz del Senado para realizar Mesas Regionales para la Paz en los territorios que se han visto más afectados por el conflicto armado para discutir las propuestas concretas que faciliten el postconflicto y que deben ser incorporadas en el Plan de Desarrollo que trabaja el Gobierno Santos. 

Los congresistas de la Comisión de Paz de la Cámara expresaron nuevamente  su respaldo a la representante liberal Clara Rojas y  le pidieron su regreso en su condición de Co presidenta: “Hemos lamentado muchísimo la decisión de Clara Rojas de dimitir a la Co presidencia que compartimos y estamos esperando que reconsidere su decisión. Este esfuerzo por la paz necesita del concurso de mujeres valientes y serenas como ella, no sólo desde su condición de víctima de las Farc, sino como agente de dignidad y gestora de paz”,  aseguraron Ángela Robledo y Hernán Penagos, Co presidentes de la Comisión. 

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La ampliación del fuero militar: una reforma vergonzante

La historia de la ampliación del fuero penal militar es trágica y vergonzante. Primero quisieron ampliarlo en la fallida Reforma a la Justicia; luego pasaron un proyecto para reformar la Constitución a su acomodo, que afortunadamente tumbamos en la Corte Constitucional junto a otros congresistas como Germán Navas, Iván Cepeda, Guillermo Rivera y la Comisión Colombiana de Juristas; después tramitaron la Ley Estatutaria, que se cayó junto a su Reforma Constitucional; y por último, ahora aparece la reforma a la jurisdicción penal militar en Colombia, que es solo un eufemismo para reformar el fuero penal militar a través de una Ley Ordinaria, y pasar así por encima de la Constitución y de los convenios internacionales que ha suscrito Colombia.

Como lo he dicho en diferentes ocasiones, y así lo reiteré en la audiencia pública del pasado 28 de agosto en el Congreso, tal parece que los "reformistas" del fuero militar no han querido entender que los proyectos encaminados a legalizar la impunidad, los falsos positivos, la violencia sexual contra las mujeres y en la violación de los derechos humanos no le convienen a este país, ni a las Fuerzas Armadas, ni van a contar con el respaldo de la Corte Constitucional. Hay que repetirle al señor ministro de Defensa y a su cúpula militar que no es por odio a la Fuerza Pública que queremos evitar que se amplíe el fuero penal militar; es porque permitirlo es un asunto inconstitucional. Y antiético, por supuesto.

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Ángela Robledo felicita a ganadoras de Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia

Bogotá, septiembre 9 de 2014

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, felicitó hoy a las mujeres líderes que en representación de sus organizaciones fueron exaltadas por su trabajo en defensa de los derechos y la paz  con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, convocado por Diakonia y la Embajada de Suecia.

“Las mujeres son la reserva ética de este país que transita de la guerra a la paz. Ellas se han dado a la tarea de cuidar la vida y de tejer desde sus comunidades procesos admirables para superar todas las violencias. Un abrazo de felicitación y un reconocimiento especial a: Olga Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer; Patricia Ariza de la Corporación Colombiana de Teatro; Matilde Leonor López, lideresa Wayuú; Clara Mabel Andrade de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, y Ovidia Palenchor Anacona del Consejo Regional Indígena del Cauca”, dijo Ángela Robledo.    

Hoy en el marco de los derechos humanos cinco mujeres en representación de sus organizaciones ganaron el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos: Olga Amparo Sánchez, Matilde Leonor López, Patricia Ariza, Clara Mabel Andrade y María Ovidia Palechor Anacona, organizado por Diakonia y la Embajada de Suecia.

La III versión del Premio Nacional de Derechos Humanos convocó a unas 45 líderes hombres y mujeres de organizaciones sociales y comunitarias de todo el país, con el objetivo de destacar su labor y aporte a la democracia y construcción de la paz.

Ángela Robledo afirmó que iniciativas como la de Diakonia y la comunidad internacional ayudan a visibilizar el trabajo anónimo que hacen mujeres y hombres en los territorios muchas veces a riesgo de su propia vida. 

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Cada día mueren 2 niños de hambre en La Guajira mientras el Departamento recibe 1.500 millones de pesos diarios

Bogotá, septiembre 3 de 2014

La Guajira es uno de los departamentos donde la pobreza campea impunemente frente al esplendor de sus bellos paisajes: 70% de la población vive en pobreza y 1 de cada 3 guajiros sobrevive a la indigencia. En algunos municipios del Departamento los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son casi del 100%.  Según el DANE la cobertura de alcantarillado no alcanza ni siquiera al 8%; el 90% no cuenta con agua potable; el analfabetismo en la región es el más alto del país: 60% en la población rural y 13 veces mayor que en Bogotá.

Pero lo más dramático de todo este panorama es que en La Guajira 2969 niños murieron de física hambre en el lapso de seis años; es decir dos niños por día (DANE 2008  – 2013). Sin contar el sub registro. El 70% de los niños indígenas sufre de desnutrición crónica (12% para todo el país). Por ejemplo, la prevalencia de anemia en Manaure duplica el promedio nacional: 82%. De acuerdo con el ICBF la mitad de los niños indígenas sufre de desnutrición o riesgo de desnutrición (muestra de 147 rancherías de 500 que viven en Riohacha).

La representante a la Cámara Ángela Robledo denunció hoy en debate de control políticoque La Guajira tiene problemas estructurales en el manejo de los recursos, en la articulación de acciones concretas y en la provisión y desarrollo de políticas públicas: “Cómo es posible que llegan carro tanques a proveer agua y las comunidades no cuentan con medios para almacenarla”, dijo.

Así mismo, alertó que “los más de $ 6.5 billones de pesos que ha recibido La Guajira por transferencias y regalías, en los últimos 12 años,  se han ido dilapidando en el camino entre la nación, el Departamento, los municipios y algunas  organizaciones y asociaciones, cooptadas por politiqueros con vínculos con el paramilitarismo y las mafias de la gasolina”, aseguró Angela Robledo.

La parlamentaria anunció que solicitará una indagación desde el Ministerio del Interior sobre las actuaciones en los últimos dos años de los integrantes de la Mesa de Concertación Wayúu.

Ángela Robledo presentó el caso de María de los Remedios García (presuntamente involucrada en tráfico de gasolina) reconocida como lideresa indígena  y quien además accede a la administración municipal y a la contratación de alimentación escolar por $ 345.508 millones a través la asociación familiar Yalesi Waya. Ver vídeo y contrato.     

Está también el caso del resguardo Unaapuchon, cerca de Riohacha,  que recibió alrededor de 1.300 millones en 2013 a través del sistema general de participaciones  y cuya comunidad no presenta avances en su bienestar y tampoco en nutrición infantil.  Denuncian que se amenaza de muerte a los indígenas para que sigan vinculados al resguardo pese a sus precarias condiciones. 

“Más que recursos lo que necesitan los guajiros es transparencia en la destinación e inversión de los recursos. A los bolsillos de quién han ido a parar los casi $ 7 billones que La Guajira recibió en los últimos 12 años”, se pregunta la congresista Ángela Robledo, quien además pidió acciones contundentes y de emergencia.

¿Están esperando el exterminio de los Wayúu para poder hacer uso de un subsuelo que quizá es uno de los más ricos de Colombia?”, puntualizó la parlamentaria Ángela Robledo. 

Por su parte, el representante a la Cámara Germán Carlosama de AICO  (Autoridades indígenas de Colombia) declaró su preocupación por la situación que está presentando el departamento de la Guajira; afirmó que el 27% de la población tiene desnutrición crónica y que entre el año 2009 y 2013, 4125 niños murieron por dicha causa. Respecto al tema del Cerrejón, evidenció que dicha empresa gasta 17 millones de litros de agua para riego diario de caminos mientras que  un habitante de la Guajira gasta 0.7 litros de agua no tratada al día. “La situación con nuestros hermanos de la Guajira es preocupante, la pésima calidad de vida que tienen son lamentables, espero que con este control político se pueda mejorar la situación y no dejar empeorar la crisis por la que están viviendo”, concluyó el Representante al finalizar el control político, al cual asistieron el Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, la Directora del ICBF Cristina Plazas y María Cristina Hurtado, Defensora Delegada para los Derechos de Infancia, Adolescencia y Juventud, quien advirtió que “Las EPS no están haciendo los procesos de búsqueda activa de los niños con nutrición severa. No hay presencia del Estado en la Guajira”. 

Descargar presentación del debate y ver fotos.

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Cada día mueren dos niños por desnutrición en La Guajira

Oficina de Prensa de la representante Ángela Robledo. En desarrollo de la proposición No. 1 del 30 de julio 2014, los representantes a la Cámara Ángela Robledo y Germán Carlosama realizarán este miércoles el debate de control político sobre “la crisis humanitaria, la falta de agua potable y saneamiento básico en la Guajira, que afecta a la comunidad indígena Wayuu”, y más especialmente a los niños y niñas de la región. “Cada día mueren dos niños por desnutrición en la Guajira. ¿A dónde van a parar los $ 1.100 millones que recibe el Departamento diariamente?”, denunció la Representante Ángela Robledo.

Al debate están citados el Ministro del Interior, el Director del Departamento de Planeación Nacional, el Director del Plan Mundial de Alimentos, Dirección del ICBF, el Defensor del Pueblo y el Ministro de Vivienda.

Fecha: Miércoles 3 septiembre

Hora: 9 a.m.

Lugar: Comisión VII de la Cámara de Representantes

Convocan: Representantes a la Cámara Ángela Robledo y Germán Carlosama

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No hay gabinete para la paz: Angela Robledo

No es un secreto que en las pasadas elecciones voté por la paz. Lo haría una y otra vez, sin arrepentimientos, sin condiciones ni contraprestaciones, porque repito que yo también prefiero una paz imperfecta y no una guerra perpetua.

Sin embargo, nuestro voto por la paz no era una camisa de fuerza, ni una mordaza, ni mucho menos un llamado a la censura. Así lo han pretendido algunos incautos, al señalar que no tenemos derecho ni autoridad para criticar al nuevo gobierno del presidente Santos.

A ellos y ellas habrá que aclararles que se equivocan. Precisamente, quienes votamos por la paz estamos aquí -libres y sin ataduras- para exigir el cumplimiento de un compromiso adquirido, que no es otro que la paz con justicia social. Así también lo consagra la Constitución, al establecer que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

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No ahorraremos esfuerzos para que se llegue al fin del conflicto: Ángela Robledo

Bogotá, agosto 25 de 2014

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo que hace parte nuevamente de la Comisión de Paz del Congreso, dijo hoy que seguirá empeñada en apoyar el proceso de diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc, tal y como lo venía haciendo en la legislatura pasada y que “no ahorraremos esfuerzos para se que se llegue al fin del conflicto”. 

Luego de conocerse la Resolución 2225 del 19 de agosto de 2014 de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes que da viabilidad y designa la conformación de la Comisión Accidental de Paz, la parlamentaria afirmó que “Necesitamos de todos los esfuerzos, toda la solidaridad y las voluntades para que la Mesa de Diálogo en La Habana se mantenga y se logren sus objetivos”.

Las comisiones de paz del Congreso facilitaron mediante las Mesas regionales para poner fin al conflicto, la participación de más de seis mil personas en todo el país, en especial en territorios afectados por la violencia, y sus conclusiones han aportado no sólo a la discusión de las causas estructurales de la guerra, sino a la recopilación de propuestas para lograr la paz, a la pedagogía y a los debates y documentos que se trabajan en la mesa de negociaciones en La Habana.    

“Tenemos que seguir trabajando e insistiéndole a la paz, pero la paz nos exige grandeza, solidaridad, renunciar a la venganza, inclusión y justicia social, territorializar los presupuestos y las políticas públicas, así como democratizar la democracia, entre muchos otros asuntos”, puntualizó Ángela Robledo. 

Está prevista una reunión de la Comisión mañana a las 9 a.m. en la Presidencia de Cámara para definir la mesa directiva.

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Congreso respalda reivindicaciones laborales de artistas

Bogotá, agosto 19 de 2014

El Congreso de la República, liderado por los congresistas Ángela Robledo (Partido Alianza Verde), Alirio Uribe, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático Alternativo) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), decidió apoyar de manera contundente las reivindicaciones laborales de los actores colombianos agremiados recientemente en la Asociación Colombiana de Actores (ACA) con la vinculación de cerca de mil integrantes.

Cansados de la falta de garantías, la informalidad , la explotación laboral en jornadas de más de 16 horas, la violación de derechos de autor, entre otras, que van en contravía de su profesión, actores y actrices colombianos decidieron movilizar alternativas de asociación y de incidencia política dirigidas a dignificar su trabajo y perfilar condiciones que dignifiquen su calidad de vida.  

Muchos de los artistas colombianos no tienen garantizadas las prestaciones sociales de salud y pensión y sabemos de casos de artistas que han dedicado su vida entera a la cultura y el entretenimiento del país y hoy mueren en la miseria y el abandono. Para discutir estos temas está citada la Audiencia Pública Mentiras Conocidas, Verdades por Conocer, escenario en el que los actores y las actrices del país, en cabeza de su sindicato ACA, tratarán los asuntos referentes a sus condiciones laborales, su papel en el desarrollo de la cultura nacional y la necesidad de un estatuto laboral que regule su profesión y sus derechos.

Nos unimos a su consigna: Somos actores, somos trabajadores, somos creadores. 

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No al reencauche de la reforma educativa. Opinión de Ángela Robledo

Parece mentira, pero todo indica que el gobierno del presidente Santos va a reencauchar la fallida reforma a la educación, presentada en el año 2011. Parece mentira, porque no hay derecho a tanta indiferencia con el futuro de millones de estudiantes en Colombia, quienes llevan ya varios años reclamando sus derechos a punta de protestas y propuestas.

Porque no podemos olvidar que el país fue testigo de sus luchas creativas, pacíficas y constructivas para tumbar la reforma que propuso Santos durante su primer mandato, que prácticamente convertía la educación en una gran empresa con ánimo de lucro, obligando a los jóvenes y a los padres de familia a endeudarse de por vida con los bancos o a través de los préstamos de el Icetex.

Decía, entonces, que el Gobierno pretende reencauchar ese esperpento de proyecto, tras revelar que su política pública estará basada en el "Acuerdo por lo Superior 2034", una iniciativa del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), la cual no fortalece las universidades públicas, ni reconoce el déficit de 11 billones en el que se encuentran actualmente, ni tuvo en cuenta las opiniones del movimiento estudiantil agrupado en la Mesa Amplia Nacional por la Educación, más conocida como Mane.

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“La contratación de un abusador sexual es una afrenta a las mujeres colombianas”: Ángela Robledo

Bogotá, agosto 1 de 2014

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Ángela Robledo, dijo que es indignante que se contraten jugadores con denuncias sobre violencia sexual  como Braulio Nóbrega y Marco Lazcano y pidió que el Ministerio de Trabajo revise las visas de estos jugadores. “Es intolerable para las mujeres víctimas de violencia sexual que estos personajes no tengan una sanción penal y social por delitos tan deplorables y que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres”.

“Nosotros acabamos de presenciar una fiesta del fútbol por la vida, la paz y el juego limpio. No tiene presentación para ningún equipo colombiano empañar  esa alegría con personajes como éstos que creen que pueden abusar de las mujeres y no pasa nada”, aseguró la congresista. 

Ángela Robledo dijo que es la hora en que la sociedad colombiana debe reaccionar frente a la violencia contra las mujeres y sentar precedentes no solo desde la sanción punitiva, sino desde la transformación de nuestros imaginarios y prácticas culturales. 

“Todos los días sabemos de mujeres que mueren a causa de la violencia que sufren en la casa y a manos de sus compañeros, esposos o conocidos. La casa se ha vuelto el lugar por excelencia donde se violan los derechos humanos de mujeres, niñas y niños”, dijo Ángela Robledo.

La congresista aseguró además que como país que transita hacia la paz y el postconflicto tenemos que reflexionar en voz alta sobre lo que pasa de manera cotidiana en muchas familias, aquello que preferimos esconder debajo de la alfombra: la casa como el escenario de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, las niñas y los niños. 

La violencia sexual y la violencia de pareja se ejercen fundamentalmente sobre las mujeres y lo peor es que van en aumento. Datos de Medicinal Legal indican que 583 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas entre 2007 y 2011. De igual manera reportó para el mismo periodo más de 84 mil casos de violencia sexual en el país.

Sólo en el primer semestre de 2013, Medicina Legal reportó que 514 mujeres fueron víctimas de homicidio, siendo el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá los lugares con mayor número de casos. En ese mismo periodo 12.048 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja y se realizaron 5.545 exámenes por delitos sexuales, la mayoría de ellos a niñas y adolescentes mujeres entre los 10 y 14 años, seguido de las niñas entre los 5 y 9 años.  

Cifras de Medicina Legal dan cuenta de que cada hora, seis mujeres están siendo golpeadas en el país. En el Informe Forensis del 2009 se reportan 73.450 casos de violencia intrafamiliar; 6.120 mujeres fueron golpeadas cada mes; 54.192 mujeres recibieron maltrato de su pareja. Dos mujeres son violadas cada hora y una mujer es asesinada cada tres días. Todo esto en la casa. Sin contar las cifras de la violencia política y social que padecen las mujeres a diario en nuestro país.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO


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¿La niñez, ciudadanía universal? Opinión de Angela Robledo

Hace 25 años todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos y Somalia, suscribieron la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Después de 10 años de consultas, deliberaciones, reflexiones se elaboró una propuesta que fue discutida en la Asamblea General de los derechos del niño, celebrada en Polonia y finalmente suscrita en el año de 1989, en el décimo aniversario de año internacional del niño. La propuesta de la Convención buscó transformar la mirada sobre los niños y niñas de menores a ciudadanos en formación, sujetos de derechos, los cuales deben ser garantizados en el marco de las acciones conjuntas entre estados, familias y sociedades.

En la Convención se define al niño para efectos de su aplicación como "todo ser humano menor de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Con esta definición quedan comprendidos no solo los niños y niñas desde el nacimiento, sino también desde la concepción, respetando por supuesto las distintas disposiciones que los países tenían en ese momento sobre la concepción y el aborto.

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Angela Robledo exige un responsable para el “inoperante” sistema de justicia juvenil

Bogotá, julio 16 de 2014

La representante a la Cámara, Ángela Robledo quien ha venido insistiendo en la garantía de derechos para los jóvenes en conflicto con la ley y que permanentemente ha puesto en la agenda pública la problemática de los “chicos malos”, sigue insistiendo en la inoperancia del sistema y la necesidad de un ente que lo dirija y pueda responder ante los compromisos de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de 2006, y las normas internacionales que protegen a los menores de edad. 

Ángela Robledo señaló hoy en audiencia pública que urge además de un ente rector del Sistema, una misión de expertos y expertas que pueda determinar con claridad la situación real de niños, niñas y jóvenes en Colombia y que aporte perspectivas y plantee alternativas frente a las múltiples problemáticas que afrontan en los territorios. “Necesitamos que la niñez se ponga al centro de las prioridades del país para el postconflicto, que se propongan nuevas políticas e instituciones acordes con sus necesidades y demandas y reestructurar el ICBF”, anotó la congresista. 

La congresista Ángela Robledo puntualizó que los jóvenes necesitan más justicia social y menos justicia penal. “Los jóvenes en conflicto con la ley están hoy en peores condiciones que parapolíticos o paramilitares en la cárcel”.

En Colombia los jóvenes entre 14 y 18 años que cometen delitos son responsables penalmente y tienen un sistema de justicia diferencial (amparado en Ley de Infancia y Adolescencia) cuyo énfasis está en el restablecimiento de sus derechos. Es decir, un muchacho que comete un delito entra al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), en un proceso especial para investigarlo, juzgarlo y sancionarlo con unas características especiales. El Estado tiene la obligación de protegerlo, rehabilitarlo y resocializarlo, mediante un modelo pedagógico que debe asumir la garantía de todos sus derechos en corresponsabilidad con la sociedad y las familias, para que el joven pueda rehacer su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad. 

Sin embargo, esta justicia diferencial es sólo para el papel. Hoy cinco años después, las dificultades del Sistema persisten hasta constituirse en graves hechos violatorios a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, evidenciadas en múltiples irregularidades y deficiencias: persiste la ausencia de un ente responsable, desarticulación, falta presupuesto, infraestructura, capacitación de los funcionarios y un sistema de información y seguimiento, entre otras.

Alrededor de 160 mil jóvenes en conflicto con la ley padecen todos los días la flagrante violación no sólo a los mandatos de la Ley de Infancia y Adolescencia, sino a sus derechos humanos fundamentales, debido a los problemas estructurales del Sistema que se pueden evidenciar en casos que la representante Ángela Robledo ha documentando y que tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría han venido señalando:

  • 80 jóvenes estuvieron cerca de tres meses en las escaleras del Centro de Servicios Jurídicos Especializados para Adolescentes (CESPA) en Bogotá, en donde permanecían durante el día y dormían en la noche con una cobija sucia. Tenían que turnarse para ir al baño y para ducharse. Algunos presentaban signos de gripa y fiebre. (abril 21 de 2014). 

 
  • 18 jóvenes estuvieron durante tres años encerrados bajo llave en dos celdas sin ventilación, ni luz, ni actividades físicas en el Centro Transitorio de Soacha (Cundinamarca). “(…) hay dos habitaciones (…) que no cuentan con baño, en reemplazo usan un balde como orinal (…)”. (Visita con Personería de Soacha, mayo 23 de 2014). 

 
  • 32 jóvenes permanecieron encarcelados en el Centro de Atención Especializado de Zaragoza, en Soacha, contraviniendo todas las normas. Tres jóvenes han sido asesidanos en Zaragoza en los últimos dos años. (Visita con Personería de Soacha, mayo 28 de 2014).

 
  • Los centros de Villavicencio e Ibagué se encuentran en pésimas condiciones; en Valle del Lili (Cali) el hacinamiento está en más del doble. Allí tres jóvenes murieron y tres quedaron lesionados en abril de 2013; el CESPA de Bucaramanga (Santader) fue objeto de una acción de tutela por violar los derechos fundamentales de los adolescentes; en Medellín, como en otras ciudades del país, los jóvenes pierden todo contacto con sus familias. (Informe Defensorial. Mayo de 2014). 

Las múltiples denuncias hablan de muerte, homocidio, suicidio, hacinamiento, hambre, frío, enfermedades, abuso y violencia sexual, amotinamiento, consumo de sustancias psicoaptivas, maltrato, tratos crueles e inhumanos, ausencia de programas de resocialización, entre mucho otros. 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2013) la violación de los derechos humanos y las “terribles condiciones a las que son sometidos las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, principalmente quienes se encuentran sometidos a situaciones infrahumanas de privación de libertad”, es generalizado en el país. 

¿Tienen los jóvenes en Colombia la vida como castigo? La congresista Ángela Robledo opina que sí: “La mayoría de estos muchachos son de estratos 1 y 2, con difíciles circunstancias familiares de pobreza, abandono, abuso, violencia y desprotección. La mayoría sobrevive en condiciones de pobreza, en contextos de inseguridad económica, en viviendas inadecuadas, sin tiempo libre, sin educación, sin oportunidades, sin empleo y sin proyectos de vida claros”.

Así también lo muestran las cifras oficiales: En el país 1 de cada 3 adolescentes viven en pobreza multidimensional. 1 de 4 tiene más de 4 privaciones medidas por el índice de pobreza multidimensional. (Sandra García, 2014, p. 42). La pobreza incide más en hogares que tienen como jefe de hogar un joven o una joven menor de 25 años -13%-, la situación se agrava en el campo -22%- (DANE: GEIH 2011); uno de cada cinco adolescentes y jóvenes entre 14 y 26 años están desempleados -20%-; 1.6 millones de niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema educativo (CIVIS); uno de cada tres estudiantes de noveno grado deserta de la escuela (DANE 2012) y 15% de los homicidios en Colombia los sufren adolescentes y jóvenes menores de 19 años; y las cifras continúan. 

Al debate asistieron directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura. 

PRENSA: 3202343806 / MARGARITA SARMIENTO


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El ICBF: la entidad donde más es menos. Columna de Angela Robledo

El ICBF en este momento parece encarnar la máxima minimalista "tener más es impactar menos".

Los recursos de la entidad se duplicaron de 2006 a 2014, pasando de 2,06 billones a 4,3 billones. A su vez, ha sido la institución del ejecutivo que más ha aumentado sus recursos de inversión en los últimos 3 años, creciendo de 2011 a 2014 en un 48%, casi 4 veces más que el Presupuesto General de la Nación ¿y qué ha sucedido con los derechos de los niños, niñas, jóvenes y familias de Colombia? Casi nada.

El ICBF recibe casi un punto del PIB y, como lo he denunciado en varios debates de control político, constancias y comunicados, al menos 1 niño indígena muere diariamente de hambre; los adolescentes que están en centros de responsabilidad penal sobreviven en condiciones de hacinamiento infames, con serios problemas sanitarios; la alimentación escolar no se garantiza en regiones como: Santander, Boyacá, Meta, Cundinamarca dado que los contratos siguen estando cooptados por "carruseles"; los derechos laborales de las madres comunitarias siguen sin resolverse y el bienestar familiar es una ficción cada vez más lejana. Hay que decirlo, era mejor el ICBF sin tantos recursos de hace algunas décadas. Allí no se recibían billones de pesos, pero las regiones contaban, las organizaciones sociales tenían voz, los niños y niñas no estaban desnutridos y el bienestar familiar existía, de facto.

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Jóvenes infractores en Colombia, ¿la vida como castigo?

En Colombia los jóvenes tienen por cuenta de la Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 006) un sistema de justicia diferencial cuyo énfasis está en el restablecimiento de sus derechos. Es decir, un muchacho que comete un delito, entra al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) que tiene la obligación de protegerlo, rehabilitarlo y resocializarlo, mediante un modelo pedagógico. El Estado asume la responsabilidad por la garantía de todos sus derechos y debe proveerles salud, educación, vivienda y recreación, entre otras, en corresponsabilidad con sus familias.

Sin embargo, esta justicia diferencial es sólo para el papel. Hoy cinco años después, las dificultades del Sistema persisten hasta constituirse en graves hechos violatorios a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, evidenciadas en múltiples irregularidades y deficiencias: persiste la ausencia de un ente responsable, falta presupuesto, infraestructura, capacitación de los funcionarios y un sistema de información, entre otras.

Con el fin de analizar estas dificultades y conocer las perspectivas y propuestas del Gobierno Nacional frente a la inoperancia del Sistema, la Representante a la Cámara Ángela Robledo citó, mediante la Proposición No. 077, para el próximo miércoles la Audiencia Pública Jóvenes infractores en Colombia ¿La vida como castigo? a la que fueron citados los funcionarios responsables del Sistema: Alfonso Gómez Méndez, Ministro de Justicia y del Derecho, Tatiana Orozco De La Cruz, Directora de Planeación Nacional, Eduardo Montealegre, Fiscalía General de la Nación, Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Infancia, la Juventud y la Familia, Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, Gabriel Vallejo, Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (E).

“En Colombia los jóvenes entre 14 y 18 años que cometen delitos son responsables penalmente. No obstante, por ser adolescentes se les considera jurídicamente sujetos de especial protección, razón por la cual el proceso para investigarlos, acusarlos y juzgarlos, así como las medidas que se tomen para sancionarlos, deben tener características especiales, recogidas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que hoy no está funcionando adecuadamente”, señaló la congresista Ángela Robledo.

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A sanción presidencial proyecto de ley que busca justicia para víctimas de violencia sexual

Bogotá, junio 18 de 2014

El proyecto de Ley 244/2013 Senado y 037/12 Cámara, que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, autoría de los representantes Ángela Robledo e Iván Cepeda, será a partir de este miércoles 18 de junio, ley de la República. 

“Nos emociona enormemente que este proyecto, en el que llevamos casi dos años de trabajo y discusión, sea hoy una pieza para tramitar justicia a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y contribuya a la verdad y la reparación como requisitos para el fin del conflicto”, aseguró Ángela Robledo, Co presidenta de la Comisión de Paz. 

El proyecto “por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”, propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con el tratamiento jurídico de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y la eficacia de la justicia, 

A partir de esta ley se reconocerá que cuando un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada por parte de los actores del conflicto, tiene el carácter de delito de lesa humanidad.

“La guerra exacerba el conflicto y reduce los cuerpos de las mujeres a su botín, sin duda esta ley nos ayudará para la paz”, puntualizó Robledo. 

El evento de sanción presidencial será este miércoles 18 de junio a las 12:30 en la Casa de Nariño. 

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO


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Soy mujer, soy paz, mi voto por Santos va: Angela Robledo

“Soy mujer, soy paz” es la consigna que resume las voces de miles de mujeres que pudimos escuchar a lo largo y ancho de nuestra Colombia profunda. Colombia, país de guerras sin fin, de guerras sin memoria, país en el cual generación tras generación vemos desfilar nuestros muertos más cercanos, nuestros muertos más lejanos.

Las mujeres cargamos con las consecuencias de esta guerra degradada y cruel. Exigimos y defendemos la paz porque somos la mitad de las víctimas del conflicto armado (2.683.335 de 5.405.620) y el 85% de sus sobrevivientes. Mujeres sin sus compañeros, sin sus esposos, que quedan solas con sus hijos, desplazadas en grandes ciudades, con profundos dolores pero también con una fuerza descomunal para enfrentar la adversidad.

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Ángela Robledo tomará partido por la paz y apoyará la reelección del presidente Santos

Oficina de comunicaciones de Ángela Robledo (Mayo 29 de 2014)

La congresista de la Alianza Verde, Ángela Robledo, quien ha promovido desde la Comisión de Paz del Congreso una salida negociada al conflicto armado que desangra al país, se declaró partidaria de respaldar de manera clara y contundente el proceso de diálogo que avanza en La Habana y apoyar la reelección del Presidente-Candidato
Juan Manuel Santos.

“Nosotros no podemos ser inferiores a la responsabilidad que significa escoger entre seguir la guerra o proponer y construir un acuerdo que nos lleve a lograr la paz. Es hora de deponer nuestras diferencias y arriesgar una apuesta por la paz”, dijo la congresista Ángela Robledo, quien ha sido crítica y férrea opositora al Gobierno del Presidente Santos.

“No podemos ser inferiores al momento histórico que nos convoca y que exige posiciones claras y contundentes frente al esfuerzo que se viene adelantando para firmar un acuerdo político que ponga fin a la guerra que desangra nuestro país”, aseguró la parlamentaria Ángela Robledo.

Ángela Robledo celebró que se haya logrado desde la Alianza Verde un apoyo contundente a la continuidad del proceso de paz que se adelanta en La Habana: “Para mi es fundamental este respaldo a la paz que marca un deslinde claro y absoluto de la candidatura y propuesta de Oscar Iván Zuluaga”, afirmó.

“Yo voy a hacer campaña por la paz. En mi caso apoyaré de manera contundente el proceso de paz que viene apostando el Presidente Santos y la búsqueda de salir de esta guerra fraticida hacia una paz con convivencia para colombianos y colombianas. Nos tocó decidir y tomar partido entre salir de la guerra o permitir que llegue una posible dictadura civil en Colombia”, dijo la congresista.

Angela Robledo aclaró: “Este aval de libertad que nos da la Alianza Verde nos permite asumir como integrantes del Partido, y por ejemplo, en mi condición de representante a la Cámara, salir a defender el proceso de paz y por supuesto apoyar la campaña del Presidente Santos”.

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La política no es para intensificar una guerra sucia. Opinión de Angela Robledo

En esta primera vuelta Óscar Iván Zuluaga obtuvo el 29% de la votación, Juan Manuel Santos el 25%. Parecería que ganó el atajo extremo, la expresión máxima del uribismo que representa la ilegalidad, el todo vale, el alias Job entrando a la casa de Nari, la Yidispolítica, el Agro Ingreso Seguro, los falsos positivos, el votico parapolítico que se debe dar en el Congreso mientras no estén presos. Ante estos resultados de la contienda electoral me surgen reflexiones éticas y políticas sobre cómo estamos asumiendo nuestro Zóon politikon y nuestra forma de abordar el mundo desde lo público. Estos dos candidatos y reitero, candidatos, bajo una lógica machista, competitiva y guerrerista asumieron una campaña desde la confrontación y no desde la ética, la paz y la democracia. Me niego a esta actitud y propongo, como lo propuse en la Alianza Verde, un pacto ético y político para la segunda vuelta que evite el todo vale y que fortalezca la inclusión social, la democracia y lo público.

A JJ Rendón y sus candidatos de ahora y de siempre, les digo que la ética no es solo para los filósofos en momentos de descanso, la ética en la política es fundamental y ahí sigo a Kant: "a la auténtica política le es imposible dar un solo paso sin haber rendido antes homenaje a la moral".

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Los pecados capitales del sistema de salud. Opinión de Angela Robledo

Para nadie es un secreto que en Colombia tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo entero. Si no es de los más malos, como mínimo es de los más macabros y vergonzosos. O si no pregúntense por qué en Colombia tanta gente se muere esperando una cita médica o reclamando sus derechos en la entrada de los hospitales. O explíquenme por qué anualmente en este país pierden la vida más niños indígenas que en Somalia, por culpa de la desnutrición y la desidia del Estado como ocurre en regiones como Nariño, Cauca, Meta, Guajira, Putumayo o Casanare. 

Pero aquí nadie asume responsabilidades. Mucho menos si se trata de un ministro o del propio presidente, que en cualquier país civilizado ya estarían fuera de sus cargos. Porque no hay excusa para tanta negligencia, porque no hay derecho a estar pagando los precios de los medicamentos más caros del mundo, lo cual ha convertido al sistema de salud colombiano en una verdadera máquina de muerte, que se ensaña especialmente contra las y los colombianos más pobres y excluidos.

El diagnóstico es tan aterrador que casi no hay pecado capital que se resista a la comparación con lo que ocurre cotidianamente en el sistema de salud. Tenemos un sistema plagado de avaricia, de pereza, de gula, de ira y de soberbia, como si se tratara de una auténtica clasificación de "vicios" o pecados que definen el pasado, el presente y el futuro. Nunca antes el sistema de salud había contado con tantos billones, cerca de 40 billones, pero tampoco nunca antes su situación financiera había sido más crítica.

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Aprobado proyecto de ley contra la impunidad en casos de violencia sexual

 

Aprobado en Plenaria de Cámara proyecto de ley  que busca erradicar la impunidad en casos de violencia sexual 

Demostrando un compromiso decidido con las mujeres víctimas, la Plenaria de la  Cámara de Representantes, aprobó hoy en segundo debate el Proyecto de Ley 037 de 2012 radicado por los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda,  "por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual”.

Ángela Robledo explicó que “El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, orientados a proteger los derechos de las mujeres víctimas”.

Este proyecto incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los crímenes de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza como el caso de la prueba física. De igual manera desvirtúa el uso de la violencia física y contempla nuevos elementos como contextos de coacción o delitos producto de amenazas o uso de poder. Amplia conductas penales como el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas y propone un sistema de información sobre violencia sexual.

Con la aprobación del Proyecto en segundo debate, le restan dos debates más en el Congreso de la República y la sanción presidencial para convertirse en Ley. 

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento 

www.angelarobledo.com

 

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Carta abierta a la ciudadanía. Comité de Impulso al Consejo Nacional de Paz

Hace pocos días, el 27 de marzo, en una Cumbre de Gobernadores en Ibagué el Presidente Juan Manuel Santos anunció que pronto sería convocado el Consejo Nacional de Paz CNP. La madurez de los diálogos en La Habana –decía-, justifican la activación de una instancia que lleva 7 años sin sesionar.

Luis Eduardo Garzón designado por el Presidente para la reactivación del CNP ha comunicado que la primera sesión de trabajo del Consejo se tendrá el 8 de mayo. Es urgente, según este propósito, definir el temario de esa sesión y sesiones subsiguientes y asegurar la más amplia e incluyente participación de sectores.

La sociedad civil recibe con entusiasmo el anuncio. No sólo porque diversos sectores vienen insistiendo en la importancia de su convocatoria, sino además porque con el Consejo se abre otra ventana de oportunidad para una política de paz de Estado con participación activa de la sociedad y de las regiones.

Ante la decisión presidencial sectores que integraron antes el Consejo y otros nuevos que aspiran a estar en él nos dimos a la tarea de intercambiar ideas buscando el camino apropiado para reavivar esta instancia de la paz, hoy inactiva.

Nuestra disposición es plena de cooperar en la reactivación del Consejo. Es el propósito de esta carta abierta: volver de conocimiento público el Comité de Impulso a la puesta en marcha del Consejo Nacional de Paz, Comité conformado por las más diversas fuerzas de la sociedad.

El Comité de Impulso considera, con firmeza, que el Consejo es una mediación desde donde es posible fortalecer los diversos procesos de la paz: consolidar la voluntad nacional de diálogo, apoyar las conversaciones en marcha con las FARC-EP y apoyar el pronto inicio de la negociación con el ELN, contribuir a la construcción de una eficaz política pública de víctimas y restitución de tierras, crear el ambiente para la implementación de los acuerdos.

Fieles a la letra de la Constitución, según la cual “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Artículo 22)”, proponemos que la puesta en marcha del Consejo se produzca en un marco de interlocución entre el Comité de Impulso acabado de constituir, la persona designada por el Presidente y la Secretaria Técnica del Consejo, tarea que le corresponde ejercer a la Alta Consejería para la Paz.

Entre el momento de creación del Consejo –formalizado en la Ley 434 de 1998- y el momento de hoy, existen diferencias profundas. El panorama es otro bien distinto como bien lo comprueba la presencia de multitud de organizaciones provenientes del campo y la minería, el estudiantado y la juventud, los defensores de los derechos humanos y la vida, las movilizaciones en torno a los menores y las mujeres, el movimiento ambientalista y personas con discapacidad, las víctimas y los desposeídos, las nuevas organizaciones sociopolíticas, entre otras. 

Cada uno pretende colocar su pequeña pieza para la construcción de la paz. La Ley 434 permite la convocatoria de los nuevos sectores.

La sociedad civil lanza, una vez más, el sentido clamor de convertirse, junto con muchos actores más, en protagonista de la paz. El Consejo Nacional de Paz es una oportunidad.

Comité de Impulso del Consejo Nacional de Paz:

Red de Iniciativas por la Paz - Redepaz, Instituto para el Desarrollo y la Paz - Indepaz, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz - Asapaz, Conferencia Episcopal-Pastoral Social, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Conpaz, Viva la Ciudadanía, Corporación Nuevo Arco Iris, CIASE, Paz y Seguridad, Pensamiento y Acción Social PAS, Colombia en Paz, Red Prodepaz, Ruta Social Común por la Paz, Red Universitaria por la Paz Redunipaz, IEPRI-Unal, Clamor Social por la Paz, CGT, CTC, CUT, Casa de la Mujer, Consejo Distrital de Paz, Instituto Pensar, Benposta, Consejo Evangélico de Colombia-Comisión de paz CEDECOL, Fundación Mencoldes, Iniciativa de Mujeres Por la Paz IMP, Ruta Pacífica de Mujeres, Planeta Paz, Codhes, Colectivo Pensamiento y Acción Mujeres Paz y Seguridad, Fundación Cultura Democrática, Asociación Justapaz, Fundación Universidad Bautista de Colombia, Cofraternidad Carcelaria de Colombia, Consejo Distrital de Paz de Bogotá, Instituto Pensar (Universidad Javeriana), CINEP, Juventud Liberal Socialdemócrata, Congreso de los Pueblos, Movice, Colectivo de Abogados CCAJAR, Asociación Campaña Colombiana contra Minas, Fundación Domopaz. Comisión de Paz de la Cámara: Representantes Iván Cepeda, Joaquín Camelo, Juan Carlos Martínez y Ángela Robledo.

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Ángela Robledo pide a Santos atención urgente a víctimas caminantes

Bogotá, abril 28 de 2014

La Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, pidió acciones humanitarias urgentes para las 13 familias caminantes de la Costa Caribe que se encuentran hacinadas en una carpa desde hace más de un mes en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

“Estamos negociando un proceso en La Habana donde se supone que seis millones de víctimas son el centro y la prioridad del tránsito hacia la paz y encontramos que aquí tenemos víctimas de primera, segunda y más categorías…”, dijo Ángela Robledo.

La congresista aseguró que “estas familias, cansadas del acoso paramilitar, de las amenazas de muerte, de la pobreza, la estigmatización y la ausencia de una política efectiva en el territorio decidieron echarse sus cadenas al hombro y emprender, durante 40 días, un viaje a pie desde Valledupar hasta Bogotá para reclamar sus derechos como ciudadanos y víctimas”.

Ángela Robledo dijo que las demandas de las familias caminantes que incluyen protección a sus vidas, vivienda y proyectos productivos viables, están incluidas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) que conmemoramos hace menos de un mes.

PRENSA: 3202343806 / MARGARITA SARMIENTO

 

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Desde el Congreso proponen movilización social contra la Reforma a la salud

Movilización social contra la reforma a la salud propusieron desde el Congreso de la República las representantes a la Cámara Ángela Robledo (Partido Alianza Verde), Gloria Stella Díaz (Mira), Alba Luz Pinilla (Polo Democrático) y el Senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), junto con líderes, organizaciones sociales y sindicales, convocados desde la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud.

Frente a un auditorio de 600 personas entre líderes, organizaciones sociales y comunitarias, organizaciones de profesionales de la salud, médicos, pacientes, estudiantes, sindicatos, entre otros, los congresistas opositores de las reformas a la salud planteadas por el Gobierno Santos, aseguraron que no sólo en el Congreso se pueden tumbar las reformas sino a través de la solidaridad y la movilización social.

“En el Congreso también estamos indignados y juntos con los indignados e indignadas del país que cada día crecen más, podemos hundir esta reforma en la calle, de manera activa, pacífica y creativa y salir a defender la vida”, aseguró la congresista Ángela Robledo.

“Hemos estado trabajando en todo el país con actores del sistema y nuevamente hacemos un llamado a la solidaridad para defender la vida y el derecho a la salud. Archivan la reforma o todos a la calle”, afirmó la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz.

“Nos movilizaremos no sólo contra la propuesta de reforma, sino contra un Ministro lejano al derecho de la salud y cercano al negocio financiero”, afirmó la congresista Alba Luz Pinilla.

“El Presidente Santos y su Ministro de Salud se la han jugado por el negocio de las EPS, nosotros vamos por el derecho a la salud y la única salida que vemos es la movilización”, dijo el Senador Jorge Enrique Robledo.

En Colombia el sistema de salud hizo agua por cuenta del mal manejo de las EPS que hoy le deben a hospitales y clínicas 14 billones de pesos (3 puntos del PIB). Por cuenta de los recobros tenemos un desfalco 4,5 billones de pesos. Los recursos de la salud salen directamente del bolsillo de los colombianos en un 68%, lo cual no se refleja en la atención en salud.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2013), dos personas mueren cada mes por causas evitables y en razón al manejo, los obstáculos que ponen las EPS y la escasa capacidad de pago de las personas menos favorecidas. Este modelo mercantilista ha hecho que el gasto en salud como peso del PIB haya bajado en los últimos 5 años en un 15% y el peso que tiene la salud en el crecimiento del país está en un 33% por debajo del resto del mundo.

Ángela Robledo aseguró que los indignados también tienen propuesta: “Nosotros presentamos un proyecto alternativo de salud que elimina las EPS, universaliza la afiliación prescindiendo de los regímenes contributivo y subsidiado y fortalece las entidades territoriales, entre otras. ¿Dónde está el Ministro Gaviria? ¿Negociando la Salud?”, puntualizó Ángela Robledo.

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Niños indígenas siguen muriendo de hambre, denuncia Angela Robledo

Bogotá, abril 2 de 2014


La representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo insistió hoy en la urgencia de atender la vulneración masiva de los derechos humanos de la población indígena, en particular de 557 mil niños que sufren desnutrición crónica y mueren de física hambre.

“En Colombia mientras 12% de los niños del país sufre desnutrición crónica, 70% de los niños indígenas entre 0 y 6 años padece del mismo flagelo. Sumado a la falta de agua potable y asistencia en salud”, aseguró Ángela Robledo. 

Cifras del Dane han revelado que de cada mil niños indígenas entre 0 y 6 años, 250 mueren al año, entre otras causas por desnutrición. Este indicador es más alto que el de Somalia. Unicef (2010) ha denunciado que en el Departamento del Chocó 73% de niños indígenas en los mismos rangos de edad sufre desnutrición crónica. En la Guajira esta cifra triplica la tasa nacional para los niños indígenas menores de un año y va en aumento. 

Angela Robledo exigió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar convocar de manera urgente la Mesa de Seguimiento a la Situación de la Niñez Indígena en Colombia y tomar medidas humanitarias inmediatas para afrontar de manera efectiva la situación. 

Frente a la muerte de 166 niños Wayuu durante 2008 y 2013, y la situación de desnutrición de 4 mil niños indígenas de la Guajira, Ángela Robledo celebró la aceptación de la tutela interpuesta por el Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira que busca la protección a la vida de la niñez indígena.

“Recuerde Presidente - Candidato Juan Manuel Santos que usted ha insistido en que el amor en la política se demuestra con presupuesto. Necesitamos atender las necesidades vitales de niños y niñas colombianos, en particular los indígenas”, puntualizó Ángela Robledo en constancia radicada en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Ángela Robledo ha venido denunciando desde hace tres años la precaria situación de la niñez indígena en Colombia y la pobreza en las escasas políticas adelantadas por el Gobierno Nacional.
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La política sin asco. Columna de opinión de Angela Robledo

Hay políticos tradicionales que son expertos en practicar la política sin asco. No les da pena ejercer o promover el clientelismo, ni sienten vergüenza al permitir el abuso de poder. No ven problema en aliarse con corruptos, ni se sonrojan cuando les toman fotos con los delincuentes de cuello blanco. Es la política del todo vale, para la cual "la ética es solo para los filósofos".

Hoy por hoy, los mejores -pero no los únicos- exponentes de esas prácticas son Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, quienes pretenden que los colombianos premiemos su cinismo y votemos por su reelección.

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Audiencia pública por el derecho a la salud

Las Representantes a la Cámara Ángela Robledo, Alba Luz Pinilla y Gloria Stella Díaz, el Senador Jorge Robledo, en asocio con la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y la CUT, tienen el gusto de invitarlo a participar de la Audiencia Pública “Por el derecho a la salud”, a realizarse el próximo jueves 3 de abril en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, a partir de las 8 am.

Más información aquí: 

http://www.angelarobledoprensa.com/2014/03/audiencia-publica-por-el-derecho-la.html


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Ángela Robledo pidió un plan de choque para Buenaventura

Bogotá, marzo 26 de 2014

La representante a la Cámara del Partido Verde y co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo exigió al Presidente Santos un plan de choque para Buenaventura: "Frente a la crisis humanitaria que vive el principal puerto del Pacífico colombiano necesitamos que el candidato presidente Santos presente un plan de choque detallando acciones concretas en salud, educación, justicia, empleo, vivienda y las partidas presupuestales que se invertirán en esa región capturada por las mafias, el paramilitarismo y sumida en la pobreza y el abandono estatal". 

La parlamentaria aseguró que más de la mitad (51%) de los habitantes de la región sobrevive a la pobreza y que 1 de cada 3 jóvenes (32%) vive sin ninguna oportunidad en la indigencia. 98% de los campesinos no cuentan con servicios públicos adecuados (DNP 2013). La mitad de la población en zona rural no cuenta con agua potable. El desempleo y subempleo están en el 42 y 35 por ciento respectivamente. La tasa de desempleo para la región es de las más altas del país (42%). Todos los indicadores sociales y de violencia de Buenaventura desdicen de la apuesta que "la prosperidad es para todos" y nos ponen a dudar si en verdad estamos "unidos por la paz".

La parlamentaria Angela Robledo ha denunciado las distintas violaciones a los derechos humanos y la muerte de 14 mujeres en lo corrido de este año en distintas circunstancias en Buenaventura, frente a las cuales existe una total indiferencia e impunidad, al igual que frente a la crisis y violaciones a los derechos humanos denunciados por Human Rights Watch (Vea el informe aquí, video en http://multimedia.hrw.org/distribute/vnzjsmcteo).

Angela Robledo afirmó que una comisión humanitaria derivada de la Comisión de Paz del Congreso debe visitar el Puerto y plantear un acompañamiento permanente, además de un seguimiento al Plan de Choque de Santos que evalúe sus avances cada tres meses. "La crisis que vive Buenaventura, agudizada al extremo hoy por la violencia, las desapariciones, las ejecuciones, el desplazamiento, la tortura, las violaciones y la muerte, entre otras, ha sido parte de su historia y de la cotidianidad de un Estado que allá no existe y que por supuesto tampoco puede administrar justicia", aseguró Ángela Robledo.

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¡Lo logramos. Gracias por la esperanza!

Los mejores sueños son los que se hacen realidad: ¡seguiré representándolos en la Cámara por Bogotá. Lo logramos gracias a ustedes!

Demostramos que podemos soñar lo imposible, que hacer política honesta, limpia y austera vale la pena. Soy una prueba de ello porque ganamos nuestros votos sin maquinarias electoreras, con la ciudadanía, con ustedes. Somos la expresión del voto vital, sin clientelismo. ¡GRACIAS por su apoyo! 

Estoy muy conmovida por todo este cariño. Han sido días fascinantes, de duro trabajo, pero todas las personas que me han acompañado con su apoyo e incondicionalidad, han sido un bálsamo para la dificultad. 

Somos ganadores porque ustedes han estado aquí para expresarnos su solidaridad, su amistad y sobre todo su inmenso cariño, que siempre ha existido, pero que en estos momentos se manifestó con toda su fuerza. 

En estos pocos años en el Congreso, tengo la satisfacción de haber hablado desde la voz de los indignados, las mujeres, los jóvenes, los niños, los excluidos y la gente más humilde. Tuve la fortuna de mirarlos a los ojos para mover la conciencia de un país que se desangra en la guerra, que le es esquivo a la paz y que todos se quieren echar entre el bolsillo.

Un país inmensamente rico donde la gente sufre de falta de oportunidades laborales y educativas, y vive todos los días el cinismo de unos politiqueros que convierten lo público en su negocio personal.

Pero también he podido conocer la Colombia profunda, la Colombia donde tantas víctimas transitan del dolor a la dignidad, de la tristeza personal a la acción colectiva para defender desde la resistencia pacífica y dolorosamente creativa sus derechos y los de tantas mujeres, niños, jóvenes, viejos, indígenas y negros víctimas de una guerra casi centenaria.

Porque nos negamos a vivir en guerra, porque queremos que todos los colombianos tengan derecho a vivir en una Colombia en paz, contigo paz haremos.

Porque lo hemos hecho bien, con ustedes, con su fuerza y su cariño. Cuentan con nuestro trabajo constante, riguroso y sin ataduras. Nos tomaremos de la mano con todos los ciudadan@s que quieren la paz. 

No vamos a defraudarles. Esperamos ser esperanza para la paz y la justicia social.

Les envío todo mi agradecimiento, todo mi cariño sincero por apoyarnos. En la Cámara de Representantes seguiremos luchando por los Derechos Humanos.

¡Gracias por su confianza! ¡Gracias por creer que cambiar la política es posible! 

ANGELA ROBLEDO

 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR BOGOTÁ

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Gobierno Santos le da la espalda a las universidades públicas: Angela Robledo

Bogotá, febrero 28 de 2014

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo, dijo hoy que ni al presidente Santos, ni a sus ministros, les interesa el debate sobre la educación pública y la grave crisis que afronta la Universidad Nacional y que incluye aspectos de infraestructura, financiamiento y gobernabilidad.

“La Universidad Nacional pasa por una de sus peores crisis afectando a unos 30 mil estudiantes en su mayoría de estratos 2 y 3, y ni la Ministra de Educación, ni el Ministro de Hacienda, ni siquiera el rector Ignacio Mantilla, respondieron al llamado del Congreso hoy para debatir con unas 400 personas de la comunidad académica, representantes estudiantiles y profesorales, las problemáticas y el futuro del Álma Máter”, dijo Ángela Robledo. (Ver fotos de la audiencia)

La Representante a la Cámara por Bogotá aseguró que no es posible pensar en la paz y el postconflicto sin un presupuesto para educación que garantice la inclusión y la movilización social mediante la oferta de una educación pública, universal y de calidad. 

“El presidente Santos ha dicho que el amor en la política se expresa con presupuesto. Muy diciente que en los últimos ocho años la educación superior pese cada vez menos en el presupuesto general de la nación pasando de 3.08% a 1.9%, lo que representan una caída del 37%”, dijo la congresista. 

De igual manera, los aportes de la nación por estudiante a las universidades públicas disminuyó en un 30% en los últimos 10 años

La parlamentaria Ángela Robledo, estuvo acompañada de un panel de expertos académicos y líderes universitarios entre quienes se cuentan Beatriz Martínez, Carolina Rendón, Mario Hernández, Inti Mesías, Leopoldo Múnera, Liliana Castañeda, Fernando Galván y Jorge Armando Rodríguez quienes presentaron diversos estudios y cifras que muestran la debacle en la que está la universidad pública y en particular la Universidad Nacional.

“No puede ser que la fórmula para acceder a la educación superior sea subsidio a la demanda para los pobres, préstamos y endeudamiento para la clase media y libre mercado para quienes tienen poder adquisitivo”, enfatizó Ángela Robledo. 

En relación al debate sobre la venta de predios de la Universidad Nacional para incluirlos en el Proyecto de Renovación Urbana del CAN, Ángela Robledo aseguró que queda claro que los predios se someterán a subasta pública una vez el Consejo Superior de visto bueno, lo cual depende casi exclusivamente del Vicerrector de Sede, Andrés Hernández, quien tiene nexos con el Grupo Sarmiento Angulo. (Ver nexos)

Las declaraciones fueron realizadas en la Audiencia Pública: La Universidad Nacional, una asignatura pendiente del gobierno nacional, citada por Ángela Robledo en la sede Bogotá UNAL.

 

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Audiencia pública: la Universidad Nacional, una asignatura pendiente

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Una campaña pedagógica y admirable! Angela Robledo 101 Cámara Verde

Amigos y amigas: he decidido aspirar de nuevo a la Cámara de Representantes por Bogotá para continuar ejerciendo la política de manera honesta, admirable, austera, responsable, confiable, pedagógica y en libertad.

Quiero compartirles este boletín de noticias, que resume nuestra labor más importante de campaña hasta ahora: http://mad.ly/f21c74 

Les invito a compartirlo!

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Ni un solo voto para la guerra, todo por la Paz: Angela Robledo

Ángela Robledo, cabeza de lista a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, advirtió que no cerrarle las puertas de manera contundente a Álvaro Uribe Vélez a través de un pacto ético y político es la crónica de una muerte anunciada. “Si repetimos la historia de alianzas con el uribismo, el Verde no sólo saldrá derrotado sino quedará mucho más frágil”, afirmó la candidata.


“No nos puede pasar lo de la Alcaldía de Bogotá, en la que se terminó bailando “aserejé” con Uribe . El país va a tener que reconciliarse y eso incluye a los partidos políticos, pero también es cierto que Uribe le debe mucha explicaciones a Colombia sobre parapolítica y corrupción”, aseguró Ángela Robledo.

La Representante, que viene promoviendo desde hace más de un año una alianza interpartidista y un NO contundente a un eventual acuerdo con el ex presidente Uribe, se abstuvo de participar en la consulta interna presidencial del Partido que la Dirección Nacional decidió avalar por 22 votos a favor y 10 abstenciones el pasado martes 4 de febrero.

“Fue una discusión de muchas horas y finalmente ganó la consulta presidencial interna en la que participarán los precandidatos John Sudarsky, Enrique Peñalosa y Camilo Romero, a quienes se planteó la firma de una pacto ético y político que incluye los acuerdos del Congreso del Partido y del cual fueron aprobados dos puntos (quedó por fuera el no a la alianza con Álvaro Uribe) y que tampoco fueron suscritos por los precandidatos ayer 5 de febrero”, dijo Ángela Robledo.

Ángela Robledo dijo que se abstuvo de votar la consulta para quedar libre y ejercer la independencia deliberativa frente a las candidaturas. “Mi apuesta es fortalecer una alternativa política a largo plazo, amplia y democrática que marque la diferencia y que sea una verdadera opción para el país”, aseguró Ángela Robledo.

“Colombia necesita una apuesta por lo público distinta, una reforma a la educación contundente, una reforma a la justicia y la salud como derechos, y una propuesta de desarrollo rural como principio desarticulador del conflicto. Ni un sólo voto para la guerra, todo para la paz”, puntualizó la candidata verde a la Cámara por Bogotá, Ángela Robledo.

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Este es el pacto ético que Angela Robledo propone para no aliarse con Uribe

Este es el pacto ético que promueve Angela Robledo a los precandidatos presidenciales del Partido Alianza Verde para cerrarle las puertas a Alvaro Uribe. 

Como pre-candidato a la Presidencia de la República de Colombia por el Partido Alianza Verde, me comprometo, bajo juramento y con firma ante notaría público, a cumplir con el siguiente pacto ético, cuya suscripción es condición sine que non para poder ser candidato a la presidencia por esta Alianza Verde.

Me comprometo: 

A cumplir con el principio original del Partido Alianza Verde: No todo vale. 

A no suscribir alianza alguna con Álvaro Uribe Vélez o el movimiento “Centro Democrático”. 

A defender lo público y las políticas que de este principio se derivan, en el marco de los ejes programáticos de la Alianza Verde. 

A apoyar y defender a fondo el proceso de paz que se desarrolla en La Habana y a los demás procesos con otros grupos insurgentes. 

A desarrollar una agenda programática para el post-conflicto. En especial, una profunda transformación sobre un modelo de desarrollo, fundamentado en la redistribución y la equidad social.

A la auténtica política le es imposible dar un solo paso sin haber rendido antes homenaje a la moral: Immanuel Kant

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Santos debe tomar medidas urgentes frente a denuncias sobre interceptación del proceso de Paz: Ángela Robledo

Bogotá, febrero 4 de 2014

La representante y cabeza de lista a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Ángela Robledo, pidió al Presidente Santos investigar los hechos sobre interceptación ilegal a los negociadores en La Habana y exigió "se aclare de manera inmediata la participación de algunos miembros del ejército y la responsabilidad del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, frente a dichas denuncias que vulneran la confianza en el proceso".

Luego de que se conociera la investigación periodística sobre la existencia de "Andrómeda" realizada por la revista Semana, Ángela Robledo señaló que "Es muy grave que algunos miembros del ejército se presten para supuestamente colaborar con sectores del país interesados en atentar contra el proceso de negociación que se adelanta en La Habana y minar la esperanza por la paz"   

"Llama la atención que algunos sectores están siempre "muy informados" sobre el proceso y las discusiones. Incluso se "enteran" de las coordenadas cuando se han realizado acciones humanitarias. ¿Será que esos sectores siguen intentando, con sectores del establecimiento,  atravesarse al proceso de Paz? Pilas Presidente!", puntualizó Ángela Robledo.

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Más información:

Investigación sobre posibles chuzadas al proceso de paz.

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Confieso que votaría por Ángela Robledo a la Cámara: promotor del voto en blanco

Angela Robledo: un voto muy responsable, dice Gustavo Bolívar.

Gustavo Bolívar, promotor del voto en blanco que hoy puntea en las encuestas, afirmó que votaría por Ángela Robledo a la Cámara por Bogotá si no estuviera liderando esta importante iniciativa:

"En Alianza Verde para la Cámara tienen a la mejor calificada de todas: Ángela Robledo. Honesta, frentera, responsable. Confieso que si no estuviera en campaña por el voto en blanco, votaría por ella". (Ver columna en Las 2 Orillas, enero 12 de 2014).

"He seguido su carrera, he visto en ella a una mujer aguerrida, honesta, no es de esos políticos corruptos que llegan a enriquecerse con el dinero público, he visto una persona responsable. Estoy convencido que si la gente votara por Ángela Robledo -quienes no quieran votar en blanco- estarían depositando un voto muy responsable", ratifica Gustavo Bolívar en este vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=xb9GrXwAjmU

 

 

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Peñalosa no es la tercería, dice Angela Robledo

Peñalosa no es la tercería. Él no representa un proyecto alternativo, sino la continuidad. Para Peñalosa, un campesino es un extraterrestre. He propuesto que se firme un pacto ético para descartar la posibilidad de hacer alianzas con Uribe, quien le debe muchas explicaciones a Colombia en el tema de verdad y reparación. 

Lo que se necesita es una verdadera reforma a la educación de calidad; una reforma a la justicia porque en este país no hay justicia; una reforma a la salud como Derecho sin las EPS; una política innovadora, transparente y con la ciudadanía. Me sueño un país con maestros, médicos, mujeres, jóvenes y jueces que trabajen por la paz.


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La tregua de las Farc: ¿el vaso medio lleno? Opina Angela Robledo

Comienzo esta columna de opinión lamentando un hecho doloroso: el reciente atentado que dejó una persona muerta y más de 50 civiles heridos, tras la explosión de una moto-bomba en Pradera (Valle), tan solo 24 horas después de terminada la "tregua navideña" anunciada por las Farc.

Lo lamento profundamente por las víctimas y sus familias, inmersas en los crueles territorios del conflicto armado, cuyo nivel de infamia y degradación ha tendido históricamente al aumento. Me solidarizo también con los integrantes de las Fuerzas Militares que resultaron afectados, pues nos duele cada soldado y cada policía muerto en Colombia como consecuencia de la guerra. Muchos de ellos son jóvenes campesinos cuya única oportunidad hoy es tomar un arma en lugar de un libro.

No hay derecho a tanto sufrimiento. No hay razón para seguir matándonos los unos a los otros, como si la vida fuera una ruleta rusa, o como si estuviéramos condenados a cien años de violencia. Ese no es el presente que soñamos para nuestros hijos, hijas y nietos. Ese tampoco es el futuro que nos merecemos. Porque somos millones los colombianos y colombianas que luchamos y trabajamos día a día por un país en paz, con justicia social, con oportunidades laborales y educativas para nuestros niños, jóvenes, mujeres y viejos.

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Las cárceles en Colombia son máquinas de exterminio: Ángela Robledo

“En las cárceles se violan todos los derechos humanos frente a la desidia del Estado”: Ángela Robledo 

Bogotá, enero 29 de 2013 Ángela Robledo

Ángela Robledo, cabeza de lista a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, denunció que en las cárceles colombianas se violan permanentemente todos los derechos humanos de ciudadanos que ingresan al sistema penal sin ninguna esperanza de reconstruir su vida y resocializarse. 

“Con una misión humanitaria de la Comisión de Paz de la Cámara, integrada por Gloria Inés Ramírez, Gloria Stella Díaz, Iván Cepeda, Hernando Hernández, recorrimos unas 14 cárceles en todo el país y a finales de 2012 entregamos al Gobierno Santos un informe sobre la precaria situación en que sobreviven miles de personas y a la fecha no conocemos avances al respecto”, dijo Robledo.

Ángela Robledo dijo que entre las situaciones más lamentables descritas en el informe están:

Hacinamiento total en celdas, patios, corredores, baños.

En varias cárceles hay problemas de agua, solo la ponen tres veces al día y en algunos lugares tienen que trasladarla en vasijas para los baños y sanitarios.

En muchas cárceles solo hay un médico, con rotaciones de cada ocho horas para atender en algunos casos cerca de 7.500.

Para garantizar "seguridad" los baños y sanitarios no tienen privacidad. Se toca hasta la última fibra de la intimidad.

Algunas edificaciones son "frigoríficos para animales". Lugares donde nunca entra el sol, en especial en las cárceles nuevas.

Pudimos conocer casos de presos con cáncer, úlceras, dermatitis agudas, problemas pulmonares que son tratados solo con "ibuprofeno".

Son varios los casos de personas con enfermedades mentales sin ninguna atención.

Existen mafias para acceder a derechos: visitas, salidas al médico, rebaja de penas por trabajo.

Centros de reclusión donde los presos solo ven a sus hijos y nietos 48 horas al año.

Mujeres que deben entregar sus niños recién nacidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque no tienen condiciones para cuidarlos durante sus primeros meses de vida.

Ángela Robledo concluyó que “las cárceles en Colombia son máquinas de exterminio, alimentadas por la indiferencia y el olvido del Estado donde mueren cada día muchos hombres y mujeres y la posibilidad de remedio es casi nula”.

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Ángela Robledo promueve pacto ético para cerrarle la puerta a Álvaro Uribe

Ángela Robledo, cabeza de lista verde a la Cámara por Bogotá, viene desde hace varios meses promoviendo un pacto ético que cierre las puertas de la Alianza Verde a un eventual acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con el todo vale.

“Los pre candidatos presidenciales Enrique Peñalosa, Camilo Romero y John Sudarsky tienen que firmar, ante notario, un compromiso ético de NO abrir las puertas de la Alianza Verde a Uribe Vélez, de quien todos conocemos su manera de ejercer el poder. Esta decisión fortalecería la Alianza y el pluralismo democrático en Colombia. Tenemos un proyecto a mediano y largo plazo que nos comprometimos a cuidar”, dijo Ángela Robledo. 

Además, Ángela Robledo aseguró que los pre candidatos verdes deben defender el proceso de paz en curso en La Habana y desarrollar una agenda de país para el posconflicto, que incluya a las mujeres y los jóvenes como reserva ética para Colombia. 

“Los precandidatos verdes tienen la obligación de proponer un modelo alternativo de desarrollo centrado en el cuidado de la vida, el medio ambiente y la inclusión”, afirmó la candidata a la Cámara por Bogotá.

Ángela Robledo dijo que es urgente un debate interno sobre las propuestas de los candidatos y su compromiso con los ejes programáticos de la Alianza Verde, los cuales fueron aprobados en el pasado Congreso del partido, que incluyen la defensa de lo público y la paz. 

La firma de dicho pacto ético debe ser una condición necesaria para la inscripción de los candidatos de la Alianza Verde a la consulta presidencial, aseguró la candidata Ángela Robledo, quien espera contar con el apoyo de varias personas de la Dirección Nacional el próximo jueves.

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Antanas Mockus y Angela Robledo. Contigo paz haremos!

Antanas Mockus y Angela Robledo quieren conocer y gozar lo que sería una Colombia sin guerra. Contigo paz haremos!

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Alianza Verde envía carta a Santos en respaldo a Angela Robledo por irresponsables declaraciones de Mindefensa

Bogotá D. C., 13 de diciembre de 2013

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República

 

Ciudad

 

Referencia: Declaraciones inconvenientes del Ministro de Defensa contra defensores y defensoras de derechos humanos 

 

Respetado Presidente:

El Partido Alianza Verde lamenta y rechaza profundamente las declaraciones realizadas por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno en la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 11 de diciembre de 2013, en las que agredió a integrantes de dos partidos políticos que no hacen parte de la Unidad Nacional, en especial, a la Honorable Representante Ángela María Robledo y al Honorable Representante Germán Navas.

El Ministro Pinzón apartándose de su deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a personas que tienen relación con su servicio, aprovechó el debate del proyecto de ley que busca crear la defensa técnica para los integrantes activos e inactivos de las fuerzas militares, para de una manera injusta, despectiva y desproporcionada, atentar contra la dignidad y el buen nombre de los parlamentarios. El Ministro, insinúa que la Representante está en contra de las fuerzas militares a pesar que ella ha manifestado en diferentes espacios el profundo respeto hacía el Ejército y la Policía. 

Concretamente, el Ministro en términos amenazantes e irrespetuosos, como puede verse en su intervención antes mencionada, se refirió a la representante Ángela Robledo de la siguiente manera: “(…) Lamento que la doctora Robledo se haya ido porque no me gusta su agresividad, de cuándo acá esta señora que siempre es una dama la veo yo con esa agresividad contra las fuerzas armadas”. 

De la misma manera se refirió al Represente Germán Navas: “(…) Me sorprende que un maestro, un hombre de tanta experiencia, a quien admiramos y veíamos en la televisión termine a estas alturas de la vida simplemente por razones ideológicas, por un odio claro que le tiene a las fuerzas militares y a la policía, a sus hombres y mujeres (…) busque esguinces desde la ley”. 

Nada más injusto y desproporcionado: la Representante Ángela Robledo ha manifestado en todas sus declaraciones la legitimidad de las fuerzas militares y del monopolio de las armas por parte del Estado y se ha dolido por las muertes de los jóvenes militares y policías que sabemos en su mayoría son de las familias más pobres de nuestro país. 

Sea esta la oportunidad para recordarle al gobierno, así como lo ha señalado la representante Angela Robledo, que son múltiples las tareas pendientes en materia de Derechos Humanos del Gobierno y el Ministro de Defensa como cabeza de las Fuerzas Militares, dado que hay algunos miembros de las Fuerzas Militares que han violado derechos humanos en diferentes territorios de guerra como lo ha demostrado la Parlamentaria, con testimonios y documentos, en múltiples debates de control político. También estas violaciones han sido señaladas por Human Right Watch, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Reiteramos, jamás la parlamentaria o integrantes del partido han atacado las fuerzas militares. Lo que hemos hecho desde el Partido Alianza Verde es defender la paz, los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y víctimas y, en esa medida, hemos denunciado violaciones de derechos humanos por parte de miembros de fuerzas militares, de paramilitares y de guerrilleros en Putumayo, Cauca, Guaviare, entre otros departamentos. Nos preocupa, que ante estas denuncias, el Ministro jamás ha dado respuesta. 

Solicitamos por medio de esta comunicación 

1. Una cita con usted señor Presidente y el Ministro de Defensa con el propósito de aclarar el alcance de los hechos antes descritos.

2. El Ministro de Defensa haga una rectificación pública por las afirmaciones calumniosas y que agredieron e irrespetaron a la parlamentaria Robledo Gómez y al parlamentario Navas Talero.

Parafraseando una reciente declaración de la Representante Ángela Robledo al referirse a las fuerzas militares:

“(…) sea esta la oportunidad para decir que soñamos con una Fuerza Pública que algún día se convierta en formadora de ciudadanía, tal vez el mayor reto pedagógico que podría tener este país lleno de odios y venganzas, aunque a algunos guerreristas les suene ingenuo. Los invito a soñar con una Fuerza Pública para la Paz.”

Atentamente,

 

Luis Carlos Avellaneda 

Copresidente Partido Alianza Verde 

 

Antonio Sanguino

Copresidente Partido Alianza Verde

 

PRENSA: 3202343806 / Margarita Sarmiento

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Salud: la reforma de los reencauchados

No queda duda, la tal "Reforma a la Salud" del Gobierno Santos es un simple reencauche del sistema de salud actual, con la diferencia que ahora se propone legalizar algunas prácticas inmorales y perjudiciales para los Derechos Humanos de los colombianos. Con esta reforma, las EPS terminan camufladas de "gestoras", continúa la intermediación financiera, la integración vertical y se legaliza la corrupción del negocio. Como si fuera poco, se pretende limitar la tutela. En pocas palabras, el derecho fundamental a la vida digna queda reducido a una falsa promesa sobre el valor de vivir y morir dignamente.

Primero, los recursos de la salud dejarían de ser públicos para ser ingresos privados. Esto, en últimas, haría que famosos casos como los de Saludcoop y otras EPS que se han beneficiado ilegalmente, podrían quedar libres de toda culpa y responsabilidad ¿Dónde están los 11,4 billones de pesos que se le deben al sistema de salud de acuerdo a la Supersalud? ¿Quiénes van a responder por los millones de colombianos que dejan de ser atendidos diariamente por no ser parte del negocio y la burocracia?

Segundo, sobre la intermediación financiera, la reforma contempla una figura perversa: "asegurar el riesgo". Con esta maniobra el Estado le traslada el manejo del riesgo a una empresa pública, privada o mixta, con el objetivo de evadir la rectoría del sistema de salud, condenando a los pacientes a los trámites eternos para que les garanticen sus derechos.

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Carta de apoyo de parlamentarios del mundo al proceso de paz en Colombia

Nosotros, parlamentarias y parlamentarios debidamente elegidos de más de 50 países de todo el mundo reunidos en el 35to Foro Anual de Acción Mundial de Parlamentarios (PGA) en Bogotá, Colombia desde el 9 al 10 diciembre de 2013, conscientes de los muchos desafíos que las partes envueltas se enfrentan en la identificación de los pasos en el camino hacia la paz, incluyendo el tratamiento adecuado de las víctimas en este proceso, sobre la base de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición:

 

1.Reconocemos que la paz en Colombia es un asunto de importancia internacional ya que es el conflicto más antiguo del hemisferio occidental, que ha costado la vida de miles de personas y que interfiere seriamente con el desarrollo de Colombia y de la región

 

2.Los felicitamos por sus concertados y firmes esfuerzos para identificar medidas de mutuo acuerdo que conduzcan a un Acuerdo de Paz generalizado en Colombia

 

3.Apreciamos asimismo las muestras de apoyo al 35to Foro anual de PGA por ambas partes al proceso de paz como una señal fuerte de su compromiso 

 

4.Aspiramos a que, junto con este importante proceso de paz con las FARC, otro proceso de paz comenzará con el otro grupo histórico "ELN", de modo que la paz en Colombia sea posible, generalizada, estable y duradera.

 

5.Conscientes también de la inclusión de las mujeres y los grupos vulnerables en el proceso de paz 

 

6.Apoyamos firmemente y nos solidarizamos con ustedes en sus continuos esfuerzos en esta empresa histórica, a su vez, si lo consideran útil y como referencia, ofrecemos brindarle la información sobre la forma en que conflictos similares se han abordado en otras partes del mundo. 

 

7.Recordamos, para este fin, que la Acción Mundial de Parlamentarios (PGA) está dispuesta, como una red parlamentaria que promueve los derechos humanos, la paz, la justicia, la democracia y la dignidad de la persona humana, a compartir sus conocimientos y experiencia comparada, según sea necesario, con el fin de contribuir al éxito del proceso de paz en Colombia.

 

8.Les exhortamos garantizar que este importante momento de búsqueda de acuerdos sobre cuestiones claves que se ha generado actualmente, no se pierda sino que se aproveche para garantizar resultados exitosos similares en el resto de áreas en las que un acuerdo deba ser alcanzado. Por lo tanto, les solicitamos tengan la paciencia y la persistencia necesarias para permanecer en la mesa de negociaciones hasta que se logre llegar a todos los acuerdos necesarios definitivos.

 

9.Nos comprometemos a compartir con nuestros colegas de los parlamentos de todo el mundo los importantes avances ya logrados en las negociaciones de paz y animarlos a ellos, así como también a los gobiernos de nuestros respectivos países, a apoyar públicamente y a contribuir a la construcción de un Acuerdo de Paz sostenible y a la transición exitosa a la paz en Colombia. De igual forma de considerarlo ustedes conveniente y necesario, PGA podría designar una delegación para que visiten la mesa de negociaciones en La Habana y transmitan experiencias que puedan ser útiles en la construcción de los acuerdos relacionados con los puntos de la agenda. 

 

10.Les transmitimos nuestros mejores deseos a todos los participantes en su noble búsqueda de la paz, la justicia y un futuro brillante para Colombia

 

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Ángela Robledo encabeza lista de Alianza Verde para la Cámara por Bogotá

La actual parlamentaria, Ángela Robledo destacada por su defensa de la paz y los derechos humanos inscribió hoy su aspiración para la Cámara de Representantes, como cabeza de lista de la Alianza Verde

Ángela Robledo llegó a la Cámara a hacer pedagogía política, legislativa y de la paz desde una práctica académica, con la idea de ser la voz de quienes no tienen voz en este país. Su trabajo se ha centrado en la defensa por el cuidado de la vida, la educación, la reivindicación de los derechos de niños, jóvenes y mujeres, y el empoderamiento de las víctimas de las violencias y las exclusiones. 

Ángela Robledo ha hecho de la práctica política una obra de arte, en donde no todo vale y la coherencia, la valentía y los argumentos cobran sentido. Una práctica política que reconoce los proyectos colectivos y que le apuesta a un ejercicio democrático y creativo.

En su trabajo parlamentario, Ángela Robledo cuenta entre sus mayores logros y orgullos:

Cogestora de paz
  • Como co presidenta de la Comisión de Paz lideró las Mesas Regionales por la Paz que han contribuido al debate y los acuerdos logrados en La Habana.
  • Acompañó el proceso de concertación con el movimiento campesino del Catatumbo.
  • Ha sido activista y acompañó las movilizaciones sociales alrededor de la paz y los derechos humanos. 
 

La corrupción es intolerable y debe ser denunciada 
  • Denunció el carrusel de la contratación de alimentos que significó mayor control en la contratación de los programas de nutrición para niños y derivó en la renuncia de Elvira Forero, Directora del ICBF.
  • Denunció que los predios de la Universidad Nacional están en peligro por los intereses de grupos financieros y que 26 de edificios del Alma Máter se están derrumbando.
  • Denunció intereses privados de EPS y sectores políticos en la garantía del derecho a la salud.
 

Justicia para la justicia
  • Demandó con otros congresistas y organizaciones sociales la ampliación del fuero penal militar, que la Corte Constitucional declaró inconstitucional.
  • Hundió el referendo de cadena perpetua, con el apoyo de otros congresistas y la Comisión de Política Criminal.
  • Promovió y apoyó el retiro de la Reforma a la Justicia, que posteriormente fue archivada gracias a la presión ejercida por la ciudadanía. 
El cuerpo de las mujeres no debe ser territorio de guerra
  • Ha liderado la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Es autora del proyecto de ley que busca eliminar la impunidad en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 
  • Promovió y defendió la ley de cuotas en la reforma política que exige que cada partido tenga un mínimo del 30% de candidatas.
  • Garantizó el enfoque de género en la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011).
 

Sacar la niñez y la juventud de la guerra
  • Denunció la muerte y exterminio de niños y niñas indígenas y promovió la creación de la mesa de niñez indígena.
  • Rechazó y logró, con el apoyo de la Cámara de representantes, el hundimiento del proyecto de ley que pretendía enviar a los jóvenes a la cárcel, vulnerando las normas nacionales e internacionales.
  • Denunció las irregularidades en el programa de adopciones de niños en Colombia. El ICBF suspendió temporalmente la recepción de solicitudes de familias extranjeras. Asimismo, le fue suspendida la licencia a una casa de adopción que presentó irregularidades. 
 

Educación, salud, vivienda, caminos para la paz
  • Con el apoyo de los estudiantes y toda la comunidad académica, logró que el Gobierno Nacional retirara la reforma a la educación superior. 
  • Evitó la quiebra de la Universidad Nacional y otras universidades públicas garantizando que los contratos de aportes no fueran eliminados por medio del artículo 105 del Estatuto Anticorrupción.
  • Denunció la grave situación que vive la niñez en la guerra y advirtió que el Ministerio de Educación estaría delegando su responsabilidad en privados. Además solicitó investigar a la Ministra de Educación por negligencia. 
  • Fue coautora del proyecto de ley alternativo de reforma a la salud, que elimina las EPS, la integración vertical y el ánimo de lucro en la garantía de este derecho.
  • Radicó ponencia negativa al proyecto de reforma a la salud del Gobierno Nacional. 
  • Promoví en la reforma tributaria aumentar el recaudo a través de descuentos a morosos, ello significó sólo para Bogotá 57.000 millones adicionales en el presupuesto.
  • Gestionamos la inclusión prioritaria de mujeres víctimas de violencia sexual en la política de vivienda en Bogotá. 

“Convoco a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres sensibles, a las nuevas generaciones, a las soñadoras y soñadores de esta país, a que cambiemos hoy la historia, convoco a las nuevas ciudadanías a que hagamos la diferencia porque hoy el presente y futuro de esta Colombia sea nuestro!”, aseguró Ángela Robledo.
PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806 / Margarita Sarmiento

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El látigo del Procurador en Bogotá

 

Se ha vuelto costumbre que el Procurador General haga lo que se le da la gana: desobedece la sentencias de la Corte Constitucional en materia de interrupción voluntaria del embarazo, utiliza el código disciplinario a su antojo, se opone a la Paz, rechaza el matrimonio igualitario y la dosis personal, intenta imponer sus creencias religiosas, demanda a una revista por sacar a una mujer sin ropa y procura silenciar a algunos alcaldes con procesos de revocatoria del mandato. 
 
Se ha vuelto costumbre porque no hay quién lo pare, como escribió recientemente  en su columna María Jimena Duzán, al advertir que el Procurador le da látigo a sus adversarios y caramelo a sus copartidarios. A sus rivales los destituye y a buena parte de los otros los absuelve, al mejor estilo de un dictador peruano que promulgaba: “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. 
 
Esa parece ser la obsesión del Procurador en Bogotá. Primero destituyó al Secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla. Luego persiguió a Canal Capital y a Hollman Morris. Enseguida investigó al nuevo secretario Guillermo Jaramillo y simultáneamente busca la manera para sancionar o destituir al Alcalde Gustavo Petro.
 
Algunos me dirán que eso hace parte del ejercicio de sus funciones. Y es cierto. De hecho, celebro la acción efectiva y oportuna de la justicia, en un país donde la impunidad es pan de cada día. Pero no hay que comer tanto cuento: mientras todo esto ocurre, la mano poderosa del Procurador muestra lentitud para considerar las denuncias hechas por Sergio Fajardo sobre la gobernación de Luis Alfredo Ramos, y decide con rapidez absolver a unos cuantos conservadores, entre los que se encuentran el Senador Gerlein, el exdirector de Estupefacientes Carlos Albornoz y los políticos Ciro Ramírez, Eric Morris, Jairo Merlano y Luis Humberto Gómez Gallo, vinculados al escándalo de la parapolítica. 
 
Por eso la gente reclama igualdad ante la ley, pues no parece que el Procurador aplique el mismo rasero para todos los procesos e investigados. La más reciente prueba de esta cacería de brujas fue el intento de prohibirle a los alcaldes con procesos de revocatoria que defendieran públicamente su mandato, pues estarían participando en política. ¿Habían visto semejante leguleyada? Por supuesto, la amenaza tenía nombre propio: Gustavo Petro. 
 
Pero el Procurador no contaba con los indignados que se están tomando Bogotá con la fuerza de la creatividad y los argumentos. En un ejercicio ciudadano sin precedentes, más de 450 personas presentaron cientos de tutelas exigiendo que la Procuraduría reversara su advertencia. ¡Y lo lograron, por el bien de la libertad de expresión, el derecho a la defensa y la democracia! 
 
Que se tenga el Procurador, porque a las y los indignados no los asusta, ni los reprime, ni los silencia, ni los sanciona, ni los castiga, ni los condena, ni quieren ser invitados a las fiestas de su hija, ni mucho menos a sus homenajes. Ellas y ellos llegaron para quedarse, para manifestarse contra el abuso del poder. 
 
ANGELA ROBLEDO
Representante a la Cámara por Bogotá

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Aprobado en penúltimo debate proyecto de ley contra impunidad en casos de violencia sexual: Angela Robledo

El proyecto de ley 037, aprobado por la Comisión Primera del Senado y que pasa a su último debate, pretende reformar la legislación vigente con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, especialmente en el contexto del conflicto armado.

BOGOTÁ, 20/11/2013. 

Los representantes Ángela Robledo e Iván Cepeda, autores de la iniciativa, celebraron la aprobación en su penúltimo debate, del Proyecto de Ley 037 de 2012: “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”. 

A partir de esta ley, se reconocería que cuando un hecho de violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada por parte de los actores del conflicto, tiene el carácter de delito de lesa humanidad. 

El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con el tratamiento jurídico de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y la eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.

La iniciativa que busca modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y a Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008), cuenta con el apoyo de los ministerios de Defensa y de Justicia.

Los congresistas Cepeda y Angela Robledo afirmaron que con este proyecto se da un paso trascendental en materia de justicia para las víctimas de este delito y llamaron a los órganos encargados de aplicarla a manifestar su apoyo a dicha iniciativa en su fase final de aprobación en el Legislativo.

"No hay una mejor noticia para la conmemoración del Día de la NO violencia contra las mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Este proyecto luchará contra la impunidad y contribuirá a la Paz, porque la guerra exacerba el conflicto, lo cual recae en forma cruel en los cuerpos y las vidas de miles de mujeres de nuestra Colombia, que hoy todos defendemos", aseguró Angela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión del Paz.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Cambiar las balas por palabras. Columna de opinión de Angela Robledo

Aunque no les guste a los comerciantes de la guerra, lo primero que debo decir es que me llena de esperanza el hecho de que en este país se esté buscando intercambiar las balas por palabras. Lo asumo con optimismo porque ya son demasiados los muertos y las víctimas inocentes que hemos contado en Colombia.

En segundo lugar, soy consciente que esta discusión hiere algunas susceptibilidades, pues son muchos los temores y rencores que han permanecido a lo largo del conflicto, lo cual nos obliga a asumir un reto innovador que emprendí hace tres años: la pedagogía para la Paz, que fortalezca la confianza de la ciudadanía con los futuros desmovilizados, que a su vez deberán asumir sus propios retos y obligaciones: decir la verdad, garantizar la no repetición y reparar integralmente a las víctimas.

Eso significa que la participación política de la guerrilla deberá estar sujeta al perdón que les corresponde ofrecer, al abandono del secuestro, la violencia sexual, el reclutamiento y el narcotráfico, a la promoción de la reconciliación y los Derechos Humanos. Porque su reintegro a la vida política deberá partir del respeto por la Constitución, con plenas garantías para el ejercicio de la oposición.

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¿De qué se ríe la Ministra de Educación?, pregunta Angela Robledo

El pasado martes 19 de noviembre en debate de control político que desarrollé en la comisión sexta de la Cámara de Representantes sobre la Universidad Nacional, documenté la gravísima crisis financiera que vive nuestra alma máter, ilustré con fotografías y videos cómo la Universidad físicamente se está cayendo y pregunté por los presuntos intereses del grupo financiero Sarmiento Ángulo en su campus universitario.

Ante esta situación indignante y dolorosa que vive la UN, la señora Campo, jefa de la cartera de Educación tuvo a bien reírse cínicamente durante el debate, como lo registran algunos videos e hizo caso omiso a mis denuncias. La Universidad Nacional pasa hoy por una de sus peores crisis: mientras que en el año 2000 los recursos de la Universidad provenían en un 73% de la nación, hoy le toca a la Universidad conseguir casi la mitad (47%) de sus recursos, vía consultoría o vendiendo servicios ajenos a sus propósitos. Desde el 2002 hasta el 2010 los aportes de la nación por estudiante han disminuido en un 37%. La financiación estatal a la Universidad aumenta según el crecimiento del IPC y es una verdad irrefutable que la Universidad Nacional no crece según los precios del consumidor sino que demanda un ritmo de recursos más alto para responder con excelencia. Es así como la Universidad Nacional y muchas universidades públicas en Colombia están profundamente desfinanciadas.



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Grupos financieros se estarían tomando la Universidad Nacional, denuncia Angela Robledo

La Representante Ángela Robledo cuestionó la desidia del Gobierno Santos frente a la Universidad Nacional que afecta su calidad académica y estabilidad financiera y beneficia intereses de grupos económicos en detrimento de los miles de jóvenes que allí se educan. “La Universidad Nacional se cae a pedazos, afectando a casi 30 mil estudiantes en su mayoría de estratos 2 y 3 y ni la Ministra de Educación, ni nadie del Gobierno se moviliza”, dijo la parlamentaria Ángela Robledo hoy en debate de control político en la Cámara de Representantes.

La Universidad Nacional pasa hoy por una de sus peores crisis: Mientras que en el año 2000 los recursos de la Universidad provenían en un 73% de la Nación (27% de otras fuentes), hoy le toca a la Universidad conseguir casi la mitad (47%) de los recursos, vía consultoría o vendiendo servicios ajenos a sus objetivos. Desde el 2002 hasta el 2010 los aportes de la Nación por estudiante han disminuido en un 30%. A su vez desde el 2003 los créditos a los que tienen que acceder los estudiantes para cursar sus carreras han aumentado en un 10%, denunció Ángela Robledo. 

De igual manera, 26 edificios que incluyen las facultades de Arquitectura, Enfermería, Cine, Derecho, Diseño Gráfico y Artes, entre otros, están prácticamente en ruinas y no se pueden habitar. La Universidad requiere para su reconstrucción y reforzamiento estructural de 2 billones de pesos y hoy cuenta con 75 mil millones. (Ver fotos)

De acuerdo con el debate, Luis Carlos Sarmiento Ángulo tiene intereses específicos en los predios de la Universidad Nacional, debido a su posición estratégica en términos de ubicación, comercial e inmobiliaria.

Es la zona elegida para la construcción de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo ya tiene adquiridos los terrenos aledaños a la Universidad Nacional. Faltaría aquella parte de la Universidad que colinda con la Calle 26 y que podría tener un cambio en el uso del suelo: “Si la comunidad universitaria y la ciudadanía en general no abogan por su alma máter, el Consejo Superior de la Universidad está facultado para ceder o vender esos predios, lo cual es gravísimo”, dijo Angela Robledo. 

 Llama la atención que personajes vinculados hoy con la Universidad, provienen de entidades financieras ligadas al Grupo Sarmiento Angulo: por ejemplo, el Señor Diego Fernando Hernández Losada, quien se desempeñó como Gerente Administrativo y Financiero de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, es hoy Vicerrector de la Universidad Nacional en Bogotá. 

El Señor Andrés Escobar Uribe, Gerente de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, hizo parte de la Junta Directiva del Banco AV Villas hasta el año pasado y de la Fiduciaria Bogotá (Es importante recordar que esta entidad del Estado es la encargada de desarrollar el Proyecto de Renovación Urbana que involucra predios de la Universidad). 

Es de anotar que un amigo cercano a la Ministra Campo (Presidenta del Consejo Superior de la Universidad), el Señor Alejandro Figueroa, es Presidente del Banco de Bogotá e integrante de la Junta Directiva del Grupo Aval de la misma Mesa de Negocios. 

Angela Robledo anunció que promoverá una moción de censura para la Ministra María Fernanda Campo, a quien ya pidió investigar por ineficiencia y negligencia ante la Procuraduría General de la Nación.

Estas denuncias se suman a las realizadas por los Vecinos de Teusaquillo y por Sergio Fernández (representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional), y fueron presentadas durante el debate citado junto a los Representantes Arias y Amaya. 

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

 

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Parlamentarios del mundo por la paz de Colombia

130 parlamentarios de 40 países del mundo se darán cita el lunes 9 y el martes 10 de diciembre en el Congreso de la República para apoyar el proceso de paz que adelantan el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba. 

BOGOTÁ, 5 de diciembre de 2013. 
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, 130 legisladores de 40 países del mundo se encontrarán en Bogotá el 9 y 10 de diciembre para discutir sobre las conversaciones de paz en Colombia y presentar diversas experiencias de procesos similares en otros países, como las que expondrán los congresistas Lola Kisanga, de la República Democrática del Congo, Sigfrido Reyes, de El Salvador, Jim Walsh, de Irlanda, Sthephen Tashobya, de Uganda, entre otros. 

Una alianza entre el Congreso de Colombia y Acción Mundial de Parlamentarios (PGA) posibilitó la organización del 35° Foro Anual que realiza cada año esta red internacional que congrega a más de mil legisladores de distintos parlamentos, asambleas y congresos alrededor del mundo y que trabajan por los derechos humanos, la equidad de género, la seguridad y la paz. 
Están convocados a este evento el Presidente Juan Manuel Santos, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el Presidente de Senado, Juan Fernando Cristo, el Presidente de la Cámara Hernán Penagos, y los congresistas promotores del Foro Parlamentarios del Mundo por la Paz de Colombia, Ángela Robledo, Iván Cepeda, Guillermo Rivera, entre otros. 

El Foro, organizado por las presidencias de Senado y Cámara y las Comisiones de Paz del Congreso se llevará a cabo el lunes 9 y el martes 10 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en el Salón Elíptico del Congreso de la República. 
PRENSA: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

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Angela Robledo: con los pies en la tierra. Detalles de su vida

Entrevista de EL TIEMPO. 

No es de extrañar que la senadora del Partido Verde Ángela María Robledo haya sido declarada recientemente como la mejor mujer congresista por el panel de formadores de opinión de Cifras y Conceptos, pues sus antecedentes en la academia como profesora, investigadora y decana de la facultad de psicología de la Universidad Javeriana son solo el preámbulo del talante inquieto y comprometido de esta manizaleña criada en un hogar “libre” –como ella lo describe– en el que la música nunca dejó de sonar. (Conozca en imágenes a Ángela María Robledo).

Llegó a la vida política tarde –aunque asegura que la política se práctica desde el hogar– de la mano de Antanas Mockus, a quien conoció en un grupo de tertulia académica organizado por su mentor, el profesor Carlo Federici, el fundador de la primera facultad de matemáticas en Colombia, en la Universidad Nacional.

Ángela María Robledo cree en la fuerza de la mujer y probablemente esa sea la razón de la confianza y seguridad que transmite y que le han permitido abrirse campo en el complejo mundo político, el cual comparte con la música, la escritura y la literatura.

Hoy no vamos a hablar de política…

Porque pienso que la política es una práctica que ojalá fuera más cotidiana. Es una práctica que se cuela en las casas, en los espacios de poder. El primer espacio de poder es una familia y ahí es donde en particular arrancan las luchas de las mujeres, en luchar por roles nuevos y distintos.

La primera feminista en mi vida fue mi madre, sin saberlo, pero era una mujer absolutamente libre que en su práctica transformó mi casa. Mi mamá parecía mi papá y mi papá parecía mi mamá. Ella era la que salía en las noches a cantar y el que se quedaba cuidándonos, a veces, era mi papá. Ahí arrancó esa práctica política, sin darme cuenta.

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Radican ponencia negativa a la Reforma a la Salud

 

Las congresistas Ángela Robledo (Alianza Verde), Alba Luz Pinilla (Polo Democrático Alternativo) y Gloria Stella Díaz (Mira) radican hoy en la Comisión Séptima de la Cámara, ponencia negativa al Proyecto de reforma a la salud que presentó el Gobierno Santos por considerar que es regresivo y atenta contra los derechos fundamentales a la vida y la salud, lo cual no contribuye a la Paz.

Ángela Robledo afirmó que “este proyecto del Candidato Presidente es un reencauche total que Santos debería retirar porque concibe la salud como negocio, condena a los colombianos a la continua vulneración de sus derechos y no contribuye a la Paz, bandera de la reelección”.

“La reforma es más de lo mismo: La intermediación continúa; las gestoras asumirían funciones como manejo del riesgo, conformación y gestión de las redes de salud en los territorios y mantendrían la integración vertical de manera parcial para el nivel primario; la transferencia de recursos públicos a las gestoras descaracterizarían su condición de públicos; y las precarias condiciones de los médicos y profesionales de la salud continuarían afectando su autonomía”.

La parlamentaria verde Ángela Robledo aseguró que “Me preocupa la fuerza que pierde la tutela como herramienta fundamental para defender el derecho y acceso a la salud, si leemos este proyecto en clave de la ley estatutaria que ya fue aprobada y que está en estudio en la Corte Constitucional”, dijo.

Ángela Robledo agregó que no se puede dejar de mirar este proyecto también en clave del proyecto de ley que se conoce como incidente fiscal, que amarra a la disposición de recursos la garantía de los derechos de los colombianos. 

“Lo que busca este proyecto es poner exclusiones y restricciones en los tratamientos médicos de alto costo. Lo que no esté en Mi Plan y que casi siempre es costoso lo tendrá que pagar el paciente por sus propios medios, olvidándose del principio de solidaridad”, dijo la representante Alba Luz Pinilla. 

A su vez, la representante Gloria Stella Díaz dijo que “los gestores son el nuevo mejor amigo del gobierno, pero no de la ciudadanía. Los gestores ganan por todos lados, reciben los recursos públicos y ellos los administran y ganan por todos lados”.

Finalmente, la congresista Ángela Robledo, quien en abril radicó con la ANSA un proyecto alternativo de reforma a la salud que eliminaba las EPS como intermediarias financieras, dijo que “la participación ciudadana se pone en riesgo puesto que las agremiaciones de pacientes no van a tener incidencia en la toma de decisiones y en la distribución de los recursos”.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Una Fuerza Pública para la Paz

Se equivocan quienes afirman que la demanda contra la ampliación del Fuero Penal Militar es una acción contra la Paz y la Fuerza Pública. No hay nada más equivocado. Quienes demandamos esa reforma constitucional trabajamos por la paz con justicia social y tenemos profundo respeto por los miembros del Ejército y la Policía que protegen los Derechos Humanos en los territorios de Colombia.

Primero, hay que recordar que en la Constitución de 1991 ya existe el Fuero Penal Militar, que cubre los delitos que se cometen en razón del servicio. El problema es que este Gobierno pretendía que el fuero también cubriera las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, con esa reforma se quería convertir en juez y parte a los militares que cometieran agresiones contra la población civil, lo cual podría poner en duda la transparencia de los procesos. En otras palabras, los militares habrían terminado autoinvestigándose por sus propios delitos, una práctica que podía aumentar los altos índices de impunidad en los procesos, en especial los relacionados con los mal llamados "falsos positivos".

Segundo, es cierto que el Estado tiene una deuda enorme en materia de justicia con todos los colombianos, entre ellos los militares, pero eso no se arregla con la ampliación del Fuero Penal Militar, sino con una modernización, vigilancia y control de la justicia, en la que se busque propender por el bien común y se trabaje por la paz, la igualdad, la verdad, la reparación y la inclusión.

Tercero, en algún momento la ciudadanía reconocerá que la Corte Constitucional le hizo un favor a la democracia, al declarar e insistir en que los vicios de forma no son ninguna "nimiedad", ni un simple formalismo, como ocurrió con la revisión del segundo referendo reeleccionista de Uribe Vélez.

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Angela Robledo, primer lugar entre las mujeres como la mejor congresista del país, según encuesta.

Según el Panel de Opinión de la firma Cifras y Conceptos, que consultó a más de 2 mil líderes de opinión en 16 departamentos de Colombia, por segundo año consecutivo la Representante a la Cámara Angela Robledo se ubica en el primer lugar entre las mujeres como la mejor Representante del país durante el periodo legislativo.

Asimismo, Angela Robledo se ubicó en el primer lugar entre los parlamentarios del Partido Verde (ahora Alianza Verde), y ocupa el tercer lugar entre todos los Representantes a la Cámara del país, con un porcentaje del 12%.

Puede consultar toda la encuesta haciendo clic aquí. 

 

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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Angela Robledo NO apoyará la Reforma a la Salud por inconstitucional

La representante a la Cámara, Ángela Robledo dijo hoy que no apoyará la reforma a la salud que fue presentada por el Gobierno Santos por considerar que atenta contra la salud y la vida de los colombianos como pacientes, trabajadores y usuarios del sector.

Angela Robledo aseguró que la propuesta presentada por el Ministro Gaviria es un “reencauche de las EPS, que ahora con el nuevo esquema se les llama Gestoras, y son las que apropiarían y destinarían los recursos públicos de salud. Las Gestoras definirían a quién y en qué condiciones contratarían la prestación de los servicios de salud. ¿A quién le rendirán cuentas las Gestoras? ¿Serán recursos públicos a privados?, se pregunta la parlamentaria.

“En este marco, tanto los pacientes como las Instituciones Prestadoras (IPS) que son las que brindan directamente el servicio médico quedarían en una franca posición de desventaja, sometidas a los vaivenes del mercado, ya que se sigue considerando la salud como mercancía y no como derecho”, asegura Ángela Robledo.

De acuerdo con Angela Robledo, la intermediación no desaparece, el modelo no cambia. “Ese modelo ha sido la fuente de muchos de estos problemas de ineficiencia, corrupción, falta de acceso y del desplome de todo el sistema. Hoy ni siquiera sabemos los alcances de la deuda que para algunos es de 7 billones de pesos y para otros de 11 billones”, dijo. 

Angela Robledo aseguró que no es claro quién o quiénes van a diseñar y definir el nuevo plan de beneficios (Mi Plan), ya que como está redactada la ley, los criterios de inclusión son principalmente económicos y no tienen en cuenta los criterios de pacientes, usuarios y las agremiaciones médicas y científicas del país. Lo anterior pone en riesgo la atención y tratamiento de pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer, leucemia, sida, entre otras. Aquí también se vulnera la autonomía médica y el criterio científico para el tratamiento de las enfermedades.

La congresista insiste en que el modelo seguirá centralizado y no se dará apoyo contundente y claro a la red pública de hospitales del país, ya que la reestructuración y modernización de la red pública hospitalaria se hará siempre y cuando “sobren” recursos del aseguramiento, lo cual no va a pasar. De igual manera, al entregarle la responsabilidad de nombrar los directores de hospitales a los alcaldes y gobernadores, vulnera la meritocracia y la independencia médica. 

Angela Robledo puntualizó en que es urgente revisar y garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la salud que con la reforma actual siguen desprotegidos. “Todos hoy a la calle porque la salud lo amerita”.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

 

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Ángela Robledo pide a Santos revelar cuáles EPS financiaron su campaña

Ángela Robledo, Representante a la Cámara, radicó hoy un derecho de petición dirigido a conocer si el Presidente Juan Manuel Santos obtuvo financiación para su campaña de dineros provenientes del sector de la salud.

“(…) Solicito al Presidente de la República que nos muestre la lista de las contribuciones, donaciones y créditos de las personas naturales que estuvieran vinculadas a su campaña presidencial 2010-2014 en Primera y Segunda Vuelta, en específico quiénes hacían parte como integrantes de las juntas directivas, representantes legales, directores y/o subdirectores de EPS o IPS, fundaciones y demás sociedades que estén vinculadas a la salud”, anotó Angela Robledo en su comunicación.

Angela Robledo aseguró que esta solicitud está basada en la información que presentó el Consejo Nacional Electoral, que indica que el Partido de la U ocupa el primer lugar como beneficiario de las EPS y entidades de salud, con $ 445.000.000 en el año 2010, que coincide con la campaña a Presidencia. 

Asimismo, Ángela Robledo solicitó a todos los congresistas que hacen parte de la Comisión VII de la Cámara, responsables de debatir el proyecto presentando por el Gobierno Nacional, explicitar conflictos de interés, inhabilidades e impedimentos que pudieran tener para debatir las reformas al sistema de salud, el pasado mes de abril. 

La parlamentaria indicó que acompañará la marcha organizada para mañana miércoles 6 de noviembre por las organizaciones sociales de médicos y pacientes, la cual saldrá del Parque Nacional a las 8:30 de la mañana y caminará hacia la Plaza de Bolívar, con lo que se pretende que se retire la iniciativa gubernamental. 

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

Clic aquí para ver el derecho de petición completo.

 

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El cinismo de la "política dinámica" en Colombia. Columna de Angela Robledo

Hace unos años, el exministro Sabas Pretelt, hoy investigado por cohecho, dijo públicamente que “la política es dinámica”. La frase habría pasado desapercibida si no fuera porque muchos políticos la asumieron como un principio. Porque no hay duda: el llamado “voltearepismo” es la bandera política de unos cuantos lagartos que posan de funcionarios públicos.

Lo más vergonzoso del asunto es que varios de ellos han intentado convertirse en adalides de la coherencia y la consistencia, como si nadie se diera cuenta de sus maniobras y triquiñuelas. Unos se cambian anualmente de partido político y otros se matriculan en causas e ideologías contrarias a sus antecedentes e historias de vida. Hay otros, más cínicos, que se atreven a justificarse, utilizando para ello la frase célebre de los politiqueros modernos: “solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”.

Recordemos, por ejemplo, a Juan Manuel Santos, el mejor amigo de Álvaro Uribe en la pasada campaña presidencial, hoy convertido en su peor enemigo. ¿Qué pensarán los uribistas al acordarse que Antanas Mockus les advirtió que Santos era un camaleón que cambia de color según la ocasión?

El problema es que Santos es tan camaleón como los uribistas. ¿Cómo olvidar la pelea callejera en la que Uribe y Valencia Cossio se enfrentaron a puños? ¿Tanto escándalo para terminar postulando al hijo de Valencia Cossio como candidato a la Cámara de Representantes por el autodenominado Centro Democrático? Por favor, señores, ¡se hubieran ahorrado los golpes y los moretones de adolescentes!

Como si fuera poco, más recientemente supimos que Fabio Echeverri, quien acusó a Uribe de tener nexos con los narcotraficantes cuando era alcalde de Medellín, fue el presidente del comité de garantías de la convención uribista que eligió su candidato presidencial. Pobre Pachito.

Por otro lado tenemos a Enrique Peñalosa, Alfonso Prada y Lucho Garzón, que en su lucha por la Alcaldía de Bogotá se dejaron cargar el megáfono por el expresidente Uribe, cuyas prácticas de gobierno rechazamos con la Ola Verde. Y luego los cuatro tuvieron el descaro de subirse a la tarima a bailar juntos el “Aserejé” (ver video). 

¿Y qué me dicen del gobernador Kiko Gómez, el mejor amigo de Germán Vargas Lleras y Cambio Radical? Solo cuando lo capturaron por presunto homicidio y concierto para delinquir, le quitaron su amistad y lo declararon su nuevo peor enemigo. La relación les duró poco, pero la responsabilidad política que les cabe será eterna.

Cuesta decirlo, pero al parecer Sabas Pretelt terminó convertido en "profeta": en Colombia la política es dinámica. Tan dinámica que da risa ver a algunos de estos personajes dándoselas ahora de coherentes.

ÁNGELA ROBLEDO

 

 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA

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Subjetividades de la guerra

 

Mi relación con la violencia no fue intelectual, sino más bien intimista, prenarrativa que me remitía a mis orígenes, a mi infancia, a mi pueblo… mi primera memoria de aquellos episodios es la huida. Fue en 1951. Mi padre recibió aviso de que iba a ser asesinado, y una noche cualquiera, abandonándolo todo, partimos para Bogotá, engrosando la lista de lo que en la época se llamó "exiliados" y hoy, desplazados. Gonzalo Sánchez, el niño que huyó con su familia del Tolima, es hoy Director del Centro de Memoria Histórica.

Fui violada cuatro veces y ocurrió desde que estaba muy pequeña. Vivía en los Montes de María y como era una muchacha de 17 años me gustaba salir de fiesta. Fue después de una de esas fiestas que empezó mi calvario. Al salir me cogieron unos soldados y me violaron. La segunda, paramilitares, pero nunca denuncié lo que había pasado por miedo a que me juzgaran y dijeran que me lo había buscado. Cleiner Almanza. Mujer quien trabaja por la defensa de mujeres víctimas del conflicto armado.

Colombia ha sido un país de guerras inconclusas y recurrentes. Guerras cuyos referentes históricos están presentes en los recuerdos de muchos de nuestros antepasados, en sus narrativas, en sus comportamientos y hasta en sus temores más infantiles. Aureliano Buendía en Cien años de Soledad, del escritor García Márquez, podría encarnar desde la literatura el arquetipo del guerrero que pareciera eterno, por haber participado en 32 guerras civiles y haberlas perdido todas. A su vez Úrsula Iguarán encarna la fuerza femenina que enfrenta las adversidades, cuida la prole y se resiste a olvidar.

Guerras pasadas y presentes cuyas marcas atraviesan de manera intergeneracional nuestros procesos de subjetivación, entendidos éstos como complejas configuraciones de las experiencias de sí. Experiencias que escapan a prácticas y concepciones de un yo único, libre, racional, totalmente autónomo. Guerra que desnuda y exacerba nuestra condición de seres vulnerables y profundiza el patriarcado que por siglos ha pretendido explotar, someter, destruir. La nuestra es una Colombia donde hemos crecido en la práctica de una enemistad intemporal, lo dice poéticamente William Ospina. Las guerras nos ha transformado a todos de alguna manera por acción o por omisión, en víctimas y victimarios.

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No hay atención psicosocial a víctimas, denuncia Angela Robledo

“En un país en guerra, no hay atención psicosocial a víctimas”. Duras críticas de Ángela Robledo 

Bogotá, octubre  de 2013

Ángela Robledo, representante a la Cámara, pidió al Gobierno Nacional que se comprometa de manera decidida con las víctimas del conflicto armado en su mayoría mujeres y niños: “No es posible que un país transite hacia la paz sin una política contundente de atención y reparación integral a las 5,6 millones de víctimas del conflicto armado”. 

Hoy en debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Ángela Robledo denunció que el Gobierno ha delegado su responsabilidad frente a las víctimas en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con quien ha suscrito diferentes convenios  (79 de 2011; 184 de 2011; 654 de 2012; 363 de 2013) por $ 30.709.628.000 de pesos y en los cuales no está claro ni el objeto, ni los alcances, y menos los logros de dicha contratación. “El Gobierno actúa como una ONG y las ONG como gobierno”, dijo Angela Robledo.

“OIM pasó de ser la caja menor del ICBF como lo habíamos denunciado en otro debate a  administrar los recursos dirigidos a las víctimas y  no muestran ningún indicador de impacto. ¿Cómo es posible que el Gobierno Nacional no tenga hoy datos sobre avances mínimos un sistema de información aunque sea precario y pueda mostrar algún progreso en articulación y coordinación interinstitucional, frente a este enorme reto que tiene el país con la gente que ha sido desplazada, violada, torturada, masacrada?”, aseguró Ángela Robledo.

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Ángela Robledo pide investigar a la Ministra de Educación por negligencia

Bogotá, octubre 10 de 2013

La representante a la Cámara, Ángela Robledo solicitó hoy a la Procuraduría investigar y de ser el caso sancionar a la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, por no garantizar el derecho a la educación de unos 18 mil niños y jóvenes de los departamentos más pobres del país. 

“Solicito respetuosamente, se revise si María Fernanda Campo, Ministra de Educación, violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al omitir, negar o entrabar, el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligada, al permitir que 13.796 estudiantes del sector rural del Departamento de Bolívar no recibiesen el servicio educativo con calidad durante los primeros seis meses del año 2012, en detrimento de la responsabilidad que tiene la nación, de garantizar el cubrimiento del servicio, estipulada en el artículo 4º de la ley 115 de 1994”, anota el oficio radicado por la parlamentaria verde. 

Ángela Robledo dijo que: “He insistido a través de distintos debates de control políticoque la Ministra Campo no le está cumpliendo a niños y jóvenes de por lo menos 13 departamentos del país, tercerizando de mala manera recursos por más de 200 mil millones de pesos (2010-2013), en contrataciones que ni siquiera cumplen con el calendario escolar ”.

La parlamentaria aseguró que es una lástima que esto ocurra precisamente en los departamentos con mayor fragilidad social y en los que la guerra golpea con mayor fuerza a los menores de edad como Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Santander, Meta y Caquetá, en donde se encontró que a 393 municipios del país no llega directamente el Ministerio de Educación.

Ángela Robledo ha insistido en preguntar cuál es la responsabilidad ética y política del Ministerio de Educación que durante 20 años (resultado de la Ley 115 de 1994 y Decreto 2355 de 2009) conceptúa que las regiones no tienen suficiencia para cumplir con el derecho fundamental de niños y jóvenes a la educación. 

La congresista denunció que contratos  como el suscrito entre la Gobernación de Bolívar y la Diócesis de Mangangué por $ 14.886.340.00 para cubrir a unos 18 mil estudiantes, (Contrato 276 del 1 de marzo de 2013) han derivado en numerosas irregularidades que líderes locales han denunciado como “negocios de la Señora Enilce López”. (Ver más)

Ángela Robledo solicitó al Procurador que investigue además las acciones u omisiones del Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossain y de su Secretario de Educación.

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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La Alianza Verde. Columna de Angela Robledo

La democracia colombiana ha estado dominada por el bipartidismo y, en muchos casos, por un unanimismo que basa su gobernabilidad en el clientelismo "puro y duro". Los políticos colombianos con esta macabra práctica, han intensificado la inequidad, la pobreza, la corrupción y el debilitamiento del Estado. Ninguno de estos gobiernos le ha apostado de manera decisiva a la educación. Todos ellos se la han jugado a entrenar soldados en escuelas de alta montaña y no a formar ciudadanía.

Ante este escenario, ante esta democracia bipolar que se ha movido en un dualismo rígido y excluyente, se requiere una alternativa política que irrumpa, remueva, estas estructuras y genere transformaciones reales. Transformaciones políticas que permitan soñar una nueva Colombia. Se necesita un Frente Amplio, así como sucedió en Uruguay, que encarne un proyecto colectivo de sociedad, que permita elaborar un programa político de largo aliento a la medida de las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos, en medio de una gran diversidad ideológica, pero con un sueño común: tener un país con justicia social.

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Las guerras actuales como máquinas de victimización

En el mundo, después de la década de los 90, la población civil se ha convertido en el 90% de las víctimas de las guerras. Las guerras son organizaciones para la matanza, según el filósofo Michel Serres. Colombia no escapa a esa realidad con su macabro repertorio de violencia: masacres, desplazamientos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento forzado, secuestros, despojo de tierras, amenazas, torturas, cadáveres descuartizados y arrojados a los ríos, hornos crematorios, fosas comunes.

Según el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, entre los años 1958 y 2012, 220.000 colombianos y colombianas fueron asesinados, de los cuales 176.000 eran civiles. Guerra sin límites en las que más que acciones entre combatientes, han prevalecido ataques a la población civil, 8 de cada diez personas muertas, son civiles. Las 1.987 masacres, se perpetraron en más de 500 municipios, es decir en el 50% de nuestros municipios.

Más de 27.000 secuestros entre los años 1996 y 2005, una persona fue secuestrada cada 8 horas y afectados por minas antipersonas 10.189: civiles 3.885, miembros fuerza pública 6.034. Desaparecidos 25.000, casi el doble de todas las dictaduras del continente. Cerca de 14.000 niños, niñas y adolescentes reclutados. Cerca de 5.700.000 personas desplazadas, el 15% del total de la población. Entre 1985 y 2012, cada hora fueron desplazadas 24 personas. Colombia es hoy el primer país del mundo con el mayor número de personas en situación de desplazamiento.

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Priorizar vivienda para mujeres desplazadas piden congresistas

Los representantes a la Cámara, Ángela Robledo (Partido Verde) e Iván Cepeda (Polo Democrático) solicitaron a la Corte Constitucional que insista ante el Ministerio de Vivienda cumplir con las mujeres desplazadas a quienes se debe priorizar en las políticas de vivienda adoptadas por el gobierno nacional en razón de su especial condición de vulnerabilidad e indefensión.  

En carta dirigida a los magistrados de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, Luis Ernesto Vargas Silva, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Guillermo Guerrero Pérez, los congresistas anotan que a pesar de la expedición de innumerables instrumentos jurídicos para proteger a las mujeres víctimas, como la Sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento, la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras y la misma Ley 1537 de 2012 sobre vivienda; los derechos  fundamentales de las mujeres desplazadas siguen sin ser garantizados, en particular el derecho a una vivienda digna. 

La representante Ángela Robledo dijo que el éxito en la aplicación tanto de las leyes como de las políticas públicas radica, además de la voluntad política, en la sinergia y concreción de las mismas en poblaciones definidas: “Las mujeres en situación de desplazamiento cuentan con la Sentencia T-025 de 2004, con la Ley 1448 de 2011 que incluye todo un capítulo de enfoque diferencial y compromete al Estado con garantías y medidas especiales a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adultos mayores, entre otros,  y con la Ley 1537 de 2012  de vivienda que prioriza a las familias en situación de desplazamiento, en su mayoría, mujeres cabeza de hogar; pero esta normatividad no se concreta  en soluciones efectivas para ellas y sus familias”.

En la misiva los parlamentarios instan a la Corte Constitucional para que conmine al Ministerio de Vivienda,   a cumplir las disposiciones consignadas en diferentes fallos y autos emitidos por ese tribunal en relación con la población víctima de desplazamiento forzado y el enfoque diferencial, en particular las mujeres, y que al día de hoy, no han sido tenidos en cuenta por el gobierno al momento de diseñar y ejecutar las políticas y programas para la población en mayor situación de fragilidad social.  

“La incapacidad técnica del gobierno nacional para crear un sistema que priorice y garantice el acceso a la vivienda a las mujeres víctimas y los demás sujetos de especial protección constitucional, no debe ser excusa para seguir incumpliéndole a las víctimas colombianas y a la Corte Constitucional” dijo la Representante Angela Robledo.  

Los parlamentarios dijeron que les preocupa la lentitud del gobierno para resolver el déficit de vivienda para las mujeres víctimas de la violencia, así como que se no tengan en cuenta las denuncias de entes de control como la Procuraduría al respecto.

“(…) Reiteramos la solicitud de que en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 se conmine al Ministerio de Vivienda a cumplir con su deber constitucional y legal  (…) y a coordinar con las entidades territoriales para la aplicación de criterios que permitan priorizar en el programa de vivienda gratuita, a las mujeres cabeza de familia, los hogares con integrantes en condición de discapacidad y a las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección constitucional”, anotan los congresistas en la comunicación que está firmada además de Ángela Robledo (Partido Verde) e Iván Cepeda (Polo Democrático) con las organizaciones de mujeres que hacen parte del Grupo Distrital de Seguimiento al Auto 092 de Mujeres y Desplazamiento.   

PRENSA: 3202343806/Margarita Sarmiento

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Los TLC intensifican la exclusión de las mujeres rurales y campesinas en Colombia

Bogotá, septiembre 11 de 2013

“Las mujeres siempre llevan la peor parte cuando de indicadores sociales se trata, y más si son mujeres campesinas y del sector rural:  son las más pobres entre los pobres, trabajan más horas al día (entre 14 y 18) y ganan muchísimo menos; no tienen acceso a servicios básicos, tampoco a la tierra, al crédito y a los subsidios. El desempleo rural es prácticamente femenino”, aseguró Ángela Robledo en constancia presentada en el Congreso sobre el impacto de los tratados de libre comercio (TLC).

Ángela Robledo aseguró que de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura la pobreza rural es alarmante: 48,3%, más del doble de las zonas urbanas (20,6%) medida por el Indice de Pobreza Multidimensional que analiza de manera integral la calidad de vida de la gente, el coeficiente de Gini rural está en 0,85 (siendo 1 la mayor desigualdad) y el ingreso per cápita rural en $207.235 (2012). Entre abril y junio de este año, la tasa de desempleo en el sector rural alcanzó 5,7%. Según el Dane, la tasa de desempleo para las mujeres rurales está en el orden de 18, 7% (2010).

Angela Robledo aseguró que la mujer rural constituye la cuarta parte de la población que produce más de la mitad de la comida para el mundo, sin embargo sólo posee el 2% de la tierra y recibe el 1% del crédito agrícola. (Action AID).  En el país las mujeres recibieron 232.000  y los hombres 613.000  de los créditos que otorgó el Fondo Agrario (Finagro 2002-2008). 

En Colombia, a pesar de la concentración y la falta de acceso a la tierra, los pequeños campesinos producen 70% de los alimentos que consumimos (77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra).

La congresista dijo que el país tiene demasiados problemas, pero nada se compara con la situación de miseria en que viven 11 millones de personas (49%, 5 millones son mujeres) que sobreviven en las zonas rurales y que hoy no cuentan mínimamente con servicios básicos de alcantarillado (85% de la población no tiene) y agua potable (60% de la población no tiene). 

“Las cifras de educación son lamentables: 10.2% mujeres rurales no tiene educación, 26.5% cuentan con primaria incompleta, 16.1% con primaria completa, 23% secundaria completa, y solo un 9.6% posee estudios universitarios. La tasa de analfabetismo en el sector rural entre hombres y mujeres es del 19%”.  (Comité Nacional de Reforma, 2009).

“Examinando los indicadores sociales y las situación de extrema fragilidad social, económica y política que vive el campo y en particular las mujeres rurales, podríamos afirmar que los tan cacareados TLC no sirven sino para aumentar las brechas de inequidad y pobreza en nuestro país. ¿Cómo podría explicar el Gobierno Nacional que el desempleo de las mujeres rurales sea casi cinco veces más que el de los campesinos hombres? Cifras prospectivas de Luis Jorge Garay (2007) nos demuestran con contundencia que 70% de los campesinos disminuirían sus ingresos en al menos 16% tras las aplicación de los TLC”, aseguró Ángela Robledo.

“El ex Ministro Estupiñán reconoce que el campo tiene debilidades estructurales, sería clave que el Gobierno Nacional admita también el impacto negativo del TLC con Estados Unidos por ejemplo:   Entre 2008 y 2009 (año en que el TLC debería haber tenido un impacto importante) el déficit se duplica (pasa de -2,3% a -4,3%) y de 2008 a 2012 el déficit se mantiene constante (-2,8%)”, dijo Ángela Robledo. 

La parlamentaria aseguró que antes de la apertura económica el sector rural crecía al ritmo del PIB y llegó en los años 80 a superarlo. Hoy sólo aporta al PIB el 6 % y sin embargo genera el 18 % del empleo, pero sus condiciones laborales son totalmente precarias: sólo el 4.5 % de los trabajadores del campo tienen contrato de trabajo y están afiliados al régimen contributivo. La situación de la mujer rural es la más alarmante: su tasa de ocupación es del 30.6%, menos de la mitad de la de los hombres. 

Adicional a la pobreza y exclusión que vive el campo, todos sabemos que lo rural está minado por la violencia y la guerra que implica múltiples riesgos para la vida y la integridad de las mujeres que sufren violaciones, despojos y desplazamientos y que la Corte Consitucional ha ordenado proteger de manera integral a través de las sentencias T-025 de 2004 dirigida a las víctima de desplazamiento y despojo forzados (en particular a mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad); el Auto 092 de 2008 que determina los principales riesgos que sufren las mujeres a causa del conflicto armado y establece la ejecución de políticas públicas específicas para responder a las necesidades de la población; y el Auto 098 de 2013 mediante la cual la Corte ordena proteger de manera especial a las mujeres líderes que promueven el cumplimiento del Auto 092 de 2008 y que agravó el riesgo y la violencia contra las mujeres, especialmente en el caso de las mujeres indígenas, afrocolombianas y campesinas defensoras de derechos humanos.

Ángela Robledo denunció que a pesar del trabajo y activismo de organizaciones sociales como Anmucic y la Red de Mujeres Rurales que sacaron adelante iniciativas para mejorar la precaria situación de la mujer rural como las leyes 30 de 1988, 160 de 1994 y 731 de 2002, hoy luego de  25 años, los avances son mínimos casi nulos. 

El país tiene que reconocer que no existen, aún después de casi 20 años, condiciones para una apertura económica y que las demandas del posconflicto exigirán políticas contundentes para un campo competitivo, con equidad y en condiciones dignas para todos, pero en especial para las mujeres, finalizó la representante a la Cámara Ángela Robledo.

PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

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Todas las herramientas de justicia internacional tienen que ponerse al servicio de la paz

 

Fuente Oficina de Prensa HR. Angela Robledo. 

Bogotá, 17 de septiembre de 2013.- Legisladores de América Latina, en particular Bolivia, Colombia, México, Perú,  Argentina, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, analizan las enmiendas de Kampala y el compromiso de América Latina con la Carta de las Naciones Unidas y la prevención de atrocidades; la protección de poblaciones vulnerables a través la adecuación del orden jurídico interno al Estatuto de Roma: Niños, Mujeres, Grupos Indígenas, Minorías Étnicas, y la contribución del Estatuto de Roma al fortalecimiento de los sistemas jurídicos en la lucha contra la impunidad. 

Christian Wenaweser, representante permanente de Liechtenstein ante las Naciones Unidas, Presidente de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma (2008-2011); Mariana Chacón Lozano del Comité Internacional de la Cruz Roja, David Donat Cattin de Acción Mundial de Parlamentarios y Hugo Relva de Amnistía Internacional, entre muchos otros expertos, analizan la legislación existente y las propuestas legislativas y políticas para atender los retos en materia de implementación del Estatuto de Roma. 

Ángela Robledo ha dicho que la legislación internacional debe aplicarse en un eventual proceso de paz en Colombia sin que haya impunidad y en función de la verdad, la justicia y la reparación a que tienen derecho todas las víctimas. “Colombia necesita salir del oscuro agujero de la guerra y la comunidad internacional tiene la obligación solidaria de ayudarnos en ello”, dijo la parlamentaria colombiana.

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Los abusos y el futuro del ESMAD. Columna de Angela Robledo

La represión del paro agrario nacional que terminó en una gran movilización en el país hizo más evidente otra injusticia en Colombia: la violación de los Derechos Humanos por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), que fue creado por un "decreto transitorio" bajo el gobierno de Andrés Pastrana, con el objetivo de modernizar la Policía Nacional y desarrollar una unidad especial de protección al orden público. Pues bien, desde el año 2001, cuando se produjo la primera muerte de un estudiante de medicina en el campus de la Universidad Nacional, ha sido denunciado por organizaciones nacionales e internacionales por atentar impunemente contra la vida y la integridad de colombianos inocentes, en su mayoría jóvenes estudiantes, indígenas, campesinos y periodistas independientes.

No hay duda que el ESMAD hay que desintegrarlo o reformarlo para evitar una tragedia más grave, tras el reporte de cuatro muertos y unos 200 heridos en las manifestaciones más recientes, bajo el profundo silencio del señor Procurador de la Nación, tan diligente para investigar a sus contradictores, pero tan lento para sancionar a sus amigos y a los policías que abusan del poder.

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Ángela Robledo reclama al Procurador solidaridad con las mujeres

La representante a la Cámara, Ángela Robledo dijo que el Ministerio Público ha desarrollado una serie de acciones en detrimento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, contraviniendo no sólo la Constitución y las normas nacionales sino también los tratados internacionales sobre población y desarrollo suscritos por el país y que implican múltiples discriminaciones para las mujeres. 

 “Las mujeres no entendemos que el Estado insista en criminalizar la autonomía de las mujeres y las deje desamparadas en su salud sexual y reproductiva. Llama la atención que el Procurador no cumpla con sus funciones constitucionales (Artículo 277 CN) y que por lo menos no sea solidario con ellas ya que no sólo es la muerte por abortos clandestinos, sino la alta tasa de morbimortalidad por enfermedades prevenibles como el cáncer de cuello uterino, el Sida, las enfermedades de transmisión sexual y todas aquellas vinculadas a la gestación y al parto que significan la muerte de muchas mujeres”, dijo Ángela Robledo.  

Con base en análisis realizados por expertas y organizaciones sociales como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Casa de la Mujer, la parlamentaria anotó que la Procuraduría con sus acciones y omisiones ha puesto en riesgo la salud y la vida de las mujeres obstaculizando su acceso a la anticoncepción de emergencia, así como a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos amparados por la Corte Constitucional, en particular la Sentencia C-355 de 2006 y sus desarrollos.

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¿Bienvenidos al futuro? Columna de Angela Robledo

 

El pasado 13 de agosto se cumplieron 14 años del vil asesinato de Jaime Garzón. Al recordar tantas de sus geniales e irónicas frases, vale la pena mencionar aquella que repetía al referirse al gobierno de César Gaviria: "Colombianos, bienvenidos al oscuro". Frase elocuente que resume muy bien las promesas de cada gobierno, incluso el que está en este momento en campaña reeleccionista. Hace 23 años Gaviria nos prometía un futuro de apertura e industrialización. Hoy Santos nos promete una modernidad con TLC’s, sostenibilidades fiscales y megaproyectos agrarios. Pero lo cierto es que estamos en una realidad oscura, violenta y excluyente.

"Bienvenidos al oscuro" se ha traducido en importación de alimentos que se producían en Colombia y que tiene quebrados a los campesinos, en aperturas de mercados que desconocen nuestros contextos y arruinan las economías familiares lideradas sobre todo por mujeres. "Bienvenidos al oscuro" ha abierto la senda de la desigualdad y la exclusión, olvidó las utopías construidas desde nuestra tierra y se entregó a los pragmatismos y los intereses impuestos por inmensos capitales extranjeros.

"Bienvenidos al oscuro" ha significado asumir ciegamente los axiomas del Consenso de Washington, que nos ordenó reducir el Estado, confiar ciegamente en el mercado, en la liberalización financiera, y obedecer a una sostenibilidad fiscal que vulnera derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Juan Manuel Santos y sus ministros siguen hablando de un "oscuro" venidero y lo llaman: prosperidad y modernización. Yo me pregunto ¿de qué modernización estamos hablando? ¿La modernización que aprobó una reforma tributaria que beneficia a los más ricos de este país y pone en riesgo al ICBF y al Sena? ¿La modernización que iba a reformar la justicia beneficiando a los más poderosos, olvidando a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, permitiendo también la impunidad de los parapolíticos? ¿La modernización que no atiende un campo violentado y excluido, el más excluido de América Latina y de los más excluidos del mundo? ¿Modernización que tiene destrozadas carreteras como las del Catatumbo? ¿Modernización ante protestas nacionales que son acalladas con autoritarismo y violaciones de derechos humanos como lo denuncian centenares de ciudadanos del país? Protestas que, además, se fundan en reivindicaciones legítimas con trasfondos de pobreza y olvido histórico ¡A esta modernización yo no le juego! ¡No me inviten a ese futuro!

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Ángela Robledo insta al Procurador a responder a las mujeres y a las minorías

 

La parlamentaria Ángela Robledo radicó hoy un derecho de petición que recoge más de 30 preguntas realizadas por los asistentes a la Audiencia Pública: ¿Avanza la Procuraduría en la garantía de los Derechos Humanos en Colombia?, realizada en el Congreso el pasado 1 de agosto, con la participación de unos 500 asistentes y a la que tanto el Procurador Alejandro Ordoñez como el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora se excusaron de asistir.

"La democracia se sustenta en la capacidad que tiene la sociedad y los poderes públicos de convivir con la diferencia, con el pluralismo, como primer paso hacia una sociedad en paz e incluyente. De allí que escuchar a las minorías y a los grupos sociales históricamente discriminados haga parte de nuestros compromisos y deberes como funcionarios públicos", anotó la congresista Ángela Robledo en su derecho de petición.

Angela Robledo aseguró además que para el desarrollo pleno de la democracia es de vital importancia el cumplimiento de las funciones constitucionales que están en cabeza del Procurador y que de allí desprende su interés por conocer de primera mano los resultados, avances y posibles obstáculos en la garantía de los derechos humanos de las minorías, grupos excluidos y oposición política, entre otras.

Ángela Robledo explicó que esta audiencia fue aprobada en la Plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 20 de julio y convocada por Hernando Hernández, Iván Cepeda, Wilson Arias y Ángela Robledo con el objetivo de revisar temas de interés nacional: Ley de tierras, proceso de paz, Fuero Penal Militar, minería, protestas campesinas en el Catatumbo, derechos humanos de las mujeres, movimiento LGBTI, estado laico, derecho ambiental, derechos de la oposición y minorías políticas, entre otros temas.

Fuente Oficina de Prensa HR. Ángela Robledo

Prensa: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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La silla vacía del Procurador General

"La procuraduría no es redundante e inútil, con este procurador es sumamente peligrosa": Rodrigo Uprimny

Con esta frase, culminó su presentación el profesor Uprimny, exmagistrado de la Corte Constitucional y Director de DeJusticia, en la audiencia pública que el pasado 1 de agosto realizamos con los representantes a la Cámara Wilson Arias, Iván Cepeda y Hernando Hernández: ¿Avanza la Procuraduría en la garantía de los derechos humanos en Colombia? a la cual fue citado el procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Ninguno de los dos se presentó. Sus sillas permanecieron vacías.

La audiencia contó con la participación de alrededor de 500 personas y el apoyo decidido de 40 organizaciones: Casa de la Mujer, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Sisma Mujer, Alianza Colombiana por los derechos sexuales y reproductivos, Colombia Diversa, Animanaturalis Int, Asociación de Ateos y Agnósticos, Campaña Monseñor Procurador se equivocó de profesión, Campaña por Matrimonio Igualitario, Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Colombiana de Juristas, Consejo Consultivo de Mujeres, DeJusticia, Dosis de Personalidad, Mesa Mujeres y Economía, Mesa Nacional de Víctimas, Ni una Más- Rosa Elvira Cely, Red Nacional de Mujeres, Trans-populares, Trans-ser, Unión de Ciudadanas de Colombia, Viva la Ciudadanía, Women´s Link Worldwide, La colectiva, entre otras.

Es una lástima, pues aunque el procurador, la noche anterior respondió el cuestionario que habíamos enviado previamente, muchos de los interrogantes quedaron sin resolver.

Sobre derechos humanos y paz: "¿Por qué el procurador general de la Nación no promueve el proceso de paz que busca acabar esta guerra? ¿por qué no cumple y hace cumplir el artículo 22 de la Constitución referido al derecho y deber de vivir en un país en paz? ¿Por qué este anhelo y convicción de justicia radical no surgió cuando se estaba negociando, con los Paramilitares la ley de Justicia y Paz? Sabemos que en ese proceso ha primado el silencio por parte de la Procuraduría.

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Feliz cumpleaños, Bogotá. Columna de Angela Robledo

Hoy, en un nuevo cumpleaños de Bogotá, comienzo por celebrar la vida: la de miles de personas que dejaron de morir violentamente en este año, lo que significó una disminución histórica de las cifras de homicidios. Es el resultado del desarme, la política de seguridad ciudadana y la conciencia por la vida de los otros. 

Ese es el camino: la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la cultura ciudadana, la igualdad, la justicia, la equidad, la inclusión y la tolerancia. Ese es el progreso más valioso, por encima del cemento, la tecnología, los automóviles, las autopistas, el transporte masivo o los centros comerciales, que se prestan para el consumismo desbordado, en un mundo que reclama más respeto por el medio ambiente.

Hoy es una oportunidad para preguntarse qué hemos hecho para mejorar esta ciudad. Porque hay personas dedicadas a quejarse, sin hacer primero un balance individual o colectivo sobre el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. En mi caso, como Representante a la Cámara por Bogotá, estos son algunos de mis aportes: 

-He publicado más de 15 informes de rendición de cuentas sobre mi trabajo político y legislativo. 

-He buscado que las mujeres víctimas de violencia sexual y desplazamiento tengan acceso preferente a la vivienda de interés prioritario en Bogotá. 

-Colaboré en el archivo de dos artículos de la Reforma Tributaria que eliminaban los impuestos de licores.   

-Lideré los debates de control político sobre niñez indígena, niñez en la guerra, nutrición, violencia sexual, educación, adopciones y sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

-Colaboré en la aprobación de la Ley de Cuentas Maestras, que permitió que el Gobierno Nacional girara unos recursos a Bogotá para pagar las deudas de la red hospitalaria.

-Denuncié el cartel de la contratación de alimentos en el ICBF. 

-Estuve en la organización y el desarrollo de la Marcha por la Paz. 

-Convoqué la marcha por el derecho a la salud con la Alianza Nacional por la Salud.

-Con la Secretaría de Salud y la ANSA, estamos diseñando y proponiendo un nuevo sistema de salud, que elimine las EPS y la integración vertical.  

-Pedí a los Concejales de Bogotá que hicieran públicas sus declaraciones de renta, como un compromiso con la transparencia y la lucha anticorrupción. 

-Solicité la expulsión del Partido Verde del concejal José Juan Rodríguez, presunto vinculado al carrusel de la contratación. 

-Escribo quincenalmente un blog sobre Bogotá. 

-Me he opuesto públicamente a la revocatoria del mandato de Gustavo Petro. 

-Acompaño a la administración distrital en su empeño por garantizarles una vida en dignidad a los recicladores, a los habitantes de la calle y a los desplazados.

No me queda más que desearle un feliz cumpleaños a Bogotá, una ciudad de amores y odios, de colombianos y de extranjeros, de ricos y pobres, de policías y de civiles, de delincuentes y de inocentes, de homosexuales y heterosexuales, de santafereños y embajadores, de estudiantes y maestros, de empresarios y empleados, de ambientalistas y consumidores, de niños y niñas, de peatones y conductores.

Esta es nuestra ciudad, con concejales que no nos representan, pero es nuestra. Cuidémosla. No dejaremos que la destruya un grupo pequeño de corruptos y contratistas. Hay que defenderla, hoy y siempre. 

ANGELA ROBLEDO

Representante a la Cámara por Bogotá

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Angela Robledo rinde cuentas a la ciudadanía sobre sus tres años en el Congreso

Ciudadanas y ciudadanos: mi trabajo se paga con recursos públicos. Por eso, desde el año 2010, fecha en la que llegué al Congreso de la República, he publicado más de 15 informes de rendición de cuentas sobre mi trabajo político y legislativo, que dan a ustedes argumentos y criterios para evaluar mi labor en la Cámara de Representantes. 

En esta oportunidad hicimos un periódico que reúne lo más importante de mi tarea en estos tres años, como un compromiso con la transparencia, la pedagogía, la democracia, la deliberación pública, la fiscalización del poder y la vigilancia de los recursos públicos.

En Internet pueden leerlo haciendo clic en el siguiente link: http://goo.gl/9KGJ16

Quienes estén interesados en tener el periódico impreso, me pueden escribir a angelarobledo@partidoverde.org.co

Para más información, los invito a visitar mi sitio web: www.angelarobledo.com. 

¡Bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias!

 

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Congreso invita al Procurador a rendir cuentas

 

Bogotá, julio 29 de 2013

Los representantes a la Cámara, Ángela Robledo, Iván Cepeda, Hernando Hernández, Wilson Arias y organizaciones sociales y de Derechos Humanos promueven audiencia pública "¿Avanza la Procuraduría en Derechos Humanos en Colombia?", que se realizará el próximo jueves 1 de agosto de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. en el Salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República.  

“La Procuraduría es vital en la garantía de derechos humanos y la búsqueda de la paz, por tanto queremos abrir espacios de discusión y análisis y revisar si en realidad se cumplen con estos objetivos. Todos los funcionarios públicos debemos rendir cuentas y eso es lo que queremos que haga el Ministerio Público", dijo Angela Robledo. 

En los paneles de discusión participarán Clara López, Alonso Salazar, Guillermo Asprilla, Feliciano Valencia, Sandra Mazo, Olga Amparo Sánchez, David Flórez, German Rincón, Marcela Sánchez, Beatriz Quintero, Sebastián Cifuentes, Ferney Rodríguez, Mauricio Albarracín y Rodrigo Uprimny, entro otros.

A la audiencia además del Procurador está invitado el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.

Ver invitación y agenda.

PRENSA: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

 

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Santos: optimista y mentiroso. Columna de Angela Robledo

El pasado 20 de julio, el presidente Juan Manuel Santos instaló ante el Congreso y el país el último período legislativo. Lo hizo a través de su discurso "Pensemos en grande", con el que aprovechó para presentar su informe con el nuevo eslogan de la campaña para su reelección: "Colombia, un país seguro, moderno y justo".

Fue en el aparte sobre ser un país justo donde se dispararon sus mentiras. Las más cínicas fueron las siguientes: "Soy optimista porque comenzamos a reparar miles de víctimas campesinas en Colombia". Son más de 5 millones de víctimas, muchas de las cuales han venido denunciando que la Unidad de Atención a Víctimas está cooptada por politiqueros y trámites eternos. Este año han asesinado a más de 70 líderes de restitución de tierras, entre ellos José Segundo Turizo, el pasado 15 de julio.

"Soy optimista", dijo Santos, porque se rompió la tendencia de la desigualdad económica y ya "no somos el segundo país más desigual de la región". Pero un reciente estudio de la ONG internacional Save the Children confirmó que somos el tercer país más desigual del mundo para los niños. Y en zonas como el Catatumbo, el 60% de sus habitantes tiene necesidades básicas insatisfechas, según el gobernador Edgar Díaz.

"Soy optimista", repitió Santos, porque casi 9 millones de niños y jóvenes estudian gratis. Sin embargo, el presidente olvida que, según datos del Banco Mundial, en los últimos años bajó el peso de la educación en el PIB. En el sur de Bolívar, en 11 municipios cerca de 18 mil niños duraron casi un semestre sin escuela; en Córdoba, 12 municipios con 17 mil niños sin educación, e igual situación se presentó hace poco en Caquetá, cuando maestros y padres de familia salieron a exigir el derecho a la educación para más de 9.500 niños.

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Ángela Robledo, nueva vocera del Partido Verde en la Cámara de Representantes

 

Bogotá, julio 23 de 2013

La congresista Ángela Robledo destacada por su trabajo en defensa de la paz y los derechos humanos, fue elegida como vocera de los verdes en la legislatura que arranca.

Angela Robledo ha mantenido una postura crítica e independiente en su labor en la Cámara de Representantes en donde ha defendido férreamente los principios de la Ola Verde, alejada de la Unidad Nacional del Presidente Santos.

“Seguiré trabajando por las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas sobre quienes recae con mayor fuerza la guerra, la pobreza y la falta de oportunidades”, dijo Ángela Robledo.

La congresista está empeñada en que su Partido se renueve: “Sueño con un Partido alternativo, liderado por los jóvenes y las mujeres, alejado de los clientelismos y las prácticas tradicionales. No es fácil, pero el mundo va cambiando y la fuerza de la ciudadanía se siente en el inconformismo, en las múltiples primaveras hastiadas de la indiferencia y la desigualdad”, dijo Ángela Robledo.   

Angela Robledo ha jugado un papel clave en la reconfiguración política de los verdes y viene trabajando de la mano de un sinnúmero de lideresas el Primer Congreso Nacional de Mujeres del Partido Verde que se realizará en Cali del 17 al 19 de agosto y que reunirá a unas 450 mujeres.

“Mi propuesta es hacer una vocería que reconozca la pluralidad que tiene hoy el partido y que es su riqueza pero también su talón de Aquiles. Estoy convencida que se puede mantener la unidad en la diversidad, basada en el respeto por la diferencia, el diálogo y acogiendo los principios que me ataron a la Ola Verde”, aseguró la parlamentaria Ángela Robledo. 

Prensa Ángela Robledo: 3202343806- Margarita Sarmiento

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Una segunda oportunidad para el Partido Verde. Por Angela Robledo

 

 

Me declaré disidente del Partido Verde cuando Enrique Peñalosa decidió aliarse con el expresidente Uribe, en otro de sus fallidos intentos por gobernar en Bogotá. Recuerdo que Antanas Mockus, Liliana Caballero, Juan Carlos Flórez, John Sudarsky y yo fuimos las únicas cinco personas de la Dirección Nacional que nos opusimos a esa maniobra, a todas luces innecesaria, politiquera y oportunista.

Pero, con oportunismo y todo, Peñalosa perdió. Ni siquiera le sirvió haberse subido a la tarima y haber bailado el ‘aserejé’ con el expresidente y con Lucho Garzón, un episodio que permanecerá en el repertorio de los ridículos más famosos en Colombia. Quizás la ciudadanía le cobró a Peñalosa el cinismo, el ‘todo vale’ y la falta de coherencia con los principios del Partido Verde, una colectividad que se vanagloriaba de ser diferente, que prometía la renovación en la política, que nació rechazando las prácticas tradicionales.

De esas promesas queda muy poco, para tristeza mía y de muchos otros jóvenes, hombres y mujeres que hace tres años se montaron a la Ola Verde, agitando las banderas de la educación, la vida sagrada, la garantía de los derechos humanos, la búsqueda de la equidad, el respeto a la Constitución y el cuidado de los recursos públicos.

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Los indignados en Bogotá. Por Angela Robledo

El establecimiento anda nervioso porque los indignados se están tomando Bogotá. La fuerza creciente de su movilización me recuerda a la Ola Verde, el movimiento que en el año 2010 puso a temblar a los políticos tradicionales, al declararles la lucha contra el clientelismo, las chuzaDAS, el ‘todo vale’, los ‘falsos positivos’ y la corrupción.

La Ola Verde duró poco, pero quedó la indignación. Tal vez inspirados en las manifestaciones de Brasil o Turquía, las ylos jóvenes de hoy se resisten al abuso del poder, a la manipulación mediática, a la persecución o al autoritarismo. Se resisten porque no tienen que aguantarse a los tiranos que se disfrazan de demócratas. Mucho menos cuando son esos tiranos los que posan de supuestos “representantes del pueblo”, elegidos por voto popular.

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Angela Robledo se opuso a la Reforma a la Salud

La Representante a la Cámara Ángela Robledo, se opuso rotundamente a la aprobación de la reforma a la salud que se debatió hoy en la plenaria de la Cámara, tras considerar que la propuesta mantiene el espíritu empresarial de lucro y ganancia, contario a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, que consagra la salud como un servicio público de responsabilidad estatal y bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La parlamentaria aseguró que la propuesta presentada por el Gobierno Santos no cambia sustancialmente el modelo actual que considera la salud como un negocio que depende de la capacidad de pago y no como un derecho fundamental.

“El modelo de salud propuesto por el Gobierno Santos insiste en apostarle a la salud según la capacidad de pago de las personas, quienes tienen más podrán pagar un mejor servicio de salud, quienes tienen menos pues accederán en la medida de sus recursos y quienes no tienen dinero “gozarán” de mínimos en salud”, dijo Ángela Robledo. 

En constancia radicada hoy en la Cámara de Representantes, Angela Robledo explicó que se continuará la intermediación financiera, es decir, el sistema se sostendrá en empresas privadas (EPS, ARS, ARP, Gestoras o como se quieran nombrar) que manejarán los recursos públicos de la salud  para obtener ganancias, más no para garantizar derechos.

No les corresponde a las empresas privadas garantizar derechos, esa es una obligación del Estado”, subrayó la Representante Ángela Robledo.

Con el agravante que estas “empresas de la salud” han utilizado los recursos públicos no sólo para enriquecerse de manera ilegal, sino que quebraron el sistema.  El desfalco por recobros en los últimos años ha sido de 4,5 billones de pesos y la cuenta por la corrupción en la salud asciende a unos 12 billones de pesos, aseguró la parlamentaria. 

“Hace muy poco conocí el caso Juan Manuel Lermus Aguirre, un pequeño de 5 añitos que murió de leucemia en el Chocó porque la tutela no salió a tiempo. A ese mecanismo acuden muchos colombianos: Una de cada cuatro tutelas es para garantizar el servicio a la salud (23%) y  casi el 70%  (67,81%) son por servicios incluidos en el POS. (Fuente: Defensoría del Pueblo, 2012). 

En el mes de abril, la representante Ángela Robledo pidió a todos los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara que explicaran e hicieran explícitos los conflictos de intereses, inhabilidades e impedimentos que pudieran tener para debatir las reformas al sistema de salud. “Llamé la atención porque hace poco más de dos años, observo los continuos señalamientos de los órganos de control y los medios de comunicación a los integrantes de la Comisión Séptima, por posibles irregularidades penales en el control de los recursos públicos de la salud y participación indebida en la celebración de contratos o cohechos”, anotó la congresista.

Ángela Robledo ha venido trabajando con un grupo de organizaciones sociales, en particular con la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA) y otros congresistas para proponer un modelo público y descentralizado de salud en donde se reconozca la salud como un derecho fundamental: “Nosotros estamos proponiendo acabar con el modelo perverso de la Ley 100 de 1993; eliminar las EPS o las aseguradoras privadas que terminan siendo lo mismo, y considerar como lo plantea Mario Hernández, los determinantes de la salud: agua potable, alimentación sana y suficiente, ambiente sano, trabajo saludable, vivienda digna y participación social, así como la atención integral de la enfermedad cuando se requiera con necesidad y sin obstáculo alguno”, aseguró Angela Robledo.

PRENSA: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

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¡De la inmunidad a la impunidad parlamentaria! Por: Angela Robledo

 

La Procuraduría General de la Nación decidió no darle trámite a la queja que interpuse en noviembre del 2012, contra el senador Roberto Gerlein por sus expresiones discriminatorias y homofóbicas contra la comunidad LGBTI durante el trámite del proyecto de ley dirigido a regular las uniones matrimoniales igualitarias en el país, el cual fue inicialmente discutido en la Comisión Primera de Senado a finales del año pasado.

El Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien dentro de sus funciones constitucionales debe ser garante de los derechos humanos en Colombia, consideró de manera cínica que: "(…) Las declaraciones del senador Gerlein se dieron en el marco de un debate legislativo (…) resulta absolutamente claro que las mismas se emitieron en ejercicio del cargo de congresista y por tal razón se encuentran cobijadas por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. Por su parte, el despacho debe resaltar que aunque las mencionadas declaraciones del senador Gerlein fueron altamente polémicas y controversiales, las mismas no alcanzaron a configurar una conducta homofóbica y/o discriminatoria en tanto el acusado congresista manifestó su apreciación personal sobre la práctica sexual entre parejas del mismo sexo, pero no expresó su rechazo o aversión contra quienes tuvieran tales orientaciones y mucho menos pretendió desconocer los derechos de dicha población".

Hila delgado el procurador para salirse por la tangente y defender una postura que seguramente también comparte. Este concepto no es solo injusto sino ofensivo. Salir a argumentar y a defender la inmunidad parlamentaria de un congresista que se saltó todos los cánones del debate y la argumentación para ofender a una minoría que ha sido no solo discriminada y perseguida, sino muchas veces eliminada por su condición alternativa y su opción sexual, es también sembrar odio en una Colombia golpeada por la muerte y la desolación y que está agotada de posturas extremistas y anacrónicas.

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El látigo del Procurador. Por Angela Robledo

Se ha vuelto costumbre que el Procurador General haga lo que se le da la gana: desobedece la sentencias de la Corte Constitucional en materia de interrupción voluntaria del embarazo, utiliza el código disciplinario a su antojo, se opone a la Paz, rechaza el matrimonio igualitario y la dosis personal, intenta imponer sus creencias religiosas, demanda a una revista por sacar a una mujer sin ropa y procura silenciar a algunos alcaldes con procesos de revocatoria del mandato. 

Se ha vuelto costumbre porque no hay quién lo pare, como escribió recientemente  en su columna María Jimena Duzán, al advertir que el Procurador le da látigo a sus adversarios y caramelo a sus copartidarios. A sus rivales los destituye y a buena parte de los otros los absuelve, al mejor estilo de un dictador peruano que promulgaba: “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. 

Esa parece ser la obsesión del Procurador en Bogotá. Primero destituyó al Secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla. Luego persiguió a Canal Capital y a Hollman Morris. Enseguida investigó al nuevo secretario Guillermo Jaramillo y simultáneamente busca la manera para sancionar o destituir al Alcalde Gustavo Petro.

Algunos me dirán que eso hace parte del ejercicio de sus funciones. Y es cierto. De hecho, celebro la acción efectiva y oportuna de la justicia, en un país donde la impunidad es pan de cada día. Pero no hay que comer tanto cuento: mientras todo esto ocurre, la mano poderosa del Procurador muestra lentitud para considerar las denuncias hechas por Sergio Fajardo sobre la gobernación de Luis Alfredo Ramos, y decide con rapidez absolver a unos cuantos conservadores, entre los que se encuentran el Senador Gerlein, el exdirector de Estupefacientes Carlos Albornoz y los políticos Ciro Ramírez, Eric Morris, Jairo Merlano y Luis Humberto Gómez Gallo, vinculados al escándalo de la parapolítica. 

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El inhumano negocio de la salud

 

Por: Angela Robledo/Representante a la Cámara

En Colombia suelen convertir los derechos en favores. Así ocurre con la educación, con la salud, con la justicia, con el trabajo, con la vida y con la libertad. En ese contexto perverso, el diagnóstico sobre el modelo de salud es de público conocimiento: el actual sistema es un paciente que no presenta signos de recuperación; se encuentra en cuidados intensivos, víctima de una grave enfermedad: la corrupción, la ineficiencia y la intermediación financiera de las Empresas Promotoras de Salud.

Lo más doloroso del asunto es que los gobiernos de turno no han atacado las causas de este sufrimiento, aunque la gente pida a gritos que la atiendan. Ningún presidente se pellizca cuando muchas personas mueren esperando una cita médica; no se pronuncian cuando hay ‘paseos de la muerte’; no parecen preocuparse por las cifras de mortalidad, ni por la desnutrición infantil; no exigen la atención prioritaria de las mujeres embarazadas, muchas de las cuales mueren dando a luz a sus hijos; no garantizan verdaderas políticas públicas de promoción y prevención. Es intolerable. Más aún cuando se sabe que el sistema de salud terminó cooptado por los carruseles de contratos . El pacto conocido como el "Consenso de Acemi", en el cual en un fraudulento acuerdo un grupo de EPS , como lo denunció hace algún tiempo La silla vacía, se pusieron de acuerdo para " negar de manera concertada y deliberada servicios de salud a las que estaban obligadas; intercambiaron información con sus competidores con el fin de fijar de manera indirecta el precio del servicio de aseguramiento en salud o Upc…" de esta manera lograron aumentan de forma desmesurada los recobros al Fosyga e intervenir en el valor de la Unidad por Capitación, Upc.

Estos carteles también impusieron a su antojo los precios de los medicamentos, aumentándolos hasta en un 240%, lo que nos ubica en el deshonroso primer lugar de los países con los medicamentos más caros del mundo, por encima de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia y Canadá. No quedando satisfechos, las redes de corrupción se inventaron una larga y fraudulenta lista de pacientes, tutelas, recobros, empresas de garaje y procedimientos falsos, que quebraron al sistema de salud. ¿Qué espera la justicia para investigar y condenar a los responsables de convertir la vida en mercancía? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo víctimas de sus inhumanos negocios?

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Ángela Robledo pide a Minjusticia asumir la dirección del sistema de responsabilidad penal de jóvenes

La representante a la Cámara, Ángela Robledo solicitó hoy a la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa que incluya los Centros de Atención para adolescentes infractores de la ley penal en el paquete de medidas inmediatas dirigidas a atender el hacinamiento y la emergencia carcelaria en el país.

En Colombia existe una justicia diferencial para atender a jóvenes en conflicto con la ley  a través del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes  (SRPA) que debe liderar el Instituto Colombiano en Bienestar Familiar, pero que en la práctica no opera. “Muchos de los muchachos que llegan a estos centros terminan en peores condiciones de salud y alimentación, no reciben ningún tipo de resocialización e incluso mueren en circunstancias poco claras”, aseguró Ángela Robledo. 

Tres jóvenes murieron y  tres más resultaron lesionados (Centros Buen Pastor y Valle del Lili en Cali) en cuatro intentos de evasión en menos de un mes; en el último año dos adolescentes  se suicidaron en estos centros, uno ahorcado con una sábana y el otro intoxicado; en Bogotá (CESPA) el hacinamiento es tal que los muchachos tienen que dormir en el suelo y pasan varios días sin probar bocado. Tanto en Cali como en Santander hay denuncias sobre celdas oscuras de castigo que contravienen la normatividad sobre justicia juvenil.  En Diciembre de 2012 la Procuraduría inició investigaciones por violaciones sexuales y maltrato a jóvenes privados de la libertad en Centros de Atención juvenil. 

De acuerdo con Angela Robledo, unos 27.309 jóvenes están en el SRPA (grupo compuesto mayoritariamente por jóvenes urbanos de los estratos 1 y 2) y preocupa enormemente que en los últimos dos años (2010-2012) haya aumentado en 29% por los efectos de la Ley de Seguridad y Convivencia, por ejemplo en Bogotá  les detienen por consumo de sustancias psicoactivas, lo cual es ilegal. Los delitos por los que los jóvenes ingresan al “sistema” son sobre todo hurto (37%) y micro tráfico de estupefacientes (31%), según datos de 2012.

Ángela Robledo insiste en que los muchachos entran en conflicto con la ley porque el Estado y la sociedad no ofrecen alternativas de vida y oportunidades para ellos: “Muchos de estos jóvenes provienen de familias en extrema fragilidad económica y social y les ha tocado la vida como castigo: 1 millón de niños menores de 5 años  no tiene acceso a la atención de primera infancia. El ICBF recibió 46.329 denuncias por maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido, mientras que Medicina Legal reporta que 17.628 niños fueron víctimas de delitos sexuales en el mismo año 2011. Sabemos que 1,6 millones de niños, niñas y jóvenes están por fuera del sistema educativo”, dijo.

“Estamos pidiendo que se cumpla el Código de Infancia y Adolescencia y que la prevalencia de los derechos de los menores de edad sea efectiva para todos los derechos, incluido el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que contempla una justicia restaurativa con una finalidad pedagógica que por ahora está en el papel. L@s adolescentes y jóvenes en Colombia necesitan más justicia social y menos justicia penal”, puntualizó Ángela Robledo. 

La vida como castigo para l@s jóvenes: 

-La pobreza incide más en hogares que tienen como jefe de hogar un/a joven menor de 25 años (13%). La situación se agrava si es del campo (22%)  (DANE: GEIH 2011).

-Uno de cada cinco adolescentes y jóvenes entre 14 y 26 años están desempleados (20%). La tasa de desempleo del país es del 10,2 %, o sea la mitad.

-La deserción entre 6 y 11 grado en colegios oficiales es de la mitad. Es decir, de dos estudiantes de colegios oficiales que entra a sexto, se gradúa uno sólo. (DANE 2012). 

-Uno de cada tres estudiantes de noveno grado deserta de la escuela. La mayoría son pobres (estrato 1 y 2) con calidad educativa muy baja (resultados de Pruebas Saber no aceptables). Fuente: MEN

-Según el  ICFES 2012, la calidad de los estudiantes de colegios privados es casi cuatro (3,9) veces mayor que la de estudiantes de colegios que tienen financiación estatal. 

-15% de los homicidios en Colombia los sufren adolescentes y jóvenes menores de 19 años

-“La CEPAL asegura que en Colombia las posibilidades para que un joven muera asesinado es cinco veces mayor que el promedio para América Latina. Muchas de estas muertes están asociadas a las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos”. (CIVIS).

 

PRENSA: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

www.angelarobledo.com

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Marcha por el derecho a la salud en Colombia

“Los colombianos y las colombianas estamos cansados de que los derechos se conviertan en el negocio de unos pocos. Por eso vamos a la calle a defender pacíficamente nuestro derecho a la vida, que también pasa por el derecho a la salud. Queremos defender la propuesta alternativa que presentamos con distintos partidos y organizaciones sociales para que la salud sea un derecho fundamental”, explicó la representante Ángela Robledo, convocante a la Marcha en defensa de la salud que se realiza mañana jueves 30 de mayo.

Esta movilización que convoca a la ciudadanía bogotana, saldrá del Ministerio de Salud y Protección Social  a las 10 de la mañana; recorrerá la carrera Séptima y se concentrará en la Plaza de Bolívar hacia medio día.   

Entre los convocantes a la marcha están la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA), la Corporación Viva la Ciudadanía, el Movimiento Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derecho Fundamental, congresistas integrantes del Partido Verde, el Polo Democrático,  el Movimiento Progresistas, Movimiento Sindical, organizaciones gremiales y de la salud, entre otros.  

Marcha por el Derecho Fundamental a la Salud 

Mañana jueves 30 de mayo 

Hora: 10:00 am

Lugar de salida: Ministerio de Salud y Protección Social (Carrera 13 #32- 76).

Concentración: Plaza de Bolívar 

 

Información:

Prensa Ángela Robledo: 3202343806/ Margarita Sarmiento

María Angélica Hernández Guzmán/ Corporación Viva la Ciudadanía: 3006193697

www.viva.org.co

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Sin educación, no hay camino…

Hace poco Alberto Salcedo Ramos ganó el premio de periodismo Ortega y Gasset con su crónica La Travesía de Wikdi; un niño kuna de 13 años quien tiene que caminar cerca de cinco horas diarias para ir y volver de su escuela en el Chocó en medio de la pobreza, el peligro, la guerra y la muerte. Wikdi arranca su travesía, muchas veces sin desayuno a las 5:45 de la mañana, camina por el barro y la trocha de Unguía para llegar a un colegio que en palabras del cronista "(…) es un inventario de desastres".

Lo más lamentable es que en Colombia tenemos muchos Wikdis que quieren su escuela y anhelan muchos de ellos, ser maestros, como nuestro personaje. Pero ante la ausencia de opciones educativas, oportunidades, condiciones de vida digna y proyectos de futuro optan por la ocupación de la guerra, la minería ilegal, la producción y el microtráfico de drogas, y demás actividades ilícitas.

La semana pasada denuncié en debate de control político que la señora María Fernanda Campo, quien ocupa la cartera de Educación, en una actitud negligente e irresponsable, delega su tarea en las regiones sin ninguna supervisión sistemática, permitiendo así convertir la ya precaria educación de las zonas rurales, en un negocio que solo es rentable para iglesias y organizaciones de papel de los departamentos más pobres y en mayor situación de conflicto. Todo ello amparada en un decreto que termina por legitimar la enorme brecha que existe entre la educación en las grandes ciudades y la que se imparte en los territorios en guerra.

Más de 200 mil millones de pesos han recibido iglesias y otras organizaciones de "dudosa ortografía" a cuenta de contratos para el servicio educativo rural en 393 municipios de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Santander, Meta y Caquetá, durante los últimos tres años.

"¿Cómo se podría romper el círculo vicioso del atraso? -Se pregunta Alberto Salcedo en su crónica, y su respuesta es contundente- En parte con educación, supongo". No piensa lo mismo la responsable de la educación, quien olímpicamente afirma que lo que ocurre en los municipios es un asunto local que no le compete a cuenta de la descentralización. Y se queda tan tranquila, ¡qué cinismo!

Es intolerable que el Ministerio de Educación siga argumentando después de 20 años -amparado en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 2355 de 2009- que muchas regiones no cuentan con "suficiencia educativa" para cumplir con el derecho fundamental de los niños y jóvenes a la educación y esta situación la resuelvan avalando contrataciones que según muchas denuncias, no cumplen criterios mínimos de idoneidad, continuidad, calidad y pertinencia.

En repetidas oportunidades los contratos mencionados, no especifican el número de estudiantes a quienes se prestará el servicio; se encuentran rubros para la compra de "elementos estudiantiles" los cuales no aparecen, pero sí se incluyen hasta pasajes aéreos. En algunos casos se entregan anticipos por el 95% del valor contratado. La palabra para describir estas actuaciones es corrupción, no hay duda.

Es inconcebible que el Ministerio de Educación como cabeza de la política pública del Gobierno Santos ni se ocupe, ni se preocupe por lo que pasa con miles de niños y niñas pobres de las zonas rurales de este país. No existe seguimiento sistemático a estas contrataciones que no cumplen con el calendario escolar, pues se ejecutan en algunos casos durante seis o siete meses dejando el resto de tiempo a los niños y jóvenes a la deriva, como ha sido denunciado en muchos de los municipios del sur del departamento de Bolívar y en Caquetá. Situación que afecta de igual manera a muchos maestros a quienes se les vincula por días y meses sin estabilidad laboral, ni seguridad social.

Hay que sacar a los niños, niñas y jóvenes de la guerra, con un Estado Social de Derecho real que les garantice efectivamente un presente y un futuro dignos. La travesía de Wikdi, así como la de muchos niños y niñas en Colombia, debe ser una travesía hacia una vida digna, donde la educación de excelencia, sea el camino.

ANGELA ROBLEDO

Columna para el periódico La Patria

www.angelarobledo.com

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Angela Robledo pide a concejales de Bogotá publicar sus declaraciones de bienes e ingresos

Tras conocerse la imputación de cargos al ex concejal Hipólito Moreno, vinculado al carrusel de la contratación por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, la Representante a la Cámara por Bogotá, Angela Robledo, pidió a los Concejales de la ciudad que “actualicen y hagan públicas sus declaraciones de bienes e ingresos, como un compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción”. 

La congresista Ángela Robledo recordó que la publicación y actualización de estos documentos es una práctica común de los funcionarios públicos de Chile, Estados Unidos, Brasil o Argentina, donde resulta más fácil averiguar si los funcionarios se enriquecieron ilícitamente.  

“No tengo duda que muchos Concejales de Bogotá conservan su independencia, sus principios y su honestidad, pero el llamado Cabildo Distrital fue cooptado por las mafias de la contratación y los delincuentes de cuello blanco durante los últimos años, produciendo uno de los mayores desfalcos a los recursos públicos que hayamos conocido recientemente”, concluyó la Representante Ángela Robledo, al tiempo que invitó al Secretario General del Concejo a que haga público el registro de intereses privados de los cabildantes.

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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Ángela Robledo pide sanción penal, moral y social para quienes violentan a las mujeres

Bogotá, mayo 20 de 2013.

La congresista Angela Robledo dijo que es inadmisible que casos como el de Zully Mejía, ex esposa del representante del Casanare José Rodolfo Pérez engrosen las cifras que indican que cada hora seis mujeres reciben maltrato de su pareja. “Hago un llamado a todas las mujeres congresistas para que apoyen una sanción penal, moral y social contra el congresista agresor”, dijo Angela Robledo.

“En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Ángela Robledo.

La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257 de 2008, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.

En Colombia, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el BID y la Universidad de los Andes arrojó que los ingresos dejados de percibir por las mujeres a causa de la violencia, corresponden a 2.2% del PIB del país y se estima que los costos anuales totales por causa de la violencia intrafamiliar, pueden alcanzar el 4% del PIB anual.

Ángela Robledo aseguró que si bien los Decretos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar y difundir con mayor vehemencia las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y afinar los alcances del programa de equidad laboral con perspectiva de género, que ha creado muchas expectativas.

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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El Concejo de Bogotá es una vergüenza nacional

No nos digamos mentiras: el Concejo de Bogotá es una vergüenza. Varios concejales conservan su independencia y su honestidad, pero el llamado Cabildo Distrital fue cooptado por los delincuentes de cuello blanco, por las mafias de la contratación. Así parecen comprobarlo las investigaciones de los organismos de control, que viven descubriendo los desfalcos que sufrió la ciudad en los últimos años. Así lo han sugerido también los medios de comunicación, que han revelado más de un escándalo, en los que ciertos políticos suelen aparecer vinculados. 

No es un secreto que la mayoría del Concejo guardó silencio mientras algunos concejales, contratistas y funcionarios públicos se robaban Bogotá durante la administración de Samuel Moreno. Varios de esos delincuentes viven amparados en la impunidad; permanecen libres, habiendo sido presuntamente responsables de tráfico de influencias, interés ilícito en la contratación, concierto para delinquir, peculado o cohecho. No son delitos menores, sino mayores. Tan graves que cualquiera se indigna con la lentitud y la negligencia de la justicia para investigarlos, condenarlos (si es el caso) y exigirles la devolución del dinero robado, que al parecer tienen escondido en los famosos paraísos fiscales. 

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El Congreso fue mezquino con movimiento LGBTI

El pasado 24 de abril de 2013, la mayoría de los senadores y senadoras de la República de Colombia votaron en contra del matrimonio igualitario. Ese día el Congreso tenía la oportunidad de mostrar un talante incluyente y democrático ¡No lo hizo! Mostró con toda claridad su carácter discriminatorio y dogmático. El día anterior a la votación del proyecto, el debate fue de una enorme pobreza en argumentos. Muchos de quienes asistimos ese día nos sentimos más en una capilla, que en el Congreso de la República.

Haber negado el derecho de los gais a casarse fue un hecho violento. Negar todo derecho es intensificar la violencia, las mujeres sabemos lo que ello significa. Los homosexuales son ciudadanos y ciudadanas, que de manera sistemática en Colombia han ido ganando, gracias a su pacífica lucha jurídica, que la Corte Constitucional reconozca algunos de sus derechos. El Congreso no debió negarles el derecho al matrimonio.

Reinó la aplanadora de las mayorías y no la democracia constitucional. No se tuvo en cuenta que nuestro marco normativo como legisladores no es la Biblia, sino la Constitución, porque el Congreso no es una capilla, repito, a la cual llegamos a hacer pública nuestra condición sexual, nuestras creencias religiosas, razones todas ellas respetables, pero que no pueden ser fundamento de la tarea legislativa.

Nuevamente el Congreso perdió la oportunidad de legislar en pro de las minorías, en pro de esta población que pide a gritos no ser tratada con desprecio, con indiferencia, con malicia, como si las personas LGBTI, fueran enfermos, pervertidos y no personas que desean, aman, sueñan.

Sin embargo, para el Congreso fue difícil reconocerlos como son: como iguales. Se trataba de dejar de tildar las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo como un simple "gustico enfermizo", para darle paso a una mirada diferente que permitiera comprender las diversas subjetividades. Había que aceptar que sus relaciones y orientaciones son formas de estar y habitar en el mundo.

Lo he dicho en otros espacios y aquí lo repito: ¿Somos un Estado que se dedica a reprimir a sus ciudadanos, a otorgarles derechos basados en creencias religiosas? ¿Somos una sociedad polarizada, sesgada, excluyente, que condena la diversidad?

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Cambiemos las 'zorras' por la dignidad

 

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de sustituir los vehículos de tracción animal que hay en el país, más conocidos como ‘zorras’ o carretas. Y digo que mucho se ha hablado porque poco se ha hecho para prohibirlas. Las excusas de los mandatarios han sido diversas: unos han reclamado falta de recursos, otros han apelado a la falta de legislación, otros han explicado la dificultad de lograr acuerdos con los dueños de las ‘zorras’.

La verdad es que ha faltado conciencia y voluntad política, pero nadie se atreve a reconocerlo. En el año 2010, el entonces Ministro de Transporte firmó el decreto que obligaba a los alcaldes locales a realizar las campañas de sustitución. Y, en aquella época, la única ciudad que se tomó en serio la orden fue Medellín, donde su Alcalde Alonso Salazar logró  la sustitución de   más de 230 ‘zorras’ que había deambulando por sus calles. 

Bogotá, en cambio, le incumplió a los animales y a los carreteros durante estos tres años. Sólo hasta el pasado mes de febrero comenzó el proceso de sustitución, que aparentemente va por buen camino: a la fecha, más de 150 ‘zorras’ han salido de circulación, y la meta es recibir casi tres mil caballos de aquí a septiembre, plazo que fijó la Alcaldía de Gustavo Petro para terminar el proyecto.

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Las víctimas no fueron escuchadas

La ley de Víctimas y Restitución de tierras -Ley 1448 del año 2011- tiene como propósito desarrollar un conjunto de disposiciones judiciales, administrativas, sociales y económicas para restablecer los derechos de las víctimas, que dentro de esta ley se definen como aquellas personas o colectividades que han sufrido daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del conflicto armado, a partir del primero de enero de 1985. En la ley se establece en su artículo 142 que el 9 de abril será el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas y se señala como deber para el Estado, realizar eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a millones de colombianas y colombianos.

De manera particular, la responsabilidad del Congreso en la conmemoración de este día, queda establecida en los siguientes términos: "El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada en sesión permanente". Pues bien, nada más alejado del cumplimiento de esta responsabilidad que lo que ocurrió el pasado martes 9 de abril, en el salón elíptico del Congreso. La manera como fue organizada la sesión para escuchar a las víctimas terminó, por su falta de manejo y cuidado, en un bochornoso suceso de desconocimiento de las más mínimas normas de ciudadanía y respeto a las víctimas que ese día se hicieron presentes para la audiencia. Quienes habían viajado de distintos y distantes lugares de Colombia tenían la expectativa de ser escuchados por los congresistas y por el país entero a través del Canal institucional del Congreso. Y no solo sufrieron una enorme frustración, sino que vivieron en carne propia la improvisación y ausencia de planeación en la preparación de esta solemne sesión. Lo afirmo, porque en primer lugar fueron ubicadas en un salón por fuera del recinto. Solo ante sus quejas y el descontento expresado por muchas personas, fueron llevados a las "barras "del salón elíptico, sin ninguna comodidad y sin explicaciones.

Posteriormente tuvieron que escuchar largos discursos de los congresistas, los cuales acortaban cada vez más la oportunidad para ser escuchados con atención y respeto. Luego empezaron a ser llamados a una especie de sesión de muro de lamentaciones, dado que solo contaban con tres minutos para exponer su larga lista de vejaciones, de promesas gubernamentales no cumplidas y de amenazas que pesan en muchas ocasiones sobre sus vidas. Allí nadie escuchaba, un ensordecedor parloteo opacaba sus voces. Con el transcurso de las horas las y los congresistas fueron, poco a poco, retirándose del recinto. Para evitar que el salón elíptico quedara desierto, hombres y mujeres víctimas ocuparon las curules de los honorables representantes de la República. Ante este doloroso escenario, pude confirmar una vez más los dramáticos efectos que esta guerra ha dejado en nosotros: indiferencia ante el dolor de los demás, incapacidad para comunicarnos con quienes sufren, dureza en el corazón.

Lo bello de la audiencia fue escuchar la cantaora María Estela Guerrero, quien por muchas horas viajó a Bogotá, desde El Placer, Putumayo, para compartir su testimonio como víctima y como colonizadora de un territorio en el que por más de 20 años, su población civil ha sido estigmatizada como guerrillera o paramilitar. Un lugar en el cual dependiendo de donde se habite, se es víctima de los más diversos y atroces repertorios de violencia. Pero en este lugar de Colombia donde se vive entre la coca y la guerra, existen muchas mujeres como María Estela que se levantan cotidianamente para decir basta ya a la violencia. También viven niñas y niños que quieren crecer en paz.

Ese 9 de abril a través de la voz de María Estela pudimos conocer estrofa tras estrofa, el infierno de quienes viven en la comunidad de El Placer. Su voz se desplegó en medio de un recinto que no se silenció para escucharla, para acompañarla en su dolor, en su reclamo de cara a un país que los mantiene en la exclusión y en el olvido. Con su entereza y fuerza marcó un doloroso contraste frente a un auditorio del Congreso de la República ¡que no quiso escucharla!

Columna para el periódico La Patria

www.angelarobledo.com

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Representante Angela Robledo publica su informe número 14 de rendición de cuentas a la ciudadanía

 

Clic aquí para conocer el informe completo, que corresponde al trabajo político y legislativo realizado entre enero y marzo del 2013.

Para conocer todos los informes publicados hasta ahora por la Representante Angela Robledo, por favor ingrese ya a www.angelarobledo.com

 

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Angela Robledo apoya el matrimonio igualitario

 

Hoy quiero reafirmar mi compromiso con el derecho a la diferencia, con el libre desarrollo de la personalidad que por derecho tenemos todos los colombianos y colombianas, como lo consagra la Constitución en su artículo 16. También reafirmo mi compromiso y mi defensa por el principio de la Dignidad Humana (artículo 1), que nos garantiza que el Estado trabajará porque cada un@ de nosotr@s tenga la posibilidad de realizarse como persona, que nos garantizarán los mecanismos para que podamos cumplir ese sueño de construir nuestra vida de acuerdo a la libertad. 

Y ello me compromete a trabajar por la lucha del matrimonio igualitario en Colombia, de la familia igualitaria. Eso significa luchar contra el déficit en los derechos de las familias de las relaciones no heterosexuales, porque el movimiento LGBTI tiene derecho a decidir y amar en la diferencia. Como lo establece la sentencia C-577  de 2011:

“(…) [L]a consideración de la pareja integrada por personas del mismo sexo, “puesto que hoy, junto a la pareja heterosexual, existen -y constituyen opciones válidas a la luz del ordenamiento superior- parejas homosexuales”, cuya efectiva existencia supone, como en el caso de la pareja heterosexual, “una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de permanencia”.

Por ende, cuando un Estado, como el nuestro, se dedica a reprimir a sus ciudadanos, a otorgarles sólo las “libertades” políticamente correctas y basadas en creencias religiosas, estamos enviando el mensaje que somos una sociedad polarizada, sesgada, excluyente, que condena la diversidad. Debemos pensar si queremos seguir viviendo en una sociedad medieval o si definitivamente le apostamos a la formación de ciudadanos y ciudadanas libres y tolerantes. 

Creamos que podemos convivir con el otro, con la diferencia, con la solidaridad; creamos y luchemos por un Estado justo, que reconoce e incentiva la libertad y crea lazos de confianza sin reproches ni prejuicios.

Démonos la oportunidad de concebir un mundo distinto, mejor. Apostémosle a estas nuevas luchas, que sólo pueden revolucionar nuestra vida cotidiana. 

¿A quién se le ocurrió pensar que el amor es “enfermizo”? ¿Quién nos niega la libertad a decidir? Hace años Michel Foucault, en una de sus últimas entrevistas, decía que las limitaciones al amor homosexual eran el miedo que le tenemos como sociedad a quitarle lo más perverso a la relación homosexual y darle formas más parecidas al amor.

Esa es la realidad de nuestro país: la negación al amor de parejas del mismo sexo. Como congresista, tengo el deber de trabajar por la población excluida y su libertad. Esa libertad de amar, soñar, construir, pensar y sentir diferente. Llegó el tiempo de que la sociedad deje de concebir el amor entre homosexuales como una mera acción sexual; se trata, más bien, de la expresión de las emociones y de las pasiones más humanas. 

Por eso apoyo el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que por fortuna va muy bien en el Congreso. Y seguiré apoyando y trabajando por más iniciativas que garanticen una familia igualitaria, para así erradicar las distintas formas de discriminación contra el movimiento LGBTI.

Aventurémonos al cambio y al reconocimiento del amplio concepto de familia, para reivindicar esa realidad que nos dice que hay miles de formas de pensar la familia.  Comprometámonos, además, para que la adopción entre parejas del mismo sexo sea protegida, aceptada y respetada.

Me identifico con los activistas, la comunidad y el movimiento LGBTI, porque nosotras las mujeres también llevamos décadas exigiendo nuestros derechos, llevamos ya muchos años demostrando que somos capaces, iguales, independientes, dignas y trabajadoras.  

Y eso mismo hace que la mujer en Colombia se caracterice por ser una reserva ética y moral sobre la vida, el amor, la política, la solidaridad: por ser ¡pacifistas! Y eso conlleva necesariamente a buscar la igualdad entre personas, a apoyar la libertad a la diferencia, esa de la que carecemos tanto y que nos ha acarreado innumerables conflictos desde hace tantos años…

Cuando veo el proceso que ha vivido nuestro país por lograr la inclusión social, desde los activistas del movimiento LGBTI y desde una institución como la Corte Constitucional, me lleno de orgullo y satisfacción por la labor cumplida. Sin embargo, cualquier ley o sentencia que garantice la unión de hecho de personas del mismo sexo no será suficiente. Se requiere que esa realidad que nos transforma como sociedad sea respetada y protegida por el derecho, que el matrimonio sea igualitario y no sólo entre personas con orientación heterosexual. Así como lo ha dicho la Corte : el legislador “[n]o puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente”

No más ciudadanos de primera y segunda categoría. Hay que darle paso a la igualdad entre los diferentes tipos de parejas y de familias. Debemos dejar de dominar la esfera privada del amor, de poner limitaciones que excluyen otras expresiones del afecto. Así como la Corte  nos ha dicho:

 “A juicio de la Corte, del núcleo esencial de los derechos a la personalidad y a su libre desarrollo, respectivamente contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta, forma parte la autodeterminación sexual que comprende “el proceso de autónoma asunción y decisión sobre la propia sexualidad”, como opción no sometida a la interferencia o a la dirección del Estado, por tratarse de un campo que no le incumbe, “que no causa daño a terceros” y que está amparado por el respeto y la protección que, de conformidad con el artículo 2º superior, deben asegurar las autoridades a todas las personas residentes en Colombia”.

Invito a tod@s los congresistas y ciudadan@s a que se unan a esta minga que propone una apertura a la palabra matrimonio, ¡como una expresión de amor entre dos personas y no entre orientaciones sexuales!

ANGELA ROBLEDO

www.angelarobledo.com

 

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Ángela Robledo pide retirar del Partido Verde al Concejal José Juan Rodríguez

La representante a la Cámara Ángela Robledo pidió al Partido Verde que retire al Concejal José Juan Rodríguez hasta que se defina su responsabilidad  sobre la presunta participación en el carrusel de contratos que estafó a Bogotá durante la administración de Samuel Moreno. 

Ángela Robledo envió desde octubre del año pasado una comunicación a Alfonso Prada, presidente vocero del Partido Verde,  para que se tomaran medidas éticas y políticas al respecto, pero a la fecha no ha obtenido ninguna respuesta. “Como partido alternativo que invoca los recursos públicos como sagrados, no podemos mantener una actitud impasible ante hechos tan delicados como el desfalco a Bogotá. Nos corresponde tomar medidas éticas y políticas al respecto y me preocupa sobremanera el silencio y la inoperancia de la dirigencia verde al respecto”, dijo Ángela Robledo. 

“(…) Un partido como el nuestro, tiene el deber y la oportunidad de contribuir desde la práctica política a la búsqueda de soluciones de lo que considero graves problemas.  Por ello, llamo la atención porque hace poco más de un año observo los continuos señalamientos al Partido Verde y a algunos de sus concejales electos en Bogotá por sus actuaciones durante la cuestionada administración del Polo Democrático y su alcalde Samuel Moreno Rojas, en lo que se ha denominado Carrusel de la Contratación y de la salud, sin que al día de hoy se haya conocido de manera pública una posición oficial del Partido”, indicó Ángela Robledo en su comunicación de octubre 16 de 2012.

“Aprovecho este nuevo derecho de petición, para solicitar concretamente se informe las acciones adelantadas por cualquier órgano del Partido Verde con motivo de las actuaciones del Concejal de Bogotá José Juan Rodríguez (…) y se haga llegar ese informe, a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación”, señaló Ángela Robledo en su comunicación de hoy, abril 15 de 2013.

Finalmente, Ángela Robledo dijo que José Juan Rodríguez debería por iniciativa propia retirarse del Partido y aclarar cuanto antes su situación.

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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La guerra mundial. Por Angela Robledo

Este es el nombre del libro del filósofo francés Michel Serres, el cual fue publicado en el año 2008 y hoy circula en las redes sociales, gracias al trabajo de traducción realizado por el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Luis Alfonso Palau. Este filósofo e historiador de las ciencias, francés, de 80 años, miembro de la Academia Europea, en la obertura de este texto nos cuenta que durante su infancia, adolescencia y primera edad adulta, vivió en medio de cinco a seis guerras. Expresa, por esta razón, estar marcado por la violencia, por los asesinatos, y por ello nos invita de manera contundente a decir no a la guerra entre hermanos, no a la violencia que inicia muchas veces sin saber por qué crece cada vez más, y se reproduce hasta el infinito, amenazando exterminar nuestra especie humana. Dice no a la guerra porque esta opera como máquina de matanzas, odios, venganzas. El libro versa sobre la pregunta ¿matar o no matar? La respuesta contundente de Serres: "…pase lo que pase, lector, no mates".

La manera como se presenta ante el lector de su libro, nos permite reconocer un cuerpo forjado por la guerra: "Mis tobillos, la planta de mis pies hasta las pantorrillas, muslos y pliegues poplíteos, mis rodillas, sexo y nalgas, el tronco entero, de la pelvis a la cintura escapular, ombligo y mediastino comprendidos, bíceps y puños, hasta las uñas, mi nuca, los cabellos que me quedan, mi rostro y sus arrugas, todo, mi piel y mis huesos, músculos y neuronas, todo les digo, todo lo visible denso de mi apariencia, todo lo que -de lejos o de cerca- los llama con mi nombre, todo ese ser está hecho de guerra", y agrega: "Lloro desde hace siete decenios. Nunca podré dejar de llorar".

Pues bien, ese hombre forjado en la guerra, escribe este libro desde sus lágrimas, escribe este libro desde su alma, lo escribe desde sus relatos, anécdotas y su utopía. Declara y jura su no-violencia: "...nunca levanté mi puño contra nadie, ni siquiera para defenderme, pues esta razón defensiva me parece un pretexto para pelearse mejor y terminar por destruir y matar…" Como Sócrates, prefiere sufrir que lanzar conflicto o polémica y solo usar palabras desarmadas.

Al avanzar en la lectura me pregunto ¿qué le ha permitido a este filósofo que nace y crece en medio de la guerra, declarar su no-violencia e invitarnos a dar un salto hacia una mayor hominización, hacia un mundo sin guerras? Su respuesta es de nuevo contundente: solo lo he encontrado en lo sagrado. Lo sagrado contenido en la Biblia, en los mitos griegos, latinos, indios.

Esta guerra mundial entre hermanos, que se libra en tantos lugares del planeta: Siria, Corea, Afganistán, Israel… Esta guerra en nuestro país ha marcado con su forja de hierro al rojo vivo los cuerpos de millones de niños, viejos, mujeres, hombres. Esta guerra ha desplazado 5 millones de personas, ha significado el despojo de más de 2 millones de hectáreas a familias campesinas, comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas. En esta guerra los guerreros han violado el cuerpo de medio millón de mujeres durante los últimos diez años. Se ha utilizado su cuerpo como un territorio más en disputa, se han penetrado sus entrañas, profanado su cuerpo al convertirlo en máquina para parir hijos, para ser sometido a esclavitud, a torturas extremas, al dolor, a la muerte. En esta guerra han sido reclutados niños, sometidos a violencia extrema y en muchas ocasiones al exterminio, y han muerto miles de jóvenes de lado y lado, miles de jóvenes que no hubieran querido tomar un arma en sus manos. Esta guerra que ha sembrado los campos de cadáveres, de desolación, de hambre, debe terminar. Necesitamos más hombres y mujeres como Michel Serres que a pesar de haber sido forjados en la guerra, juren no-violencia. Hombres y mujeres que no levanten el puño para defenderse, que aprendan a perdonar, que prefieran sufrir primero ellos que infligir sufrimiento a otros. Hombres y mujeres que acudan a la palabra desarmada, al gesto fraternal, para que en Colombia la vida sea sagrada.

COLUMNA PARA EL DIARIO LA PATRIA

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Radican proyecto alternativo de Reforma a la Salud: Angela Robledo

 

No más pañitos de agua tibia a una salud que agoniza

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR), la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA), y diferentes representantes de partidos políticos del país, sindicatos, organizaciones médicas, organizaciones de pacientes, organizaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, radicaron hoy en Secretaría de Senado, el proyecto de la sociedad civil de ley ordinaria en salud.

Principales apuestas del proyecto: 

-Concepción de la salud: Es un derecho fundamental

 -Acceso a servicios: Directamente en el lugar donde reside o trabaja, con la presentación del documento de identidad.

 -Financiación: Con recursos públicos provenientes de cotizaciones e impuestos.

 -Destino de los recursos de la salud: La salud pública teniendo en cuenta la estrategia de Atención Primaria en Salud y servicios médicos requeridos. Los recursos son públicos de principio a fin y deben ser invertidos en Salud. El Estado garantiza, proteger y respetar el derecho fundamental a la salud. Su papel es central en la toma de decisiones, controla el sistema y orienta las políticas del sector.

 -Papel del Estado: El Estado recupera su capacidad para garantizar, proteger y respetar el derecho fundamental a la salud. La red hospitalaria tendrá predominio en la prestación de los servicios de salud.

Al cierre de la radicación del proyecto, la Representante a la Cámara Ángela Robledo reiteró su compromiso con el proyecto e insistió en que los congresistas deben explicitar sus intereses e impedimentos y comprometerse para que la salud sea un derecho y no un negocio. “Este proyecto elimina las EPS, la integración vertical y cumple con el mandato constitucional de descentralizar la salud. No queremos pañitos de agua tibia para la salud que agoniza. Se requiere una reforma estructural del sistema de salud”, puntualizó la congresista Angela Robledo. 

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

 

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Ángela Robledo pidió al Congreso transparencia en el debate de salud

La representante Ángela Robledo,  pidió hoy a la Comisión Séptima de la Cámara que se expliquen y expliciten los intereses, inhabilidades e impedimentos que los congresistas tienen para entrar a debatir las reformas al sistema de salud.

Ángela Robledo llamó la atención sobre la importancia de que el Congreso haga un debate a profundidad y con transparencia frente a un derecho que implica la vida y la salud de los colombianos. “Estoy de acuerdo con el mensaje de urgencia que pidió el gobierno para el proyecto de ley de salud  pero eso no implica que el debate sea profundo y claro”, dijo.  

Ángela Robledo dejó constancia sobre lo que ella considera “los reprochables hechos que sindican a integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara por una participación indebida en el trámite de proyectos que puede configurar un presunto conflicto de intereses (…)”.

“Los congresistas de hoy tenemos el deber y la oportunidad de contribuir desde la práctica política a la búsqueda de soluciones de lo que considero graves problemas. Por ello, llamo la atención porque hace poco más de dos años, observo los continuos señalamientos a integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara por sus actuaciones durante  el trámite de la Ley 1438 de 2011 y el continuo reproche en medios de comunicación y de órganos de control por denuncia de posibles irregularidades penales en el control de los recursos públicos de la salud y participación indebida en la celebración de contratos y cohechos”, anotó la congresista.

PRENSA: 3202343806

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Si Uribe fuera Senador...

Por estos días ha estado circulando una carta abierta al expresidente Álvaro Uribe, solicitándole encabezar la lista al Senado del autodenominado Centro Democrático, como "una necesidad para que el país retome el rumbo".

Según los firmantes, "el Partido de la U también fue víctima de la mermelada". Eso, en últimas, termina siendo un ejercicio de autocrítica, pues supongo que se refieren al mismo partido que todos conocemos, cuya fundación fue a imagen y semejanza del expresidente Alvaro Uribe Vélez. Quizás se refieren al partido que hoy en día cuenta con más del 25% de congresistas –hombres y mujeres- investigados por la Corte Suprema de Justicia, varios de los cuales apoyaron la elección y reelección de Uribe y muchos de sus proyectos de ley, antes de irse a la cárcel, respondiendo al clamor público que les formulara el expresidente. Si es cierto que a esa colectividad le gusta la mermelada, debió ser que el "número uno" les abrió el apetito durante ocho años de repartija. Vaya uno a saber.

Los firmantes de la carta agregan, sin sonrojarse, que en el actual gobierno "la libertad de prensa se ve cada día más afectada", cuando eso es falso de toda falsedad. No pretendo defender al Presidente Santos, pero yo no olvido las chuzaDAS, ni la persecución de la que fueron víctimas los periodistas, entre ellos Daniel Coronell, Holman Morris, durante la "seguridad democrática", donde impunemente se recurrió a la injuria y la calumnia contra la prensa crítica e independiente. Y no lo digo yo; así lo advirtieron en varias ocasiones la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa y la FLIP, entre otras organizaciones.

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Nueva demanda contra fuero penal militar

Privilegios a militares sería inconsitucional

Los congresistas Ángela Robledo, Iván Cepeda, Guillermo Rivera y Germán Navas, junto con Gustavo Gallón, Fátima Esparza, Juan Camilo Rivera y Mary de la Libertad Díaz Márquez, integrantes de la Comisión Colombiana de Juristas, radicaron el día de hoy a las 2 de la tarde la demanda contra la ampliación del fuero penal militar, aprobado en el Congreso de la República en noviembre del año pasado.  

La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de la Corte Constitucional, que decidirá si el Acto Legislativo 002 del 2012 tuvo vicios de competencia, por sustitución de la Constitución, en cuyo caso sería inconstitucional. 

Los demandantes argumentan que el Congreso de la República de Colombia se excedió en sus competencias de reformar la Constitución, puesto que la sustituyó parcialmente, revirtiendo sus principios constitucionales de igualdad ante la ley y los tribunales, separación de poderes y deber de investigar la violación de derechos humanos ante jueces independientes, entre otros argumentos.

Actualmente, los delitos cometidos por los militares están documentados y buena parte de ellos permanecen en la impunidad. Dado que el Acto Legislativo 002 del 2012 traslada a la justicia penal militar el conocimiento de los delitos cometidos por militares con ocasión del conflicto armado y que resulten ajenos a las razones del servicio (como es el caso de los crímenes de guerra y las infracciones al DIH), dichas investigaciones podrían verse afectadas, pues el sistema de juzgamiento y recolección de material probatorio se haría dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo. En otras palabras, los militares terminarían “auto-investigándose” por sus propios delitos, lo cual compromete la transparencia y la independencia de los procesos.  

“La ampliación del fuero militar favorece la impunidad y perjudica a las víctimas. Es otro obstáculo para la garantía de los derechos humanos, para la verdad y la justicia. Eso no contribuye a la Paz, ni mucho menos a la reconciliación”, dijo la Representante Ángela Robledo, una de las demandantes. “Esta propuesta es un intento más por debilitar el Estado de Derecho en Colombia. Los argumentos utilizados se basan en una supuesta inseguridad jurídica que afecta la moral de la tropa, un mito que jamás ha sido comprobado”, agregó la parlamentaria.

Finalmente, cabe recordar que Human Rights Watch, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias organizaciones sociales han insistido en que la ampliación del fuero militar es un “retroceso en materia de derechos humanos, contraviene obligaciones internacionales y podría exponer a Colombia a la intervención de la Corte Penal Internacional”.    

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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Los ciudadanos del Bronx

No es justo que los habitantes de la calle sean considerados simples criminales o asesinos. Seguramente hay delincuentes, pero no son la mayoría. No es justo que los medios de comunicación los presenten como gente “enferma y loca”, condenada a la miseria o al olvido. Semejante estigma reproduce la mal llamada “limpieza social”, que termina con la vida de personas inocentes y excluidas, cuyas muertes casi siempre quedan en la impunidad. 

No falta quien quisiera verlos “pudrirse en la cárcel” o fuera de la ciudad; no falta quien se alegra cuando la Policía los persigue y no falta quien se burla ante los excesos del ESMAD. Incluso, no falta quien prefiere verlos muertos en los noticieros de televisión. No es justo.

Los habitantes de la calle son, por encima de cualquier prejuicio, ciudadanas y ciudadanos, sujetos de derechos. Reconocerlos como tal sería fundamental para su inclusión social y cultural a una vida digna, que el Estado no les ha garantizado.

Por eso lamenté la intervención que la Alcaldía de Bogotá organizó el mes pasado en la “calle del Bronx”. Tras el operativo policial, murió un habitante de la calle y dos más resultaron heridos, cuando esas vidas había que protegerlas y respetarlas. Porque el gran reto de la administración de Gustavo Petro es intervenir sin reprimir, renovar sin disparar. Y eso se logra con menos policía y más política social, privilegiando la renovación social por encima de la urbana.

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Las Comisiones de Paz del Congreso y su tarea pedagógica

 

Las comisiones de paz del Congreso de la República, tanto la de la Cámara de Representantes como la de Senado, han jugado un importante papel en este proceso de paz que va por buen camino. Estas comisiones fueron configuradas en noviembre de 2010 por el Congreso y buscan contribuir a la consecución de la paz en Colombia, para dar cumplimiento al artículo 22 de la Constitución donde se establece la paz como derecho y deber para todas y todos los colombianos.

Las comisiones hemos hecho pedagogía de la paz: hemos apoyado sin titubeos el proceso, hemos reconocido y hecho públicas la polifonía de voces de nuestra Colombia profunda que clama la paz. En otras palabras, las comisiones han nutrido este proceso de experiencias, creencias, emociones, propuestas que fueron surgiendo en las nueve mesas regionales que realizamos en el año 2012.

Un reconocimiento importante de esta tarea, lo recibimos a través del comunicado conjunto redactado por la delegación del gobierno nacional y la de las Farc-ep en La Habana el 29 de noviembre de 2012: "La Mesa acordó recibir las conclusiones de los foros organizados por las comisiones de paz del Congreso de la República, que contaron con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas Colombia, a través de las delegaciones diplomáticas en Colombia, de los garantes del proceso: Cuba y Noruega." Las propuestas de las "Mesas de Trabajo para Poner Fin al Conflicto" no solo llegaron a La Habana sino que han sido tenidas en cuenta en el documento conjunto que se redacta por estos días en La Habana.

Como lo planteé en Razón Pública: Las mesas de trabajo regional para contribuir a poner fin al conflicto han encarnado la idea de asumir la acción política como una actividad pedagógica, donde se promueve lo mejor de cada uno y en donde todos trabajan juntos, alrededor de una mesa, para "hacer mejor la vida de todos" y todas. (bit.ly/SFXxq8).

En esta experiencia pedagógica hubo tres asuntos que fueron recurrentes: 1) Las partes no se deben parar de la mesa sin antes haber firmado el acuerdo, 2) las voces ciudadanas, las nuevas voces ciudadanas y las voces excluidas deben ser parte activa de este proceso de paz 3) no da espera una reforma agraria integral que transforme la tenencia y los usos de la tierra, en un marco de equidad y sostenibilidad ambiental.

En este trabajo logramos construir confianza y respeto a los acuerdos pactados. Esto permitió un trabajo fluido. Sin embargo, dicha confianza y reglas se rompieron. El presidente del Senado Roy Barreras decidió unilateralmente convocar a una comisión de elegidos y elegidas para viajar a La Habana: el criterio de elección no fue claro. La regla que pactamos era irrefutable: las actividades de los integrantes de comisiones de paz, en La Habana, serían conocidas entre nosotros.

Dicha comisión viajó el 3 y 4 de marzo de 2013 a Cuba a reunirse con la delegación de las Farc-ep para cumplir tres objetivos, según he visto en medios: alertar sobre los tiempos del Congreso para que la firma del acuerdo empate con los ritmos legislativos, discutir sobre la condición de las víctimas e intercambiar opiniones sobre la participación política.

Los tres objetivos son bienvenidos, si los resultados contribuyen a construir esta paz tan añorada. La incomodidad que me surge es la forma como se tramitó dicha reunión, a las espaldas de las comisiones de paz, irrespetando las reglas que habíamos acordado y con un criterio de selección ambiguo. Esta forma de manejar el viaje afectó una idea que habría podido tener un impacto político importante en la ciudadanía. El vuelo a La Habana ha sido, por decir lo menos, poco afortunado: muchos medios deslegitimaron el viaje. La ciudadanía aún no comprende bien qué pasó.

Las comisiones de paz tenemos ante nosotros otra oportunidad pedagógica: la confianza es difícil de construir y fácil de destruir, pero tenemos el deber de reconstruirla, a partir de discusiones francas, respetuosas, en donde no se niegue el conflicto y se replanteen reglas que debemos respetar. Las comisiones de paz del Congreso, podemos dar ejemplo de acciones de paz y para la paz, en este proceso.

COLUMNA PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA

 

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Angélica Bello: el coraje de una mujer

Escribo desde el dolor, la indignación y, quizás, desde la impotencia. Impotencia por haber denunciado sistemáticamente violaciones de derechos humanos y sentir que no pasa nada. Ratificar que hay una enorme impunidad legal, social y moral frente a estos delitos y más aún, frente a los delitos sexuales que ocurren en el marco del conflicto armado. Si esta guerra no para, Colombia no será. La paz no da espera.

Con este dolor despedimos a la compañera y amiga Ana Angélica Bello Agudelo quien murió de manera extraña en Codazzi, Cesar, el pasado sábado 16 de febrero a las 10:50 p.m. Las autoridades dicen que se suicidó, yo no lo creo.

Como lo hemos repetido quienes pudimos trabajar con ella, Angélica nos legó su temple, su convicción por la búsqueda de la justicia, su capacidad de resurgir como el ave fénix de entre las cenizas, para convertirse en una líder, gestora de dignidad y activista de derechos humanos.

Conocí a Ana Angélica Bello Agudelo el 8 de junio de 2011. Organizamos un debate de control político al gobierno nacional, con el representante Iván Cepeda sobre la situación que viven las mujeres víctimas de violencia sexual, en el marco del conflicto armado. Denunciamos allí varios casos para demostrar como el cuerpo de la mujer, en estos contextos, es tomado como botín de guerra. El cuerpo de Angélica no fue la excepción.

En este debate Angélica presentó su testimonio, para permitirnos a quienes estábamos presentes, sentir con ella su padecimiento, sus pérdidas, su duelo pero también saber de su resistencia. Nos contó cómo su cuerpo y el cuerpo de sus hijas había sido tomado por los paramilitares como herramienta para amilanar su fuerza y obligarla a desplazarse en cuatro ocasiones, como lo ratifica Pilar Rueda, defensora delegada para la niñez, la juventud y las mujeres. Ese día insistió en la urgencia de la atención psicosocial, en especial para las mujeres. Desde ese momento me impresionó su fuerza sutil y contundente. Con su lenguaje desparpajado y fuerte defendía sin temor sus derechos y, ante todo, los derechos de mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, en el marco de este conflicto armado.

Angélica nunca se amilanó ante los poderosos, en el año 2000 en Casanare se presentó ante el paramilitar Martín Llanos, para reclamar sus dos hijas, de 9 y 14 años, quienes habían sido secuestradas y convertidas en esclavas sexuales. Sus hijas, le fueron devueltas, pero tuvo que salir de allí, así inicia su itinerario de desplazamientos. Siempre habló con franqueza y verdad. Trabajó con colectivos de mujeres, organizaciones sociales, organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos de las mujeres. El pasado 9 de enero, ante el presidente de la República, en reunión del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de nuevo le exigió, con toda claridad, darle cumplimiento a la ley 1448 en lo relacionado con la atención psicosocial. Atención que se convierte en proceso fundamental para reparar, renovar, reconstruir la propia existencia de las víctimas en Colombia.

Me uno a la solicitud que tanto la defensora delegada para la niñez, la juventud y las mujeres, como la Corte Constitucional han formulado al Gobierno Nacional y a la Fiscalía, para adelantar una investigación seria, pronta y con resultados y poder aclarar las circunstancias reales de su muerte.

Presidente Juan Manuel Santos, directora de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Salud, Fiscal general de la Nación, si quieren realmente reparar la muerte de Angélica Bello, si quieren hacer un reconocimiento real a cuanto significó su vida y su lucha, no les va a resultar suficiente con haber hecho un pronunciamiento público ofreciendo excusas o haber asistido a su entierro. Muevan todo el aparato institucional, dentro de la ley, para que este hecho se aclare y los casos de violencia sexual no queden en la impunidad, como viene ocurriendo. Implementen, de una vez por todas, aquello por lo que Angélica luchó siempre: la atención psicosocial para las víctimas. Sin formalidades, con acciones reales, prontas, con profesionales preparados y sensibles. Asuman a fondo y seriamente este mandato de la ley.

ANGELA ROBLEDO/ REPRESENTANTE A LA CAMARA

Columna para el periódico La Patria

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Angela Robledo interpone acción de tutela contra el Ministerio de Defensa

La Representante a la Cámara,  Ángela Robledo presentó ayer una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca  en contra del Ministerio de Defensa, en cabeza de Juan Carlos Pinzón por considerar que violó su derecho fundamental a la información.

El pasado 4 de febrero de este año, Ángela  Robledo había tramitado ante el  Ministerio de Defensa,  una solicitud,  vía derecho de petición,  a fin de que se estudiara la posibilidad de proveer transporte a un grupo de mujeres de organizaciones sociales y comunitarias que pedían asistir a La Habana a rodear el proceso de Paz, el próximo 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.  A la fecha y a pesar que desde la oficina de la parlamentaria se le ha hecho seguimiento a  dicha solicitud aún no se ha obtenido respuesta.

La parlamentaria indicó que mientras que muchos seguimos empeñados y trabajando por  un anhelo por la Paz,  este país  sigue concentrado en la guerra cuando miles de niños, jóvenes y mujeres  mueren a diario por el fuego cruzado de los violentos en el Cauca, Putumayo, Arauca, Chocó,  Antioquia y otras zonas del país 

“Al día de hoy 26 de febrero de 2013, es decir 22 días después de radicada la solicitud ante el Ministerio de Defensa, este no ha dado respuesta de acuerdo a lo que dispone la Constitución, el Código Contencioso Administrativo y los decretos violando mi derecho fundamental de petición”, dice el documento. 

Ángela Robledo ha insistido que en las mujeres son la reserva ética y política de este país y hace un llamado a que las mujeres hagan valer su derecho a la Paz: “Convoco a todas las colombianas y a las mujeres líderes, políticas, economistas, periodistas y las que lideran las organizaciones sociales, populares y comunitarias, para que este 8 de marzo levantemos nuestra voz para darle una oportunidad a la Paz”, anotó la parlamentaria. 

Angela Robledo instó al Ministro para que demuestre qué acciones ha realizado para cumplir su función constitucional de Paz: “El Ministerio de Defensa tiene como función coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos Humanos de acuerdo al Decreto Número 1512 de Agosto de 2000”. 

“Pareciera que el Ministro sólo quiere seguir haciendo vuelos para la guerra y ni uno sólo para la Paz”, puntualizó la congresista.

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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No más mordazas a la televisión pública

Por: Angela Robledo/ Representante a la Cámara

Debo confesar que no recuerdo el nombre del antiguo gerente del Canal Capital. ¿Alguien se acuerda? Debo confesar, también, que no sé cuáles fueron los logros de su gestión. ¿Alguien los conoce? Puedo cometer una injusticia con varios productores, libretistas, presentadores o camarógrafos, pero el único programa que recuerdo emitido años atrás en ese canal de televisión es el del exalcalde Samuel Moreno. Una vergüenza. 

Los tiempos han cambiado y, con ellos, la dirección del Canal Capital, actualmente bajo el liderazgo y la valentía del periodista Hollman Morris. No hay duda que la nueva programación es una apuesta por la paz, la verdad, la justicia, la memoria y la reconciliación. Han hecho de Canal Capital un espacio para condenar la impunidad y rechazar todas las formas de violencia, un espacio para respetar la vida, la libertad, la diferencia y la diversidad. 

Eso, en este país, tiene un costo: la estigmatización y la persecución, muy propias de las dictaduras. Es el precio que tienen que pagar quienes se enfrentan al establecimiento, o quienes trabajamos por la paz y la defensa de los derechos humanos. Es indignante y lamentable, lo sé, pero ese fue el peor legado de la “seguridad democrática”. 

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La basura tapó todo

Por: Angela Robledo/Representante a la Cámara por Bogotá

Hay quienes me critican por “defender al Alcalde Gustavo Petro”. Es un mediocre, me dicen. No sabe ejecutar, repiten. Se la pasa improvisando, insisten. Debo aclararles que yo no defiendo personas. Para eso están los abogados. Desde mi condición de Representante a la Cámara por Bogotá, apoyo los proyectos de sociedad que rechazan el “todo vale”, la violencia y la complicidad con los corruptos; apoyo los modelos de ciudad que buscan la igualdad, la justicia, la equidad y la inclusión, que respetan la ley y los derechos humanos, que cuidan la vida y defienden a los animales y al medio ambiente, que luchan por la educación y rescatan el valor de lo público. Yo prefiero el desarrollo humano y la cultura ciudadana, por encima del cemento. 

Esas fueron las banderas que en el año 2010 lideramos con la Ola Verde. Esos fueron los principios que juré cumplir y esa ha sido mi tarea a lo largo de mi vida pública y política, en la que he defendido –especialmente- los derechos de las y los más vulnerables, entre ellos los niños, las mujeres y los viejos. 

Por eso no me da vergüenza ni temor respaldar la propuesta de una “Bogotá más humana”, liderada por el Alcalde Gustavo Petro. Lo hago de manera libre, sin ataduras ni chantajes, sin sobornos ni contraprestaciones, propias de los clientelistas. Lo hago porque he seguido atentamente los mayores logros de su primer año de gestión, entre ellos, la disminución histórica de los homicidios, el aumento del presupuesto de la educación pública, la reducción de las tarifas de Transmilenio, la garantía del mínimo vital de agua para los estratos bajos, la oferta cultural, la atención a las víctimas y la implementación de un modelo de salud pública que busca garantizar la dignidad.

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*Columna para ElEspectador.com

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Saquen YA! a l@s niños de la guerra pide Ángela Robledo

 

Saquen YA! a l@s niños de la guerra pide Ángela Robledo

 

Bogotá, Colombia, febrero 6 de 2013

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo se unió al Día de la Mano Roja que busca prevenir y atender el reclutamiento forzado de niñ@s con destino a la guerra.

La parlamentaria denunció, en debate de control político realizado en diciembre pasado, que unos 14 mil niños son víctimas del reclutamiento por parte de todos los actores del conflicto armado en Colombia. “Datos del Instituto de  Medicina Legal (2011) demuestran que niñ@s y adolescentes son los que más sufren violencia sexual en el conflicto armado.  El 89%, es decir casi la totalidad de víctimas, de delitos sexuales son niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. El dato es aún más escalofriante: el 35%, es decir, uno de cada tres casos son niñ@s de 10 a 14 años”, dijo Ángela Robledo. 

“Los niñ@s son las principales víctimas, junto con las mujeres, de esta guerra centenaria; están sin oportunidades y proyectos de vida y son quienes se vuelven carne de cañón o presa fácil de la violencia. Los indicadores sociales de las áreas rurales son una vergüenza”, dijo Robledo.

En el debate la parlamentaria incluyó parte del Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia (2012) para señalar casos de violencia sexual por parte de todos los grupos armados: “A menudo se las obliga (a las niñas) a mantener relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si quedan embarazadas. En algunas ocasiones también se las obliga a usar métodos anticonceptivos inapropiados y perjudiciales para la salud (…) En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados (…)” . 

De acuerdo con ONU  “Las FARC-EP obligaron a abortar a niñas embarazadas en Cauca (2009). En 2010, en Putumayo, un grupo de cuatro hombres armados agredieron sexualmente a dos jóvenes de 17 años. El mismo año, en el Meta, una adolescente de 14 años fue muerta por miembros del ERPAC después de ser torturada, violada y mutilada. Como consecuencia de ello, la familia de la víctima se desplazó. En 2011, en Nariño, una joven de 17 años fue violada, torturada, obligada a limpiar un lugar público desnuda y a comer excrementos por miembros de Los Rastrojos, quienes finalmente la mataron delante de la comunidad y advirtieron que ése sería el procedimiento de represalia contra quienes les denuncien”. 

Ángela Robledo presentó a finales de 2012 una proposición para ampliar este debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. “Hay una responsabilidad política innegable del Estado y del gobierno en esta guerra. Asumir esta responsabilidad, junto con la que debe asumir también la guerrilla de las FARC-EP es un paso fundamental para una paz positiva y duradera. Las víctimas que hemos escuchado en todas las regiones piden más verdad que justicia”, puntualizó Ángela Robledo.

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

 

12 de febrero Día de la Mano Roja

El Día de la Mano Roja que significa:  Detengan el uso y reclutamiento de niños y niñas en la guerra, entró en vigencia en 2012 y obliga a los Estados a prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley  y a atender a aquellos que continúan siendo víctimas de este crimen.

Este año distintas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales se han unido para realizar dos acciones en Bogotá:

1. Un foro distrital de responsabilidad pública en el que se abordará la situación actual de la niñez colombiana víctima del conflicto armado. Salón Huitaca, Alcaldía Mayor de Bogotá, el 11 de febrero a partir de las 8:00 am.

2. Una acción de participación e incidencia en la que los niñ@s y adolescentes enviarán mensajes de paz a la mesa de diálogo en La Habana (Cuba). Salón Boyacá, Congreso de la República, el 12 de febrero, a partir de las 8:00 am.

 

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Ángela Robledo pide al Ministro de Defensa “Un vuelo para la Paz”

 

Bogotá, Colombia, febrero 4 de 2013

La representante a la Cámara y Co presidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo, envió hoy una carta al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón en la que solicita facilitar el transporte a 300 mujeres de organizaciones sociales y comunitarias que trabajan a favor de la Paz.

"Las colombianas queremos rodear el proceso de paz y agenciar las propuestas presentadas por las mujeres en las mesas organizadas de manera conjunta el semestre anterior, entre el Congreso de la República y el Sistema de Naciones Unidas, para contribuir al fin del conflicto. Este viaje sería un homenaje a las indígenas, campesinas y afro descendientes, que viven todos los días en medio del horror de la guerra", dijo Ángela Robledo en su carta.

Robledo aseguró que "las mujeres, principales víctimas de esta guerra, viudas, huérfanas y desplazadas, son el 85% de las sobrevivientes del conflicto", al tiempo que llamó nuevamente la atención sobre las cifras de violencia contra las mujeres en el conflicto que afecta a unas 500 mil mujeres, de acuerdo con estudios de la Casa de la Mujer y Oxfam. 

"Ministro Pinzón, la Fuerza Aérea Colombiana realiza todos los días vuelos para la guerra, esta es una oportunidad de hacer un vuelo para la Paz", puntualizó Ángela Robledo.


Texto de la Carta:


Señor
JUAN CARLOS PINZON
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa Nacional
La Ciudad

Ref: Derecho de petición: Un vuelo para la Paz

Cordial saludo,

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres fecha en la que las mujeres colombianas, queremos ratificar nuestro no rotundo a esta guerra y nuestro apoyo al proceso que adelanta la mesa de diálogo de La Habana (Cuba) dirigido a firmar el acuerdo para el fin del conflicto armado con las Farc-Ep. Mujeres, jóvenes y niñas, son las principales víctimas de esta guerra. Muchas de ellas, son hoy sus viudas, huérfanas y desplazadas en condición de sobrevivientes del conflicto. 

Como Usted bien conoce, unas quinientas mil mujeres soportan todo tipo de violencias a causa de la guerra: 94.565 sufren violaciones, 26.058 embarazo forzado, 19.422 esterilización forzada, 7.754 prostitución forzada, 48.554 servicios domésticos forzados, 175.873 acoso sexual y 326.891 imposición de controles represivos sobre su vida social.

Las mujeres son la reserva ética de este país, pioneras de todos los procesos de paz y las principales agentes de dignidad en esta guerra que nos agobia. Que sus propuestas lleguen de manera efectiva y significativa a la mesa de diálogo en La Habana, sería el mejor homenaje el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para lo cual necesitamos de su concurso en la facilitación del transporte para unas 300 mujeres de organizaciones sociales y comunitarias que trabajan a favor de la paz.

Las colombianas queremos rodear el proceso de paz y agenciar las propuestas presentadas por las mujeres en las mesas organizadas de manera conjunta el semestre anterior entre el Congreso de la República y el Sistema de Naciones Unidas, para contribuir al fin del conflicto. Este viaje sería un homenaje a las indígenas, campesinas y afro descendientes a quienes escuchamos en las regiones y viven todos los días en medio del horror de la guerra.

En la labor que emprendimos con la Comisión de Paz del Congreso tuvimos la oportunidad de escuchar cerca de 3.000 personas, en su gran mayoría mujeres y jóvenes de 1.400 organizaciones sociales, que exigen un proceso de paz exitoso y una paz estable y duradera en donde se profundice la política social en nuestro país.

Ministro Pinzón, la Fuerza Aérea Colombiana realiza todos los días vuelos para la guerra, esta es una oportunidad de hacer un vuelo para la Paz.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

Ángela Robledo
Representante a la Cámara

CC. Señor General del Aire Tito Saúl Pinilla Pinilla, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana

 

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No queremos una guerra perpetua

 

 

Por: Angela Robledo, Representante a la Cámara

David Grossman, connotado escritor y pacifista israelí, quien perdió a su hijo cuando prestaba servicio militar obligatorio en el año 2006 durante la guerra entre Israel y Hezbolá, visita por estos días nuestro país para participar en Hay Festival. En entrevista concedida a la revista Semana, al referirse de manera particular a los países que viven un conflicto armado prolongado, como es el caso de Israel y de Colombia, expresaba lo siguiente: "Durante los conflictos, en especial los muy largos, la gente empieza a creer que no hay otro camino, que están condenados a vivir en medio de la tragedia por toda la eternidad" y agrega "las partes interesadas en los conflictos establecen un lenguaje violento que es cárcel y que no permite que se resuelvan las diferencias".

Las palabras de Grossman tienen enorme pertinencia hoy en nuestro país, porque nos alertan sobre lo que significa vivir condenados a la tragedia de la guerra eterna. Condenados a vivir en medio del miedo, la inmovilidad, el odio, donde las palabras y los gestos violentos, resultan tan efectivos como un fusil, una granada, una bomba.

Al leerlo pensaba cómo han calado entre nosotros las palabras amenazantes y las acciones violentas de los llamados otrora, por Otto Morales Benítez, "los enemigos agazapados de la paz". Hoy en Colombia, después de casi treinta años, estos enemigos atacan la paz no de manera solapada y clandestina, lo hacen de frente con gran cinismo y amplia resonancia en medios de comunicación. Son aquellos quienes de manera desafiante y pública declaran que no hay otra salida que continuar esta terrible guerra, la cual prometieron acabar hace 10, 8, 6, 4, 2 años y cuyos resultados han sido miles y miles de colombianas y colombianos muertos o desplazados. Expresiones estridentes y amenazadoras como las de Álvaro Uribe o las de José Félix Lafaurie, por nombrar solo a dos de sus más caracterizados exponentes, producen no solo miedo, sino indignación.

Y es que de manera especial, ha sido el gremio de los grandes ganaderos del país, el que de tiempo atrás ha presentado la prolongación del conflicto armado y la guerra como la única salida a tanta pobreza y desigualdad. Aún recuerdo como en sus asambleas en tiempos de Jorge Visbal como su directivo y Álvaro Uribe Vélez como presidente, el primer mandatario era recibido por muchos de los afiliados de Fedegán, con los puños cerrados y los brazos en alto, a la manera del saludo que los alemanes le presentaban a su Führer.

 

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Angela Robledo propone a las mujeres tomarse La Habana el 8 de marzo

 

Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, propuso hoy a la Comisión Legal de Mujeres del Congreso rodear el proceso de paz  y agenciar las propuestas presentadas por la mujeres en las Mesas Regionales para contribuir al fin del conflicto, como un homenaje a las indígenas, campesinas y afrodescendientes que sobreviven al horror de la guerra.

 

 

“Invito a mis compañeras de la Cámara y el Senado y a todas las mujeres que estamos comprometidas con este país a que nos tomemos La Habana y sentemos de una vez por todas nuestra posición como ciudadanas que luchamos por la Paz de nuestro país y que queremos que este proceso  de diálogo sea exitoso”, propuso Ángela Robledo.

 

Ángela Robledo aseguró  que “las mujeres son la reserva ética de este país, son las pioneras de todos los procesos de paz y las principales agentes de dignidad en esta guerra que nos agobia. Que sus propuestas lleguen de manera efectiva y significativa a la Mesa de Diálogo en La Habana, sería el mejor homenaje el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer”.

 

 

“A nosotras como representantes de las mujeres colombianas nos corresponde la tarea histórica y política de incidir para que este proceso termine con un acuerdo de paz que permita que muchas comunidades salgan del abismo oscuro de la guerra. Todos los guerreros tienen que saber que las mujeres estamos atentas y vigilantes para que la paz positiva sea una realidad”, dijo hoy Ángela Robledo durante el encuentro de parlamentarias en la Comisión Segunda de la Cámara.

 

Ángela Robledo aseguró que las mujeres, los jóvenes y las víctimas directas de la guerra, son los principales aliados para la Paz: “En la labor que emprendimos con la Comisión de Paz del Congreso tuvimos la oportunidad de escuchar a unas 2.700 personas, en su gran mayoría mujeres y jóvenes de 1.178 organizaciones sociales, que exigen un proceso de paz exitoso y una paz estable y duradera en donde se profundice la política social”.

 

 

“Estas mujeres que son víctimas, activistas, sobrevivientes y gestoras de proyectos productivos comunitarios nos dan ejemplo, con su vida y nos enseñan que es posible hacer resistencia a la guerra haciendo minga, trabajando con los otros, sin rendirse, a pesar de los despojos de los paramilitares, las violaciones de los militares, los abusos de los guerrilleros, el maltrato de las petroleras y el olvido del Gobierno”, dijo Ángela Robledo.

 

 

Ángela Robledo señaló que las mujeres de todo el país tienen propuestas concretas para la paz: Mujeres cundiboyacenses con proyectos colectivos que jalonan mercados campesinos; mujeres del Eje Cafetero orgullosas de lograr la primera cédula cafetera en un contexto puramente masculino y mujeres de Córdoba que han convertido su dolor en dignidad.  Entre las propuestas que presentaron las mujeres en las nueve mesas regionales, Angela Robledo destacó: 1. Instaurar una reforma agraria profunda con enfoque diferencial y de género 2. Desallorar políticas públicas y proyectos agrarios productivos dirigidos a mujeres campesinas que eviten su migración a la grandes ciudades para convertirsen en empleadas domésticas 3. Acelerar la entrega de tierras a mujeres cabeza de familia en procesos de restitución  4. Adjudicar las tierras a unidades agrícolas familiares dado que las principales víctimas del conflicto son las viudas que no tienen titulación de tierras 5. Desarrollar programas de atención psicosocial para las mujeres y las familias víctimas del conflicto.


Ángela Robledo pidió además a sus compañeras de la Cámara y el Senado que apoyen decididamente el Proyecto de Ley 037-Cámara, dirigido a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara en noviembre pasado. “Este proyecto sin duda contribuirá a la Paz, porque la guerra exacerba todas las formas de violencia que recaen en forma cruel en los cuerpos y las vidas de miles de mujeres", aseguró Angela Robledo.

 

 

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

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Crímenes de odio contra los homosexuales

 

 

No es justo que el poder sirva de excusa para dirigir campañas discriminatorias, máxime cuando se lideran con recursos públicos bajo el amparo de la "inviolabilidad parlamentaria", que evita la persecución judicial por las opiniones emitidas por quienes decimos representar en el Congreso a la ciudadanía.

Ya la historia comprobó qué ocurre cuando el poder se ejerce en función de la persecución, la estigmatización, la intolerancia, el fascismo y el desprecio. La humanidad ya fue testigo de esa barbarie y nos resistimos a repetirla. Porque las minorías también tienen derechos, así no le guste al senador Gerlein y a muchos quienes como él, abusan de su poder, e invocan de manera directa o indirecta los sentimientos de odio hacia el otro, hacia el considerado diferente y por ello inferior. Vale recordar que el movimiento LGBTI se ha ganado a pulso su derecho a la diferencia, a la igualdad, a la inclusión y a la diversidad. La Constitución del 91 obliga al Estado a proteger sus derechos fundamentales, luchando contra las distintas formas de discriminación, incluidas la homofobia y evitando la reproducción de la macabra "limpieza social".

Por eso, a través de un derecho de petición radicado el pasado 22 de noviembre, pedí al Procurador General se pronunciara frente a las declaraciones de Roberto Gerlein, pues nuestra Constitución establece que, independientemente de sus convicciones religiosas, el Procurador tiene que velar por el cumplimiento de la Ley y proteger los derechos humanos de todas y todos los colombianos. De todos y todas (léase bien), incluidos los homosexuales.

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Militares estarían implicados en violencia sexual contra niñas, denuncia Angela Robledo

 

Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz denunció este martes en debate de control político, que miembros de las fuerzas armadas estarían involucrados en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

“Tenemos evidencia de que algunos miembros de la fuerza pública, abusan de niñas y adolescentes en zonas de conflicto. La explotación sexual por parte de estos funcionarios a niñas y adolescentes no son hechos aislados, son crímenes generalizados que deben tener una responsabilidad y sanción tanto de los involucrados como de los jefes máximos. En territorios de guerra rurales, donde hay bases militares, hay explotación sexual a menores de edad”, dijo la parlamentaria. 

Angela Robledo presentó datos del Instituto de  Medicina Legal que demuestran que niños, niñas y adolescentes son los que más sufren violencia sexual en el conflicto armado.  El 89%, es decir casi la totalidad de víctimas, de delitos sexuales son niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. El dato es aún más escalofriante: el 35%, es decir, uno de cada tres casos son niños y niñas de 10 a 14 años . Según Forensis, miembros de las fuerzas armadas estarían en el primer lugar del rango de victimarios por presunto abuso sexual en el marco del conflicto colombiano. 

De acuerdo con Ángela Robledo el delito de violencia sexual  contra niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto armado lo cometen todos los guerreros, sin embargo la parlamentaria aseguró que “es preocupante que la presencia de la fuerza pública se convierta en un factor de riesgo para los menores de edad”.  

El Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia señala que “Se han recibido denuncias de casos de violencia sexual perpetrada por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia y de la policía (…) En abril de 2010, en Arauca, una adolescente de 14 años fue violada, según se informó, por un efectivo de las Fuerzas Militares de Colombia. Otra menor de 13 años fue violada cerca de su escuela, presuntamente por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, que se encontraban por la zona de la escuela. En octubre de 2010, en Arauca, al parecer dos niñas fueron violadas en repetidas ocasiones por un miembro de las Fuerzas Militares de Colombia, quien más tarde mató a una de las niñas y a sus dos hermanos. El militar presuntamente violó a uno de los niños antes de matarlo”. 

El mismo informe, muestra casos concretos de este tipo de violencias por parte de todos los grupos armados: “A menudo se las obliga (a las niñas) a mantener relaciones sexuales con adultos a una edad temprana y a abortar si quedan embarazadas. En algunas ocasiones también se las obliga a usar métodos anticonceptivos inapropiados y perjudiciales para la salud (…) En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados (…)”.

De acuerdo con ONU  “Las niñas reclutadas por los grupos armados no estatales o vinculadas a ellos con frecuencia son víctimas de graves y repetidos actos de violencia sexual. En 2009, se recibió información de que las FARC-EP obligaron a abortar a niñas embarazadas en Cauca. En 2010, en Putumayo, un grupo de cuatro hombres provistos de armas pertenecientes a un grupo armado no estatal no identificado agredieron sexualmente a dos jóvenes de 17 años. En agosto de 2010, en Meta, una adolescente de 14 años fue muerta por miembros del ERPAC después de ser torturada, violada y mutilada por sus agresores, quienes le cortaron los senos. Como consecuencia de ello, la familia de la víctima se desplazó. En marzo de 2011, en Nariño, una joven de 17 años fue violada, torturada, obligada a limpiar un lugar público desnuda y a comer excrementos por miembros de Los Rastrojos, quienes finalmente la mataron delante de la comunidad y advirtieron de que ese sería el procedimiento de represalia que seguirían contra quienes presentasen denuncias”. 

“El conflicto armado también ha puesto a los niños en peligro de sufrir explotación sexual. En mayo de 2009, en Putumayo, miembros de Los Rastrojos ofrecieron dinero a las estudiantes de una escuela para niñas a cambio de mantener con ellas relaciones sexuales. En 2011, en Guaviare, niños de las comunidades indígenas, en su mayoría niñas de edades comprendidas entre 12 y 14 años, fueron sometidos a repetidas violaciones y a explotación sexual por parte de grupos armados.”  

Angela Robledo aseguró que “en las zonas de guerra, todos los grupos armados incurren en crímenes repudiables y, a su vez, el Estado no garantiza derechos y en muchas ocasiones los viola. En estas condiciones una paz estable y sostenible es imposible”. La parlamentaria hizo un llamado para que en este proceso de paz, las niñas, niños y adolescentes salga inmediatamente de la guerra, de ser usados como informantes por todos los grupos armados, de ser reclutados o violados. 

“Hay una responsabilidad política innegable del Estado y del gobierno en esta guerra. Pues en muchos casos ellos también son victimarios o no generan condiciones para frenar esta situación que pareciera que no indigna a los gobernantes de este país. Asumir esta responsabilidad, junto con la que debe asumir también la guerrilla de las FARC-EP es un paso fundamental para una paz duradera. Las víctimas que hemos escuchado en todas las regiones piden más verdad que justicia”, puntualizó Ángela Robledo.

VEA EL DOCUMENTO COMPLETO DEL DEBATE DE CONTROL POLÍTICO HACIENDO CLIC AQUÍ. 

CLIC AQUI PARA ESCUCHAR LOS DESGARRADORES TESTIMONIOS DE HABITANTES DE PUTUMAYO

 

PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

 

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Debate de control político: Niños en la guerra

 

Mambrú se va a la guerra, qué dolor, qué pena!

 

Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso citó este martes a debate de control político al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, a la Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano Aponte, al Comandante General de las Fuerzas Militares, General Alejandro Navas Ramos, al Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Álvaro Alejandro Eder Garcés, para que respondan por la situación de unos 14 mil niños víctimas del reclutamiento por parte de todos los actores del conflicto armado en Colombia. 

Angela Robledo dijo que su debate estará centrado en revisar las condiciones de abandono y extrema pobreza de niñas, niños y adolescentes que viven en las regiones apartadas del país, que no tienen oportunidades y terminan involucrados en el conflicto: “Los niños son las principales víctimas, junto con las mujeres, de esta guerra centenaria; están sin oportunidades y proyectos de vida y son quienes se vuelven carne de cañón o presa fácil de la violencia. Los indicadores sociales de las áreas rurales son una vergüenza. Sumando reclutamiento, violencia sexual y víctimas de minas antipersonas, alrededor de 30.000 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas directas de la guerra”.

La parlamentaria aseguró que es responsabilidad del gobierno colombiano garantizar las condiciones materiales mínimas para que la guerra no sea el camino de niños y jóvenes, al tiempo que llamó la atención sobre la situación de niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual por parte de miembros de la fuerza pública

CLIC AQUI PARA ESCUCHAR LOS TESTIMONIOS

El debate está citado a las 9:30 a.m. en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

 

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Las antígonas contemporáneas: una reserva ética frente a la guerra

 

Esta columna está basada en un texto de mi autoría incluido en el libro "Divergencia: múltiples voces nombran lo político", el cual fue publicado por el CINEP y la Universidad Javeriana en el año 2010. Quise reproducirlo en este espacio en razón de su vigencia, y especialmente, dada su pertinencia en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre.

Al reflexionar sobre la política, algunos de mis referentes han sido las imágenes femeninas milenarias que, como Antígona, Penélope o Sherezada, han estado presentes para romper certidumbres, cuestionar límites, visibilizar realidades, encarnar mitos e inspirar nuevas representaciones de la realidad. En ocasiones he pensado en las relaciones entre poética y política a propósito de la imagen de Antígona, quien pone en cuestión los límites entre lo privado y lo público, entre las leyes de los dioses y los hombres, entre la guerra y la política, entre las relaciones del honor y del amor.

Antígona encarna el amor al Otro y se convierte en reserva ética para el cuidado de los vivos y de los muertos. En el grito de Antígona se funden los gritos de cientos de mujeres que por siglos hemos insistido que no hemos nacido para compartir odio sino amor. Por ello Antígona vive entre los campos devastados por la guerra y el desplazamiento, entre los cientos de pueblos abandonados donde muchas mujeres se resisten a salir, donde muchas de ellas exigen tener el derecho a sepultar sus muertos y cuidar la vida.

Y digo que las mujeres somos reserva ética porque hemos hecho resistencia frente a las prácticas patriarcales de sometimiento, de exclusión, de violencia. Es la fuerza de lo femenino, donde nuestras prácticas cotidianas y sociales han estado más cerca de nutrir que de consumir o devorar. Porque lo femenino se ha convertido en espacio de resistencia frente a las ideas que han vinculado el progreso y el crecimiento con la perversa convicción de que el desarrollo significa consumir más, poseer más, devorar más.

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Angela Robledo pide a la Procuraduría adelantar acciones en caso Gerlein

 

Ángela Robledo, representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión del Paz de Congreso de la República pidió al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, que como garante de los derechos humanos, tome medidas  y se pronuncie frente a las expresiones discriminatorias y claramente homofóbicas del Senador Roberto Gerlein, presentadas en el trámite del proyecto de ley que regula las uniones gay en Colombia.   

“Solicito respetuosamente, a usted, como autoridad competente informar las medidas que como servidor público garante de los derechos de los ciudadanos va a tomar frente a la declaraciones del Senador Roberto Gerlein, y emitir su respectivo pronunciamiento sobre el tema”, anota la parlamentaria en un derecho de petición que fue radicado este jueves ante la Procuraduría General de la Nación.

De igual manera Ángela Robledo pidió al Procurador Ordoñez que emita su concepto frente a las iniciativas legislativas que pretender modificar el código civil en materia de matrimonio y proteger los derechos de la comunidad LGBTI, teniendo en cuenta que es a la Procuraduría a quien corresponde vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes y proteger los derechos humanos de las minorías en un Estado Laico y pluralista. 

La parlamentaria ha dicho que no es justo utilizar la inmunidad parlamentaria para discriminar y ofender a una comunidad que se ha ganado a pulso y por la vía legal su derecho a la diferencia y a que el Estado les proteja sus derechos fundamentales. “Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y diferencias con respeto y consideración, sobre todo en una sociedad postmoderna que está transitando hacia la búsqueda de la paz y la reconciliación. Es elemental suponer que quienes ostentan el poder y representan a la ciudadanía deben dar ejemplo de respeto y dignidad”, puntualizó Ángela Robledo. 

Clic aquí para ver comunicación de Ángela Robledo al Procurador Alejandro Ordoñez.

PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento

 

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Aprobado en primer debate Proyecto de Ley contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado

 

Hoy martes 20 de noviembre de 2012, en Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fue aprobado en primer debate el Proyecto de Ley radicado por los Representantes a la Cámara Ángela Robledo y Cepeda, con el apoyo de Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, "por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”.

"No hay una mejor noticia para la conmemoración del Día de la NO violencia contra las mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Este proyecto luchará contra la impunidad y contribuirá a la Paz, porque la guerra exacerba el conflicto, lo cual recae en forma cruel en los cuerpos y las vidas de miles de mujeres de nuestra Colombia, que hoy todos defendemos", aseguró Angela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión del Paz.

El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.

La iniciativa, que busca modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y a Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008)  tiene entre sus objetivos:  1)   Armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ratificados por Colombia en los casos de violencia sexual, puesto que pese a la existencia de múltiples instrumentos jurídicos, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras. 2)  Crear mecanismos que contribuyan a disminuir la total impunidad (98%) y superar las barreras institucionales para garantizar el  derecho de acceso y lograr mayor eficacia en la administración de justicia. 3) Proponer acciones afirmativas y medidas de protección para las víctimas desde un enfoque diferencial y de derechos humanos para una reparación efectiva. 

Esta iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto, se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento por ser una práctica habitual, extendida, sistemática, generalizada e invisible.

Este proyecto incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los crímenes de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza como el caso de la prueba física. De igual manera desvirtúa el uso de la violencia física y contempla nuevos elementos como contexos de coacción o delitos producto de amenzas o uso de poder. Amplia conductas penales como el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas y propone un sistema de información sobre violencia sexual.

Este Proyecto de Ley, fruto de un año de discusiones, fue radicado el pasado 25 de julio y contó con el apoyo o los aportes del Ministerio de Justicia, la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Comisión Colombiana de Juristas, la Casa de la Mujer, Humanas, Sisma Mujer, ONU Mujeres, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con la aprobación del Proyecto en primer debate, le restan tres debates más en el Congreso de la República y la sanción presidencial para convertirse en Ley. 

 

Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806

Más información en www.angelarobledo.com y www.pazypedagogia.com

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Los jóvenes y las mujeres son reserva ética en los diálogos de Paz.

 

 

Muchos de los procesos exitosos de paz que se han dado en el mundo coinciden en que la participación ciudadana es vital para transitar hacia una democracia más profunda y poder así llegar al fin de la confrontación armada, que si bien no significa vivir en paz, si se convierte en condición indispensable para ésta. Esa es la esperanza que llevamos en el corazón millones de colombianas y colombianos, en especial aquellos quienes viven cotidianamente la guerra que desangra nuestro país.

Propiciar la participación ciudadana ha sido una de las tareas más importantes para las comisiones de paz del Congreso de la República. Hemos querido escuchar de viva voz a muchas mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños representantes de organizaciones sociales, comunitarias, académicas, ONG, víctimas del conflicto, sindicalistas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de derechos humanos, movimientos LGBTI, y empresarios, la presentación de sus propuestas referidas a tres de los puntos contemplados en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera: Desarrollo Rural Integral, Sustitución de Cultivos Ilícitos y Participación Política. En un ejercicio que denominamos Mesas de Trabajo Regionales por la paz, que ha contado con el apoyo técnico del Sistema General de Naciones Unidas y el PNUD, hemos tenido la oportunidad de escuchar sus planteamientos, exigencias y propuestas plasmadas en las relatorías, las cuales serán enviadas formalmente a la mesa de negociación en La Habana, la primera semana de diciembre de este año.

En los encuentros en las diferentes regiones hemos buscado propiciar el diálogo en torno a lo significados y las implicaciones de este nuevo proceso de paz en Colombia. Nuestras comisiones se convierten así en un canal de comunicación en esta segunda fase, entre la mesa negociadora y los miles de colombianos que históricamente han sido excluidos y que hoy tienen propuestas concretas para la paz, las cuales apuntan a erradicar las causas estructurales de la guerra: acceso a la tierra, protección a la economía agrícola, participación política con garantías para los movimientos y los partidos de oposición, acceso a los derechos fundamentales y políticas estructurales para erradicar la pobreza y la flagrante desigualdad en Colombia.

En una polifonía de voces hemos escuchado a lo largo y ancho de esta Colombia profunda cerca de dos mil personas, pertenecientes a más de 800 organizaciones. Estuvimos en Sincelejo con líderes de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre; en Barranquilla con organizaciones del Atlántico, Guajira, Magdalena y San Andrés; en Villavicencio con comunidades de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Casanare y Guaviare; en Pasto con movimientos sociales de Nariño y Putumayo; en Medellín con sectores de Antioquia, Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas; en Bucaramanga con voceros de Santander, Norte de Santander y Arauca.

Entre las reivindicaciones más frecuentes están las de las víctimas del conflicto político quienes han transformado su dolor en dignidad, exigen celeridad en los procesos de reparación integral, en especial aquellos los relacionados con la restitución de sus tierras, sacar a la población civil de conflicto y un cese al fuego pronto y efectivo. Piden que sus voceros sean escuchados en la mesa de negociación Gobierno-Farc.

La participación de las mujeres y los jóvenes ha sido contundente, sus propuestas imaginativas y factibles. Son reserva ética para este proceso. Las mujeres nos enseñan a hacer minga para construir la paz, desde las regiones. A enfrentar la guerra y la pobreza con proyectos productivos comunitarios y mercados campesinos justos para sus productos agrícolas. Señalan estar dispuestas a perdonar si hay verdad y reparación integral. Los jóvenes se niegan a que su destino sea la guerra, anhelan un presente y un futuro en el que puedan estar alejados de las armas, reivindican su derecho a la objeción de conciencia. A cambio piden una política agraria que los reconozca como herederos del cuidado de la tierra.

Nuestra presencia en estas mesas, nos ha permitido ratificar la enorme e intolerable brecha que existe entre la Colombia urbana y la Colombia rural, esa Colombia profunda que muchos desconocemos. Seguimos convencidos de que la paz es la victoria y la justicia social es el camino.

Columna de la Representante Angela Robledo para el periódico La Patria

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Los congresistas mejor calificados por los líderes de opinión

Según encuesta de la firma Cifras y Conceptos, que consultó a casi 2 mil líderes de opinión, la Representante Angela Robledo se ubicó en los primeros lugares del ranking de los mejores congresistas del país. ¡GRACIAS!

Lea el artículo completo en el siguiente link:

http://www.lasillavacia.com/historia/los-congresistas-mejor-calificados-por-los-lideres-de-opinion-37035

 

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Conclusiones de la Mesa Regional por la Paz realizada en el Meta

 

Organizaciones sociales denuncian en la mesa regional por la Paz, violación de derechos humanos de actores de la región

“(…) Las zonas donde hay fuerzas militares y zonas de consolidaciones existen violaciones, despojos, embarazos no deseados. Las petroleras no respetan los derechos laborales, no contratan personas de la región, están masacrando la tierra dejando la región sin agua y obligan a pequeños campesinos a abandonar las tierras. El gobierno se destaca por su profundo olvido y desidia. En otras palabras, el modelo minero y petrolero, y la militarización de nuestra vida están resquebrajando las bases de esta región y están dando todas las condiciones para intensificar el conflicto, con estas condiciones es muy difícil pensar en una paz duradera”, denunciaron participantes de la Tercera Mesa Regional que se realizó en Villavicencio, Meta, durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre, convocada por las Comisiones de Paz del Congreso de la República.

Ángela Robledo, Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz, resaltó la participación de las mujeres y jóvenes líderes y dijo que son la reserva ética frente a la guerra: “Estas mujeres nos dan ejemplo, con su vida y nos enseñan que es posible hacer resistencia a la guerra haciendo minga, trabajando con los otros, sin rendirse, a pesar de los despojos de los paramilitares, las violaciones de los militares, los abusos de los guerrilleros, el maltrato de las petroleras y el olvido del Gobierno”.

“Las mujeres proponen, trabajan, generan ligaduras, promueven proyectos productivos, son lideresas y, a la vez, cuidan las hijas o hijos que han quedado sin padres porque este conflicto los mató o desapareció. Hay ejemplos de mercados campesinos que jalonan estas mujeres y que se vuelven un proyecto de vida, un proyecto de toda una comunidad y fortalece una economía campesina que no acude a intermediarios perversos que concentran los recursos del trabajo campesino”, afirmó Ángela Robledo.

Llamó la atención la participación de un número considerable de jóvenes que exigieron una política agraria que focalice proyectos productivos para ellos. “Queremos vivir sin tocar un arma”, afirmaron los jóvenes al reivindicar su derecho a la objeción de conciencia. 

Ha sido recurrente en las mesas la exigencia para que la voz de las víctimas sea tenida en cuenta en La Habana y para que los negociadores firmen un acuerdo que ponga fin al conflicto. De igual manera los participantes pidieron que se respete su autonomía para cultivar y la no extranjerización de la tierra.

Las Mesas de Trabajo Regionales cuyo objetivo es promover la participación de diferentes actores sociales en la preparación de propuestas dirigidas a fortalecer el primer eje temático (desarrollo rural) del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que inicia en La Habana el 15 de noviembre, reunió 320 personas de unas 170 organizaciones de indígenas, afrodescendientes, campesin@s, mujeres, empresarios, ambientalistas, jóvenes, defensor@s de derechos humanos, comunidad LGTBI, iglesias, sindicatos, víctimas, academia, iniciativas de paz, entre otras, provenientes de seis departamentos del país: Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Casanare y Guaviare. 

La Tercera Mesa Regional fue instalada por el Gobernador del Meta, Alan Jara y coordinada por Ángela Robledo, Mercedes Rincón, Alexandra Moreno Piraquive, Doris Vega, Juan Carlos Martínez, Iván Cepeda, Jorge Eduardo Gechem, Luis Carlos Avellaneda, Hernán Andrade, Jorge Londoño,  de las Comisiones de Paz del Congreso de la República.

La relatoría de estas mesas cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el destino de las propuestas es la Mesa de Negociación Gobierno-Farc que inicia en los próximos días en La Habana (Cuba).

La Cuarta Mesa se realizará este fin de semana (Viernes 2 y sábado 3) en Pasto.

PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806

Más información en www.pazypedagogia.com

 

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Internet, el espacio para democratizar los diálogos de paz

Una de las críticas que más sonaron de los frustrados diálogos del Caguán, en el Gobierno de Pastrana, fue la poca participación que tuvo la sociedad civil. Años después de aquel intento por frenar el conflicto en Colombia, analistas han hecho énfasis en que la participación de la ciudadanía fue débil.

Muestra de ello son los análisis de profesores como Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, o de Jaime Zuluaga Nieto, quienes señalaron que las audiencias que se crearon para que unas 25 mil personas se apersonaran de ese proceso de paz no definieron con exactitud el rol de los ciudadanos, lo que convirtió tales encuentros en un “muro de lamentaciones”.

Pero los actuales diálogos se dan en un momento distinto. La ciudadanía hoy es mucho más activa a través de las redes sociales, y las posibilidades que brindan las herramientas en la Web permiten que los ciudadanos puedan estar informados de cómo avanza el proceso y hacer parte del mismo.

Con el interés de democratizar los actuales diálogos de paz, que se instalaron formalmente el jueves en Oslo, en las últimas semanas han surgido diferentes propuestas para generar encuentros con la ciudadanía. Algunos de esos espacios virtuales fueron creados por políticos como la representante a la Cámara Ángela Robledo o la Fundación Ideas para la Paz.

Pedagogía en tiempos de diálogos

La representante Ángela Robledo y copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, lanzó hace tres semanas el portal http://www.pazypedagogia.com/ que busca entregar por medio de foros, análisis de expertos, encuestas, información de contexto, un paquete completo que le permita a la ciudadanía entender mucho mejor el proceso, criticarlo y debatirlo.

“Para el proceso de paz no basta con informar, ni comunicar. Buscamos crear espacios de mutua afectación con la ciudadanía para permitir esta polifonía de voces, mirar qué es lo que significa para los colombianos la paz y cuáles son sus retos”, explicó Robledo.

Este portal ya cuenta con más de cinco mil visitas y tiene videocolumnas de Robledo, de Antanas Mockus, de Luis Celis, de la Corporación Nuevo Arcoiris, quienes concuerdan en que en el momento histórico que vive el país es necesario abrir estos puntos de pedagogía.

También tiene foros para que los ciudadanos hagan sus preguntas y comentarios y está abierto a recibir textos, audios y videos de la sociedad civil, en donde den sus opiniones frente al proceso de paz. Los interesados en participar pueden escribirle a angelarobledo@partidoverde.org.co

“Con cada uno de los pasos del proceso, como el que se dio el jueves en Oslo, es muy fácil pasar de la euforia al pesimismo, mantener el clima de confianza es muy complicado. Por eso, entre ciudadanos, tenemos que escuchar, encontrarnos y debatir”, indicó la representante a la Cámara.

ARTICULO DE EL TIEMPO

VER ORIGINAL EN http://www.eltiempo.com/justicia/internet-el-espacio-para-democratizar-los-dialogos-de-paz_12319501-4 

 

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“Abandonen toda esperanza, ustedes que entran”

 

"Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate" parece ser el destino de aquellos y aquellas que entran a una cárcel colombiana. Parece que un ciudadano o ciudadana al ser recluido en uno de estos lugares estuviera condenado, en tierra, a entrar al infierno de Dante, a atravesar aquella puerta indolente que el poeta, junto con Virgilio, penetró y que recuerda: "Por medio de mí se va a la ciudad doliente, se va al dolor eterno, por mí se va entre la gente que ya se perdió… abandonen toda esperanza, ustedes que entran".

La posibilidad de remedio de una persona, al entrar a una cárcel es casi nula. La existencia del dolor, la infamia y la indignación es un hecho visible que ha venido siendo denunciado en los últimos meses. Una cárcel en Colombia es una "ciudad" doliente, sin esperanza, donde la posibilidad de la alegría futura, la reconstrucción de una vida, la resocialización están perdidas. No olvidemos que "toda persona tiene remedio", es un principio que guía nuestra Constitución.

No quiero defender la impunidad, ni que ante acciones ilegales las personas no deban ser judicializadas y en algunos casos sean condenadas a pagar penas. Pero sí quiero exponer críticamente dos aspectos fundamentales que tienen relación con la política criminal y la política social de este país. En primer lugar, cuestiono radicalmente la idea de que con aumento de penas y con cárceles (ley por las malas) se solucionan los conflictos sociales de una sociedad, no olvidemos que también hay regulación moral y regulación social. En segundo lugar, ninguna persona, léase bien, ninguna persona merece que se violente su dignidad y se violen sus derechos humanos. Sanciones sí pero dentro de un marco normativo claro y respetando la humanidad del juzgado.

En los últimos días, con algunos miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en una tarea humanitaria, hemos visitado varias cárceles de Colombia. La situación es intolerable e insostenible:

-En varias cárceles hay problemas de agua, solo la ponen tres veces al día y en algunos lugares tienen que trasladarla en vasijas para los baños y sanitarios.

-Hacinamiento en patios, corredores, baños.

-En muchas cárceles solo hay un médico, con rotaciones de cada ocho horas para atender en algunos casos cerca de 7.500.

-Para garantizar "seguridad" los baños y sanitarios no tienen privacidad. Se toca hasta la última fibra de la intimidad.

-Algunas edificaciones son "frigoríficos para animales". Lugares donde nunca entra el sol, en especial en las cárceles nuevas.

-Pudimos conocer casos de presos con cáncer, úlceras, dermatitis agudas, problemas pulmonares que son tratados con "ibuprofeno".

-Son varios los casos de personas con enfermedades mentales sin ninguna atención.

-Existen mafias para acceder a derechos: visitas, salidas al médico, rebaja de penas por trabajo.

-Centros de reclusión donde los presos solo ven a sus hijos y nietos 48 horas al año.

-Mujeres que deben entregar sus niños recién nacidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque no tienen condiciones para cuidarlos durante sus primeros meses de vida.

Esta situación no es casual, es producto de una política que se fundamenta en una noción del infractor como un ser que no merece oportunidad y que basa su idea de justicia en la emoción de la venganza.

Roberto Gargarella, en su libro De la injusticia penal a la justicia social, defiende la idea, pertinente para este debate, de que "en sociedades marcadas por la desigualdad nos enfrentamos al serio riesgo de que el aparato coercitivo del Estado se use para mantener un Estado injustificado de cosas". Unas cárceles que violan derechos, que encierran a los más desventajados de la sociedad y que los tratan como animales. Es necesario, dirá Gargarella, "reconectar la justicia social con la justicia penal" y, a su vez, no castigar la pobreza con la cárcel sino brindar oportunidades y garantizar los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos excluidos de este país.

En resumen, las cárceles en Colombia se han convertido en máquinas de exterminio. Lugares donde en medio de la indiferencia y el olvido mueren cada día hombres y mujeres.

Columna de la Representante Angela Robledo para el periódico La Patria. Ver original en http://www.lapatria.com/columnas/abandonen-toda-esperanza-ustedes-que-entran

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Ángela Robledo acompañó conmemoración en La Chorrera. Cien años de barbarie y muerte tras la explotación cauchera.

“(…) Cuando desaparece toda forma de legalidad y se restablece la ley del más fuerte, inmediatamente se instauran la barbarie, el salvajismo y unos extremos de crueldad que llegan a extremos vertiginosos”, escribió Mario Vargas Llosa al referirse a la historia de Roger Casement quien fuera uno de los pioneros en documentar el genocidio indígena a causa de la explotación cauchera en la Amazonía.

La Representante a la Cámara y copresidenta de la Comisión de Paz, Ángela Robledo fue invitada por gobernadores de 22 comunidades indígenas de La Chorrera, para conmemorareste viernes 12 de octubre, un siglo de barbarie y muerte, tras la explotación a sangre y fuego del caucho que exportaba la multinacional Peruviam Amazon Company (Casa Arana) entre 1900 y 1932, como un aporte a la “reconciliación y la paz”.
 
Autoridades y líderes de los Pueblos Indígenas Uitoto, Okaina, Muinane y Bora, habitantes milenarios del Resguardo Indígena Predio Putumayo decidieron volver a pasar por la memoria las vejaciones, atropellos, torturas, asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos de que fueron víctimas sus comunidades que habitaron hace un siglo  la Amazonía Suramericana para cerrar un capítulo funesto de barbarie y salvajismo:  “cerrar bien el canasto de la memoria de padecimiento de nuestros padres y abuelos como aporte a la reconciliación nacional”, dice su convocatoria. 
 
“Nosotros necesitamos como sociedad volver la mirada a la historia, repensarnos, reconstruirnos y ocuparnos de que estas historias de La Vorágine que hoy repudiamos con gran indignación por crueles y despiadadas no se repitan en lo que se ha llamado la nueva colonización en la que se imponen a sangre y fuego las reglas de los más ricos y poderosos que desplazan a miles de indígenas para despojarlos de sus tierras y explotar el territorio que habitan y que posee gran riqueza ambiental y minera”, dijo Ángela Robledo 
 
Ángela Robledo aseguró que siempre estamos aprendiendo de la grandeza y generosidad de estos pueblos que hoy decidieron tras recordar la muerte de sus ancestros, acogerse a la propuesta de Paz del gobierno nacional como ellos mismos anuncian: “(…) esta será la primera iniciativa indígena que acoge la política de este gobierno de hacer memoria desde los sobrevivientes victoriosos constructores de paz y forjadores de esperanza”.
 
Ángela Robledo ha insistido en que los pueblos indígenas que son patrimonio de la humanidad son los más pobres entre los pobres y se encuentran en condiciones extremas de fragilidad, exclusión y abandono estatal. En el país, a pesar del exterminio, sobreviven  1.400.000 indígenas que representan el 3.4% de la población. Son 82 etnias reconocidas de las 120 existentes, que están en peligro de desaparecer. La Corte Constitucional ha advertido que el Pueblo Nasa del Cauca, compuesto por unos 200 mil indígenas está en grave riesgo de extinción a causa del conflicto armado y del fuego cruzado que vive el país. 
 
En las comunidades indígenas recae directamente el peso de la guerra colombiana: son víctimas de homicidios, secuestros, desapariciones, reclutamiento forzado de niños y jóvenes, minas anti personas, masacres (La Chorrera en el 2.009), amenazas y desplazamientos forzados a causa de la invasión de sus territorios ancestrales y la disputa y explotación territorial (Ver informe de Amnistía Internacional del 2009), dijo la parlamentaria.
 
La congresista ha denunciado que los pueblos indígenas están como muchos colombianos en medio de la guerra y el juego cruzado de los distintos actores del conflicto y que además de las funestas consecuencias de la guerra, las comunidades sufren la carencia de condiciones mínimas y sobreviven a condiciones injustas y evitables. Los pueblos indígenas en la más profunda miseria, no cuentan con agua potable, servicios públicos, acceso a salud, educación, vivienda…
 
Ángela Robledo denunció el año pasado que muchos niños y niñas indígenas mueren de hambre y desnutrición, a veces en las condiciones más extremas de pobreza muchos fallecen por la simple mordedura de serpiente, puesto que cuando hay suero antiofídico, no tienen al alcance una simple jeringa. Niños y jóvenes indígenas optan por enlistarse en las filas de los guerreros como una forma de suicidio colectivo frente a la falta de futuro y muchos pueblos indígenas son usados como escudos humanos en la guerra. La tasa de mortalidad de niños indígenas antes de cumplir el primer año de vida en la comunidad Emberá es de 142 por mil, en el Pueblo Awá es de 166 y 200 en el Pueblo Yukpas (Investigación de Condacop 2010).
 
“Nuestra niñez indígena presenta graves condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional, limitaciones en el acceso a los servicios de salud, educación y cifras inadmisibles  de mortalidad infantil, considerada una  de las más altas del mundo; lo que constituye una grave situación de violación de derechos humanos fundamentales”, dijo Ángela Robledo. 
 
“La desnutrición de los niños indígenas es más del doble (7,5%) que la de los niños en el resto del país, según la Encuesta Nacional de Nutrición en Colombia (ENSIN 2010)”, aseguró la parlamentaria. De acuerdo con la ENSIN los departamentos que tienen un mayor número de niños desnutridos son La Guajira (11%), Magdalena (6,8%), Chocó (6,3%) y Amazonas (5,8%), regiones que tienen una alta población indígena. Es de anotar que el promedio nacional es de 3,4%.Cifras de Unicef (2010) muestran que la prevalencia de desnutrición crónica de niños y niñas indígenas de 0 a 59 meses es del 73%; mientras el promedio nacional esta en 8%. 
 
El evento que ha convocado unos tres mil indígenas en el corazón del Amazonas contará con la presencia de Todd Howland, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  Gabriel Muyuy, Alto Consejero Presidencial para los Asuntos Indígenas, la Embajada de Gran Bretaña y las Autoridades Indígenas de La Chorrera Azicatch, entre otras personalidades.
 
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PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

 

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La paz no se decreta, se construye. Representante Angela Robledo rinde cuentas.

En mi rendición de cuentas del trimestre anterior celebré que la agenda del gobierno estuviera dando un giro hacia la Paz. La Paz exige que haya verdad sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad cometidos en medio de los horrores de la guerra; requiere un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La Paz requiere de garantías de no repetición, lo cual sólo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia. La Paz requiere una agenda social que luche contra la pobreza y la desigualdad. Lo he dicho en repetidas ocasiones: la justicia social es el nuevo nombre de la Paz. 

Hasta hace poco hablar de paz era una práctica solitaria y sospechosa. Hoy Colombia se despierta con una nueva esperanza: otro proyecto de país, llamado a reconstruirse a fondo, desde su manera de hacer política hasta la forma como se distribuye el presupuesto nacional. Si "la Paz es la victoria", la educación es el camino.

Como Copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes seguiré en mi empeño para que la sociedad civil, todas las organizaciones sociales y las minorías sean tenidas en cuenta en los diálogos de Paz, porque la llave de la Paz la tenemos todos y cada uno de los colombianos y colombianas que estamos cansados de la guerra.

Como mujer de paz me sueño para mis hijos, mis nietos y para toda Colombia, vivir en un país en donde los violentos dejen de encontrar razones para tomar las armas. Le llegó la hora a la política, al debate, a la palabra, a la propuesta…le llegó la hora a la democracia deliberativa.

Con ese propósito, lanzamos el sitio web www.pazypedagogía.com, la Minga por la Paz. Este es un espacio democrático que brinda la posibilidad de un debate abierto, sincero, transparente y respetuoso sobre los anhelos de construir entre todos una propuesta de país con justicia social. 

PazyPedagogia.com busca ofrecerle a todas y todos los ciudadanos un espacio interactivo y novedoso en Internet para que compartan información en las redes sociales y participen enviando sus blogs, fotos, imágenes, videos, caricaturas y todo tipo de material que aporte a la Paz. Este es un llamado a la Minga, a proponer, a convencer con argumentos, a desarmar la palabra, a estar juntos los distintos y derrotar definitivamente el negocio de la guerra. Cualquier sugerencia, comentario o aporte es bienvenido. Sólo deben enviarlo a través de la sección "contacto" o al correo angelarobledo@partidoverde.org.co.

SIGA LEYENDO EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS (JULIO A SEPTIEMBRE 2012) DE LA REPRESENTANTE ANGELA ROBLEDO HACIENDO CLIC AQUI. 

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Mockus pide menos nacionalismo y más Constitución en los diálogos de Paz

En entrevista para www.pazypedagogia.com, Antanas Mockus pide menos nacionalismo y más Constitución en los diálogos de Paz con las Farc.

Vea el video ingresando al siguiente link:

http://www.pazypedagogia.com/#!blogciudadano/c1hyy

 

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Amnistía Internacional pide al gobierno respaldar proyecto de justicia a víctimas de violencia sexual

“(…) Si la propuesta se adopta, será la primera ley específica e integral que aborde la impunidad en los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto armado en Colombia”. Amnistía Internacional

La recomendación está incluida en el informe Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto presentado hoy y se refiere al Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara  “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”, radicado por los representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda, con el apoyo de Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, el pasado 25 de julio ante el Congreso de Colombia. 

De acuerdo con Amnistía Internacional para “combatir eficazmente la impunidad en los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, el gobierno y la fiscalía colombianos deberán (entre otros) respaldar el proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual, en especial, la violencia sexual con ocasión al conflicto armado presentado al Congreso y modificar el Código Penal para tipificar en la legislación nacional los crímenes de lesa humanidad y todos los crímenes de guerra”, incluidas en el Proyecto de Robledo y Cepeda. 

Entre las conclusiones, Amnistía Internacional resalta que “(…) el proyecto de ley sobre la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que debate actualmente el Congreso podría ofrecer un atisbo de esperanza a las sobrevivientes (…) Este proyecto parece cualitativamente diferente de las iniciativas legislativas anteriores para superar los obstáculos a la justicia y, de implementarse efectivamente en su forma actual, podría convertirse en un punto de partida eficaz que represente una auténtica diferencia para la vida de las mujeres. Es crucial que el gobierno respalde este proyecto de ley en el Congreso”.

Ángela Robledo aseguró que es muy importante este apoyo y recomendación por parte de Amnistía Internacional ya que la organización, además de llevar muchos años trabajando y conociendo el tema a profundidad, ha revisado minuciosamente el Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara e incluido en sus recomendaciones varios de los artículos que este desarrolla. Robledo pidió al Congreso colombiano agilizar este trámite ya que son miles las mujeres que esperan que esta iniciativa sea ley de la república.

El proyecto cursa en la actualidad su trámite en la Comisión Primera de Cámara y propone además de la tipificación de los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad; fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.

Por su parte Iván Cepeda dijo que los objetivos del Proyecto entre los que  están:  1)   Armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ratificados por Colombia; 2)  Crear mecanismos que contribuyan a disminuir la total impunidad (98%) y superar las barreras institucionales para garantizar el  derecho de acceso y lograr mayor eficacia en la administración de justicia; 3)   Proponer acciones afirmativas y medidas de protección para las víctimas desde un enfoque diferencial y de derechos humanos para una reparación efectiva, están recogidos en las recomendaciones de este informe de Amnistía.

De acuerdo con el Informe presentado por Amnistía Internacional y que realiza seguimiento año tras año a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, “Colombia sigue sin abordar eficazmente la violencia sexual (…) y las múltiples barreras que afrontan las sobrevivientes en su lucha por la justicia siguen siendo tan fuertes como siempre. (…) La impunidad por abusos contra los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario es un rasgo definitorio del conflicto armado de Colombia. (…) Esta impunidad generalizada transmite a los perpetradores de abusos el fuerte mensaje de que pueden seguir amenazando y matando sin temer consecuencias. ”  

La Organización pidió al Gobierno Nacional un plan de acción integral y efectivo para abordar la violencia contra la mujer.

 

Violencia sexual en Colombia: total impunidad 

-Entre 2001-2009 al menos medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia  sexual con ocasión del conflicto armado. En promedio, 170 mujeres fueron víctimas diariamente y 7 cada hora. El 82% de las mujeres víctimas dpe estos delitos manifestaron no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confían en la justicia (Casa de la Mujer & Oxfam).

-Pese al sub registro, la información señala que la violencia sexual ha aumentado en los últimos 8 años en  40%.  Pasó de 14.239 casos en 2003 a 20.142 en 2011. (Medicina Legal).

-La impunidad es total. A Mayo de 2012 se registraron 393 casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. De estos casos sólo en  3.5% existe sentencia (14 casos): 11 terminaron con sentencia condenatoria y 3 con sentencia absolutoria (Fiscalía General de la Nación). 

Este Proyecto se discutió durante un año de trabajo y contó con el respaldo del Ministerio de Justicia, la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Bancada de Mujeres del Congreso y distintos Partidos Políticos y Congresistas y los aportes de la Comisión Colombiana de Juristas, la Casa de la Mujer, Humanas, Sisma Mujer, ONU Mujeres,  Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. 

PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO

 

VER COMUNICADO DE PRENSA DE AMNISTIA INTERNACIONAL

VER INFORME COMPLETO DE AMNISTIA INTERNACIONAL

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Llegó www.pazypedagogia.com, el nuevo espacio de las voces ciudadanas por la Paz

Con la esperanza de un nuevo intento por la Paz de Colombia, llega www.pazypedagogia.com, un espacio democrático que brinda la posibilidad de un debate abierto, sincero, transparente y respetuoso sobre los anhelos de construir entre todos una propuesta de país con justicia social.

​PazyPedagogía.com busca ofrecerle a todas y todos los ciudadanos un espacio interactivo y novedoso en Internet para que compartan información en las redes sociales y participen enviando sus blogs, fotos, imágenes, videos, caricaturas y todo tipo de material que aporte a la Paz.

​Este es un llamado a la Minga, a proponer, a convencer con argumentos, a desarmar la palabra, a estar juntos los distintos y derrotar definitivamente el negocio de la guerra.

Cualquier sugerencia, comentario o aporte es bienvenido.

Visita ya www.pazypedagogia.com y participa en la Minga por la Paz.

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Contraloría ratifica denuncias de Ángela Robledo sobre irregularidades en el ICBF

 

La Representante a la Cámara, Ángela Robledo caracterizada por su defensa a favor de los derechos de la niñez ha denunciado en repetidas ocasiones que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no estaba haciendo la tarea y que los cuantiosos recursos que le fueron asignados se “esfumaron en empresas de papel y en conocidos monopolios de contratistas que no garantizaron la nutrición de niños y viejos", durante la dirección de Elvira Forero. 

El 1 de noviembre de 2011 y después de un acalorado debate de control político cuya principal conclusión fue que “Elvira Forero convirtió al ICBF en un monstruo contratista que concentró en el nivel central el 80% de la contratación”, Forero renunció a su cargo (el 3 de noviembre de ese año).

En ese debate, Ángela Robledo, denunció irregularidades en los procesos de contratación de alimentos (programas PAE y PNAAM) por parte del ICBF y dijo que monopolios empresariales se habían “tomado la entidad” a través de los contratos de aporte. De igual manera, llamó la atención, junto con la Contraloría y la Procuraduría sobre la cantidad, calidad, oportunidad y cobertura de los programas alimentarios del ICBF. Señaló que en repetidas oportunidades los alimentos llegaban a sus destinatarios, principalmente niños y viejos, en menores cantidades, en estado de descomposición, contaminados, sin registro sanitario, incluso se habló del pico y placa en la alimentación (un día se come y al otro no).

En junio de 2012 y tras reconocer que Diego Molano estaba tratando de enderezar el camino, Ángela Robledo denunció que el ICBF seguía contratando con “empresas de papel” y que los programas bandera de la institución seguían en entredicho debido a las denuncias ciudadanas, principalmente en Santander, Cundinamarca y Boyacá, que no fueron auditadas.

El 4 de junio de 2012, Robledo radicó una comunicación al Secretario Anticorrupción y Transparencia, Carlos Fernando Galán  en la que señaló: “Estamos ante una evidencia clara de que está primando la lógica del beneficio individual y no la garantía de los derechos.  Grandes grupos empresariales,  surgen de un día para otro, generan uniones temporales y parecen más empresas de papel que se reparten contratos por todo el país para después incumplir. De esta manera a los niños y viejos pobres, se les agudiza el hambre y los empresarios, engordan sus arcas”. A la fecha, el Secretario Anticorrupción no ha dado respuesta. 

Hoy la Contraloría le da la razón a Ángela Robledo al advertir que una vez auditadas seis modalidades de atención, o sea sólo 45% de los activos, ingresos y gastos de los programas de asistencia a la primera infancia y administración para la producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional se encontraron 168 hallazgos para el período 2011.

Según el informe “se establecieron 168 hallazgos administrativos (incluyendo nivel central que concentraba 80% del presupuesto, o sea unos 3.9 billones, y puntos de control) de los cuales 7 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $6.875,81 millones; 80 tienen posible alcance disciplinario; 2 con posible incidencia penal; 6 solicitudes de apertura de indagación preliminar, una solicitud de proceso administrativo sancionatorio (…)

“Elvira Forero se dedicó a concentrar y contratar, y fue incapaz de fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿Cuál es la responsabilidad que tendrá que asumir frente a estos innumerables hallazgos?” Es la pregunta que se hace ahora Ángela Robledo.

La Contraloría ratifica que la calificación para el período auditado es DESFAVORABLE, desfavorable en planeación, atención, garantía de derechos, en calidad, en condiciones laborables y por supuesto el impacto negativo es para la población en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad”, aseguró Ángela Robledo. 

La parlamentaria afirmó que entre los hallazgos encontrados “se destaca que el ICBF no cuenta con una línea de base de población objetivo claramente identificada, en muchos casos se habla de cupos, lo cual implica que no se tienen identificados con nombres y documentos las personas beneficiarias de las distintas modalidades de atención. Es lamentable que a pesar de existir hambre en el país, el ICBF no ejecutó la totalidad de los recursos asignados a los programas”, dijo.

Robledo señaló que “el informe registra en el ICBF desorden en gestión, administración, seguimiento e interventoría de los programas. El tema contractual no se maneja con transparencia ya que según la Contraloría, no existe evidencia de los trámites que cursan los estudios previos, pliegos de condiciones, las disponibilidades y los registros presupuestales. En cuanto a las disponibilidades y registros presupuestales se evidenciaron casos en los que no se expiden, se expiden en fechas posteriores o se cargan a rubros diferentes a los inicialmente previstos”.

“Preocupa que el Programa de Cero a Siempre, bandera de la actual administración, presente un “cumplimiento mínimo” y que los “convenios suscritos para la prueba piloto de dicha estrategia no se pudieron cumplir”, como señala el informe”, aseguró.

No sigamos negociando con los recursos públicos más sagrados: los recursos de la niñez.

VER INFORME DE LA CONTRALORÍA.

Prensa Angela Robledo: 3202343806/ Margarita Sarmiento

 

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Tristes frases célebres de políticos

 

Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, considerado uno de los maestros de la sospecha, se sentía orgulloso de destruir las ilusiones de quienes desde sus pequeños y frágiles pedestales construían una imagen benévola y sempiterna de sí mismos. Eligió como uno de los caminos para adentrase en el conocimiento del inconsciente y de sus manifestaciones en pensamientos y actos, el estudio de lapsus, chistes, síntomas y sueños.

Por ello considero que si Freud aún viviera, algunas de las tristes frases de políticos colombianos, se habrían constituido en un excelente material para su trabajo clínico. Estos personajes sin acudir en un discreto consultorio, al clásico diván freudiano, sino por el contrario eligiendo el ámbito público para hacer sus revelaciones, quedan con sus frases de alguna forma retratados en cuerpo y alma y nos permiten comprender un poco más los motivos de sus actuaciones. Aquí van algunas de estas frases, no sin antes advertir que fueron cuidadosamente elaboradas por "mi gente linda, mi gente bella". La colección podría ser infinita, sin embargo, recordar algunas de ellas constituye todo un ejercicio de memoria histórica. Las hay para todos los gustos y propósitos.

Las hay, por ejemplo, para los cínicos:

-"Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla. Esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes": José Obdulio Gaviria.

-"De seguro, esos muchachos no andaban recogiendo café": Álvaro Uribe a propósito de los mal llamados falsos positivos.

-"Con prácticas de buen Gobierno lideré esta entidad": Elvira Forero, exdirectora del ICBF.

-"Miguel Nule, tras de ladrón, bufón": Samuel Moreno.

-"Agro Ingreso Seguro fue diseñado con paredes de cristal. Lo que algunos no soportan es que los campesinos nos quieran": Andrés Felipe Arias.

    Las hay para quienes gozan de una "inteligencia superior":

    -"Los andenes no son suficientes por sí solos, necesitan un destino. Debemos poder caminar hasta la tienda para comprar el pan y la leche": Enrique Peñalosa.

    -"¿En qué nos equivocamos? En el afán del día de no revisar artículo por artículo": Simón Gaviria, tras reconocer que "leyó por encima" la conciliación de la Reforma a la Justicia.

      Las hay para quienes profesan el valor de la humildad:

      -"No tengo cómo pagar la gasolina de dos vehículos. Prefiero no robar al Estado y que me paguen la gasolina": Juan Manuel Corzo.

      -"El enfermero de la ambulancia me acostó, me pidió que le diera mi reloj (un Rolex), se lo entregué y se lo robó": Fernando Londoño.

      -"¡Hombre!, ¿cómo le van hacer a un Senador de la República una prueba de alcoholemia?": Eduardo Merlano, honorable congresista.

      -"Las dignidades del Estado, incluido el Vicepresidente, no pueden andar como zarrapastrosos": Angelino Garzón.

        Las hay para pedagogos y ejemplares pacifistas:

        -"Estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Y si lo veo le voy a dar en la cara, marica": Álvaro Uribe.

        -"Si mi marido me pega, por algo será": congresista Liliana Rendón."Hace falta innovar, hay que utilizar armas de represión no letales como las que producen descargas eléctricas": Pacho Santos, a propósito de las marchas estudiantiles.

          Y las hay también para los discípulos del maestro Sabas Pretelt, para quien "la política es dinámica". Recordemos que "solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias"

          -"No me subo a una tarima con Uribe": Lucho Garzón, meses antes de bailar el Aserejé con el expresidente Uribe.

          -"Debemos defender, continuar y mejorar la inmensa obra y el legado de nuestro presidente Uribe. Vamos a animar esto: ¡viva el Presidente Uribe!": Juan Manuel Santos durante su campaña presidencial.

          -"El Partido de la U está obrando con lealtad a Santos": Juan Lozano.

          -"Uno le es leal a las ideas y sobre todo al país (…) Yo no he cambiado mis posiciones. Yo respondo al interés nacional": Roy Barreras.

            No hay conclusión que valga para estas tristes frases "célebres". Quizás el asesor venezolano J.J. Rendón es quien mejor ha resumido esta tragedia nacional, al afirmar -sin sonrojarse- que "eso de la ética es para los filósofos". Sin duda, a la política colombiana le sobran frases y le faltan ideas; lo que le sobra en cinismo, le falta en filosofía. Nunca es tarde ¡maestros!

            Representante Angela Robledo

            www.angelarobledo.com

            Columna para el periódico La Patria

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            No es cualquier paz, ni a cualquier precio, dice Ángela Robledo

            Ángela Robledo, representante a la Cámara y co-presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, dijo que los diálogos anunciados por el Gobierno Santos que hoy le devuelven la esperanza al país, son el comienzo de un proyecto a largo plazo que va más allá del silencio de los fusiles y que pasa por la profundización en la garantía de derechos y el ejercicio pleno de la democracia.

            “Llevamos muchos años diciendo que la justicia social es el nuevo nombre de la paz, una paz que pasa por profundas reformas en educación, salud, vivienda y empleo, pero sobre todo por la  inclusión social y  la equidad”, aseguró la parlamentaria. 

            Ángela Robledo afirmó que “hasta hace muy poco hablar de paz era una práctica solitaria y sospechosa para algunos poderosos. Hoy Colombia se despierta a una nueva esperanza que convoca a distintos sectores sobre otro proyecto de país llamado a reconstruirse a fondo, desde su manera de hacer política que resulta excluyente para propuestas alternativas, hasta la forma como se distribuye el presupuesto general de la nación pensado desde la lógica de la guerra”. 

            “Muchas, muchísimas veces hemos gritado para que el viento nos devuelva el eco que si la Paz es la victoria, la educación es el camino para re-pensarnos como sociedad de cara a los retos que tenemos atrasados: respeto a las minorías indígenas que hoy están arrinconadas en Cauca  Putumayo, Amazonas, Vaupés; justicia y reparación para las víctimas del conflicto y los crímenes de lesa humanidad, en especial niños, jóvenes  y mujeres, hemos dicho que la paz empieza por el cuerpo de las mujeres; restitución de tierras para campesinos desplazados; oportunidades para miles de familias pobres cuyos ingresos son los más bajos de América Latina; compromiso con nuestros recursos y  con el  medio ambiente…”, aseguró la parlamentaria.

            “Ya es hora que de la mano de una agenda de Paz que todos celebramos podamos también transformar las desigualdades sociales, redistribuir la tierra y la riqueza, acabar la corrupción, el clientelismo y la explotación irracional de nuestras riquezas y recursos naturales que no le dejan al país más que pobreza y desolación.  Tenemos que construir un modelo económico y social sostenible para la paz”, señaló.

            La Representante Angela Robledo agregó que “Una paz duradera exige fortalecer la administración de justicia, crear condiciones para el desarrollo regional con participación ciudadana y fomentar una profunda transformación cultural hacia la legalidad. La legalidad democrática se fundamenta en el monopolio del Estado en la administración de la justicia, y en la consolidación del uso legítimo de la fuerza. La legalidad pasa por el manejo de los recursos públicos. No todo vale. El fin no justifica los medios. Por el contrario, es la legitimidad de los medios, su estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, los que darán al Estado la fuerza política, la legitimidad, la confianza y el respaldo de la ciudadanía para poder construir una sociedad en donde la vida sea sagrada”.

            Robledo  hizo un llamado al Gobierno del Presidente Santos para que los diálogos incluyan las voces de  los sectores que han sido tradicionalmente excluidos como  jóvenes,  campesinos, organizaciones sociales, sindicales, indígenas, afrocolombianas, movimientos de mujeres, de trabajadores, desempleados, vendedores ambulantes…que piden vivir con dignidad tal como  lo establece nuestra Constitución. “Es importante retomar el trabajo de líderes y organizaciones sociales que han venido adelantando distintas propuestas de paz y hacer un proceso transparente y movilizador que genere confianza. Es urgente implementar una pedagogía para la paz”, puntualizó Angela Robledo.

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            Prensa Angela Robledo: 3202343806/ Margarita Sarmiento

             

             

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            Colombia está entre los 7 países del mundo que más niños entrega en adopción al exterior, alertó Angela Robledo

             

            Colombia entrega lo más preciado: sus niños

            “ICBF debe responder por la rectoría del programa de adopciones”, dice Ángela Robledo.

            La Representante a la Cámara Ángela Robledo hizo graves señalamientos a la política de adopciones en el país a cargo del ICBF quien ha delegado esas funciones en ocho casas de adopción privadas que “entregan” 1.800 niños en promedio cada año, contraviniendo la normatividad nacional y los acuerdos internacionales sobre el asunto. 

            Las irregularidades puestas en evidencia hace poco por el programa de investigación Séptimo Día y revisadas por Ángela Robledo en debate de control político este martes, mostraron una realidad incontrovertible de la política de adopciones y es que a las familias más pobres del país no se les permite conservar a sus hijos y a muchas familias colombianas, acceder de manera prioritaria a procesos de adopción, tal como lo establece la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y la Convención sobre Adopciones de La Haya de 1993.

            Cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportan que unos 40 mil niños ha sido dados en adopción (39.723 entre 1997 y 2011),  casi el 60% (23.428) se va al exterior, y sólo 40% (16.540) se queda en hogares colombianos.

            Colombia es uno de los siete países del mundo que más niños entrega en adopción internacional, junto con China, Rusia y Corea. Actualmente, es el primer emisor en América Latina, superado apenas por Haití en el 2010 a causa de su terremoto.

            Mientras Guatemala revisó y ajustó su política de adopciones (2007), pasando de entregar 4 mil a 58 niños (2010); Colombia da en adopción 1.800 niños en promedio cada año.  Un país  como Brasil que es mucho más poblado sólo cuenta con unas 450 adopciones al año, entregando niños de difícil adopción (mayores de 7 años, grupo de hermanos y con algún grado de discapacidad) y  Perú entregó 169 niños, México 119 y  el Salvador menos de 100 en 2010. 

            Está documentado que la privatización de la política de adopciones delegada en (IAPAS) Instituciones Autorizadas que Desarrollan el Programa de Adopción (Casas de Adopción) prioriza la entrega de niños a familias extranjeras adineradas de quienes se reciben donaciones entre 20 y 50 millones de pesos y poco se explora la posibilidad de mantener esos niños en sus hogares de origen y en sus familias extensas a través de la profundización de políticas públicas de garantía de derechos para las familias. En ese sentido, la Convención de La Haya (artículos 11, 22, 32) señala que en una adopción internacional no puede haber fines de lucro y que los organismos acreditados para tramitar la adopción deben estar bajo el control del Estado.

            Adicional al lucro, informes suministrados por  la Corte Constitucional y el ICBF, muestran que no se busca a las familias extensas para que los niños puedan permanecer con sus parientes, contraviniendo las obligaciones que tiene el Estado frente a esta problemática y que también están consignadas en La Haya.  

            Llama la atención que mientras las casas de adopción cuentan con todas las garantías: reciben los niños en protección, tramitan las solicitudes, reciben y manejan las donaciones con total “autonomía” (se desconocen sus ingresos), tienen soporte del recurso humano del ICBF a través de Defensorías de Familia y manejan recursos públicos, las familias en mayor situación de pobreza son víctimas de la desidia estatal y pierden a sus hijos en trámites amañados que violan principios éticos, derechos fundamentales y el cacareado interés superior de la niñez. Muchos informes de prensa y casos conocidos documentan diversas presiones sobre las familias y padres biológicos, se sabe que a los padres les dan información fragmentada y documentos falsos entre muchas otras irregularidades para presionar la entrega de sus hijos.

            El Estado colombiano tiene la responsabilidad de diseñar y poner en práctica medidas eficaces y transparentes para prevenir beneficios materiales o compensaciones en relación con los procesos de adopción y reglamentar y vigilar la responsabilidad que ha delegado en las casas de adopción.

            Como se ha demostrado en muchos países,  la mejor política para evitar el abandono y las adopciones es una política fuerte de apoyo y trabajo con las familias. “Considero que estamos haciendo la tarea fácil: entregar a los niños en adopción. Al contrario no hemos asumido la mayor responsabilidad que tiene el Estado de contar con un Sistema de Protección Integral de la niñez y las familias, eficaz”, concluyó Ángela Robledo.

            Tal como lo ha expresado Emilio García Méndez, “la vida de los niños más pobres terminará resolviéndose en términos jurídicos, y en muchos casos criminalizándose, y acentuando la concepción de la infancia como una etapa de protección, vigilancia y castigo”. 

            Estas y otras irregularidades fueron documentadas por la representante Ángela Robledo en debate de control político realizado al Director del ICBF, Diego Molano, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

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            Prensa Angela Robledo: 3202343806/ Margarita Sarmiento

            Documento completo del debate de control político: 

             

             

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            Un intento legislativo contra la violencia sexual

             

            Debajo de las normas, de los discursos machistas o de lo que, incluso, algunas mujeres tienden a decir sobre sí mismas, persiste una realidad innegable, sustentada en datos: por ejemplo, para el año 2010, según el DANE, los hombres con igual nivel de formación, experiencia y responsabilidades, recibieron ingresos mayores a los de sus equivalentes del otro género (¡en un 25%!).

            Pese a la famosa ley de cuotas (esa iniciativa de acción afirmativa que pretendía poner a más mujeres en cargos de representación política), ellas sólo ocupan el 25% de los escaños en el Congreso, el aparato que, por excelencia, debería representar a los colombianos, sus intereses ideológicos, sus aspiraciones políticas. Y, como por situarlo en un plano geopolítico, a nivel de participación, Colombia ocupa el mismo lugar que la República del Congo.

            Esta discriminación contra las mujeres, se sabe de sobra, es la misma que encarna la violencia contra ellas. En ese hombre normal, común y corriente, que tiende a ver la mujer como el “sexo débil” o como un objeto sexual o tal vez como una mandadera de sus caprichos más nimios, se esconde (y a veces suele manifestarse de forma brutal) la persona que la agrede. Veamos pues, temas más escabrosos: una de cada tres mujeres, para 2010, fue agredida físicamente por su pareja o expareja, 6% de las mujeres reportó (en un país que teme a la denuncia) haber tenido relaciones sexuales de manera forzada y el 66% asegura que los hombres ejercen algún tipo de control sobre ellas. ¿Pura quejadera? Bueno, miremos a las mujeres desfiguradas de por vida con ácido, o recordemos la brutal violación (con empalamiento de por medio) a la que fue sometida María Elvira Cely. Estos dos no son casos aislados, son pan de cada día.

            Para focalizar un poco la legislación que protege a las mujeres, la representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela María Robledo, radicó un proyecto de ley, en coautoría con su colega del Polo Democrático Iván Cepeda, que tiene como marco general la violencia sexual. En especial la que tiene cierto asocio con el conflicto armado interno. Revisando el proyecto, artículo por artículo, se ve un juicioso análisis de la legislación internacional, un entendimiento del enfoque diferenciado para la violencia de género y un intento razonado de fortalecer las instituciones judiciales y los procedimientos.

            De esta forma se modifican algunos tipos penales para que los delitos sexuales estén acomodados al conflicto interno que vive Colombia: esclavitud sexual en persona protegida, trata de personas en persona protegida, esterilización forzada en persona protegida, son sólo algunos de ellos. Se identifican los principales criterios para la investigación y el juzgamiento, como el contexto de los hechos y la no relevancia del pasado sexual de la víctima. Se flexibiliza el régimen probatorio (tema tan difícil en el caso de la discriminación). Y se atiende a disposiciones internacionales para que los funcionarios identifiquen, si es el caso, un delito de lesa humanidad o impulsen el proceso como obligación prioritaria de ellos y no de las víctimas.

            Un proyecto de ley que, como es exigible, deberá tener un debate nutrido en el Congreso, dejando a un lado (porque es posible) la discriminación de género que abunda en Colombia.

            Pese a que mucho de esto ya está dicho y legislado, ya que hacemos parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, estábamos quedados en materia de legislación nacional. Enhorabuena, pues, ya que la impunidad en la judicialización de estos casos es cercana al 100%. Es importante, también, por el mensaje: por fin se sitúa este tema en un debate de índole nacional. Ojalá no quede en letra muerta.

            EDITORIAL DE EL ESPECTADOR

            http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-364442-un-intento-legislativo-contra-violencia-sexual

             

            Nuestras historias

            Violencia sexual será crimen de lesa humanidad

             

            Violencia sexual será crimen de lesa humanidad

             Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo y Cepeda, con el apoyo de Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, presentaron detalles del Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara  “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”, de su autoría.

            El proyecto propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su formación, integridad y libertad sexuales.

            La iniciativa que busca modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y a Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008)  tiene entre sus objetivos:  1)   Armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ratificados por Colombia en los casos de violencia sexual, puesto que pese a la existencia de múltiples instrumentos jurídicos, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras 2)  Crear mecanismos que contribuyan a disminuir la total impunidad (98%) y superar las barreras institucionales para garantizar el  derecho de acceso y lograr mayor eficacia en la administración de justicia 3)   Proponer acciones afirmativas y medidas de protección para las víctimas desde un enfoque diferencial y de derechos humanos para una reparación efectiva. 

            Esta iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto, se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamadoinvestigado y juzgado en cualquier momento por ser una práctica habitual, extendida, sistemática, generalizada e invisible.

            Este proyecto incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los crímenes de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza como el caso de la prueba física. De igual manera desvirtúa el uso de la violencia física y contempla nuevos elementos como contexos de coacción o delitos producto de amenzas o uso de poder. Amplia conductas penales como, el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas y propone un sistema de información sobre violencia sexual.

             

            El impacto de la violencia sexual: total impunidad 

            Entre 2001-2009 al menos medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia  sexual con ocasión del conflicto armado. En promedio, 170 mujeres fueron víctimas diariamente y 7 cada hora. El 82% de las mujeres víctimas de estos delitos manifestaron no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confían en la justicia (Casa de la Mujer & Oxfam).

            Pese al subregistro, la información señala que la violencia sexual ha aumentado en los últimos 8 años en  40%.  Pasó de 14.239 casos en 2003 a 20.142 en 2011. (Medicina Legal).

            La impunidad es total. A Mayo de 2012 se registraron 393 casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. De estos casos sólo en  3.5% existe sentencia (14 casos): 11 terminaron con sentencia condenatoria y 3 con sentencia absolutoria (Fiscalía General de la Nación). 

            Este Proyecto fruto de un año de discusiones, fue radicado el pasado 25 de julio y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia, la Oficina de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y los aportes de la Comisión Colombiana de Juristas, la Casa de la Mujer, Humanas, Sisma Mujer, ONU Mujeres,  Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

             

            Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806

            Haz clic aquí para descargar el Proyecto de Ley.

            Nuestras historias

            Proyecto de ley contra total impunidad en casos de violencia sexual en el conflicto armado

             

            Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda y  Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos nacionales, organizaciones de derechos humanos internacionales, la Bancada de Mujeres del Congreso y diferentes bancadas y parlamentarios, presentarán este miércoles 1 de agosto el Proyecto de Ley 037 de 2012 Cámara  “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.
             

            Esta iniciativa pretende tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en los casos que así lo ameriten y la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de este delito, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno, desde un enfoque diferencial y de derechos humanos.

            Conferencia de Prensa Violencia sexual en el conflicto armado: !Nunca más!
            Fecha: Miércoles 1 de agosto de 2012
            Hora: 10:00 a.m.
            Lugar: Salón de la Constitución. Capitolio Nacional

            Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806

             

            Nuestras historias

            Radican proyecto de ley contra total impunidad en casos de violencia sexual

             

            Hoy 25 de julio quedó radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el  Proyecto de Ley  “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.

            Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda y la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, Pilar Rueda, con el apoyo de organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos nacionales, organizaciones de derechos humanos internacionales, la Bancada de Mujeres del Congreso y diferentes bancadas y parlamentarios, radicaron la iniciativa que pretende tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en los casos que así lo ameriten y  la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de este delito, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno, desde un enfoque diferencial y de derechos humanos.

            “Este proyecto surge específicamente del debate de control político que realizamos junto con el Representante Cepeda el 8 de junio del 2011 a los ministros de entonces,  Rodrigo Rivera de Defensa, al Viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, la Viceministra de Salud y Bienestar, Beatriz Londoño, en el cual denunciamos que a causa del conflicto interno que vive el país, mujeres de todas las edades son torturadas y violadas por todos los actores de la guerra, incluida la fuerza pública”, aseguró Ángela Robledo.

            Ángela Robledo dijo que pese a la existencia de múltiples instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras,  y que estos crímenes permanecen ocultos, silenciados y, lo que es más grave,  en la total impunidad.

             “La violación y la violencia sexual sistemática contra las mujeres se han constituido en una táctica explícita y sistemática de guerra dentro del conflicto armado colombiano.  Una forma de “calmar” a las tropas, de “premiarlas”; pero también una práctica para humillar al enemigo y convertir a las mujeres en botín de guerra”, afirmó Ángela Robledo.

            Cepeda anunció que “la iniciativa propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas en cuanto a su libertad, formación e integridad sexuales”.

            Cepeda calificó como grave el alto número de agresiones cometidas en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, y llamó la atención del gobierno nacional por la falta de registros serios y detallados sobre la realidad de las denuncias de agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares y de los grupos armados ilegales. “Estamos ante un crimen de lesa humanidad, y por eso con este Proyecto de ley, buscamos que sea juzgado como tal. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y desterrar la violencia contra las mujeres que son quienes nos dan la vida”, agregó Cepeda.

            Los detalles del Proyecto serán presentados el próximo miércoles 1 de agosto a las 10:00 a.m. en una conferencia de prensa que se realizará en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional.

            Conferencia de Prensa
            Fecha: Miércoles 1 de agosto de 2012
            Hora: 10:00 a.m.
            Lugar: Salón Luis Carlos Galán. Capitolio Nacional

            Prensa: Margarita Sarmiento 3202343806

             

            Nuestras historias

            ¿Reelegir desde el miedo?

            Muy pronto inició en Colombia la nueva contienda electoral. No han transcurrido aún los dos años de Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ya "su peor enemigo", antes "su mejor amigo", salta claramente a la plataforma política para ofrecer, en compañía de sus apóstoles, salvar del caos, de la hecatombe, nuestra Colombia agobiada y doliente. Y para hacerlo aprovecha la crisis institucional que campea en sectores como la salud, la educación, la justicia, la vivienda y desde su pedestal, evoca o más bien invoca desde el miedo o el terror, como única salida, la continuación de la guerra y el retorno a su seguridad democrática que ni fue democrática, ni significó seguridad para muchas colombianas y colombianos quienes viven en el abandono y la pobreza.

            Durante los años del gobierno Uribe, si bien se obtuvieron algunos resultados, muchos de éstos fueron fruto de prácticas como los "falsos positivos". Cientos de jóvenes pobres y campesinos aparecieron como guerrilleros muertos en combate, su muerte traía como premio visitas familiares para soldados, incentivos para las brigadas, todo ello legitimado por una perversa circular, emitida en su momento desde el Ministerio de Defensa.

            Álvaro Uribe Vélez invoca el miedo porque sabe que esta emoción logra transformar a ciudadanas y ciudadanos en sujetos inermes, perplejos, incapaces de reaccionar por vías democráticas y propositivas. Y esta mansa y asustada manada, se entrega al todopoderoso, quien dice ofrecerle la protección de todo mal y peligro. Uribe Vélez sabe muy bien, que cuanto más miedo se siente, más aceptable y deseable se vuelve el control militar y político, clara lección del fascismo.

            El profesor Maximiliano Korstanje en su artículo "El miedo político en C. Robin y M. Foucault" nos recuerda que la política empieza donde termina el miedo y el horror o dicho de otra forma, que el miedo inicia donde termina la política. El miedo nos conduce a una aparente y apacible tranquilidad, porque el Otro, quien se presenta como el mesías, decide ocuparse de cada uno de nosotros, y lo hace a cambio de nuestra renuncia a las acciones de resistencia y a nuestras responsabilidades ciudadanas. Ese miedo también lo ha señalado Hannah Arendt, nos convierte en "niños de pecho" que buscan cobijo y protección a cualquier precio.

            Bajo la emoción del miedo y del horror se justifica cualquier política, incluso aquella que viola nuestros derechos fundamentales. Para obtener seguridad y tranquilidad todo vale, siempre y cuando el "todopoderoso" la logre. Cualquier otra alternativa es débil, inapropiada y profundamente perjudicial. Es mejor apaciguar el miedo que respetar la Constitución e, incluso, respetar la democracia y la vida. En este clima guerrero, los códigos internacionales de respeto a los derechos humanos, como el DIH se convierten en un estorbo para librar la guerra.

            Recuerdo las emociones a la que apelaron Fujimori, Franco, Mussolini, e, incluso, el mismo Hitler. Homogenizaron las preferencias, horrorizaron a todo un país y quebraron desde sus estructuras más íntimas las bases de la democracia. Cerraron, con apoyo de la ciudadanía el Congreso, concentraron el poder y legalizaron fuerzas "para-estatales". El miedo impulsado en toda una sociedad, ha producido holocaustos, no debemos olvidarlo.

            Las próximas elecciones para Congreso y para Presidencia de la República serán cruciales. Hoy como nunca se requiere de un voto vital, en el sentido más literal y profundo del término, pues podemos debilitar aún más nuestra ya frágil democracia ¿Vamos a votar otra vez desde el miedo y a reelegir a Álvaro Uribe Vélez, así sea en cuerpo ajeno? ¿Vamos a votar por un modelo que necesita de la orgía de la guerra y de la muerte, para justificar la seguridad democrática propuesta por su gobierno? Y por último pregunto ¿vamos a votar por un "buen muchacho", como lo fueron algunos de sus funcionarios más cercanos, como lo aconseja José Obdulio Gaviria, por un muchacho obediente, leal, sin autonomía y que obedezca ciegamente los mandatos del autodenominado, puro centro democrático?

            Cómo lo decía el asesinado periodista Guillermo Cano, en nuestro país se puede sentir miedo, pero no se puede vivir con el miedo. Es el tiempo de la primavera colombiana, es el tiempo de la ciudadanía.

            REPRESENTANTE ANGELA ROBLEDO

            www.angelarobledo.com

            @angelamrobledo

            Columna de opinión para el periódico La Patria

             

            Nuestras historias

            Colombia ocupa el deshonroso sexto lugar en justicia más lenta del mundo, advierte Angela Robledo

             

            La advertencia fue hecha por la Representante Angela Robledo, quien citó el caso de la violencia sexual, donde la impunidad llega al 98%.

             

            Luego del fracaso de la reforma a la justicia en el Congreso debido a los 'micos' incluidos en la conciliación que tuvo que ser hundida tras las objeciones presidenciales, en el mismo Capitolio Nacional se reabre el debate sobre los líos para esa rama del poder.

            La representante a la Cámara, Angela Robledo, quien votó en contra de la reforma, dijo que es urgente un acto de "justicia para la justicia" pues el panorama no es el más alentador en el país.

            Robledo presentó cifras sobre los actuales problemas, donde se advierte que al menos 350 municipios no tienen presencia de jueces, es decir, uno de cada tres municipios en Colombia no tiene justicia directa.

            Así las cosas, con algo más del 31% del país sin quien pueda impartir justicia, en la práctica en Colombia no opera el Estado Social de Derecho.

            Y es que Colombia ocupa el deshonroso sexto lugar de justicia más lenta en el mundo y la tercera más lenta de América Latina y el Caribe. Un proceso puede tardar en promedio 1.346 días.

            Además, según Robledo, la probabilidad de condena por un delito, no supera el 20%. En homicidio tal probabilidad gira en torno al 3%.

            De tal orden son los altos índices de impunidad que en 98% de los casos de violencia sexual no hay justicia.

            Por eso, se habla que de seguir el ritmo actual, el sistema tardaría al menos diez años en ponerse al día.

            “Tenemos la obligación de buscar alternativas a la fallida reforma a la justicia que beneficie al ciudadano común, que no privatice este derecho y que contribuya a la formulación de una justicia justa, efectiva, eficiente y pública como muchas veces lo he dicho”, aseguró Robledo.

            Este jueves la Cámara de Representantes desarrollará un debate sobre la debacle de la anterior reforma y una salida a la coyuntura del mismo sistema.

            EL ESPECTADOR

            http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-361204-colombia-ocupa-el-deshonroso-sexto-lugar-justicia-mas-lenta-del

             

            Nuestras historias

            Justicia para la Justicia, gran audiencia pública en el Congreso

            Los Representantes a la Cámara Angela Robledo, Cepeda y Navas Talero los invitan a la audiencia pública sobre la justicia en Colombia, a realizarse el próximo 19 de julio de 2012, para debatir  sobre la situación actual de la justicia en Colombia. 

            Los últimos acontecimientos  relacionados con el hundimiento de la Reforma a la Justicia y las diversas expresiones de especialistas, sociedad civil  organizada y ciudadanía en general en cuanto a continuar con una agenda ciudadana en defensa del derecho a la justicia,  ratifican la necesidad de continuar el debate en torno a la búsqueda  de una administración de justicia confiable, pronta, universal y eficaz.

            Favor llenar el siguiente formulario de inscripción para garantizarles su acceso a las instalaciones del Congreso de la República. 


              CLIC AQUI PARA REALIZAR INSCRIPCION. 

            Lugar: Congreso de la República/ Salón Boyacá

            Fecha: jueves 19 de julio

            Hora: 9 a.m. - 2 p.m.

            *En el transcurso de los próximo días, nuestros equipos de trabajo se estarán comunicando con ustedes para brindarles más información y confirmar su asistencia.

             

            Nuestras historias

            Si el profesor Antanas Mockus fuera presidente…

            ¿Qué hubiera ocurrido en nuestro país si el profesor Antanas Mockus, a quien de esta forma se refería despectivamente el entonces candidato Juan Manuel Santos, hubiera sido el actual presidente de Colombia? Esta es la pregunta que de manera reiterada me he formulado, en especial durante estas últimas semanas de indignación e incertidumbre institucional. A continuación enuncio 10 puntos que de acuerdo a los principios del Partido Verde y a la experiencia de Antanas como gobernante-educador, estarían orientando la tarea colectiva de gobierno.

            Tendríamos un gobernante educador, un pedagogo anticlientelista en el poder. Se habrían ampliado las fronteras de la práctica pedagógica y fortalecido las acciones comunicativas con y hacia la ciudadanía. Ya no solo tendríamos ciudades educadoras, sino un país educador.

            La educación sería el camino. Con su compañero a la Vicepresidencia, Sergio Fajardo, habrían trabajado por una Colombia, la más educada. La reforma que se hubiera propuesto habría revisado en su conjunto el sistema educativo, es decir, habríamos pensado la educación desde la cuna hasta la tumba, como dice Gabriel García Márquez. La reforma tendría en cuenta las inequidades existentes, las prioridades para transformarlas y por supuesto incorporaría un profundo análisis sobre su factibilidad financiera y el compromiso estatal.

            Se habría impulsado un cambio cultural en Colombia, que permitiría superar el mayor problema nacional: la ilegalidad. La cultura ciudadana y la apuesta democrática por la formación política de ciudadanos y ciudadanas sería un hecho. La corresponsabilidad de Estado, sociedad y ciudadanía en la transformación de los intolerables de este país sería fundamental. Los jueces y maestros serían referentes éticos y actores fundamentales en esta tarea.

            Se habría presentado una verdadera reforma tributaria donde las exenciones al capital y a sectores como la minería y el turismo, desaparecerían en forma gradual. De igual manera se restringirían los impuestos regresivos como el IVA y avanzaría significativamente el Estado Social de Derecho.

            La Constitución del 91 sería nuestra carta de navegación. Nos habríamos atado las manos para respetarla y no la habríamos sometido "al manoseo constante" en el cual han incurrido los últimos gobiernos.

            Los recursos públicos serían sagrados, muy especialmente aquellos dedicados a la niñez y a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

            Tendríamos una relación entre el Congreso y el Gobierno diferente, sin chantajes, ni intercambios de intereses particulares. Quizá se hubieran tramitado menos leyes, pero de mayor calidad, fruto de la democracia deliberativa, es decir mejores y más convincentes argumentos de lado y lado. Se habría recogido a manera de saldo pedagógico la experiencia de Mockus con el Concejo de Bogotá. Una relación antagónica, pero a la larga transparente y productiva.

            Fruto de los resultados obtenidos por tanto Antanas como por Sergio por haber trabajado con mujeres capaces y comprometidas, tendríamos seguramente un gabinete con muchas de ellas. También se habría creado el Ministerio para las Mujeres, el de las revoluciones pacíficas, para transformar las históricas inequidades.

            La urna de cristal no sería un ficticio castillo de cristal. La urna estaría incrustada en cada ministerio, cada entidad y en toda acción gubernamental. Toda acción pública sería susceptible de ser filmada por una cámara. Gobernaría el país una dupla presidente-vicepresidente, ampliamente confiable.

            Los derechos se tramitarían como derechos y no como favores, por lo tanto se erradicaría el clientelismo estatal, que ata a los pobres a las grandes maquinarias electorales.

            Mockus no es el mesías, ni es el comisario ante el cual el país cierra los ojos y le pide resultados, sin importar los medios, como lo hizo con el anterior gobierno. A Antanas, le habríamos exigido adelantar una tarea política innovadora y efectiva, siendo coherente con los principios que siempre han orientado, su tarea política. Hubiera sido un gobernante más reflexivo y quizá mucho más lento para tomar grandes decisiones, pero también más firme a la hora de sustentarlas. El profesor Mockus encarnó una voz colectiva que expresó el sueño de vivir en una sociedad donde la vida fuera sagrada y la educación el camino. Sus ideas, sus profundas discusiones y sus propuestas éticas hoy más que nunca le hacen falta a Colombia.

            Columna para el periódico La Patria

            Por: Representante Angela Robledo

            @angelamrobledo

            www.angelarobledo.com

            Nuestras historias

            Se hundió la Reforma a la Justicia. Intervención de Angela Robledo

             

             

            Nuestras historias

            Rendición de cuentas de la Representante Angela Robledo (abril a junio 2012)

            Boletín de Noticias: abril a junio 2012.

            La urgencia por la PAZ

            Mi gran sueño es aportar desde esta labor legislativa a la paz con justicia social porque la Paz no es solamente el silencio de los fusiles: son reformas fuertes y contundentes en salud, educación, vivienda y acceso a la tierra. No sigamos aprobando presupuestos para la guerra. Hay que legislar para la Paz. La Paz es urgente, es posible, es un derecho y un deber. Por eso hago parte de la Comisión de Paz de la Cámara, acepté la invitación a trabajar con Colombian@s por la Paz, participé en Argentina en el "Foro Internacional Haciendo la Paz en Colombia", en Perú en el "Foro Internacional Aportes de Género a la Política Social" y en Barrancabermeja en el "Encuentro Nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia", eventos que contaron con la participación de mujeres, organizaciones, políticos y activistas de la Paz en América Latina que quieren aportar a una salida negociada del conflicto.

            También he acompañado a los estudiantes en su lucha creativa, imaginativa y pacífica por una educación de calidad; me opuse a la reforma a la educación porque considero que los derechos no pueden convertirse en mercancías, como ocurrió con la salud. Por eso los acompañé al evento inaugural de la Marcha Patriótica. Pienso que la Marcha Patriótica es una expresión cultural, ciudadana y política de base muy importante en un contexto donde los partidos se volvieron apenas canales electorales. Me gusta pensar que las utopías son posibles.

            Además de las iniciativas de los jóvenes sobre reforma a la educación, he estado trabajando con ellos en sus expectativas e iniciativas frente a la paz: "Foro universitario abriendo caminos de paz", con unos 200 jóvenes de la ESAP y en Montería con unos 50 jóvenes gestores de Paz. Soy una mujer de paz. Creo que estamos ante el tiempo de las palomas, hemos tenido demasiados años de los halcones que reivindican que la guerra se acaba con más guerra. Yo sí prefiero dibujar palomas y no fusiles.

            Proyecto de Ley que tipifica la violencia sexual en el marco del conflicto como crimen de lesa humanidad

            Seguimos trabajando junto con el Representante Cepeda y la Defensoría del Pueblo en un proyecto de ley para tipificar la violencia sexual en el marco del conflicto armado como crimen de lesa humanidad. El proyecto, que se radicará en la legislatura que comienza el 20 de julio de 2012, se presentó el 8 de marzo de este año en una versión preliminar y a la fecha hemos incluido aportes y observaciones de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, la Casa de la Mujer de Bogotá, Sisma Mujer, entre otras organizaciones. Ver más.

            ¡Ni una más!

            Condené la tortura, violación y asesinato de Rosa Elvira Cely en Bogotá y pedí que este crimen no quede en la impunidad. No hay que olvidar que en Colombia cada hora son violadas dos mujeres. NO TOLEREMOS LO INTOLERABLE. Exijamos justicia. Ver más.

            Por otro lado, cabe destacar que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que determina que los delitos de violencia contra la mujer podrán ser denunciados por cualquier persona y que tanto la violencia intrafamiliar como la inasistencia alimentaria dejen de ser querellables y no se podrá desistir de sus demandas.

            El ICBF continúa contratando con empresas de papel

            Preparamos con mi equipo un debate de control político de seguimiento a la política alimentaria que contrata el ICBF y que no fue agendado en la Comisión Séptima. Sin embargo, nuevamente denuncié irregularidades en los procesos de contratación de alimentos (programas PAE y PNAAM) por parte del ICBF y dije que a pesar de los esfuerzos de la nueva administración de Diego Molano, se sigue contratando con empresas cuestionadas, como el grupo Torrado, que se han “tomado” la entidad a través de los contratos de aporte. Las irregularidades contractuales que denunciamos en nuestro debate de control político a la entonces directora del ICBF en noviembre de 2011 siguen vigentes. Nos preocupa que sigan las mismas cooperativas que sistemáticamente han incumplido y no garantizan el derecho a la alimentación de niños y viejos en mayor situación de pobreza. Ver más.

            NO al reclutamiento infantil

            La guerrilla, los paramilitares y las mal llamadas Bacrim están, por todo Colombia, reclutando niños y niñas. El reclutamiento infantil, el abuso y explotación sexual es un delito infame y, a su vez, debe ser un intolerable que el Estado, con apoyo de la ciudadanía, deben evitar con toda vehemencia. En ese marco, fuimos a Putumayo a confirmar esta realidad que muchas voces nos habían denunciado, seguimos trabajando en la mesa de seguimiento a la situación de la niñez indígena y estoy preparando un debate de control político sobre el reclutamiento y el abuso sexual a niños y adolescentes en el marco del conflicto armado.


            Si negarse a una alianza con Uribe y ser coherente es un acto de desobediencia, hoy repito: ¡ME NIEGO!

            Sobre la apertura de una investigación por supuesta “desobediencia e indisciplina” durante el Congreso del Partido Verde que se realizó el 28 de septiembre del año pasado, me declaré sorprendida y decepcionada pues considero que el Partido no está haciendo un juicio ético sino político. Me quieren pasar la cuenta de cobro por la derrota de Enrique Peñalosa en Bogotá, cuando en realidad los que se equivocaron fueron ellos al aceptar una alianza con el ex presidente Álvaro Uribe, contraviniendo los principios del Partido y la confianza de la Ola Verde. La dirección nacional no nos perdona nuestro origen mockusiano ni nuestra coherencia.

            Por falta de garantías, con John Sudarsky recusamos al Presidente del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco por considerar que con sus declaraciones a los medios, sobre la apertura de investigación disciplinaria en su contra, vulneró la imparcialidad, prejuzgó y violó el debido proceso.

            He hecho una práctica política transparente, acorde a mis principios y a los lineamientos verdes, apegada a la verdad, al no todo vale, al respeto de los derechos humanos y al convencimiento de que la vida es sagrada. Una y mil veces diré ME NIEGO a una alianza con Álvaro Uribe. Ver más.

            Eventos regionales

            Participé en el Conversatorio sobre Educación realizado en Cali, con los jóvenes del movimiento Pi3nsa. "Piensa otra educación, otra sociedad".

            Estuve en Montería, donde denuncié que la política de infancia en Córdoba es muy frágil. La situación de los menores de edad tanto en el país como en la región es bastante crítica. Por ejemplo, uno de cada cinco niñ@s menores de un año muere en Córdoba (18%). Este panorama fue presentado durante el III Encuentro Interinstitucional del Buen Trato: Por una Montería garante de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, convocado por Visión Mundial Colombia. Ver más.

            Dije NO a la Ley Lleras 2.0, a la Reforma a la Justicia y al Marco para la Paz

            Dije NO a la “Ley Lleras 2.0”. Se aprobó en el Congreso a “pupitrazo limpio”, sin debate ni deliberación. Celebro que la ciudadanía exija su derecho al libre acceso a la información y al conocimiento.

            También me opuse a la Reforma a la Justicia y al Marco Jurídico para la Paz. VER VIDEOS DE LAS INTERVENCIONES.

            En los medios

            Estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, discutiendo sobre la violencia intrafamiliar. Pueden ver el programa haciendo clic aquí.

            También estuve en el programa HORA 20, de Caracol Radio, donde debatimos sobre las llamadas “narco novelas” de televisión. Pueden escuchar el programa haciendo clic aquí.

            Clic aquí para leer la entrevista con Nuevo Arco Iris sobre la Paz, el Partido Verde, el gobierno Santos y la Marcha Patriótica.

            Constancias y proyectos

            Ver todas las constancias que he radicado en el Congreso.
            Ver todas los proyectos de ley que estamos estudiando con mi equipo de trabajo.

                     

             

                          Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas (período: abril a junio 2012).

                          Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.

                          Para más información, visita www.angelarobledo.com
                          En Twitter @angelamrobledo

            Nuestras historias

            ¡Ni una Rosa más!

            En estos días nos invade el dolor y la indignación, a los hombres debería invadirles la vergüenza. La irracionalidad de algunos hombres empotrados en el machismo rompió todo límite pensable. La estudiante y madre Rosa Elvira Cely de 35 años fue violada, torturada, empalada y asesinada en Bogotá.

            El domingo 3 de Junio alrededor de 6.000 personas asistimos al Parque Nacional, lugar donde se encontró el cuerpo de Rosa Elvira, a protestar y rechazar este asesinato que condensa todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres en Colombia. La solidaridad y expresión de indignación frente a este tipo de hechos es fundamental. Sin embargo, es inexplicable que tengan que suceder estos actos de barbarie, para que se genere el rechazo colectivo a la violencia contra las mujeres.

            Se necesita ¡Un Nunca Más! vehemente, radical e innegociable por parte de padres, esposos, compañeros y guerreros para erradicar cualquier justificación frente a la violencia contra las mujeres. Se requiere pasar de esta cultura machista que asume la superioridad de los hombres, que naturaliza la violencia contra las mujeres y que desconoce la ética del cuidado y de la protección de la vida. Se requiere que no sólo sintamos indignación y repudio, los hombres en Colombia deben sentir vergüenza por lo que está ocurriendo y sumarse a la exigencia que por décadas hemos hecho las mujeres: no más violencia contra nuestros cuerpos, ni contra nuestras almas.

            Una mujer es asesinada cada tres días, dos mujeres son violadas cada hora y cada hora seis mujeres son golpeadas por un hombre en nuestro país. En el 2010, 1.444 mujeres fueron víctimas de homicidio, 360 al menos, murieron en sus propias viviendas. En el año 2011 alrededor de 60.000 mujeres, fueron víctimas de violencia doméstica ¡Estamos rodeadas de hombres sin-vergüenza(s)!

            Si estos crímenes como los de Rosa Cely suceden en el corazón de una ciudad ¿ cómo será la situación de miles de mujeres que viven en territorios apartados donde no llega la presencia del Estado? La investigación adelantada por la Casa de la Mujer muestra cómo entre los años 2001 al 2009 en el marco del conflicto hubo 94.565 violaciones a mujeres por parte de actores armados, 26.058 casos de embarazo forzado, 19.422 de esterilización forzada. Los datos de la Corporación Arco Iris, nos hablan de 400.000 violaciones y la impunidad es total. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en blancos para la guerra.

            La promoción de la vergüenza en los hombres debe complementarse con una fortaleza legal. Fortaleza que no se traduce, léase bien, no se traduce en populismo punitivo, en pensar que aumentando penas y dando respuestas como la castración química, desde el ámbito legal, se resuelven las violencias contra las mujeres. Dicha fortaleza debe consistir en ¡No más Impunidad! Recordemos que los casos de violencia sexual son los que permanecen en la mayor impunidad en Colombia. En otras palabras, no se puede responder a un acto brutal con otro acto brutal desde el Estado, esto implicaría retornar al estado naturaleza. Si desde la ley castramos personas, matamos victimarios, seguiremos promoviendo odio y no justicia. La justicia debe operar: las comisarias de familia, la policía, los fiscales, los jueces deben adelantar su labor de manera humana, efectiva, eficiente , sin caer en prejuicios y estigmas que terminan por victimizar de nuevo a las mujeres .

            Sumando a esta urgencia de que la justicia opere, se requiere que las mujeres denuncien: el 76% de las mujeres víctimas de violencia física o psicológica, no asisten a ninguna institución a denunciar. El Estado y la sociedad deben crear las condiciones materiales y simbólicas, para que aumente la confianza en la justicia. Sabemos que en muchas ocasiones las mujeres son intimidadas o amenazadas por sus victimarios, y en muchos casos también son humilladas por los operadores jurídicos cuando denuncian.

            Me uno al dolor que sentimos las colombianas y colombianos por el delito de Rosa Cely y por los miles de delitos y violencias que sufren las mujeres hora a hora en este país. Es fundamental continuar trabajando para resistirnos a la barbarización de los lazos sociales que atraviesan a Colombia ¡ Ni una Rosa Más!

            COLUMNA DE LA REPRESENTANTE ANGELA ROBLEDO PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA

            WWW.ANGELAROBLEDO.COM

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            El ICBF continúa contratando con “empresas de papel”, advierte la Representante Ángela Robledo

            La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció irregularidades en los procesos de  contratación de alimentos (programas PAE y PNAAM) por parte del ICBF y dijo que a pesar de los esfuerzos de la nueva administración de Diego Molano, se sigue contratando con empresas cuestionadas de grupos, como el Torrado, que se han “tomado” la entidad a través de los contratos de aporte. 

            “Las irregularidades contractuales que denunciamos en nuestro debate de control político a la entonces directora del ICBF en noviembre de 2011 siguen vigentes (VER VIDEO DEL DEBATE). Hay cuestionamientos graves frente a la alimentación de niñas, niños y viejos: no se garantiza una nutrición en condiciones mínimas de salubridad, de hecho, en muchos casos no llega la comida; se concentran los recursos en muy pocas empresas y éstas, una vez sancionadas, crean nuevas “empresas de papel” para no perder los rendimientos que otorgan dichos contratos”, dijo Ángela Robledo. 

            En noviembre de 2011, Ángela Robledo denunció que luego de concentrar 80% del presupuesto (3.9 billones de pesos), Elvira Forero favoreció monopolios como el del Grupo Torrado conformado por una serie de empresas (Cooprosperar, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva SurColombiana de Inversiones, Alfaba, Empsenal y Fundeal) con las que contrató alimentos para niños y viejos pobres en todo el país por unos 100 mil  millones entre 2006 y 2012 (109.000 millones de pesos), contratos que fueron también  cuestionadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Los señalamientos de Ángela Robledo ocasionaron la salida de Elvira Forero en esa misma semana. 

            En esa época se evidenció que estas empresas o cooperativas licitaron juntas, compitieron entre ellas, se colaboraron, compartieron bodegas y personal… De igual manera, algunas incumplieron los contratos, se los cedieron entre empresas del mismo grupo, sin mayores requisitos, y de esta manera evitaron la sanción y la caducidad de sus contratos.  “Lo que más me sorprende es que el ICBF vuelve HOY a contratar con algunas de estas empresas como Empsenal, Multiactiva Surcolombiana de Inversiones (7 mil millones) y otras como Luz de Vida (12 mil millones)… y tengamos, otra vez, los mismos cuestionamientos, quejas y denuncias de la comunidad”, afirmó Angela Robledo. 

            Ángela Robledo aseguró que tras una revisión de los principales hallazgos del debate de control político realizado en noviembre pasado y que ella puso en conocimiento de los organismos de control, la situación continúa. (VER VIDEO DE LA DENUNCIA).

            “Preocupa que sigan las mismas cooperativas que sistemáticamente han incumplido y no garantizan el derecho a la alimentación de niños y viejos en mayor situación de pobreza”.

            “Hicimos, junto con la Procuraduría y la Contraloría serios cuestionamientos sobre la calidad, cantidad, cobertura y oportunidad de los alimentos que contrata el ICBF con esas empresas. De acuerdo con hallazgos de los entes de control los alimentos llegan en menores cantidades a las contratadas, en estado de descomposición, contaminados, sin registro INVIMA y no cumplen con la variedad y exigencia de nutrientes establecidos en minutas; incluso, se habló del pico y placa en la alimentación. Hay quejas, tutelas y derechos de petición de la ciudadanía al respecto. Entonces ¿por qué siguen los mismos?”, dijo Ángela Robledo.

            Estas y otras irregularidades fueron presentadas por Ángela Robledo, al Secretario Anticorrupción y Transparencia, Carlos Fernando Galán en reunión que se llevó a cabo este lunes 4 de junio en Bogotá (Ver carta).

            “Estamos ante una evidencia clara de que está primando la lógica del beneficio individual y no la garantía de los derechos.  Grandes grupos empresariales que surgen de un día para otro, generan uniones temporales y parecen más empresas de papel que se reparten contratos por todo el país para después incumplir. De esta manera a los niños y viejos pobres, se les agudiza el hambre y los empresarios, engordan sus arcas”, le dijo Ángela Robledo al Zar Anticorrupción. 

            Información Prensa Angela Robledo: 3202343806/ Margarita Sarmiento

             

            Nuestras historias

            Representante Angela Robledo se pronuncia sobre el gobierno de Santos, la Paz, la Marcha Patriótica y el Partido Verde

             

            Ángela Robledo ha sido una revelación como congresista. Esta manizalita se ha declarado en disidencia en el Partido Verde, luego de que este aceptara el apoyo de Álvaro Uribe en la campaña para la alcaldía de Bogotá. Por eso tiene un proceso dentro del Partido, lo cual no la intimida para decir lo que piensa. Aunque este es su primer cargo de representación pública, tiene una trayectoria importante en varios escenarios. Primero como académica en la Universidad Javeriana, como directora de la Fundación Restrepo Barco, como directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social, en la alcaldía de Mockus, y ahora como representante a la Cámara. Sin duda una de las mujeres con más empuje y futuro político en la franja de la centro-izquierda. Estas son sus reflexiones sobre el país.

            ¿En qué va la investigación que le abrió la comisión de ética del Partido Verde?

            El origen de la apertura de la investigación es el acto de disidencia en septiembre del año pasado cuando ‘me niego’ al apoyo que Álvaro Uribe le dio a Peñalosa. Lucho Garzón había dicho que no nos íbamos a subir a la tarima con Uribe. Porque era inadmisible después de la campaña que habíamos hecho que Álvaro Uribe fuera copartidario del Partido Verde en especial en Bogotá. Nosotros de tiempo atrás habíamos dicho que no íbamos a acompañar la campaña de Peñalosa en Bogotá, pero sí otras. De hecho yo acompañé la campaña de Sergio Fajardo en Antioquia, a Juan Guillermo Restrepo en Atlántico, en el Valle del Cauca acompañé a los muchachos ‘Piensas Verde’ y aSofi Ospina candidata al concejo.

            Entonces surge una proposición de que nos expulsen del Partido y se conforma un Comité de Ética conformado por tres personas: Alfonso Castelblanco que es muy cercano a Alfonso Prada; Mestre cercano a Jorge Londoño y Camargo que es pariente de Carlos Ramón González. Se abrió indagatoria y conocimos que la propuesta estaba firmada por 111 personas cuyas firmas no son claras. Explicamos por qué éticamente no podíamos apoyar a Peñalosa, sin embargo con todo eso nos abrieron el proceso.

            Se nos prejuzgó. Se nos dijo que podíamos ser expulsados, que nos podían quitar la voz y el voto en el Congreso de la República, o que nos podían acusar por doble militancia, cosa que absolutamente traída de los cabellos. Nosotros recusamos a Oscar Castelblanco porque se nos notificó a través de los medios. Pero aún hoy yo me sostengo y me niego todas las veces que sean necesarias a subirme a una tarima con Álvaro Uribe Vélez que representa un proyecto de país y sociedad totalmente opuesto al sueño del Partido Verde. Estamos en un desgaste innecesario, muy tonto, pero vamos a ver qué pasa. A nosotros nos quieren cobrar el fracaso de Peñalosa en Bogotá.

            ¿Qué pasa hoy en el Partido Verde, y cómo lo ve usted?

            Desde que arrancó el Partido Verde en octubre de 2009, era una confluencia de corrientes, muy atado a personas, a figuras, pero creo que se ha convertido en todo lo que queríamos evitar. El Partido Verde se volvió un paraguas para avales; sólo se activa como maquinaria en el tema de las elecciones y hoy es una enorme desilusión para la ciudadanía. Yo tengo una segunda esperanza sobre el Partido Verde. Por eso sigo trabajando. El problema es que quienes lo lideran creen poco en los partidos: Antanas, Peñalosa, Sergio, creo que hasta el mismo Lucho.

            ¿Cree que el Partido verde tiene una segunda oportunidad?

            El partido tiene que democratizarse. La dirección nacional del partido se parlamentarizó. Este año hay dos congresos, el de mujeres y el de jóvenes, que se abren como nichos de debate programático y de espacios de democratización para que las direcciones departamentales y municipales tengan fuerza.

            Lo que acaba de ocurrir en el Valle del Cauca por ejemplo. El candidato que se había trabajado desde la región era Jesús Piñacué. Luego va un miembro de la dirección nacional delegado por un Concejo Ejecutivo que no tiene ninguna validez estatutaria, y los descalifica y el Partido Verde apoya el candidato de la coalición en el Valle del Cauca. O el caso de Antioquia. Uno diría que el jefe natural del Partido Verde hoy en día, si vamos a tomarlo por votos, es Sergio Fajardo pero en eso no ha habido claridad. Por eso se necesita democratización. Somos una cantidad de congresistas con espacios de debate, con visibilidad en la opinión pública, con tareas en el Congreso, pero no somos bancada. Esto es una sumatoria de individualidades y eso no es un partido.

            ¿Cómo ve usted el tema de la paz en el país?

            Frente a la paz también somos voces individuales. Yo creo que si algo ha movido a Lucho Garzón en su vida es ese tema. Lucho sueña con un país en paz. Me sueño la salida vía negociación, vía diálogo, no sé cómo se la sueñe Lucho ni si Santos aspira a una rendición, a un sometimiento o a un verdadero diálogo. Yo creo que de los sometimientos no queda sino resentimientos y odio y que ni las Farc ni el Eln se van a someter.

             

            Mi gran sueño es que uno pudiera dentro de dos años terminar una tarea legislativa y haber aportado a la paz con la justicia social. La paz no es solamente el silencio de los fusiles: son reformas fuertes y contundentes en salud, educación, vivienda. Poco a poco, de manera gradual, hay que ir desmontando el presupuesto de la gran empresa de Colombia que es la guerra: los soldados, los militares, la artillería, los grandes aparatos, los helicópteros. Yo espero en eso, encontrarme con Lucho Garzón y ojalá esa pueda ser una posibilidad de pensar en que es posible seguir en el Partido Verde así ya tengan este proceso disciplinario que fue abierto de manera tan injusta e irregular. Quiero seguir siendo Verde. Yo nunca había estado en un partido político y no quisieras a tan corto tiempo estar saliendo de él, pero el Partido Verde tiene que reconfigurarse.

            Usted fue de las pocas congresistas que asistió al congreso de la Marcha Patriótica ¿Por qué lo hizo?

            Me invitaron algunos de los miembros de la MANE a quienes yo acompañé en las marchas del año pasado por dos razones. Una, porque me parecía inadmisible que fuéramos a hacer una reforma a la educación inspirada en el espíritu de la reforma a la salud. Más aún cuando ya sabemos que pasa cuando a un derecho se le aplica la racionalidad del lucro. Y segundo por la manera imaginativa como llenaron las calles de Colombia y nos hicieron revivir y pensar que era posible la utopía.

            Ellos me invitaron a participar en la Marcha Patriótica y además yo hago parte de Colombianos y Colombianas por la Paz,estuve en Barranca, acompañando el movimiento de campesinos, de indígenas, de mujeres, de afros y vi una demanda de quien vive la guerra día a día, y demandan una salida negociada y rápida al conflicto. La Marcha me parece una expresión cultural, ciudadana y política de base en un contexto donde los partidos se volvieron apenas canales electorales. Por eso los acompañé, por eso la veo con tanta ilusión.

            ¿Qué opinión tiene de la administración de Gustavo Petro?

            Este fin de semana estuve releyendo el plan de desarrollo a mí me parece que lo que hace Petro es darle una enorme visibilidad a lo que Bogotá ha venido construyendo de tiempo atrás. Él toma el corazón del concepto, ya no es Bogotá sin indiferencia sino ‘Bogotá Humana’ y yo diría que un 80% del plan de Petro es ese concepto de revitalización donde pueden vivir personas de todas las clases sociales, de todas las etnias; eso me parece fundamental porque Bogotá sigue siendo muy segmentada.

            La apuesta de una educación fuerte desde el inicio de la vida hasta una jornada completa me parece que es de las políticas que si logra hacerse quizás es de lo más garante de los derechos de niños y jóvenes en Colombia. El tema de víctimas, de pensar una ciudad sostenible, donde el gran ordenador es la naturaleza y de manera específica el agua. Tiene un enorme reto. Creo que comunicativamente no ha logrado decirnos cuáles son sus prioridades, pues loveo muy disperso y defendiéndose mucho. Me encantaría verlo más tranquilo, más sereno, más amable con la ciudadanía que lo eligió.

            Creo que ese es el gran reto de Petro: enamorar a bogotanos y bogotanas de este proyecto de Bogotá Humana.

            ¿Qué valoración tiene del gobierno del presidente Santos?

            Santos para mi es indescifrable. Me parece que hay muchas contradicciones en su gobierno. Por un lado está esta apuesta por el Marco por la Paz, y por el otro la ampliación del fuero militar, y ligado a eso un presupuesto cada vez más alto para la guerra. Una contradicción entre un hombre que le ha apostado a la urna de cristal y que cuando se tramitó la reforma para la salud todos sabíamos que las EPS son un nido de corrupción, que las grandes empresas farmacéuticas también, nada se hizo de manera fundamental para tocar esas dos venas rotas del sistema. ¿Por qué sigue vinculado un superintendente de salud que tiene tantas relaciones con el mundo de las farmacéuticas y que venía también con relaciones tan cercanas en el mundo de las EPS? me pregunto ¿Cómo es que despide a la directora del ICBF diciéndole que se fuera a disfrutar unas justas vacaciones cuando sabía que estaba entregando una institución con múltiples expresiones de corrupción?

            Uno no siente que hayamos pasado del escritorio al territorio, parece que hace falta mucha cercanía con la ciudadanía. Para mí es un hombre frío, un gobernante diplomático con muchas máscaras. Entonces mi balance es agridulce, creo que ha habido avances pero no sé qué tan dispuesto esté Santos a hacer verdaderamente un corte de cuentas con el gobierno anterior.

            Entrevista realizada por Luis E. Celis para Nuevo Arco Iris

            Ver original en: http://www.arcoiris.com.co/2012/06/nunca-me-subire-en-una-tarima-con-alvaro-uribe/ 

             

             

            Nuestras historias

            En Colombia dos mujeres son violadas cada hora

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara, condenó la tortura, violación y asesinato de Rosa Elvira Cely en Bogotá y pidió que este crimen como muchos de los que casi 18 mil que ocurren en el país no quede en la impunidad. “No hay que olvidar que en Colombia cada hora son violadas dos mujeres”

            La parlamentaria que viene trabajando junto con el representante Iván Cepeda y la Defensora del Pueblo Pilar Rueda, en un proyecto de ley para tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad que se radicará en la próxima legislatura, dijo que hace falta voluntad política del gobierno frente a la reglamentación y la puesta en marcha de los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008 que pretende erradicar todas las violencias contra las mujeres.

            “Es inadmisible que un hecho de tal magnitud ocurra en pleno corazón de Bogotá”, dijo Ángela Robledo, quien agregó que si esto nos ocurre aquí cómo será la situación de miles de mujeres que viven en territorios como Córdoba, Antioquia, Putumayo y Chocó, regiones apartadas donde casi no llega la mano del Estado. “Hemos llegado a unos límites de violencia contra las mujeres denigrantes, casi inimaginables, y ni qué decir de la violación como arma de guerra”, afirmó Ángela Robledo.

            “Convoco al Alcalde Gustavo Petro, para que se actúe de manera ejemplar en este caso, se determine con prontitud quién o quiénes son los responsables de este cruel asesinato y se derrote, por lo menos en esta ocasión, la impunidad.  Rosa Elvira pasó unas 7 horas sin auxilio, que el silencio de nuestra sociedad no se convierta en cómplice”.

            NO TOLEREMOS LO INTOLERABLE: Próximo domingo 3 de junio, asiste a la jornada de duelo e indignación por la muerte de Rosa Elvira Cely. Lugar: Parque Nacional, a partir de las 10 de la mañana.

            Las cifras de la violencia contra las mujeres en Colombia

            Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  (Forensis, enero – diciembre de 2009) señalan que:

            -Violencia Intrafamiliar: 73.450 casos. 6.120 mujeres víctimas al mes, o sea 201 al día. 8 mujeres están siendo golpeadas cada hora.

            -Maltrato de pareja: 54.192 casos. 4516 mujeres víctimas al mes, es decir 148 al día. 6 mujeres reciben maltrato  de su pareja cada hora

            -Violencia sexual: 17.935 casos de violencia sexual contra  mujeres. 1495 al mes, es decir 49 al día. Dos mujeres son violadas cada hora

            -Feminicidio: 128 casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres.Una mujer es asesinada cada tres días.

            Información Prensa Angela Robledo: Margarita Sarmiento/ 3202343806

             

            Nuestras historias

            El proyecto de vivienda, en busca de la revitalización social y la autonomía regional

            Desde el jueves 24 de mayo de 2012, fecha en la que comenzó a discutirse la aprobación del Proyecto de Ley de Vivienda, la Representante Angela Robledo ha insistido sobre la importancia de incorporar y reforzar la perspectiva de la revitalización social de las ciudades, y de fortalecer la coparticipación de los territorios, desde un Estado Social de Derecho que fomenta la descentralización.

            Por ello, en reunión con varios ponentes del proyecto de ley, los equipos técnicos de la Alcaldía de Bogotá y los asesores del Ministerio de Vivienda, se logró poner en discusión  algunas modificaciones a los artículos 5, 6, 10, 27 y 37, y se adicionó el numeral 4 al artículo 52 de la ley 388 de 1997, para ser incluidos en la ponencia del Proyecto de Ley de Vivienda, ponencia que próximamente será debatida en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.  

            Adicionalmente, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se debatió el tema de la revitalización social de los municipios y distritos de todo el país, por ejemplo lo que tiene que ver con los cuatro millones de metros cuadrados inutilizados que hay en el centro de Bogotá.

            En ese marco, "desde mi condición de Representante por Bogotá, le sugerí al Ministro Germán Vargas Lleras la concertación de una reunión sobre el tema con el Alcalde Gustavo Petro, en la que el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital acordaron finalmente la construcción de 11 mil viviendas de interés prioritario y cerca de 8 mil de interés social en la Capital de la República. Nuestro país y nuestra ciudad requieren cambios estructurales para eliminar la segregación, la exclusión y la sectorización de la sociedad, lo cual ha implicado que en Bogotá los pobres vivan con los pobres y los ricos con los ricos", concluyó la Representante Angela Robledo.

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            Por falta de garantías, Angela Robledo y John Sudarsky recusan al Consejo Ético del Partido Verde

             

            Los congresistas Ángela Robledo y John Sudarsky  recusaron hoy  al Presidente del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco por considerar que con sus declaraciones a los medios, sobre la apertura de investigación  disciplinaria en su contra, vulneró la imparcialidad, prejuzgó  y violó el debido proceso.

            “Castelblanco no sólo nos notificó  a través de los medios de comunicación, sino que especuló sobre doble militancia y sentenció que podríamos perder la curul en el Congreso o el derecho a la voz y el voto, lo que constituye parcialidad y prejuzgamiento”, dijo Ángela Robledo.

            La congresista señaló adicionalmente que dos de los miembros del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco y Pedro Mestre, estarían impedidos para investigarla puesto que ellos asistieron al III Congreso  Nacional del Partido Verde, es decir, conocieron previamente los hechos,  lo que de acuerdo al Estatuto Procedimental Penal  (Artículo 56), les inhabilita.

            De acuerdo con el oficio de recusación, Oscar Castelblanco, presidente del Consejo de Control Ético del Partido Verde, debió declararse impedido para adelantar la investigación contra los congresistas Robledo y Sudarsky ya que: 1. Estuvo como delegado en el Congreso Verde donde se dieron los hechos producto de la investigación (Compromete su independencia e imparcialidad); 2. Antes de la notificación oficial a los congresistas estuvo dando declaraciones a los medios sobre los motivos de la investigación (Opinó sobre los hechos); 3. En las declaraciones especuló sobre los motivos de la investigación señalando doble militancia y las posibles sanciones a las que se verían expuestos los investigados, sin seguir un debido proceso (Prejuzgó).

            De acuerdo con el documento de recusación no es muy claro cómo se tomó la decisión y quién presentó la proposición para tramitar la queja y cuál fue el proceso para la recolección de las firmas de los delegados al Congreso del Partido Verde, quienes pidieron expulsar y retirar las credenciales como congresistas a Robledo y Sudarsky por considerar que violaron los principios y valores del Partido al rechazar públicamente una alianza con Álvaro Uribe en la contienda electoral para la Alcaldía de Bogotá. 

            Ángela Robledo anunció que este proceso disciplinario no tiene ningún fundamento  ético,  político o jurídico ya que el acto de indignación y resistencia en contra de la alianza con el expresidente Álvaro Uribe fue absolutamente válido y dentro del marco del disenso y la independencia deliberativa propuesta por Mockus y reconocida por su Partido.

            “Si evaluamos poniendo como foco los principios y estatutos del Partido Verde: Respeto a la vida, rechazo a la violencia y complicidad con grupos al margen de la ley, manejo transparente y eficiente de recursos públicos, defensa de la Constitución, coherencia entre fines y métodos… ¿Cómo podía aceptarse una alianza con Álvaro Uribe? Entonces, vale la pena preguntarse ¿Quiénes fueron los que violaron los principios y erraron al aceptar esa alianza? ¿Quiénes van a responder ética y políticamente por la derrota en Bogotá?”, dijo Ángela Robledo.

            “Yo creo que es hora de que los políticos seamos coherentes y transparentes frente a la ciudadanía que nos elige. Como líderes tenemos la responsabilidad de responder por nuestros actos. Estuve en contra de la alianza del Partido Verde con Álvaro Uribe y si mil veces me lo proponen, mil veces me negaré”, puntualizó Ángela Robledo 

            Angela Robledo y Sudarsky han recibido el apoyo y la solidaridad de miles de seguidores a través de redes sociales, así como el respaldo de reconocidos columnistas. De igual manera, Antanas Mockus, quien propuso al Partido Verde respetar el derecho al disenso (aprobado por la Dirección Nacional el 12 de mayo del 2011), hizo llegar a los congresistas una declaración notarial como legado ético para que haga parte del proceso.  Así mismo se pronunciaron Héctor Fabio Perea, Director Ejecutivo y Vocero del Partido Verde en el Valle del Cauca y  Juan Guillermo Vallejo militante verde, quienes estuvieron en el Congreso verde.

            Entre tanto, Pedro Mestre, integrante del Consejo Etico, renunció al Consejo de Control Ético del Partido Verde el pasado 7 de mayo aduciendo “razones personales”.

            Información Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806

             

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            La Marcha Patriótica: una ruta hacia la Paz

             

            El pasado 21 de abril estuve ahí, en el lanzamiento del movimientosocial y político "Marcha Patriótica", ese día ingresé a un recinto cargado de expresiones estéticas y políticas. Entré a un espacio lleno de esperanza, donde las voces de personas de diferentes edades, regiones, razas y etnias, se entremezclaban con la voz de Mercedes Sosa: "…solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente…". Estuve en un evento cultural, deliberativo y político. Estuve en un escenario democrático.

            Llegué allí de la mano de algunos jóvenes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, como se le conoce más comúnmente, ese movimiento de estudiantes que ha trabajado en las universidades, en múltiples talleres y encuentros para buscar alternativas universales y de calidad para la educación superior en Colombia. Ese movimiento que se ha volcado a las calles con una protesta pacífica, imaginativa y que nos ha gritado, sin ensordecernos, que en Colombia es posible vivir distinto, y que es necesario repolitizar la vida cotidiana para que salgamos de los cómodos e individuales refugios, para exigir nuestros derechos. Llegué de la mano de este movimiento que hizo de la resistencia civil no violenta, una obra de arte con resultados contundentes.

            El encuentro de la Marcha Patriótica fue una expresión fundamental de democracia, una expresión de libertad de este país que clama ser escuchado desde su campo olvidado y desde sus ciudades convertidas en ocasiones, en máquinas de exclusión.

            Me sumo a la apuesta de la Marcha Patriótica de señalar que en Colombia la paz es urgente y posible. Y para que esta paz sea verdadera y durable, es necesario no solo que cese el ruido de los fusiles y las bombas de los guerreros sino también, como lo decía el maestro Fals Borda, que se afinque en ese Ethos de resistencia que por dos centurias han significado las prácticas de comunidades indígenas, comunidades negras, de los campesinos, de las mujeres, y que hoy se expresa también en el movimiento estudiantil de Colombia. Sobre ese Ethos nace la Marcha Patriótica, desde esas voces silenciadas a quienes les duele el país y quienes han sido víctimas de sus distintas violencias.

            En esta Marcha se reconoce a los jóvenes, a las campesinas y campesinos, a las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, afrocolombianas, a los movimientos de mujeres, de trabajadores, a los desempleados, jornaleros, vendedores ambulantes, a todos aquellos quienes han sido excluidos y hoy piden vivir con dignidad, como lo establece nuestra Constitución colombiana.

            El movimiento nace de las aspiraciones de promover un diálogo democrático que tenga en cuenta la diversidad regional y cultural. Tiene como misión contribuir a transformar estructuralmente las desigualdades sociales, acabar con la corrupción, el clientelismo y la explotación irracional de los recursos naturales. Su apuesta por la paz es clara: paz sin justicia social no es sostenible.

            Su lema es una Marcha Patriótica por una segunda y definitiva independencia. Independencia de los intereses tradicionales, independencia frente a los atajos que se traducen hoy en más de 8 billones de corrupción, acaparados por carruseles de contratistas de la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, la nutrición de miles de niños, niñas y viejos. Independencia frente a un presupuesto que le apuesta a la guerra, frente a un TLC que desfavorece a los desfavorecidos, frente a una sostenibilidad fiscal que subordina la garantía de derechos a cálculos econométricos y reglas fiscales. Independencia para un país que es campeón mundial en la concentración de la tierra y está entre los primeros siete países más desiguales del mundo.

            Por estas razones estuve ahí, en el evento de la Marcha Patriótica. Para dejar claro que si este movimiento es una alternativa para la guerra, bienvenida la Marcha, bienvenida la resistencia desde la no violencia. Bienvenida una izquierda democrática que confronte al establecimiento y que diga explícitamente que deslegitima todas las formas de violencia, como también deslegitima todas las formas de exclusión.

            Acompaño, desde mi condición de congresista y ciudadana, esta expresión cultural, política y social de la democracia en Colombia. Adelante Marcha Política, movimiento que reúne a los indignados e indignadas en Colombia.

            Columna de opinión de la Representante Angela Robledo para el periódico La Patria.

             

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            Angela Robledo convoca a la ciudadanía a enviar información sobre presuntas irregularidades en la contratación del ICBF.

             

            Siete meses después del debate de control político realizado por la Representante Ángela Robledo a la hoy ex directora del ICBF, Elvira Forero, en el que se alertó a los organismos de control sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF, Ángela Robledo prepara un debate de seguimiento en el Congreso de la República a estas denuncias, que actualmente están siendo analizadas por la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y las Superintendencias. 

            “Convoco nuevamente a todos los ciudadanos para que nos envíen cualquier información o indicio de irregularidades que conozcan en materia de contratación en el ICBF, dado que los documentos y las quejas enviadas por ustedes han sido fundamentales para visibilizar esta problemática, para hallar posibles responsabilidades y, lo que es más importante, para exigir la garantía de los derechos de los niños y las familias más pobres del país”, dijo Angela Robledo.

            Si tiene información, por favor envíela al correo angelarobledo@partidoverde.org.co con asunto “Contratos ICBF”.

             

            Nota: Si así lo considera pertinente, ni su nombre ni sus datos de contacto serán revelados públicamente. GRACIAS por su colaboración.    

             

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            Fiasco, la columna de Ricardo Silva sobre el Partido Verde

             

            Eso es el Partido Verde: un fiasco. Hace apenas dos años, que parecen diez, en los días inverosímiles de la pasada campaña a la presidencia, tenía cara de protagonista de la historia de Colombia: era el milagroso partido inventado por sus partidarios, el valiente intérprete del malestar de una sociedad resignada a pasar por encima de todos y de todo, la insólita candidatura que en el clímax de la espeluznante era uribista, cuando el lema bajo el escudo era "Presidente: haga lo que tenga que hacer pero que yo no me entere", había conseguido convencer a los electores de que el fin no justifica los medios. Eso era el Partido Verde. Eso fue. Hoy es un triste personaje secundario que trata y trata de venderse, pero que ni siquiera se logra alquilar. Su consigna ha dejado de ser "la vida es sagrada". Su consigna es "así es la vida".

            Es cierto que la decepción es mérito del decepcionado: que nunca estamos demasiado viejos para caer en la esperanza. Y sin embargo hay que reconocerle al Partido Verde una inquebrantable vocación a defraudar: su desprecio por las ideas aparentemente simples pero fundamentales de Antanas Mockus, que le dieron 3'587.975 votos en las elecciones del 2010, demostró que no era el cándido partido de los indignados, sino otra fallida conspiración para alcanzar el poder; su penosa campaña a la alcaldía de Bogotá, una larga y deprimente entrega de principios a aquel Álvaro Uribe que la bendita 'ola verde' tanto combatía, dejó claro que sus políticos son tan modernos que sólo se representan a sí mismos; su deslucida entrada a la 'Unidad Nacional', una peregrinación de rodillas en busca de un puesto para el pobre Lucho Garzón, probó que lo único que encarna es la historia que se repite.

            Eso es el Partido Verde: otro Partido Liberal, otro Partido Conservador, otro Partido de la U.

            Lo único que lo diferencia hoy es su persecución, de tiempos peores, a los dos congresistas que les siguen siendo fieles a los principios de la agrupación: lo único que lo distingue es su encarnizado acoso, de tiempos de toque de queda, al senador John Sudarsky y a la representante Ángela María Robledo. El comité de ética del Partido, atendiendo una queja presentada por no sé cuántas firmas borrosas, a esta hora investiga si los coherentes Sudarsky y Robledo cometieron actos de "sabotaje, desobediencia e indisciplina" cuando se negaron a respaldar la alianza de Enrique Peñalosa con Álvaro Uribe durante las elecciones para la alcaldía. Yo me hice la misma pregunta cuando supe la noticia: y no, no es un mal chiste.

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            "Los viejos verdes". Columna de Daniel Coronell


            La ola verde surgió como una manifestación espontánea de rechazo a las prácticas del gobierno Uribe. El Partido Verde y Antanas Mockus fueron -por unas cuantas semanas- la encarnación, casi el pretexto, de ese sentimiento de repudio que nunca fue mayoritario pero si fuerte y claro. Gracias a esa reacción fueron elegidos cinco senadores, tres representantes a la cámara y muchos albergaron el sueño de ganar la presidencia.

             
            De eso poco quedó. Pero dos de los elegidos –dos y sólo dos- tienen claro por qué votó la gente por ellos.
             
            Ángela María Robledo, representante, y John Sudarsky, senador, han sido congresistas excepcionales. Responsables con las iniciativas legislativas y rigurosos en el control político. Ellos han ido quedando como la única prueba fehaciente de que alguna vez existió una ola verde.
             
            Pues bien, ahora quieren expulsarlos de las filas del Partido Verde.
             
            Los están acusando de doble militancia porque los dos se pusieron camisetas que decían “Me niego” cuando Enrique Peñalosa –en la más reciente de sus fallidas campañas- decidió asociarse con el ex presidente Álvaro Uribe para intentar ser al mismo tiempo el candidato del uribismo y de la ola verde.
             
            La representante Robledo y el Senador Sudarsky se opusieron claramente a esa alianza oportunista. La justificación era simple: A ellos y a todos los verdes los habían elegido sus votantes a nombre del “no todo vale”. 

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            Si negarse a una alianza con Uribe es un acto de desobediencia, hoy repito: ¡ME NIEGO!

            La Representante a la Cámara Ángela Robledo se pronunció hoy sobre la apertura de una investigación por supuesta “desobediencia e indisciplina” durante el Congreso del Partido Verde que se realizó el 28 de septiembre del año pasado. 

            Robledo se declaró  sorprendida y decepcionada pues considera que su Partido no está haciendo un juicio ético sino político: “Me quieren pasar la cuenta de cobro por la derrota de Enrique Peñalosa en Bogotá, cuando en realidad los que se equivocaron fueron ellos al aceptar una alianza con el ex presidente Álvaro Uribe, contraviniendo los principios del Partido y la confianza de la Ola Verde. La dirección nacional no nos perdona nuestro origen mockusiano ni nuestra coherencia con los principios del Partido Verde”.

            “Esto muestra que en este Partido no hay espacio para la deliberación, el pluralismo y el disenso tal como quedó establecido en la reunión del 12 de mayo del 2011, prácticas contrarias a la obediencia, propias de los autoritarismos”, aseguró Ángela Robledo.

            En relación con la apertura  de la investigación por supuesta “desobediencia”, Ángela Robledo dijo que no se imagina al recién conformado Comité de Ética de los verdes investigando a Enrique Peñalosa por su participación en el lanzamiento de la campaña al Concejo de Cali del hijo de Roy Barreras (Partido de la U) (VER VIDEO), cuando aún no se habían definido las alianzas en el Partido. Así mismo aseguró que tampoco se imagina un proceso en contra de la Senadora Gilma Jiménez, que decidió apoyar en Medellín (VER VIDEO) al candidato a la Alcaldía Federico Gutiérrez (Partido de la U), contrariando las directivas del Partido que apoyaban la alianza entre Sergio Fajardo y el hoy Alcalde Aníbal Gaviria del Partido Liberal.

            La parlamentaria aseguró que "si el Partido decide seguir adelante con la equivocada idea de instalar un tribunal ad-hoc para investigar mi conducta por supuesta desobediencia, espero que sus integrantes actúen con total apego a la ley y que brinden todas las garantías, que hasta el momento no han existido,  para nuestra defensa. Espero también que actúen con total imparcialidad al investigar las conductas de mis compañeros de Partido”. 

            En ese mismo sentido, Ángela Robledo solicitó que se hagan públicas las pruebas y los mecanismos mediante los cuales se tomó la decisión de los miembros que firmaron la solicitud para que se iniciara la investigación dado que hay incoherencias entre los que firmaron la proposición y el listado de asistencia.

            “He hecho una práctica política transparente, acorde a mis principios y a los lineamientos verdes, apegada a la verdad, al no todo vale, al respeto de los derechos humanos y al convencimiento de que la vida es sagrada. Una y mil veces diré ME NIEGO a una alianza con Álvaro Uribe”, puntualizó Ángela Robledo.


            Información Prensa: Margarita Sarmiento

            Teléfono: 3202343806

             

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            ¿Cumbres borrascosas?

             

            Más que evocar ese clásico de la literatura inglesa de mediados del Siglo XIX escrito por Emily Brontë y publicado bajo el seudónimo de "Currer Bell", única forma de romper los prejuicios machistas de la época, esta columna tiene como propósito hacer un balance tentativo de las cumbres de mandatarios de las Américas, incluyendo la que se celebró en nuestra bella Cartagena de Indias.

            Las reuniones de altos dignatarios hacen parte de una larga tradición en materia de relaciones diplomáticas. Convocadas generalmente alrededor de un tema específico, deberían convertirse en escenarios privilegiados para que los Estados debatan sus posiciones y busquen consensos, o hagan explícitas sus divergencias.

            Un poco de memoria a propósito de las Cumbres resulta necesario: durante los últimos 17 años los mandatarios de esta región del mundo se han reunido en seis ocasiones. La primera de ellas en 1993, a instancias del recién elegido Bill Clinton. Tras el derrumbe del socialismo soviético, se vivían los días felices del "consenso de Washington", esto es, la creencia de que lo que los países del hemisferio necesitaban para superar su situación de pobreza, inequidad y estancamiento económico abrazar la economía de mercado e insertarse más profundamente en las redes del comercio globalizado.

            Desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, y se han producido muchos cambios en el panorama económico, político y social de nuestro continente. Las grandes líneas de ese proceso podrían resumirse en la pérdida de poder relativo de los Estados Unidos en lo que durante décadas fue su patio trasero; el surgimiento en varios países de procesos políticos que promueven modelos de integración más horizontales y diversificados que buscan servir de contrapeso al poder norteamericano; y un alto nivel de desencanto con el capitalismo que ha sumido a Europa, y a los propios Estados Unidos, en una crisis que está lejos de ser superada.

            La segunda cumbre, reunida en Santiago de Chile en 1998, trató de ampliar la agenda para incorporar temas sociales y libertades democráticas. En Quebec (2001) se sintieron los vientos helados que no soplaban del norte, sino que venían de un sur que mostraba su desacuerdo con una apertura indiscriminada de sus economías en tanto los países ricos se aferraban a sus políticas proteccionistas, particularmente en el sector agrícola.

            Pasarían cuatro años para hacer posible otra cumbre. Los atentados del 11-S cambiaron las prioridades de la agenda de los Estados Unidos y sirvieron para darle oxígeno a las visiones dominantes en algunos países, incluido el nuestro, que buscaron resolver por la vía de la seguridad militar los profundos conflictos sociales de la región más desigual del planeta.

            Mar del Plata, Argentina (2005) y Puerto España (2009) fueron marcando el rumbo reciente de estos eventos: mucho ruido y pocas nueces. Los latinoamericanos nos acostumbramos a ver con desesperanza reuniones que tienen mucho protocolo y poco fondo. Declaraciones de buena voluntad, de buenas intenciones, que naufragan luego en el mar de la desidia y de la falta de seguimiento a los compromisos adquiridos por los países asistentes.

            La cumbre de Cartagena parecía ser más de lo mismo. Un escenario decorado para que el presidente Santos mostrara su talla de líder regional y convirtiera a Colombia en ‘bisagra’ entre el norte y el sur. Pero el gran evento social se salió de las manos por cuenta de la inclusión de dos temas calientes: la presencia de Cuba en el concierto de naciones americanas; y el clamor cada vez más fuerte por encontrar una salida al fracaso rotundo de la política prohibicionista en materia de drogas.

            Aún es demasiado pronto para saber cuánto cambiará en relación con este último tema. El daño que el narcotráfico y sus aliados han causado a nuestras sociedades exige cambios de fondo a una política que nos ha impuesto tantos sacrificios. Amanecerá y veremos.

            Y mientras tanto, queda celebrar la convocatoria de actores sociales que buscan Cartagena para hacer sentir la voz de la sociedad civil. Y reconocer la labor de Socorro Ramírez, feminista y luchadora social a quien correspondió la tarea de organizar esta parte del evento, quizás el único del cual podamos esperar resultados importantes en el futuro.

            Columna de opinión para el periódico La Patria

            Nuestras historias

            Violencia sexual como crimen de lesa humanidad

             

            A comienzos del presente período legislativo, que empezó en marzo, dejé una constancia con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por el Director del ICBF. Adicionalmente, con mi equipo de trabajo estamos estudiando algunos Proyectos de Ley.

            Constancias y Proyectos.

            En coordinación con la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República y con lideresas locales, he participado en una serie de foros regionales (Medellín, Tunja, Bogotá y Valledupar), con el fin de socializar y discutir con funcionarios, líderes, organizaciones de mujeres y jóvenes, la normatividad relacionada con las violencias contra la mujer y sus decretos reglamentarios sobre salud, educación, empleo y justicia. En eso consiste la Pedagogía Legislativa y Política.

            Foros regionales

            El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, nos confirmó recientemente que fruto de nuestro debate de control político sobre un presunto carrusel en la contratación de alimentos por parte de ese instituto, algunos programas de alimentación escolar, en especial aquellos que van dirigidos para los niños indígenas, volverán a ser contratados directamente con las comunidades indígenas, con el debido acompañamiento institucional.

            Además, la Contraloría ya inició una auditoría contra 13 programas nutricionales del ICBF, al considerar que no están siendo efectivos. Actualmente, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias también investigan las denuncias que hicimos públicas en nuestro debate. 

            Desde la independencia deliberativa, realicé un llamado público a la ciudadanía capitalina para que le apostáramos a un "buen gobierno" del Alcalde Gustavo Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, como una manera de respaldar la esperanza de una mejora en la calidad de vida y desarrollo de Bogotá. 

            Con un grupo de congresistas proponemos despenalizar la dosis mínima. En el año 2009, por iniciativa del gobierno anterior, el tema de la dosis personal desapareció como figura legal. Se prohibió el consumo pero se creyó que se estaba penalizando, cuando son cosas distintas. Eso desestimó que el país asumiera el tema como un problema de salud pública. 

            Continúo como columnista en el periódico La Patria.

            Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, he venido planteando la urgencia por el establecimiento de un diálogo para salir de esta guerra cruel y degradada. También vengo participando en la iniciativa de Colombianas y Colombianos por la Paz porque creo firmemente que la Paz no se decreta, sino que se construye. La Paz es posible, es urgente, es un derecho y un deber.

            En mi condición de integrante del Partido Verde, he advertido sobre la necesidad de avanzar en la institucionalización y democratización de nuestra colectividad. Además, en los primeros días de enero de este año, le escribí a Lucho Garzón una comunicación, que compartí con todos los integrantes de la Dirección Nacional, en la cual planteaba la urgencia por trabajar en torno a la justicia social como el nuevo nombre de la Paz, propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación.  

            Apuntes políticos 

            También estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, hablando sobre las violencias contra la mujer. Pueden ver la entrevista haciendo. En marzo participé como panelista en el programa radial HORA 20, de Caracol Radio. Con Andrés Hoyos, Aurelio Suárez y Eduardo Pizano discutimos sobre el uso de Twitter como herramienta de Gobierno.  

            Pregunta Yamid y HORA 20

            Muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo; han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social. En casos de conflicto con la ley, sabemos que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas. El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, la desarticulación de las instituciones encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la inmensa impunidad que existe en relación con estos delitos. Por ello, con el Representante Germán Navas, el pasado 16 de febrero convocamos la audiencia pública "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad para los chicos malos", con el fin de discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

            Audiencia sobre el sistema de justicia para jóvenes

            En los últimos diez años, unas 500 mil mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia. Convocamos este año el Conversatorio NO más IMPUNIDAD, evento que se realizó en el Congreso de la República y contó con la asistencia de unas 150 personas, en seguimiento al control político que realizamos el año pasado a propósito de la violencia sexual en el conflicto armado.

            Conversatorio "NO más IMPUNIDAD"

            La iniciativa, presentada con el Representante Iván Cepeda, incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. El proyecto, que será radicado próximamente en el Congreso de la República, está siendo consultado con expertos, organizaciones de mujeres y de víctimas, las cuales han hecho aportes enriquecedores y pertinentes. El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, presentamos nuestro proyecto de ley, dirigido a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado. La iniciativa legislativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) que existe en relación con estos crímenes, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva. 

             

            Nuestras historias

            Representante Angela Robledo rinde cuentas del primer trimestre 2012

            Haz clic aquí para leer el Boletín de Noticias del trabajo político y legislativo que realicé entre enero y marzo de 2012.


            Violencia sexual como crimen de lesa humanidad

            El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, presentamos nuestro proyecto de ley, dirigido a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado. La iniciativa legislativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) que existe en relación con estos crímenes, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva.

            La iniciativa, presentada con el Representante Iván Cepeda, incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. El proyecto, que será radicado próximamente en el Congreso de la República, está siendo consultado con expertos, organizaciones de mujeres y de víctimas, las cuales han hecho aportes enriquecedores y pertinentes.


            Conversatorio "NO más IMPUNIDAD"

            En los últimos diez años, unas 500 mil mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia. Convocamos este año el Conversatorio NO más IMPUNIDAD, evento que se realizó en el Congreso de la República y contó con la asistencia de unas 150 personas, en seguimiento al control político que realizamos el año pasado a propósito de la violencia sexual en el conflicto armado.


            Audiencia sobre el sistema de justicia para jóvenes

            Muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo; han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social. En casos de conflicto con la ley, sabemos que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas. El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, la desarticulación de las instituciones encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la inmensa impunidad que existe en relación con estos delitos. Por ello, con el Representante Germán Navas, el pasado 16 de febrero convocamos la audiencia pública "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad para los chicos malos", con el fin de discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

            Pregunta Yamid y HORA 20

            En marzo participé como panelista en el programa radial HORA 20, de Caracol Radio. Con Andrés Hoyos, Aurelio Suárez y Eduardo Pizano discutimos sobre el uso de Twitter como herramienta de Gobierno.

            También estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, hablando sobre las violencias contra la mujer.


            Apuntes políticos

                * En mi condición de integrante del Partido Verde, he advertido sobre la necesidad de avanzar en la institucionalización y democratización de nuestra colectividad. Además, en los primeros días de enero de este año, le escribí a Lucho Garzón una comunicación, que compartí con todos los integrantes de la Dirección Nacional, en la cual planteaba la urgencia por trabajar en torno a la justicia social como el nuevo nombre de la Paz, propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación.
                * Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, he venido planteando la urgencia por el establecimiento de un diálogo para salir de esta guerra cruel y degradada. También vengo participando en la iniciativa de Colombianas y Colombianos por la Paz porque creo firmemente que la Paz no se decreta, sino que se construye. La Paz es posible, es urgente, es un derecho y un deber.
                * Continúo como columnista en el periódico La Patria. Pueden leer todas mis columnas haciendo clic aquí.
                * Con un grupo de congresistas proponemos despenalizar la dosis mínima. En el año 2009, por iniciativa del gobierno anterior, el tema de la dosis personal desapareció como figura legal. Se prohibió el consumo pero se creyó que se estaba penalizando, cuando son cosas distintas. Eso desestimó que el país asumiera el tema como un problema de salud pública.
                * Desde la independencia deliberativa, realicé un llamado público a la ciudadanía capitalina para que le apostáramos a un “buen gobierno” del Alcalde Gustavo Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, como una manera de respaldar la esperanza de una mejora en la calidad de vida y desarrollo de Bogotá.

            Seguimiento al debate sobre el ICBF

            El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, nos confirmó recientemente que fruto de nuestro debate de control político sobre un presunto carrusel en la contratación de alimentos por parte de ese instituto, algunos programas de alimentación escolar, en especial aquellos que van dirigidos para los niños indígenas, volverán a ser contratados directamente con las comunidades indígenas, con el debido acompañamiento institucional. Además, la Contraloría ya inició una auditoría contra 13 programas nutricionales del ICBF, al considerar que no están siendo efectivos. Actualmente, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias también investigan las denuncias que hicimos públicas en nuestro debate.

            Foros regionales

            En coordinación con la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República y con lideresas locales, he participado en una serie de foros regionales (Medellín, Tunja, Bogotá y Valledupar), con el fin de socializar y discutir con funcionarios, líderes, organizaciones de mujeres y jóvenes, la normatividad relacionada con las violencias contra la mujer y sus decretos reglamentarios sobre salud, educación, empleo y justicia. En eso consiste la Pedagogía Legislativa y Política.


            Constancias y Proyectos

            A comienzos del presente período legislativo, que empezó en marzo, dejé una constancia con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por el Director del ICBF. Adicionalmente, con mi equipo de trabajo estamos estudiando algunos Proyectos de Ley, los cuales pueden consultar en www.angelarobledo.com


            Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.

            Para más información, visita www.angelarobledo.com
            En Twitter @angelamrobledo

            Nuestras historias

            Angela Robledo dijo NO a la "Ley Lleras 2"

            Dije NO a la “Ley Lleras 2”. Se aprobó en el Congreso a “pupitrazo limpio”, sin debate ni deliberación. Inadmisible que aparezca la cárcel como la solución para regular el uso de los medios de comunicación alternativos. Celebro que la ciudadanía exija su derecho al libre acceso a la información y al conocimiento. Ese proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad. 

            VER VIDEO. 

            Nuestras historias

            “Co-dividir el dolor”, un paso hacia la paz

             

            Colombia es un país de víctimas. Décadas de duración de un conflicto interno armado han dejado una lista interminable de hechos de violencia y han poblado el lenguaje cotidiano de palabras tan duras como masacre, secuestro, desplazamiento, desapariciones o minas "quiebrapatas". En desarrollo de las hostilidades y enfrentamientos entre los distintos actores armados de nuestro prolongado conflicto, se han causado lesiones y muerte a miles y miles de personas, y se han destruido bienes individuales y colectivos valiosos. Ese es el propósito de la guerra, y así lo reconoce el Derecho Internacional Humanitario que tiene como fin acotar su crueldad, restringir los medios que en ella pueden emplearse, evitar daños y pérdidas innecesarias. La guerra en Colombia muy pocas veces se ha librado con sujeción a estos principios del Derecho que le es propio. Nuestro conflicto hace ya mucho tiempo que se degradó y de esa degradación no escapa nadie: el Estado que reclama el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, no ha sido capaz de romper los lazos que unen sectores de las Fuerzas Armadas, del gobierno, del Congreso, con esa máquina de horrores que ha sido el paramilitarismo de viejo y nuevo cuño. Tampoco ha sido capaz, de elevar el nivel de vida de la mayoría de su población, a la que mantiene en condiciones de precariedad en su existencia material, y negada en su condición de ciudadanía tanto política como social. Las guerrillas, por su parte, incurren de manera permanente en crímenes que ofenden el sentimiento mínimo de humanidad: reclutan, muchas veces mediante engaño o fuerza, a niños y niñas; utilizan armas con enorme capacidad de daño, y en más de una ocasión han convertido a la población civil que dicen defender, en víctimas directas de sus acciones. Y sobre los crímenes del paramilitarismo apenas sí empiezan a conocerse informaciones por boca de sus jefes militares. Falta aún identificar sus promotores, financiadores, encubridores y beneficiarios.

            Frente a las acciones criminales de los actores del conflicto, las normas nacionales y las correspondientes al Derecho Internacional, exigen investigaciones eficaces y castigos justos. Es de suponer que el sentido moral impondrá sobre los perpetradores el castigo de la culpa ¿Pero, y los ciudadanos y ciudadanas de este martirizado país, no tenemos culpa alguna en relación con este estado de cosas? ¿No nos corresponde también nuestra dosis de responsabilidad en relación con estos hechos de violencia que han truncado los proyectos de vida, no solo de quienes los han padecido directamente, sino de las comunidades a las cuales pertenecen, o pertenecían, quienes sufrieron el rigor de esta violencia desatada?

            Podríamos señalar que nunca hemos hecho parte ni apoyado a las guerrillas ni a los paramilitares. Y que en cuanto al Estado, quizá hemos cumplido con la obligación de pagar impuestos, de respetar las leyes y de atender otros deberes ciudadanos. Pero debemos recordar, como lo señalaba el filósofo alemán Karl Jaspers al hablar de los crímenes del nazismo, que existe una solidaridad entre los hombres que hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia del mundo, de todos los crímenes que se cometen en nuestra presencia o con nuestro conocimiento.

            Mi propósito no es, claro está, causar malestar. Es más bien abrirnos un camino, una esperanza para sanar esta culpa. Como decía mi viejo maestro Carlo Federici, en Colombia necesitamos "co-dividir" el dolor de las víctimas. Ponernos en su lugar para experimentar la verdadera compasión, el sentir con el otro, con la otra. Esa es la invitación que hace la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras cuando consagra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, que se conmemorará por vez primera el próximo 9 de abril. Invito a mis lectores, y me insto a mí misma, a dejar de lado la indiferencia, la indolencia con la que hasta ahora hemos actuado frente al dolor de nuestros compatriotas víctimas de tantos años de guerra. Que nadie se quede en casa. Vamos a comenzar a co-dividir ese dolor para aliviar un poco a quienes lo han experimentado por muchas décadas, y a construir entre todos una sociedad en Paz.

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            Una Fiscalía con mirada de mujer

            Hace muy pocos meses, cuando en una decisión histórica la Corte Suprema de Justicia eligió a la Doctora Viviane Morales como Fiscala General de la Nación, expresamos nuestra alegría por saber que una mujer llegaba por primera vez a ese cargo cuya responsabilidad consiste, nada menos, que en combatir la delincuencia que azota nuestro país, incluida la de cuello blanco que campea en todos los órganos del Estado. Hicimos entonces pública nuestra esperanza de que una mujer con una trayectoria como la que registraba la Doctora Morales fuera capaz de cumplir a cabalidad con sus tareas, al igual que de conectar sus emociones con su razón para dar la batalla en contra de la discriminación de que hemos sido objeto ancestralmente las mujeres.

            Hoy cuando una decisión del Consejo de Estado, discutible y discutida pero obligatoria como lo son todas las sentencias pronunciadas por los Jueces, puso fin al ejercicio de la Fiscala Morales, debemos registrar con complacencia que no nos equivocamos en nuestra apreciación de sus calidades personales y profesionales. Con excepción de algunos críticos interesados y vociferantes, la inmensa mayoría de los expertos, analistas y formadores de opinión coinciden en señalar que bajo el liderazgo de Viviane Morales la Fiscalía supo responder a las expectativa que tenía la ciudadanía de que siguieran avanzando las investigaciones en relación con graves casos de corrupción que sucedieron tanto en el Gobierno Distrital como en el Nacional.

            Algunas decisiones tomadas en el ámbito de su vida privada hicieron mella en la credibilidad de la Fiscala. Y pesaron, a no dudarlo, en una decisión que si bien tuvo fundamento jurídico – recordemos que la decisión del Consejo de Estado fue bastante dividida – no deja de tener claras implicaciones políticas a las cuales no pueden ser ajenos los operadores judiciales. Me queda el mal sabor de boca al constatar que el mismo rasero para evaluar el impacto de decisiones en el ámbito íntimo , no se aplica en relación con los hombres que ejercen responsabilidades públicas. El punto es claro: No se recuerda el caso de un funcionario público de cuya idoneidad, imparcialidad y transparencia se haya dudado por el simple hecho de tener una relación sentimental, abierta o velada, con una mujer sobre cuya conducta existan cuestionamientos éticos o legales. Y la historia política reciente registra algunos casos que por respeto a la intimidad de las personas no se deben ventilar.

            El patriarcado subsiste con fuerza entre nosotros, y la lucha para desterrarlo de nuestras vidas será larga y difícil. Por eso resulta igualmente importante el hecho que la Doctora Morales haya decidido adoptar, durante su breve paso por la Fiscalía General de la Nación, una política de igualdad y no discriminación en la entidad, y tuvo particular interés en impulsar las investigaciones relativas a actos de violencia sexual en contra de las mujeres, entre otras las correspondientes a los 183 casos que la Corte Constitucional le remitiera en cumplimiento del Auto 092 de 2008, dictado dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia 025 de 2004, verdadero hito en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto interno armado, y especialmente de la población desplazada como consecuencia del mismo.

            A Viviane Morales la reemplazó en el cargo, de manera interina, otra brillante jurista: Martha Lucía Zamora, a quien hemos visto actuando en casos difíciles y quien ha demostrado sus capacidades profesionales tanto en la Rama Judicial como en el Ministerio Público. No entiendo por qué el Presidente Santos no la incluyó en la terna recién conformada para la provisión de un Fiscal en propiedad. ¿Eco a la censura de Álvaro Uribe Vélez?

            La terna conformada contempla dos nombres de mujer. Los de las Doctoras Mónica de Greiff y María Luisa Mesa. La trayectoria académica de ambas resulta prenda de garantía sobre su idoneidad profesional. Resta saber si sus cuerpos de mujer están habitados por un alma femenina, una que sea capaz de seguir adelante con la tarea emprendida por Viviane Morales; capaz de devolver a los colombian@s la confianza en la investigación en materia penal, y de luchar denodadamente en contra de este patriarcalismo que tanto daño hace a nuestra sociedad y a la justicia.

            Columna de opinión para el periódico La Patria

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            De fueros y desafueros

             

            Sepultada bajo el alud de noticias que produce a diario un país en crisis permanente, conviene rescatar una, positiva para nuestras instituciones: la decisión del gobierno Santos de retirar el tema del fuero militar de la reforma a la Justicia que discute el Congreso.

            Para los lectores menos familiarizados con el tema cabría señalar que el fuero es una institución del derecho que cobija a determinadas personas, en atención a circunstancias especiales que ameritan que ellas reciban un trato especial de parte de la ley. Se habla por ejemplo del fuero que en materia de juzgamiento gozan los altos funcionarios del Estado y de cuyas faltas y delitos conocen las cabezas de los órganos de control o los más altos tribunales.

            En el caso de los militares en servicio activo, existe desde la antigüedad una figura que establece que el juzgamiento de las faltas y delitos que ellos cometan será responsabilidad de un cuerpo especial de jueces, que no hacen parte de la jurisdicción ordinaria, y a quienes corresponde adelantar las investigaciones e imponer las penas correspondientes.

            Las razones que se aducen para mantener este tratamiento especial en materia penal tienen que ver con la naturaleza de la vida militar, con las reglas de conducta que debe seguir el personal en armas, la disciplina a que están sometidos, los sacrificios que les impone su régimen y los peligros que la sociedad les pide asumir en la defensa de la soberanía y de las libertades.

            El tema del fuero que en una sociedad en paz no da lugar a mayores discusiones, resulta muy polémico en una sociedad, como la colombiana, afectada por décadas de violencia política y en medio de un conflicto armado interno de las dimensiones y efectos del nuestro.

            Bajo el régimen de la Constitución de 1886 se hizo costumbre que una vez decretado el Estado de Sitio, situación cuasi-permanente, la Justicia Penal Militar adquiría competencia para conocer de los delitos políticos de rebelión, sedición y asonada y los conexos con ellos, además de otros delitos "contra el orden público". La historia de abusos es larga y está bien documentada llegando incluso a casos probados de torturas en calabozos militares, desapariciones, detenciones arbitrarias y desaparecimiento forzado de personas.

            También están documentados casos aberrantes de impunidad de delitos cometidos por militares. El sistema está limitado por el hecho que el juzgamiento se hace dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo.

            En vigencia de la Carta de 1991, la Corte Constitucional ha venido sosteniendo que el fuero militar constituye "una excepción a la regla general que otorga la competencia del juzgamiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria". En todo caso ha resaltado que, como es apenas obvio en un sistema que se dice democrático, el fuero militar cobija únicamente a los hechos y actos que son objeto de regulación penal militar, es decir, aquellos que se encuentran subordinados a "reglas de comportamiento extrañas a las de la vida civil que marcan una abierta incompatibilidad con el sistema punitivo a cargo de la jurisdicción ordinaria", de manera que se establecen claras diferencias de tratamiento en lo relativo a las responsabilidades y deberes que se predican de las y los ciudadanos del común, frente a las de un integrante de la Fuerza Pública, particularmente en lo que atañe a las consecuencias penales.

            Corresponderá al Congreso establecer, mediante ley, las normas relativas al estatuto penal militar tanto en lo sustancial como en lo procesal. Así lo hará una vez el gobierno presente el proyecto que prepara con la asesoría de expertos. 

            Frente al interés expresado por el gobierno de desarrollar a través de los cambios al Sistema de Justicia Penal Militar los principios del Derecho Internacional Humanitario -Derecho de la guerra- y de reforzar las garantías procesales de los miembros de las Fuerzas Armadas presuntamente responsables de la comisión de delitos, los y las demócratas estaremos vigilantes para impedir que dicha reforma vaya en contravía de la defensa efectiva de los Derechos Humanos, y de la protección de los derechos de las víctimas de tales violaciones.

            Fuero sí, para lo que el mismo se justifica. Desafueros, como los que se han cometido en el pasado ¡nunca más!

             

            ANGELA ROBLEDO/ Representante a la Cámara

            WWW.ANGELAROBLEDO.COM

            Columna de opinión para el Periódico La Patria

             

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            "Denunciamos el horror que significa para miles de mujeres vivir en medio de la guerra": Ángela Robledo

             

             

            Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda y la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, Pilar Rueda, presentaron a consideración de las organizaciones de mujeres y de víctimas, una iniciativa legislativa dirigida a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado.
             
            La iniciativa propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su libertad, formación e integridad sexual.
             
            "(…) En Colombia, pese a algunos avances normativos y a la nutrida existencia de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras, trofeos para los combatientes y carnada entre enemigos, a causa del conflicto armado que vivimos. Violencia sistemática, invisible, generalizada que ejercen todos los grupos  armados, como un medio efectivo para torturar, humillar, como forma de terror  o de castigo dirigido de manera específica a mujeres", aseguró Robledo.
             
            La iniciativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) en relación con los delitos sexuales, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva.
             
            Robledo explicó que el Proyecto pretende armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que han sido ratificados por Colombia. "De acuerdo con Amnistía Internacional, el Código Penal colombiano no refleja las definiciones de los crímenes de derecho internacional en aspectos clave que afectan los derechos de las sobrevivientes de la violencia sexual", explicó la parlamentaria. 
             
            De igual manera la iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto, se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento. 
             
            La iniciativa incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. Robledo aseguró que la respuesta de la justicia en estos casos es ineficiente y no se compadece con la gravedad de la situación. El proyecto contempla también medidas de atención, protección y acceso efectivo al derecho a la salud.

            Robledo demandó del Gobierno Nacional un mayor compromiso frente a la problemática e instó al Presidente Santos a ocuparse de las víctimas mujeres. "El Presidente debe acoger las recomendaciones formuladas por organismos internacionales y hacer viables los tratados que el país ratificó. Urge además,  de la visita de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de las Naciones Unidas, una política eficaz por parte del Ministerio de Defensa para actuar frente a los casos de violación por parte de miembros de la Fuerza Pública".

            El Representante Iván Cepeda, calificó de grave el alto número de agresiones cometidas en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, y llamó la atención del gobierno nacional por la falta de registros serios y detallados sobre la realidad de las denuncias de agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares y de los grupos armados ilegales.

            "Estamos ante un crimen de lesa humanidad, y por eso con este Proyecto de ley, buscamos que sea juzgado como tal. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y desterrar la violencia contra quienes dan la vida", agregó Cepeda.

            Finalmente, Ángela Robledo dijo que la ley se constituye en un hecho jurídico pero también en una acción política orientada a llamar la atención sobre la total impunidad de la violencia sexual: "Las mujeres siguen enfrentando barreras culturales propias de la cultura patriarcal como la persistencia de imaginarios sexistas que permean los sistemas judiciales, en donde la violencia se ve como un asunto secundario y de poca monta. Este grado de permisividad tiene estrecha relación con el alto índice de impunidad y configura un círculo perverso, ya que la impunidad a su vez perpetúa la aceptación social del delito y el sentimiento de inseguridad y desconfianza de las mujeres en la justicia".

            El Proyecto de Ley se presentó en el Conversatorio ¡NO más IMPUNIDAD! contra las mujeres en el conflicto armado, realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y al que asistieron la Magistrada María Victoria Calle, Olga Amparo Sánchez, Directora de la Corporación Casa de la Mujer, Claudia Mejía de la Corporación Sisma Mujer y Cecilia Barraza de la Corporación Humanas Colombia, con los testimonios de Giovanna Sáenz y la periodista Jineth Bedoya.
             
            La cifras de la impunidad
             
            En los últimos diez años, unas 500.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza y porque además no confía en la justicia. En el 2008 la Corte Constitucional ordenó a las Fiscalía investigar 183 casos de los cuales hay dos en proceso de juzgamiento. Amnistía Internacional ha advertido que el permanente silencio del Estado y la ausencia de acciones de justicia efectivas son mensajes de tolerancia y fomento del delito.
             
            En Colombia las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. La información disponible para el año 2008 señala que el 16% de las mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia sexual.

            De éstas 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad. (INML 2009).

            Acción Social afirmó que 1534 personas solicitaron reparación por vía administrativa a causa de violencia sexual. De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (Julio de 2007 y junio de 2008), 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.  Las mujeres (73%) consideran que los integrantes de los grupos armados (guerrilla y paramilitares) son un obstáculo para que haya justicia.

            De los 57 mil crímenes confesados por los paramilitares desmovilizados, apenas 86 corresponden a violencia sexual. Lo anterior apunta a evitar el juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) que conoce los crímenes de guerra. De éstos hay una condena.

             

            Nuestras historias

            Proyecto de Ley contra la impunidad en casos de violencia sexual

             

            Ángela Robledo e Iván Cepeda, Representantes a la Cámara, presentan Proyecto de Ley que busca reformar la legislación vigente con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

            El Proyecto, que será presentado el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, al igual que otras disposiciones que tienen que ver con medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su libertad, integridad y formación sexuales.

            Los parlamentarios, que han venido trabajando con la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres, Dra.  Pilar Rueda, y con organizaciones sociales de mujeres, proponen modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal con el fin de reducir la impunidad existente en relación con los delitos sexuales, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y restablecer sus derechos.

            “Algo no está funcionando bien cuando a pesar de ser un delito fuertemente normado, la impunidad en este delito está por encima del 98%”, afirmó Angela Robledo. 

            La parlamentaria, que ha venido trabajando en la denuncia de este crimen de lesa humanidad, dijo que “En los últimos diez años, unas 400.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia”.

            En el 2008 la Corte Constitucional ordenó a las Fiscalía investigar 183 casos de los cuales no se conoce aún ninguna condena. Amnistía Internacional ha advertido que el permanente silencio del Estado y la ausencia de acciones de justicia efectivas son mensajes de tolerancia y fomento del delito. 

            En Colombia las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. La información disponible para el año 2008 señala que el 16% de las mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia sexual.
             De éstas 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad. (INML 2009). 

            De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado entre julio de 2007 y junio de 2008, 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.

            El Proyecto de Ley será presentado este jueves 8 de marzo en el Conversatorio !NO más IMPUNIDAD! contra las mujeres víctimas del conflicto armado que se realizará a partir de las 8:30 de la mañana en el Congreso de la República.

             

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            Fecha: Jueves 8 de marzo de 2012

            Hora: 8:30 a.m. - 11:30 a.m. 

            Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez. 

            Edificio Nuevo del Congreso. Carrera 7 No. 8-68. Bogotá

             

            Nuestras historias

            Nuestras historias

            Angela Robledo hará pedagogía de la ley contra las violencias en Tunja, Boyacá


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            Ángela Robledo estará este jueves 1 de Marzo en el Concejo de Tunja con el fin de socializar y discutir con líderes y organizaciones de mujeres, los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tiene como objetivo erradicar las violencias contra las mujeres.

            En desarrollo de su estrategia de Pedagogía Legislativa y Política, Angela Robledo aseguró que luego de un cambio legal tan importante “se requiere ahora interiorizar la Ley, generar un cambio cultural, un cambio en los hábitos, creencias y consciencias de la sociedad”.

            La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.

            “En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Angela Robledo.

            La violencia en el marco del conflicto armado presenta cifras alarmantes: “El 16% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. De éstas, el 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad".

            Angela Robledo aseguró que si bien los Decretos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar por ejemplo en educación las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y precisar los alcances del programa de equidad laboral con perspectiva de género que ha creado muchas expectativas.

            La visita de Robledo a Boyacá se suma a la estrategia mediante la cual mujeres congresistas de la Bancada de Mujeres visitarán diversas regiones para debatir los alcances y limitaciones de la nueva normatividad. La parlamentaria verde estuvo en días pasados en Medellín con la idea de continuar la labor en defensa de los derechos de las mujeres en el país y en la prevención de la violencia contra ellas que constituye un intolerable social. Este encuentro se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

             

            Lugar:Calle 19 No. 9-95 Concejo Municipal de Tunja Segundo Piso Edificio Alcaldía Mayor.

            Fecha: jueves 1 de marzo de 2012 

            Hora: 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

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            Al tablero responsables de justicia juvenil

             

            Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo (Partido Verde) y Germán Navas (Polo Democrático) realizan mañana jueves 16 de febrero en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la audiencia pública "Justicia Juvenil: por una segunda oportunidad", para discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

            “Nos convoca la problemática de la justicia juvenil, un asunto crucial para el presente y futuro de los adolescentes y por supuesto del país. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) hoy en día no está operando.  De acuerdo con el informe de la Comisión, que se hará público mañana, el sistema presenta todo tipo de fallas no sólo en la articulación sino en la aplicación”, aseguró Ángela Robledo.

            El objetivo de la audiencia es discutir esta evaluación con los agentes, ante todo estatales, operadores y organizaciones sociales que trabajan derechos de niños y jóvenes, con el fin de que se tomen los correctivos del caso y se dé viabilidad no sólo a la Ley de Infancia y Adolescencia, en lo relacionado con justicia juvenil, sino a la Ley de Seguidad y Convivencia que aprobó el Congreso en la legislatura pasada. 

            En Colombia muchos de los 17 millones de niños, niñas y adolescentes, tienen la vida como castigo: Un millón de niños menores de cinco años no tiene acceso a la atención de primera infancia  y noventa de cada cien mil son víctimas del maltrato, es decir 14 mil menores de edad, sufren de este intolerable, generalmente al interior de sus propias familias. El ICBF recibió el año pasado 46.329 denuncias por maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido, mientras que Medicina Legal reporta que 17.628 niños fueron víctimas de delitos sexuales en el 2011. Sabemos que 3 de cada 10 jóvenes de 16 años no están hoy en el sistema educativo y que 7% (Un millón) tiene que trabajar, por ejemplo”, dijo la parlamentaria.

            Angela Robledo ha insistido en que muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo y más bien han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social: “La tasa más alta de desempleo la tienen los jóvenes entre 14 y 26 años con un 17% (DANE).  Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo aún más alta: 23%.  La tasa de desempleo del país es del 9,8%. Es decir, el desempleo de las mujeres jóvenes es más del doble que el desempleo promedio de Colombia”.

            La parlamentaria verde dijo que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas: “El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, desarticulación e inmensa impunidad que existe”.

            Angela Robledo aseguró que existe una profunda debilidad del Sistema empezando porque no existe un ente específico que responda y lidere las multiples articulaciones que se requieren para que opere.  El país no cuenta con sistemas de información, profesionales capacitados para atender la problemática, infraestructura y recursos destinados a atender la complejidad que implica un sistema pedagógico y de justicia restaurativa que no puede terminar en la impunidad.

            La vida de nuestros jóvenes ya no sólo en Latinoamérica sino en muchos lugares del mundo se desarrolla entre drásticas reformas a las políticas sociales, la precarización del trabajo, la desregulación de las políticas económicas,  la privatización de recursos estratégicos  de los países, la imposición de los intereses de las grandes multinacionales, el predominio del dinero,  pero al mismo tiempo , y  en especial en los últimos años,  su vida se desarrolla  también en medio de  luchas políticas por la educación, la salud, el trabajo y la cultura.


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            Información Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806

             


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            Yo no pido puestos, dice Angela Robledo

            "Mi posición y actuación en el escenario distrital están guiadas por los mismos principios que el Partido Verde estableció frente a su participación en la Mesa de Unidad Nacional sobre acuerdos programáticos y  no burocráticos. Obviamente, NO PEDI, NI ESTOY PIDIENDO CUOTAS. No es mi práctica, ni mi estilo de hacer política. Los valores que han guiado mi vida en los escenarios de servicio público están intactos: La vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados y los derechos humanos se respetan", afirmó la Representante a la Cámara en una declaración pública.


            Declaración de Ángela Robledo
            Representante a la Cámara - Partido Verde
            Bogotá, febrero 13 de 2012
             

            De manera contundente quiero informar a la opinión pública en general y al Partido Verde en particular que pese a que no he sido consultada ni convocada a las reuniones distritales en las que se ha discutido la posición frente a la Alcaldía de Bogotá, me he acogido a las declaraciones de su Presidente Vocero, Luis Eduardo Garzón, en el sentido de mantener la independencia deliberativa: apoyar los asuntos de interés general que nos beneficien a tod@s en la ciudad y oponerse a los que consideremos afecten el bien común. Es, en desarrollo de esa postura, que en días pasados hice un llamado a la ciudadanía capitalina para que le apueste a un buen gobierno del Alcalde Gustavo Petro y se le dé un compás de espera al mismo, respaldado con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta.

            Mi posición y actuación en el escenario distrital están guiadas por los mismos principios que el Partido estableció frente a su participación en la Mesa de Unidad Nacional sobre ACUERDOS programáticos y NO burocráticos. Obviamente, NO PEDI, ni estoy pidiendo cuotas. Ni nadie me las ha ofrecido. No es mi práctica, ni mi estilo de hacer política. Los valores que han guiado mi vida en los escenarios de servicio público están intactos: La vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados y los derechos humanos se respetan.

            En mi calidad de Representante a la Cámara por Bogotá, solicité una audiencia con el Alcalde Gustavo Petro para conversar sobre temas de política social y desarme en Bogotá, los cuales son de mi absoluto interés. Dicha audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 16 de febrero y es un asunto que he manejado con total transparencia.

            En el marco de los principios que hemos defendido, como integrante del Partido Verde y en desarrollo del mandato ciudadano que recibí en marzo del 2010, continuaré trabajando activamente por el cuidado de la vida y la defensa de los derechos humanos en mi país y por supuesto en Bogotá.

             

            Información Prensa: Margarita Sarmiento/ 3202343806

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            Los jóvenes son, en sentido literal, sobrevivientes, dice Angela Robledo

            El calendario avanza rápidamente. Estamos ya en el segundo mes de este año que ha estado marcado por un cierto estancamiento. Todos los días leemos anuncios de cosas importantes que luego parecen caer en el olvido. Los asuntos de la paz y la guerra, el inicio de las nuevas administraciones locales y regionales, noticias que desaparecen en medio de nuevos anuncios, muchas veces contrarios a los anteriores, que tampoco parecen llegar muy lejos. O al menos por ahora. 

            En medio de este clima de incertidumbre y aparente parálisis, se echa de menos la voz, la presencia, el entusiasmo, la fe en el futuro y la determinación de los miles de jóvenes, hombres y mujeres, que marcharon por nuestras calles el año pasado para reclamar una educación de calidad. Con sus cortos años, estos muchachos han tenido que superar ya muchos obstáculos en la vida, para llegar al lugar desde el cual nos interpelan. En primer término porque el nuestro es un país en donde existen niveles muy altos de maltrato y desatención infantiles. Un millón de niños menores de cinco años no tiene acceso a la atención de primera infancia. Y noventa de cada cien mil son víctimas del maltrato, generalmente al interior de sus propias familias que reproducen así su propia experiencia. Una cadena difícil de romper, más aún si la sociedad no brinda el apoyo necesario.

            Un 7% de nuestros niños y niñas tiene que trabajar. Este porcentaje, alto de por sí, esconde el hecho que la cifra en las zonas rurales, con los más altos niveles de pobreza, es el doble que en las zonas urbanas, en donde vemos a diario cuadros dramáticos que parecen salidos de una novela de Dickens. Por supuesto la necesidad de trabajar les impide en muchas ocasiones acceder o mantenerse en el sistema educativo. Además, tres de cada 10 jóvenes de 16 años no están en el sistema educativo. Trabajos y costos educativos, explican más del 30% de esta situación. La falta de pertinencia y la baja calidad de la educación impartida explican otro tanto. Las diferencias en la calidad educativa explicadas por la situación económica y las variaciones regionales contribuyen a ahondar esa inequidad. Resultados regionales en las pruebas del ICFES son muy desiguales. Las regiones peor clasificadas Magdalena, Bolívar y la Guajira. Las regiones mejor clasificadas Boyacá, Santander y Bogotá. Los resultados obtenidos por los estudiantes de colegios privados son tres veces mejores que los que asisten a los colegios públicos.

            Los jóvenes que han tenido acceso a la educación superior son, en sentido literal, sobrevivientes. Han conservado sus vidas a pesar de las amenazas tan serias que gravitan sobre su existencia. Al punto que en algunas de nuestras ciudades como Cali, ha habido necesidad de decretar un toque de queda para los y las jóvenes con el fin de ponerlos a salvo de los crímenes que a diario se cometen en su contra, especialmente en las comunas más pobres. Conservar la vida al precio de perder la libertad de ser y habitar en la ciudad.

            En medio de un panorama tan difícil, reflejo de la incapacidad del Estado, de la sociedad y de las familias para brindarles las oportunidades que necesitan, no debe sorprendernos que algunos de ellos estén hoy en conflicto con la ley. Los delitos que cometen están claramente relacionados con la situación de exclusión y marginalidad en que viven: siete de cada diez son delitos de hurto o de microtráfico.

            Para responder a esta situación, Colombia cuenta con un Sistema de Responsabilidad para Adolescentes - SRPA cuyo diseño y operación merecen atención urgente. A pesar de que en el papel se declara el propósito restaurativo y resocializador, las cifras muestran un marcado incremento en la imposición de sanciones privativas de la libertad. Nuevas cadenas que amarran a nuestros jóvenes.

            El 16 de febrero llevaremos a cabo una audiencia en el Congreso de la República para evaluar la manera como funciona el SRPA y proponer mejoras al mismo. Invito para que sumemos nuestras voces, nuestra presencia y nuestras acciones para reclamar que los jóvenes en Colombia, incluidos aquellos a quienes yo llamo coloquialmente "los chicos malos", tengan una segunda oportunidad en esta tierra.

            Más información: www.angelarobledo.com

            @angelamrobledo en Twitter

            Columna de opinión para el periódico La Patria

             

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            Apostémosle a un buen gobierno de Petro

             

            La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, hizo hoy a través de las redes sociales un llamado a la ciudadanía capitalina para que le apueste a un “buen gobierno” del Alcalde Gustavo Petro. "Apostarle a un buen gobierno de Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, es apostarle al desarrollo de esta Bogotá que tanto queremos", dijo.

            La parlamentaria sostuvo que el Alcalde se ha comprometido con principios que tocan el corazón del Partido Verde, como combatir la corrupción, disminuir la segregación y discriminación social, política y económica, priorizar la educación y trabajar por una ciudad sustentable y sostenible.

            Ángela Robledo aseguró que hay que estar alertas a las coaliciones de la política tradicional que buscan arrebatarle al gobierno distrital, que apenas empieza, su posibilidad de cumplir con los compromisos de una Bogotá humana e incluyente.

            “No vamos a permitir que muchos de los partidos de la Unidad Nacional se conviertan en un palo en la rueda para Petro. Algunos esos partidos y concejales tienen mucho que explicar por las prácticas de carruseles de contratación que le arrebataron los recursos públicos a la ciudad”.

            Así mismo, dijo que propuestas como el desarme son fundamentales para la convivencia, así como trabajar  por los niños y las niñas de la ciudad: “Creo que trabajar de manera prioritaria por la primera infancia buscando una cobertura total para niñ@s de 0 a 5 años, es decir, un comienzo justo, es viable e importante. Crear mil jardines es factible”.

            La Representante a la Cámara invitó a la ciudadanía a “solidarizarse con aquellas iniciativas en las que todos vamos a sumar y a que seamos críticos con aquellas que vayan en contra de los intereses de Bogotá”.

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            Angela Robledo está en Antioquia defendiendo los derechos de las mujeres

            Ángela Robledo inicia hoy en Medellín su visita a diferentes regiones del país con el fin de socializar y discutir con líderes y organizaciones de mujeres, los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tiene como objetivo erradicar las violencias contra las mujeres.

            En desarrollo de su estrategia de Pedagogía Legislativa y Política, Angela Robledo aseguró que luego de un cambio legal tan importante “se requiere ahora interiorizar la Ley, generar un cambio cultural, un cambio en los hábitos, creencias y consciencias de la sociedad”.

            La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.

            “En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Robledo.

            La violencia en el marco del conflicto armado presenta cifras alarmantes: “El16% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. De éstas, el 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad".

            Angela Robledo aseguró que si bien los Decrectos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar por ejemplo en educación las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y precisar los alcances del progama de equidad laboral con perspectiva de género que ha creado muchas expectativas.

            Ángela Robledo inaugura la socialización de la normatividad para defender los derechos de las mujeres en todo el país y en la prevención de la violencia contra las mujeres que constituye un intolerable social.

            DESCARGUE AQUI LAS PRESENTACIONES: 

            La violencia contra la mujer: un intolerable. 

            Decretos reglamentarios de la Ley 1257

             

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            Una agenda social para la paz

             

            El tema de la seguridad y la gobernabilidad en amplias regiones de Colombia llegó a la primera plana en los medios de comunicación, de la mano del paro armado decretado por los "Urabeños". Este hecho ha puesto de presente la realidad estructural que viven amplias regiones del territorio nacional en donde además de ser muy débil la presencia institucional del Estado, alianzas entre paramilitares, empresarios, políticos y en ocasiones miembros de las Fuerzas Armadas, han querido sustituir sus funciones y hacer reinar la ilegalidad en estos lugares. De manera errónea, se ha querido suplir esta ausencia de Estado con el despliegue masivo de tropas, que en ocasiones se comportan como un verdadero ejército de ocupación. Me pregunto ¿cuándo, y de la mano de quién llegarán a estas regiones apartadas de nuestra geografía las instituciones de atención a la salud y la educación de la población, las de servicios públicos esenciales, las de la protección de la niñez, la familia y la tercera edad? ¿Cuándo se harán realidad las obras de infraestructura que conecten gentes y mercados a lo largo y ancho de Colombia? ¿Cuándo se garantizarán plenamente a todas las colombianas y colombianos el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales, a los Derechos Humanos?

            Y mis preguntas continúan ¿y cuál es el Estado que habrá de asumir el enorme reto de mediar en los conflictos a que da origen la explotación de los recursos minerales, forestales, paisajísticos, entre otros que existen en abundancia en las zonas bajo el control de facto de las hoy llamadas "bacrim"?

            Lamentablemente la cultura política en Colombia propicia que el debate sobre los grandes problemas de la sociedad, incluidos los del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la degradación medioambiental, etc. no se debatan con fuerza sino al ritmo de los calendarios electorales. Ya hace décadas que los partidos tradicionales perdieron su identidad ideológica, aplastada por la "lógica" de la transacción burocrática y el cogobierno sin responsabilidades claras. Considero que los partidos alternativos tenemos el deber y la oportunidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas de la mano de organizaciones y los movimientos sociales, quienes con su compromiso indeclinable con los principios de equidad, transparencia y ética pública, contribuyen a hacer realidad el Estado Social de Derecho en Colombia. 

            Para fortuna de todos y todas, los pronunciamientos hechos tanto por el Gobierno como por la comandancia de un importante sector de la insurgencia hacen albergar esperanzas de que algún día podamos los colombianos y colombianas vivir en un país en paz. La paz en Colombia es posible. La paz en Colombia es urgente. Pero la paz requiere, para que sea verdadera y durable, ir más allá de unos acuerdos entre el Estado y los grupos armados ilegales. La paz exige que haya conocimiento sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad. Exige un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La paz requiere de garantías de no repetición, lo cual solo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia, en especial todas las formas de violencia armada.

            La paz en Colombia no puede ser entendida como ausencia de conflictos. En una sociedad plural habrá siempre conflictos en torno al acceso, uso y preservación de los recursos; a la expresión de las identidades; a los valores de las distintas culturas; a los distintos caminos para alcanzar la paz. La construcción de esa sociedad democrática pasa no solo por el respeto a las reglas de juego electoral, sino que conlleva la puesta en ejecución de una profunda agenda social que saque de la pobreza y la miseria a miles de familias y poblaciones que han vivido en la exclusión de generación en generación. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta, nuestras deudas con los más pobres y desposeídos de sus tierras, sus herramientas de trabajo, sus territorios ancestrales son enormes. Desarrollar una agenda social para la paz de manera corresponsable con las y los actuales gobernantes, los partidos políticos, los movimientos sociales, es una tarea que no da más espera.

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            Angela Robledo pide a los Verdes un acuerdo programático con el gobierno nacional en torno a la Paz

            La Representante a la Cámara del Partido Verde, Ángela Robledo, envió este miércoles una comunicación a la Dirección Nacional del Partido en la que invita a avanzar en la institucionalización y democratización de su colectividad y contribuir en la búsqueda de la paz en el país; propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación. “(…) aprovechemos las enormes capacidades de nuestros dirigentes para definir una agenda programática, centrada en lo social, que sirva de hilo conductor y de terreno fértil a la búsqueda de una paz negociada en Colombia”, dijo Robledo.

            La parlamentaria reiteró a los verdes que “la justicia social es el nuevo nombre de la paz” y que el Partido puede contribuir en gran medida a este propósito.

            Angela Robledo afirmó que el Verde no puede caer en prácticas clientelistas y resaltó las declaraciones de su Presidente Vocero: "En la Unidad Nacional, pero sin misterios y sin ministerios”.

             

            TEXTO DE LA CARTA DE ÁNGELA ROBLEDO AL PRESIDENTE Y VOCERO LUIS EDUARDO GARZÓN Y A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO VERDE

             

            Bogotá, D.C., Enero 16 de 2012

            Señor

            LUIS EDUARDO GARZÓN

            Presidente Vocero

            PARTIDO VERDE        

            Ciudad

            Apreciado Lucho:

            Aunque ya han transcurrido 18 días de este año 2012, esta semana  puede considerarse, por razones culturales, la primera  del año. Muchos  colombianos y colombianas hemos regresado de unos días de descanso en compañía de nuestras familias y seres queridos, de la celebración de las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo,  nos aprestamos para retomar nuestras actividades  y para enfrentar los  retos que en lo personal,  social y político, nos plantea una realidad tan compleja como la de  nuestro país.

            Quiero aprovechar entonces este momento tan lleno de significado para expresar a Usted, y por conducto suyo a los demás directivos de nuestro Partido Verde, un especial saludo y mis mejores deseos por su bienestar. Deseo que este año esté lleno de realizaciones en todos los campos. También en  nuestro quehacer como organización que aspira a  orientar el futuro de esta Colombia que tanto queremos.

            Claro está que muchas personas han tenido que continuar con sus actividades profesionales y con sus oficios, tan  necesarios para garantizar el bienestar de quienes hemos podido tomar un breve descanso que ahora termina. Y no se me escapa que las autoridades locales, muchas de las cuales encabezan   mujeres  y hombres afiliados o apoyados por el Partido Verde, han estado haciendo enormes esfuerzos por integrar los equipos de gobierno, por definir las líneas que orientarán su gestión, por asumir sus tareas de representación ciudadana y por contribuir en la elección de las autoridades encargadas del control fiscal y disciplinario en los niveles territoriales de la Administración.

            Señalaba que la realidad de nuestra ciudad, de Colombia y del mundo está marcada por signos de problemas que merecen atención y debate públicos. La situación económica mundial parece empeorar a medida que bajan las calificaciones de riesgo que las firmas especializadas dan a la deuda de los países, en especial los  de la zona euro. La caída de las bolsas, los despidos masivos y las proyecciones a la baja en el crecimiento económico surgen como consecuencias directas de tales pronunciamientos. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a nuestras costas el impacto de este “tsunami” económico? ¿ Cómo vamos a enfrentar las posibles caídas en la demanda de nuestros productos de exportación, o la realidad del desempleo de los millones de colombianos que viven en Europa como migrantes económicos? En países vecinos como el Ecuador el gobierno ha puesto en marcha una fuerte política de apoyo al retorno de los migrantes.  Me pregunto de nuevo : ¿Será necesario que nosotros avancemos en esta misma dirección?

            El tema de la seguridad y la gobernabilidad en amplias regiones de Colombia llegó a la primera plana de los periódicos de la mano del paro armado decretado por los “Urabeños”. Este  hecho ha puesto de presente la realidad estructural que viven amplias regiones del territorio nacional en donde además de ser  muy débil la presencia institucional del Estado,  alianzas entre paramilitares ,empresarios, políticos y en ocasiones miembros de las Fuerzas Armadas, han querido sustituir sus funciones y hacer reinar la ilegalidad en estos lugares.   También considero que de manera errónea, se ha   querido suplir esta ausencia de Estado, con el despliegue masivo de tropas que en ocasiones  se comportan como  un  verdadero ejército de ocupación. ¿Cuándo, y de la mano de quién llegarán a estas regiones apartadas de nuestra geografía las instituciones de atención a la salud y la educación de la población, las de  servicios públicos esenciales, protección de la niñez, la familia y la tercera edad? ¿Cuándo se harán realidad las obras de infraestructura que conecten gentes y mercados? ¿Cuándo se garantizarán plenamente  a todas las colombianas y colombianos el  derecho a la Vida, a la integridad y libertad personales, a los Derechos Humanos?

            De los hechos esbozados en el párrafo anterior surge también el interrogante  ¿quién habrá de garantizar la aplicación de la Ley de Reparación de víctimas y de restitución de tierras en las amplias regiones que permanecen aún bajo el dominio de las fuerzas paramilitares que hicieron del desplazamiento y del despojo de la tierra un arma en su lucha contrainsurgente y por el control del territorio y sus riquezas? Y cuál es el Estado que habrá de asumir el enorme reto de mediar en los conflictos a que da origen la explotación de los recursos minerales, forestales, paisajísticos, entre otros que existen en abundancia en las zonas bajo el control de facto de las hoy  llamadas “Bacrim”.

            Un Partido como el nuestro, el Partido Verde, que nace como alternativa a los partidos tradicionales que han monopolizado por décadas el control de los niveles centrales de gobierno tiene el deber de plantear alternativas de solución a éstos y otros problemas no menos apremiantes.

            Lamentablemente la cultura política en Colombia propicia que el debate sobre los grandes problemas de la sociedad, incluidos los del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la degradación medioambiental, etc. no se debatan con fuerza sino al ritmo de los calendarios electorales. Ya hace décadas que los partidos tradicionales perdieron su identidad ideológica, aplastada por la “lógica” de la transacción burocrática y el cogobierno sin responsabilidades claras. Considero que los  partidos alternativos tenemos el deber y la oportunidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas, acudiendo en nuestro caso  a los conocimientos y  experiencia de muchos de los integrantes del Partido Verde,  a las organizaciones y  los movimientos sociales, quienes con su compromiso indeclinable con los principios de equidad, transparencia y ética pública, contribuyen a hacer realidad el Estado Social de Derecho en Colombia.

            Para fortuna de todos y todas, los pronunciamientos hechos tanto por el Gobierno como por la comandancia de un importante sector de la insurgencia hacen albergar esperanzas de que algún día podamos los colombianos y colombianas vivir en un país en donde la violencia política generalizada sea tan sólo un recuerdo de tiempos idos. La Paz en Colombia es posible. La paz en Colombia es urgente. Pero la Paz requiere, y usted lo sabe muy bien,   que para que  sea verdadera y durable, debe ir  más allá de unos acuerdos entre el Estado y los grupos armados ilegales . La Paz exige, como lo estamos viviendo hoy, que haya conocimiento sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad cometidos en medio de los horrores de la guerra. Requiere un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La Paz requiere de garantías de no repetición, lo cual sólo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia, en especial todas las formas de violencia armada.

            La Paz en Colombia no puede ser entendida como ausencia de conflictos. En una sociedad plural habrá siempre conflictos en torno al acceso, uso  y preservación de los recursos; a la expresión de las identidades; a los valores de las distintas culturas ; a los distintos caminos para alcanzar la paz. Pero los conflictos en una sociedad verdaderamente democrática, esto es en la cual el Estado busca ser el garante de los derechos y protector de los intereses de la mayoría de la población, no tienen porque desbordarse en violencia que destruya vidas. La construcción de esa sociedad democrática en sentido auténtico pasa no sólo por el respeto a las reglas de juego electoral, sino que conlleva la puesta en ejecución de una profunda agenda social que saque  de la pobreza y la miseria,  a miles de familias y poblaciones que han vivido en la exclusión  de generación en generación.

            Mi invitación entonces, Lucho y demás compañeros de la Dirección Nacional del Partido Verde es que a la par de avanzar en el proceso de institucionalización de nuestra organización en el nivel regional y municipal, aprovechemos las enormes capacidades de nuestros dirigentes, afiliados y simpatizantes para definir una agenda programática, centrada en lo social, que sirva de hilo conductor y de terreno fértil a la búsqueda de una Paz negociada en Colombia. Esa agenda que tendríamos que construir con otros sectores sociales y políticos haría posible definir con  mayor claridad, la participación de los Verdes en el gobierno de Unidad Nacional de Santos. Ella ayudaría también a delimitar las responsabilidades políticas derivadas de tal hecho.

            La justicia social es el nuevo nombre de la Paz. Y nuestro partido, el Partido Verde, ha dicho y hecho mucho en este campo. Los Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Concejales elegidos a nombre o con el apoyo de nuestro partido habrán de contribuir en este propósito. Y nosotros, como directivos de una organización que aspira a orientar el destino de esta compleja y hermosa sociedad de la que hacemos parte, tenemos el deber y la oportunidad de impulsar un debate amplio, serio, documentado, democrático y propositivo en torno de los temas que aquí se mencionan y de otros que podamos acordar en las instancias apropiadas.

            Reciban entonces, Lucho y demás compañeros y compañeras de la Dirección Nacional del Partido Verde, un especial saludo y esta propuesta para avanzar en la construcción de una alternativa política para una Colombia en Paz.

             

            Sinceramente,

            ÁNGELA ROBLEDO

            Representante a la Cámara por el Partido Verde

            @angelamrobledo en Twitter

            Nuestras historias

            Rindo cuentas: Control político, un deber legislativo.

            Control político, un deber legislativo

            El control político es una de las funciones fundamentales de todo parlamentario. Éste no debe estar condicionado a impactos mediáticos, ni a chantajes, ni a presiones. Una democracia sin control político, que omite la crítica, fácilmente puede caer en la corrupción. Desde mi proyecto de Pedagogía Legislativa y Política, he centrado mi labor en defender los Derechos Humanos, principalmente de niños, niñas, jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto. Ha sido desde el control político como he logrado tener un marco de incidencia desde el Congreso de la República. A continuación les rindo cuentas sobre lo más importante que hemos hecho en ese sentido:

             

            A la Directora del ICBF

            Denuncié un presunto carrusel nacional de la contratación de alimentos por parte del ICBF y otras irregularidades relacionadas con la concentración en la contratación que realiza este instituto. La hoy ex Directora del ICBF, Elvira Forero, convirtió al instituto en un monstruo contratista en el que se favorecen monopolios, no se garantizan los derechos de los niños y queda en tela de juicio la transparencia. La gestión de Elvira Forero, quien renunció tres días después de nuestro control político, fue calificada en un reciente informe de la Contraloría como DESFAVORABLE. La salida de Forero es una oportunidad para pasar de una política asistencialista a una verdadera política social. A "Las Polas" y otros ciudadanos valientes que nos colaboraron con las investigaciones, ¡GRACIAS!

            Seguimiento: Le entregué copias a los organismos de control de todos los documentos y videos sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF. Posteriormente, le envié una carta abierta al nuevo Director del Instituto, el señor Diego Molano, preguntándole por las acciones que se adelantarán durante su gestión para superar estas irregularidades, y así garantizar los derechos de los niños y las familias más pobres del país. Tras la renuncia de Elvira Forero, han empezado a surgir cantidades de denuncias y hechos irregulares que merecen toda la atención de las autoridades competentes. Se requiere de un ICBF transparente, que rinda cuentas, que garantice los derechos. Espero que el Instituto retome el rumbo y seguiré trabajando para que cumpla su misión. Ver más.


            Sobre Educación

            Frente al tema educativo, realizamos un debate de control político sobre Educación Superior en Colombia, al que asistió la Ministra María Fernanda Campo. Logramos que el Gobierno eliminara la propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, iniciativa contemplada en la propuesta de Reforma a la Ley 30, que finalmente fue retirada gracias a la presión social y el trabajo académico ejercido por el movimiento estudiantil. Previo a este debate, realizamos el Foro "Diálogo democrático para pensar la Educación", con la idea de contribuir a la discusión sobre el sentido y las perspectivas de la Universidad en Colombia y dar los primeros pasos para un gran acuerdo nacional sobre la educación. El Foro convocó unas 400 personas y logramos reunir a destacados rectores, expertos, profesores, al gobierno y a líderes políticos y estudiantiles.

            Seguimiento: Acompañamos con emoción, convicción y razones al movimiento estudiantil en las marchas y trabajamos con los representantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Los estudiantes nos dieron una lección: la movilización social tiene sentido, pertinencia y poder político; lograron frenar un proyecto de reforma que imitaba el fracasado modelo de la Ley 100 para la salud. Además, con el Polo Democrático organizamos tres audiencias públicas en el Congreso y estamos dispuestos a participar en la construcción colectiva de una nueva propuesta de Reforma a la Ley 30. Le llegó la hora al Presidente y a la Ministra de tomarse en serio el diálogo con la comunidad educativa. Ver más.

             

            No violencia sexual contra las mujeres

            Citamos con el Representante Iván Cepeda un debate de control político a los Ministros del Interior, de Defensa y al de Protección Social sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y señalamos el incumplimiento reiterado del Estado colombiano con las obligaciones nacionales e internacionales de atención, protección y reparación de los daños físicos y psicosociales ocasionados. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en territorios de guerra, y estos crímenes permanecen ocultos, silenciados y en la impunidad.

            Seguimiento: Hemos sostenido reuniones con directores de medios de comunicación y periodistas para darle visibilidad el tema. Tuvimos una reunión con la Consejera para la Equidad y la Mujer, Cristina Plazas, y le expusimos la urgencia de formular una política pública pertinente para acabar con este intolerable. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, con Iván Cepeda denunciamos la violación de 11 mujeres en el Municipio de María La Baja, por parte de integrantes de grupos armados, al parecer como una estrategia de terror en contra de las comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios. Ver más.


            Sobre la Ola invernal y el medio ambiente

            Con mis colegas de bancada del Partido Verde, preparamos un debate de control político para exigir del gobierno Santos soluciones concretas frente a la emergencia invernal, la minería en zonas protegidas y la falta de articulación y planeación entre las diferentes instituciones responsables de las políticas ambientales. Este debate no se realizó por la inasistencia de todos los ministros citados: Carlos Rodado Noriega, Juan Camilo Restrepo, Beatriz Uribe y María Fernanda Campo. Ver más.


            Control político a las autoridades encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

            Realicé un debate de control político a las entidades responsables de la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), al que fueron citados: el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, para que rindieran información en relación con sus funciones referidas a este tema. Solicité al Gobierno cumplir con lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, al tiempo que insté al Instituto de Bienestar Familiar para que asumiera el liderazgo que le corresponde. No hay políticas sociales capaces de incidir en las causas profundas de la violencia ni de la pobreza, existe falta de oportunidades para la población joven y un débil liderazgo por parte del ICBF, quien tiene la responsabilidad de asumir la coordinación de dicho sistema, que no está operando.

            Seguimiento: Estamos trabajando en una Comisión de Evaluación del SRPA, que tiene como fin evaluar y realizar recomendaciones para evitar la impunidad y garantizar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes. Ver más.


            Frente a la desnutrición de la niñez indígena y la explotación laboral de a trabajadoras de comedores escolares

            Sobre la garantía de los derechos de la niñez indígena en Colombia, advertimos la grave situación de exclusión y abandono en que vive esta población, que se encuentra en condiciones de pobreza, desnutrición y carece de políticas públicas diferenciales para su atención. Según ACNUR, 35 pueblos indígenas están en peligro de extinción en Colombia. Entre 2002 y 2010, más de 1500 indígenas fueron asesinados. Por cada 1.000 niños del Pueblo Yukpa, mueren al año 200. El debate se realizó en el marco del Foro “Niñez indígena: entre la exclusión y el exterminio”, que organizamos con el Representante Hernando Hernández. El evento contó con la participación de organizaciones como la ONIC, FUCAI y DNI y el nuevo Director del ICBF, Diego Molano. Seguimiento: Un compromiso público que surgió al finalizar el debate, fue la creación de una mesa de evaluación e implementación de la política pública con componentes diferenciales para la niñez indígena. Ver más.

            Con el Senador Alexander López habíamos preparado un debate al Director del ICBF, pero fue aplazado. Sin embargo, denunciamos que recibimos cerca de 550 quejas provenientes de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, que evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras de comedores escolares. Hay mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen contratos, no están afiliadas a la seguridad social ni tienen prestaciones sociales. Ver más.


            Constancias y proyectos

            Durante este último trimestre (de octubre a diciembre 2011), dejé tres constancias en el Congreso de la República sobre los siguientes temas: 1) A propósito de la carta dirigida al nuevo Director del ICBF. 2) Construcción colectiva de una nueva reforma a la Educación Superior. 3) El Presupuesto General de la Nación no garantiza derechos. Adicionalmente, soy ponente de 6 Proyectos de Ley, que pueden consultar haciendo clic en los siguientes enlaces:

            Ver Proyectos de Ley 
            Ver Constancias


            Apuntes políticos

             

            *Por la vida y la libertad, marché el pasado 6 de diciembre en contra de todas las formas de violencia. Hay que asumir la Paz como un acto de resistencia, de exigencia a un Estado que por décadas no ha hecho apuestas radicales para frenar la industria rentable de la guerra. La indignación es un motor cultural y político para la Paz. Ver fotos.

            *Continúo siendo columnista del periódico La Patria. Pueden leer todas mis columnas haciendo clic aquí.

            *La fuerza de los argumentos logró vencer al populismo penal y, de esa manera, se hundió el referendo de cadena perpetua y el proyecto de ley que buscaba prohibir el aborto en cualquier circunstancia. Me llama la atención la tendencia a legislar desde el populismo punitivo, es decir, pretender resolver por la vía del aumento de penas y la cárcel, problemáticas como la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la cultura de la ilegalidad. Crear, endurecer y pedir cárcel para solucionar nuestros problemas es bien recibido en muchos sectores, sin embargo, comparto con la Fiscal General y otros juristas, en que el camino no es "la mano dura" sino "la mano inteligente" de la justicia, es decir, una justicia eficiente, oportuna y pertinente. No más impunidad.

             

            Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas (diciembre 2011).

            Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.  

            Para más información, visita www.angelarobledo.com

             

             

            Nuestras historias

            ¡Estudiantes en Colombia: las nuevas voces ciudadanas!

             

            Las movilizaciones estudiantiles de los últimos días me hacen recordar aquella estrofa de Bertolt Brecht que cita Silvio Rodríguez en su canción "Sueño con serpientes": 

            Hay hombres que luchan un día

            y son buenos.

            Hay otros que luchan un año

            y son mejores.

            Hay quienes luchan muchos años

            y son muy buenos.

            Pero hay los que luchan toda la vida:

            esos son los imprescindibles.

            Los estudiantes lucharon días, semanas, meses y lograron frenar el retiro del proyecto de ley que buscaba reformar la educación superior en nuestro país. Sus argumentos: el proyecto no había sido construido democráticamente; privatizaba la universidad pública; convertía los jóvenes en deudores que por años debían asumir créditos enormes y finalmente no promovía una educación superior de calidad.

            Los estudiantes, una vez radicado el proyecto por el gobierno, siguieron luchando. Si bien se modificaron algunos artículos de la propuesta inicial y se eliminaron otros, como el que autorizaba la creación de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, el espíritu privatizador seguía vivo tanto en un nuevo artículo sobre Instituciones Mixtas, como en la ampliación de los fondos para estimular la demanda vía créditos educativos. De igual forma la financiación de las universidades públicas era insostenible y su concepción ilegítima. Insostenible porque no se podía atar la financiación de las universidades al crecimiento económico, lo cual introducía un alto margen de incertidumbre para el funcionamiento de las instituciones. Ilegítima porque no se discutió con la comunidad universitaria, no se escucharon e incluyeron las miles de voces argumentadas y sólidas de rectores, estudiantes, profesores y trabajadores. Solo se hicieron talleres de socialización de la reforma en universidades que no tenían una posición crítica.

            Bajo este escenario los jóvenes siguieron luchando, marchando, generando ideas creativas en las calles, construyendo relaciones de empatía con las familias, con la policía, con la ciudadanía a través de acciones colectivas de carácter cultural y académico. Convocaron talleres, audiencias públicas, carnavales, vigilias donde las únicas armas eran los libros, las velas, los pitos, las consignas y las canciones. Movilizaron al menos medio millón de estudiantes en todo el país. Las calles de Cali, Medellín, Popayán, Pereira, Manizales se llenaron de vida, de voces juveniles. El árbol de Navidad de la plaza en Bogotá, se convirtió en un árbol de esperanza, lleno de consignas comprometidas con la educación, con el futuro de este país. 

            Esta acción colectiva nos dio una lección vital: la movilización social tiene sentido, pertinencia y poder político. Por medio de estas movilizaciones los jóvenes, pusieron a discutir al país, durante semanas sobre un tema que es crucial: la educación. El mensaje fue claro: ¡con educación todo se puede! Como si esto fuera poco, se logró, por primera vez en este gobierno, frenar un proyecto de reforma que era perversa para la educación superior y en especial para la universidad pública. Se logró frenar un proyecto de reforma que imitaba el fracasado modelo de la Ley 100 para la salud.

            Todo parece indicar que los estudiantes seguirán luchando para construir una propuesta democrática, incluyente y en donde el sentido de la educación superior como derecho fundamental se garantice para las generaciones presentes y futuras. Seguirán luchando por una educación superior pública que sea gratuita. No es un sueño, o mejor, es un sueño que puede modificar realidades. No es un incentivo perverso que subsidia la educación de los ricos, o mejor, es un incentivo para que la educación se convierta realmente en un derecho y no en una mercancía. El gobierno y algunos economistas ortodoxos dicen que no hay recursos ¿No hay recursos? Lo que no hay es voluntad política, lo que hay son grandes exenciones al capital (cerca de 6 billones de pesos); apuestas irracionales a la minería (uno de cada cinco pesos del plan de desarrollo está dedicado a la minería: 97 billones de pesos) y un enorme presupuesto para la guerra, no olvidemos que ésta pesa 13 veces más en el PIB que la educación superior.

            Nuestros estudiantes han dicho que quieren una universidad del tamaño de sus sueños, si hay voluntad política y apoyo ciudadano podrán lograrlo.

            Columna de opinión para el periódico La Patria

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            Nuestras historias

            ICBF explota a trabajadoras de comedores escolares

             

             

            La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció nuevas irregularidades por parte de los operadores del ICBF. específicamente en el caso de las mujeres que los consorcios y uniones temporales "emplean" para "manipular" y distribuir alimentos.


            Robledo dijo que pese a que los contratistas del ICBF están obligados por la ley a emplear personal con todas las garantías establecidas (afiliación y aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar y parafiscales); muchas mujeres son explotadas por los consorcios y uniones temporales contratados para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.

            De acuerdo con denuncias recibidas por la parlamentaria las empresas contratadas para desarrollar el PAE, programa que en 2010 tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos y cubre a 4 millones de niños y niñas en todo el país, no cumplen con las obligaciones de seguridad social y ni siquiera les pagan a las trabajadoras el salario mínimo establecido, también por la ley.

            Robledo aseguró que a pesar de las denuncias de las mujeres sobre los reiterados incumplimientos y la evasión de las obligaciones con el sistema de seguridad social y pagos de parafiscales, el ICBF ha realizado desembolsos a los operadores del PAE, contraviniendo las normas legales y los derechos de las trabajadoras.

            Una muestra de cerca de 550 quejas recibidas por la legisladora provenientes de los departamentos de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras del PAE (2010-2011): "Encontramos quejas y derechos de petición de mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen ningún tipo de prestación social, no reciben dotación, ni cuentan con capacitación, entre otras irregularidades", dijo Robledo. 
             
            Adicional a las quejas laborales muchas mujeres y comunidades deben también asumir costos por el transporte, aseo de los restaurantes y servicio de gas para la preparación de los alimentos.

            Estos hechos han sido denunciados también por la Contraloría que encontró, entre otros los siguientes  hallazgos: "(…) las manipuladoras no tienen contratos firmados, les adeudan pagos, no están afiliadas a la seguridad social, (…) no les han entregado dotación de uniformes (…)" 
            La parlamentaria aseguró que es inaudito que el ICBF con  presupuesto de casi 4 billones de pesos no cuente con los controles suficientes sobre sus operadores para evitar que hechos así sucedan.

            A principios de noviembre Robledo adelantó un debate de control político a la Directora del ICBF, Elvira Forero, de quien aseguró sólo se ocupó de contratar y contratar, desconociendo la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables del país. 
             
            La parlamentaria ha insistido en que la concentración de recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, y debilita el papel de las 33 regionales. 
             
            En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: "No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional".
             
            Las denuncias fueron presentadas por Ángela Robledo en una constancia ante la Plenaria de la Cámara de Representantes.

             

            Nuestras historias

            Carta abierta de la Representante Angela Robledo al nuevo Director del ICBF

            Doctor

            Diego Andrés Molano Aponte

            Director General ICBF

            La ciudad

             

            Ref.-  Saludo de Bienvenida y seguimiento a la gestión del ICBF

            Respetado Director, 

            Reciba usted un saludo especial de bienvenida a la Dirección del ICBF, una Institución tan querida por todos y todas los colombianos, desde cuando fue creada por el Presidente Carlos Lleras Restrepo. Una institución que está soportada en el apoyo de cientos de ciudadanos y ciudadanas y que sentimos como nuestra. Esperamos, por el bien de la Institución y de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y familias, que durante su gestión se cumpla a cabalidad con las obligaciones constitucionales y legales que le han sido asignadas y se logre estar a la altura de los retos que tiene esta institución.

             

            Misión del ICBF según Código de Infancia y Adolescencia

            Como usted sabe, doctor Molano, los lineamientos fundamentales de la tarea del ICBF quedaron estipuladas en la llamada Ley Cecilia (Ley 75 de 1968). Ahora bien,  las funciones actuales de dicha institución las especifica el artículo 11 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) así:

            Artículo 11.- Exigibilidad de los derechos.- Parágrafo: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7/791) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas.

            Pero la misión del ICBF se ha perdido, así lo confirma el Informe consolidado de auditoría gubernamental con enfoque integral de la Contraloría General de la República, adelantado en el año 2010 u publicado en Agosto de 20111. El informe señala: 

            “No existe una política de niños, niñas y adolescentes - NNA que garantice una adecuada atención integral de esta población, solo se asignan recursos (alimentación) a programas independientes que no se articulan para tener una atención integral de los NNA.”

             

            Los recursos públicos más sagrados del país son los recursos del ICBF.

            Una de las instituciones estatales con mayores recursos para el año 2012 según el Presupuesto General de la Nación es el ICBF. Para el 2011 cuenta con casi 4 billones de pesos (3,9 billones). De 2011 a 2012 este presupuesto creció un 30%, tres veces más que el presupuesto nacional. Los aportes nacionales al ICBF crecieron en 1.700%. El problema, y es una de las razones de esta carta, señor director, no es que el ICBF tenga esta cantidad de recursos públicos, son necesarios y bienvenidos. El asunto que queremos poner sobre la mesa es cómo se van a invertir dichos recursos: con qué criterios, bajo qué garantías y procedimientos de transparencia se van a ejecutar, teniendo en cuenta que, como es bien sabido, la administración de estos recursos ha tenido serios cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la ciudadanía en general. 

            En otras palabras, señor director, qué estrategias se tienen pensadas para garantizar el uso transparente de estos recursos y la garantía que van a atender a las poblaciones y territorios que más necesitan de ellos. Me pregunto si centralizando, concentrando y alimentando presuntos carruseles se va a cumplir con estos objetivos. 

             

            El debate del ICBF: un debate sin garantías. 

            Como ha sido de público conocimiento el pasado 1º de noviembre se llevó a cabo el Debate de Control Político a la ex directora del ICBF denominado “ICBF: De sistema garante de los derechos de la niñez a una máquina de contratación”, luego de ser aplazado cinco veces, cuestión del todo anómala en la historia del Congreso. El debate se desarrolló con presencia de las parlamentarias y parlamentarios de la Comisión Séptima, la Contralora General de la República Sandra Morelli, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia Ilva Myriam Hoyos y la ex directora del ICBF Elvira Forero. Dicho debate se desarrolló sin ninguna garantía: no se respetaron los tiempos ni los procedimientos establecidos en la Ley 5ta, también hubo irrespetos hacía las dos citantes del debate, de igual manera,  y la ex directora del ICBF no respondió ninguna de las preguntas que se le formularon durante el mismo (Le recomiendo el video del debate en la siguiente dirección electrónica http://bit.ly/vJndAz ).

            Doctor Molano, espero que bajo su dirección, el ICBF recobre su sentido y se superen el sinnúmero de irregularidades que se han identificado bajo la administración de la ex Directora Elvira Forero, quien “renunció” al cargo después de la realización del debate de control político “ICBF: De sistema garante de los derechos de la niñez a una máquina de contratación” ( Cfr. http://bit.ly/vJndAz ) que hicimos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y de la presentación de los informes de La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que confirman la información que por más de un año veníamos trabajando con mi equipo. 

             

             Algunas inquietudes no resueltas en el debate

            -Se requiere que el ICBF vuelva a funcionar como sistema de bienestar familiar y social en todo el territorio nacional. Es urgente lograr una gran coordinación con las entidades territoriales, de lo contrario, seguiremos teniendo un Sistema de Bienestar Familiar fallido.

            -Sobre la misión perdida del ICBF, está usted ante la oportunidad de re orientar esta entidad para que cumpla la función establecida en el marco normativo colombiano.

            -Se requiere, como lo ordena la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia, de un Sistema Nacional de Bienestar Familiar fortalecido en todos y cada uno de los Departamentos y Municipios del país, debidamente articulado en el territorio con toda la institucionalidad del sector social para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar el restablecimiento, de acuerdo con los principios de interés superior (art.8), prevalencia de los derechos (art.9) y protección integral consagrados en el Código con el acompañamiento del ICBF, en cabeza de quien se encuentra la Rectoría del Sistema. 

            -Se requiere de un ICBF transparente del cual nos sintamos orgullosos todos los colombianos. Un ICBF que rinda cuentas, que responda preguntas, que garantice los derechos de las poblaciones que tiene bajo su responsabilidad. Un ICBF que maneje los recursos como recursos sagrados y no como “una piñata”, como ha ocurrido en los últimos años.

            -Se requiere que se brinden todas las garantías necesarias para que se adelanten todas y cada una de las investigaciones que se están desarrollando en los diferentes organismos de control y la Fiscalía General de la Nación que permitan concluir en la definición de responsabilidades y las sanciones a que haya lugar.

            Teniendo en cuenta las anteriores inquietudes le pregunto:

            ¿Cuáles serán las medidas que se adoptarán para desarrollar un Sistema de Bienestar Familiar de tal manera que aplique, de manera transparente,  el mandato constitucional y legal( Código de Infancia y Adolescencia) con el fin de garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia, la tercera edad y las familias en Colombia?

             

            No podemos tapar el sol con las manos. 

            Es claro que el ICBF no está en sus mejores épocas. El debate que realicé en la Comisión Séptima y los últimos hechos así lo demuestran, de igual manera las denuncias que recibí de diferentes partes del país y las columnas de opinión y noticias que han publicado los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales, también lo comprueban. Al respecto considero que son fundamentales los siguientes puntos:

            -Analizar la responsabilidad que le cabe a la Junta Directiva que ha acompañado   los últimos cinco años de la gestión del ICBF la cual no impidió que muchas irregularidades se presentaran:

            -346 hallazgos por parte de la Contraloría General de la República.

            -Alertas de la Procuraduría General de la Nación  como las siguientes “Para esta Procuraduría Delegada no se entiende cómo el ICBF desde el año 2006 contrata para algunos de sus programas con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra la función misional de la Entidad Contratante”.

            La pregunta que nos hacemos es ¿se van a producir algunos cambios a raíz de lo ocurrido en la junta directiva?

            -¿Qué va a suceder con los supuestos “carruseles de la contratación”?

            -Al menos en 2010 uno de cada cuatro pesos de la contratación del Programa de Alimentación Escolar  se concentró en un mismo grupo familiar. A su vez, cuando éstos incumplían un contrato la cesión del mismo quedaba, en muchos casos, en manos del mismo grupo empresarial. 

            -Estas empresas, como lo muestra la Procuraduría, no cumplieron con sus compromisos contractuales. Una cuestión más grave aún, no garantizaron los derechos a la alimentación de las niñas y niños de algunas regiones del país. 

            -De 2007 a 2009 la contratación con Alma Mater creció en un 2.200% y las contrataciones no responden al objetivo que la misma ex directora el ICBF afirmó públicamente que “Convenios de Alma Mater son para fortalecer los equipos psicosociales con profesionales de las áreas de psicología(7%), nutricionistas(3%) y trabajadores sociales(4%) a las Defensorías de Familia”. Sin embargo, más del 60% de los contratos, según el convenio No. 024 de 2010, son para ingenieros, administradores de empresa y abogados. ¿Qué medidas se van a establecer para subsanar estas irregularidades?

            La Organización Internacional de Migraciones contrata con el ICBF a finales de cada año. Esto podría constituirse en una presunta irregularidad. De igual manera, la OIM está asumiendo responsabilidades misionales del ICBF ¿Dadas estas circunstancias, el Instituto qué medidas va a adoptar para evitar este tipo de situaciones a todas luces irregulares?

             

            EL ICBF puede dar una lección de probidad. 

            Dadas las denuncias, hallazgos de la Contraloría, las evidencias de la Procuraduría y los interrogantes formulados en nuestro debate, queremos preguntarle ¿Qué medidas se aplicarán de tal manera que las pruebas otorgadas en este tiempo no se ocultarán? ¿Qué medidas va a tomar para garantizar que los denunciantes, dentro y fuera del ICBF, puedan aportar pruebas que permitan sanear la Institución que usted dirige, teniendo en cuenta que muchas personas no han denunciado o aportado pruebas por temor a represalias?

             

            ¿Dónde quedan los derechos de la niñez indígena en Colombia?

            Hay niñ@s indígenas que se están muriendo de hambre. Según datos imprecisos que nos da la ENSIN (un sondeo que se hizo porque no se quiso hacer encuesta) la desnutrición  global de l@s niñ@s indígenas del país es la más grave (más del doble del promedio nacional) ¡Esta situación es intolerable! Le preguntamos de nuevo: 

            ¿Se va a aplicar una encuesta, robusta estadísticamente y con todos los criterios técnicos, que permita analizar rigurosamente la situación de desnutrición de la población indígena del país y en especial de l@s niñ@s, sin importar qué tan dispersa esté esta población por todo el territorio colombiano?

            ¿Qué acciones de política pública focalizada se piensan tomar para mejorar esta situación de esta población?

            Las niñas y niños indígenas han sido y siguen siendo víctimas de una guerra centenaria, que hoy en día los tiene en el límite de su extinción. 

            Señor director estamos ante la oportunidad de transformar el ICBF y reorientar tan querida Institución de tal manera que cumpla su misión y su mandato legal. Estamos ante la oportunidad de garantizar cabalmente los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mayores de edad, y las familias de este país.

            Si hay políticas transparentes e incluyentes a favor de este objetivo, no dude que las vamos a respaldar.

            Quedo atenta a su respuesta.

             

            Cordial saludo, 

            Ángela Robledo

            Representante a la Cámara

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            Nuestras historias

            Angela Robledo e Iván Cepeda denuncian violación de mujeres en María La Baja, Bolívar

             

            En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda denunciaron la violación de 11 mujeres en el Municipio de María La Baja por parte de integrantes de grupos armados, al parecer como una estrategia de terror en contra de las comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.

            En un comunicado los parlamentarios dijeron que: "Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las mujeres".

            Los congresistas exigieron al Gobierno Nacional reglamentar de manera inmediata la Ley 1257 de 2008 y destinar los recursos suficientes para poder en marcha políticas públicas dirigidas a las mujeres.

            Robledo y Cepeda saludaron el 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que reúne por estos días en Bogotá a unas 1500 mujeres de América Latina y convocaron a la movilización de esta tarde para exigir la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

             

            VER COMUNICADO COMPLETO

            30 AÑOS DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

            Este año se cumplen tres décadas, desde que se realizó el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, lugar desde donde se impulsó el establecimiento del 25 de Noviembre como Día Internacional de la No violencia Contra las Mujeres.

            En Colombia, la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres son todavía una deuda pendiente, la cual se incrementa en el marco del conflicto armado, muestra de ello, es la situación que se viene presentando en el Municipio de María la Baja desde el 14 de septiembre de 2011, donde han sido abusadas sexualmente 11 mujeres por parte de integrantes de grupos armados (quienes no han logrado ser identificados), presuntamente como parte de una estrategia de terror contra comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.

            De igual forma, son las violencias que enfrentan mujeres líderes de población desplazada en Bogotá, quienes han sido víctimas de violencia sexual, de amenazas y agresiones reiteradas contra su vida e integridad personal en los últimos dos años. Hace una semana una de estas líderes quien participó en el debate de control político que realizamos en la Comisión segunda de la Cámara de Representantes sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el mes de agosto, quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, fue víctima de un atentado, en el cual resultó herido su guardaespaldas.

            Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las mujeres. Sea esta una oportunidad para hacer un reconocimiento a las mujeres víctimas del conflicto armado que han convertido su dolor en un motor de social y ejemplo de fortaleza y dignidad

            Aprovechamos esta fecha para requerir al Gobierno Nacional a  que reglamente de manera inmediata la ley 1257 de 2008 y destine los recursos suficientes para terminar de formular y poder en marcha la política pública de equidad de género para las mujeres

            Esta semana se lleva a cabo el décimo segundo Encuentro Feminista en la ciudad de Bogotá con la participación de cerca de 1.500 mujeres de distintas partes de Latinoamérica y el Caribe. Sea esta la ocasión para saludar y hacer un acto de reconocimiento al movimiento feminista, el cual  ha tenido dentro de sus apuestas políticas la defensa de una vida digna, libre y autónoma para las mujeres en la región.

            Sea este el momento para continuar cuestionando y desacatando los mandatos del patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo, la homofobia y de continuar en la búsqueda de una verdadera democracia, de nuevas lógicas de poder y de relacionamiento entre los seres humanos.

            Invitamos también a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarnos este 25 de noviembre para exigir la erradicación total de las violencias contra las mujeres, la movilización saldrá a las dos de la tarde del Planetario de Bogotá

            Bogotá, 25 de noviembre de 2011

            ANGELA MARÍA ROBLEDO                       

            IVÁN CEPEDA CASTRO

             

            Margarita Sarmiento/ 3202343806

            Prensa - Angela Robledo

             

            Nuestras historias

            Angela Robledo entregó a los organismos de control los documentos sobre presunto carrusel de la contratación en el ICBF

            La Representante Ángela Robledo envió copias a los organismos de control de todos los documentos y videos sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF. 

            El envío de la información se da justo después del debate de control político que la parlamentaria Robledo le hizo el 1 de noviembre de 2011 a la entonces Directora del ICBF, quien tres días después renunció a su cargo. 

            La Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Economía Solidaria deberán ahora analizar la información y tomar las medidas que correspondan. 

            “Por cuenta de la gestión de Elvira Forero, el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que no cumple su misión. Hago entrega a las autoridades de la información y de las quejas que he recogido desde hace más de un año sobre presuntas irregularidades en el Instituto para que se investigue a fondo, se hallen responsabilidades y, lo que es más importante, se garanticen y restablezcan los derechos de los niños y las familias más pobres del país”, concluyó Ángela Robledo. 

            DESCARGUE AQUI UNA DE LAS CARTAS ENVIADAS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 

            Prensa: Margarita Sarmiento/3202343806

            Nuestras historias

            Tres días después de este Debate de Control Político, la Directora del ICBF presentó su carta de renuncia.

            Haz clic aquí para ver el video del Debate de control político de la Representante Angela Robledo a la Directora del ICBF. Tres días después de este debate, Elvira Forero presentó su carta de renuncia. 

             


            Nuestras historias

            Directora convirtió al ICBF en un “monstruo” contratista, dice Ángela Robledo

            Estas son las principales conclusiones de las presuntas irregularidades encontradas por la Representante Ángela Robledo en la investigación sobre el ICBF para un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. (Vea el comunicado completo con videos haciendo clic aquí)

            La Representante a la Cámara, Ángela Robledo pidió a la Directora del ICBF renunciar a su cargo debido a su incapacidad para fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en cambio, converitirlo en un “monstruo que sólo se ocupa de contratar, contratar y contratar mientras que la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables está en veremos”.

            Elvira Forero llegó al ICBF de la mano del ex presidente Álvaro Uribe en 2006 y su gestión, que la Procuraduría califica de desfavorable y la Contraloría evalúa de ineficiente, se ocupó de duplicar y concentrar 80% de un presupuesto que hoy llega a los casi 4 billones de pesos (3.9 billones).

            Es decir, que Forero decide directamente sobre 3 billones y medio destinados a “alimentar” una serie de empresas, grupos, consorcios y hasta organismos internacionales que tanto la Procuraduría como la Contraloría investigan por cuenta de múltiples irregularidades que van en contravía de los principios de transparencia y probidad impulsados desde el gobierno Santos.

            Mientras Forero opina que ha mejorado la gestión disminuyendo los procesos contractuales (pasó de unos 150 programas a 12 proyectos concentrados), Robledo denuncia que esta concentración de los recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, debilita el papel de sus 33 regionales (Las alcaldías y las regiones no tienen ninguna incidencia en esta institución, en términos de presupuesto y aplicación de políticas públicas). Es decir, que la descentralización que promueve la Constitución Nacional no se aplica, y lo que es más grave, la garantía de derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, se ve seriamente afectada.

            A cuenta de la “gestión empresarial a gran escala” de Elvira Forero, el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que no cumple su misión de garantizar y restablecer los derechos de las familias más pobres del país. Los recursos que destina el ICBF para alimentar a niños y viejos en mayor situación de vunerabilidad, van a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Cooperativa Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otros.


            El Grupo Torrado ¿Un carrusel nacional de alimentos?

            El Grupo Torrado (Cooperativa de Trabajo Asociado –COOPROSPERAR-, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva SurColombiana de Inversiones, Alfaba, Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales –Empsenal- y Fundeal, entre otras. COOPROSPERAR y EMPSENAL comparten bodega en Santander) monopolizó la contratación de los programas alimentarios dirigidos a niños y viejos pobres que atiende el ICBF en todo el país: Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Programa de Alimentación del Adulto Mayor (PNAAM). Entre 2006 y 2011 los contratos con empresas de este Grupo, ascendieron a 81 mil 700 millones.


            El Grupo Torrado de 2006 a 2011 en estos dos programas PAE y PNAAM obtuvo casi 82 mil millones de pesos (81.711 millones de pesos) del ICBF, sin contar los recursos de cofinanciación. En promedio de 2009 a 2011 el PAE tuvo 26% de los contratos por concesión y uniones temporales. Es decir, 1 de cada 4 pesos de los consorcios y uniones temporales contratados por el ICBF de 2009 a 2011 se fueron al Grupo Torrado. El total de este tipo de contratos en este período fue de 191 mil millones, o sea, se contrató con éstos un total 49 mil millones de pesos.

            Para el caso del programa PNAAM, en el 2009 uno de cada tres pesos se fueron de nuevo al Grupo Torrado (38%).  Vale la pena destacar que en el 2006 obtuvieron el 92% de los recursos de los contratos por concesión y uniones temporales.
            También ganan por la vía de la contratación directa: en el 2010 el Grupo Torrado concentró, por medio de contratación directa, 1 de cada tres pesos del PNAAM. Es decir, 4.200 millones de un total de 12.000 millones de pesos.
            De acuerdo con información reportada por el ICBF, COOPROSPERAR contrató directamente unos 56 mil millones en los últimos 4 años en todo el país; Según la Procuraduría, a pesar de múltiples irregularidades en sus servicios  firmó 11 contratos de manera directa para PNAAM, en el último año (Diciembre de 2010 y enero de 2011). 

            Es de público conocimiento que el Grupo Torrado estuvo involucrado también en el carrusel de la contratación de Bogotá y que contrató con la Secretaría de Integración Social (SDIS) por cerca de 162 mil millones, pese a sus múltiples incumplimientos y mala calificación por parte de la Contraloría. Se sabe también que son empresas vinculadas con familiares de los dirigentes del Partido de la U, Efraín y Edgar Torrado García y que su manejo corre por cuenta de los sobrinos Torrado quienes controlan 52% del capital social de la empresa: René Torrado, Andrés Jiménez Torrado y Alexander Torrado que figura con distintos cargos y responsabilidades en las múltiples empresas del Grupo. 

            Es preocupante, según Robledo,  que los políticos relacionados estén involucrados en “hacer empresa” cuando de recursos públicos se trata, lo cual  podría ser considerado como tráfico de influencias. Contrario opina Álvaro Uribe quien en un homenaje al Senador Torrado anunció que: “No es fácil encontrar en la vida privada alguien cuyo propósito empresarial tenga como único objetivo creer en la ciudadanía y servirle ¡Qué bonito! Un gran ejemplo para el ejercicio de la actividad privada en Colombia”. Es aún más preocupante  el modo como operan estos consorcios y uniones temporales que además de presentarse varias de ellas para una misma convocatoria, incumplen los contratos, se los ceden entre ellos mismos,  evitan sanciones, siguen contratando y atentan contra la garantía de los derechos de los más pobres. Y más preocupante aún que el ICBF no tenga establecidos controles para tal fin y no pase nada de nada.

            Los programas PAE y PNAAM dirigidos a solucionar la problemática de hambre en el país focalizados en niños y viejos de los niveles 1y 2 de Sisben, pertenecientes a poblaciones indígenas y desplazadas presentan un sinnúmero de irregularidades desde la concepción y planeación, pasando por la contratación y la implementación de los mismos, hasta su impacto. Unos 5 millones de niños en Colombia (50%) no reciben nutrición adecuada debido a las trampas en el sistema de contratación y a la negligencia, ineficiencia e inoperancia de la dirección general del ICBF.

            Son innumerables y de diversa índole las quejas  que Ángela Robledo ha recibido desde todos los rincones del país sobre la calidad, la cantidad, cobertura y la oportunidad de los alimentos que contrata directamente, la Directora del ICBF, Elvira Forero, en particular con el Grupo Torrado y que coinciden con los hallazgos de los entes de control: menores cantidades de alimentos a los estipulados, alimentos muy maduros, en estado de descomposición, contaminados, sin registro INVIMA y que no cumplen con la variedad y exigencia de nutrientes, establecidos en minutas.

            Es frecuente que roten la distribución, se habla en algunos lugares del pico y placa en los  comedores y muchos niños y viejos se queden sin el alimento en determinados sitios, pero se dice que se cobran los cupos completos. No se llevan controles, ni registros de las entregas, la información al respecto es totalmente  deficiente.

            En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: “Es motivo de preocupación las presuntas inconsistencias respecto a los contratos de Alimentación Escolar (PAE) y de Adulto Mayor (PNAAM)  porque se ha podido poner en riesgo derechos fundamentales a la salud alimentaria y, por ende, a la vida de niños y adultos mayores beneficiarios. De acuerdo con el ente de control: “No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional”.

            Ríos de leche y galletas

            El monopolio de la alimentación en el ICBF no se agota en el Grupo Torrado. Para atender el Programa Desayunos Infantiles con Amor (DIA), dirigido a niños entre 6 meses y 6 años, se contrató a la Cooperativa Colanta, una pujante empresa antioqueña que se “trasladó” con planta y todo a la sabana de Bogotá para realizar una “acción social” a favor de los niñ@s pobres del país. 

            Colanta arrancó su planta en Funza (Cundinamarca) de la mano del proyecto piloto del programa DIA con 78 mil niños (2002); cobertura que alcanza 1 millon 800 mil beneficiarios (2010) y que ha reportado ingresos cercanos a los 30 mil millones de pesos por año en un negocio que no parecía muy próspero .   

            Un ejemplo: En 2005 el ICBF ordenó la apertura de la licitación pública ICBF-SN-02-05, con el objeto de “Seleccionar propuestas para contratar el servicio de alimentación consistente en el suministro del complemento alimentario de desayunos infantiles”. Allí se evidencian unos términos de referencia que al parecer facilitan la prestación del suministro al contratista y que además, parecería los favorecen económicamente.

            No se explica cómo el portal único de contratación SEGOB señala que la cuantía inicial de contratación fue de 26,468,729,454, que la cuantía que se contrató fue de 50.352.644.000 y que se realizara una adición (a los 4 meses) por un valor de 26.418.376.810, dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento nueve mil seiscientos veinte pesos (2.484.109.600) más de lo permitido por la ley, ya que según La ley 80 del 93 solo: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.

            ¿Nos podríamos imaginar lo que significaría que todos los niñ@s en Colombia desayunaran todos los días, durante sus primeros seis años de vida, con leche y “galletas fortificadas, privilegiando además a un proveedor como Colanta?

            Preocupa que el ICBF deje de lado la posibilidad de fomentar la seguridad alimentaria y la promoción de la producción y el consumos local para favorecer monopolios a gran escala que según señala la Contraloría no cumplen con los lineamientos en relación a la edad de los niños y cuya gestión se califica de ineficiente y antieconómica en algunas ocasiones.  ¿Cómo podemos seguir permitiendo que niñ@s en condición de extrema pobreza no puedan contar con una alimentación variada y enriquecida para sus primeros años de vida?

            Alma Máter: ¿La bolsa de empleo de la Directora del ICBF?

            Otra de las irregularidades que presenta el ICBF es la enorme contratación de profesionales a través de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional – Alma Máter, investigada también por los organismos de control.

            La directora del ICBF, teniendo una planta de 5.100 funcionarios, contrató (entre 2007 y 2011) 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional, es decir, en Bogotá  4.108  (55%) de estos contratistas.

            A pesar de que la directora del ICBF ha expresado en diversos medios de comunicación que la contratación de estos profesionales está dirigida a fortalecer los equipos psicosociales de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, se constató, mediante análisis del convenio 024 de 2010 que el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros (36.6%), abogados (17%) y administradores de empresas (9%), con contratos muy cortos que por ende no generan procesos. Tampoco son claros los criterios de remuneración con los cuales se les contrata.

            El ICBF suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223). El 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se firmaron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días.

            La Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y además, señalo que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública y podría configurar fraccionamiento de contratos.

            La Procuraduría señaló también que podría tratarse de una nómina paralela puesto que los contratistas cumplen funciones misionales, en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter podrían ser irregulares. Señaló también que la vinculación de personas para actividades misionales implica que la institución maneja recursos públicos y puede configurar un presunto detrimento, al tiempo que viola los principios de transparencia. 

            OIM ¿La caja menor de la Directora del ICBF?

            La Organización Internacional para la Migraciones –OIM-  ha suscrito con el ICBF unos 32 convenios por un valor aproximado a los 300 mil millones (2006 y 2011), casi todos estos convenios fueron firmados en el mes de diciembre que es cuando las entidades realizan el cierre contable y presupuestal. Llama la atención que siendo la OIM un organismo internacional dirigido a atender poblaciones en situación de desplazamiento, migraciones forzadas y reclutamiento entre otras, al revisar algunos convenios de 2009-2010 se encontró que los objetos definidos no tienen nada que ver con su mandato: Construcción de un hogar en Tumaco; construcción y adecuación de una sede educativa; adquisición de elementos de dotación para la primera infancia;  diagnósticos a hogares infantiles; son algunos de los reportes  investigados por la Procuraduría. Vale la pena recordar que la sede de la OIM en Colombia es la más grande del mundo ¿Tendrá esto algo que ver con los convenios con el ICBF?

            Estas denuncias fueron preparadas por Ángela Robledo para un debate de control político a la directora del ICBF, solicitado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes desde julio pasado y aplazado en 5 oportunidades por razones que aún desconocemos.

             

             

            DESCARGUE EL DOCUMENTO COMPLETO DEL DEBATE DE ANGELA ROBLEDO A LA DIRECTORA DEL ICBF, HACIENDO CLIC AQUI.

            DESCARGUE AQUI LA PRESENTACION POWER DE LA INTERVENCION DE ANGELA ROBLEDO EN EL DEBATE DE CONTROL POLITICO

            LEA AQUI LA COLUMNA DEL PERIODISTA DANIEL CORONELL SOBRE EL CARRUSEL TORRADO.

             

             

            Nuestras historias

            El carrusel Torrado

             

            La representante Ángela María Robledo es una de las pocas personas rescatables de las cenizas del llamado Partido Verde. Ella, junto con su equipo, ha trabajado durante meses para descubrir las irregularidades que están devorando al Bienestar Familiar. La administración de la inamovible directora Elvira Forero está beneficiando a una poderosa familia de políticos, con millonarias contrataciones.

            Los favorecidos son miembros de la familia del senador Efraín Torrado y su hermano el concejal de Bogotá Édgar Alfonso Torrado. Dos prósperos dirigentes cuyos nombres aparecen en los documentos de conformación de algunas de las empresas del grupo. Ellos dicen que -preciso ahora que les está yendo tan bien- no tienen relación alguna con el gigantesco contratista.

            El Grupo Torrado ha recibido uno de cada cuatro pesos que Bienestar ha contratado con consorcios y uniones temporales en los últimos dos años. A través de dos programas de alimentación, el ICBF les ha entregado 81.000 millones de pesos a empresas o consorcios en los que tiene intereses la familia.

            Como si fuera poco, en 2010 los Torrado concentraron uno de cada tres pesos adjudicados por contratación directa por el ICBF en convenios para alimentación de adultos mayores.

            Entre las empresas licitantes que giran en la órbita de los Torrado están Cooprosperar, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales (Empsenal) y Alfaba.

            Sin embargo, lo alarmante no es la inusitada concentración de recursos públicos en un pulpo contratista. Lo más grave es que existen pruebas de reiterados incumplimientos de esas empresas sin que les suceda nada. Como si los hubiera tocado un hada madrina para librarlos de las consecuencias legales.

            La Contraloría y la Procuraduría han encontrado que contratos ejecutados por empresas del Grupo Torrado han incumplido con el objeto para el cual les pagaron con dineros públicos. Sin que esto les haya traído consecuencia alguna.

            Por ejemplo, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia encontró informes de auditoría que señalan graves fallas de higiene en el suministro de alimentos a personas mayores. No obstante, el ICBF autorizó el pago de los servicios como si los hubiesen prestado normalmente.

            "No se entiende por parte de esta Procuraduría Delegada por qué se certifica cumplimiento del objeto contratado y de las obligaciones contraídas sin haberse adoptado por parte de la entidad contratante los correctivos pertinentes, lo que podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores".

            Los Torrado ganan y ganan contratos para atender los programas de Bienestar en varios departamentos de Colombia, sin que las quejas de los usuarios merezcan atención.

            Ana Mariela Silva, madre de familia del Colegio Metropolitano del Sur en Santander, denunció que los niños reciben alimentos descompuestos: "Carne molida con grandes cantidades de sebo; piña, cebolla, pimentón, papa, auyama y maduro en estado de putrefacción; salchichas sin marca y sin registro Invima (…) estos desayunos a la vista se hacen para favorecer al contratista y no garantizan un desayuno digno para los niños".

            En este billonario carrusel, los contratistas han encontrado la forma de incumplir, quedarse con la plata y burlar la caducidad. Cuando es evidente el incumplimiento, ceden el contrato a otra empresa del mismo grupo. Así pasó con Nutricol, consorcio del cual hace parte Cooprosperar, fundada por los hermanos Torrado, que con autorización de Bienestar le cedió un contrato no cumplido en Cundinamarca a Nutrialianza, de la cual es miembro Epsenal. Esas cooperativas son tan cercanas que operan en la misma bodega de Santander.

            Esas y otras pruebas tiene Ángela María Robledo, a quien alguien poderoso le viene aplazando su debate de control político a la directora del ICBF. Vamos a ver si finalmente esta semana dejan hablar a la congresista que ha investigado el caso. 

            Escrito por Daniel Coronell para la Revista Semana

            http://www.semana.com/opinion/carrusel-torrado/166538-3.aspx

             

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            Castigar, castigar y castigar

             

            Hace muchos años me desvela la pregunta por el sentido del castigo en sociedades marcadas por la desigualdad, nuestro país resulta ser campeona en estas lides, distintas investigaciones muestran que somos el cuarto país más desigual del mundo. Comparto lo planteado por el profesor Roberto Gargarella, quien señala que cuando vivimos en sociedades altamente desiguales, corremos el riesgo que el aparato coercitivo del Estado se use "para mantener un estado de cosas injustificado que de manera sistemática beneficia a unos y perjudica a otros, en especial a aquellos que viven en condiciones de pobreza y exclusión". Por ello me resulta inadmisible que en Colombia se proponga como salida a múltiples problemas sociales, un aumento desmesurado de penas y la privación de libertad en cárceles en las cuales campea la corrupción, el delito y el inhumano hacinamiento. Esto resulta a toda luces no solo ineficiente, sino inmoral.

            Muchos expertos señalan que el camino es revisar y plantear soluciones de fondo a las causas estructurales de la fragilidad social, de la falta de alternativas y de oportunidades para el grueso de la población. Ello es particularmente válido para nuestros adolescentes y jóvenes quienes viven su presente y encarnan la esperanza de un futuro que debería ser vivido en condiciones de dignidad, como lo establece nuestra Constitución. 

            En julio de 2010, cuando llegué por primera vez a la Cámara de Representantes, me propuse trabajar desde una perspectiva que he denominado Pedagogía Legislativa y Política, convencida que desde el Congreso se emiten un sinnúmero de leyes, las cuales en su mayoría son poco conocidas por la ciudadanía. Contribuir a la comprensión de algunas de estas leyes, las relacionadas con el cuidado de la vida, ha sido una de las tareas a las cuales me he dedicado de manera especial. 

             Sumado a lo anterior, durante este tiempo me ha llamado poderosamente la atención la tendencia a legislar desde el populismo punitivo, es decir, pretender resolver por la vía del aumento de penas y la cárcel, problemáticas estructurales como la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la cultura de la ilegalidad. 

            Durante este período legislativo se han tramitado dieciséis proyectos de ley en este sentido, en algunos de ellos se pide cárcel o aumento de penas para la discriminación racial; para los delitos contra las niñas y los niños en el marco del conflicto armado; para quienes vendan licores a menores de edad; cárcel para adolescentes en conflicto con la ley; para quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito; para quienes hacen uso indebido de la Internet y las redes sociales; para quienes vendan, distribuyan y comercialicen licor adulterado; cárcel para el porte de armas blancas; para el porte ilegal de armas de fuego; para quienes no cumplan con sus responsabilidades de asistencia alimentaria a los adultos mayores; para quienes incurran en narcoturismo; para quienes causen sufrimiento o muerte al oso de anteojos y también para quienes causen tratos crueles y tortura a los animales. ¡Todos para la cárcel!

            Como bien lo decía Rodrigo Uprimny "La violencia y la criminalidad, con altas dosis de impunidad, llevan al desespero y son terreno fértil para propuestas de endurecimiento punitivo". Crear, endurecer y pedir cárcel para solucionar nuestros múltiples problemas es atractivo y bien recibido en muchos sectores, sin embargo, comparto con la Fiscal Vivianne Morales y otros juristas, en que el camino no es "la mano dura" sino "la mano inteligente" de la justicia, es decir, una justicia eficiente, oportuna y pertinente. 

            La lista de los problemas de las cárceles en nuestro país es tan larga como las iniciativas de penalización: corrupción, hacinamiento, pésimas condiciones de salubridad, mala alimentación, tráfico de armas, prostitución, etc. Además de esto, la infraestructura está en crisis: 144 cárceles en el país, albergan 93 mil reclusos. 

            Frente al fracaso del sistema carcelario, no solo en Colombia sino en el mundo entero, las sociedades enfrentamos enormes retos para frenar las prácticas de injusticia penal. Quienes están tras las rejas, en muchas ocasiones, son los más excluidos. Es urgente entonces fortalecer los vínculos entre política criminal y política social. Políticas que en nuestro país han sido totalmente precarias.

            Nuestras historias

            ¿Quién engaña a quién?, pregunta Angela Robledo a propósito de la Educación

            Al proyecto de Reforma a la Ley 30 le falta legitimidad, no toca los verdaderos problemas de la educación. Dicen que no hay plata. Eso es un cuento: la plata se está invirtiendo en la guerra y en la minería. ¿Más empleo? Colombia es el país de América Latina con los más altos índices de desempleo. Nos dicen "no te dejes engañar". ¿Quién engaña a quién?

             

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            Nuestras historias

            Representante Angela Robledo vuelve a rendir cuentas

            Me niego: Uribe no.

            Cuando Antanas Mockus tomó la decisión de renunciar al Partido Verde, el senador John Sudarsky y yo, Angela Robledo, decidimos quedarnos para cumplir con el mandato ciudadano de quienes votaron por nosotros. Hoy somos parte del disenso, de esa voz excluida pero contundente que jamás va a estar de acuerdo con aliarse y compartir tarima con Álvaro Uribe.

            Luego de no ser escuchados en la Dirección Nacional; de no ser convocados a la reunión donde se decidió la realización del Congreso del Partido; de no haber recibido la agenda oficial del evento; de no haber sido consultados de la decisión de entrar a la Unidad Nacional; luego de no recibir respuesta a nuestras cartas y solicitudes, decidimos hacer un acto de resistencia simbólica y portar una camiseta negra con la foto de las correrías de las directivas del Partido Verde acompañadas por el ex presidente Alvaro Uribe. Indignados, dijimos: ¡Me niego! ¡Uribe NO! No consultamos ningún manual de urbanidad. Fue un acto político de indignación que nos valió a Sudarsky y a mí un fuerte llamado de atención del Veedor del Partido, quien sorprendentemente se pronunció, luego de haber guardado silencio tanto tiempo frente a múltiples irregularidades.

            Sigo asistiendo las actividades locales de líderes y lideresas verdes. Participé en un encuentro con jóvenes de Bogotá y he acompañado y apoyado candidatos a nivel regional: Gonzalo Guarín, candidato a la Gobernación de Boyacá; Sergio Fajardo, candidato a la Gobernación de Antioquia; Juan Guillermo Restrepo, candidato a la Asamblea de Atlántico; Sofi Ospina, candidata al Concejo de Cali, entre otros. 

            Me quedé en el Partido Verde para defender los principios que juré cumplir y no pienso renunciar. Ejercer mi derecho al disenso es una tarea difícil pero necesaria. No me voy a dejar silenciar: frente a las prácticas de silenciamiento, la resistencia. Ver más.

            Se hundió el Referendo de Cadena Perpetua 

            En alianza con el Representante Germán Navas Talero y la Comisión Asesora de Política Criminal, creada por el Ministerio del Interior, logré abrir un debate juicioso sobre las implicaciones para la justicia colombiana y la Constitución de 1991 de este referendo, que se hundió en la Comisión Primera. Ir en contra de este proyecto se interpretó, de manera injusta, afirmando que se apoyaba a los violadores. Estando plenamente de acuerdo con los fines del referendo, como lo son la protección de los derechos de nuestros niñ@s, me declaré contraria a la iniciativa, que además de inconstitucional e innecesaria (por cuanto en el Código Penal ya se establece una pena de hasta 60 años para los violadores), afectaba el concepto de dignidad humana. No son las sanciones desproporcionadas e inconstitucionales, sino el temor a un pronto y efectivo castigo (garantía de no impunidad), sumado a políticas de educación y resocialización, las que nos permitirán ir liberando a nuestra sociedad de tan intolerables delitos. Ver más.

            Haré Debate de Control Político a la Directora del ICBF 

            Desde julio de 2010 he seguido atentamente el desarrollo de las políticas del ICBF. En julio 21 de 2011 propuse en la Comisión Séptima un debate de control político sobre el cumplimiento de la misión del ICBF, debate que han aplazado cinco veces. ¡Cinco veces! Sin embargo, he alertado a la opinión pública y a las autoridades sobre un presunto carrusel nacional de la contratación de alimentos por parte del ICBF. En un informe de la Contraloría, la gestión de la Directora del Instituto fue calificada como “DESFAVORABLE”. El ICBF, a pesar de ser una de las entidades del Estado que más recursos maneja (casi 4 billones de pesos para el 2012), no logra ni siquiera evitar las condiciones de desnutrición de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como son los niños pobres e indígenas. Espero que nuestro debate se realice a principios de noviembre. Ver más.

            ¿Penalización del aborto en todos los casos?

            Frente a la penalización del aborto en los tres casos que avaló la Corte, proyecto de ley que acaba de hundirse, he denunciado que pese a lo establecido por la Corte Constitucional frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan este derecho, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta contra la salud y la vida de las mujeres y va en contravía de la normatividad vigente. Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, pero el Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar acudiendo a argumentos religiosos. Como afirma el sacerdote jesuita Carlos Novoa, “El problema del aborto no se soluciona con la prohibición ni encarcelando a nadie”. En defensa de los derechos humanos de las mujeres y de nuestra condición de Estado Laico, me opuse a esta iniciativa de penalización del aborto en los tres casos contemplados en la ley. Ver más.

            Función Legislativa

            En el Congreso, durante este último trimestre fui ponente de 6 proyectos de ley y dejé 6 constancias sobre los siguientes temas:

            1) En protesta por muerte de niños indígenas en situación de desnutrición. 2) Parece que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar. 3) Tercer Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU Colombia. 4) Constancia con motivo de la citación de la Procuradora, Ilva Myriam Hoyos, a la Comisión Séptima. 5)Hablar de Paz en tiempos de guerra. 6) No más violencia sexual contra las mujeres. Ver Proyectos de Ley / Ver Constancias

            Sobre la Reforma a la Educación Superior 

            Acompaño a los miles de jóvenes que se movilizan en contra de la privatización de la educación superior, al tiempo que llamo a que las protestas se hagan de manera pacífica y argumentada. Este trimestre he seguido dialogando con estudiantes universitarios y rectores para promover y divulgar las conclusiones del debate de control político que le hice a la Ministra de Educación y el Foro que realizamos en el semestre anterior sobre este tema.

            1) La universidad es un motor de desarrollo y paz; no debe ser un privilegio, ni un negocio ni un lugar para el intercambio de mercancías. 2) Con el proyecto de Reforma a la Educación Superior, existe el riesgo de que se privatice la calidad de la educación superior. 3) No puede existir una brecha entre la educación pública y la educación privada. 4) Se requiere que los estudiantes realmente puedan disponer de posibilidades para financiar sus estudios. 5) Es fundamental vincular el desarrollo del país con el desarrollo de políticas de educación de calidad en todos sus niveles. 6)Intentar aplicar la lógica del mercado al derecho a la educación universal, es dinamitar el sentido de la universidad. Ver más.

            Apuntes Políticos

            -El semestre pasado realizamos con el Representante Iván Cepeda un debate de control político sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este trimestre emprendimos la tarea de visibilizar el impacto del conflicto en los cuerpos y las vidas de las mujeres y estamos trabajando de la mano de periodistas y medios de comunicación para poner el tema en la agenda pública. También enviamos una comunicación a la Fiscal General de la Nación y nos reunimos con la Alta Consejera Presidencial para Asuntos de la Mujer, con el fin de llamar la atención sobre la urgencia de desarrollar políticas al respecto. Ver más.

            -Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz e integrante de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, intervine en eventos donde se proponen salidas al conflicto colombiano y promoví la participación política de las mujeres.

            -Motivé la realización de un encuentro que permitiera avanzar en la implementación de la Ley 1413 de 2010, por medio de la cual se incluye la economía del cuidado (trabajo doméstico) en el sistema de cuentas nacionales con el propósito de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, y constituirse en una herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Ver más.

            *Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas sobre nuestro trabajo de Pedagogía Legislativa y Política entre junio y septiembre 2011.

             

            Nuestras historias

            No pasemos de un Estado Laico con lógica constitucional a una dictadura del Santo Oficio

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara, denunció que pese a lo establecido por la Corte Constitucional (Sentencia C-355 de 2006) frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan el acceso de las mujeres a este derecho fundamental, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta, en muchas ocasiones, contra la salud y la vida de las mujeres, va en contravía de la normatividad y niega sus derechos sexuales y reproductivos. 

            “La objeción de conciencia institucional es un sinsentido conceptual, inconstitucional y una postura irresponsable, y, la objeción de conciencia frente al interrupción voluntaria del embarazo es una postura discutible moralmente y cuestionable en términos políticos, pues desconoce un fallo constitucional y niega tajantemente los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres”, enfatizó la parlamentara

            El Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar con el rosario como guía política y legislativa, y, de esa manera, obstaculizar la aplicación de normas públicas y legales por creenciasreligiosas individuales”.

            “Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, moral y constitucionalmente hablando. En especial, las creencias religiosas de los funcionarios públicos son respetables y legítimas. Sin embargo, si se trata de generar políticas públicas y transformar las normas formales a partir de esas creencias religiosas esa intención sí es criticable. Pretender que los principios de la religión católica guíen la política y las leyes de un Estado es, por decir lo menos, pretender gobernar con una lógica medieval y abandonar la modernidad y el Estado laico que tantos avances ha tenido en la historia de la humanidad. En sentido estricto, es pasar de una racionalidad constitucional a una dictadura del Santo Oficio”, dijo.

            La congresista argumentó que la objeción de conciencia como lo indica su nombre sólo se reconoce a personas naturales “con conciencia” y no a instituciones estatales o personas jurídicas que se rigen por normas y reglas. Por lo tanto no es posible tener clínicas, hospitales, centros de salud, ni públicos ni privados, que presenten objeción de conciencia frente a la práctica de un aborto en las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

            Ángela Robledo dijo que no se trata de una mera discusión filosófica o jurídica: “Este tipo de argumentaciones tiene implicaciones prácticas en la vida, la salud y la autonomía y dignidad de las mujeres. No es sólo un asunto de creencias, es un asunto que tiene repercusiones prácticas de los más altos calibres vitales que pasa por una asimetría de poderes en una cultura patriarcal e incide directamente en la democracia".

            "Qué mala costumbre la de Colombia en hacer avances mínimos en derechos y libertades, e intentar dar tres pasos atrás inmediatamente”, aseguró Robledo frente a las iniciativas que están en trámite en el Congreso para penalizar el aborto y retroceder los avances de la Corte Constitucional.

            Robledo se distanció enfáticamente de la postura del Senador José Darío Salazar del Partido Conservador, quien propuso que las mujeres violadas dieran sus hijos en adopción: “Las mujeres no somos máquinas de parir hijos. No somos un medio para procrear. Somos personas, con fines propios que los deliberamos autónomamente y los decidimos sin imposiciones externas, ejerciendo nuestros derechos reconocidos en el orden constitucional”.

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            Nuestras historias

            Ángela Robledo y John Sudarsky responden al llamado de atención del Veedor del Partido Verde

            ¿Dónde estaba Usted cuando se hizo la alianza en Bogotá con Álvaro Uribe?
            La Representante a la Cámara Ángela Robledo y el Senador John Sudarsky hicieron pública una comunicación dirigida al Veedor del Partido Verde, Iván Rojas, luego del “llamado de atención” de Rojas a raíz del acto simbólico de protesta que los congresistas protagonizaron en el Congreso Nacional de la colectividad, en rechazo a la participación del ex presidente Uribe en las campañas verdes, acto que el veedor calificó de “irrespetuoso, contrario a la solemnidad y al protocolo del mismo”.
            En un gesto simbólico los parlamentarios se presentaron en el Congreso Nacional realizado en Bogotá el 28 de septiembre vistiendo una camiseta negra con la foto que todos los medios circularon (el lunes 26 de septiembre) alusiva a las correrías de las directivas del Partido en la localidad de Usme en Bogotá, acompañadas del ex presidente Uribe.
            “Nuestro gesto fue un acto político de indignación, expresión de una minoría que resultó ser mayoría ese día y que le permitió a muchos de los asistentes al Congreso, aún con el temor a ser censurados, gritar al unísono: ¡Uribe no, Uribe no! Nuestro rechazo no es al Partido Verde, cuyos principios, juramos cumplir hace dos años y encarnamos en nuestro trabajo como legisladores. Nuestro rechazo es a la llegada de Álvaro Uribe Vélez, quien a través de ocho años de gobierno, significó todo lo contrario a aquello que juramos cumplir”, dice la carta de los parlamentarios verdes.
            Rojas anotó que la misiva es un “llamado a la cordura y a la sensatez”, sin embargo dejó sentado que los congresistas podrían haber incurrido en “la transgresión del Código de Ética de la Colectividad”.
            “Cuatro camisetas con la consigna "me niego", que simboliza la indignación por lo que viene ocurriendo con el Partido Verde, no pueden ser la causa de la desinstitucionalización del Partido. Por el contrario la verdadera causa de nuestra profunda crisis, tiene que ver con la llegada de Álvaro Uribe Vélez, lo cual ha significado el retiro de miles de simpatizantes y el rechazo de quienes consideran que las directivas del Partido hemos traicionado sus principios”, dijeron Robledo y Sudarsky en la carta.
            Frente a este pronunciamiento, Angela Robledo dijo que “me llama la atención que nos apliquen el Código de Ética a John Sudarsky y a mí por este acto simbólico de indignación y no pase nada con quienes permitieron la alianza con Uribe, de quien todos conocemos su legado no sólo para Bogotá, sino para todo el país. Yo no me voy a dejar silenciar: frente a las prácticas de silenciamiento, la resistencia”.
            Ahora el Veedor, Iván Rojas, deberá responderles a los parlamentarios unas trece preguntas que dan cuenta de trámites políticos y administrativos del Partido Verde, incluida la convocatoria al Congreso Nacional, que Robledo considera ilegítima.
            ESTE ES EL TEXTO DE LA CARTA DE RESPUESTA DE LOS CONGRESISTAS ANGELA ROBLEDO Y JOHN SUDARSKY AL VEEDOR DEL PARTIDO VERDE.
            Bogotá D,C, octubre 05 de 2011.
            Señor:
            Iván Ernesto Rojas Guzmán
            Veedor Interino/ Partido Verde
            Cuatro camisetas con una consigna "me niego" que simbolizan la indignación por lo que viene ocurriendo con el Partido verde, no pueden ser la causa de la desinstitucionalización del Partido Verde. Por el contrario la verdadera causa de nuestra profunda crisis, tiene que ver con la llegada de Álvaro Uribe Vélez, lo cual ha significado el retiro de miles de simpatizantes y el rechazo de quienes consideran que las directivas del Partido hemos traicionado los principios.
            Queremos preguntarle, señor Veedor Interino:
            1.¿Dónde estaba usted cuando se hizo la alianza en Bogotá con Álvaro Uribe, la cual se presentó como una alianza programática, de la cual nunca hemos conocido su contenido?
            2.¿Conserva usted el documento de Coalición que se debió suscribir de acuerdo al artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y que quizá algunos de nosotros aún no conocemos?
            3.¿Dónde estaba el 16 de junio de este año cuando algunos miembros del PV interpretaron la presencia de Enrique Peñalosa en la ciudad de Cali, en la presentación de la candidatura por el partido de la U del hijo de Senador de la U, Roy Barreras, como doble militancia?
            4.¿Conoció las imágenes de los medios de comunicación y las protestas de los jóvenes verdes en esta ciudad?
            5.¿Recibió alguna amonestación el Dr. Peñalosa por un acto que podría interpretarse como doble militancia?
            6.Nos preguntamos, de nuevo, ¿dónde ha estado usted para responder a las comunicaciones escritas, las cuales anexamos, donde hemos solicitado el balance sobre las condiciones en las cuales se expidieron los cerca de 9 mil avales que entregó el Partido Verde, avales frente a los cuales se recibieron múltiples quejas, comunicaciones que nunca han recibido respuesta ni del Representante Legal, ni suya?
            7.¿Dónde estaba señor Veedor Interino, cuando el 9 de septiembre por medio escrito, expresamos nuestra inconformidad por haber sido expresamente excluidos de la convocatoria de la Dirección Nacional, del día 24 de agosto, cuando se planteó la realización del Congreso y cuyas pruebas anexamos en su momento?
            8.¿Dónde estaba, cuando el 28 de julio de 2011 enviamos carta al Vocero del Partido, al Representante Legal y usted para protestar por tantas presuntas irregularidades?
            9.¿Dónde ha estado usted, para responder a las múltiples quejas que llegan de las regiones por la forma como se han venido tomando decisiones en el Partido de manera inconsulta, improvisada?
            10.¿Conoce usted sobre las quejas que hay en muchas regiones por la forma como fueron convocados los asistentes al Congreso?
            11.¿Sabe usted que nunca nos llegó la agenda y cuando preguntamos por ella, la respuesta de Daniel García, no parece ser la del Secretario General del Partido Verde?
            12.¿Conocía usted que en lugar de convocarse a un Congreso de un Partido, el evento parecía obedecer más a una estrategia para proclamar a Enrique Peñalosa, como candidato a la Alcaldía de Bogotá, como se dijo en distintos medios de comunicación?
            13.¿Por qué además de todo esto no se realizó la Convocatoria al Congreso Nacional Ordinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos del Partido, ya que no se formuló la invitación a la totalidad de los y las integrantes de la Dirección Nacional el día que se citó el Congreso, cumpliendo las ritualidades en debida forma, y mucho menos se acataron las funciones del Congreso el día del evento, establecidas en el artículo 14 respecto a, por ejemplo, el nombramiento del Veedor titular?
            Nuestra acción fue un gesto político de indignación, un gesto de expresión de una minoría que ese día resultó ser mayoría y que le permitió a muchos de los asistentes al Congreso, aún con el temor de ser censurados, gritar al unísono con nosotros: Uribe no, Uribe no. Nuestro rechazo no es al Partido Verde, cuyos principios, los cuales juramos cumplir hace dos años, los hemos encarnado en nuestro trabajo como legisladores, Nuestro rechazo es a la llegada de Álvaro Uribe Vélez, quien a través de 8 años de gobierno, significó todo lo contrario a aquello que juramos cumplir.
            Quedando a la espera de la respuesta a cada una nuestras preguntas.
            Cordialmente,
            ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ/ REPRESENTANTE A LA CAMARA
            JOHN SUDARSKY ROSENBAUM/SENADOR DE LA REPÚBLICA
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            Angela Robledo protestó por muerte de niños indígenas, por cuenta de la inoperancia y negligencia del ICBF

            Ángela Robledo sentó nuevamente su voz de protesta en contra del olvido y la exclusión a que el país tiene sometida a la niñez indígena por cuenta de la inoperancia y negligencia del ICBF.

            “La muerte de los niños indígenas en Puerto Gaitán nos conmovió a todos. Resulta intolerable y debería ser impensable que frente a un presupuesto de casi cuatro billones de pesos, el ICBF no haga nada”, enfatizó la parlamentaria.

            Robledo dijo que “La desnutrición de los niños indígenas es más del doble (7,5%) que la de los niños en el resto del país”, según la Encuesta Nacional de Nutrición en Colombia (ENSIN 2010) realizada por Profamilia y contratada por el Gobierno Nacional.

            De acuerdo con la ENSIN los departamentos que tienen un mayor número de niños desnutridos son La Guajira (11%), Magdalena (6,8%), Chocó (6,3%) y Amazonas (5,8%), regiones que tienen una alta población indígena. Es de anotar que el promedio nacional es de 3,4%.

            “Estas poblaciones indígenas, a las que se le debería garantizar todos los derechos, de manera prioritaria y privilegiada, son las más pobres y desnutridas de este país”, afirmó la Representante.

            La congresista dijo que la situación de Puerto Gaitán es la expresión de una realidad dramática que viven las niñas y niños que están bajo las condiciones más vulnerables en Colombia: poblaciones indígenas, niñas y niños con SISBEN 1 y 2, niñas y niños desplazados por el conflicto armado.

            “Elvira Forero, Directora del ICBF, está convencida que a punta de leche y galletas durante 1.500 días se solucionan los problemas de desnutrición de los niños pobres del país, desconociendo las dinámicas locales y culturales”, dijo Robledo.

            “Me gustaría que la Directora del ICBF le explicara al país cómo su programa estrella, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que invirtió 480 mil millones (2010) y que debe priorizar a las poblaciones indígenas y más pobres, obtiene estos indicadores tan críticos”, dijo Robledo.

            La parlamentaria dijo que la Comisión Séptima de la Cámara le ha cancelado en cinco oportunidades un debate de control político a la Directora del ICBF, debate que Robledo viene preparando hace casi un año sobre el cumplimiento constitucional de la misión que se le ha encargado al ICBF en el Artículo 44 de la Constitución.

            (Clic aquí para descargar la constancia presentada en el Congreso de la República).

            Clic aquí para ver video de la intervención de la Representante Angela Robledo.

             

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            "La muerte de niños por desnutrición no se evita con leches y galletas, como lo intenta el ICBF", dijo Angela Robledo

            La polémica por la dramática situación de niños indígenas que mueren de desnutrición en Puerto Gaitán (Meta), revelada por SEMANA, llegó al Congreso. "Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF", dijo la representante a la Cámara Ángela María Robledo. ICBF en el Meta responde.

            Tras las revelaciones de SEMANA sobre las muertes de niños indígenas en Puerto Gaitán (Meta) por desnutrición, la representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien ha investigado el desempeño de los programas para la infancia colombiana, aseguró que la preocupación por la nutrición infantil de las comunidades indígenas del país viene desde el año 2007, cuando SEMANA reveló las escalofriantes cifras sobre el mismo drama en el Chocó.
             
            Robledo se preguntó cuál es la verdadera condición de nutrición de los niños en Colombia y qué módulo de investigación existe para analizar el flagelo en profundidad.
             
            La parlamentaria recordó que desde el año pasado, cuando se conocieron los resultados de la Encuesta Nacional para la Nutrición, cuestionó la ausencia de una evaluación de la nutrición de los niños indígenas.
             
            "En agosto de 2010 les escribimos una carta a la vicemininistra de la Protección, Beatriz Londoño, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recordando el informe de desnutrición infantil en el Chocó y cuestionando por qué no se tenía reporte de la situación de desnutrición de las comunidades indígenas", aseguró Robledo.
             
            No obstante, la congresista dijo que el Viceministerio de la Protección Social no respondió y que Elvira Forero, directora del ICBF, le dijo que "lo tendrían en cuenta en un sondeo general, no en un módulo especial, como se había solicitado".
             
            Aunque la parlamentaria criticó la poca claridad en la metodología del sondeo general, destacó que los resultados concluían que la desnutrición crónica, aguda y global que padecían los niños indígenas era el doble de la que sufrían los blancos y mestizos.
             
            Según Robledo, aunque la Encuesta Nacional para la Nutrición concluyó que la población de niños mejoró "en general" en este aspecto, se reconoció que la "desnutrición de las poblaciones más vulnerables no mostraba ninguna mejoría".
             
            "La pregunta es qué está pasando con los niños indígenas en Colombia. No sabemos la problemática real porque en muchos de los casos la información se cruza con los departamentos en los cuales la desnutrición es mayor, como La Guajira, el Chocó y el Amazonas, los cuales tienen además una alta población indígena", explicó la representante.
             
            Agregó que aún se desconoce por qué el ICBF terminó con su unidad de investigación, la cual desde el año 2008 había comenzado un estudio sobre desnutrición clasificado por micro regiones. Según Robledo, los altos índices de desnutrición no se pueden resolver con los programas tradicionales del ICBF. "En este tema no hay cifras consistentes y las salidas no puede ser el programa de desayunos. Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF". Añadió además que tiene información sobre algunas etnias donde "la leche produce diarrea".
             
            De acuerdo con Robledo, los contratos para la nutrición infantil continúan siendo el talón de aquiles. "Los grandes contratos a nivel nacional no permiten que este tipo de problemáticas se manejen de manera local. El ICBF tiene 500 mil millones de pesos, pero no puede seguir el ICBF con el 80 por ciento de la contratación. De esa forma, se debilitan la gestión local y departamental y así se impide el desarrollo de programas especiales. Habría más posibilidad de solución si la contratación se maneja en el orden local", considera.
             
            Sobre la categoría de Puerto Gaitán como el municipio que más recibe regalías por la extracción de petróleo, Robledo señaló que se trata de una "gran paradoja" e insiste que además de la gestión del ICBF, se debe preguntar por el favorecimiento de los mencionados contratos "a unas pocas organizaciones y cooperativas empresariales de alimentos".
             
            ICBF responde
             
            Ante la denuncia de SEMANA, la directora de la seccional del Meta del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Solano, aseguró que la institución tiene información distinta a la publicada por SEMANA."Tengo entendido que muere otro número de niños, pero por otras patologías como discapacidad, neumonía y diarrea", afirmó.
             
            Ante su respuesta, la congresista Robledo dijo que sea o no la desnutrición una causa de fallecimiento de los niños, el Estado debe responder por qué los menores pierden la vida en los resguardos."El Código de Infancia promulga que el Estado debe ser garante de los derechos de la niñez", insistió.
             
            A propósito de esta afirmación, la representante Robledo recordó que hace unos tres años se presentó un debate entre Paul Martin, representante de Unicef, y la directora del ICBF, Elvira Forero, sobre lo que pasaba en Colombia en relación con los certificados de defunción que no especificaban cuando se trataba de desnutrición. “Esto le costó a Paul la salida de Colombia”, dijo.
             
            Según Solano, el Centro de Recuperación Nutricional, que es cercano al hospital de Puerto Gaitán, recibió en el primer semestre de 2011, 25 niños por desnutrición aguda (peso para la edad) y global (peso sobre la talla y la estatura).
             
            Berta Forero, subdirectora de Nutrición del ICBF, aseguró que está en ejecución una estrategia de choque basada en la atención intrahospitalaria y la especializada. No obstante, para Forero, la desnutrición puede ser también una consecuencia cultural. "La cultura está cerrada. No quieren sacar a los niños, sólo los llevan cuando los ven totalmente mal. Además se presentan dificultades para movilizarse", precisó Forero.
             
            La funcionaria resaltó que por el difícil acceso a los resguardos se presenta sólo un "subregistro de la población que muere por desnutrición". También explicó que la inanición no se da únicamente por carencia de alimentos. "La comunidad está aislada, no tiene agua, deben pasar caminando de dos a tres días para la atención, además culturalmente, prefieren la medicina ancestral", insistió.
             
            Ante las razones culturales, la parlamentaria Robledo refutó que aunque el Código de Infancia "debe respetar la cultura de los niños indígenas, por encima debe respetar su derecho a recibir atención de salud. Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos niños mueran". Robledo argumentó que ningún indígena "va a querer que sus hijos se mueran".
             
            Por su parte, Solano agrega que el ICBF tiene unidades móviles que viajan tres veces al año a las comunidades indígenas: "para no retirarlos de sus comunidades, los llevamos (a los niños) a hogares sustitutos de indígenas ubicados en la parte urbana".
             
            Finalmente, Robledo sugirió que la seccional del ICBF en el Meta debe trabajar en conjunto con las secretarías del departamento. Ante su propuesta, el ICBF aclaró que tiene un convenio con la Alcaldía de Puerto Gaitán, financiado con el 1 por ciento de las regalías, avaluado en 942 millones de pesos. "Esa alianza cubre a la población indígena y a los hogares comunitarios", explicó la directora de la seccional.
             
            Finalmente, Solano anunció que el ICBF, en el orden zonal, regional y nacional, realiza "una avanzada para verificar la situación de desnutrición y mortalidad infantil y así informar qué es lo que realmente está pasando".

            Por: SEMANA.COM

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            Alma Máter: ¿La bolsa de empleo de la Directora del ICBF?, pregunta Ángela Robledo

            La Representante a la Cámara Ángela Robledo alertó nuevamente a los organismos de control para que revisen con especial cuidado la enorme contratación de profesionales por parte del ICBF a través de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional – Alma Máter, y hagan los correctivos del caso en unos procesos que a todas luces resultan irregulares.

             “La directora del ICBF contrató 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional, es decir, en Bogotá (55%) 4.108 de estos contratistas”, dijo la parlamentaria.

            Robledo aseguró que si bien es muy importante generar empleo esa no es la misión ni el propósito del ICBF, institución que cuenta en su planta de personal con 5.100 funcionarios de todas las especialidades.

            A pesar de que la directora del ICBF aseguró que la contratación de profesionales está dirigida a fortalecer los equipos interdisciplinarios de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, Robledo constató que “el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros, abogados y administradores de empresas, en unos contratos muy cortos que no generan procesos y contribuyen a una mayor precarización del empleo en el país”. 

            “El ICBF, por ejemplo, suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223), el 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se suscribieron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días.¿Será que unos equipos se pueden fortalecer de está manera?”, se pregunta la congresista.

            Sobre la contratación de ICBF con Alma Máter la Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública. La Procuraduría dijo que podría tratarse de una nómina paralela en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter son irregulares.

            Pese a que Elvira Forero ha dicho que está dispuesta a “aclarar, aclarar y aclarar”, el debate de control político solicitado por Ángela Robledo se ha postergado en cuatro oportunidades en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes: “Acaban de pasarlo del 28 de septiembre al 5 de octubre. Solicité este debate desde el 26 de julio como consta en la proposición radicada en la Comisión y cada vez que está agendado lo cambian”, aseguró la parlamentaria.

            Robledo, que adelantó un debate en julio del año pasado a la directora del ICBF sobre su negligenca en la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y que lleva un año haciendo seguimiento al desarrollo de programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes, aseguró que los informes de los entes de control recogen las múltiples inquietudes que ella ha venido denunciando: “Coincido con la Procuraduría y la Contraloría en que Elvira Forero tiene la obligación de explicarle al país las múltiples irregularidades en que ha estado involucrado el Instituto por cuenta de una gestión que ha sido a todas luces DESFAVORABLE a la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables y muy rentable para determinados grupos de contratistas”.

            Robledo puntualizó que ya es hora de que “El presidente Santos ponga la urna de cristal en el ICBF y se oriente su misión a la protección de los derechos humanos de las familias más pobres”.

             

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            Información Prensa: Margarita Sarmiento 3202343806

             

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            Angela Robledo e Iván Cepeda piden cero tolerancia contra violencia sexual

            Representantes piden al Estado adoptar medidas eficaces para enfrentar esta situación.

            Los representantes a la Cámara Ángela María Robledo, del Partido Verde, e Iván Cepeda, del Polo, quienes lideraron un debate de control político sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto, le pidieron al Estado adoptar "medidas más eficaces" para hacer frente a esta situación. 

            ¿Cuál es la situación de las mujeres que son violadas en el contexto del conflicto armado? ¿Están denunciando más?

            Ángela Robledo: Ha empezado a aflorar una especial sensibilidad frente a este tema. Aunque no haya informes que permitan decir que las denuncias han aumentado o disminuido, esta es quizá la primera vez en que se empieza a hacer visible la situación. 

            ¿Los responsables de este delito han sido guerrillas y grupos de extrema derecha?

            Iván Cepeda:
             La Corte Constitucional ha dicho que la violación a la mujer es un método de guerra, utilizado para mantener satisfechas a las tropas, algo que se ve hasta en la Fuerza Pública.

            Ángela Robledo: Según Medicina Legal, entre el 2007 y el 2009 la Fuerza Pública fue responsable de 126 casos de violación, mientras la guerrilla, de 32; y 'paras' y bandas, de 10. Quizá la Fuerza Pública esté más involucrada porque hay más mecanismos para incriminarla, pero no es posible que aparezca como responsable de este delito.

            ¿Qué ha dicho el Gobierno sobre este punto específico?

            Ángela M. Robledo: Han cuestionado y rechazado este hecho, pero uno sí echa de menos acciones más contundentes. 

            Iván Cepeda: El Gobierno ha manifestado su voluntad, pero este proceso requiere de medidas de largo aliento, como crear políticas públicas para enfrentar la situación. También es momento de que haya juicios y condenas, y de que haya cero tolerancia contra este delito.

            94.000 mujeres abusadas en 9 años

            Según una encuesta de Oxfam y varias organizaciones realizada en 407 municipios, más de 94 mil mujeres fueron víctimas de abuso sexual entre el 2001 y el 2009. Más de 26 mil quedaron embarazadas.

            REDACCIÓN POLÍTICA EL TIEMPO

             

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            Elecciones sentarán precedente en participación política de mujeres, advierte Angela Robledo

            Elecciones de octubre sentarán precedente en participación política de mujeres. Así lo aseguró la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien consideró que el aumento de las posibilidades de participación de las mujeres en la política es el primer paso para un cambio cultural, que requiere formación política y de mirar críticamente “esta sociedad patriarcal”.

            "El reto arranca por una revolución nuestra, en términos de que las mujeres que lleguemos a corporaciones y a esta tarea política representemos los intereses de miles de millones de mujeres que hacen parte de un país que no reconoce nuestro trabajo ni en el espacio privado, ni en el espacio público", explicó.

            La representante Robledo aseguró que “el balance que se hacía el año pasado era preocupante, previo a la aprobación de la reforma política, que introdujo con muchas dificultades y debates las acciones afirmativas en las listas para los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con la democratización de los partidos y la perspectiva de género. Al año 2010, sólo el 14% de las mujeres eran concejales, 17% diputadas, 9% alcaldesas y en promedio en las dos Cámaras del Congreso un 14%”, indicó.

            Estas declaraciones surgen pocas horas después de que Hilary Clinton, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, y otras líderes mundiales firmaran una declaración en el marco de la Asamblea General de la ONU, en el que instaron a los países que emergen de conflictos o se encuentran en transición, a eliminar todas las barreras discriminatorias que afrontan las mujeres en la vida política.

            Según la ONU, las mujeres constituyen menos del 10% de los líderes mundiales, y sólo uno de cada cinco legisladores es mujer.


            Por: RCN La Radio

             

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            No más ‘Bolillo’ para las mujeres

            Un gran debate se planteó al país luego de que se conociera la noticia de que Hernán Darío Gómez (El Bolillo) había golpeado a una mujer, al salir de una noche de rumba. En el marco del Mundial, las directivas de fútbol y el público pidieron la cabeza del técnico y la conclusión fue tarjeta roja, ratificada por el presidente Santos, que lo dejó fuera de lugar y el debate se canceló.

            Propuse en ese momento una acción colectiva y pedagógica que nos permitiera como sociedad trabajar esta problemática no solo desde la sanción punitiva, sino desde la transformación de nuestros imaginarios y prácticas culturales. Darle la oportunidad a Hernán Darío de involucrarse en una campaña en contra de la violencia, implicaba reflexionar en voz alta sobre lo que pasa de manera cotidiana en muchas familias, aquello que preferimos esconder debajo de la alfombra: la casa como el gran escenario donde se violan permanentemente los derechos humanos de mujeres, niñas y niños.

            Hernán Darío salió y las cifras de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar continúan aumentando todos los días, sin que exista una política pública nacional dirigida a modificar los roles tradicionales y las viejas estructuras de poder presentes en nuestras relaciones familiares.

            El gobierno ha sido incapaz de reglamentar la Ley 1257 para erradicar la violencia contra las mujeres y el perfil de la Alta Consejería no da cabida a programas dirigidos a acabar este flagelo.

            Nadie puede desconocer que gracias a las investigaciones, trabajo y dedicación de organizaciones sociales de mujeres y de feministas, cada vez la violencia contra las mujeres ha adquirido un carácter público que toca a la sociedad en su conjunto y que exige programas y estrategias, pero también hay que reconocer que esta violencia implica relaciones de dominio y explotación que pasan por prácticas culturales que las justifican y que aún continúan intactas. Es muy grave que la "naturalización de la violencia" lleve incluso a las mismas mujeres a esgrimir el argumento que "...somos necias y cansonas y nos merecemos que nos casquen", como lo dijo recientemente una Senadora.

            Cifras de Medicina Legal dan cuenta de que cada hora, seis mujeres están siendo golpeadas en el país. En el Informe Forensis del 2009 se reportan 73.450 casos de violencia intrafamiliar; 6.120 mujeres fueron golpeadas cada mes; 54.192 mujeres recibieron maltrato de su pareja. Dos mujeres son violadas cada hora y una mujer es asesinada cada tres días. Todo esto en la casa. Sin contar las cifras de la violencia política y social que padecen las mujeres a diario en nuestro país.

            ¿Por qué no existe una política pública frente a esta violación permanente de derechos humanos? Sabemos que se puede. Si hay voluntad política es posible enfrentarla. En Bogotá desde la Dirección de Bienestar Social del Distrito, trabajamos el programa Desarmarnos con Amor, el cual contribuyó a posicionar en la agenda pública la violencia intrafamiliar y sexual como intolerables sociales y culturales, al desarrollar una tarea conjunta entre Estado, sociedad y familia.

            Desarmarnos con amor fomentó la conversación entre hombres y mujeres, con el propósito de darles visibilidad a las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, aumentar la autoregulación y la regulación ciudadana frente a las mismas y fortalecer la calidad de la atención en las distintas instituciones responsables, a través de la formación de funcionarias y funcionarios públicos, para propiciar así un efectivo acceso a la justicia y al restablecimiento de derechos.

            Insisto, si la pasión que nos anima frente al fútbol la ponemos para erradicar la violencia, podremos avanzar en la tarea de Desarmarnos con amor. Hernán Darío fue el chivo expiatorio que cargó no solo con su propia culpa por cometer un delito, también animó un debate urgente y necesario que sigue pendiente. Nuestra sociedad machista y patriarcal privilegia el golpe sobre la palabra, la fuerza sobre la sensibilidad, y la violencia sobre el reconocimiento y respeto a la diferencia.

            Seguimos esperando la respuesta de la Dimayor frente a nuestra propuesta para hacer juntos una tarea pendiente: ¡jugarle limpio a las mujeres en Colombia!

            Columna de opinión para el periódico La Patria

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            Nuestras historias

            Ángela Robledo dice que “pareciera que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar, ojalá con empresarios amigos”

            La Representante a la Cámara Ángela Robledo alertó a los organismos de control para que revisen las irregularidades que se vienen presentando en la contratación de alimentos dirigidos a niños, niñas, jóvenes y viejos por parte del ICBF y que involucra a políticos del Partido del Presidente Santos, en particular a Efraín Torrado García, Senador de la República y Edgar Torrado García, Concejal del Partido de la U en Bogotá.

            Robledo, que prepara un debate de control político a la Directora del ICBF, Elvira Forero, afirmó que “El ICBF ha duplicado su presupuesto en los últimos años: ha pasado de manejar 1,7 billones a 3,1 billones en los últimos años. Es la segunda entidad del Estado, después del Ministerio de Defensa, que más recursos tiene para ejecución. Parece más una gran empresa contratista que una institución garante de los derechos de la infancia, la vejez y la familia. Pareciera que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar y no garantizar, alimentar y proteger a la población más pobre y vulnerable”.

            La parlamentaria aseguró que es urgente revisar en qué va la investigación sobre la contración del ICBF a nivel nacional con la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooprosperar, vinculada a los hermanos Torrado García y que adelanta la Fiscalía General de la Nación desde enero de este año.

            Cooprosperar y otras empresas relacionadas con los dirigentes del Partido de la U habrían firmado contratos con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) por cerca de 162 mil millones de pesos, para suministrar refrigerios escolares y alimentos a comedores comunitarios en Bogotá, durante el gobierno de Samuel Moreno. Pese a la mala calificación que dichas empresas recibieron por parte de la Contraloría de Bogotá (2009), las operaciones con esas firmas corresponden al 28% del total de la contratación de la SDIS entre 2008 y 2010 en la capital.

            Las empresas vinculadas a los hermanos Torrado fueron grandes contratistas del gobierno nacional durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe. En los últimos cuatro años la contratación de Cooprosperar con el ICBF ascendió a $55.577 millones de pesos. 

            Consulte la tabla que resume los contratos de Cooprosperar junto con otras entidades con el ICBF.

            Efraín Torrado, dos veces Senador de la Repúblicafue homenajeado en octubre de 2009 en Bogotá, en un evento que convocó a unas tres mil personas y buena parte de la dirigencia nacional. Durante el homenaje el ex presidente Uribe le extendió un sentido discurso de aprecio y admiración: “(…) No es fácil encontrar en la vida privada alguien cuyo propósito empresarial tenga como único objetivo creer en la ciudadanía y servirle ¡Qué bonito! Un gran ejemplo para el ejercicio de la actividad privada en Colombia. (…) Gracias, senador Efraín Torrado, por entender que 46 millones de colombianos necesitamos dos direcciones económicas: una dirección para acceder a mercados y otra dirección para fomentar la inversión empresarial. Usted sí que lo entiende (…)”

            Ángela Robledo ha recogido múltiples quejas de la ciudadanía en Bogotá, Boyacá y los Santanderes que dan cuenta de la mala calidad, cantidad y oportunidad de los alimentos y de las deficiencias e irregularidades de Cooprosperar en la prestación de los servicios que el ICBF le contrata. Sin embargo, no pasa nada.  

            A pesar de que en la hoja de vida de Edgar Torrado figura su participación como “Fundador, gestor y miembro de la junta directiva de Cooprosperar”, los Torrado aseguran que los informes respecto a su participación no son ciertos. Efraín Torrado dijo que lleva muchos años retirado de los negocios de su familia y que quienes son dueños de las empresas son sus sobrinos René Torrado y Andrés Jiménez Torrado.  

            Entre tanto, Ángela Robledo sigue planteándose preguntas: “¿Dónde están las acciones del ICBF para lograr los correctivos pertinentes? ¿Ante dichos incumplimientos en la ejecución contractual de la Cooperativa Cooprosperar, que ponen en peligro la vida de niños, jóvenes y viejos, por qué no se actúa de manera diligente y responsable exigiendo el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales? ¿Dónde está la directora del ICBF? Habrá que esperar a que el Congreso le ponga fecha a este debate, cuya agenda ha sido modificada en dos ocasiones”, puntualizó la Representante a la Cámara.

             

            Información Prensa: Margarita Sarmiento 3202343806

             

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            Ángela Robledo propone iguales derechos para trabajador@s

            La Representante a la Cámara rendirá ponencia positiva a un proyecto de ley que busca extender los beneficios otorgados a los empleados del sector privado (Ley 1280 del 2009) a servidores estatales. 

            La medida busca establecer el derecho a gozar de una licencia remunerada durante cinco días, cuando se presente la pérdida de un familiar (por luto). 

            Robledo basó su ponencia en la jurisprudencia vigente (Sentencias C-803 de 2009 y C-013 de 2010) que señalan la necesidad de igualar los derechos tanto para trabajadores privados como para los del Estado.

            El texto del Proyecto de Ley 223 de 2011 Cámara quedaría así: "Conceder a los servidores públicos en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral".

            El proyecto ya cursó trámite en Senado (Proyecto de Ley No. 075 de 2010) y está en su tercer debate. De aprobarse mañana en la Comisión Séptima de Cámara pasará a plenaria de Cámara para su aprobación final.

             

            Nuestras historias

            Ángela Robledo pide a Santos pasar "del escritorio al territorio"

            La Representante a la Cámara Ángela Robledo hizo un llamado al gobierno del Presidente Santos para que asuma de manera categórica el compromiso que adquirió el 7 de agosto de 2010 en la Sierra Nevada de Santa Marta para "defender la vida y el medio ambiente que la sustenta", en particular con lo relacionado a las acciones de mitigación y prevención de los desastres presentados en la ola invernal que ya pasó y la que se avecina y que impacta sobre todo a las poblaciones en mayor situación de pobreza en el país.

            “Quiero decirle al presidente Santos, que por estos días está haciendo balances que se va rajando en materia ambiental puesto que a pesar de que Colombia es un país privilegiado en la tenencia de recursos medioambientales -el país registra la segunda mayor biodiversidad en el mundo-, los distintos gobiernos han sido incapaces de poner recursos como el agua, la tierra, el oxigeno y la naturaleza, al servicio de la vida”, afirmó la parlamentaria.

            Robledo planteó que es urgente revisar las alertas que viene haciendo el IDEAM en el sentido de que "agosto no será suficiente para recuperar el territorio y tenerlo listo para lo que se nos viene desde septiembre. El país sigue altamente sensible y nos pueden pasar cosas graves otra vez. Es urgente pasar del escritorio al territorio".

            Robledo insistió que es prioritario escuchar voces como la Guillermo Escobar, Director del Fondo Distrital de Bogotá para la Atención de Emergencias quien viene advirtiendo que el Gobierno Nacional no ha girado los 80 mil millones de pesos con los que se harían las obras de mitigación necesarias para superar los efectos de la tragedia invernal, específicamente en los cerros orientales desde Usaquén hasta Ciudad Bolívar.

            La parlamentaria verde retomó las declaraciones hechas por el Director del IDEAM, Ricardo Lozano quien afirmó: “Se está avisando, acá no hay sorpresas, como tampoco hubo en la pasada ola invernal. Si sucede otra tragedia es una responsabilidad humana por no prever este tipo de circunstancias, es una responsabilidad del Estado y punto”.

            “Hace falta centrar el modelo de desarrollo en la preservación de la vida y el planeta, puesto que recursos tan vitales como el agua (tenemos tres veces más agua que el promedio de América Latina y seis veces más que el promedio mundial) se han vuelto nuestros enemigos a cuenta de la falta de planeación, de la dilapidación de recursos ambientales no renovables, de la agroindustria y la explotación minera, de la producción de biocombustibles, de la corrupción, la pobreza y la inequidad”, dijo Robledo.

            “Es urgente emprender una acción colectiva entre Gobierno y ciudadanía puesto que los ciudadanos y ciudadanas somos co-responsables frente a los asuntos públicos. El buen vivir significa comprender que el deterioro de uno es el deterioro de todos. La sociedad tiene que entender que la revolución que viene, la revolución del Siglo XXI, es ambiental, es verde”, enfatizó Robledo.

            Las declaraciones fueron hechas en la Comisión Séptima de Cámara en el marco de una invitación que Robledo cursó a la Procuradora Delegada, Ilva Myriam Hoyos, para que presentara las precarias condiciones que viven las poblaciones víctimas de la pasada emergencia invernal, que en la mayoría de casos son las poblaciones más pobres, en particular niños, niñas, jóvenes y mujeres.

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            Prensa: Margarita Sarmiento
            Prensa Angela Robledo- Representante a la Cámara
            Cel: 3202343806

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            Hablar de Paz en tiempos de guerra

            "No hay caminos para la paz; la paz es el camino"
            Mahatma Gandhi

            El epígrafe sintetiza el espíritu de esta columna: ¡La paz es el camino! Hay que hablar de paz, y más aún en tiempos de guerra; hay que asumir la paz profundamente, como un acto de co-responsabilidad, de construcción colectiva, de resistencia a la guerra, de exigencia a un Estado que por décadas no ha hecho apuestas radicales para frenar la industria rentable de la guerra y construir un modelo económico y  social sostenible para la paz.

            Esta columna surgió a partir del conmovedor  Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia: “El Diálogo es la Ruta” realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de agosto de 2011.Encuentro   diverso, plural, democrático y constructivo, en el cual  escuchamos las diversas voces de integrantes de cientos de organizaciones y movimientos sociales quienes exigen vivir en un país en Paz. He repetido en diversos medios que dicho encuentro sí fue infiltrado, totalmente infiltrado, pero  por los gestores y gestoras de paz, campesinos, afrocolombianos, indígenas, artistas, niñas, niños, jóvenes y algunos representantes a del Congreso de la República. Allí  encontramos un clamor masivo dirigido al presidente Juan Manuel Santos para que encuentre esa llave de la paz  que nos  prometió en su discurso de posesión, de tal manera que entre todas y todos, abramos esta  puerta.

            Algunas de las principales conclusiones del encuentro fueron en palabras de los organizadores, las siguientes:


            • Rechazar las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país, para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de la tierra y los  recursos naturales; favorece a las empresas transnacionales y a  grandes grupos económicos; acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio; estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, y deteriora radicalmente los procesos sociales, al  comprometer las condiciones de  nuestra soberanía y seguridad.
            • Ratificar el derecho constitucional que tenemos colombianas y colombianos  de vivir en paz. Propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia, de manera que la resolución de los conflictos de nuestra sociedad, pueda transitar por la vía del diálogo, la justicia social y la paz.
            • Invitar a caminar en la dirección que demanda generar un clima favorable para la paz. Es urgente trabajar juntos para consolidar una cultura de la paz. Las partes comprometidas en la confrontación, deben contemplar como un gesto mutuo frente a la sociedad colombiana, un cese de hostilidades que abra el espacio para el diálogo.
            • La solución política al conflicto armado, no puede ser un asunto  de competencia exclusiva de las partes comprometidas  de manera directa en la contienda militar.”Todas las voces todas, todas las manos todas” requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar en nuestra ruta.

            Dos premisas fundamentales, en mi concepto animaron el Encuentro: La paz no se decreta, la paz se construye y  en segundo lugar, la paz en Colombia exige resolver los conflictos de la tenencia de la tierra y lograr la justicia social. Guerrillas, paramilitares, actores ilegales del Estado y narcotraficantes hacen parte de la violencia y la  ilegalidad en nuestro país. El narcotráfico es quizás el más dañino de estos fenómenos, dada su capacidad potenciadora de violencias. Por eso es necesario un enorme y vehemente rechazo a toda forma de violencia y de  ilegalidad. Las ciudadanas y ciudadanos de Colombia necesitamos un compromiso político para generar una revolución serena. Las mujeres somos determinantes en este proyecto. Hemos dado muestras reiteradas de una enorme capacidad de resistencia, de organización y de solidaridad. Muchas mujeres han sabido sobreponerse al dolor que ha traído tanto daño infligido sobre sus cuerpos y almas. Convertir ese dolor en indignación y en un  potente  motor  cultural y politíco para la paz.

            Es tiempo de sentir  indignación  frente a los miles de muertos a lo largo y ancho de nuestra adolorida Colombia. Son nuestros muertos. Es tiempo de adoptar  como camino la paz . 

            Columna para el periódico La Patria

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            "Las mujeres no somos máquinas de parir hijos", dice Ángela Robledo

             

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara, denunció que pese a lo establecido por la Corte Constitucional (Sentencia C-355 de 2006) frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan el acceso de las mujeres a este derecho fundamental, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta, en muchas ocasiones, contra la salud y la vida de las mujeres, va en contravía de la normatividad y niega sus derechos sexuales y reproductivos. 

            “La objeción de conciencia institucional es un sinsentido conceptual, inconstitucional y una postura irresponsable, y, la objeción de conciencia frente al interrupción voluntaria del embarazo es una postura discutible moralmente y cuestionable en términos políticos, pues desconoce un fallo constitucional y niega tajantemente los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres”, enfatizó la parlamentara

            El Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar con el rosario como guía política y legislativa, y, de esa manera, obstaculizar la aplicación de normas públicas y legales por creenciasreligiosas individuales”.

            “Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, moral y constitucionalmente hablando. En especial, las creencias religiosas de los funcionarios públicos son respetables y legítimas. Sin embargo, si se trata de generar políticas públicas y transformar las normas formales a partir de esas creencias religiosas esa intención sí es criticable. Pretender que los principios de la religión católica guíen la política y las leyes de un Estado es, por decir lo menos, pretender gobernar con una lógica medieval y abandonar la modernidad y el Estado laico que tantos avances ha tenido en la historia de la humanidad. En sentido estricto, es pasar de una racionalidad constitucional a una dictadura del Santo Oficio”, dijo.

            La congresista argumentó que la objeción de conciencia como lo indica su nombre sólo se reconoce a personas naturales “con conciencia” y no a instituciones estatales o personas jurídicas que se rigen por normas y reglas. Por lo tanto no es posible tener clínicas, hospitales, centros de salud, ni públicos ni privados, que presenten objeción de conciencia frente a la práctica de un aborto en las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

            Ángela Robledo dijo que no se trata de una mera discusión filosófica o jurídica: “Este tipo de argumentaciones tiene implicaciones prácticas en la vida, la salud y la autonomía y dignidad de las mujeres. No es sólo un asunto de creencias, es un asunto que tiene repercusiones prácticas de los más altos calibres vitales que pasa por una asimetría de poderes en una cultura patriarcal e incide directamente en la democracia".

            "Qué mala costumbre la de Colombia en hacer avances mínimos en derechos y libertades, e intentar dar tres pasos atrás inmediatamente”, aseguró Robledo frente a las iniciativas que están en trámite en el Congreso para penalizar el aborto y retroceder los avances de la Corte Constitucional.

            Robledo se distanció enfáticamente de la postura del Senador José Darío Salazar del Partido Conservador, quien propuso que las mujeres violadas dieran sus hijos en adopción: “Las mujeres no somos máquinas de parir hijos. No somos un medio para procrear. Somos personas, con fines propios que los deliberamos autónomamente y los decidimos sin imposiciones externas, ejerciendo nuestros derechos reconocidos en el orden constitucional”.

            Las declaraciones de la parlamentaria verde se dieron en el marco del Foro el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la objeción de concienciaAlcances, límites y tensiones, convocado por el Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) de la Universidad de los Andes, Profamilia y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 

             

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            Votaré en contra del proyecto de Referendo de Cadena Perpetua, dice Angela Robledo

            La Cámara de Representantes, Corporación a la que pertenezco, se apresta a estudiar una iniciativa que por las finalidades que persigue reviste la mayor importancia: El referendo que busca modificar la Constitución Política para introducir en nuestro sistema penal la pena de prisión perpetua para quienes cometan delitos de violación sexual y otras gravísimas conductas, y de las cuales sean víctimas los niños y las niñas. En efecto, ninguna persona que tenga una mínima comprensión sobre la humanidad y sus valores, podría oponerse a que se busquen medidas que protejan la integridad, la libertad y el sano desarrollo de quienes merecen una especial protección por parte de sus familias, del Estado y de la sociedad toda.

            Dicho lo anterior, resulta necesario ir más a fondo para establecer la conveniencia o no de la iniciativa de la cual es vocera la Senadora Gilma Jiménez. Y es que, estando plenamente de acuerdo con los fines - la protección de los derechos de nuestros niños y niñas, tarea a la que he dedicado buena parte de mi vida a través las labores adelantadas desde la Fundación Restrepo Barco hasta la primera formulación de una política pública sobre infancia y adolescencia adelantada desde la Dirección del Departamento Administrativo de Bienestar Social durante la segunda administración del Ex Alcalde Mockus - me declaro enteramente contraria a los medios que propone la iniciativa en comento. Y en consecuencia votaré en contra de dicha iniciativa.

            Las razones que fundamentan mi decisión son de distinto orden. En primer lugar, por cuanto comparto plenamente las consideraciones expuestas por la Comisión Asesora del Gobierno en materia de Política Criminal, Comisión integrada por un excelso grupo de juristas especializados en los campos del Derecho Constitucional, Penal y de Política Criminal. Las razones expuestas por la Comisión miran tanto a la forma, el referendo de iniciativa popular, como al fondo de la reforma propuesta. En cuanto a lo primero, resulta que la pregunta contenida en la iniciativa, y cuya formulación bajo la forma de un referendo fue apoyada por un importante número de firmas de ciudadanos y ciudadanas, no contempla una graduación punitiva que guarde relación con la conducta del agresor.

            Si el Congreso votare la convocatoria de un referendo en los términos en que el mismo fue redactado, y si este obtuviera en las urnas el respaldo de las mayorías que establece nuestro ordenamiento político, toda persona que mate, viole, lesione o explote sexualmente a un menor, sin otra consideración, tendría que ser sometida a pena de prisión perpetua. Pues resulta que en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que consagra nuestra Constitución Política, un régimen de responsabilidad objetiva, esto es, que no toma en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta del ofensor, no puede tener cabida.

            La proscripción de toda forma de responsabilidad penal objetiva constituye uno de los grandes logros del ideario liberal, y hace parte del acervo de las sociedades democráticas junto a otros principios tan importantes como la presunción de inocencia, la legalidad de las penas o el juez natural. El proyecto se tornaría así contrario a nuestra Carta Política, y se caería a su paso por la Corte Constitucional.

            Si por el contrario el Congreso, al considerar la iniciativa decide introducir correctivos para hacerla conforme a nuestros principios demo-liberales, estableciendo como se aprobó en el Senado que "se podrá castigar, hasta con cadena perpetua...", entonces el proyecto devendrá inconstitucional ya que está prohibido cambiar sustancialmente sus palabras y su sentido. Ya la Corte Constitucional tuvo oportunidad de refrendar este principio al declarar la inexequibilidad del referendo reeleccionista.

            Las razones de fondo son aún más poderosas. Como lo ha informado la prensa, la Comisión cita estudios de Human Rights Watch, que indican la baja tasa de reincidencia de los abusadores de menores. Así que, como lo ha señalado el Partido Conservador - Oh paradojas de la vida- y la propia Iglesia Católica, si los que cometen este tipo de crímenes pueden tratarse social y sicológicamente, ¿para qué condenarlos de por vida a la destructiva experiencia de la cárcel? Y si se trata de un enfermo mental, ¿no deberían tener derecho a tratamiento siquiátrico? La Comisión señala con toda razón que la prisión perpetua no permite la resocialización del delincuente, aspecto fundamental dentro de nuestro ordenamiento constitucional.

            En esta materia, más que apelar a las emociones o incurrir en un peligroso populismo punitivo, se requiere eficacia en la aplicación de la Ley. No son las sanciones desproporcionadas e inconstitucionales, sino el temor a un pronto y efectivo castigo, aunado a políticas de educación y resocialización las que nos permitirán ir liberando a nuestra sociedad de tan grave lacra.

            Y que el Congreso no se equivoque dando trámite sin discusión a la iniciativa por su carácter "popular". Convertirse simplemente en estampador de sellos implicaría incumplir sus obligaciones y debilitar la democracia.

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            La Paz NO se decreta, se construye, dice Representante Angela Robledo

            LA PAZ NO SE DECRETA, SE CONSTRUYE

            Conmueve y da fuerza este escenario: mujeres diversas, de todas las edades, de muchas regiones del país y del mundo cargadas de vitalidad, comprometidas con la paz y la solidaridad. Bien-venidas a este escenario donde todos los días las mujeres tenemos que dar la pelea en minoría sobre temas que transforman una sociedad y que no obedecen a los intereses del patriarcado. Ustedes son expresión de que construir democracia es posible, democracia diversa, incluyente, vital, deliberante, una democracia fundada en una revolución no guerrera de las mujeres que busca cuidar la vida. La utopía es que nuestras democracias siguieran estas prácticas. 

            No soportamos más una demagogia sobre la guerra, necesitamos una pedagogía de la paz, con  condiciones que faciliten procesos de paz para el país, no que la entraben, la tranquen y favorezcan a unos pocos. Porque la paz no es únicamente la ausencia de conflicto, necesitamos políticas públicas capaces de disminuir las brechas de inequidad y exclusión que han vivido históricamente las mujeres.

            Mujeres, durante los últimos ocho años se intensificó una “ética” guerrerista del todo vale, donde no importaban los medios para llegar a ciertos fines. Necesitamos una “ética” del cuidado. Un proyecto donde no primen los guerreros, sino ciudadanas dialogando y explicitando sus intereses. Mujeres, gritemos a todo pulmón, ¡NO MÁS! No queremos seguir pagando una guerra que no es nuestra.

            Para lograr la paz es necesario promover el rechazo social y la censura moral al uso de la violencia, en particular en las prácticas políticas. La paz se construye, no se decreta para lo cual resulta necesario fortalecer la justicia, atender y dar mayor participación a los problemas regionales, fomentar la participación ciudadana y promover una profunda transformación cultural hacia la legalidad y la inclusión.

             Para lograr la paz las mujeres somos determinantes. No es una exageración, nosotras no hemos conocido la paz, este es un país en guerra donde las apuestas de paz más importantes las hemos dado las mujeres, desde nuestras condiciones de sobrevivientes, de agentes sociales que transformamos el dolor y la indignación en un motor de transformación social y de compromiso político. Invito a acompañar a las mujeres comprometidas en proceso de paz, acompañar a los movimientos de resistencia a la guerra. Sabemos de resistencia y necesitamos compromiso político para generar esa revolución serena que lleve a la paz y que la única guerra posible sea frente a la exclusión. Mujeres presionando por la paz.

            Es tiempo de sentir  indignación  frente a los miles de muertos a lo largo y ancho de esta adolorida Colombia. Son nuestros muertos, son también colombianos y colombianas. 

            Un abrazo enorme para todas!

             

            *Texto de la intervención de la Representante Angela Robledo durante el evento "Mujeres del mundo, embarcándonos por la Paz", realizado en agosto de 2011. 

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            Argumentos que presenta la senadora Liliana Rendón, son típicos de una cultura machista: Representante Angela Robledo

            La parlamentaria Ángela Robledo no está de acuerdo con la senadora Liliana Rendón. "Que le explique a 75 mil mujeres agredidas al año en Colombia por qué les pegan", pidió.

            “Tener un cuerpo de mujer no significa necesariamente representar los intereses de la mujeres”, dijo la representante a la Cámara por el partido Verde, Ángela María Robledo en total desacuerdo con las opiniones de la senadora Liliana Rendón en el sentido que "las mujeres fregamos mucho.. provocamos reacciones", cuando se le preguntó por la agresión del técnico Hernán Darío Gómez a una mujer.

            Con esta frase tan explicativa como contundente, en diálogo con El Heraldo, la parlamentaria Ángela María Robledo criticó a la senadora Liliana Rendón quien hoy es cuestionada por sus declaraciones en CM& en las que expresa que “las mujeres... nos queremos hacer las víctimas…somos manipuladoras”.

            Robledo, una de las defensoras de los derechos de las mujeres, dijo que lo que hace la senadora Liliana Rendón “es simplemente repetir los argumentos que por años y décadas han dicho los hombres, las mujeres se merecen lo que tienen, merecen ser golpeadas, deben someterse, quién sabe en qué andarán cuando son violadas, quien sabe cómo estaban vestidas, qué estaban haciendo cuando se merecen un golpe”.

            Añadió: “quisiera preguntarle a la senadora Rendón qué le diría a las cerca de 75 mil mujeres que al año son agredidas en Colombia, a las 6.120 mujeres que en un mes son agredidas o las 200 que son agredidas diariamente, me podría decir ella si provocaron a sus compañero, no aquí hay un tema de una cultura patriarcal, que a las mujeres ha buscado someter y explotar”.

            Robledo sostuvo que “la posición de ella dista absolutamente que como mujeres de la bancada hemos denunciado y adelantado no solo en el tema del ‘Bolillo’ sino por la ausencia de política pública para erradicar todas las formas de violencia en Colombia”.

            Se declaró decepcionada

            “A veces uno se afianza en su saber para volverlo un argumento de poder”, dijo la ex decana de la facultad de Psicología de la Universidad Javeriana hoy congresista.

            “Yo escuché la declaración completa de Liliana R
            endón, soy psicóloga, y le quiero decir que no hay nada en la condición de las mujeres desde las cuales se pueda hablar que hay una celotipia natural en las mujeres y también hay una atribución a un argumento que la psicología clínica ha desvirtuado de manera categórica, no es verdad que haya una celotipia natural en las mujeres, la calidad de las interacciones entre hombres y mujeres son una construcción culturales con valoraciones, en determinados momentos”, indicó.

            “La congresista, hablando de su condición de psicóloga, quienes hemos psicólogas y hemos formado psicólogos por años, nos hace sentir decepcionados con esa formulación que la psicología clínica ha desvirtuado, desde mucho de los enfoques, de corte dinámico, cognoscitivo y comportamental”, explicó a El Heraldo.

            Campañas son importantes

            La congresista Ángela María Robledo, en su condición de feminista, pero hincha del fútbol, le envió una carta abierta en la que le dice “Los actos tienen consecuencias. El remordimiento y la vergüenza que ha expresado son algunas de ellas, casi siempre presentes en la justificación de la violencia masculina contra las mujeres. También lo será la eventual responsabilidad penal que puedan establecer las autoridades competentes. Desde mi posición, quiero invitarlo a hacer de esta difícil experiencia personal una oportunidad para el aprendizaje y el cambio cultural”.

            Dijo que ha estado hablando con organizaciones de mujeres para que los equipos de fútbol en Colombia, como lo hicieron equipos europeos, de sumarse a una campaña de jugarle limpio a las mujeres, “no más violencia contra ellas”.

            “Soy feminista y de la línea de pedagogía legislativa, donde pienso que esto hay que volverlo oportunidades de reflexión y transformación en Colombia”, explicó, al término de una sesión en la Cámara en la que también habló del tema.

            Indicó que “hay varias investigaciones de Medicina Legal, Profamilia que muestra las razones por las cuales las mujeres no denunciamos un hecho de violencia sexual o intrafamiliar es que creemos que las cosas pueden cambiar. Otra razón es el profundo miedo, porque muchas veces quien agrede es nuestro compañero, nuestro papa o porque no confiamos en la justicia”.

            Robledo dijo que la tarea es seguir reivindicando nuestros derechos; también hay que “pensar la manera cómo los hombres son criados y educados, ellos a veces están siendo educados para la violencia, para un exposición de masculinidad excesiva y un ejercicio de la violencia en exceso y termina devolviéndose en una situación como esta”.

            Los medios de comunicación, pidió Robledo, deben ayudar a que no se olvide la violencia contra la mujer y las formas en que se da, la física, económica, sexual, entre otras.

            “Pienso que la pedagogía legislativa es fundamental y hay que recordarla en el trabajo con hombres y mujeres, para poco a poco en Colombia transformar la cultura, en nuestra feminidad y masculinidad”, dijo la congresista.

            Sugirió tomar en nuestro país el fútbol como símbolo, como lo hizo Sudáfrica, para reconciliarnos. “De alguna manera podría depender de ‘Bolillo’, una figura pública que sabemos es un hombre complejo e impulsivo, pero que le puede devolver a él un espacio de reflexión para sus prácticas y formas de interacción que ayude a los hombres colombianos a no acudir a la violencia para obtener absolutamente nada de la mujeres”, expresó.

            Sobre si debería someterse Gómez a un tratamiento psicológico para frenar su impulsividad dijo que tendrían que mandar a terapia a millones de hombres en Colombia. “Un país como el nuestro necesitaría una gran terapia colectiva para lidiar nuestros dolores y erradicar la violencia de las interacciones”.

            Por Mónica Sáez Puerta
            El Heraldo

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            Carta abierta de la Representante Angela Robledo al "Bolillo" Gómez


            Apreciado Hernán Darío:


            Le escribo desde mi condición de mujer, de feminista, y de persona que disfruta tanto del fútbol que fue quien enseñó a sus hijos a hacer sus primeros pases y, lo digo con orgullo, hizo de ellos buenos deportistas y practicantes de ese juego limpio que ha sido su impronta como jugador, y su enseñanza a los integrantes de nuestro seleccionado nacional.

            Quiero en primer término decirle que creo sinceramente en el arrepentimiento que ha expresado por la agresión física cometida contra una mujer, y que según sus palabras tuvo ocurrencia en circunstancias que le hicieron “perder el control” de sus emociones y de sus actos. Lamentablemente en nuestra sociedad machista, que privilegia la agresividad sobre la palabra, la fuerza sobre la sensibilidad, y la violencia sobre el reconocimiento y respeto por las diferencias, todos los días se producen agresiones en contra de las mujeres, agresiones que tienen ocurrencia tanto en los espacios públicos como en los privados.

            Las cifras muestran la magnitud de una situación inaceptable. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2009 ocurrieron 73.450 casos de violencia intrafamiliar. Dicho de otra manera, cada mes 6.120 mujeres son víctimas de violencia en su contra. 201 al día.
            En otra manifestación de una misma problemática, cada año se producen alrededor de 18.000 casos de violencia sexual contra las mujeres. Y en el mismo período, se cometieron 128 feminicidios, esto es, homicidios cometidos por su condición de ser mujer.

            Hernán Darío: Los actos tienen consecuencias.  El remordimiento y la vergüenza que ha expresado son algunas de ellos, casi siempre presentes en la justificación de la violencia masculina contra las mujeres. También lo será la eventual responsabilidad penal que puedan establecer las autoridades competentes. Desde mi posición, quiero invitarlo a hacer de esta difícil experiencia personal una oportunidad para el aprendizaje y el cambio cultural. En tal sentido, quisiera proponerle:

            1.    En el próximo partido de nuestro seleccionado nacional, no ocupe Usted el banco de la Dirección Técnica. Ubíquese mejor en la tribuna, como una manera de hacer público su compromiso con la no violencia en contra de las mujeres.

            2.    En asocio con las organizaciones de mujeres, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría Delegada para asuntos de la niñez, la juventud y la familia, promueva una campaña de sensibilización frente a este lastre de nuestra sociedad entre todos los hombres que hacen parte de los equipos de fútbol profesional.

            3.    Invite a la Dimayor para que promueva un minuto de silencio el día 27 de agosto de 2011, al inicio de los partidos de la primera fecha del fútbol profesional, como manifestación de rechazo a todas las formas de violencia contra la mujer.

            Juguémosle limpio a las mujeres.

            Sinceramente,

            Ángela Robledo Gómez
            Representante a la Cámara
            Miembro de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer

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            ¡Partido Verde: no al unanimismo, sí a la independencia deliberativa!

            El ingreso del Partido Verde a la mesa de Unidad Nacional, anunciado por el presidente Santos en su discurso de instalación de la nueva legislatura, sorprendió a los analistas políticos, a los medios de comunicación, a la ciudadanía, pero también sorprendió a personas que, como yo, hacemos parte de su Dirección Nacional. El vocero del Partido ha dicho que este cambio en las relaciones con el Gobierno, de la independencia deliberativa a la colaboración, obedece a dos razones principales: La primera, que el gobierno Santos ha recogido una buena parte de las iniciativas que el Partido, a través de su candidato Antanas Mockus, puso a consideración de los electores en la pasada campaña presidencial; y la segunda, que en política es necesario definirse entre oposición y gobierno, y no tratar de mantener posturas que él considera ambiguas.

            Aunque sólidas a primera vista, las razones esgrimidas no resisten un análisis más cuidadoso. Creo además que la decisión adoptada, y que yo no comparto, puede traer consecuencias negativas no solo para el propósito de construir una alternativa política seria, transparente, progresista y comprometida con la protección del medio ambiente; sino que podría dificultar el fortalecimiento de la democracia colombiana. Veamos por qué:

            En primer término, porque desde la independencia deliberativa apoyamos las principales iniciativas, tanto Constitucionales como legales, que presentó el Gobierno a consideración del Congreso, e hicimos aportes que enriquecieron no solo las normas aprobadas, sino las políticas públicas que ellas contribuyen a articular: la perspectiva de género en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto; la atención psicosocial de las víctimas del conflicto; el tratamiento diferencial para las mujeres en la ley de salud; la priorización del suelo urbanizable para la construcción de vivienda de interés social, entre otros.

            Sin hacer parte de la Unidad Nacional, hemos reconocido los esfuerzos del gobierno por corregir el rumbo en materia de relaciones internacionales con los países vecinos; de lucha frontal contra la corrupción en todas sus manifestaciones; de enmiendas a la política minera, agraria y tributaria. Hemos respaldado todos los esfuerzos por fortalecer el respeto de los DD.HH., por acatar la independencia de los poderes públicos, por reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado y por evitar que se produzcan situaciones tan graves en este campo como lo fueron los falsos positivos y las chuzadas del DAS.

            La independencia deliberativa nos permitió oponernos al intento de convertir la estabilidad fiscal en cortapisa al pleno ejercicio y garantía de los derechos sociales que la Constitución consagra en favor de todos los colombianos y colombianas. También ha permitido que el Partido Verde apoye al gobierno en sus esfuerzos por devolver la tierra arrebatada a las y los campesinos, pero también que demande que este propósito esté acompañado por un esfuerzo correlativo de crear un modelo más equitativo e incluyente en materia de propiedad y uso de la tierra en Colombia.

            Nuestra bancada en el Congreso es pequeña, y no resulta necesaria para garantizar el éxito de los proyectos de interés gubernamental. Tiene sí un prestigio, y un peso político que podría resultar tanto o más valioso desde la independencia deliberativa que desde la Unidad Nacional.

            No conviene a la democracia que los partidos políticos terminen desdibujando sus diferencias ideológicas y "arropándose todos con la misma cobija". Preocupa que los medios hablen de la Unidad Nacional como una reedición del Frente Nacional que si bien garantizó gobernabilidad, hizo que los partidos históricos se desdibujaran y cerró el espacio político al surgimiento de otros partidos y movimientos alternativos. El propósito de unidad puede llevar fácilmente al unanimismo. Ya el país vivió un largo período en donde toda forma de pensamiento distinto era tildada como contraria al interés nacional. El unanimismo hace que los gobiernos pierdan el contacto con la realidad. Al despertar, se ven los resultados, como está sucediendo ahora, con la herencia de Uribe.

            Y aunque la lógica binaria que limita a dos las alternativas -gobierno u oposición- parece incontrovertible, no resulta compatible con las modernas concepciones sobre la democracia deliberativa dado que amplías discusiones y justificaciones públicas frente a importantes decisiones para un país, le imprimen mayor legitimidad a nuestra democracia en Colombia.

            Columna de opinión para el periódico La Patria

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            Constancia de la Representante Angela Robledo en contra de la violencia sexual contra las mujeres

            Constancia presentada ante el Congreso de la República el 27 de julio de 2011.

            Lo que es con ellas, es con todas las colombianas y todos los colombianos. Ni una sola voz, ni un solo oído pueden ser indiferentes e indolentes. No puedo dejar de hacer pública esta constancia. 

            La degradación del conflicto armado interno, que no cesa, ha convertido los cuerpos de nuestras mujeres en territorio de guerra, a través de la violencia sexual ejercida contra ellas por los actores armados ilegales. Esto es grave. Pero más grave aún es un acto de deshumanización. Los cuerpos de las mujeres en el marco del conflicto armado son territorios y botines de guerra. Éste es un intolerable moral, político y cultural.

            La información disponible para el año 2008 señala que de las 149.417 mujeres desplazadas alrededor de 24.000 fueron víctimas de violencia sexual. Es decir, estas mujeres son víctimas de un doble crimen de lesa humanidad: desplazamiento y violación.

            Ésta no es sólo una constancia, es un llamado y una denuncia, hoy, día en que muchas voces se unieron a favor de una causa: la independencia de Colombia; es un llamado a que todas y todos los colombianos nos unamos para solidarizarnos con estas víctimas. Invito a que el cuerpo de las mujeres pase de ser un territorio de guerra a un territorio de paz. Esta invitación la hemos hecho en repetidas ocasiones con el Representante Iván Cépeda.

            La institucionalidad no ayuda, es débil, según el viceministro Iragorri no hay datos al respecto desde el 2005, se  subestima este delito, no se reconoce y está olvidado. Debemos comprometernos con recursos y políticas públicas, a cumplir con las normas nacionales e internacionales de garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de este crimen de lesa humanidad. Promovamos políticas públicas coordinadas entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para que este intolerable no se repita. La guerra del todo vale debe acabar. Así como han existido muchos gritos de NO MÁS frente a asuntos de la guerra, este fenómeno amerita un NO MÁS a todo pulmón de muchas voces y de todos los sectores de la sociedad.

            A diario víctimas, líderes, periodistas y organizaciones sociales y de derechos humanos nos increpan con dolorosos testimonios, historias de vida, cifras, datos que nos estremecen. He visto de frente a las mujeres que con valor y en contra de las amenazas a su vida e integridad cuentan cómo todos los actores del conflicto las abusan y las violan como una estrategia para humillar al enemigo, controlar los territorios y despojarlas de las tierras.

            Algo grave está pasando en nuestra sociedad cuando hemos permanecido tantos años con los ojos y los oídos cerrados frente a la guerra y al sufrimiento y muerte de sus víctimas. 

            Es preocupante la participación de agentes del Estado y de la fuerza pública en actos de violación sexual de mujeres. La mayoría de violaciones sexuales en el marco del conflicto armado son perpetrados por agentes del Estado. ¡No más acciones ilegales en el Estado colombiano! 

            Amnistía Internacional señaló que a pesar de los innegables logros que en materia de seguridad produjo la estrategia de de  Seguridad Democrática, en medio del recrudecimiento de la guerra la población civil quedó más vulnerable y expuesta a las violaciones de derechos humanos por la presión y la represión de uno y otro bando. ¿Cómo nos van a garantizar que en el batallón de alta montaña de Toribio no van a replicarse estas acciones? La historia y las robustas evidencias no son muy alentadoras de cara a este tipo de intervenciones militares.

            A cuenta de las denuncias e investigaciones lideradas por las organizaciones de mujeres y defensor@s de derechos humanos, las lideresas están siendo amenazad@s de muerte por grupos de autodefensa. Tal como ha ocurrido a lo largo de la historia las mujeres son el eslabón más débil de una cadena que alimenta el patriarcado y que  las  convierte en el chivo expiatorio de la guerra y sus guerreros. 

            Muchas voces se han alzado para denunciar esta situación: Angélica Bello, Viviana Ortíz, Olga Castillo, Ruby Castaño, María Eugenia Cruz, Piedad Córdoba, Pilar Rueda, Lorena Guerra, Nini Johana Gonzalez, Luisa Fernanda Bello, Ana Jimena Bautista, Luz Marina Becerra, Yohana Sánchez, Irma Tulia, Yovana Saénz, Lorena Guerra, Claudia Mejía, Alfonso Castillo, Daniel Rendón, Eliécer Chávez, Rosaliano Riascos, Jesús Mario Corrales, Fernando Montoya, Luis Fernando Gil e Iván Cepeda. 

            Y las organizaciones Crear, Arco Iris, Comité Departamental de Derechos Humanos, Fundación Social, Sisma Mujer, Red de Empoderamiento, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundepaz, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Fundhefem, Codhes, Fundemud, Movice, Pnud, Acnur, Escuela de los pastos, Fundación Nuevo Amanecer, Afromupaz, entre muchas otras.

            Sumemos también nuestras voces para rechazar este crimen de lesa humanidad. ¡Gritemos, actuemos y exijamos un NO MAS!

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            ¡Sí al pluralismo, no al unanimismo!, dice Angela Robledo sobre ingreso a la Unidad Nacional

            Frente a las declaraciones realizadas en el día de ayer por el Presidente de la República   sobre el ingreso del Partido Verde a la Unidad Nacional, me permito informar lo siguiente: 

            1.       Esta decisión de sumarse a la mesa de la Unidad Nacional no fue discutida en la Dirección Nacional.  Habíamos discutido sobre realizar mesas temáticas con la Unidad Nacional  para debatir iniciativas legislativas que tienen especial importancia para el Partido Verde, pero no de ingresar a la Unidad Nacional. 

            2.       Mi voz crítica seguirá escuchándose. Mi posición frente a la bancada del Partido Verde es seguir trabajando desde la independencia deliberativa con miras a fortalecer el disenso, el pluralismo y el Partido Verde como una opción distinta.  Unidad no puede confundirse con unanimismo. El unanimismo hace que los gobiernos pierdan el contacto con las realidades que los rodean.

            3.      No conviene a la democracia que los partidos políticos terminen desdibujando sus diferencias ideológicas y "arropándose todos con la misma cobija".Preocupa que se presente al país una Unidad Nacional como reedición del Frente Nacional que si bien garantizó gobernabilidad, hizo que los partidos históricos se desconfiguraran y cerró el espacio político al surgimiento de otros partidos y movimientos. Acorralando y cerrando los espacios para los partidos alternativos y de oposición. Máxime con la herencia que nos dejó Uribe. 

            4.      Veníamos haciendo independencia deliberativa con una actitud crítica y propositiva. Como integrante de la bancada verde he apoyado y aportado, desde la independencia deliberativa, a las principales iniciativas presentadas por el Gobierno a consideración del Congreso (por ejemplo, capítulo de atención psico-social en la ley de víctimas-enfoque diferencial en la ley de salud). Siempre con el criterio de defender derechos humanos desde una perspectiva progresista y de inclusión social.

            5.      Respaldo los esfuerzos del gobierno por adoptar muchas propuestas bandera del Partido Verde.  Construir sobre lo construido,luchar de frente contra la corrupción para que los recursos públicos sean sagrados, corregir el rumbo en materia de relaciones internacionales; de enmiendas a la política minera, agraria y tributaria, entre otras, y seguiré apoyando todos los esfuerzos por fortalecer el respeto a los Derechos Humanos, por reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado y por evitar que se produzcan situaciones tan graves en este campo como lo fueron las chuzadas del DAS y los falsos positivos. De igual manera he apoyado, y seguiré apoyando al gobierno en sus esfuerzos por devolver la tierra arrebatada a los campesinos, por erradicar la violencia, la desigualdad y la injusticia social.

            6.      Estoy construyendo en el Partido Verde desde una política alternativa e innovadora. Como lo he venido planteando seguiré trabajando desde mi mandato ciudadano con una perspectiva crítica frente a unos derechos, unas problemáticas que hemos priorizado con mi equipo: Presupuestos y  enfoque diferencial desde las políticas públicas para las mujeres, fortalecimiento de la institucionalidad, participación  política de las mujeres, reconocimiento,  redistribución y representación para ellas, cero tolerancia con la violencia sexual contra las mujeres por parte de los actores armados y una agenda comprometida con la paz, los jóvenes, adolescentes, niñas y niños.

            7.      Reivindico el ejercicio de la democracia deliberativa. En aras de aportarle a una democracia fuerte hay que seguir ejerciendo la democracia deliberativa y poner énfasis en los disensos y divergencias porque las posturas críticas son claves para el fortalecimiento de los partidos y la democracia y aportando  a la escuela de formación política y gobierno, legado de Antanas Mockus al Partido Verde.

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            ¡Cuerpos de mujer, territorios de guerras!

            Durante décadas víctimas, líderes, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos, han denunciado los horrores de la guerra. A diario nos enfrentan con dolorosos testimonios, historias de vida, cifras, datos que estremecen. He visto de frente a las mujeres que con valor, desafiando las amenazas a su vida e integridad, denuncian cómo todos los actores del conflicto armado en Colombia han acudido a la violencia: acosos, abusos y violaciones, como una tenebrosa estrategia bélica.

            Las mujeres colombianas han narrado de mil maneras el grado de deshumanización a que han llegado los distintos actores del conflicto, incluyendo, y esto reviste la mayor gravedad, a miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes corresponde defender los Derechos Humanos. De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el período 2007-2009, aunque se advierte un alto subregistro, las cifras son alarmantes: las mujeres constituyen aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado. La información disponible para el año 2008 señala que el 15,8% de estas mujeres en situación de desplazamiento, han sido víctimas de violencia sexual. En el contexto de este conflicto, se registraron 114 denuncias de violencia sexual contra ellas, en los casos en que se conoce el presunto autor, el 83% corresponde a miembros de la fuerza pública, 7% a grupos paramilitares y 9% a grupos guerrilleros. A pesar de las directivas emanadas por el Ministerio de Defensa, de "cero tolerancia frente a la violencia sexual", algunos de sus miembros parecen prestar oídos sordos a las mismas.

            Según Amnistía Internacional con la arremetida de la Seguridad Democrática, la población civil ha quedado en muchos municipios de Colombia en condición de total vulnerabilidad, expuesta a violaciones de derechos humanos por la presión y la represión de uno y otro bando, al quedar atrapada entre el fuego cruzado de los guerreros. Especialmente ello ha sucedido en comunidades donde el conflicto ha escalado, allí las mujeres han sido blanco de sus ataques, como lo ocurrido con las campesinas de El Salado, las indígenas del Cauca y del Putumayo, las afro descendientes del Chocó, las mujeres del nordeste y sureste antiqueño, las mujeres y niñas en Arauca. De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, entre julio de 2007 y junio de 2008, 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica, el 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.

            La violación y la violencia sexual ejercida de forma sistemática sobre el cuerpo de las mujeres, se ha constituido en una táctica explícita y sistemática de guerra dentro del conflicto armado colombiano. Una forma de "calmar" a las tropas, de "premiarlas"; pero también una estrategia para humillar al enemigo, a fuerza de convertirlas en botín de guerra.

            Informes nacionales e internacionales, dan cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado en este campo. La Defensoría del Pueblo en un informe sobre violencias sexuales contra las mujeres, concluye que el Estado colombiano no ha logrado garantizar la protección de las víctimas de estos delitos de lesa humanidad, propiciando así una situación de total impunidad. Las instituciones responsables de garantizar y restablecer sus derechos, Ministerio del Interior y la Justicia, Ministerio de Protección Social, Fiscalía, y Policía, no han desarrollado políticas públicas al respecto y más grave aún, por denunciar estos crímenes de lesa humanidad, líderes de organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos, están amenazadas de muerte, por grupos de autodefensa.

            Algo grave está pasando en Colombia, cuando hemos permanecido tantos años con los ojos y los oídos cerrados frente a la guerra, al sufrimiento y la muerte de sus víctimas. Algo grave ocurre cuando los cuerpos de cientos de mujeres, se convierten en territorios de guerra y no pasa nada. Ya es hora, como lo señalaba recientemente Héctor Abad, a propósito de las amenazas contra la periodista Maryluz Avendaño, de acompañar a estas valientes mujeres y de decirles: lo que es con ellas, es con todas y todos los colombianos.

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            Mi rendición de cuentas desde el Congreso de la República

            Por esta época del año, seguramente muchos de mis lectores y lectoras estarán preparándose para disfrutar de un merecido descanso. En distintas regiones se celebran fiestas tradicionales que nos invitan a vivir la enorme riqueza de nuestra diversidad étnica y cultural. El final de la temporada de lluvias y los esfuerzos por rehabilitar la tan afectada malla vial, harán más propicio el desplazamiento de colombianos y colombianas a lo largo y ancho de nuestra geografía. También yo me preparo para tomar un corto descanso en medio del receso en que se encuentra el Congreso de la República. Y es precisamente en este momento, en que surge la necesidad de hacer algunas reflexiones a manera de balance de esta experiencia como primípara en el Congreso.

            Hace unos meses, en este mismo espacio, enuncié al que considero el propósito que orienta mi gestión como Representante a la Cámara: Hacer pedagogía legislativa y política. Señalaba entonces que frente a esa fórmula repetida que indica que "la ignorancia de la ley no sirve de excusa", y a la cláusula con que se señala la entrada en vigencia de las leyes, "Publíquese y Cúmplase", se necesitaba desplegar una actividad sostenida para explicar el sentido de las múltiples normas que se expiden, y para hacer posible que la ciudadanía las comprenda cabalmente en todas sus implicaciones.

            Hoy, al mirar atrás, puedo decir sin falsas modestias que me encuentro satisfecha con la labor adelantada. Nuestro sistema democrático adolece de grandes vacíos, y las instituciones públicas están aún lejos de ser capaces de interpretar el sentir de nuestras gentes. Y aunque la imagen que se tiene sobre la productividad del Congreso no es la más favorable, las cifras muestran que esta legislatura que termina estuvo marcada por el trámite, en general responsable, de un importante número de iniciativas. Se discutieron 275 iniciativas de las cuales 150 fueron proyectos de ley en los más diversos campos de la vida nacional; 18 proyectos de reforma a nuestra Constitución Política, cinco proyectos de leyes estatutarias, esto es, que reglamentan el ejercicio de derechos fundamentales, y dos proyectos de leyes orgánicas, una de las cuales, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, puede expedirse después de veinte años de infructuosos esfuerzos, y marca un avance en la distribución de competencias y recursos entre el Estado central y las regiones.

            Un trabajo que demandó de los congresistas, de los equipos técnicos que apoyan nuestras tareas, de los ministros y funcionarios de gobierno, de personas y organizaciones que contribuyen con sus conocimientos al ejercicio legislativo, un esfuerzo grande y concertado.

            Me siento orgullosa de haber contribuido en la Ley de Víctimas a incorporar la perspectiva de género e introducir un capítulo en relación con la atención psicosocial. Con argumentos, y contando con el apoyo de colegas de la plenaria de la Cámara, logramos defender el 30% de los recursos de las universidades públicas, amenazados por algunas disposiciones del Estatuto anticorrupción.

            Igualmente logramos que no se aumentaran las penas a los adolescentes en conflicto con la ley y que no fueran a cárceles. Por iniciativa nuestra se creó una comisión de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En el Plan de Desarrollo comprometimos al gobierno con políticas públicas integrales frente a las mujeres. En la Reforma a la Salud involucramos como principio el enfoque diferencial y promovimos los derechos a salud y protección que tienen las mujeres víctimas de la violencia sexual. Estamos contribuyendo al cumplimiento de la ley sobre economía del cuidado. Hicimos control político sobre Educación Superior y en compañía del Representante Iván Cepeda, adelantamos un debate sobre crímenes de violencia sexual contra las mujeres, en territorios de guerra.

            En las discusiones que antecedieron la aprobación de las leyes; en los debates de control político con los cuales buscamos mejorar la eficacia de la acción estatal en la protección y garantía de los derechos ciudadanos, y en la tarea de representación política, he buscado llevar a la práctica la pedagogía legislativa y política. Cuando se reanude el trabajo del Congreso, a partir del próximo 20 de julio, seguiré cumpliendo con una tarea que me honra, y de la cual seguiré rindiendo cuentas a la ciudadanía.

            Columna de opinión para el Periódico La Patria de Manizales

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            La educación es el camino

            Como lo decía nuestro maestro Carlo Federici Casa, "educar" es el acto humano por excelencia. El proceso de educar y de educarnos, que por supuesto tiene lugar no sólo en las aulas de la escuela, sino a lo largo de toda la vida, permite transformarnos en ciudadanos y ciudadanas, para hacernos cargo de nosotros mismos, de los otros y del mundo. A partir de las múltiples interacciones que propicia la educación, cincelamos nuestros rostros y construimos con los demás un lugar en el planeta.

            Durante la pasada campaña presidencial Antanas Mockus resaltó de mil maneras la importancia de este proceso. Dijimos entonces: "La educación y el cambio de nuestros comportamientos son los fundamentos para construir entre todos una Colombia justa, pacífica, respetuosa de la ley y los derechos, innovadora, productiva y próspera".

            Y si bien la educación colombiana enfrenta múltiples tareas, entre la de fortalecer sus relaciones con el mundo del trabajo y contribuir a hacer de Colombia un país más productivo, en mi concepto, su mayor reto consiste en sentar las bases para una sociedad más democrática, más justa e incluyente. Nuestro proyecto educativo se confunde con nuestro proyecto de sociedad. Y hoy me pregunto, ¿cuál podría ser el camino para lograrlo? Consciente de la complejidad de la respuesta, arriesgo al menos enunciar cuatro tareas que considero inaplazables. La primera, reinventar de manera colectiva un relato común de país, un relato en el cual a partir de nuestras múltiples voces nos podamos sentir reconocidos en nuestras biografías y de esta forma comprometernos profundamente con la historia y la geografía de nuestro país. La segunda, reconfigurar los referentes materiales y simbólicos de las prácticas a partir de las cuales cuidamos y respetamos la vida en diversas sus manifestaciones, deslegitimando así todas las formas de violencia. La tercera tarea tiene relación con la capacidad que debe tener el proceso educativo para conectar las preguntas que desde pequeños formulamos a partir de nuestra cotidianidad, como aquellas de ¿por qué se mueve la luna? ¿dónde nace el arco iris? ¿por qué si todos somos seres humanos, nos comportamos de forma tan diferente? ¿de dónde provienen mis miedos? Con la creación de complejos conocimientos de física, antropología, psicología, entre otros. Como lo dice bellamente William Ospina: "Si uno sale del colegio para entrar en la ciudad, en el campo o en la noche estrellada, eso equivale a decir que uno a menudo sale de las aulas para entrar en la sociología, en la botánica o en la astronomía"

            La cuarta tarea tiene relación con los procesos de formación para la solidaridad y para la justicia. Solidaridad entendida como la capacidad de "des-centarnos", de salir de sí mismos para sentir con el otro. Solidaridad que nos permita compartir en medio del dolor y también de la alegría. Y la formación para ser justos y trabajar por la justicia, es decir para contribuir al establecimiento de un país donde colombianas y colombianos vivamos con dignidad .No podemos estar bien, cuando tantos de nosotros viven mal.

            Como resulta claro para cualquier observador juicioso de nuestra realidad, para reducir las intolerables brechas de desigualdad y de exclusión que subsisten entre nosotros es imperativo, entre otras cosas, crear oportunidades para que cada día más niños, niñas y jóvenes accedan a una educación pertinente y de calidad. Soñamos, y ese sueño se ha hecho un sueño de un colectivo que crece día tras día, con un país de oportunidades en donde la educación se convierta en un proceso eficaz para hacer posible la movilidad social. Colombia ha fracasado de manera estruendosa en sus esfuerzos por generar mayor igualdad en el acceso a medios productivos, en los modelos de tenencia y uso de la tierra. Por ello la educación puede convertirse en un proceso fundamental para promover la justicia social.

            En Colombia, la educación es un derecho, un derecho fundamental que debe ser garantizado de manera corresponsable por el Estado, la familia y la sociedad. Es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas colombianas defenderlo, es a través de la educación como nos hacemos humanos, demasiado humanos.

             

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            Representante Ángela Robledo pide al gobierno retirar IES con ánimo de lucro

            En un contundente debate sobre educación superior en Colombia realizado por el Partido Verde, Ángela Robledo, Representante a la Cámara, pidió al gobierno del Presidente Santos retirar del proyecto de ley sobre reforma educativa la propuesta de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro.

            La parlamentaria aseguró que incluir IES con ánimo de lucro es una manera expedita de convertir el derecho a la educación en una mercancía transable. “No es conveniente, no es pertinente y no reivindica la naturaleza de la educación.  Ampliemos cobertura pero garantizando una educación digna, integral y sin exclusión”, dijo.

            Durante el debate la parlamentaria verde insistió que la reforma educativa presentada por el gobierno está signada de un corte puramente mercantil  y no de derechos, equidad, inclusión social y apuesta de país: “Esta iniciativa está imbuida, hasta la médula, de esa creencia de que el ánimo de lucro, la búsqueda del provecho económico, pecuniario, es el camino para resolver todas las necesidades, todas las urgencias de nuestra sociedad, desde la salud y las pensiones, hasta la educación para una nueva ciudadanía”.

            De acuerdo con las cifras presentadas por Robledo, la educación no está cumpliendo su papel movilizador de un proyecto de sociedad para avanzar colectivamente hacia el desarrollo del país y la plenitud de los individuos y sus comunidades. “Al contrario la educación reproduce y acentúa las enormes inequidades que en términos de oportunidades, existen en nuestra sociedad y se ha convertido en un factor importante de exclusión económica, social, cultural y política que el proyecto de reforma no plantea”.

            “Somos el país más desigual de Latinoamérica (entre los primeros cuatro del mundo). Para el 2008, el 0,5 % de los terratenientes tenían más del 60% de las tierras (situación que no ha cambiado). El 13% de colombian@s están sin empleo y 46% de la población sobrevive a la pobreza”, dijo. 

            Robledo criticó duramente el sistema educativo del que aseguró ayuda a ahondar las brechas y las desigualdades sociales y dijo que el gobierno del Presidente Santos no le apuesta a una educación superior con calidad y alta cobertura.  

            "Según cálculos de expertos el aporte fiscal a las universidades públicas disminuye como proporción del PIB, hoy la transferencia es el 0,4% del PIB, 13 veces menos que la destinada al Ministerio de Defensa. Uno de cada 5 pesos del Plan de Desarrollo se va a la locomotora desarrollo minero y expansión energética,  mientras que tan solo el 0,04% se va a la locomotora de innovación. La explotación minera, pesa 20 veces más que la innovación, responsable del desarrollo sostenible de un país", debatió la Ángela Robledo.

            Robledo sostuvo que solo una tercera parte de los niños de cuatro años tiene acceso a la educación preescolar y que subsiste un problema grave de deserción entre educación básica y media del 30%. Uno de cada tres adolescentes de 16 años no está en educación media (30%).

            En relación con la calidad aseguró que los niños colombianos siguen ocupando lugares muy bajos en la escala de competencia en matemáticas, ciencias y lenguaje, (en las pruebas PISA[1], Colombia ocupa el puesto 54 en matemáticas, 53 en ciencias y 51 en lenguaje entre 57).

            “La brecha educativa entre la zona rural y la zona urbana, tanto en términos de cobertura como de calidad, es intolerable”, aseguró Robledo.

            Entre sus argumentaciones Robledo citó una investigación de Mauricio García que señala que en ciudades como Bogotá se ve claramente un apartheid educativo: ricos y pobres estudian por separado (Ver: http://bit.ly/iPqIm8 ), lo cual ratifica de manera contundente esta exclusión o inequidad que sufren los jóvenes pobres frente al sistema educativo en el cual  la escuela solo sirve para perpetuar las jerarquías sociales. 

            “En la educación superior el panorama es igual de desolador en términos de inequidad: Los estudiantes de estrato 1 de la Universidad Nacional son apenas el 8%. Los estudiantes de colegios privados son casi la mitad (46%)”, agregó la parlamentaria.

            Entre las conclusiones Ángela Robledo destacó que: “Tener acceso a una educación superior de calidad demanda importantes recursos financieros que tienen origen bien sea en los impuestos que pagamos todos y todas; en las tasas por matrículas y demás costos que deben cubrir los estudiantes y sus familias cuando se trata de educación pública que brinda directamente el Estado”.

            “Los recursos financieros de la educación y, en particular la educación superior, deberán ser fruto de un nuevo modelo de desarrollo que plantee la sociedad. El reto es cambiar el foco de nuestro desarrollo, pasar de la minería y la guerra a la educación, la inclusión y la innovación”.

            Al debate, citado por el Partido Verde y adelantado por los representantes Ángela Robledo y Carlos Amaya, asistieron la Ministra de Educación, Dra. María Fernanda Campo y el Ministro de Hacienda, Dr. Juan Carlos Echeverry, quien se retiró antes de comenzar la discusión.

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            Denunciamos crímenes de lesa humanidad: 2 mujeres son violadas cada hora

             

             

             

             

             

             

             

             

            Ángela Robledo (Partido Verde) e Iván Cepeda (PDA) denunciaron que a causa del conflicto interno que vive el país, mujeres de todas las edades son torturadas y violadas por todos los actores de la guerra, incluida la fuerza pública. 
             
            La Representante Robledo aseguró que pese a la existencia de múltiple instrumentos jurídicos internacionales, los cuerpos de las mujeres se han convertido en verdaderos territorios de guerras,  y que estos crímenes permanecen ocultos, silenciados y en la impunidad. 

            “La violación y la violencia sexual sistemática contra las mujeres se han constituido en una táctica explícita y sistemática de guerra dentro del conflicto armado colombiano.  Una forma de “calmar” a las tropas, de “premiarlas”; pero también una forma de humillar al enemigo, de ver a sus mujeres como botín de guerra”, afirmó la Representante.

             
            Robledo llamó la atención sobre la participación de agentes del Estado y de la fuerza pública en actos de violación sexual de mujeres: “Amnistía Internacional señaló que con la arremetida de la Seguridad Democrática, la población civil quedo más vulnerable y expuesta a las violaciones de derechos humanos por la presión y la represión de uno y otro bando. En medio de la guerra, la población civil no solo termina atrapada entre el fuego cruzado de los armados, sino que además se convierte en blanco de sus ataques especialmente las comunidades en situación de mayor riesgo, como se ha evidenciado con las mujeres campesinas del Salado, las mujeres indígenas del Cauca o del Putumayo, las mujeres afro descendientes del Chocó, las mujeres del nordeste y sureste antioqueño y las mujeres ubicadas en los barrios de la periferia de las ciudades”.
             
            De acuerdo con informes y cifras presentados por la Representante, “la militarización del territorio que ha sido un componente central de la política de seguridad de los últimos años no ha sido garantía de los derechos de la población civil y mucho menos de los derechos de las mujeres. ACNUR ha identificado que la concentración de la actividad militar en determinadas zonas del país, donde se genera terror en la población ante inminencia de combates, el control de rutas de abastecimientos de grupos armados por parte de las autoridades y el desarrollo de programas de erradicación y sustitución de cultivos que involucran operaciones militares, son acciones de la Fuerza Pública que afectan a la población civil y generan un incremento en la violencia”, dijo.

            Angela Robledo enfatizó que “Los informes nacionales dan cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado en este campo. La Defensoría del Pueblo en un informe sobre violencias sexuales contra las mujeres concluyó que el Estado Colombiano no ha logrado garantizar la protección de la víctimas de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y que por tanto razón existe un amplio espacio de impunidad que agrava aún más la situación de esta población, lo que contribuye adicionalmente a la discriminación de las mujeres en Colombia”
            La representante verde aseguró que hay precariedad en la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual en las instituciones responsables de garantizar y restablecer derechos: Justicia, Salud, Fiscalía, Policía, lo cual impacta negativamente el efectivo goce de derechos.   
             
            El impacto de la violencia sexual (Cifras)

            En el país, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el período de enero a diciembre de 2009, aunque no dan cuenta de la real magnitud de lo que sucede en Colombia debido al sub registro, son alarmantes: Las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. La información disponible para el año 2008 señala que el 15,8% de las mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia sexual.
             En el contexto del conflicto armado se registraron 114 casos de violencia sexual contra mujeres. En los casos en que se conoce el presunto autor el  83%  corresponde a miembros de la fuerza pública, 7% a grupos paramilitares y 9% a grupos guerrilleros. 

            Acción Social afirmó que 1534 personas solicitaron reparación por vía administrativa a causa de violencia sexual. Las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado entre julio de 2007 y junio de 2008, 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, el 83 por ciento de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.

            Las violencias contra las mujeres en ColombiaDatos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  (Forensis, enero – diciembre de 2009) señalan que: Violencia Intrafamiliar: 73.450 casos. 6.120 mujeres víctimas al mes, o sea 201 al día.

            8 mujeres están siendo golpeadas cada hora 

             

            Maltrato de pareja: 54.192 casos. 4516 mujeres víctimas al mes, es decir 148 al día.6 mujeres reciben maltrato  de su pareja cada hora Violencia sexual: 17.935 casos de violencia sexual contra  mujeres. 1495 al mes, es decir 49 al día. Dos mujeres son violadas cada hora Feminicidio: 128 casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres.Una mujer es asesinada cada tres días El debate se llevó a cabo en el Salón Boyacá y contó con la participación del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el Viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, la Viceministra de Salud y Bienestar, Beatriz Londoño, la Defensora del Pueblo Delegada, Pilar Rueda Jiménez.
            De manera especial rindió testimonio en el debate Angélica Bello de la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer.
             
            Información: Margarita Sarmiento
            Teléfono: 320-2-34-38-06

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            Representante Angela Robledo se opuso a la contra-reforma

            Qué mala costumbre la de este país en hacer avances mínimos en derechos y dar 3 pasos atrás inmediatamente. Estamos por dar al traste la denominada ley de cuotas que garantiza el acceso real y, escúchese bien, no formal, de las mujeres a los cargos de representación política a las corporaciones públicas.

            Quiero dejarlo claro: Una democracia sin la presencia deliberante, activa y fuerte de las mujeres es una democracia incompleta, es una democracia en cuidados intensivos o moribunda. Si la voz de las mujeres no tiene voz política real, estamos ante una semi-dictadura masculina. Las condiciones en Colombia no están garantizando esta voz femenina en la política. No son suficientes las condiciones formales de una democracia de papel. Es necesario que existan acciones que afirmen esta posibilidad, que reivindiquen la equidad. La igualdad de género debe traducirse en hechos reales y concretos. En leyes, por ejemplo. 

            Los datos son claros y muestran contundentemente que esta voz es casi nula. Los datos muestran la urgencia de cambiar esta realidad asimétrica, excluyente y perversa, la urgencia de acoger, al menos, la ley del 70-30 y no promover, como lo hace la contra reforma, esta situación arcaica e inmoral:

            -Colombia ocupa en América Latina los últimos lugares de participación política de mujeres. 

            -Comparte al igual que la República del Congo, el puesto 110 entre 134. 

            -En el Senado el 17% son mujeres, en la Cámara el 13%, en los concejos el 4% , en las asambleas el 17% , en las alcaldías el 9%.

            -De l@s 418 diputad@s elegid@s en 2007 sólo el 17% son mujeres. En 17 departamentos no ha sido elegida ninguna mujer en la Cámara de Representantes. En 11 departamentos no existe una mujer diputada entre ellos, Arauca, Casanare, Guaviare y Putumayo.

            -Los departamentos del Casanare y Guaviare no tienen representación en el congreso, tampoco tienen diputadas y sólo hay una concejala en Yopal y San José del Guaviare.

            Colegas: no es falta de voluntad de las mujeres, la ley y la cultura no ayudan a mejorar esta situación. Debemos garantizar las condiciones para  la equidad real desde la ley y desde acá fomentar un cambio cultural. Como dijo esta mañana la embajadora de Suecia: “la igualdad de género no es un asunto de voluntades, es un asunto de redistribución del poder.”

            Estamos seguras que si los partidos intervienen positivamente, por ley, en la participación equitativa de los géneros en política, se tendrá como resultado procesos de formación que empoderen a las mujeres y transformen las actitudes escépticas e intimidadas de éstas en las regiones. Se tendrán más mujeres en la política que mejoren la política.

            Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha propuesto la progresividad en el ejercicio en el usufructo de derechos. Este principio se basa en que una vez establecido un derecho, la regulación que se haga sobre dicho derecho no puede ser para recortar el usufructo de éste sino para extenderlo. Esta contra reforma iría en contra de ese principio y muy probablemente sería declarada inconstitucional por esta razón.

            Me uno con entusiasmo, convicción y vehemencia a las anteriores intervenciones y a la voz de protesta en oposición a la contra-reforma. La contra-reforma debe ser archivada y la democracia fortalecida.

            Termino con una frase de esa bella obra Matria: el horizonte de lo posible escrito por Victoria Sendón de León:

             “Allí donde hay una mujer la existencia es más amable, más lúdica, más fácil, más coherente. Y no por nuestra situación de esclavas, sino de civilizadoras, de pacificadoras, de luchadoras resistentes ante la barbarie”.

             

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            Se salvó el Código de Infancia

            La parlamentaria Ángela Robledo, logró que los derechos de los menores de edad reconocidos en el Código de Infancia y Adolescencia se mantuvieran. El Proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia (160 de 2010 Cámara) proponía que a los menores de edad que cometieran homicidio (doloso), secuestro, extorsión y delitos sexuales, se les incrementara la pena mínima de privación de la libertad pasando de 2 a 5 años y la pena máxima de 8 a 10 años. No sobra aclarar que los adolescentes menores de 18 años son responsables penalmente a través del Código de Infancia que establece un enfoque diferencial desde la justicia restaurativa.

            Se aprobó que los adolescentes en conflicto con la ley que sean encontrados culpables, no quedarán libres a los 21 años, sino que tendrán que cumplir con la pena completa. De igual forma se incrementan las penas para los adultos que “utilicen” niños y adolescentes en la comisión de delitos.

            “Esta tarde el Congreso de Colombia logró hacer respetar a los jóvenes como sujetos de derechos, como ciudadanos en formación y no como criminales en potencia. En un país donde al menos la mitad de niños y jóvenes no tienen oportunidades y la mayoría son víctimas de exclusión social y pobreza, pretender que el aumento de penas soluciona los problemas de seguridad y justicia es, por decir lo menos, inmoral. Hoy la plenaria de la Cámara, a la luz de los argumentos, logró optar por medidas razonables y no por el clamor emotivo del populismo penal. Fue una decisión garante de los derechos y en contra de la impunidad”, dijo Ángela Robledo, Representante a  la Cámara del Partido Verde

            No incrementar estas penas implica respetar el Código de Infancia y Adolescencia, admitir los resultados empíricos que demuestran que el aumento de penas no incide en la disminución de delito. Este logro permite que ganemos todos, dijo Robledo, quien aseguró que con la decisión “Ganan los jóvenes, la justicia la sociedad colombiana y el Estado. Además de que el país se mantenga en el espíritu garantista logrado en el 2006 en el Congreso de la República, mediante la expedición de la Ley de Infancia”.

            La parlamentaria verde explicó que “ganan los jóvenes quienes tendrán oportunidad de cumplir con sanciones que permitan reconstruir sus proyectos de vida. Gana la justicia que tendrá que ser más eficaz con un sistema de responsabilidad penal que opere y asuma un  sistema diferencial. Gana el Estado porque tiene el reto de enfrentar la ilegalidad no sólo desde la represión (necesaria pero no suficiente), sino desde la prevención del delito, el fortalecimiento judicial, la pedagogía y el cambio cultural. Gana la sociedad quien tiene una nueva oportunidad de repensar la situación de nuestros jóvenes para no olvidarnos de ellos y luego pasarles cuenta de cobro por nuestros olvidos”.

            Robledo hizo una enérgica defensa del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y logró la aprobación de una comisión de seguimiento y evaluación del SRPA, dado que éste no está operando de manera eficiente. Esta comisión tendrá la responsabilidad de proponer modificaciones que sean pertinentes y respondan al espíritu resocializador del Código de Infancia, en un plazo no mayor a seis meses.

            Angela Robledo aseguró que después de un trabajo de casi un año y del debate y la deliberación se llegó a un acuerdo entre el gobierno, a través del Ministerio del Interior, la Alianza por la Niñez, Unicef y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades y organizaciones en defensa de los derechos de la infancia, para mantener un articulado garante y justo.

            Las proposiciones de la Representante Ángela Robledo, recibieron el apoyo de  101 congresistas y un respaldo contundente de los representantes Ángel Custodio Cabrera (Partido de la U), Germán Navas (PDA) y Simón Gaviria (Partido Liberal). 

            Este texto irá a conciliación de Senado y Cámara y luego a sanción presidencial.

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            Angela Robledo invita a Foro sobre Educación Superior

             

             

             

             

             

             

             

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, realizará el próximo miércoles 11 de mayo un foro sobre la educación superior en Colombia, con la participación de rectores de universidades públicas y privadas, profesores/as, parlamentarios/as y organizaciones estudiantiles.

            Según Angela Robledo, "es urgente revisar la Reforma que presenta el gobierno de Santos y hacer un acuerdo nacional sobre cuál es la educación que nos estamos soñando para reconstruir el país”.

            Ponentes:

            Antanas Mockus- Copresidente Partido Verde

            Carlos Amaya- Representante a la Cámara

            Guillermo Páramo- Rector U. Central

            Padre Joaquín Sánchez- Rector U.Javeriana 

            Jorge Enrique Robledo- Senador

            José Fernando Isaza- Rector U. Tadeo

            María Fernanda Campo -Ministra de Educación

            Moisés Wasserman- Rector U.Nacional

            Sergio Fernández- Representante estudiantil

            Patricia Linares- Docente U.Externado 

             

            Fecha: Miércoles 11 de mayo

            Hora: 8:30 a.m. – 1.00 p.m.

            Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez. Edificio Nuevo del Congreso. Cra. 7 No. 8-68 

            INSCRIPCION HACIENDO CLIC AQUI

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            Presidente Santos: asuma la responsabilidad frente a la muerte de jóvenes en Colombia

            Quiero manifestar mi profunda indignación, rechazo y dolor frente a la muerte de miles y miles de jóvenes que han sido asesinados en los últimos dos años, en todo el territorio nacional. 

            Las principales víctimas de homicidios en Colombia son jóvenes entre 18 y 25 años. Uno de cada dos homicidios es de jóvenes menores de 30 años en el país y en Bogotá. Los homicidios han crecido dramáticamente entre los menores de edad: entre  enero del 2009 y enero del 2011, los asesinatos a  este  grupo de población, han crecido en un 478%.  En Bogotá en 2010 asesinaban 4 personas por día, dos de ellos eran jóvenes. El 14%  de estos homicidios en Bogotá fue a menores de edad entre 15 y 19 años. Uno de cada 4 homicidios en Bogotá era un joven entre 20 y 24 años.  En Medellín cada mes se sacrifica la vida de 14 menores de edad que tienen entre 11 y 17 años. Allí  han sido asesinados en  lo que va corrido de este año, un total de  227 jóvenes menores de 25 años.  Se asesinan cada mes 60 jóvenes entre 18 y 22 años. Muchos de estos jóvenes han sido artistas, músicos, líderes estudiantiles.

            Nos movilizamos para criminalizar a los jóvenes y no lo hacemos para rechazar  de forma vehemente estos asesinatos infames y que acaban con sueños, esperanza, vida. ¿Qué rumbo está tomando nuestra sociedad que  no se escandaliza ante las muertes violentas, que el respeto a la vida no se ha convertido en un tabú? ¿Dónde está la indignación colectiva que rechace pacíficamente pero con fuerza este derramamiento de sangre? ¿sólo reaccionaremos cuando el asesinado sea un allegado a nosotros?

            Quiero hacer un llamado al Congreso, al gobierno, a todas las  fuerzas políticas, a todas fuerzas las  sociales y los  ciudadanos  y ciudadanas colombianas,  para unirnos en un bloque inquebrantable que rechace y rodee a nuestros  jóvenes, para que no los maten.

            Hago un llamado al presidente Santos para que asuma la responsabilidad de respetar la vida de cada ciudadana y ciudadano dentro del marco de la ley y  le  pregunto Señor Presidente:  ¿Dónde está  la política pública clara y contundente para proteger la vida de nuestros jóvenes ? 

            Presidente: ¿cómo construir prosperidad, en especial para los jóvenes, si no tienen vida? ¿cómo hablar  de  prosperidad cuando hay tanta muerte?

            Presidente, colegas, ciudadanos y ciudadanas: ¿será que estamos matando a los jóvenes, nuestro presente y futuro, para dejar vivir tranquilamente a otros? ¿será que muchos de nosotros consideramos  que  hay que eliminar   a los jóvenes porque creemos que son riesgosos, un peligro potencial y, de esa manera, contribuimos a la  pacificación de  las ciudades? ¿Estos supuestos son los que realmente fundan la sociedad de la seguridad…democrática? ¿Hay que eliminar “de raíz” los peligros?…

            ¡Espero que no estemos ante este escenario dantesco e intolerable!

             

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            Uribe, ¿factor de división verde?


            La Representante Ángela Robledo y Gilma Jiménez son las más aguerridas figuras de las dos tendencias en que se debate el Partido Verde por los apoyos externos al candidato a la Alcaldía de Bogotá. El peñalosismo anhela la compañía política del expresidente y su coalición. El mockusismo los rechaza por lo que han hecho.

            Cecilia Orozco Tascón.- Se opone usted a que Enrique Peñalosa reciba apoyo del uribismo. Para ganar la Alcaldía de la capital ¿todo vale?

            Representante Ángela María Robledo.- No, no todo vale.

            C.O.T.- Pero ¿para qué tener tres millones y medio de seguidores políticos sin no conquistan el poder?

            A.M.R.- Nuestro partido tiene dos componentes: la conquista del gobierno, por supuesto. Y la esperanza de la ciudadanía que nos acompañó. Esta última parte es fundamental. Y nos la estamos jugando en la próxima contienda electoral.

            C.O.T.- “Una visión de Bogotá” como la que el candidato Peñalosa y el Partido Verde quisieran desarrollar si llegan a la Alcaldía ¿puede sostenerse si ganan gracias a alianzas políticas que conllevarán intereses distintos?

            A.M.R.- Mockus ha dicho que se pueden trabajar programas y que el candidato debe priorizar ciertos aspectos de esos programas aun haciendo alianzas políticas. Pero éstas no sólo tienen que parecer transparentes sino serlo.

            C.O.T.- ¿La alianza con Álvaro Uribe y con el partido de la U no le parece transparente?

            A.M.R.- Álvaro Uribe actuó, en sus tres grandes ejes de gobierno: seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, con el argumento del todo vale. Mientras tanto, en las administraciones de Mockus, Peñalosa y Garzón en Bogotá se pudo lograr seguridad, política social y saneamiento fiscal sin violar ningún principio.

            C.O.T.- Entonces ¿sería deseable que Uribe no apoyara a Peñalosa?

            A.M.R.- El ciudadano Uribe puede apoyar al candidato verde. El expresidente Uribe tiene muchas cosas que explicarle a Bogotá y también a Colombia. En la segunda vuelta de la campaña presidencial del año pasado, Antanas Mockus obtuvo alrededor de 800 mil votos en la capital. Estoy segura de que los verdes podemos llevar a Peñalosa, el mejor de los candidatos, a la Alcaldía si tenemos similar acompañamiento ciudadano. Sin embargo, tenemos que ser coherentes y consistentes.

            C.O.T.- Es decir, ¿no necesitan a Uribe?

            A.M.R.- Por  el  contrario, creo que su apoyo resta votos. Si Peñalosa confía más en la fuerza verde de Bogotá, puede tener muchísimo mayor éxito del que espera en las elecciones. En las reuniones de la dirección nacional del partido se planteó la posibilidad de establecer alianzas ciudadanas primero, y después, alianzas con otros partidos. Pero estas últimas no se han definido aún.

            C.O.T.- ¿Cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de aceptar un apoyo de Uribe?

            A.M.R.-  Francamente no le veo ninguna ventaja. Respeto al expresidente por la posición que ocupó, pero él es el pasado. Bogotá necesita presente y futuro.

            C.O.T.- ¿Cree, como algunos verdes, que los acercamientos de Uribe a Peñalosa son sólo una estrategia para desprestigiar al candidato verde y apuntalar al aspirante de la coalición uribista?

            A.M.R.- No de esa manera. Más bien creo que el expresidente utiliza unas prácticas políticas que lesionan la institucionalización. Fíjese que él, en sus mensajes en Twitter, habla de Peñalosa y le pide a él que se siente con Lozano o con Óscar Iván Zuluaga, pero nunca menciona el marco de los partidos, menos el del Verde. Se refiere al individuo Enrique Peñalosa. No sé si de ahí se puede deducir que Uribe quiere provocar una fisura.

            C.O.T.- ¿Cuál tendencia prima dentro del partido: la peñalosista o la mockusista?

            A.M.R.- Me resulta muy difícil afirmar algo al respecto. Sobre todo porque más allá de cómo se denomine la tendencia, lo que debemos sentir quienes representamos el Partido Verde es la enorme responsabilidad que tenemos con quienes votaron por nosotros. Al principio de la campaña presidencial pasada, éramos tres personas recorriendo Bogotá, una de ellas, Gilma. Luego, el movimiento empezó a tomar fuerza y al final éramos tres millones y medio de personas. A ellas tenemos que responderles ahora.

            C.O.T.-  ¿Se dividirá el Partido Verde por cuenta de Álvaro Uribe?

            A.M.R.- No quiero y no creo. Si eso sucediera, habría una enorme desilusión. Confío en que encontremos el camino para que eso no ocurra.

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            Senadora peñalosista Gilma Jiménez:

            Cecilia Orozco Tascón.- El principal tema de discusión verde hoy, es el del apoyo de Álvaro Uribe y de la U a Enrique Peñalosa ¿Para ganar la alcaldía de Bogotá ¿Todo vale?

            Senadora Gilma Jiménez.- Por supuesto que no. No se puede admitir que se mencione el concepto de “todo vale” al lado del nombre de Peñalosa. Esta ciudad y el país  saben quién es él y les consta que tiene una sola línea de conducta. Perdimos la elección presidencial y de esa experiencia aprendimos que no podemos enterrarnos creyendo que somos los únicos capaces y honestos. “A mí no me pagaron, yo vine porque quise” fue de lejos una consigna ofensiva con el resto de la sociedad que podía ser gente de bien sin acompañarnos.

            C.O.T.- Ustedes atrajeron 3 millones y medio de votos por el rechazo a ciertas prácticas ¿Cómo explicar ahora que hay que recibir el apoyo de quienes representan esas mañas?

            S.G.J.- La situación de Bogotá es tan absolutamente grave y delicada que el partido Verde tiene, como ningún otro partido porque en sus entrañas hay tres exalcaldes de la calidad de Mockus, Garzón y Peñalosa, la obligación de salvar la ciudad que ellos construyeron. Hoy el modelo está en peligro. Eso nos obliga a convocar a todos los sectores sociales y políticos para iniciar la reconstrucción.

            C.O.T.- ¿Incluso con el apoyo del expresidente Uribe?

            S.G.J.- El tema no es Uribe sino Bogotá. Tenemos el mejor candidato, un partido que cuenta con tres personas probadas en materia de gobernabilidad, probidad y transparencia. Nos corresponde convocar a todas las fuerzas para que nos acompañen en el propósito de rescatar la ciudad.

            C.O.T.- Tres millones y medio de seguidores verdes sin conquistar el gobierno de Bogotá ¿Para qué?

            S.G.J.- Esa es una discusión pertinente. Los partidos políticos no son ONG ni pertenecen a la academia. Son organizaciones cuyo objetivo es la conquista de escenarios para hacer efectivos sus planteamientos y su ideología. No sacamos nada con tener un discurso si somos incapaces de lograr el favor de las mayorías. Por eso participamos en la campaña presidencial. Y ahora en la próxima regional. Seguramente vamos a hacer alianzas con otras fuerzas políticas de cara a la ciudadanía y sin relación con la repartija o la politiquería.

            C.O.T.- Peñalosa ha estructurado un proyecto de ciudad. Con alianzas políticas, con gente y partidos divergentes ¿Podrá gobernar con sus planes o le tocará implementar otros?

            S.G.J.- En una década de gobiernos presididos por líderes que no eran iguales, se logró tener una sola visión. Mockus innovó con elementos pedagógicos. Peñalosa construyó sobre el legado de Mockus e incorporó la transformación urbana. Luego llegó Lucho Garzón, recogió lo que sus dos antecesores hicieron e implantó el tema de seguridad alimentaria. El partido Verde cometería un grave error de gobernabilidad sí se niega a reorientar a Bogotá.

            C.O.T.- Y ¿Quién ganará el pulso por la gobernabilidad? 

            S.G.J.- Esa discusión no se puede dar en abstracto sino refiriéndose a la persona que vamos a elegir. A nadie se le puede olvidar el talante del candidato. Estoy completamente segura de que nadie espera nada distinto de lo que ya hizo cuando no cedió ni a la politiquería ni a los tratos oscuros.

            C.O.T.- ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de aceptar el apoyo de Uribe?

            S.G.J.- El apoyo del expresidente no puede minimizarse porque estamos hablando de un gran elector. Si están  todos los sectores políticos, sociales y académicos, habrá mejor suerte para la ciudad. Esta es la ventaja. Resaltar las desventajas es distraerse del fondo del problema que no es otro que sacar a la capital de la crisis.

            C.O.T.- ¿Cree que los acercamientos de Uribe a Peñalosa podrían terminar desprestigiando a éste y posicionando al candidato que determine más adelante la coalición uribista?

            S.G.J.- No conozco tanto a Uribe pero no creo que piense en esos términos. Recuerde que en su primer gobierno llamó a personas del equipo de Peñalosa porque reconocía su calidad. Creo que Uribe está siendo sincero. Pero además, tampoco somos tan ingenuos ni manipulables.

            C.O.T.- ¿El partido va a terminar dividido?

            S.G.J.- Espero que no. Sería una gran desilusión. El doctor Mockus nos dio una lección en la campaña pasada cuando visitó a Uribe en la Casa de Nariño y tuvo la sensatez de reconocer los aportes del gobierno pasado. No veo por qué ahora va a ser distinto. Cuando él era el candidato, todos lo acompañamos. Hoy, es Peñalosa y tenemos que asumir una conducta igual. Entre otras cosas, debemos preguntarnos por qué en las presidenciales no superamos los votos de Juan Manuel Santos en Bogotá, aún teniendo en nuestras filas a los tres exalcaldes más exitosos de la ciudad.

            Otros desacuerdos internos

            C.O.- La senadora Jiménez propone que los violadores de niños tengan penas hasta de prisión perpetua. Siendo usted del Verde, ¿por qué se opone?

             Ángela M. Robledo.- La ley es una instancia de control, pero las sociedades se transforman en su esencia sólo cuando hay cambios culturales y morales. Mejor que endurecer la acción punitiva sería desarmar de agresiones el espacio familiar, el primero donde hay violaciones. Y habría que convertir el cuerpo de los niños en tabú absoluto, modificando las valoraciones sociales.

            C.O.- Usted también se opone a unos artículos que promueve la senadora Jiménez en relación con el incremento de penas para jóvenes delincuentes, ¿por qué?

            A.M.R.- El Código de Infancia y Adolescencia no ha tenido tiempo de ser evaluado. El sistema de responsabilidad penal adolescente hace parte de ese código y apenas ha empezado a funcionar hace un año. Lo sensato es aplicarlo antes de reformarlo. Hay cerca de 100 mil procesos abiertos contra jóvenes; alrededor de 14 mil juicios y 12 mil muchachos recibieron alguna sanción. No es verdad que no estén pagando sus penas: pagan más que paramilitares o que parapolíticos. Como dicen los especialistas: más política social y menos política criminal.

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            C.O.- ¿Le sorprende que en su partido haya oposición a la cadena perpetua para violadores?

            Gilma  Jiménez.- Primero, no se puede reducir la propuesta a cadena perpetua para violadores. Proponemos también la construcción de una sociedad privilegiada para los niños. Segundo, creo que no hay opositores a mi propuesta, sino tesis complementarias: a la aplicación de justicia, adicionarle la formación y construcción de sociedad.

            C.O.- Mientras usted apoya el incremento de penas para los jóvenes que delincan, otros creen que hay que hacer cambios culturales. ¿Está exagerando la solución punitiva?

            G.J.- No nos referimos a niños, sino a adolescentes mayores de 14 años  a quienes la legislación les da algunas responsabilidades. Hay que admitir que lo hecho hasta ahora ha sido un fracaso.

            C.O.- ¿Cuál es su propuesta?

            G.J.-  Subir las penas de cuatro delitos: homicidio, violencia sexual, secuestro y lesiones personales agravadas. Que la sanción se cumpla en lugares especiales y que las penas puedan llegar hasta diez años, pero siendo revisadas cuando se cumpla el 50%.

             

            ENTREVISTA DE CECILIA OROZCO PARA EL ESPECTADOR

             

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            Rendir cuentas es un derecho ciudadano

             

            BOLETIN DE NOTICIAS: ENERO A MARZO 2011. 

            No a las cárceles para adolescentes:

            La Representante Ángela Robledo ha dicho NO a las inciativas legislativas que buscan modificar el Código de Infancia y Adolescencia establecido en la ley 1098 de 2006.  La negativa de la Representante hace especial énfasis a las reformas  del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el Proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia, presentado por el Gobierno (PL. 160/2010 de la Cámara). La iniciativa propone el endurecimiento de las penas a los jóvenes en conflicto con la ley penal.

            Según la Congresista, estas iniciativas representan una nueva forma de victimización de los jóvenes,  vulneran los propósitos que inspiraron al SRPA y van en contravía de las obligaciones internacionales de protección de derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito. Por eso, Ángela Robledo ha iniciado una estrategia encaminada a defender los derechos de los adolescentes. En ese sentido, ha liderado las siguientes acciones:

            1. El 12 de octubre de 2010 la Representante citó a un debate de control político a la Directora del ICBF y a varios funcionarios del Gobierno Nacional para discutir  la política pública de resocialización de jóvenes en conflicto con la ley penal. 

             2. Ángela Robledo y su equipo de trabajo se  reunieron con el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la Corte Constitucional y con la Fiscal General de la Nación. 

             3. Se le informó a la Comisión Primera de la Cámara las implicaciones de la reforma al Código de Infancia en el marco de la Convención de los Derechos del Niño.

             4. La Representante realiza un especial y permanente seguimiento a las instalaciones que albergan a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Desde octubre 2010 se denunció las malas condiciones de estos centros de atención especializada. 

             5. Se logró que entidades y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de l@s niños y se oponen al proyecto de reforma, fueran escuchadas en la Comisión Primera.

             6. Gracias al trabajo con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo,  la Alianza por la Niñez y varios Representantes de otros partidos,  se logró el retiro temporal del articulado del proyecto y la profundización en su estudio a través de una comisión.

             

            Sobre el Partido Verde:

            La Representante a la Cámara Ángela Robledo estuvo presente en los encuentros regionales del Partido Verde realizados en Barranquilla , Manizales, Armenia  y Bucaramanga, ciudades en las que se conformaron las direcciones departamentales.

            Sobre las eventuales alianzas con miras a las elecciones de octubre 2011, Angela Robledo ha insistido que rechaza las alianzas con partidos, grupos o personas que hayan  estado o estén involucradas en prácticas políticas tradicionales que van en contravía de los principios del Partido Verde. La Representante ha dicho:

            1. Uribe y el uribismo no tienen nada que ofrecerle a Bogotá ni al Partido Verde. 

            2. Las prácticas tradicionales como la Yidispolítica, Agro Ingreso Seguro y Falsos Positivos no nos comprometen, no nos interpretan. 

            3. No en mi nombre se negocian los principios. 

             

            Agenda Legislativa:

            Este año la jornada legislativa ha tenido tres ejes fundamentales para la Representante Robledo:

            1. Radicó ponencia positiva al proyecto de Ley No.153 de 2010 “por el cual se dictan normas sobre el Régimen Especial de pensiones de Invalidez, de Sobrevivientes y de Vejez para Periodistas”.

            2. Prepara la ponencia del Proyecto de Ley N°182/2011 Cámara “por el cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable”.

            3. Propuso que el presupuesto nacional se asumiera  desde el enfoque de género. La congresista verde afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo ignora a las mujeres.

            4. La Bancada Verde en la Cámara de Representantes citó a un debate de control político sobre la política ambiental del Gobierno Nacional.  Ante la inasistencia de todos los Ministros citados, la Bancada pidió que se aplazara el debate y exigió respeto con el Partido Verde y con el país.

             

            La emergencia invernal: crónica de una tragedia anunciada:

            Ángela Robledo denunció que la tragedia invernal es el resultado de fallas institucionales, de previsión y de corrupción.

            Para la congresista, la tragedia invernal es un descuido estructural y no un simple hecho impredecible. Por ello sugirió la revisión del modelo de desarrollo que, según indicó, no es sostenible. 

            En la misma línea la Representante alertó sobre la ineficiencia de la reparación a las víctimas con decretos que resultan ser paños de agua tibia, por lo que en la Plenaria del Congreso votó en contra de estos decretos.

             

            Foro: Mujer, cuidado y Medio Ambiente

            El pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la Representante Angela Robledo realizó este foro con el fin de hacer un reconocimiento a las mujeres en su contribución al medio ambiente y a la vida en todas sus expresiones. 

            El foro, al que asistieron cerca de130 personas, concluyó con una propuesta para que se inicie un trabajo desde el eco-feminismo, no sólo para solucionar los problemas medioambientales que aquejan al planeta, sino para que desde allí se luche contra la discriminación. 

            Contó con las ponencias de Carmenza Saldías, Angela Robledo, Grace Zárate, Rodolfo Quintero y Lucho Garzón.

             

            Apuntes políticos:

            *Ángela Robledo fue nombrada Co - Presidenta de la Comisión Accidental de Paz de la Cámara de Representantes. Participó en el Foro Internacional “Haciendo la Paz en Colombia”, que reunió a políticos y activistas por la paz en América Latina y fue realizado en Buenos Aires  del 20 al 23 de febrero.

            *Este año la Representante Robledo se estrenó como columnista del periódico La Patria, en donde los martes cada quince días publica una columna.

            *Entró en vigencia la ley 1434 de 2011 que crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

             

            INFORME COMPLETO DE RENDICION DE CUENTAS DISPONIBLE EN WWW.ANGELAROBLEDO.COM

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            Nuestras historias

            Educación para la prosperidad como un derecho, no como negocio

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Acompaño a los miles de jóvenes que se movilizan en contra de la privatización de la educación superior al tiempo que llamo a que las protestas se hagan de manera pacífica y argumentada.

            Hemos venido exponiendo que la educación es el camino para lograr una Colombia justa, pacífica, respetuosa de la ley y los derechos, innovadora, productiva y próspera. Con educación y cultura derrotaremos la ilegalidad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la informalidad, la destrucción del medio ambiente y los desequilibrios regionales.

            La propuesta de Pedagogía Legislativa y Política, que engloba el conocimiento sobre los procesos políticos y los procedimientos para la adopción y puesta en ejecución de la Ley, tienen por fuerza que hacer parte de esa apuesta por la educación como motor de la transformación social.

            Estamos convencidos de que las universidades son lugares para aprender; son un motor de desarrollo y paz, no un negocio, ni un privilegio, ni un lugar para el intercambio de mercancías.

            Hago un llamado a la Ministra María Fernanda Ocampo, quien adoptó como lema que La educación es el camino para la prosperidad, para que incluya en sus políticas un análisis juicioso sobre la calidad de la educación, que revise  la brecha que existe en cobertura y calidad entre la educación pública y la privada, entre la educación  rural y urbana. Que nos cuente cómo va a prevenir la deserción del 30% que afecta especialmente a los jóvenes pobres entre los 14 y 18 años. Que opine sobre la ruta educativa para la mitad de bachilleres que no entran a la educación superior, que diga qué va a hacer con la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad pero no se gradúan.

            Estamos de acuerdo en que la educación es el camino para la prosperidad, sin duda, pero no como un negocio, sino como un derecho.

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            Prensa: Margarita Sarmiento/ 3202343806

             


             

             

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            Emociones y política

            Algunos han definido los partidos como mecanismos propios del sistema democrático cuya función es la de articular intereses de los distintos sectores que buscan representar, traduciéndolos en un programa de gobierno por el cual votan los ciudadanos y ciudadanas y que, de recibir el respaldo mayoritario de éstos, se convierte en guía para la acción de quienes asumen la dirección del Estado en sus distintos niveles. No cabe duda que hay mucho de verdad en esta definición, pero creo también que ella se queda corta frente a lo que pueden y deben representar los partidos políticos y sus acciones, al menos en el contexto de un país como el nuestro cercado por tantos y tan graves problemas. Al hacer esta afirmación, me vienen a la mente el torrente de emociones que produjo en mí el documental titulado "La Ola Verde. Antana´s way" que fue emitido el pasado fin de semana y realizado bajo la dirección de Margarita Martínez, importante creadora de quien el país ya tenía noticia por su revelador y polémico trabajo de "La Sierra". El desfile de imágenes y sonidos que recoge el documental nos puso a todos quienes pudimos asistir al pre-estreno de la cinta, en contacto con una cascada de sentimientos que iban desde la alegría de haber sido testigos, y en alguna medida protagonistas, de una movilización ciudadana sin precedentes en la historia política de nuestro país, hasta la sensación de tristeza y de frustración que despiertan las escenas finales de lo que parece ser el naufragio de una esperanza de producir un cambio fundamental en la manera de hacer política en este país, cambio aún más trascendental por haber sido promovido por una vía pacífica y ampliamente participativa.

             

            Al reconocer su derrota en las urnas, Antanas Mockus, formuló una pregunta que rondaba entre quienes habíamos puesto lo mejor de nosotr@s en traducir en respaldo electoral esa gran "Ola Verde" que con la participación en especial de los jóvenes, se llenó de multiplicidad y símbolos: ¿Y ahora qué? Y él mismo se respondió: ¡Ahora todo! Con esta invitación a la utopía como práctica y como guía de acción, los simpatizantes, congresistas y directivos del Partido Verde hemos trabajado, no sin dificultades, en el esfuerzo de fortalecer nuestro Partido en lo ideológico, en lo programático y en lo organizativo, en la esperanza de que el mismo se convierta en el vehículo que haga posible ir construyendo, desde lo local, lo municipal y departamental, ese cambio que la sociedad colombiana requiere con urgencia y que se resume en los principios tantas veces repetidos: La vida es sagrada; los recursos públicos son sagrados; con educación todo se puede y, claro está, el principio que marca el derrotero ético de nuestras acciones en todos los órdenes: No todo vale.

            En estos momentos en que los ciudadanos y ciudadanas empezamos a conocer los nombres y las propuestas de ese abanico de candidatos y candidatas de entre quienes habremos de elegir en octubre a quienes habrán de representarnos en las corporaciones de elección popular, concejos y asambleas, y en los gobiernos de las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, resulta urgente ratificar esos principios para que sirvan de guía en el proceso de otorgamiento de avales y de conformación de alianzas con otros movimientos y partidos políticos con los cuales aspiramos ampliar la presencia en nuestro país.

            Además de los principios, consideramos que este proceso de conformación de alianzas electorales debe reconocer las dinámicas propias, las prioridades y las particularidades de cada uno de nuestros municipios y departamentos. Debemos ser también capaces de reconocer que en política los matices son importantes, y que dentro de los demás partidos existen personas y corrientes con los cuales resulta posible definir plataformas de acción conjunta. El proceso de conformación de tales alianzas debe hacerse de manera pública y con total transparencia. Los ciudadanos y ciudadanas deben comprender el porqué y el para qué de los acuerdos que deben tener como único propósito garantizar una mayor gobernabilidad en pro del bienestar de las comunidades. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que las urgencias electorales terminen por descarrilar el proceso de construcción del Partido Verde de ser una alternativa democrática y viable para Colombia.

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            Los jóvenes sí pagan por sus delitos: Representante Angela Robledo

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            La Comisión Primera de la Cámara respondió de manera positiva al llamado de las organizaciones sociales , el Ministerio Público y la academia y tomó la decisión de NO aprobar los artículos del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, dirigidos a modificar la Ley de Infancia y Adolescencia.  En este escenario fue clave el liderazgo de la Representante del Partido Verde Ángela Robledo, quien desde agosto de 2010 se ha opuesto con fuertes argumentos a la reforma. La Representante Robledo respondió cinco preguntas clave para abordar el debate. 

            1. ¿Qué opina de la decisión que tomó la Comisión Primera de la Cámara?

            Es una decisión responsable y sensata ante la solidez de los argumentos que venimos dando a conocer los expertos en el tema. No podemos improvisar. Los jóvenes y adolescentes, a quienes les hemos fallado ya sea desde la familia, la sociedad o el Estado, necesitan ser tratados responsablemente. En consecuencia, lo que debemos es actuar frente a las verdaderas necesidades y debilidades que tiene el Sistema, muy recientemente implementado, para que éste opere cabalmente.

             

             2. ¿Cuál es la ruta que sigue esta discusión?

            De acuerdo con el compromiso establecido con el Ministerio del Interior, sigue una reunión con la Procuraduría, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para analizar a profundidad el tema y definir concertadamente, ya sea la eliminación de los artículos que pretenden modificar el Código de Infancia y Adolescencia o los ajustes que sean indispensables en la propuesta de articulado del Proyecto de Ley 160, de seguridad y convivencia. La decisión que allí se tome será llevada a la Plenaria de la Cámara.

             

            3. El Ministro del Interior dice que los jóvenes son delincuentes peligrosos que no pagan por sus delitos ¿Usted qué opina?

            Que no es cierto. Los jóvenes sí están pagando por sus delitos. Las cifras que presentó la Procuraduría en la Comisión Primera así lo demuestran: desde el 2007 al 2010, la Policía tiene registradas 98.000 aprehensiones; la Fiscalía 18.607 imputaciones y, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, 12.400 jóvenes han sido sancionados. Diferente es que el Sistema no está funcionando. Por ejemplo, hay sitios donde no se cuenta con la infraestructura para internarlos, hay funcionarios responsables de su ejecución que no tienen el conocimiento y los perfiles necesarios, existe desarticulación de las 17 instituciones que deben intervenir en el sistema y, además, el Sistema de Responsabilidad para Adolecentes adolece de un órgano rector que lo oriente, impulse y organice. El sistema de justicia para jóvenes es una responsabilidad del Estado y su inoperancia no puede recaer en los jóvenes infractores.

             

            4. ¿Necesita o no la Ley de Infancia una reforma? 

            Tal y como está planteada la reforma no es adecuada ni necesaria. Se pretenden incrementar tiempos de privación de la libertad en las sanciones de los jóvenes, lo cual va en contra de lo que muestran recientes estudios realizados por el investigador y académico Daniel Nagin, que señalan que el aumento de penas no tiene correlación alguna con la disminución de los delitos, además van en contravía de las normas internacionales sobre protección de los derechos de los jóvenes. Si lo que se pretende es persuadir a través del incremento de la sanción, estamos resolviendo un problema de manera equivocada. El foco de atención debe concentrarse en una verdadera política de prevención del delito y de reales oportunidades educativas, culturales, sociales, laborales para los jóvenes. 

            Lo que se ha propuesto de manera insistente en las diferentes instancias de discusión del proyecto de ley, tanto por parte la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, como por la Alianza por la Niñez de la cual hago parte, es conformar una mesa que evalúe el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y realice los ajustes que se requieran y, si es indispensable, legislar sobre sus reales necesidades.

             

            5. Razones para que la Plenaria de la Cámara vote negativamente esta reforma:

            1. El Sistema de Responsabilidad Penal se implementó en diciembre de 2009, aún no se conocen sus verdaderos resultados y ya queremos modificarlo, eso es legislar improvisadamente. Se han identificado fallas en la capacidad institucional y en elementos de implementación y no en la normatividad. 2. Incrementar las penas es un bandazo más en la política criminal, no reduce el delito ni mejora las condiciones de seguridad. Es responder con el garrote en los síntomas y no en las verdaderas causas. 3. Se necesita ahondar en la comprensión de la situación que enfrentan nuestros adolescentes, particularmente aquellos que hacen parte de ese casi 50% de población en situación de pobreza, sabemos muy poco sobre las causas y los factores que determinan, facilitan o disuaden la comisión de delitos por parte de los adolescentes. Hay que arrebatárselos de las manos  a las bandas criminales, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza y no tan solo las puertas de las cárceles”.

             

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            Angela Robledo pide a Comisión Primera retirar artículos dirigidos a modificar la Ley de Infancia

             

            Ángela Robledo,Representante a la Cámara por el Partido Verde, pidió a la Comisión Primera de la Cámara retirar del proyecto de Seguridad Ciudadana, los artículos dirigidos  a modificar la ley de infancia y adolescencia que buscan endurecer las penas para los menores de edad en conflicto con la ley. 

            "El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) no funciona debido a falta de voluntad política, ausencia de talento humano especializado en el trabajo con jóvenes en conflicto con la ley y recursos técnicos y financieros suficientes, tal como lo han evidenciado los análisis realizados por la Procuraduría General de la Nación", afirmó Robledo.

            Robledo que ha abanderado la defensa de los jóvenes en conflicto con la ley junto con la Alianza por la Niñez (compuesta por 19 organizaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos de la infancia), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ha dado el debate en todos los escenarios posibles, se ha opuesto a estas iniciativas de endurecimiento de penas que no resuelven la problemática de fondo.  

            “Me he opuesto a estas iniciativas que constituyen una nueva forma de victimización de los adolescentes, he dicho insistentemente que estos jóvenes son más víctimas que victimarios y que el aumento de penas vulnera los propósitos que inspiran al SRPA y van en contravía de las obligaciones de protección de derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito”, dijo Robledo.

            La parlamentaria ha insistido en que el endurecimiento de penas no resuelve las causas estructurales de la delincuencia juvenil que están ligadas a la pobreza y a la falta de oportunidades de niños y jóvenes. "Es urgente implementar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes que incluya el desarrollo de políticas sociales y estrategias de prevención del delito”.

             

            Mientras el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras asegura que el Congreso debe asumir el tema de un modo práctico, ya que se trata de sicarios de verdad, las cifras muestran que la mayoría de las conductas de las cuales ha tenido conocimiento el SRPA corresponde a delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

            A nivel nacional, estos delitos representan cerca del 70% de los delitos que han llegado a conocimiento de las instancias competentes, en tanto que en Bogotá este porcentaje supera el 80%. Por el contrario, los delitos que el proyecto de ley califica como graves, esto es, homicidio, lesiones personales y acceso carnal con menor de catorce años, representan cerca del 8% de los delitos conocidos tanto a nivel nacional como en Bogotá, aunque existe una notable diferencia en el porcentaje de homicidios, siendo más bajo en esta última que el registrado para el país.

            La parlamentaria retomó las conclusiones del encuentro de la Alianza por la Niñez que se reunió en febrero de este año, bajo el liderazgo de llva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia y en el que participaron algunos miembros de la Comisión Primera, orientadas a convocar una discusión nacional sobre el tema y en caso de ser necesaria proponer una reforma estructural de la Ley de Infancia y Adolescencia.  

             

            La Comisión Primera ya aprobó 40 artículos de este proyecto de ley y mañana martes continúa el debate. Se espera la intervención de la Procuradora Delegada para la Defensa del Menor, Ilva Myriam Hoyos, para quien la reforma planteada resulta "insuficiente, contradictoria e inocua".

             

             

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            Un Plan de Desarrollo con "prosperidad para todos" no puede ignorar a las mujeres: Angela Robledo

            La Representante a la Cámara por el Partido Verde propone que se determine e incluya el presupuesto que la Nación va a destinar a las mujeres. “No se trata de incrementar las partidas, sino de evidenciar cuánto del presupuesto se va a destinar específicamente para ellas”.

            Robledo afirmó que “no es posible resarcir los derechos vulnerados de las mujeres sin recursos específicos para ellas”.

            En una proposición la parlamentaria plantea que al menos el 10’% del presupuesto del Plan de Desarrollo vaya específicamente a proyectos que involucren a las mujeres, teniendo en cuenta que las condiciones que afrontan las mujeres en todos los escenarios es de clara desventaja: “Las principales víctimas de la violencia intrafamiliar son las mujeres (90% de casos), la cantidad de mujeres desempleadas es del doble frente a los hombres. Los hombres ganan un 25% más que las mujeres, teniendo el mismo cargo.  El porcentaje de mujeres en la política es mínimo (16%). Las principales víctimas del desplazamiento son las mujeres.

            Cada uno de estos problemas, tomados aisladamente, para abordarlos de manera seria durante 4 años y superarlos, requiere de unos recursos superiores a los $38.524 mil millones de pesos presupuestados. Claramente, el rubro asignado es insuficiente. Es paradójico que el presupuesto asignado a los asuntos de género sea el más bajo, apenas el 0,01% del total del presupuesto”, indicó la Representante Angela Robledo.

            “El Plan Nacional de Desarrollo no es equitativo ni incluyente cuando a las mujeres, que somos más de la mitad de la población, no nos asignan ni siquiera el 1%, dice Angela Robledo.

            La congresista aseguró que un Plan de Desarrollo que pretende "prosperidad para todos" no puede dejar a más de la mitad de un país por fuera, mientras que a la guerra le asigna 12%.

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            Una luz de esperanza para un planeta amenazado

            El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Distintas organizaciones, nacionales e internacionales, realizaron eventos para celebrar algunos avances que hemos tenido las mujeres en todos los campos de nuestras sociedades, pero también para recordarnos que aún queda mucho camino por recorrer en el goce efectivo de los derechos por parte de tantas y tantas mujeres en Colombia y en el mundo. Vale recordar que en el planeta la violencia contra las mujeres continúa dejando su impronta, el 70% de ellas han sufrido alguna forma de violencia. Un reciente informe de Naciones Unidas muestra que las mujeres llegamos al siglo XXI, con ingresos menores al 20% en relación con los hombres, a pesar de que en muchos países, como en Colombia, hemos logrado mayores niveles de educación. Seguimos siendo las despojadas de la tierra, la titularidad es un derecho fundamentalmente masculino, y con la excepción notable de algunos países escandinavos, las mujeres tenemos aún muy poca voz en los escenarios políticos formales, por ello nuestros intereses permanecen la mayoría de las veces 'silenciados', dada la existencia de un aplastante privilegio masculino en la definición e implementación de las políticas públicas.

            Sobre este tema escribí en mi primera columna en el Diario LA PATRIA -de esta mi patria, o tal vez debería decir mi matria chica- en la cual señalaba que una democracia sin la presencia deliberante, activa y fuerte de las mujeres, es una democracia incompleta.

            Por nuestra parte, quisimos celebrar este día tan significativo con un Foro en el recinto del Congreso sobre "Mujer, cuidado y Medio Ambiente", cuyo propósito fue hacer un reconocimiento a la contribución de las mujeres al cuidado de la vida en todas sus expresiones y al cuidado del Medio Ambiente que la sustenta. El evento sirvió también para renovar nuestro compromiso de luchar, con todas nuestras fuerzas, en contra del patriarcado, esa suma de instituciones y de prácticas que sustentan las múltiples expresiones de dominio y discriminación en contra de los derechos de la mujer en los campos educativo, laboral, sexual, reproductivo y político. Patriarcado que, al mismo tiempo, ha contribuido a la explotación del medio ambiente, al agotamiento de los recursos naturales en numerosas regiones del mundo, produciendo lo que ha llamado las "guerras climáticas" que hoy cuentan con miles de refugiados que huyen de los campos y ciudades.

            Por ello hoy decimos que hay que feminizar el mundo, dando paso a valores como la solidaridad, la cooperación, el cuidado medioambiental, juntando los saberes ancestrales de nuestras mujeres, su capacidad para el cuidado de la vida, con otras formas de conocimiento sobre este nuestro único y común planeta amenazado.

            Como lo señala Vandana Shiva, física, filósofa, pacifista y feminista, premio Nobel alternativo, esa posibilidad la encontramos en el ecofeminismo que busca poner la vida en el centro de la organización social, política y económica. Como nos recuerda Shiva, las mujeres ya lo hacen porque a ellas se les ha dejado la tarea del cuidado, del mantenimiento de la vida, porque antes que dominar y explotar la naturaleza, han reconocido la necesidad de preservar sus recursos naturales. El contacto cotidiano de millones de mujeres con el agua, con los arados, con la leña para prender el fuego, las conecta con prácticas que hacen sostenible el planeta, esa cotidianidad donde nuestras relaciones sociales se concretan, se llenan de sentido. El ecofeminismo es la convergencia de la ecología y el feminismo. La ecología nos plantea que no se pueden destruir los fundamentos ecológicos a través de los que sobrevivimos. El feminismo nos convoca a adelantar profundas transformaciones culturales, económicas y sociales que eliminen cualquier forma de dominación y violencia contra los seres humanos y la naturaleza. El ecofeminismo es realmente la filosofía de toda sociedad duradera.

            Feminizar el mundo es preservar la vida en todas sus expresiones, en un planeta habitable. La tierra la estamos secando, los mares y los ríos se contaminan, las ciudades se arrasan, necesitamos de la humedad y la capacidad fertilizante de lo femenino para que el planeta vuelva a ser surco para la vida.

            Columna de opinión para el Periódico La Patria

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            Día Internacional de la Mujer en el Congreso de la República

            La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, realizará este martes el Foro Mujer, Cuidado y Medio Ambiente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (CLIC AQUI PARA INSCRIPCIONES)

            El evento reúne a personalidades de la academia, mujeres de organizaciones ambientalistas y líderes de diferentes partidos políticos para debatir sobre los retos frente al cuidado del planeta. "Queremos hacer un reconocimiento a la contribución de las mujeres al cuidado de la vida en todas sus expresiones y al cuidado del Medio Ambiente que la sustenta, y de esta manera vincularnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer", dijo la parlamentaria.

            Recientemente la congresista criticó  los precarios avances que en materia de derechos políticos tienen las mujeres en Colombia: "Nuestro país ocupa los últimos lugares de participación política de mujeres en América Latina. Comparte al igual que la República del Congo, el puesto 110 entre 134. Las mujeres son tan solo 14% en los concejos, 17% de las diputadas,  9% de los alcaldes y 12% del parlamento. En las dos elecciones de Congreso de esta década (2002 y 2006) en 17 departamentos no ha sido elegida ninguna mujer en la Cámara de Representantes. En 11 departamentos, no existe una mujer como diputada.  Una encuesta reciente de la Misión de Observación Electoral señala que las mujeres pese a representar 51.8% del censo nacional y 51.9% del potencial electoral, solo 45% vota realmente". 

            De acuerdo con Robledo " Continuar la lenta marcha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, como sujetos que constituyen la otra mitad de la humanidad que ha estado sometida a la voluntad suprema del varón, ha sido un proceso difícil que ha pasado tanto por las presiones de los movimientos de mujeres a nivel mundial y nacional, como por el impacto que las transformaciones económicas, políticas y sociales han tenido sobre las costumbres y las prácticas cotidianas".

            Gracias a la presión que han  ejercido  las mujeres y a la respuesta, que en ocasiones, encontraron a sus peticiones –ya sea por compartir ideales radicales o socialistas, por la necesidad de abrirse a las reformas necesarias para permitir que el país avanzara hacia la modernidad – se logró que Colombia participara y firmara una serie de convenciones interamericanas a partir de 1928, año en que se realizó la Sexta Conferencia Internacional de los Estados Americanos y se creó la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), primer organismo intergubernamental en el mundo constituido expresamente para luchar por los derechos de las mujeres.

            Esta serie de convenciones y pactos puso en claro la falta de reconocimiento explícito a los derechos humanos como un pacto de la sociedad que incluyera también a las mujeres. Se comienza a plantear que el modelo de ser humano no puede seguir siendo el del varón. Era necesario tener en cuenta a las mujeres y por eso fue tan importante que desde ellas se comenzara también a construir y a escribir la historia; a reconstruir los valores de la sociedad, los ideales y la cultura.

            Por ello la importancia de la exigencia de los derechos de las mujeres para lograr ser reconocidas en la sociedad como sujetos actuantes y deliberantes: el derecho a la integridad física, al trabajo digno, a una  educación de calidad e incluyente, a la cultura; al acceso al poder, a una vida sexual sana y plena, a conservar y manejar sus propios ingresos, al tiempo libre, a ser tratadas con dignidad. El derecho al goce, al tiempo libre, a disfrutar efectivamente y en igualdad de condiciones y oportunidades, de los mismos derechos que gozan los hombres y que el Estado les protege.

            Ángela Robledo ha venido convocando al Partido Verde y los partidos de todos los colores para que se anticipen a la nueva reforma política que contempla beneficios para aquellas colectividades que incluyan mujeres en sus listas y que efectivamente logren que un mayor número de mujeres acceda al poder para transformar  la realidad, la biografía y la historia  de las mujeres y logar que sus prácticas cotidianas de cuidado del planeta,  se impongan para darle continuidad a la vida. 

             

            Evento: Foro Mujer, Cuidado y Medio Ambiente

            Fecha: Martes 8 de marzo de 2011. Día Internacional de la Mujer

            Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez. Edificio Nuevo del Congreso

            Hora: 8 a.m. - 1:00 p.m.

            CLIC AQUI PARA INSCRIPCIONES


             

             

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            Alvaro Uribe y el “Uribismo” no tienen nada que ofrecerle a Bogotá ni al Partido Verde

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Queremos reiterar con total claridad que estamos convencidos de la urgencia de trazar una clara distancia con prácticas del gobierno Uribe como las denominadas yidis-política, parapolítica, chuzadas, falsos positivos y agro-ingreso seguro, entre otros.  

            Nada puede aportar el Uribismo a la búsqueda de una salida a la crisis en que se encuentra Bogotá. En el campo de la seguridad, Bogotá, y el país están evidenciando los límites de la estrategia de “seguridad democrática”. Las cifras señalan preocupantes tendencias en materia de in-seguridad, particularmente en las ciudades donde se ha registrado un incremento en el número de homicidios.

            El General Naranjo señaló que las denominadas Bandas Criminales Emergentes, o el viejo paramilitarismo reinventado, como la mayor amenaza al orden público. La pregunta es: ¿es este modelo de seguridad democrática  la fórmula  que debemos adoptar en Bogotá?

            Tampoco en materia social resulta útil el modelo “Uribista”. En este campo, la promoción de la cohesión social se limitó a operar una serie de “redes” que buscaban, más que permitir que una buena parte de la población saliera de la pobreza por la vía de la educación y del empleo de calidad, evitar que se hundieran irremediablemente en la miseria. Familias en acción; cupos educativos en el SENA sobre cuya pertinencia y calidad nunca se han rendido cuentas; programas asistenciales en materia de nutrición que en muchos casos terminan por privar a las comunidades de sus capacidades endógenas para mejorar su calidad de vida. Todas ellas bajo el control directo, sin mediación institucional, de una figura providencial, omnisciente y omnipresente.

            Bajo el gobierno Uribe la Cohesión social nunca fue entendida, ni promovida, como la creación de condiciones que hagan posible la incorporación en los beneficios de la ciudadanía social - mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de los barrios, zonas y regiones  más pobres; posibilidades de trabajo e ingresos de los grupos más vulnerables; desarrollo de capacidades y aumento de las oportunidades para los más pobres - de millones de colombianos y colombianas que aún se encuentran excluidos de la misma.

            Tampoco se asumió la política social como un proceso de lucha frontal contra las redes clientelistas que perpetúan relaciones desiguales entre grupos necesitados y dispensadores de favores que amarran reciprocidades electorales. Ni se entiende como la promoción de un “capital social positivo”, esto es, la promoción de relaciones de confianza y de cooperación entre los ciudadanos y ciudadanas de manera tal que se promueva no solo el crecimiento económico, sino la inclusión, la equidad y la participación.

            Por fortuna para nuestra Bogotá, la ciudadanía ha demostrado que es capaz de discernir entre las distintas opciones políticas que se le presentan. Los bogotanos y las bogotanas no queremos que se nos ofrezca “vino viejo en odre nuevo”. Queremos una relación clara y transparente con nuestros dirigentes, con nuestros voceros y representantes. Solo así podremos reconstruir la confianza, tan menguada hoy en día, en nuestras autoridades.

            Desde hace ya muchos años, en mi ejercicio como mujer de la academia, como activista de distintas Organizaciones no gubernamentales, como lidereza social y política que ha buscado representar el pensamiento de los miles y miles de jóvenes que rompieron su apatía frente a la política para participar de manera activa, innovadora, generosa y esperanzadora en la pasada campaña presidencial y que hoy reclaman que los candidatos y las candidatas a los cargos de elección popular sean y se mantenga verdes, quiero hacer una invitación pública para que nos unamos en una campaña fuerte de rechazo a toda conducta política que se aleje de nuestros principios. Digamos todos a una voz que esas prácticas no nos comprometen, que esas palabras no nos interpretan. Que quienes las pronuncian y las realizan lo hacen por su propia cuenta y riesgo.

             

            ¡NO EN MI NOMBRE SE NEGOCIAN LOS PRINCIPIOS!

             

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            Jóvenes en Colombia: más víctimas que victimarios, dice Representante Angela Robledo

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            En las últimas semanas algunos medios de comunicación se han volcado con la pasión que los caracteriza a registrar situaciones de seguridad en las cuales muchos jóvenes son presentados como los mayores criminales en Colombia. Es en este contexto de miedo generalizado y de "crisis de seguridad", en el cual surgen algunas iniciativas legislativas que buscan proponer castigos ejemplares para enfrentar dicha situación como son: aumento de penas, disminución de la edad mínima de responsabilidad penal, ampliación de delitos que tienen pena privativa de la libertad y hasta el castigo en cárceles. Estas demandas parecerían ignorar investigaciones como las del brasileño Sergio Piñero quien demuestra que las medidas represivas en los países latinoamericanos, no solo no han logrado incidir en la disminución de la llamada delincuencia juvenil, sino que han perpetuado la cultura del autoritarismo en la región.

            Desde el Congreso de la República, me he opuesto de manera sistemática y argumentativa a los proyectos de ley que proponen salidas represivas, para enfrentar el problema de los jóvenes en conflicto con la ley en Colombia. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración del Código de Infancia y Adolescencia el cual incluye un capítulo referido al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, cuya premisa central es que si bien los jóvenes son responsables penalmente de cara a sus acciones, al mismo tiempo son sujetos en formación que deben recibir una sanción orientada a cumplir una finalidad educadora, rehabilitadora y protectora.

            Las cifras disponibles sobre las conductas en las cuales incurren los jóvenes, muestran que un 70% corresponde a hurto y microtráfico de estupefacientes, por el contrario los delitos graves referidos a homicidios y delitos personales representan solo el 8%. La pregunta que surge es si no estamos presentando propuestas sobre la base de unos hechos que si bien rechazamos categóricamente, no representan el grueso de las conductas delictivas en las que éstos incurren.

            Estoy convencida que hace falta ahondar en la comprensión de las situaciones que enfrentan nuestros adolescentes y jóvenes, de manera particular aquellos que hacen parte de ese casi 50% de la población que vive en condiciones de pobreza y miseria, esos que deben enfrentar las limitaciones en cuanto a cobertura y calidad de la educación, o que hacen parte del 30% de jóvenes que desertan de la escuela para incorporarse al mundo del rebusque, la explotación laboral o la ilegalidad. En Colombia la posibilidad de que un joven muera asesinado, es cinco veces más alta que en América Latina. La guerra centenaria que vive Colombia, degradada por el narcotráfico se ha trasladado a los sectores populares de las grandes ciudades, y ha convertido a nuestros jóvenes, en sus principales víctimas, transformándoles a su vez en muchas ocasiones en victimarios de sus pares y vecinos, produciendo sujetos que actúan como "máquinas de guerra". En Colombia, la muerte ronda la vida de adolescentes y jóvenes, en especial la de aquellos que han estado excluidos social, cultural y económicamente.

            Nuestra Constitución establece que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes son prevalentes y no distingue entre "los niños buenos y los chicos malos". Se trata de un mandato que los cobija a todos por igual. Mal haríamos entonces en pensar que políticas populistas de mano dura, van a resolver las enormes brechas sociales y económicas que existen en Colombia. Podemos construir muchas cárceles, encerrar a muchísima gente, no solo a los jóvenes, pero no lograremos una verdadera justicia y tampoco se incidirá en las causas profundas que originan la delincuencia juvenil.

            La sociedad siente que los adolescentes infractores constituyen una gran amenaza y que no están pagando por sus crímenes, el gobierno y algunos miembros del parlamento se la juegan con mayores penas y cárceles, los jóvenes sienten que pueden ""librarse" fácilmente de la justicia, las organizaciones criminales los instrumentalizan y luego los asesinan. Es tiempo de que el Estado, la familia, la sociedad, los organismos internacionales, los protejamos integralmente y con ellos, construyamos una ruta que promueva ciudadanos, sujetos éticos, capaces de hacerse cargo de sí mismos y de los demás y del mundo en el cual habitan.

             

            Columna de Opinión para el Periódico La Patria

            Publicada en: http://www.lapatria.com/story/j%C3%B3venes-en-colombia-m%C3%A1s-v%C3%ADctimas-que-victimarios

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            Violan derechos de adolescentes en conflicto con la ley, advierte Representante Angela Robledo

            "Si uno abre los ojos a tiempo, se salva": joven en conflicto con la ley 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara del Partido Verde, hace un llamado a los entes de control, a las entidades responsables del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos de la niñez a tomar medidas inmediatas y estar alertas frente a las situaciones de violación de derechos humanos que se vienen presentando en el CESPA (Centro de Servicios Jurídicos Especiales para Adolescentes)  y el Redentor, instituciones destinadas a atender a los menores de edad en conflicto con la ley.

            Robledo visitó las instalaciones del CESPA y estuvo conversando con algunos de los adolescentes para verificar la Información suministrada por algunos funcionarios del CESPA  que da cuenta de situaciones de hacinamiento, lo que ha ocasionado que los menores infractores tengan que esperar días y noches enteras para acceder a los procesos judiciales, contraviniendo la Convención de los Derechos del Niños que obliga a activar el aparato judicial y de restablecimiento de derechos para los niños y jóvenes en conflicto con la ley.

            Según dijeron fuentes internas del Centro  "Los adolescentes en conflicto con la ley, que son aprehendidas en horas de la tarde y noche, no los recibe el ICBF, porque no hay capacidad, no hay cupo. Estos menores de edad deben permanecer sentados todo el día y la noche, aguantando frío y hambre". 

            De acuerdo con la información suministrada por funcionarios que laboran en el centro la capacidad del Redentor es de 300 cupos y a la fecha se encuentra allí 400 menores de edad

             

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            La Paz no se decreta, se construye, dice Representante Angela Robledo

            Importantes pronunciamientos sobre la paz hizo hoy Ángela Robledo, quien en su condición de integrante de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, participa en el Foro Internacional Haciendo la Paz en Colombia que finaliza en Buenos Aires (Argentina)  y que reunió a políticos y activistas de la paz en América Latina.

            La parlamentaria del Partido Verde dijo que “hay que poner fin al conflicto colombiano” y que esta tarea la tenemos que hacer entre todos con el liderazgo del presidente Santos.

            Robledo se comprometió a trabajar desde el Congreso de Colombia y a través de una estrategia de pedagogía de la paz  en la búsqueda  de condiciones que faciliten procesos de paz para el país.

            Estos son algunos apartes de su pronunciamiento: 

            “Para lograr la paz es necesario promover el rechazo social y la censura moral al uso de la violencia, en particular en las prácticas políticas. La paz se construye, no se decreta para lo cual resulta necesario fortalecer el aparato de justicia, crear condiciones que hagan posible desarrollo regional con participación ciudadana y fomentar una profunda transformación cultural hacia la legalidad”.

            “La legalidad democrática se fundamenta en el monopolio del Estado en la administración de la justicia, y en la consolidación del uso legítimo de la fuerza. No todo vale. El fin no justifica los medios. Por el contrario, es la legitimidad de los medios, su estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, los que darán al Estado la fuerza política, la legitimidad, la confianza y el respaldo de la ciudadanía para poder construir una sociedad en donde la vida sea sagrada”.

            El tratamiento que en una sociedad democrática pueden esperar las víctimas del prolongado conflicto interno armado se enmarca en una cultura de solidaridad y reconocimiento de la sociedad hacia quienes han sufrido la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La reparación a las víctimas no puede requerir su previo reconocimiento judicial. No podemos olvidar a las víctimas, para lo cual proponemos una agenda permanente de acciones simbólicas y materiales de reconocimiento y resarcimiento”

            “Paulo VI señaló que la Justicia es el nuevo nombre de la Paz. Compartimos esa visión. Las políticas sociales destinadas a combatir la extrema inequidad social, característica sobresaliente y negativa del país, deben ser una bandera permanente para apuntalar la paz,erradicando así el caldo de cultivo de la violencia. Entre tales políticas cabe mencionar la destinada a solucionar el eterno problema de tierras, quizás el eje de reproducción de conflictos y violencias; las que hagan posible la generación de empleos estables en el campo y las ciudades; las que garanticen educación de calidad a todos los niveles, como medio de desarrollo del conocimiento y fundamento del empleo digno, y las que promuevan el respeto a las normas de convivencia ciudadana”.

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            Intervención ante la Corte Constitucional apoyando demanda matrimonio LGBT

            Bogotá. D.C., Febrero de 2011

             

            HONORABLES MAGISTRADOS

            CORTE CONSTITUCIONAL

            GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

            Magistrado Ponente

             

            Referencia: Intervención ciudadana en el proceso D-8376 acumulada al proceso D-8367. Acción de inconstitucionalidad para el reconocimiento del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

             

            Nosotros, Ángela Robledo y Alfonso Prada, en nuestra calidad de Representantes a la Cámara, fuimos autorizados por la Dirección Nacional del Partido Verde en reunión realizada en la ciudad de Barranquilla, el día 21 de enero del año en curso, para presentar el siguiente escrito con el fin de ratificar nuestro apoyo a la demanda de Constitucionalidad interpuesta por; Marcela Sánchez Buitrago, Directora Ejecutiva de COLOMBIA DIVERSA; Rodrigo Uprimny Yepes, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA; Luz María Sánchez Duque, Diana Esther Guzmán Rodríguez y Cesar Rodríguez Garavito, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA; Mauricio Noguera Rojas, abogado de COLOMBIA DIVERSA;  y Felipe Montoya, Felipe Arias Ospina, Juan Miguel Eslava Lozzi y Juliana Emilia Galindo Villarreal contra los artículos 113 del Código Civil Colombiano (Parcial) y 2 de la Ley 294 de 1996 (Parcial), normas que prohíben a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio por la vía civil, conformar una familia y establecen como una de las finalidades del matrimonio la “procreación”. 

             

            La Constitución Política de 1991 en su artículo 13 erradica cualquier clase de discriminación al consagrar que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.  Y a través de un mandato constitucional conmina para que  la ley  logre esa igualdad real y efectiva.

             

            El artículo en mención hace referencia a todas las personas, esto incluye la diversidad y preferencia y sexual de los ciudadanos. Éstos, como cualquier ciudadano deben gozar y no ser excluidos de los derechos que les asigna la Constitución, incluido el derecho al matrimonio. Es decir, la posibilidad de que una pareja del mismo sexo pueda contraer matrimonio es un derecho de estas personas que no puede negarse. En aras de que esta igualdad de derechos sea real y efectiva se debe adoptar una acción que reivindique este derecho. 

             

            Es clara la situación de desigualdad profunda ante la que estamos. Un tipo de ciudadanos, los heterosexuales, pueden contraer matrimonio y otro tipo de ciudadanos, los homosexuales, no pueden contraer matrimonio. Este hecho evidencia que aún en el siglo XXI se considera que existen ciudadanos de primera categoría y otros de segunda categoría. El Estado se relaciona con ellos no sólo de manera diferencial sino claramente discriminatoria. La posibilidad de acceder a este derecho debe ser igual para cualquier ciudadana y ciudadano,  independientemente de su preferencia sexual. Es respetar el supuesto básico de la inclusión y la no discriminación.

             

            ¡No más discriminación! Independientemente de las preferencias sexuales toda persona es sujeto de derechos merecedora de las mismas garantías otorgadas constitucionalmente a toda la  población.

             

            Si bien se ha avanzado por vía jurisprudencial en el reconocimiento de los derechos de las personas del mismo sexo, tales como derechos patrimoniales, pensión de sobreviviente, seguridad social y un compilado de normas que recogen derechos civiles, políticos, económicos, migratorios y penales, éstos no son suficientes para que las personas del mismo sexo puedan gozar plenamente de sus derechos.

             

            La discriminación permanente a la que han sido sometidas las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, se pueden equipar a las mismas luchas que las mujeres, los indígenas y los afro descendientes, por nombrar sólo algunas de estas luchas, han emprendido desde el siglo pasado para el reconocimiento pleno de sus derechos y que hoy en día ya no se discuten, razón por la cual vemos de trascendencia histórica para la sociedad colombiana el fallo de la Corte Constitucional al respecto, basado en  una interpretación sistemática de las normas demandadas.

             

            Ahora bien, otro de los obstáculos que algunos sectores de la sociedad argumentan para impedir el matrimonio civil de parejas del mismo sexo tiene que ver con el concepto de familia, en el cual solo tiene cabida papá, mamá e hijos, en la actualidad esa concepción se ha transformado de tal manera que la familia está conformada por más que los padres y los hijos, sea pues esta la oportunidad para acudir a lo que han expresado ustedes como Tribunal Constitucional en sus fallos, en sentencia C 811 de 2011 se indicó;  

             

            “La institución familiar es en extremo compleja, en el sentido de que quienes la conforman están vinculados entre sí por múltiples intereses y afectos. Sin embargo, tras una simplificación de la cuestión no sería absurdo afirmar que el vínculo originario y primigenio que da origen a la familia radica en la existencia de relaciones creadas con vocación de permanencia y fundadas en el afecto, la solidaridad y la intención de ayuda y socorro mutuo. En este sentido, la institución familiar constituiría el “núcleo fundamental de la sociedad” (CP, art. 42) porque sería allí donde surgirían las formas más esenciales de la solidaridad social (CP, art. 1°). Como lo decía Ciro Angarita Barón desde el comienzo de esta Corte, la familia esta donde están los afectos” (el resaltado es nuestro).Es sobre este sentido de la familia, expuesto por el ex -magistrado Angarita, que se basa el derecho que tienen las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

             

            Ratifica nuestro compromiso con las acciones encaminadas a garantizar los derechos de la población LGTB, que durante los mandatos de los co- presidentes del Partido Verde fueron incorporadas en sus planes de desarrollo  políticas orientadas a trabajar el tema de la diversidad sexual, incluyendo capacitaciones a los funcionarios de la Policía, campañas masivas de comunicación con una participación activa de la comunidad. En el caso de Bogotá durante la administración de Luis Eduardo Garzón se  implementó una política distrital para los derechos de la población LGBT, así como se creó un Centro Comunitario para atender las prioridades de la población LGBT de Bogotá. De igual manera como los tres ex - alcaldes desarrollaron acciones en pro de los derechos de esta población, Sergio Fajardo en Medellín hizo lo propio. 

             

            El Partido Verde en aras de defender los principios de igualdad, inclusión y diversidad apoyamos esta demanda, más aún cuando una de nuestra prioridades es “la eliminación de toda discriminación sexual”. Este tipo de decisiones fortalece y enriquece la democracia.

             

            Atentamente,

            Angela Robledo

            Representante a la Cámara

            @angelamrobledo en Twitter

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            Alfonso Prada

            Representante a la Cámara

             

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            No a las cárceles para adolescentes, dice la Representante Angela Robledo

             

             

             

             

             

             

             

            Desde octubre del año pasado cuando se radicaron en el Congreso de la República las iniciativas tendientes a aumentar las penas para los menores infractores y ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, la Representante a la Cámara Ángela Robledo ha venido animando el debate en contra de las medidas:  “Me he opuesto a estas iniciativas que constituyen una nueva forma de victimización de los adolescentes, vulneraran los propósitos que inspiran al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y van en contravía de las obligaciones de protección de derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito”.

            La parlamentaria ha advertido sobre la inconveniencia que tiene para el país aumentar las penas a  jóvenes y modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que sólo lleva tres años y que aún no se ha puesto en marcha, por falta de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. “No podemos perder el trabajo de más de 15 años para tener esta Ley dirigida a cumplir una misión resocializadora y pedagógica. Es urgente implementar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes que incluya el desarrollo de políticas sociales y estrategias de prevención del delito”, dijo Robledo el año pasado.

            Hoy en un encuentro, convocado por la Alianza por la Niñez (que incluye 19 organizaciones nacionales en internacionales que velan por derechos de niños y adolescentes) en el que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y miembros de la Comisión Primera del Senado, entre otros, se debatió ampliamente los alcances del Proyecto de Seguridad y Convivencia en relación con la Ley de Infancia y Adolescencia y se concluyó que es necesaria una revisión general de esta Ley y, de ser necesaria, una reforma estructural de la misma, puesto que como está planteada la reforma resulta "insuficiente, contradictora e inocua" en palabras de la Procuradora.

            Tal y como se viene planteando el cambio en algunos artículos no inciden de manera integral en las causas que originan la delincuencia juvenil y tampoco acude al ejercicio de corresponsabilidad que tienen el Estado, la sociedad y las familias para prevenir que los jóvenes terminen delinquiendo.

            Las cifras muestran que la mayoría de las conductas de las cuales ha tenido conocimiento el SRPA corresponde a delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. A nivel nacional, estos delitos representan cerca del 70% de los delitos que han llegado a conocimiento de las instancias competentes, en tanto que en Bogotá este porcentaje supera el 80%. Por el contrario, los delitos que el proyecto de Ley 153 de 2010 califica como graves, esto es, el homicidio y las lesiones personales y el acceso carnal con menor de catorce años, representan cerca del 8% de los delitos conocidos tanto a nivel nacional como en Bogotá, aunque existe una notable diferencia en el porcentaje de homicidios, siendo más bajo en esta última que el registrado para el país.

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            No queremos seguridad a cualquier precio en los colegios de Bogotá: Ángela Robledo

                                                           

            La Representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela Robledo pide al Alcalde de Bogotá revisar las medidas de seguridad implementadas en colegios públicos del distrito a fin de que “además de cámaras se planteen estrategias de fondo que permitan avanzar en la grave problemática de violencia en las aulas de la ciudad”.

            En un documento publicado en sus redes, la parlamentaria dejó sentada su protesta en contra de la medida: “Quiero expresar mi más enérgico rechazo al proyecto, ya en ejecución, de instalar 1.280 cámaras de vigilancia al interior de 198 colegios distritales. Estas cámaras ya están operando en el Colegio Delia Zapata, en la localidad de Suba, y en otros ubicados en Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar y en el Gustavo Rojas Pinilla, de Kennedy. La inversión estimada es de 30.000 millones de pesos”.

            Efectivamente la estrategia ya arrancó con una inversión inicial de $ 16.196.000.000 que corresponde a un convenio entre la Secretaría de Educación y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y que incluye la instalación de cámaras en 25 colegios de la capital.

            Ángela Robledo expresó su rechazo frente al papel que deben asumir los educadores con la nueva medida y calificó de inauditas las declaraciones de Sonia Forero, rectora del Colegio Delia Zapata: “La rectora dedica sus horas no a definir y poner en práctica el proyecto educativo institucional, sino a vigilar, como en las peores pesadillas totalitarias, qué hacen, qué dicen y cómo interactúan los estudiantes, niños y niñas, adolescentes, en los espacios en que están definiendo sus propios proyectos de vida y adquiriendo las habilidades de socialización, de interacción, de vida en comunidad que les habrán de servir a lo largo de los mismos”.

            “La escuela –asegura la Representante- debe pensarse como un espacio de despliegue de subjetividades, de trabajo sobre las interacciones, la autonomía y la libertad. No un espacio carcelario donde el principio que motiva la acción es el miedo y el castigo. La función pedagógica de la escuela pierde todo norte: se está renunciando a la potencia de educar y formar en aras de vigilar y castigar”.

            La congresista verde aseguró que frente a las múltiples voces que vienen proponiendo, con suficientes razones, más seguridad, es necesario y urgente reflexionar sobre las acciones a emprender y sus alcances, para que éstas no vayan en contra vía del Estado de derecho y de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

            “El país está evidenciando los límites de la “seguridad democrática” (expresión inaceptable puesto que en un Estado de Derecho, toda seguridad debe ser democrática),  estrategia utilizada para encubrir un modelo de acuerdos débiles con fuerzas paraestatales que incluían beneficios judiciales para los cabecillas, e impunidad de hecho para los combatientes rasos de las “autodefensas”. El modelo también contemplaba un aumento sustancial del pie de fuerza y el gasto militar, y una definición de un objetivo único, la derrota militar de la insurgencia que, con su obsesión por los resultados, condujo incluso a violaciones al derecho internacional”, aseguró la Representante.

            Robledo insiste en que muchos analistas ya habían advertido desde el año 2009 las consecuencias de los excesos de la seguridad democrática “demostrado que lo que se produjo en Colombia fue un proceso de desmovilización estratégica, al amparo de la ley de justicia y paz,  y no una verdadera desarticulación de las organizaciones paramilitares. Hoy, con los jefes paras extraditados, sin proyecto contra-insurgente y con una alianza entre narcos, paras y delincuentes comunes, nos enfrentamos a lo que el General Naranjo señaló como la mayor amenaza al orden público; más grave que las Farc y los paras”.

            Frente al clima de opinión que reclama seguridad pues,  cada vez se hace más evidente los errores de la mal llamada seguridad democrática que disparó la delincuencia en las ciudades, Robledo plantea: “No permitamos que este entendible clamor por la seguridad como bien jurídico nos lleve a incurrir en las peores prácticas, propias de los sistemas totalitarios”.

             

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            Mujeres: por derecho nos corresponde una oportunidad en el poder, dice Angela Robledo

             

            Quiero contarles que hace algunas semanas he propuesto, en diversos escenarios y medios, que el Partido Verde impulse y apoye de manera contundente la participación de las mujeres en los procesos electorales que se avecinan. Celebro que Antioquia se anticipe a este propósito fundamental para el fortalecimiento del Partido y de la democracia en Colombia que incluye, como ustedes bien lo vienen haciendo, una amplia convocatoria a “todas las mujeres que estén dispuestas a aportar a la construcción de un espacio político, coherente con los principios y convencido de los retos del contexto, y sobre todo que no declinen en la búsqueda de condiciones de equidad de género".

            Quiero compartir con ustedes el  espíritu de la propuesta que ha inspirado mi labor como mujer Representante a la Cámara y que desearía continúe animando tanto estos procesos electorales como el reto de formación política para miles de mujeres colombianas. La poetisa nicaragüense, Gioconda Belli evoca la urgencia de construir una gran fuerza femenina que priorice las necesidades, condiciones, intereses e imaginación de las muy diversas mujeres que habitamos un país. El sueño de construir entre todas y de manera creativa estrategias para promover nuestros  derechos y el empeño por hacer realidad  la igualdad y  la justicia, me sigue desvelando noches enteras.

            La tarea que quiero proponerles es que nos movamos a promover una mayor participación de mujeres en cargos de elección popular en las próximas elecciones.  Tomemos la delantera al reciente proyecto de reforma política, al impulsar un proceso de profunda transformación cultural que sea una base sólida para la posterior aplicación de esta ley.

            Las convoco a todas, para que trabajemos estrategias que permitan que un mayor número de mujeres llegue a posiciones de poder en el Partido Verde. Contribuyamos al reconocimiento público de aquellas líderes que siempre trabajan rezagadas en múltiples tareas, apoyan a los candidatos y son invisibles en la sociedad, construyamos una propuesta desde nuestra esperanza para cambiar la realidad que vivimos.

            Retomo las palabras de una mujer que en campaña invitaba a votar por el Partido Verde y que interpreta el sentir de muchas de nosotras:  “Las mujeres tenemos la gran responsabilidad de dar vida, somos creadoras y coautoras de la humanidad; tomemos conciencia de ese gran privilegio que a la vez nos da un gran poder. Hagamos sentir nuestra voz para que no olvidemos que nosotras y nuestro hijos e hijas tenemos derecho a lo mejor”.

            Sabemos que las mujeres son las más pobres entre los pobres, el desplazamiento y despojo las afecta en mayor medida ya que esposos e hijos han muerto en la guerra; las cifras de desempleo, subempleo y empleo informal impactan en mayor medida a las mujeres; la jefatura femenina se ha extendido a tal punto que amerita sobrepasar los programas y plantear una política pública; las mujeres nunca contamos con tiempo para nosotras mismas. Necesitamos sentir que los territorios que habitamos son seguros y están diseñados también para nosotras. Queremos disfrutar de las ciudades, que la noche también sea nuestra.

            Debemos estar alertas para evitar que la tragedia invernal que hemos vivido sea utilizada por los políticos tradicionales que ven en esta emergencia,  la oportunidad de convertirla en un nuevo negocio electoral.

            Hace rato los hombres dilapidaron su oportunidad en el poder, nos corresponde ahora a las mujeres, quienes hemos venido gestando la mayor revolución pacífica del último siglo, acceder a este poder, no como salvadoras del mundo, ni más faltaba que ahora tengamos que arreglar lo que por tanto tiempo muchos han hecho mal, sino desde nuestra condición de ciudadanas comprometidas con la vida y el cuidado del planeta. 

             

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            La emergencia invernal: crónica de una tragedia anunciada: Angela Robledo

             

             

             

            La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, puso a consideración de la ciudadanía y de la Bancada Verde un documento de análisis sobre los alcances e implicaciones de algunos de los  decretos de emergencia que el Congreso discutirá a partir de hoy. “En su decisión de respaldar la declaratoria de emergencia prevaleció un clima de inconveniente unanimismo en el Congreso que dejó por fuera del debate la responsabilidad que tienen el gobierno y sus instituciones en la tragedia”, apuntó. 

             

            La congresista verde recoge diversas voces de expertos que aseguran que la situación de emergencia que vive el país estaba más que anunciada y que obedece más bien a errores sistemáticos de diseño, planeación y ejecución. “(…) esta tragedia es el resultado de fallas institucionales, de previsión, de corrupción y ausencia de criterios técnicos. Muy probablemente sea un fenómeno que refleja un descuido inadmisible estructural y no un hecho sobreviniente coyuntural. Hay que apagar este incendio, pero preocupa que por el afán de apagarlo los errores estructurales que causaron dicha tragedia se mantengan ¿Cuáles son las condiciones económicas, culturales y sociales que permitirán a las familias reconstruir sus proyectos de vida digna? ¿Con qué criterios se hará? ¿Cómo se va a controlar el uso de los recursos públicos destinados a atender la emergencia? ¿Las obras de infraestructura, qué criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental  van a tener?” 

             

            “Fue la catástrofe invernal una situación imprevisible de origen natural; o, por el contrario, constituye tan solo el resultado de la confluencia de diversos factores, muchos de los cuales tienen origen en acciones y omisiones humanas, incluyendo graves fallas de diseño y gestión institucional del Estado que obligan a replantearse a fondo el modelo de ocupación del territorio; de explotación económica de los recursos naturales; de protección y recuperación del medio-ambiente; de desarrollo armónico y sostenible de las comunidades humanas que constituyen el vasto caleidoscopio de la nación colombiana, tan diversa en lo geográfico, en lo económico, en lo político, lo social y lo cultural”, es el análisis que propone la Representante.

             

            Robledo, basada en la información oficial, cita las cifras que deja la emergencia invernal (337.513 familias, 1614.676 personas) son muy graves si se tiene en cuenta que quienes viven con mayor intensidad la catástrofe son las familias más pobres (lo que Luis Jorge Garay llama la nueva victimización), en situación de desplazamiento y que habitan en las zonas más deprimidas y aisladas de las ciudades y del campo: 2.049 viviendas destruidas, 275.569 viviendas averiadas en 654 municipios de Colombia. La afectación de 52.735 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura.

            “Los daños del inverno no son por culpa de los aguaceros sino de la falta de control del suelo urbano, la negligencia en el manejo del agua, la especulación abusiva con el valor de la tierra y la pobreza e inconsciencia de la mayoría de los ciudadanos. El invierno no es responsable de la tragedia, el Estado es el principal responsable (Carmenza Saldías http://bit.ly/fDlTxx)”.

             

            “La culpa no es de la naturaleza; la terrible realidad que estamos viviendo hoy se debe a la incompetencia (…) no es sólo que no aprendamos de los errores, sino que somos incapaces de construir sobre lo construido; destruimos cada vez más las  instituciones y borramos su memoria, porque al gobierno de turno, al ministro de turno, el director de turno, o a cualquier burócrata de turno, se le ocurre que la mejor muestra de su gestión es borrar todo lo hecho por sus antecesores (Darío Londoño Gómez (http://bit.ly/gmay7u)”  

             

            En últimas –dice Robledo- la pregunta de fondo que está detrás es “¿Cuál es el modelo de desarrollo que se va a generar de tal manera que garantice una sociedad y un ambiente sostenible? ¿Un modelo basado en la explotación minera no afecta gravemente los recursos ambientales y puede seguir ahondando las fallas que causaron esta tragedia? ¿Por qué las principales víctimas son ciudadan@s pobres rurales de este país que viven en zonas de invasión, “trepadas” de manera inimaginable en las lomas y en condiciones geográficas, económicas y de infraestructura miserables? ¿No es ésta una oportunidad para combatir ese 46% de pobreza y dejar atrás el liderazgo mundial en desigualdad que hoy tenemos?”

             

            La Representante verde llama la atención sobre el informe que presentó este fin de semana la Procuraduría General de la Nación y que da cuenta que “miles de damnificados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre, sobreviven sin agua potable, hacinados, con problemas de salud, en cambuches, con serios problemas de convivencia que incluso han desencadenado en situaciones de violencia, y en ambientes afectados por el manejo inadecuado de basuras”. Advierte la Procuraduría que “las niñas y los niños enfrentan una doble vulneración de sus derechos porque además de padecer las consecuencias del invierno, no tienen la posibilidad de continuar con su proceso educativo”. 

             

            Mientras el Congreso se margina de una profunda deliberación frente a los retos de la emergencia invernal por la actuación arrasadora de la Unidad Nacional, el gobierno tiene ahora en los bolsillos 403 mil millones de pesos y varios cheques en blanco para ejecutarlos. ¿Será que esa gerencia de racionalidad eminentemente bancaria que atenderá la emergencia reconocerá en los llamados damnificados su condición de sujetos sociales y su capacidad para reorientar el rumbo de un modelo agroindustrial y depredador?  ¿Quiénes terminarán siendo los verdaderos beneficiados con esta tragedia?   

             

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            Rendir cuentas, derecho ciudadano: Angela Robledo

             

            Durante este mes de trabajo de Pedagogía Legislativa y Política he participado en el Congreso en la discusión y trámite de leyes fundamentales para el país como la ley de víctimas y tierras, la ley de economía del cuidado, la reforma política, la de seguridad ciudadana, ley de presupuesto y la ley de salud, entre otras.

            En la ley de víctimas y restitución de tierras trabajamos con  un grupo de organizaciones sociales, organismos gubernamentales, el apoyo de la Cooperación Española, la Fundación Social , la Comisión Colombiana de Juristas y la Universidad Javeriana el articulado relacionado con la atención psicosocial y salud integral. Elaboramos un capítulo completo, el cual  fue incorporado por la coordinación de ponentes . De igual manera se realizó una Audiencia Pública con Mujeres víctimas, en coordinación con la Bancada de Mujeres, el apoyo de UNIFEM , los ponentes del proyecto de ley y se logró incorporar  manera específica un articulado referido a ellas. 

            En la ley de economía del cuidado,  apoyamos su trámite en la plenaria de la Cámara.  Realizamos el Foro “Reconocimiento al trabajo doméstico”,  evento que responde a nuestro interés en promover desde la pedagogía, la agenda legislativa y política y fortalecer la democracia deliberativa.  

            En la reforma política, que busca reglamentar la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos  de los procesos electorales, apoyamos la proposición que planteaba  el establecimiento de  cuotas  en los partidos, para  promover la participación de las mujeres en los procesos  electorales. 

            Frente a la ley de presupuesto , trabajé en una Subcomisión  de la Comisión  7 y  dejé una constancia en la plenaria de Cámara, sobre la orientación de dicho presupuesto, el cual sigue privilegiando la guerra y deja de lado la inversión social, la protección de los derechos y la atención de las poblaciones menos favorecidas. No podemos vivir bien sabiendo que muchos colombianos viven mal.

            Ley de seguridad ciudadana, con algunos ponentes de la comisión 1 de Senado hemos adelantado un trabajo para buscar que los artículos que reforman el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA, no vayan en contravía de la garantía de  los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Este trabajo lo hemos realizado en coordinación con la Alianza Colombiana por la Niñez, UNICEF, la Procuraduría General de la Nación y algunas universidades.

            También he sido ponente en la Comisión Séptima de los siguientes proyectos de ley:

            -Proyecto de Ley “Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la generación de empleo y se establecen otras disposiciones”. El proyecto se acumuló al  proyecto de ley de primer empleo.

            -Proyecto de ley “por medio del cual se regula el Régimen de Salud para los colombianos residentes en el exterior”. El objetivo del proyecto lo compartíamos: garantizar derechos a la salud de los colombianos en el exterior. El proyecto fue acumulado con el de salud.

            -Proyecto de Reforma a la Salud, donde logramos garantizar, en un ejercicio de independencia deliberativa -mediante el intercambio de argumentos- los derechos de las mujeres y las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

            Destacamos los siguientes logros en la Reforma a la Salud:

            1. La  inclusión del  Enfoque diferencial  como principio de la ley, lo cual permite garantías especiales y medidas de protección en salud a  las mujeres, niños, jóvenes, etnias y víctimas de la violencia.

            2.  El Observatorio sobre salud tendrá que reportar variables desagregables por sexo, edad, región y etnia.

            3. Los riesgos que identifican los equipos básicos de atención primaria en salud deberán poder identificar riesgos por sexo, edad y etnia.

            4. La perspectiva de género: Las cuentas nacionales de salud (contenidas en el PIB) reconocerán el cuidado no remunerado de las mujeres a miembros del hogar con dificultades de salud.

            5. Tratamiento psicológico integral a las mujeres víctimas de violencias.

            6. Sobre la transparencia del uso de recursos de las EPS: Presentamos una proposición para crear dos fondos que permitan diferenciar el uso de los recursos utilizados en los servicios de saludo y los recursos de administración. De igual manera apoyamos la proposición de varios congresistas de fijar un tope del 10% para la administración.

            7. Hemos preparado con mi equipo tres debates de control político: 1) Política pública de resocialización de adolescentes en conflicto con la ley. 2) A las políticas que garantizan los derechos de la infancia (pendiente). 3) El impacto del agua en la vida de las mujeres y los niños (pendiente).

            Desde la pedagogía legislativa he centrado mi labor en defender la Ley de Infancia y Adolescencia y he estado en contra de los proyectos que se han radicado en el Congreso para modificarla, aumentar las penas de los adolescentes infractores y promover cárceles para ellos. Así mismo he participado en eventos en donde se discute este tema con la Alianza para la Niñez, Unicef, la Universidad Nacional (Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia), la Personería de Bogotá y estamos haciendo seguimiento al proyecto de Seguridad Ciudadana que se aprobó en primer debate en al Comisión Primera de Senado.

            La comunicación con los twitteros siempre es gratificante y motivadora. El apoyo de muchas personas de la academia, expertos y de organizaciones sociales es fundamental para mi tarea legislativa. Por eso el próximo semestre quiero intensificar el trabajo de formación política con todas y todos ustedes.

            Gracias por sus preguntas, compañía, constante diálogo y enseñanzas, que enriquecen la práctica política y mejoran los argumentos.

             

            INFORME COMPLETO DISPONIBLE EN WWW.ANGELAROBLEDO.COM

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            No más favores, a jugársela por los derechos: Angela Robledo

            En el marco de mi proyecto de Pedagogía Legislativa y Política inicio esta rendición de cuentas compartiéndoles mis propuestas frente al Proyecto de Ley 01/ 2010 "Por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) y se dictan otras disposiciones, del cual fui Ponente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

            La semana del 8 y del 15 de noviembre se discutió el proyecto y logré garantizar, en un ejercicio de independencia deliberativa -mediante el intercambio de argumentos- las siguientes incorporaciones en el Proyecto de Reforma.

            Enfoque diferencial:

            Logré incorporar el enfoque diferencial como principio de la ley en los -siguientes términos-: se ofrecerán especiales garantías y medidas de protección en salud a  las mujeres, niños, jóvenes, etnias, razas y víctimas de la violencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

            El Observatorio sobre salud tendrá que reportar variables desagregables por sexo, edad, región, raza y etnia. Los riesgos que identifican los equipos básicos de atención primaria en salud deberán poder identificar riesgos por sexo, edad, raza y etnia.

            Perspectiva de género:

            Con el apoyo de la bancada de mujeres, la ASI (Representante Juan Valdés) y el Polo Democrático (Representante Alba Luz Pinilla y Senadora Gloria Inés Ramírez), logré que en las cuentas nacionales de salud (-contenidas en el PIB-) se reconociera el cuidado no remunerado de las mujeres que cuidan a integrantes del hogar y que tienen problemas de salud.
            Así mismo fue motivo de satisfacción encontrar apoyo a la proposición que ordena se brinde a las mujeres víctimas de la violencia un tratamiento integral con beneficios, tales como la atención psicológica y psiquiátrica y un albergue, hasta que se certifique médicamente su recuperación.

            Transparencia del uso de recursos de las Empresas Promotoras de Salud:

            Previa consulta con diferentes actores intervinientes en el SGSSS, propuse que a diferencia de como sucede actualmente, en donde las EPS gozan de un fondo que percibe la totalidad de los recursos que les son transferidos, el manejo de los recursos de las EPS se realice en fondos separados: uno exclusivo para los gastos administrativos y otro dedicado a recibir el dinero destinado para la prestación de servicios. De manera que el Gobierno Nacional reglamentaría los porcentajes de la Unidad de Pago por Capitación que se podrían transferir en dichos fondos. Sin embargo, luego de discutir con varios congresistas y con el gobierno, se aceptó que continuara la existencia de un solo fondo, pero que se estableciese un porcentaje para cada gasto, con un tope máximo del 10% para los recursos destinados a administración. Al proyecto de ley le falta un debate en Plenaria Conjunta de Senado y Cámara de Representantes.

            Ahora presento a la ciudadanía la rendición de cuentas de algunas de mis actividades como Representante a la Cámara por el Partido Verde.

            FORO: RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DOMESTICO: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PEDAGOGIA LEGISLATIVA (Clic aquí para ver video)

            Quiero hacer una mención especial este mes a la organización, convocatoria y realización del Foro sobre la Ley de economía del cuidado,  evento que responde a mi interés en promover desde la pedagogía, la agenda legislativa y política y fortalecer la democracia deliberativa.  Acercar las leyes a la ciudadanía, que las comprendamos, las interioricemos, y las hagamos hechos políticos cotidianos y una manera de exigir y acceder a los derechos. Si nos apropiamos de las leyes podremos hacerlas cumplir.

            En esta oportunidad, con la generosa participación de Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Cecilia López, Ana Isabel Arenas y Javier Pineda discutimos en torno a la iniciativa legislativa sobre economía del cuidado (proyecto ley 278/10 Cámara, 081/09), de las senadoras Cecilia López (Partido Liberal) y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), dirigida a medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país, a través del trabajo doméstico no remunerado, mediante la aplicación de una encuesta del uso del tiempo y que se encuentra para sanción presidencial.

            Mujeres de todas las condiciones socio económicas estamos siempre ante la disyuntiva de la participación en la producción remunerada –opcional para algunas y vital para la sobrevivencia de otras- y la reproducción biológica y social, es decir, la crianza y educación de hijos e hijas y el cuidado de los demás miembros del hogar. La encrucijada entre la calle y la casa. Son dos economías, una en que las personas reciben salario por producir cosas que se venden en los mercados o que se financian a través de impuestos (Economía  de los bienes), y la economía oculta, invisible: la economía del cuidado. La economía del cuidado es por supuesto la que realizamos, principalmente, las mujeres, sin distinción de edad, raza o etnia sin remuneración y también sin reconocimiento. El 60.6% de las mujeres económicamente activas se ocupan también de oficios del hogar, mientras que sólo 7.7% de los hombres lo hacen (DANE 2008).

            El Foro que contó con la asistencia de organizaciones sociales, de mujeres, líderes locales, académicos y jóvenes, concluyó que tenemos que feminizar la economía y visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo. Adicional los panelistas insistieron en que estas iniciativas deben ir acompañadas de cambios de comportamiento, educativos y culturales dirigidos a transformar hábitos, creencias y estereotipos, ya que la sobrecarga que tienen las mujeres obedece, en muchas ocasiones, a la ausencia de corresponsabilidad del Estado, las familias y la sociedad para redistribuir responsabilidades en la reproducción social, y también al poco reconocimiento que se tiene acerca de la importancia del cuidado y su impacto en el desarrollo de un país.

            Es importante destacar que el objetivo de la ley es “incluir en el sistema de Cuentas Nacionales el trabajo de hogar no remunerado, por medio de cuentas satélites. Se busca i) reconocer públicamente el impacto del trabajo doméstico no remunerado en el desarrollo del país y, ii) encontrar una herramienta precisa que contribuya a generar políticas públicas al respecto. La ley fue sancionada el pasado 10 de noviembre. Nuestra labor, en desarrollo de la tarea de Pedagogía Legislativa y Política ha sido la difusión de la ley y la discusión pública de la misma debido al contenido de género y transformación cultural que el proyecto contiene. 
             
            SOBRE EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO Y LA REFORMA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

            Junto con mi equipo estamos haciendo un seguimiento juicioso sobre los desarrollos y avances de los proyectos que hacen trámite en el Congreso para modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que nos llevó más de 15 años tramitar con un espíritu resocializador y pedagógico. Es verdad que el Sistema no está operando pero la responsabilidad no es de los jóvenes, sino de las entidades responsables de liderar su implementación.

            El Sistema sólo lleva tres años de aprobado y aún no se pone en marcha porque carece de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. Es importante advertir que la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate la Ley de Seguridad Ciudadana que propone centros de reclusión para los jóvenes infractores, que serían administrados y financiados por el Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera, propone que los menores que estén privados de la libertad, reciban un trato similar al de los adultos, una vez se cumpla la mayoría de edad.

            El proyecto contempla ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, lo que implica que más jóvenes irán a la cárcel. En cuanto al aumento de penas formalmente no se amplía, pero queda dependiendo “del cumplimiento de los objetivos de la sentencia”.

            Como parte del debate de control político que realicé en la Comisión Séptima el mes pasado  (12 de octubre) a las entidades responsables de la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, presenté la penosa situación en que se encuentran algunas de las dependencias en donde los y las adolescentes a quienes se les decreta medida cautelar de internación preventiva, o a quienes se les ha impuesto sanción de igual naturaleza y que no pueden cumplir en los centros especializados por falta de cupos suficientes, deben atender necesidades básicas.

            Específicamente expuse fotografías del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes – CESPA, evidencia que fue rebatida por la Dirección del ICBF, argumentando que las fotos eran falsas, este mes mi equipo visitó nuevamente (noviembre 3) el Centro y se envió un informe a la Directora del ICBF con copia a la Procuraduría para que se desarrollen los correctivos necesarios y se mejoren las condiciones de los jóvenes que allí se encuentran.

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            Angela Robledo en el Proyecto de Salud: un ejemplo de independencia deliberativa

            Como ponente del proyecto de ley de reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud, la Representante a la Cámara Angela Robledo ha radicado proposiciones teniendo en cuenta el enfoque diferencial, la transparencia en los recursos de las EPS, la introducción del reconomiento al trabajo doméstico en el Sistema de Salud y el tratamiento privilegiado de las mujeres víctimas de la violencia.

            La Representante Angela Robledo, del Partido Verde, logró garantizar, en un ejercicio de independencia deliberativa -mediante el intercambio de argumentos- los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables en el proyecto de ley de salud del Gobierno, que se discute actualmente en el Congreso de la República.

            Enfoque diferencial:

                * La Representante Robledo logró incorporar el enfoque diferencial como principio de la ley en los -siguientes términos-: se ofrecerán especiales garantías y medidas de protección en salud a  las mujeres, niños, jóvenes, etnias, razas y víctimas de la violencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

                * El Observatorio sobre salud tendrá que reportar variables desagregables por sexo, edad, región, raza y etnia.
                * Los riesgos que identifican los equipos básicos de atención primaria en salud deberán poder identificar riesgos por sexo, edad, raza y etnia.

            La perspectiva de género:

                * Con el apoyo de la bancada de mujeres, la ASI (Representante Juan Valdés) y el Polo Democrático (Representante Alba Luz Pinilla y Senadora Gloria Inés Ramírez), la Representante Ángela Robledo logró que en las cuentas nacionales de salud (-contenidas en el PIB-) se reconociera el cuidado no remunerado de las mujeres que cuidan a integrantes del hogar y que tienen problemas de salud.
                * Así mismo fue motivo de satisfacción encontrar apoyo a la proposición que ordena se brinde a las mujeres víctimas de la violencia un tratamiento integral con beneficios, tales como la atención psicológica y psiquiátrica y un albergue, hasta que se certifique médicamente su recuperación.

            Sobre la transparencia del uso de recursos de las Empresas Promotoras de Salud:

            La representante Robledo, previa consulta con diferentes actores intervinientes en el SGSSS, propuso que a diferencia de como sucede actualmente, en donde las EPS gozan de un fondo que percibe la totalidad de los recursos que les son transferidos, el manejo de los recursos de las EPS se realice en fondos separados: uno exclusivo para los gastos administrativos y otro dedicado a recibir el dinero destinado para la prestación de servicios. De manera que el Gobierno Nacional reglamentaría los porcentajes de la Unidad de Pago por Capitación que se podrían transferir en dichos fondos. Sin embargo, luego de discutir con varios congresistas y con el gobierno, se aceptó que continuara la existencia de un solo fondo, pero que se estableciese un porcentaje para cada gasto, con un tope máximo del 10% para los recursos destinados a administración.

            Al proyecto de ley le falta un debate en Plenaria Conjunta de Senado y Cámara de Representantes.

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            Cuerpos de mujeres: ¿territorios de guerras?

            Este 25 de noviembre como todos desde 1981 cuando se instaló el Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres en memoria de las hermanas Miraval: María Teresa, Patria y Minerva, quienes fueron asesinadas por el dictador dominicano Leonidas Trujillo, viene a la memoria colectiva los múltiples crímenes de que son víctimas las mujeres, niñas y jóvenes en todos los escenarios por el sólo hecho de ser mujeres.

            Desde lo más intimo y privado, pasando por los escenarios públicos hasta la guerra declarada, las mujeres siguen padeciendo los horrores de la discriminación, desde el poder y algunas prácticas culturales. La violencia contra las mujeres, quizás la violación a los derechos humanos más extendida actualmente, devasta vidas, fractura comunidades y detiene el desarrollo.

            Esta violencia adopta múltiples formas y actúa en muchos lugares: violencia doméstica en el hogar, abuso y violencia sexual contra las niñas en las casas,  escuelas, en los barrios, acoso sexual en el trabajo, violación a manos de esposos, familiares o desconocidos, en campos de refugiados o como táctica y botín de guerra.

El 70% de las mujeres en el mundo sufren violencia en el transcurso de sus vidas.

            La violencia contra las mujeres y las niñas constituye un problema de proporciones pandémicas y causa más muertes y discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y la guerra juntos.

Solamente la violencia doméstica cuesta alrededor de 1,16 mil millones de US$ en Canadá y 5,8 mil millones de  US$ en los Estados Unidos. En Australia, la violencia contra las mujeres y los niños y las niñas tiene un costo estimado de 11,38 mil millones de US$ por año.

            En Colombia, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el BID y la Universidad de los Andes arrojó que los ingresos dejados de percibir por las mujeres a causa de la violencia, corresponden a 2.2% del PIB del país y se estima que los costos anuales totales por causa de la violencia intrafamiliar, pueden alcanzar el 4% del PIB anual.

            Para más información visita www.angelarobledo.com

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            ¿Cárceles para adolescentes?, se pregunta Angela Robledo

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara del Partido Verde, hace un llamado a la academia, a las organizaciones sociales, a las agencias internacionales, a las organizaciones juveniles y a las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  a mantenerse atentos sobre lo que está pasando en el Congreso de la República, luego que la Comisión Primera de Senado aprobara ponencia positiva al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana de iniciativa gubernamental que incluye aumento de penas y cárceles a menores de edad.


            La parlamentaria aseguró que aunque el Proyecto no plantea abiertamente cárceles, si propone centros de reclusión para los jóvenes infractores, que serían administrados y financiados por el Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera se propone que los menores que estén privados de la libertad, reciban un trato similar al de los adultos, una vez se cumpla la mayoría de edad.  El proyecto contempla ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, lo que implica que más jóvenes irán a la cárcel. En cuanto al aumento de penas formalmente no se amplía, pero queda dependiendo “del cumplimiento de los objetivos de la sentencia”, que el proyecto no establece.


            Robledo advierte sobre la inconveniencia que tiene para el país aumentar las penas a jóvenes y modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que sólo lleva tres años y que aún no se ha puesto en marcha, pues carece de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. “No podemos perder el trabajo de más de 15 años para tener esta Ley dirigida a cumplir una misión resocializadora y pedagógica”, dijo.


            “Me he opuesto con argumentos  a esta iniciativa que constituye una nueva forma de victimización de nuestro adolescentes y que, de ser aprobada, vulneraría  por completo los propósitos que inspiran al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y que surgen de expresas obligaciones que el Estado colombiano tiene como signatario de múltiples instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

            Ángela Robledo aseguró que no se pueden desconocer las convenciones internacionales de especial protección a la infancia y las recomendaciones hechas por Naciones Unidas, la Alianza por la Niñez, Unicef y la Procuraduría General de la Nación, entre otras, sobre la urgencia de liderar  y fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que aún no arranca. 


            “Es urgente implementar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes que incluya estrategias de de la mano de políticas sociales. Es hora de reconocer que les hemos fallado a nuestros niños, niñas y adolescentes. No hemos sido capaces de proteger sus derechos, de ofrecerles acceso a una educación de calidad, con pertinencia, que los forme para convertirse en seres competentes para contribuir al bienestar de nuestra sociedad, y definir su propio proyecto de vida, de valorar, respetar y hacer respetar su cuerpo, su sexualidad, su sensibilidad y capacidad para la creación artística, para el arte, para la rebeldía transformadora”, insiste la Representante.

            Estas declaraciones se realizaron en el marco del Foro Reforma del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: ¿Avance o retroceso?, convocado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y el Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia (Noviembre 16) y la Audiencia Informativa sobre Políticas y Problemática de las Seguridad Ciudadana en el Distrito Capital, que realizó la Personería de Bogotá (Noviembre 18). 

            @angelamrobledo en Twitter

            Visita www.angelarobledo.com para más información

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            No he visto la "urna de cristal": Angela Robledo

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde aseguró que el presupuesto nacional sigue privilegiando la guerra y dejando de lado la inversión social, la protección de los derechos y la atención de las poblaciones menos favorecidas. "No podemos vivir bien sabiendo que muchos colombianos viven mal", aseguró la parlamentaria.

            De acuerdo con la Representante el estudio que realiza el Congreso del presupuesto todos los años es puramente formal: "El gobierno nacional presenta el Proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones, dirigido a cubrir la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante el respectivo año. Dicho proyecto se tramita conjuntamente en las Comisiones de Asuntos Económicos de Senado y Cámara para ser revisado, estudiado y aprobado conjuntamente en un primer debate.

            Luego, previa presentación de ponencias, el Proyecto es estudiado y aprobado en las plenarias de Senado y Cámara, pero en realidad el Congreso no tiene ninguna incidencia en éste", dijo Robledo.
 
Ángela Robledo, como integrante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, participó en una Subcomisión de Presupuesto y puso la lupa en la inversión que el país realiza en niños, niñas, jóvenes y mujeres para concluir que el presupuesto es "inequitativo, poco transparente, nada sostenible y no cumple la Constitución Nacional que dicta privilegiar el gasto social¨.

            Cumpliendo su labor de Pedagogía Legislativa y Política, Ángela Robledo insistió que "antes que nada se debe revisar la definición de Gatos Público Social (GPS) pues es algo ambiguo y permite introducir rubros que no necesariamente aplican a este gasto. El artículo 41 del Decreto 111 de 1996 define como GPS aquel gasto `cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto para funcionamiento como para inversión´.

            Lo anterior, abre un boquete que permite introducir cualquier rubro según como se quiera interpretar¨, aseguró.

Robledo insistió que es importante ¨revisar algunos de los artículos de la Constitución Política de Colombia, 350 y 366, sobre gasto social´(…) El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable (…) En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población,  y  la eficiencia fiscal y administrativa (…) el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

            ”

En ese sentido, Robledo hace un llamado para que se recupere en el país el seguimiento al gasto público que en la actualidad no se encuentra desagregado poblacionalmente; omisión que dificulta el seguimiento a la inversión en niñez, juventud y mujeres.  En especial, imposibilita analizar y planear el presupuesto a partir de la perspectiva de género, esencial en nuestro país, pues las iniquidades al respecto son 
mayúsculas en términos de ingresos, empleo, violencia y educación, entre otras.

La parlamentaria insistió que ¨Es urgente que el gasto público social recupere desde su formulación los ítems de planeación y seguimiento para que se pueda medir el impacto de éste en términos no sólo de cobertura, sino de impacto y eficiencia.

            En otras palabras,  no es suficiente tener indicadores que den cuenta del GPS en presupuesto sino indicadores sólidos que reflejen la ejecución e impacto de ese gasto social, por ejemplo, habría que pensar un indicador que diga en qué medida las regalías están mejorando las necesidades básica insatisfechas (hay que recordar que éste el principal objetivo de inversión de las regalías): hay departamentos que han triplicado sus regalías en los últimos cuatro años y su índice de NBI se ha mantenido intacto. Es más,  el Meta es de los departamentos que más ha recibido regalías en los últimos tres años, de hecho éstas se han triplicado y su índice de NBI se ha mantenido intacto¨.

            Este tipo de fuentes de financiación del GPS (tipo Sistema general  de participaciones, parafiscales y regalías) hay que protegerlos pues son recursos públicos, luego deben ser tratado como recursos sagrados y más si se destinan a acabar la pobreza, a dar agua potable, a nutrir niños y a dar educación en determinadas regiones del país ¿Habría que trasladar las regalías al gobierno nacional? Es un debate que el país debe dar, dijo la parlamentaria del Partido Verde, quien agregó que ¨El gobierno está obligado a visibilizar el gasto público social en los territorios y aumentar los parámetros de seguimiento y control del mismo a fin de que se logren los propósitos de la Constitución Nacional¨.

            Las declaraciones fueron hechas por la Representante Ángela Robledo en el Foro por un presupuesto al alcance de la gente organizado por la Corporación Foro Joven con el objetivo de presentar los resultado de un estudio que mide la transparencia de Colombia para rendir cuentas de su presupuesto.

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            Hay que pensar la política como una práctica de libertad: Angela Robledo

            Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, intervino en el Encuentro Internacional de Mujeres Autoridades de Latinoamérica que reúne en Bogotá a líderes de América Latina y alcaldesas colombianas, en donde presentó una ponencia sobre gobernabilidad democrática, construcción de paz y género.

            El evento cuenta con la participación de unas 130 mujeres de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, República Dominicana, México y las alcaldesas de 99 municipios del país.   
             
            “Propongo pensar la política más allá que en términos de gubernamentalidad o como prácticas, discursos, dispositivos de gobierno  que producen  la conducción de la conducta de otros, como  estatus de dominación  o  la conducción de la propia conducta, como  juegos de poder  y prácticas de sujeción. Hay que pensar la política como poética y práctica de libertad”, planteó Ángela Robledo en el panel “La gobernabilidad democrática y construcción de paz en perspectiva de género”.
             
            La parlamentaria argumentó que para generar condiciones que incorporen la perspectiva de género en la institucionalidad pública en términos de construcción de paz es necesario convocar una tríada:  “1) prácticas de gobierno que busquen la conducción de los otros, y en muchos casos el consenso, 2)prácticas de resistencia que se opongan  de manera sistemática e irreflexiva  3)reconocer el amplio abanico de prácticas de grupos  y movimientos sociales cuyas formas de  intervención social,  son generalmente colectivas; de abajo a arriba, instituyentes, irreverentes, utópicas”.
             
            Desde esa reflexión planteó que la paz no es únicamente la ausencia de conflicto sino de políticas públicas capaces de disminuir las brechas de inequidad y exclusión que han vivido históricamente las mujeres “la paz entendida no sólo como ausencia de conflicto armado  sino como democracia familiar y  libertad para las mujeres”.
             
            La Representante del Partido Verde aseguró que pese a los avances que se puedan vislumbrar en el gobierno actual, aún no da cuenta de una institucionalidad para las mujeres que pueda cumplir con la transversalidad de las políticas dirigidas a ellas y tampoco existe en los proyectos centrales, como el de tierras y víctimas, reforma a la salud o la reforma  política, capítulos que puedan dar cuenta de políticas diferenciales de género. “Ni siquiera la ley de presupuesto que es una ley de garantía de derechos tiene perspectiva de género o por lo menos poblacional”.
             
            Robledo planteó que desde el Partido Verde se ha propuesto una institucionalidad para las mujeres: “Propusimos la creación del Ministerio de las Revoluciones Pacíficas y la Igualdad de Géneros, como una instancia que permita institucionalizar las políticas públicas  dirigidas a las mujeres e  impulsar procesos de  transformación cultural de referentes e imaginarios, concepciones de poder, relaciones entre privado-público, redistribución económica, de roles y reconocimiento social y político”.
             
            La parlamentaria aseguró que pese a un reconocido grupo de mujeres en el gabinete de Santos “más mujeres no significa mayor perspectiva y sensibilidad de género”.
             
            En el marco de su propuesta de pedagogía legislativa y política Robledo propuso “trabajar acciones políticas colectivas, abiertas, múltiples y diversas, acciones en clave de género que permitan visibilizar las asimetrías de poder, las exclusiones y los silenciamientos históricos de las mujeres y los grupos y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”. Agregó que es necesario incidir en los micro poderes,  transformar la cultura y la ley para que ésta no someta sino para que “se convierta en un dispositivo de des-sujeción, de libertad”.
             
            El encuentro está programado entre el 8 y 9 de noviembre en el Hotel Tequendama de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde.

             

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            Feminizar la economía y visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo

             

            El pasado jueves se realizó el Foro “Reconocimiento al Trabajo Doméstico: Una oportunidad para la Pedagogía Legislativa y Política”, convocado por Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, al que asistieron Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Cecilia López, Ana Isabel Arenas y Javier Pineda.

            El Foro, que contó con la asistencia de organizaciones sociales, de mujeres, líderes locales, académicos y jóvenes, discutió en torno a la iniciativa legislativa de las senadoras Cecilia López (Partido Liberal) y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), dirigida a medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país, a través del trabajo doméstico no remunerado, mediante la aplicación de una encuesta del uso del tiempo y que se encuentra para sanción presidencial.

            “Mujeres de todas las condiciones socio económicas estamos siempre ante la disyuntiva de la participación en la producción remunerada –opcional para algunas y vital para la sobrevivencia de otras- y la reproducción biológica y social, es decir, la crianza y educación de hijos e hijas y el cuidado de los demás miembros del hogar. La encrucijada entre la calle y la casa. Son dos economías, una en que las personas reciben salario por producir cosas que se venden en los mercados o que se financian a través de impuestos (Economía de los bienes), y la economía oculta, invisible: la economía del cuidado. La economía del cuidado es por supuesto la que realizamos, principalmente, las mujeres, sin distinción de edad, raza o etnia sin remuneración y también sin reconocimiento. El 60.6% de las mujeres económicamente activas se ocupan también de oficios del hogar, mientras que sólo 7.7% de los hombres lo hacen (DANE 2008)”, aseguró Robledo.

            Los panelistas insistieron en que estas iniciativas deben ir acompañadas de cambios de comportamiento, educativos y culturales dirigidos a transformar hábitos, creencias y estereotipos, ya que la sobrecarga que tienen las mujeres obedece, en muchas ocasiones, a la ausencia de corresponsabilidad del Estado, las familias y la sociedad para redistribuir responsabilidades en la reproducción social, y también al poco reconocimiento que se tiene acerca de la importancia del cuidado y su impacto en el desarrollo de un país.  

            Antanas Mockus y Cecilia López coincidieron en asegurar que además de un cambio cultural en la sociedad, las mujeres merecen un trato justo y equitativo en clave de equidad de género. 

            “Es necesario feminizar a la sociedad y eso pasa por una institucionalidad fuerte que responda por las políticas públicas dirigidas a ellas y que nosotros proponíamos desde el Partido Verde. Hablamos de la importancia del crear el Ministerio de las Revoluciones Pacíficas, pero en este gobierno no se le ha dado la suficiente fuerza a crear o fortalecer esa institucionalidad”, aseguró Sergio Fajardo.

            Ana Isabel Arenas y Javier Pineda, ambos economistas, coincidieron en que así como las mujeres accedieron al mercado laboral, les corresponde a los hombres apropiarse del escenario doméstico y asumir la corresponsabilidad en las tareas del hogar. 

            Cifras sobre el trabajo de hogar no remunerado, señalan que del 100% de mujeres, 90% ha trabajado de manera no remunerada y sólo 55% de los hombres ha ejercido esta actividad. Valores que se invierten de manera dramática al revisar el trabajo remunerado: 72% de hombres lo hizo de manera remunerada frente a 43% de mujeres, en la misma categoría.  

            Al cierre del evento Robledo afirmó que “mi interés en promover y convocar este foro es continuar trabajando desde la pedagogía, la agenda legislativa y política y fortalecer la democracia deliberativa.  Acercar las leyes a la ciudadanía, que las comprendamos, las interioricemos, y las hagamos hechos políticos cotidianos y una manera de exigir y acceder a los derechos. Si nos apropiamos de las leyes podremos hacerlas cumplir”.

            El Foro se realizó en el Salón Boyacá de nueve de la mañana a una de la tarde.

             

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            Angela Robledo rinde cuentas luego de su primer Debate de Control Político

            CLIC AQUI PARA VER EL DEBATE DE CONTROL POLITICO A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.  

            Rendir cuentas a quienes me apoyaron con su voto y me eligieron su Representante, a los militantes y simpatizantes de nuestro Partido Verde, al igual que a los demás ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos hacen posible el funcionamiento del Estado en todos sus órganos y niveles, constituye uno de los pilares de nuestro proyecto de Pedagogía Legislativa y Política.

             

            En desarrollo de su trabajo de pedagogía legislativa y política, la Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, rinde cuentas y prioriza en su informe el primer debate de control político que realizó en la Comisión Séptima de Cámara a las entidades responsables del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).  

            Desde el control político la parlamentaria solicitó al gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cumplir con lo establecido en la Ley de Infancia y adolescencia, al tiempo que instó a su Directora, Elvira Forero, a asumir el liderazgo en la defensa de los derechos de niños y adolescentes incluidos los menores de edad que están en conflicto con la ley.

            La Representante del Partido Verde señala en su informe que durante el debate advirtió que “existen profundos vacíos en la implementación del Código de Infancia y Adolescencia a cargo de 17 instituciones, ausencia de políticas sociales capaces de incidir en las causas profundas de la violencia,  pobreza, falta de oportunidades para la población joven y un débil liderazgo por parte del ICBF quien tiene la responsabilidad de asumir la coordinación de dicho Sistema”.

            Robledo resaltó en el documento que “es interesante preparar un debate de control político: obliga a un rigor investigativo parecido al de la academia, hay que enviar primero un cuestionario muy juicioso, revisar un buen número de documentos, confrontar datos, hacer entrevistas, análisis, discusión, a veces se planea un enfoque, después hay que dimensionarlo, afinarlo, volver sobre lo construido, hablar con expertos en debates de control político y bueno seguimos aprendiendo”.  

            La gestión de Ángela Robledo en el Congreso se ha centrado en la construcción de una manera de trabajo legislativo que la Representante a la Cámara ha denominado Pedagogía Legislativa y Política y que pone en práctica en todos los escenarios en los que se desempeña. 

            Robledo anota en la rendición de cuentas que trabajará permanentemente con el ánimo de incidir en la cultura política de la ciudadanía a través de la información y el empoderamiento de las comunidades destinatarias de las leyes que se tramitan en el Congreso de la República, de hacer de las mismas no sólo enunciados normativos sino verdaderos hechos políticos, cotidianos y ciertos que garanticen efectivamente los derechos de la ciudadanía en especial aquellas dirigidas a mujeres, niños y niñas.

            CLIC AQUI PARA VER EL INFORME COMPLETO DE RENDICION DE CUENTAS.

             

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            ¿Y si no es el ICBF, entonces quién? Angela Robledo en Debate de Control Político

            Ángela Robledo pidió al gobierno más política social y mejor justicia juvenil y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que asuma el liderazgo que le corresponde en la defensa de los derechos de la infancia, incluidos los derechos de los jóvenes infractores.

            La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo señaló que existen profundos vacíos en la implementación del Código de Infancia y Adolescencia a cargo de 17 instituciones, ausencia de políticas sociales capaces de incidir en las causas profundas de la violencia,  pobreza, falta de oportunidades para la población joven y un débil liderazgo por parte del ICBF quien, a su juicio, debe asumir las riendas del sistema.

            Robledo fue enfática al afirmar que le corresponde al ICBF, como garante de los derechos de niños, niñas y adolecentes, asumir el liderazgo de revisar y ajustar la Ley de Infancia y Adolescencia, al tiempo de convocar políticas sociales que permitan alejar a esta población de la violencia y el crimen organizado.
             
            “Si no es el ICBF quien exprese y con contundencia reclame una mayor atención y articulación en el desarrollo del SRPA, quien evidencie dónde se presenta la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Sistema, quien abogue por ellos/as, en tanto sujetos de derechos, y en general quien sea su garante en nuestro país, entonces ¿Quién?, aseguró la parlamentaria del Partido Verde.

            Durante el Debate, Robledo reveló las fotos del lamentable y pésimo estado de los centros transitorios de atención para niños infractores.

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            Nuestras historias

            Angela Robledo revela fotos del lamentable estado de los centros de atención a niños infractores

            VER FOTOS HACIENDO CLIC AQUI

             

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            ¿Quiénes están en desacuerdo con el aumento de penas a niños y adolescentes?

            Unicef, Alianza por la Niñez Colombiana, Redlamyc, Ilva Myriam Hoyos, Carlos Tejeiro, Beatriz Linares, Yolanda Reyes, Hugo Acero, Juan Carlos Arias, Hernando Gómez Buendía, Antanas Mockus, Catalina Velasco, Luis Fernando Parra, Jorge Enrique Robledo y muchos más.

             

            • Unicef

            Descripción: Organización de Naciones Unidas. Encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo.

            Resumen: “El principal convenio internacional de referencia para este debate es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989. la gran  mayoría de los países de América Latina que comparten sistemas penales similares al colombiano, establecen los 18 años como edad mínima para que una persona sea juzgada como adulto, sin discriminación alguna. El enunciado de que un agravamiento de las sanciones contra los adolescentes contribuye a luchar contra el delito no ha sido demostrado”.

            Fecha: Septiembre 28

            Link más información:  http://bit.ly/cjNxZH

             

            • Alianza por la Niñez Colombiana

            Descripción: La componen organizaciones de la sociedad civil del orden nacional, regional y local, entidades de cooperación internacional y del Sistema de las Naciones Unidas, entidades del Estado y del Gobierno,  Universidades, grupos universitarios y académicos, centros de investigación y observatorios sobre infancia y personas naturales.

            Resumen: “La Alianza por la Niñez Colombiana se refirió a las experiencias internacionales que han demostrado que las posturas restrictivas no resuelven el problema de la criminalidad adolescente. “El 50 por ciento de los adolescentes que son privados de su libertad reinciden, mientras que sólo lo hacen el 10 por ciento de los que cumplen sanciones pedagógicas”, señaló Ana María Convers, secretaria ejecutiva de la organización”.

            Fecha: septiembre 29

            Link más informaciónhttp://bit.ly/cDrJkz

             

            • Hugo Acero

            Cargo: Columnista de opinión, diario El Tiempo.

            Resumen: Columna de opinión “Aumentar penas no es la solución”. Apartes:"La solución al incremento de la violencia juvenil no está en el incremento desmesurado de las penas a los jóvenes que infringen la ley penal, sino en la aplicación efectiva de las normas".

            Fecha: 22 de septiembre

            Link más información:  http://bit.ly/aCfPeM

             

            • Ilva Myriam Hoyos

            Cargo: Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia

            Resumen: “Ilva Miryam Hoyos hizo un llamado al gobierno nacional y en especial a la senadora Gilma Jiménez, para que evalúen el sistema penal para adolescentes, antes de intentar modificarlo por iniciativas de ley”.

            Fecha: Septiembre 28

            Link más informaciónhttp://bit.ly/amiyrv 

             

            • Carlos Tejeiro

            Cargo: Coordinador de la cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad de los Andes.

            Resumen: Entrevista en revista Semana. Apartes:"Colombia suscribió la Convención Internacional de los derechos del niño, que es un pacto supranacional firmado por 86 países y rige el derecho interno. El tratamiento de los jóvenes y adolescentes que colisionen con la Ley tiene unos parámetros específicos, uno de ellos que a los niños no se les puede juzgar como adultos. De modo que cuando se dice que se les juzgará como adultos, se está violando la Convención".

            Fecha: 28 de septiembre

            Link más información:http://bit.ly/bKkSRX

             

            • Yolanda Reyes

            Cargo: Columnista de opinión, diario El Tiempo.

            Resumen: Columna de opinión “¿Se cambian bibliotecas por cárceles?Apartes: “Parece un chiste cruel que el proyecto esté ligado a Gilma Jiménez, quien no sólo ganó su curul a nombre de los niños, sino que representa al Partido Verde: el mismo que ha puesto el énfasis en la inversión social, en la cultura ciudadana y en la pedagogía”.

            Fecha: septiembre 18

            Link más información: http://bit.ly/avh56C

             

            • Beatriz Linares

            Cargo: Abogada y asesora de Alianza por la Niñez Colombiana

            Resumen: “Si el Congreso decide que los menores de edad pueden ser juzgados con penas para adultos, "Colombia tendría que retirarse de la Convención sobre los Derechos del Niño, eso sería un error muy grave”.

            Fecha: Septiembre 28

            Link más informaciónhttp://bit.ly/amiyrv

             

            • Juan Carlos Arias

            Cargo: Magistrado Corte Suprema de Justicia

            Resumen: “El aumento de la sanción no va a disminuir la delincuencia juvenil,   mientras no se trabajen las causas reales, como la pobreza, el desplazamiento, el hambre, el desempleo e informalidad (28% y 30%), menciona a 800.000 familias afectadas por el UPAC, y le da todo el peso a la educación como un aporte fundamental”.

            Fecha: Septiembre 28

             

            • Hernando Gómez Buendía

            Cargo: Columnista de opinión, Razónpública

            Resumen: Columna de opinión: “Prisión para los menores. Seis razones para oponerse a esta mala propuesta”. Apartes: “La propuesta le hace honor al sistema colombiano de resolver el problema que no era. El miedo al castigo no depende de lo que diga un Código que los adolescentes ni siquiera conocen. La propuesta contradice los tratados suscritos por Colombia”.

            Fecha: Septiembre 27

            Link más información:  http://bit.ly/bQJQ5v

             

            • Jorge Enrique Robledo

            Cargo: Senador

            Resumen: Realización del Foro “¿Adolescente condenado, ESTADO absuelto?”. Se pregunta: “¿Qué hacer frente a la violencia de los jóvenes? Existen dos salidas: la primera, la salida “represiva”, es decir,  cárceles para los jóvenes y más penas. La segunda salida, la salida democrática: el fortalecimiento de las políticas públicas para los jóvenes, más y mejor educación, empleo y participación política".

            Fecha: 27 de septiembre

             

            • Antanas Mockus

            Cargo: Copresidente del Partido Verde, ex candidato presidencial.

            Resumen: “Ángela María nos recuerda también que los tratados internacionales son ataduras que tienen rango constitucional. No sé por qué el ánimo sancionatorio no se dirige con mayor energía a los adultos que hacen de niñas y niños instrumentos del crimen”.

            Fecha: 21 de septiembre

             

            • Luis Fernando Parra

            Cargo: Ingeniero civil de la nacional, especialista en evaluación de proyectos de la Universidad de los  Andes y Magíster en economía de la Javeriana. Ex funcionario público, consultor internacional.

            Resumen: Columna de opinión: “Silla eléctrica para los delitos de niños y adolescentes”. Apartes: “Oportuna encuentro la oposición al proyecto de ley a propósito de los niños y jóvenes que delinquen, evidente ahora en el comunicado de la Representante verde Angela Robledo”.

            Fecha: Septiembre 22

            Link más información: http://bit.ly/cV8Xix

             

            • Catalina Velasco

            Cargo: Economista U. Andes. Ex Secretaria de Planeación de Bogotá.

            Resumen: Blog ¿Verde castigo o Verde derecho? Apartes: “Ángela Robledo se decidió, y con la mayor solidez y valentía rechazó públicamente el proyecto de Ley de la Senadora Gilma, planteando la inconsistencia de dicha propuesta con la real garantía de derechos, con la prevalencia constitucional de l@s niñ@s y con la convicción de que “con educación todo se puede”:

            Fecha: 20 de septiembre

            Link más información: http://catalinavelasco.blogspot.com/

             

            • REDLAMYC

            Descripción: Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

            Resumen: "La Centralidad de la Niñez y el ejercicio pleno de sus derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es la condición principal para lograr el desarrollo de nuestros pueblos. Los niños, niñas y adolescentes ameritan la más alta prioridad en las políticas de Estado y en las inversiones públicas para lograr un desarrollo humano y sostenible en nuestros países" . 

            Fecha: 24 de septiembre

             

            ¿Y tú?


            Nuestras historias

            Síguele la pista a tus impuestos. Segunda rendición de cuentas.

            No sólo vale el qué; también vale el cómo, el dónde y el cuándo. Ese es el gran reto: movernos con las normas parlamentarias sin justificar el todo vale. En el Congreso, la gestión de la Representante Ángela Robledo se ha centrado en la construcción de una manera de trabajo que ella ha denominado “Pedagogía Legislativa y Política”, proyecto que Robledo pone en práctica en todos los escenarios en los que se desempeña: Partido Verde, Bancada Verde, Comisión Séptima, Bancada de Mujeres y Plenarias del Congreso. Su marco de acción lo definen los derechos humanos de mujeres, niñ@s, jóvenes y víctimas.

            “Una de las principales funciones del Congreso es hacer leyes y promover el control político. Nuestro Proyecto de Pedagogía Legislativa y Política reflexiona sobre estos dos objetivos: no sólo hay que producir leyes (Colombia produce un promedio de 100 leyes anuales, promedio muy superior al mundial), también hay que cumplirlas. El control político vigila en qué medida se están desarrollando algunas leyes y de qué forma se están garantizando derechos. Cada ley expedida debería ser un tesoro a cuidar y respetar; debería ser explicada, interiorizada y transformada en hecho político. De esta manera es que asumimos cada proyecto de ley. No sólo se trata de un cambio legislativo, sino también cultural frente al cumplimiento de las leyes. De ahí la pertinencia de nuestra labor”, afirma Ángela Robledo.

            Durante estos casi tres meses de trabajo, Robledo discute sus propuestas en las redes sociales, las alimenta gracias a los comentarios en los foros, se comunica permanentemente con sus seguidores y hace seguimiento a sus críticas.

            Esta tarea de Pedagogía le implica intervenir en todos los asuntos que se discuten en la Comisión Séptima y la Plenaria de la Cámara, en donde Robledo deja casi siempre una constancia escrita. En relación con la defensa de los derechos de las mujeres, la Representante votó a favor de la aprobación de la Ley sobre economía del cuidado, Proyecto 278 de Cámara, dirigido a reconocer en las cuentas nacionales el trabajo de las amas de casa.

            Además, Ángela Robledo apoyó la iniciativa legislativa en favor de acciones afirmativas de igualdad salarial entre mujeres y hombres en Colombia, teniendo en cuenta que 72% de los hombres ha trabajado de manera remunerada, mientras que el 43% de mujeres ha tenido ese mismo trabajo. Según el PNUD, mujeres con la misma experiencia y el mismo nivel educativo que los hombres, ganan un 20% menos que éstos. Datos de Javier Pineda -investigador de la Universidad de los Andes- estiman que los hombres con un nivel educativo mayor a 16 años ganan un 32% más que las mujeres que tienen este mismo nivel.

            En ese mismo sentido participa con organismos internacionales y organizaciones de mujeres interesadas en las iniciativas en favor de las mujeres, como la Mesa Interpartidaria de Género; la misión parlamentaria europea de la campaña “Saquen mi Cuerpo de la Guerra”; la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Foro por Colombia. De igual manera, Ángela Robledo participa activamente en las reuniones de Bancada de Mujeres, escenario en donde vienen proponiendo que todas las reformas clave que discuta el Congreso tengan una mirada de género.

            Frente a la defensa de los derechos de los niños y jóvenes, Ángela Robledo viene proponiendo que “la educación es el camino”. Por eso se pronunció enfáticamente frente a los crímenes en contra de los jóvenes en Putumayo y los alcances de las medidas a tomar en Medellín, para que no se queden exclusivamente en lo represivo.

            En las últimas semanas le hizo saber a la opinión pública, a través de un documento de 17 páginas (http://scr.bi/9gjA82), que está en desacuerdo con la iniciativa de la Senadora Gilma Jiménez para aumentar las penas a los adolescentes infractores. El documento busca fortalecer el debate al interior del Partido Verde y contribuir a la discusión y la democracia deliberativa con la ciudadanía en un tema de importancia nacional.

            Con Jiménez preparan un debate de control político a la Directora del ICBF en relación con los avances en la implementación de la Ley de Infancia y en la Comisión Séptima Ángela Robledo hizo un llamado a la Directora del dicho instituto en relación con el tema de nutrición infantil.

            La Representante Robledo viene trabajando además en una Subcomisión de Presupuesto de la Comisión Séptima, en donde se ha dado a la tarea de revisar a través del foco de equidad, sostenibilidad y género y generaciones, la distribución de recursos para la próxima vigencia fiscal. “Es un presupuesto inequitativo, poco sostenible, olvida la perspectiva de género y la inversión social es muy pobre. Podría afirmar que la nutrición de los niños más pobres está al azar”, dijo la parlamentaria en su segundo informe de rendición de cuentas.

            CONOCE EL DOCUMENTO COMPLETO DE RENDICION DE CUENTAS HACIENDO CLIC AQUI

            Sigue a Angela Robledo en Twitter: @angelamrobledo

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            Ángela Robledo pide a los Verdes retirar proyecto que busca aumento de penas a niños y adolescentes

            Luego de un estudio minucioso, la Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, le sugiere a la bancada y a la Dirección Nacional del Partido que retire el proyecto de ley mediante el cual se busca modificar parcialmente el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, iniciativa de la senadora Gilma Jiménez.

            En un documento de 17 páginas, la Representante Robledo afirma que ¨No sólo existen dudas razonables y bien documentadas sobre la eficacia del proyecto, sino que contraviene una serie de postulados fundamentales de nuestro Partido Verde.  Aspiraría entonces a que en el marco de un ejercicio de intercambio de argumentos como el que le hemos propuesto a la sociedad entera, la Dirección Nacional y la bancada de Congresistas acoja la sugerencia de retirar la iniciativa y abocar el estudio, serio y ponderado, de los cambios que se necesitan con urgencia para garantizar el efectivo cumplimiento de los postulados que sustentan el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA)¨.

            ¨Si del ejercicio ponderado de los argumentos esbozados en pro y en contra de la iniciativa surgiera la decisión de seguir adelante con la iniciativa, quiero expresar desde ya mi respetuosa pero firme decisión de NO votar a favor de tal iniciativa, y de sumar mis esfuerzos a los sectores de la academia, de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se oponen a medidas como las que aquí se analizan¨, concluye la Representante Robledo. 

             

            APARTES DEL DOCUMENTO:

            ¨No puede un Partido como el Partido Verde, que afirma en su plataforma ideológica que con educación todo se pued, que proclama la defensa de los derechos humanos, optar por el camino fácil, sino que debe buscar la manera de articularse con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, con los organismos internacionales de protección de la niñez y la adolescencia para poner fin a un estado de cosas inaceptable¨.

            ¨Una lectura desapasionada de las cifras disponibles nos muestra que la mayoría de las conductas de las cuales ha tenido conocimiento el SRPA corresponde a delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. A nivel nacional, estos delitos representan cerca del 70% de los delitos. Por el contrario, los delitos que el propio proyecto califica como graves, esto es, el homicidio y las lesiones personales y el acceso carnal con menor de catorce años, representan cerca del 8% de los delitos conocidos tanto a nivel nacional como en Bogotá. Pero la verdadera pregunta que surge de los datos disponibles es si no estamos tomando la decisión de modificar estructuralmente la política criminal del Estado en relación con las conductas delictivas en que incurren los adolescentes sobre la base de una serie de hechos, muy lamentables sin duda, pero que no representan el grueso de las conductas delictivas en que incurre esta población¨.

            ¨En medio del actual clima de “crisis de seguridad”, de “miedo generalizado” que adquiere importancia la sabiduría acumulada en años de duras experiencias. Estamos cansados de los bandazos en la política criminal: del incremento de penas – como en el caso del delito de secuestro - a la rebaja por colaboración – como en el modelo de justicia transicional de la Ley de Justicia y Paz. Si no somos cuidadosos al definir la política criminal del Estado, y en particular en lo que tiene que ver con un SRPA, podemos terminar abandonando la resocialización como objetivo del Sistema¨.

            ¨Hace falta ahondar en la comprensión de la situación que enfrentan nuestros adolescentes, particularmente aquellos que hacen parte de ese casi 50% de población en situación de pobreza. Sabemos muy poco sobre las causas profundas, los factores que determinan, facilitan o disuaden la comisión de delitos por parte de los adolescentes¨.

            ¨Hay que enfrentar con toda decisión a las llamadas “Bandas Criminales Emergentes. Son estas bandas criminales las que instrumentalizan a nuestros adolescentes. Hay que arrebatárselos y arrebatárselas de las manos, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza y no tan solo las puertas de las cárceles¨.

            ¨De manera paradójica, argumentos que sirvieron de sustento en el proyecto de referendo de prisión perpetua para violadores de niños y niñas (una norma inspirada en la protección de la libertad y el pudor sexual de los niños y niñas), en este proyecto termina sirviendo de fundamento al propósito de aumentar las penas y en general a endurecer el régimen penal al cual están sometidos las y los adolescentes que cometen delitos. Dos normas con finalidades tan distintas pero emparentadas en la fe absoluta en que la severidad de las penas será capaz de reducir el número de delitos que se cometen¨.

            ¨El proyecto busca modificar el llamado Código de la Infancia y de la adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006, norma aprobada quince años después de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 que estableció claramente la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Preocupa entonces que a menos de cuatro años de entrada en vigencia de una Ley tan importante, se piense en introducir modificaciones sustanciales a una disposición que es fruto del trabajo mancomunado de expertos en el cuidado y protección de niños y adolescentes, que trabajaron bajo el liderazgo de UNICEF y de la Alianza por la niñez Colombiana, que desarrollaron a través de la iniciativa no solo los principios contenidos en la Carta Política sino las disposiciones contenidas en Acuerdos Internacionales sobre protección de los derechos humanos, y en particular los relativos a este grupo tan importante de población¨.

            ¨La Corte Constitucional en la sentencia C-203 de 2005 dispuso que los menores de 18 años y mayores de 12 son responsables penalmente de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos (Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención de los Derechos del Niño) y que por lo tanto el proceso que les investigue, que les acuse y que les juzgue debe ser un proceso con reglas especiales, un proceso pedagógico y un proceso específico y especializado dada la perspectiva diferencial que el Estado debe asegurar cuando se trate de personas menores de 18 años¨.

            ¨La familia, la sociedad y el Estado hemos fallado gravemente, no solo en brindarles oportunidades a los y las adolescentes a través, por ejemplo, de una educación pertinente y de calidad que les brinde las herramientas necesarias para avanzar en la vida, sino que hemos fallado también en cuanto ha faltado voluntad política para diseñar y ejecutar una verdadera estrategia que haga posible cumplir los cometidos que informan el SRPA. Incrementar las penas a que pueden ser sometidos los y las adolescentes que infrinjan la ley penal de la manera tan dramática como pretende el proyecto de ley que comentamos, y endurecer las condiciones para el cumplimiento de las mismas, constituye no solo un acto de “populismo penal” y una salida facilista a una situación compleja, sino que encarna una nueva forma de victimización de personas a favor de quienes nuestro orden constitucional consagra un tratamiento diferenciado de especial protección y cuidado¨.

            ¨Desde el año de 1991 cuando asumí la Dirección Social de la Fundación Restrepo Barco y creamos el Grupo de Reflexión de Infancia y Adolescencia, en  mi paso por la Dirección del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito  y desde  mi condición de académica e investigadora,  he trabajado  especialmente por la defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Creo que   los problemas complejos  y dolorosos como los que nos ocupan, exigen soluciones complejas de mediano y largo plazo. Por último,  tengo la firme convicción como defensora de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que aún a los niños, niñas y adolescentes victimarios les asiste el derecho de  ser juzgados con eficacia y rigor , dentro de un régimen penal diferencial , garante y justo¨.

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            Que la locomotora no termine por arrasarnos a todos y todas.

            Sobre el futuro de la minería en Colombia:

            En la plenaria de la Cámara de Representantes que tuvo lugar el día miércoles 8 de Septiembre, y por citación que hiciera la representante Lucero Cortés, se llevó a cabo un muy importante debate sobre el presente y el futuro de la actividad minera en Colombia. Este es, sin lugar a dudas, un tema de la mayor importancia. No solo por el hecho que el actual gobierno ha identificado el sector minero como una de las cinco locomotoras que habrán de jalonar el crecimiento de la economía en los próximos años, sino por los claros dilemas que el desarrollo de esta actividad plantea en relación con la preservación de recursos ecológicos de vital importancia como es el caso de las fuentes y reservas de agua.


            Sobre la importancia económica de la minería, baste recordar que ella representa el origen de cerca de una cuarta parte de las exportaciones Colombianas. Y existe la expectativa de que esta actividad siga creciendo como resultado del interés que han mostrado muchas empresas, nacionales, pero mayoritariamente extranjeras, en seguir llevando a cabo labores de exploración y explotación minera. Cabe aquí señalar que un poco más del 40% de la Inversión Extranjera Directa –IED que recibe el país está relacionada con la extracción de estos recursos naturales no renovables, esto es, recursos que habrán de agotarse al ritmo de su extracción.

            Durante la pasada campaña presidencial, los colombianos y las colombianas oímos decir al hoy Presidente que el país debería prepararse para vivir un verdadero “boom” de la minería. Y aunque el Ministro del ramo ha insistido en la necesidad de ser prudentes frente a estas expectativas, en su momento se llegó a señalar que la bonanza minera hacía innecesaria una reforma tributaria para incrementar los recaudos del Estado. Y que era necesario ir pensando en la forma de congelar parte de esos recursos extraordinarios para evitar un ingreso masivo de divisas que termine por arruinar las exportaciones no tradicionales. Será entonces que el país se ganó una lotería minera? O serán mayores los riesgos de daños derivados de esta actividad?


            Son muchos los aspectos a considerar con el fin de dar una respuesta balanceada a estos interrogantes. El debate de control político llevado a cabo en la Cámara aportó valiosos elementos en el propósito de fijar una ruta que maximice los beneficios y reduzca los riesgos. En el transcurso del debate, los Verdes hicimos oír nuestra voz a través del Representante Carlos Amaya, quién como vocero de los y las jóvenes, tiene mucho que aportar a la definición de una política pública adecuada en materia minera. El reto para los países que, como Colombia, cuentan con importantes recursos mineros está en “sembrar la bonanza”, esto es, utilizar esta riqueza para construir unas bases sólidas que garanticen el desarrollo una vez se agota el recurso.


            Colombia tiene ya una larga experiencia en relación con este tipo de bienes. No en vano, durante la colonia, la entonces Nueva Granada se convirtió en la principal exportadora de oro a España. O, para tomar un ejemplo más cercano en el tiempo, baste mirar la situación que existe en las áreas donde se llevan a cabo labores de extracción y refinación de petróleo como lo es el área de Barrancabermeja. Cuál es el balance neto, en términos económicos, sociales, medio-ambientales, institucionales y políticos de la ya larga historia del petróleo en esta zona?

            Como Representante a la Cámara por el Partido Verde, quiero dedicar el resto de este documento de reflexiones sobre minería en Colombia a revisar uno de los aspectos más importantes de este tema: el impacto que sobre el medio ambiente, sobre los recursos naturales de nuestro país, ha tenido y puede tener la actividad minera.


            Un primer aspecto que quedó claro como resultado del debate del día de ayer es que en Colombia existe una marcada desarticulación, no solo al interior de las entidades responsables de fijar y dar aplicación a la política minera, sino entre éstas y las responsables de la política de preservación medio-ambiental. Así lo reconocieron tanto el Ministro de Minas como la Ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Grave, muy grave esta situación, particularmente frente al crecimiento previsto de esta actividad.


            El segundo punto que debemos resaltar es que, como ya lo había señalado el Ministro de Agricultura, Dr. Juan Camilo Restrepo, con ocasión del debate sobre restitución de tierra a campesinos desplazados que citó el Representante Iván Cepeda, en Colombia existe un conflicto muy serio en relación con los usos del suelo entre la minería y las zonas de reserva forestal; la minería y los parques naturales; la minería y los páramos y entre aquella actividad y el propio desarrollo de nuestras ciudades como se puede comprobar fácilmente en el caso de las canteras o de la práctica destrucción de los medios de soporte del rio Tunjuelo, al sur de Bogotá.

            Las actividades de minería pueden afectar gravemente las fuentes de agua. Pueden hacerlo a través del dragado del lecho de los ríos que contribuye a la sedimentación de los mismos; o mediante el uso de enormes cantidades de agua que sirven para “empujar” los recursos a extraer, como en el caso de la minería de oro o la extracción de petróleo; o por el uso que en ella se hace de insumos con demostrada capacidad de daño a la salud humana como el mercurio y el arsénico. La minería a cielo abierto contamina el aire, el suelo, el agua. Está destruyendo ecosistemas de gran valor estético, como la bahía de Santa Marta. Será que las regalías, cuyo régimen de distribución habrá de fijar el Congreso por iniciativa del gobierno, resulta adecuado para compensar a las comunidades por los impactos negativos derivados de la actividad? Y será que tienen justificación las muchas exenciones y beneficios acordados a favor de las empresas mineras?


            En el caso de la actividad minera que se lleva a cabo de manera ilegal, y que se presenta en todas las zonas donde se desarrolla esta actividad, a las afectaciones ambientales hay que sumar las precarias condiciones de trabajo que caracterizan estas tareas, tanto en términos de salarios, como de trabajo infantil o de falta de una seguridad adecuada para los mineros. Y, claro está, un uso menos controlado de elementos que causan daño a la salud humana y al medio ambiente.


            Frente a este panorama, lleno de oportunidades pero también de amenazas, resulta fundamental recordar los planteamientos básicos del Programa del Partido Verde:
            “Soñamos con un país donde los ciudadanos, las organizaciones del estado, la sociedad civil y las empresas productivas tengan, como uno de los compromisos fundamentales de su quehacer cotidiano, hacer todo lo que esté a su alcance para proteger y enriquecer el medio ambiente, y en particular nuestro gran patrimonio en biodiversidad y agua dulce, tanto en las áreas naturales como en las áreas transformadas por la acción humana. Solo así será posible garantizar el derecho constitucional de los colombianos a disfrutar de un medio ambiente sano, generar las condiciones para que el desarrollo económico y social sea sostenible en el mediano y largo plazo, y contribuir a la conservación del maravilloso y complejo entramado de la vida.

            La política productiva integrará la preservación y conservación de las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad y participará en la preservación y conservación de las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad. Promoveremos el desarrollo y el uso de energías limpias, nuevas y alternativas e impulsaremos la creación de una cultura de consumo racional y responsable.


            ¿Y dónde está la gente para hacer todas estas cosas? En una Colombia en donde las mujeres tomen el papel protagónico que merecen en el desarrollo del país, y en la que los afrocolombianos, los indígenas y todas las etnias tengan acceso a las mismas oportunidades.”

            Esa es la Colombia que queremos construir, con el apoyo de todos y todas. Ese es nuestro reto y también nuestra esperanza.

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            Despacio, que vamos de afán

            Este viejo adagio popular, un tanto en desuso en esta era del inmediatismo, nos invita a tomar una pausa para encontrar la mejor manera de enfrentar una situación crítica como la que se vive en Medellín, y en otras ciudades, municipios y regiones del país. Sobre la gravedad de lo que está pasando no hay lugar a la menor duda. Basta mirar las páginas de los diarios más importantes: Primera página de El Espectador; Editorial de El Tiempo, primera página sobre el Consejo de Seguridad que tendrá lugar en una base militar - ¿Así de mal está la situación en el gobierno heredero de la “Seguridad Democrática?” -  y nota de opinión de Saúl Hernández, conocido por sus posiciones de mano dura, en la que señala que “lo que la gente pide a gritos es aumentar las penas, reducir los beneficios, frenar el garantismo desmedido y crear jurisdicciones especiales para casos especiales”.


            Es precisamente contra este clima de “histeria colectiva” que adquiere importancia la sabiduría acumulada en años de duras experiencias. Estamos cansados de los bandazos en la política criminal: del incremento de penas a la rebaja por colaboración y el principio de oportunidad. De la resocialización como objetivo del Sistema Penal, al daño infligido al delincuente como “justa retribución” a su conducta y como mecanismo de “protección de la sociedad” frente al peligro que representan los delincuentes juveniles y, por extensión prejuiciosa, todos los adolescentes de nuestras ciudades y en particular los que habitan las zonas más pobres de las mismas.


            Nadie objeta el buen propósito de la iniciativa que busca “endurecer” las penas frente a los delitos cometidos por esta población. La preocupación frente a la misma surge de dos fuentes: en primer lugar, el proyecto busca modificar el llamado Código de la Infancia y de la adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006, norma aprobada quince años después de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 que estableció claramente la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que logró concretar una iniciativa que se había visto frustrada en tres ocasiones en las cuales naufragaron proyectos de norma que no se convirtieron en Ley.

            Preocupa entonces que a menos de cuatro años de entrada en vigencia de esta Ley tan importante, fruto del trabajo mancomunado de expertos en el cuidado y protección de niños y adolescentes, que trabajaron bajo el liderazgo de UNICEF y de la Alianza por la niñez Colombiana, que desarrollaron a través de la iniciativa no solo los principios contenidos en la Carta Política sino las disposiciones contenidas en Acuerdos Internacionales sobre protección de los derechos humanos, y en particular los relativos a este grupo tan importante de población, se busquen introducir modificaciones cuya necesidad resulta poco clara.


            En segundo lugar, creemos que la sociedad y el Estado no han asumido un compromiso serio con la aplicación de las disposiciones que el Código de la Infancia y la Adolescencia contemplan en materia de responsabilidad penal adolescente. Como señala el editorial de El Tiempo: “Hoy en día, la Responsabilidad Penal Adolescente, tres años después de su puesta en marcha, está en el peor de los mundos: no cumple con su misión resocializadora, tampoco disuade del comportamiento delictivo (…) el SRPA sólo cuenta con una veintena de centros especializados, carece de suficientes recursos humanos y técnicos, sus programas enfrentan problemas de cobertura, no tiene un sistema integral de información, y la coordinación entre las más de 15 entidades participantes es pobre. Un corte hecho a finales del año pasado muestra que la mayoría de menores infractores no son homicidas. En el 41 por ciento de los casos, incurren en delito de robo; en tráfico de estupefacientes, en el 23 por ciento, y en porte de armas en el 10”.

            Por su parte, la noticia aparecida en El Tiempo sobre la situación que se vive en Bogotá arroja algunas pistas sobre las causas más profundas de esta situación de delincuencia, inseguridad y violencia en la que se ven envueltos nuestros adolescentes. Señala la nota que  “Cifras de la Policía indican que entre el primero de enero y el 31 de julio de este año 3.587 menores fueron aprehendidos en Bogotá por cometer infracciones por distintos delitos. El 82 por ciento (2.941) eran hombres y el 18 por ciento (646), mujeres.

Los registros de las autoridades muestran que el delito más cometido por los menores fue el hurto con 1.900 de los casos; le siguen el porte de estupefacientes (1.006), lesiones personales (277), porte ilegal de armas de fuego (125) y daño en bien ajeno (59), entre otros. Sólo por homicidio, se presentaron 19 aprehensiones en los siete primeros meses del año.
            En cuanto a los sitios en los que los adolescentes infringen la ley, las localidades más afectadas son Kennedy (246 casos), Rafael Uribe Uribe (240), Ciudad Bolívar (204), Santa Fe (187), Engativá (187), San Cristóbal (187), Usme (186), Bosa (186) y Suba (158).

Por su parte, las zonas en las que menor número de hechos protagonizados por adolescentes se presentaron fueron La Candelaria, Antonio Nariño y Barrios Unidos.

Por último, las cifras policiales indican que la mayoría de los menores infractores cuentan con 17 años”.

            Creo que hace falta ahondar en la comprensión de la situación que enfrentan nuestros adolescentes, particularmente aquellos que hacen parte de ese casi 50% de población en situación de pobreza; esos que deben enfrentar la realidad de las limitaciones en cuanto a la cobertura y calidad de la educación pública, única a la que pueden aspirar dada la situación social de sus familias, claro está, en el evento en que dicha situación no los obligue a entrar en ese mundo del rebusque, o de la informalidad como señalan los informes tecnocráticos, en que se debate cerca del 60% de nuestra población.


            Y qué decir del tema del narcotráfico, frente al cual la clase dirigente del país, tanto económica como política, ha tenido una actitud tanta laxa que la ha llevado a cerrar los ojos y taparse la nariz, en el mejor de los casos, o en el peor de ellos a aliarse en verdaderos acuerdos mafiosos que se expresan en las llamadas “narocopolítica” – recuérdese el proceso 8.000; “parapolítica” y “paraeconomía”.


            La invitación a la prudencia surge también de mirar experiencias de naciones cercanas con las cuales compartimos problemas sociales, culturales, económicos y políticos en espera de ser abordados con seriedad y determinación. Las imágenes que transmiten los noticieros sobre la situación que se vive en la comuna 13 de Medellín nos recuerdan amargamente las que vemos con frecuencia sobre lo que sucede en las favelas de Río de Janeiro o en las barriadas de Kingston, Jamaica. Qué tendrán en común estas comunidades de jóvenes que por demás viven en ambientes culturales distintos? Será acaso la falta de oportunidades; de reconocimiento de su valor como seres humanos únicos e irrepetibles; la pérdida de su sentido de la vida o su franca instrumentalización por parte de “poderes” que los avasallan?


            Expertos en política criminal han reiterado el llamado a enfrentar con toda decisión a las llamadas “Bandas Criminales Emergentes”, expresión de la capacidad de violencia que caracteriza al narcotráfico y frente a las cuales se registran a veces actitudes de inaceptable tolerancia o de franca complicidad por parte de miembros aislados de las fuerzas armadas; de la clase política o de importantes sectores de nuestra sociedad. Son estas bandas criminales las que instrumentalizan a nuestros adolescentes. Hay que arrebatárselos y arrebatárselas de las manos, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza.


            Despacio, que vamos de afán. Y es que ni siquiera Alonso Salazar, quien antes de llegar a la Alcaldía de Medellín produjo trabajos de investigación sobre la sociología de los jóvenes dedicados a la actividad del sicariato que marcaron un verdadero hito en la comprensión del fenómeno parece tenerla clara. Y si no, díganme como compatibilizar propuestas tan sui géneris y tan opuestas en su racionalidad y propósito como las siguientes, tomadas de la prensa del día de hoy:
            “[Que el gobierno nacional evalúe y de] respuesta a la propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja de intervenir con fines humanitarios en el conflicto de la ciudad de Medellín. [Y] Llamar a la modalidad de servicio militar obligatorio a jóvenes que se han identificado como pertenecientes a grupos criminales y repetir con ellos la experiencia de los primeros ochocientos que fueron llevados a un centro de formación del Sena y luego regresarlos para que realicen trabajo comunitario en la ciudad”.


            Algo va de la intervención humanitaria del CICR al uso del servicio militar como mecanismo de “reaconductamiento” de jóvenes con problemas de comportamiento como se acostumbraba hace algunos años, o quizás décadas. Por todas estas razones, la invitación a los Colegas del Congreso de la República, a los funcionarios del Gobierno, a los ciudadanos y ciudadanas, a nuestros adolescentes, quienes también tendrán sin duda algo que decir sobre un situación que les atañe directamente es sencilla: despacio, que vamos de afán.

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            ¨Porque aquí están puestos tus impuestos¨: Rendición de Cuentas

            Un mes de aprendizaje y trabajo en el Congreso de la República

            Por: Ángela María Robledo
            Representante a la Cámara – Partido Verde


            Al día siguiente de la instalación del Congreso, compartí con ustedes las primeras impresiones, que podrían describirse como perplejidad y fascinación, por todas las cosas que estaban sucediendo en este escenario que, aún, mantiene el carácter de novedoso y frente al cual no cesa el asombro. Desde entonces, se han transformado mis rutinas cotidianas, el ámbito de las interacciones, mi propia capacidad de observar, escuchar, opinar, deliberar, acordar y disentir. En medio de la multiplicidad de tareas y responsabilidades, y junto al maravilloso equipo que me acompaña, definimos que el núcleo fundamental que orientará nuestro trabajo: Pedagogía Legislativa y Política. Es decir, lograr acercar la ley al ciudadano, que ésta cobre vida y se vuelva un hecho político, que garantice los derechos y dignifique la vida.
            Este proyecto implica desplegar un conjunto de acciones políticas  que promuevan el encuentro con el otro, en torno a leyes que tienen relación con el cuidado de la vida. El ideal de esta propuesta es que toda ley se expida, en palabras de Antanas Mockus, en los siguientes términos: publíquese, explíquese, compréndase y cúmplase.

            En el marco de la Pedagogía Legislativa y Política he contemplado como tarea fundamental, la rendición de cuentas a la ciudadanía. Por lo anterior y cumpliendo un mes de iniciadas mis labores, presento a la opinión pública mi primer informe, el cual está dividido en cuatro líneas:
            1.    Partido Verde.
            2.    Bancada Verde, compuesta por cinco senadores: Gilma Jiménez, Jorge Londoño, John Sudarsky, Félix Valera e Iván Name y tres Representantes: Carlos Amaya, Alfonso Prada y Ángela María Robledo.
            3.    Agenda Legislativa, que incluye el trabajo en la Comisión Séptima, la Bancada de Mujeres y el Control Político.
            4.    Fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y la Ola Verde a través de redes sociales y medios de comunicación. 

                          
            1.    Partido Verde
            Como Representante a la Cámara por  el Partido Verde, todas mis actuaciones están en función de cuatro retos:
            •    Fortalecer ideológica y conceptualmente el Partido Verde.
            •    Apropiar en cada una de las regiones y municipios de Colombia los principios, ejes y líneas programáticas del Partido Verde.
            •    Darle mayor significado material y simbólico a la relación entre legalidad democrática y justicia social. No se debe olvidar que las niñas, los niños y las mujeres son las principales víctimas de la pobreza.
            •    Fortalecer las prácticas democráticas al interior del Partido y transitar de la Ola Verde a una organización de partido político abierto, descentralizado, conectado con las regiones y con su gente. Construir la Minga en el Partido Verde.
            En este sentido he publicado en las redes los siguientes documentos:
            -    El futuro del Partido Verde. Elogio a la dificultad
            -    Hagamos minga con Compromiso Ciudadano por Colombia
            -    Bienvenido Compromiso Ciudadano al Partido Verde

            2. Bancada Verde
            El camino de la Bancada no puede ser otro que el de la minga. Esa minga, que en el lenguaje político contemporáneo podríamos describir como “celebración de nuestras inter-dependencias”, será el elemento que logre vencer el miedo, la apatía y la desconfianza de millones de colombianos y colombianas, hacia la política y, en especial, hacia los congresistas. En este escenario hemos trabajado colectivamente como Bancada en:
            -Discusión y elección de las mesas directivas de Senado y Cámara.
            -Discusión, elección y conformación de las comisiones constitucionales permanentes.
            -Estudio de hojas de vida y audiencia pública para la elección de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes.
            -Estudio  de hojas de vida para la elección de Contralor/a General de la Nación.
            -Discusión con el Ministro del Interior sobre garantías y estatuto de la oposición.
            -Encuentro de equipos de trabajo de la Bancada Verde.
            -Estudio y discusión de 46 Proyectos de Ley que quedaron pendientes en la Cámara de Representantes del período legislativo anterior. A este trabajo se ha unido el Representante de la ASI-Compromiso Ciudadano por Antioquia, Juan Valdéz.
            -Apoyo al Proyecto de Ley de John Sudarsky sobre reforma a la Constitución que busca introducir un sistema mixto de representación en la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
            -Apoyo al Proyecto de Ley de Jorge Londoño que busca que los jóvenes de 16 años en adelante puedan ejercer el derecho al voto.

            3.    Agenda Legislativa, que incluye el trabajo en la Comisión Séptima, la Bancada de Mujeres y el Control Político.

            Agenda legislativa:
            -Elaboración de ficha técnica para el estudio y concepto de proyectos de ley.
            -Estudio de proyectos de ley relacionados con el cuidado de la vida:
            ⎫    Proyecto de Ley No. 278 de 2010 Cámara, 081 Senado “Por medio del cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país.
            ⎫    Documento de análisis sobre la pertinencia e importancia del proyecto de ley No 278 de Cámara.
            ⎫    Proyecto de Ley No. 060  de 2009  “Por medio del cual se crea el sistema nacional de protección a la mujer en estado de embarazo y el postparto, se establecen los programas de promoción a la acogida de la vida y se dictan otras disposiciones.
            ⎫    Proyecto de Ley No. 018 Cámara “Por medio del cual se establece un mecanismo de reparación a las madres cabeza de familia víctimas de los grupos armados al margen de la ley”.
            ⎫    Proyecto de Ley No. 064 de 2009 Cámara “Por la cual se establecen mecanismos para la prevención y corrección del acoso escolar, el hostigamiento, el maltrato y otras formas de violencia en escuelas y colegios, y se adiciona el Código de la Infancia y la Adolescencia”.

            Control Político:
            -He participado activamente en las Plenarias, llamando la atención sobre la pertinencia y urgencia de acoger la perspectiva de género en los diferentes proyectos. En el marco del control político firmamos como Bancada Verde y junto con el Polo Democrático Alternativo una constancia de rechazo al nombramiento del Director Administrativo de la Cámara, por lo cual nos retiramos de la sesión.
            -En ese mismo escenario de Plenaria, presenté una constancia de rechazo al archivo del expediente 1712 en relación con la denuncia interpuesta por el Padre Javier Giraldo en contra de Álvaro Uribe por las declaraciones que pusieron en peligro la vida de mujeres, niñas y niños de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
            -En el debate sobre tierras llamé la atención sobre la situación de especial vulneración que presentan las mujeres que han sido desplazadas y despojadas de sus territorios. Lo anterior, con base en los estudios realizados para UNIFEM  y la Embajada de Canadá sobre restitución de tierras para las mujeres y de las investigaciones de la profesora Magdalena León.
            -Presenté una constancia relacionada con las amenazas del compañero Iván Cepeda, advirtiendo que su vida es sagrada.
            -Estoy preparando de manera conjunta con la Senadora Gilma Jiménez un debate de control político sobre el Sistema Nacional de Bienestar  y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

            Participación en la Comisión Séptima Constitucional
            Elegí la Comisión Séptima porque es la que se encarga de estudiar y tramitar, entre otros, los proyectos relacionados con los asuntos sociales, infancia, juventud, mujeres y familias. Temas por los cuales he sentido siempre una vocación y sensibilidad especial. En ese espacio estamos reconociendo a los actores sociales con quienes estableceremos una interlocución y seguimiento a las políticas del sector. Hemos conversado con el Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría; el Director del Instituto de Salud, Juan Gonzalo López; la Directora del ICBF, Elvira Forero y la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe.
            -En ese escenario he planteado la necesidad de construir metodologías participativas para la discusión de la reforma al Sistema Nacional de Salud que viene proponiendo el Gobierno y la urgencia de revisar las políticas de infancia asumidas por el ICBF en el marco del reconocimiento de derechos y de la Ley de Infancia y Adolescencia. Con miembros de la Comisión presentamos una proposición para revisar el Proyecto de Reforma a la Seguridad Social que se  propuso al interior de la Comisión Séptima en el Senado y participamos en la audiencia pública del mismo proyecto.

            -Integro, junto a otros compañeros/as de Comisión, una Subcomisión para el estudio del Presupuesto General de la Nación de la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

            Bancada de Mujeres
            El Congreso tiene un escenario de encuentro de mujeres parlamentarias para debatir y concertar asuntos de género. Este espacio ha sido acompañado técnicamente por UNIFEM y ha servido para visibilizar el trabajo y las iniciativas de las parlamentarias. Hasta el momento, desde la Cámara hemos concertado trabajar por oportunidades de desarrollo para las mujeres, incorporar en el Plan de Desarrollo la perspectiva de género y proponer la creación de una institucionalidad que dé cuenta de las políticas y programas orientados a ellas. De igual manera, invité a las Congresistas para que acompañen mi propuesta de pedagogía legislativa y política en los proyectos relacionados con el cuidado de la vida.

            4. Fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y la Ola Verde

            Pedagogía Legislativa y Política implica también formar una organización donde fluya la comunicación entre las instancias directivas y los distintos grupos y personas que la conforman. Una comunicación que permita la reflexión crítica y la deliberación, que haga de la pedagogía política la base para sus procesos de formación. En este sentido:
            •    Para continuar el proceso de fortalecimiento del trabajo del Partido Verde en Bogotá, nos reunimos recientemente el Representante Alfonso Prada y  yo, con un centenar de líderes y liderezas de todas las localidades de Bogotá para hacer un balance de la tarea adelantada en las últimas semanas y escuchar inquietudes, entre las cuales destaco: a) definir los mecanismos para la designación de vocerías oficiales, b) fortalecer los procesos de formación política, c) determinar los recursos para el trabajo local, d) establecer estrategias de información y comunicación, e) definir los procesos de acreditación para las elecciones que se avecinan.

            •    Reuniones periódicas con las mujeres de la  cinta verde quienes apoyaron de manera contundente y amorosa la campaña del Partido Verde tanto a la Cámara como a la Presidencia, y continúan aportando al fortalecimiento del Partido en distintas localidades de Bogotá.

            •    Reuniones con organizaciones sociales y organismos internacionales: participé en un conversatorio sobre derechos de las víctimas del conflicto armado convocado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES),  la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Red de Iniciativas por la Paz (REDEPAZ) y la Corporación Nuevo Arco Iris, en el cual propuse profundizar el enfoque diferencial de género y la protección integral a la primera infancia en los consensos que se realicen en torno a la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano; participé en el programa de clausura  del Programa de Formación Política y Ciudadana adelantado por el CINEP, el Programa por la Paz y la Universidad Javeriana; he realizado conversatorios con algunas ONG´s que se ocupan de la garantía de los derechos de las mujeres, entre otras actividades.
            •    Con la idea de construir una acción colectiva en torno al significado y desarrollo del proyecto de Pedagogía Legislativa y Política, me he dado a la tarea de escribir columnas de opinión y documentos que he puesto a circular a través de redes sociales como Facebook y Twitter y las páginas web de Congreso Visible, Partido Verde, Antanas Mockus y medios masivos de comunicación:

            -    El futuro del Partido Verde. Elogio a la dificultad (Publicado  julio 9  de 2010)
            -    Hagamos minga con Compromiso Ciudadano por Colombia. (Publicado julio 17 de 2010)
            -    Una primípara verde en el Congreso de la República (Publicado julio 21 de 2010)
            -    Bienvenido Compromiso Ciudadano al Partido Verde (Publicado julio 25 de 2010)
            -    La educación es el camino. (Publicado julio 29 de 2010)
            -    La sesión plenaria de la Cámara de Representantes un verdadero juego de calvinbola. (Publicado agosto 6 de 2010)
            -    No podemos permitir que el miedo nos paralice: Adelante! (Publicado agosto 12 de 2010)
            -    Pedagogía legislativa y política: una tarea pendiente en Colombia. (Publicado agosto 17 de 2010)
            -    Día mundial humanitario: un reconocimiento al altruismo. (Publicado agosto 19 de 2010)

            •    Estoy escribiendo en un espacio de La Silla Vacía que consiste en una pequeña nota de opinión sobre temas actuales. Mis respuestas a los temas propuestos pueden ser revisados en La Movida de La Silla Vacía (www.lasillavacia.com).
            -Que el cambio de forma, se traduzca en cambios de fondo. (Publicado julio 30 de 2010).
            -La vida de Gustavo Petro es sagrada. (Publicado agosto 2 de 2010).
            -Pareciera que el espíritu de Mockus ronda al nuevo gobierno. (Publicado agosto 6 de 2010).
            -Paz en nuestras fronteras. (Publicado agosto 11 de 2010)
            -¿Quién dice que no, si estamos en luna de miel? (Publicado agosto 18 de 2010).
            •    Estoy enviando a los medios de comunicación mis columnas de opinión y algunos comunicados del trabajo legislativo.

            AGRADECIMIENTO

             A todas y todos quienes me han acompañado en este tiempo tan importante, gracias por su aliento y cariño. Lo necesito para continuar esta travesía y para ir construyendo paulatinamente el sueño de hacer de la pedagogía una herramienta fundamental de la política.


            Información adicional sobre nuestro trabajo pueden solicitarla a los correos:
            angelarobledo@partidoverde.org.co y prensa-angelarobledo@partidoverde.org.co

            Para conocer más sobre nuestros documentos y propuestas, ingresa a nuestros espacios en:

            -Facebook: http://www.facebook.com/pages/Angela-Maria-Robledo/279350617739?ref=ts

            -Twitter: www.twitter.com/angelamrobledo

            -La Silla Vacía: http://www.lasillavacia.com/users/angelamariarobledo

            -Partido Verde: http://www.partidoverde.org.co/nuevosenado/nuevoperfilangela.aspx

             

            Nuestras historias

            Día Mundial Humanitario: Un Reconocimiento al Altruismo

            Si en Colombia se viviera a fondo una cultura de la legalidad, el Día Mundial Humanitario pasaría de ser un homenaje a quienes han perdido su vida ejerciendo la asistencia humanitaria, a ser un homenaje a quienes ejercen el altruismo de manera diferente: aquellos ciudadanos que educan a otros de manera voluntaria o se comprometen con poblaciones tradicionalmente excluidas.

            ***

            El humanismo supone una fe grande el ser humano. El Día Mundial Humanitario hace recordar que esta creencia no es infundada.
            Interpretando, el enfoque de este día es
            i.           La vida es sagrada. Sacrificarla por otro merece un reconocimiento honorable y colectivo -
            ii.          El altruismo existe y merece reconocimiento
            iii.         Hacerse ciudadano es sentir el dolor por el dolor del otro. Las necesidades humanitarias del otro merecen nuestra recordación y acción.

            Días como éstos nos hacen reflexionar sobre nuestro entorno colombiano.
            Durante el 2009 en Colombia, 102 personas perdieron su vida por hacer asistencia humanitaria (88 nacionales y 14 internacionales), 3 veces más que en 1999. 92 personas fueron secuestradas por la misma causa.

            Las poblaciones que reciben mayor asistencia humanitaria son los niños, jóvenes y mujeres. El Estado, los periodistas, intelectuales, artistas y la ciudadanía en general deberíamos rechazar públicamente y de manera no violenta este tipo de situaciones.

            Invito a imaginar la siguiente situación: en Colombia se vive a fondo una cultura de la legalidad.
            •    La ley es interiorizada por los ciudadanos y ciudadanas luego de una explicación y comprensión de ella.
            •    La ley es un hecho político en la medida que los ciudadanos son conscientes de sus derechos y los hacen respetar.
            •    Se rechaza socialmente, de manera vehemente y sin violencia, el todo vale y las justificaciones a la ilegalidad y a la violencia.
            Ante esta situación, un  día como hoy pasaría de ser un homenaje a las víctimas de la asistencia humanitaria y a los ciudadanos y ciudadanas que dan su vida en este tipo de acciones, a ser un homenaje a aquellas personas que ejercen el altruismo de manera diferente: aquellos ciudadanos que educan a otros ciudadanos de manera voluntaria, aquellos ciudadanos que construyen bienes públicos y se comprometen con poblaciones tradicionalmente excluidas, entre otros.

            Que sea este día para no olvidar, para tomar esa conciencia pública y para asumir responsabilidad y solidaridad con estos ciudadanos gigantes.

            ¿Qué he hecho hoy, para alimentar la humanidad del otro?

            *Nota: Texto completo en: http://scr.bi/bzY8Ii

            Nuestras historias

            Pedagogía legislativa y política: una tarea pendiente en Colombia

            “Las leyes en Colombia deberían expedirse en los siguientes términos: comuníquese, explíquese, compréndase y cúmplase¨: Antanas Mockus.

            Este primer texto sobre pedagogía legislativa y política, pretende  delinear unos trazos  iniciales sobre el proyecto que como Representante a la Cámara por el Partido Verde deseo desarrollar durante los próximos cuatro años, con el apoyo de muchas ciudadanas y ciudadanos de Bogotá y de otras regiones del país.

            Tres son las funciones fundamentales del Congreso en Colombia:

            -        función constituyente: reformar la Constitución mediante actos legislativos.

            -        función  legislativa:  elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes y códigos

            -        función de control político: citación a  Ministros y demás autoridades para hacer seguimiento a su gestión.

            Estas tres funciones son desarrolladas por las y los congresistas en distintas proporciones. Algunos de ellos se dedican en forma prioritaria a la función legislativa, en especial a la elaboración de proyectos de ley; otros se han caracterizado por adelantar importantes ejercicios de control político, recordemos los debates sobre parapolítica, Agro Ingreso Seguro, chuzadas del Das; otros congresistas contribuyen con sus conocimientos y experiencias a elaborar ponencias en torno a proyectos de ley, a promover foros sobre problemáticas urgentes en el país como la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, la situación de las víctimas del conflicto armado, la política de primera infancia en Colombia, entre otros.

            En mi caso como Representante a la Cámara por el Partido Verde, he señalado como proyecto prioritario impulsar procesos de Pedagogía legislativa y política, en torno a leyes que tienen relación con el cuidado de la vida.

            En nuestro país desde el año 1991 se han expedido cerca de 1400 leyes. En promedio, en cada período legislativo se producen unas 100 leyes, las cuales en muchas ocasiones son desarrollos de  nuestra Constitución y tienen como objetivo garantizar los derechos sociales, económicos, culturales de ciudadanos y ciudadanas, es decir garantizar las condiciones materiales y simbólicas para el cuidado de la vida. Muchas de estas leyes, como son: la ley de infancia y adolescencia, la ley de juventud, la ley  de las mujeres rurales, la ley de no violencia contra las mujeres, la ley de justicia y paz, por nombrar sólo algunas, no se conocen por parte de cientos de ciudadanas y ciudadanos, es decir no se han convertido en un “hecho político”, permitiendo que sean comprendidas, interiorizadas, apropiadas y si es necesario debatidas, convirtiéndolas en medios para garantizar los derechos y promover condiciones para una vida digna y en libertad.

            Por ello desarrollar el proyecto de “pedagogía legislativa y política” implicará desplegar un conjunto de acciones  que promuevan el encuentro con el Otro, desde la multiplicidad de saberes y vivencias a nivel individual y colectivo en los diferentes territorios. Trabajando en  alianza con grupos y movimientos sociales, ONG, organizaciones nacionales e internacionales, miembros y simpatizantes del Partido Verde y ciudadanía en general, para que a partir de las  transformaciones culturales, sociales, morales y económicas, “la ley se encarne” en la vida de las personas.

            El objetivo fundamental es que las personas se dignifiquen día a día en un entorno colectivo (y con la ley) y que se dignifiquen haciendo de su vida una obra de arte, como lo decía Pico de la Mirandola, en cuya formación el encuentro con Otro es fundamental.

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